AGLI Recortes de Prensa   Domingo 11  Octubre  2020

Sánchez pretende convencer a Europa copiando el fracasado Plan E de Zapatero
Daniel Rodríguez Asensio Libertad Digital 11 Octubre 2020

Sánchez ya tiene un documento con el que ir a Europa. No se le puede llamar plan, pues es una colección de brindis al sol que repiten los mantras de la izquierda y pero disfrazados de tal manera que encajen con la situación actual y parezca que tienen algo que ver con lo que nos pide Europa, pero es algo con lo que salvar la papeleta.

Siempre he dicho que el socialismo es una trituradora de buenos economistas. La razón es muy sencilla: es una ideología que, sencillamente, no funciona. El caso es que Nadia Calviño es el último ejemplo de esta teoría, como lo fue Pedro Solbes en su día.

Solucionar problemas estructurales con más intervencionismo es como hacer la dieta del chocolate para quien padece de obesidad. La cuestión, como hemos visto en anteriores ocasiones, es que quienes tienen en su mano la solución forman parte del problema. Si España ya es, de facto, un quebradero de cabeza estructural para la Eurozona es por la interminable lista de problemas generados por un excesivo intervencionismo y por el afán burocrático de quienes no han generado un puesto de trabajo en su vida.

Lo preocupante es que el plan de Pedro Sánchez no cambia en absoluto el rumbo de España en las últimas décadas. El Presidente del Gobierno hizo gala de la transición digital y energética, que concentran 2/3 del montante del plan. Lo que no contó es:

Que España ya tiene las mayores infraestructuras digitales de fibra óptica gracias a que una empresa privada (Telefónica), en el año 2012, decidió invertir en la que consideró que sería su ventaja competitiva en el largo plazo; y

Que la transición ecológica que está intentando vender ahora Sánchez ya la intentó Zapatero, con un plan de subvenciones e intervencionismo parecido, y ahora España es uno de los países en los que la factura fiscal es más elevada, por no hablar de los litigios en los que aún continúa inmersos los sucesivos gobiernos.

Dicho de otra manera: Sánchez tiene decidido destrozar lo que funciona y replicar lo que ha demostrado ser un rotundo fracaso. Lo que ha presentado es un nuevo plan E redenominado de una forma ininteligible, pero que viene a ser un Plan de Vuelta a 2011.

Recordemos a Zapatero, en una rueda de prensa en internet, diciendo lo siguiente: "Todos tendremos que hacer esfuerzos y sacrificios" por una "grave crisis económica", que se ha "precipitado a gran velocidad". Para paliarla, presentó el Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo, que pasó a llamarse Plan E.

Un plan que supuso una inyección de 23.000 millones de euros (muy similar a los 27.000 que afirmó Sánchez que puede invertir ya en 2021) y con ejes tan alejados de la realidad como los de Sánchez.

Un plan que, según el Tribunal de Cuentas, supuso un agujero contable de 7.800 millones de euros para las arcas públicas, que supuso un gasto para el ciudadano de 160.000 euros por empleo creado y que, no olvidemos, abocó al país (y a Europa) a la mayor crisis de su historia.

Tanto fue así que, tal y como cuenta el propio Zapatero en su libro de memorias, el 12 de mayo de 2010, ni tan siquiera 2 años después, tuvo que subir al estrado del Congreso de los Diputados a cavar su tumba política: Congeló las pensiones, bajó el sueldo de los funcionarios y llevó a cabo el mayor plan de ajuste de nuestra historia. Lo hizo obligado por una situación de las finanzas públicas que no permitía hacer frente a las necesidades de financiación que tenía nuestra economía, y lo hizo porque el país continuaba gripado. Dicho de otra manera: Su Plan E, de salvación de España, fue un enorme fracaso de proporciones descomunales que abocó al país a una crisis que duró hasta 2015.

El Plan de Vuelta a 2011 que ha propuesto Sánchez no va a ser distinto. Si repites la misma receta una y otra vez lo lógico será que obtengas el mismo resultado. Lo que sí que es distinto es la situación de partida de España:

El déficit público de este año ya puede rozar los 160.000 millones de euros; en 2008 fue de 120.000.

La deuda pública de España en 2020 va a superar el 120% de nuestro PIB; en 2008 no llegaba al 40%.

La tasa de paro en términos equivalentes (teniendo en cuenta los ERTEs) acabará el año en torno al 25%; en 2008 fue ligeramente inferior al 15%.

España está inmersa en una crisis institucional sin precedentes en la historia de nuestra democracia.

Nuestra credibilidad internacional, tras ser por segunda vez un problema sistémico para Europa en los últimos 12 años, es muy baja.

Dicho de otra manera: repetir los mismos errores que en 2008 supone abocar a España al mayor rescate de la historia de la Unión Europea.

La pandemia ha pillado a toda Europa por sorpresa, pero la incapacidad de actuar de este gobierno a la hora de gestionarla está catapultando nuestro país a la ruina y a una crisis casi de carácter sistémico y, por lo tanto, permanente.

Países como Italia enfrentaron toda esta situación como la debilidad más importante de Europa. Sin embargo, con el paso de los meses, este liderazgo de dudoso honor ha ido siendo sustituido por España. Tanto es así que el diferencial entre la rentabilidad exigida al bono italiano y al español se ha reducido a niveles de 2018, antes de que la sostenibilidad de nuestros vecinos transalpinos saltara por los aires. Y la evolución es claramente a la baja.

¿Hay solución? Sí. Pero cada día que pasa es más costosa y, lo peor de todo, los responsables de tomarla no están por la labor. España se dirige a un escenario en el que tendrá que elegir entre una intervención por parte de la UE o una salida del Mercado Único. Podemos y debemos evitarlo, pero para ello hay que querer. Si no, las consecuencias serán imprevisibles.

Sánchez está fuera de control y de la Ley
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 11 Octubre 2020

Una nota de la agencia Efe de ayer sábado muestra que la imposición del estado de alarma en Madrid ha sido un acto de prevaricación criminal, porque fatalmente costará vidas y graves daños económicos, y por el que debería ser procesado todo el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza. Al principio, la noticia era tan importante que pasó casi inadvertida, iba como cuarta o quinta llamada en la versión de internet. Poco a poco se hizo dueña de las portadas. Anoche, sólo diario golpista del Ibex36 la ocultaba. Y todo estaba allí desde el principio, en una simple nota de agencia. Era ésta:

La prevaricación de la banda de Illa
"El Ministerio de Sanidad reconoce que utilizó datos antiguos de la incidencia de la covid en Madrid para pedir la declaración del estado de alarma y poder confinar la capital y otros ocho municipios de la región. El departamento de Salvador Illa admite que tuvo en cuenta los datos de la incidencia acumulada del virus correspondientes al domingo 4 de octubre, hace una semana, obviando la mejoría que se había producido en los últimos días. Tanto la capital como otros cinco de los municipios confinados registraban ya una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes inferior a 500 casos el miércoles 7 de octubre, uno de los parámetros establecidos por Sanidad para los confinamientos perimetrales.

El reconocimiento de Sanidad, a preguntas de la agencia Efe, se produce después de que el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, denunciara el viernes por la noche que "seis de los nueve municipios -confinados- están hoy -por el viernes- por debajo de los 500 casos". Según los datos de la Consejería de Sanidad, Madrid tenía ya el miércoles una incidencia acumulada (IA) de 465 casos por cada 100.000 habitantes.

Lo mismo sucede en cinco de los otros ocho municipios confinados. Con datos del miércoles 7 de octubre, en Alcobendas la IA era de 450, cuando el 4 de octubre era de 643; en Alcorcón, de 396 y no 566; en Móstoles había bajado a 331 desde los 514; en Torrejón estaba en 448 y no en los 651 del domingo pasado; y en Leganés era ese día de 441 y no 619. Sólo tres de los municipios confinados (Parla, con 679, Fuenlabrada, con 608, y Getafe, con 522) superaban el límite establecido por el Ministerio de Sanidad.

La bi-prevaricación de Illa a favor del PSOE
Además, se da la circunstancia de que Móstoles, con 331 casos por 100.000 habitantes el miércoles 7 de octubre, presentaba mejores datos que Alcalá de Henares, con 335 y que el Gobierno sacó a última hora del decreto de alarma. Los dos municipios madrileños están gobernados por el PSOE.

Las fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Efe admiten que tomaron de "referencia datos de incidencia acumulada de la pandemia del día 4". "Los datos eran del 4 y fueron consolidados el 8 de octubre", han precisado las mismas fuentes. Sin embargo, en el decreto del estado de alarma publicado el viernes, Sanidad introduce una tercera fecha y asegura que los datos corresponden al 7 octubre.

Este reconocimiento por parte del Ministerio ratifica al consejero madrileño en su opinión de que la decisión del Gobierno central "estaba tomada desde hace tiempo". "Han buscado cualquier vía, olvidándose de los criterios técnicos, de la vía del diálogo", sostiene Ruiz Escudero.

¡Y el farsante Illa pedía "alma a Madrid"!
El estado de alarma impuesto por el Mulo monclovita se ha limitado a imponer las medidas que el TSJM declaró ilegales, es decir, a atropellar al Poder Judicial desde el Ejecutivo. Pero el tosco centauro, cabeza humana sobre osamenta de percherón, tenía prevista la coz una semana antes y no pudo esperar siete días a que el Ministerio de 'Insanidad' falseara datos y escudara en confusión de cifras lo que ahora es contradicción insalvable. Hay funcionarios que no quieren cargar con el mochuelo penal de haber intervenido el 8 con las cifras del 4, ya mejoradas, y han dejado en ridículo a Illa, que sólo llegó a falsificar el 7. Corto hasta para eso. Al Mulo le urgía poner sus herradas patas en la castigada frente de la Comunidad de Madrid y se dio ese mular gusto, pero las marcas de sus herraduras lo han delatado.

Illa, ese Cobrador del Frac rediseñado como espagueti de enterrador, no se atrevió a firmar la orden de la prevaricación, y delegó en su segunda, por si acaso. Pero, consumado el delito, se atizó una ratafía y le pidió a la Comunidad de Madrid que "tuviera alma". ¡El espantapájaros que negó dos meses la inminencia del virus y presumió de las medidas de prevención que no tenía, con 53.000 muertos en su haber, pidiendo "alma" a sus víctimas!

La traición descarada de Inés y Aguado
Sánchez se largó al trote a Barcelona para no presidir el Consejo de Ministros, y la deteriorada Carmen Calvo, presidenta en funciones, exhaló una nota proponiendo una especie de 'estado de alarmita', limitado a la opción 2 del chantaje a Ayuso: que no impusiera lo que los jueces habían declarado ilegal (opción1) ni dejara que ella firmara la intervención (opción 3), sino que Madrid pidiera el estado de alarma que rechazaba (opción 2).

Naturalmente, Ayuso, cuya paciencia se acreditó en la formación de Gobierno regional hace un año, no podía pedir lo que los jueces, a los que recurrió la Comunidad, habían considerado ilegal unas horas antes. Pero mientras el Mulo trotaba a Barcelona con el Rey atado al estribo, y Calvo se negaba a parecer totalmente burra, pasaron unas horas antes de la coz. Y ahí se retrataron Inés Arrimadas e Ignacio Aguado. Inés, pidiendo que Ayuso hiciera lo que ordenaba Sánchez, sin saber que en el mismo momento en que ella se delataba, Calvo fingía una alternativa menos humillante; y Aguado, al apoyar a Calvo cuando acababan de anunciar la intervención de Madrid.

Lo peor para el extinto partido naranja no es lo de Aguado, cuya condición de judas sin voluntad de ahorcarse es pública y notoria, sino lo de Inés. Muchos creyeron o quisieron creer que Aguado iba a su aire, como en tiempos de Rivera, que lo quería echar y al final no lo hizo. Inés, en su intervención, demostró que ni siquiera sabía de qué iba la Opción 1, la de imponer lo ilegalizado por el TSJM -¡ella, antaño tan estudiosa!- y que está dispuesta a lo que sea para demostrar que su acuerdo con el PSOE es incondicional. Vamos, que se ha convertido, como ya anunciamos aquí, en la agrupación madrileña del PSC de Illa. ¡Ni siquiera de Iceta: de Illa! Tras ese gesto de sumisión, el Mulo debería nombrarla ministra sin cartera, aunque con chequera. Tenía razón Girauta cuando dijo que Ciudadanos era ya sólo una gestora de intereses particulares. Pero Inés podía recatarse más.

Sánchez está contra la ley
Sánchez, cuyo acceso al Poder fue legal pero ilegítimo, porque se urdió con el apoyo de los que quieren destruir el orden constitucional y la nación española, en cuya soberanía se basan todos los poderes del Estado, ya no es sólo ilegítimo. Es un gobernante fuera de la Ley. Peor aún, contra la Ley. Fuera de la Ley se puede estar por error, descuido o abuso parcial, y es una situación corregible. El que está en el Poder y contra la Ley, como Sánchez, en cada acto conspira para romper la legalidad de todo cuanto se oponga a su capricho. Un Ejecutivo que no ejecuta la Ley sino que busca ejecutar, en el sentido de decapitar, el orden legal, está fuera de la Ley y debe ser apartado del Poder cuanto antes. Censura es poco: inhabilitación. Si no ante nuestro Rey, que está preso, ante Europa, que empieza a mirar atónita lo que está pasando en España.

El gran problema para restablecer el orden legal que, como prueba el caso de Madrid, está siendo deliberadamente atropellado es que Sánchez, como buen psicópata, es calculador, y para destruir el orden legal viene demoliendo el Poder Judicial a partir de la Fiscalía y mediante una serie de ropones que merecen la cárcel más que el cargo. Y aprovechando el interés, la cobardía o el sectarismo de unos jueces que, para subir, han de bajarse hasta identificarse con los intereses de los partidos que los ponen. Pero no estamos ante el habitual abuso de poder sino en manos de un loco furioso.

La oposición, teóricamente formada por los tres partidos que impiden que Sánchez se haga con Madrid, debe ser consciente del cambio radical que ha sufrido la situación política. No es que todo este yendo muy deprisa, es que está fuera de control, porque nos preside un auténtico incontrolado y nos vicepreside un sociópata científico, o sea, un comunista, que ve en el loco pirómano el arma ideal para quemar España y reinar sobre sus cenizas.

La necesaria unidad de PP y Vox
Doy por perdido a Ciudadanos para la causa constitucional, después de la escandalosa actuación de Arrimadas y su iscariote. Pero el PP y Vox, que son lo que nos queda, deberían abandonar de una vez el postureo y la calculitis electoral. Jugar a ganar tiempo es perderlo de modo irrecuperable. Buscar mezquinamente la derrota del otro acelerará el hundimiento mutuo. Decía Abascal la semana pasada que si, ante la atroz situación provocada por el Gobierno, no presentase una moción de censura, valdría más retirarse de la política. Cierto: la moción no sobra, pero tampoco basta. Falta unidad. Y para eso hace falta una conciencia clara de ese peligro llamado Sánchez.

Si Casado, además de censurar esa teodorada de que Vox es el Podemos de la Derecha, que hasta como insulto es ridícula, no quiere perder del todo las riendas del PP y del futuro, debería plantear iniciativas similares. Para empezar, en la Unión Europea, donde es más fuerte y no hace encuestas Michavila, el nuevo Arriola o Doctor Bacterio de Doña Maricomplejines, que pide una encuesta, se asusta de lo que ha pedido y se queda quieta, o sea, muerta. Ni Vox ni el PP pueden nada por separado. Juntos, podrían luchar. Ante un presidente fuera de sí y un Gobierno fuera de la Ley, es lo menos que sus votantes y compatriotas les podemos pedir.

La unidad del PP
Nota del Editor 11 Octubre 2020

El PP no tiene solución. El PP tiene que desaparecer. Su historial de traiciones demuestra la imposibilidad de cualquier regeneración. Han pisoteado los votos de quienes confiaron en ellos. Hay que apoyar a Vox sin contemplaciones. Y si alguien sigue aún dormido que vaya a Galicia y para empezar trate de encontrar alguna diferencia con el resto de los nacionalistas separatistas en el (mal) trato a los español hablantes.

España es el país europeo que más déficit público ha generado en 5 años: los acreedores tomarán nota
Diego Barceló Larran okdiario 11 Octubre 2020

director de Barceló & asociados (@diebarcelo)
Comentando la aprobación del presupuesto de una autonomía, un socialista me dijo una vez: “Es un buen presupuesto, el gasto aumenta un 8%”. Yo, atónito, no respondí. Eran los años de la burbuja del gasto público, que los socialistas de todos los partidos bautizaron “inmobiliaria” para diluir su responsabilidad en el desastre. Esa misma idea -“cuanto más gasto, mejor”-, es la que guía la política económica del gobierno de Pedro Sánchez. No han aprendido de la experiencia de la crisis anterior.

Es evidente que, en una crisis como la actual, las cuentas públicas sufren un deterioro inevitable. Por eso, es razonable que la Comisión Europea haya suspendido la aplicación de las reglas fiscales. El error de la Comisión es creer que en todos los países hay gobiernos sensatos, que sabrán adaptar a su particular realidad la suspensión de tales reglas.

En los últimos cinco años, Alemania acumuló un superávit fiscal de 185.400 millones de euros (casi 6% de su PIB), Luxemburgo uno de 5.000 millones (9% de su PIB) y Suecia uno de 8.500 millones (1,7% de su PIB). También acumularon pequeños superávits durante el lustro 2014-2018 Malta, República Checa, Dinamarca y Lituania. Por su parte, Grecia y Holanda, tuvieron superávits fiscales en cada uno de los últimos tres años.

Otros países (Bélgica, Estonia, Irlanda, Croacia, Italia, Letonia, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia), tuvieron déficits, pero dentro de las normas del Pacto de Estabilidad (desequilibrios inferiores al 3% del PIB).

España, en cambio, es el país que en los últimos cinco años acumuló el mayor déficit, equivalente a más del 20% de su PIB. En su único ejercicio completo como presidente (2019), Pedro Sánchez negoció con la Comisión Europea ampliar el límite de déficit fiscal de 1,3% a 2%. Lo consiguió, pero ni así fue capaz de cumplir: el déficit del año pasado fue de 2,8% del PIB.

Por lo tanto, España no tiene margen para saltarse las normas con la misma flexibilidad que los otros países. Lo razonable, si se quiere que el país siga siendo capaz de refinanciar su deuda, es dar señales inequívocas de que el Gobierno se toma en serio el problema del déficit fiscal y de la deuda pública.

Lejos de intentar generar confianza, en la nota de prensa en la que se difundió la aprobación del techo de gasto para 2021, el Gobierno se encargó de resaltar que “la disminución del déficit no será a costa de aplicar recortes”. Además, se presentó la información de modo tal de maximizar el aumento del gasto público (exactamente lo opuesto de lo que haría alguien que es consciente de que está jugando con fuego).

El Gobierno cree que le basta con hacer unas vagas referencias a la “responsabilidad fiscal” e inventarse que en 2021 se logrará “una de las mayores reducciones del déficit jamás registradas” (sic). Leyó bien, amigo lector: el Gobierno compara una previsión que subestima el déficit fiscal de 2020 (11,3% del PIB, según ellos; alrededor de 14% para todos los demás) con una previsión dibujada para el año próximo (7,7% del PIB, muy dependiente de que haya un fuerte crecimiento económico), y da por hecha una caída histórica del déficit fiscal. La verdad es que, aunque se cumpla el dibujo del gobierno, el déficit de 2021 será, al menos, el quinto más grande de los últimos 80 años.

En 1748, Benjamín Franklin escribió sus ‘Consejos a un joven comerciante’. Un párrafo, dice, palabra más, palabra menos, lo siguiente: “Si tu acreedor escucha tu voz en la taberna, mañana mismo te reclamará tu deuda. Pero si ve la luz de la vela en tu taller, a altas horas de la noche, y escucha tu martillo golpeando sobre el yunque, no te la reclamará por seis meses”. Sánchez, Iglesias, Montero y Calviño están mostrando ser más de “taberna” que de “taller”. Los acreedores tomarán nota y todos pagaremos las consecuencias.

Desgaste de un Gobierno sin recorrido
Editorial larazon 11 Octubre 2020

La semana que concluye no caerá con facilidad en el olvido del Gobierno. Desde su arranque hasta el ocaso ha sido un rosario de episodios adversos que han acarreado un serio desgaste imposible de maquillar incluso para la poderosa maquinaria propagandista de la Moncloa. Desde el ámbito de la economía al de la Justicia pasando por la salud, la vulnerabilidad y las contradicciones que jalonan a la coalición se convirtieron en acelerantes de la peligrosa deriva para los intereses de una alianza bajo sospecha.

El escenario macroeconómico puesto en valor por Nadia Calviño y María Jesús Montero admitió, incluso con su rebozado de hiperoptimismo, que el PIB se desplomará hasta el entorno del 11%, en contraste con las previsiones de prácticamente todas las organizaciones internacionales y los servicios de estudios más prestigiosos que ensombrecen el ya de por sí dramático porvenir. El Gobierno vende una «recuperación» fantasmal que la calle ni percibe ni espera, mientras que su única receta para doblegar la depresión es un colosal endeudamiento con un techo de gasto récord superior en un 53% a la espera de un maná europeo con el que alienta castillos en el aire o cuentos de la lechera.

Como en tantas otras cosas, echamos en falta rigor y seriedad en un discurso que de nuevo se mueve entre los acordes de los brotes verdes. Si las perspectiva del tejido productivo y sus estragos en el social debieran turbar el sueño del gabinete, qué decir sobre las desventuras judiciales del vicepresidente. Que Pablo Iglesias esté más cerca de ser imputado por serios delitos en el caso Dina en el Tribunal Supremo no es algo baladí ni tampoco creíble que Pedro Sánchez reafirme su confianza y apoyo en su aliado investigado por actividades que avergonzarían a cualquiera, no digamos ya a un servidor público. La erosión del líder de Unidas Podemos es creciente y un lastre que Moncloa acepta porque su estabilidad parlamentaria y, por tanto, su futuro depende de los diputados morados, sin medir ni contemplar el perjuicio para el interés general en un instante crítico.

En este sentido, que la parte del gobierno podemita se revuelva de forma furibunda contra los jueces denota, además de un cariz de honda pobreza democrática, debilidad y ausencia de defensa solvente. La recta final de la semana delató el tono autoritario de Sánchez, y la impostura de un gabinete que respondió a un hecho natural en un estado de derecho, como es que un tribuna dé o quite razón (TSJM en el cierre de Madrid), con un acto arbitrario y soberbio contra el gobierno de la Comunidad de Madrid y los ciudadanos. Se impuso un Estado de Alarma en una sobreactuación desproporcionada e injusta. Sánchez ambiciona acabar la legislatura, pero sus posibilidades menguan ante la envergadura de la crisis y el pulso perdido de un proyecto agotado, sin recorrido, pero peligroso, cuya meta sólo es conservar el poder.

Camino de servidumbre
Jesús Cacho. vozpopuli  11 Octubre 2020

Fue Zygmunt Bauman, sociólogo, filósofo y ensayista polaco de origen judío, fallecido en 2017 en Leeds, en cuya universidad enseñó durante años, quien acuñó el concepto de “modernidad líquida” (también el de “sociedad líquida” o “amor líquido”), para definir el estado actual de un mundo en el que las firmes realidades de nuestros abuelos -un empleo para toda la vida, un matrimonio para siempre-, se han desvanecido, porque todo en nuestros días es precario, provisional, imprevisible y, con frecuencia, agotador. Todo cambiante, gaseoso, inaprensible hasta la esquizofrenia, sin la menor garantía de estabilidad en nuestro mundo de fidelidades compradas y valores en almoneda. Nada sólido, nada firme a lo que aferrarse. Y todo sucede a la velocidad del relámpago. El escándalo de hoy viene a tapar el pasmo de ayer, en la certeza de que mañana una nueva inesperada tormenta volcará sobre nuestros sentidos el golpe de lo imprevisto e inaudito. La era de lo discontinuo.

La bronca provocada por la decisión de Pedro Sánchez de declarar el estado de alarma en Madrid ha tapado el shock causado por la petición del juez García Castellón al Supremo para que investigue como imputado, suplicatorio mediante, al vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por denuncia falsa, revelación de secretos “con agravante de género” y daños informáticos cometidos en el caso Dina. Ha tapado también el apoteósico revolcón que el TSJM infligió el jueves al Gobierno de coalición al anular las medidas de confinamiento ordenadas sobre Madrid por el ministro Illa. Pero lo que de verdad ha eclipsado ha sido el episodio a mi juicio más revelador de la deriva de nuestra democracia hacia la dársena del Estado autoritario en que nos hallamos desde la moción de censura de mayo de 2018, un camino que pasa por acabar con la división de poderes mediante la toma de control de la Justicia: las declaraciones de Iglesias a la emisora de radio RAC1, o el destape integral de las aspiraciones de este bolchevique bolivariano convertido de facto en faro ideológico del presidente.

Vino a decir Iglesias en Barcelona que todos los jueces españoles son de derechas y/o están confabulados con la derecha para acabar con el Gobierno social comunista. Si me dan la razón, son buenos jueces. Si me la quitan, son jueces fachas. El comunismo como sociedad más allá de la justicia de Rawls, o su concepción como poder subordinado al Ejecutivo y al servicio de sus ambiciones falsamente igualitarias. Un “caretas fuera” para quienes piensan que lo que está ocurriendo en España no es para tanto, y una puesta en evidencia del empeño de la copresidencia Sánchez-Iglesias por tomar al asalto el poder judicial y acabar con los últimos focos de resistencia en la judicatura. Porque controlada la justicia, con los medios de comunicación a su servicio, y con el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad, amén del CNI, en buenas manos, el ejercicio “democrático” de acudir cada cuatro años a las urnas debería ser lo más parecido a un paseo, incluso militar. Ganar sin bajar del autobús, y años por delante para volver del revés a la sociedad española y su estructura de Estado. Con la desenvoltura propia de todo comunista acostumbrado a comenzar la “revolución” por su bolsillo, Iglesias no se corta un pelo: “La derecha no volverá a ocupar el poder en este país en mucho tiempo”.

¿Todo está perdido? Desde luego que no. En una semana tan convulsa, tan agraz, como esta, dos instancias judiciales han enviado a los españoles de bien, de derechas y de izquierdas, sendos mensajes de esperanza, al decirles que de entre los rescoldos de unas instituciones hendidas por el rayo han brotado, como en el olmo viejo del verso machadiano, con las lluvias de abril y el sol de mayo, las hojas verdes de que no todo está perdido, aún hay jueces en Berlín que dijo el molinero prusiano a Federico el Grande, todavía hay gente dispuesta a resistir la vomitona totalitaria de estos comunistas de nuevo cuño dispuestos a acabar con el régimen del 78 y su piedra angular, la Constitución: García Castellón o el valor de un juez que tiene al PP contra las cuerdas en algunos casos de notoria actualidad y del que muchos pensaban, lo creía Podemos y lo creían muchos en el mundo judicial, que no se iba a atrever con el gañán, y que ha tenido los santos redaños de enviar al TS la patata caliente de un farsante con mucho poder acusado de hasta cuatro graves delitos. García Castellón, por un lado, y un TSJM, por otro, que ha cumplido con su deber al tumbar las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno a la Comunidad de Madrid por cuanto “constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare”.

Lola Delgado es nuestro Vyshinski
A la afrenta respondió Sánchez el viernes con la declaración del estado de alarma para Madrid. Por mis cojones. De nuevo a primer plano la necesidad que este aventurero tiene de asaltar la fortaleza judicial de una vez por todas para, a la manera de todo autócrata que se precie, llevar adelante sus planes pasando por encima de los derechos y libertades de la mayoría. Para eso colocó al frente de la Fiscalía General del Estado a una exministra amiga del hampa policial y novia de un antiguo juez -ahora convertido en millonario (“más que a Jasón te agrada el Vellocino”)- expulsado de la carrera por prevaricador. Lola Delgado es nuestro Andréi Vyshinski. Por eso prepara una “operación rescate” de los grandes grupos de comunicación en quiebra con la pedrea de los fondos europeos y el argumento de que se trata de ayudarles a afrontar la “reconversión digital” más de 20 años después de la llegada de internet. Y por eso espera, la parte del león de esos fondos, comprar la silente aquiescencia de unas elites industriales y bancarias (¿son conscientes nuestros ricos de los riesgos que corren en esta aventura? ¿Ha realizado Ana Botín algún tipo de análisis de riesgos de lo que podría significar para su banco la permanencia de un Gobierno social comunista durante 15 o 20 años en España?) que no tienen empacho en adornar cual bellos jarrones chinos las performances propagandísticas del sujeto.

Ni siquiera necesitarían acabar con el Rey, derribar la monarquía, porque aislado y cortocircuitado, anulado, la continuidad de Felipe VI en Zarzuela podría servirles incluso de coartada. Son cada día más los ciudadanos alarmados por la deriva hacia la autocracia de este Gobierno, cada día más los convencidos de que la democracia está en peligro y de que, si no hacemos algo, terminaremos en el camino de servidumbre –título de la famosa obra que Hayek dedicó “a los socialistas de todos los partidos”- tantas veces recorrido por los españoles a lo largo de la historia. Pero también son muchos los convencidos, tanto en la derecha como en la izquierda, de que este es un discurso alarmista, porque la sangre no llegará al rio, no se atreverán y, en el peor de los casos, no podrán salirse con la suya. Y es verdad que para consolidar sus ansias de poder Pedro necesitaría algo más que una extraña conjunción astral, dada la debilidad de su posición parlamentaria, la carestía de sus apoyos y la escasez del talento que le rodea, brillante únicamente a la hora de tapar el tumulto de ayer con el escándalo de hoy y de mentir, mentir por sistema y engañar siempre. Parece lógico pensar que un Gobierno obligado a tan peligrosa vida en el alambre, tan vertiginosa esquiva de baches, no podrá evitar meter el pie en algún socavón del que no podrá salir ni con la ayuda de esa torpe derecha como ausente, ni con la sexta flota de asesores que rodea a Iván Redondo. Simplemente por aquella frase de Lincoln según la cual “puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

La posición, sin embargo, de quienes piensan que todo es una exageración carente de sentido y que nuestro Putin es un demócrata ejemplar, casi tanto como su socio comunista, cae en el pecado de tantas gentes que pensaron que lo ocurrido en la extinta URSS, lo de Cuba, lo de Venezuela, jamás podría ocurrir en su país, jamás podrá ocurrir en el nuestro, porque los españoles somos de otra pasta y además estamos en la UE, pero en ese pecado llevaremos la penitencia. No hay desgracia que no acabe llamando a la puerta allí donde los demócratas no han sido capaces de movilizarse en defensa de sus libertades. Al cumplirse el tercer aniversario de la manifestación cívica que el 8 de octubre de 2017 inundó las calles de Barcelona en defensa de la Constitución, Cayetana Álvarez de Toledo se lamentaba en esRadio de que el espíritu de aquella movilización no se hubiera concretado en un proyecto político. Es hora de activarse. Sobre las ruinas de este Madrid triste, casi muerto; desde las entrañas de una España que parece haber perdido toda esperanza, los millones de ciudadanos dispuestos a parar la deriva autoritaria de este Gobierno y construir un futuro en paz y libertad, una democracia de calidad en la que todos podamos vivir y progresar, deben unir sus manos y levantarlas con fuerza. Gentes de todos los colores y de todas las ideologías, resueltos a impedir que España se convierta en un Estado fallido, empeño para el que necesariamente hay que rescatar al votante socialista moderado, a esa clase media que vota socialista y que tan relevante papel jugó en la transición. Porque, como hoy se encargará de recordarnos “Libres e Iguales” en su manifiesto, el dilema de España no es “monarquía o república” como quiere hacernos creer la izquierda gregaria del nacionalismo, sino “Constitución o caos”.

Madrid delenda est
Francisco Marhuenda larazon 11 Octubre 2020

Catón el Censor o el Mayor finalizaba invariablemente todos sus discursos en el Senado antes de la Tercera Guerra Púnica con el terrible Ceterum autem censeo Carthaginem esse delendam («Además, considero que Cartago debe ser destruida») o su versión más breve Cartago delenda est que, como se sabe, significa «Cartago debe ser destruida» que es la que ha llegado con mayor fortuna hasta nuestros días. El belicoso senador expresaba con esta frase el profundo rencor y odio que tenían los romanos contra los cartagineses a los que se enfrentaron por el dominio del Mediterráneo en las tres guerras púnicas. La segunda fue la invasión de Aníbal a la península itálica que bien pudo haber acabado con Roma, pero la República fue capaz de levantar legión tras legión hasta que Escipión lo derrotó en Zama cerca de Cartago. Tras la victoria, Roma impuso unas condiciones muy humillantes, pero no serían suficientes. Habría un último enfrentamiento que comportó la destrucción de la ciudad y la muerte o esclavitud de sus habitantes. Durante años ni siquiera se permitió que alguien pudiera habitar en el antiguo perímetro. Fue el final de la orgullosa y próspera ciudad Estado fenicia que se atrevió a rivalizar con Roma y ésta se encargó de hacer que desapareciera. Esta eliminación total del adversario es lo que quiere lograr en el terreno político el gobierno social-comunista con la comunidad gobernada por el centro derecha.

Es habitual parafrasear a Catón y el gran filósofo Ortega y Gasset publicó en 1930 su famoso artículo «El error Berenguer» donde termina con la frase: Delenda est Monarchia («hay que destruir la monarquía»). Esto seguro que le gustará a Pablo Iglesias y sus seguidores comunistas, anticapitalistas y antisistema como cortina de humo antes sus problemas y la debacle económica ahora que son el sistema en mayúsculas. Por ello, ahora podemos utilizar la frase con gran propiedad tras la disparatada aplicación del estado de alarma, ya que hay que destruir Madrid sin importar cuál es el coste. Llevamos meses con una ofensiva constante contra Ayuso que es tan desproporcionada que causa estupor. Es verdad que a Sánchez le importan muy poco el resto de las autonomías gobernadas por el centro derecha, aunque preferiría, lógicamente, que España se tiñera de rojo.

Las autonómicas fueron un serio contratiempo para la estrategia monclovita, ya que esperaba que la división permitiera que la izquierda gobernara la comunidad y la capital. Desde entonces, el objetivo ha sido la famosa moción de censura aprovechando las disensiones entre el PP y Ciudadanos, pero especialmente la posibilidad de que algún diputado de esta formación la apoyara rompiendo la disciplina de voto. La terrible pandemia ha sido una gran oportunidad para preconstituir los argumentos para justificar esta estrategia que además se ve favorecida por los titubeos de Pablo Casado, al que irónica y ofensivamente llaman «Pablo Dodotis» porque están convencidos de que no se atreverá a autorizar unas elecciones anticipadas. Sánchez lleva mal que alguien le plantee un pulso, como muy bien han comprobado sus rivales en el PSOE como Susana Díaz. Este carácter firme e implacable, así como una indudable inteligencia política explican su capacidad de supervivencia y su éxito final. Al que llamaban el okupa de La Moncloa es ahora un inquilino con vocación de estar mucho tiempo. Las formaciones de centro derecha se han equivocado siempre menospreciándolo, pero sucedió lo mismo con Zapatero.

Los romanos sufrieron las Guerras Púnicas y a los españoles nos toca ahora lidiar con las Guerras de la Testosterona gubernamental, tanto socialista como podemita. Ahora que los dos machos alfa, dicho respetuosamente, de la izquierda han unido su destino la oposición debería tener una percepción más certera de lo que significa «ustedes no volverán a sentarse en el consejo de ministros». No se trata de la conversión de Iglesias en un moderno Nostradamus sino, simplemente, un acertado análisis electoral de una división que es letal para el objetivo de recuperar el gobierno. Moncloa considera que la debacle económica no es ningún problema por la capacidad de endeudamiento casi ilimitada que asumiremos gracias al Banco Central Europeo y la laxitud de la Unión Europea. No comparto este alegre e irresponsable análisis, pero de momento tienen varios meses para seguir instalados en esta orgia del despilfarro y la ausencia de reformas. No hay más que ver como han ajustado el cuadro macroeconómico a martillazos y con una ausencia de rigor espeluznante seguido de un baño de propaganda gubernamental.

Por tanto, ahora es fundamental completar la estrategia de destruir al gobierno de Madrid contando, como es habitual, con el apoyo de todos los comunicadores neosanchistas, los mismos que ponían a parir al presidente durante las primarias, que ahora ejercen de felices hagiógrafos de la gloria monclovita y actúan como malos aprendices de Catón. Todo lo que hace el gobierno y los inexpertos Illa y Simón es acertado mientras que Ayuso y su equipo son una colección de ignorantes incapaces de gestionar las competencias sanitarias. El decreto del estado de alarma, con error incluido, es un despropósito que solo pretende dar continuidad al disparate de la orden comunicada. En lugar de actuar quirúrgicamente en las zonas afectadas se ha optado por confinar a la capital y motor económico de España para mostrar que en el gobierno sobra testosterona y falta sentido común. La izquierda odia a Ayuso y lo que representa. La estrategia de asfixiar a Madrid aplicando el estado de alarma se le puede volver en contra, porque rompe el principio de proporcionalidad, no tiene un fundamento sanitario y es la expresión de una arbitrariedad jurídica que debería ser rechazada por la Justicia, el único poder que mantiene su independencia a pesar de la pretensión distópica de controlarla para que sea otro apéndice de La Moncloa.

Sánchez hace prisionera a Madrid de una burda guerra para derribar a Ayuso
ESdiario 11 Octubre 2020

El Gobierno ignora las necesidades sanitarias y antepone sus objetivos partidistas en una lucha inaceptable que convierte en rehenes a seis millones de ciudadanos.

Buena parte de la Comunidad de Madrid permanecerá los próximos quince días, al menos, en Estado de Alarma, por decisión caprichosa y unilateral de Pedro Sánchez, sustentada en razones políticas más que sanitarias. Su obsesión por aprovechar la pandemia que él mismo aumentó con su negligente gestión desde marzo para, paradójicamente, asaltar la Puerta del Sol; le ha llevado a exprimir al máximo los límites de su capacidad legal.

No habría duda de la aplicación de ésta o cualquier ora medida, por traumática que fuera, si las circunstancias lo reclamaran. Pero no debiera haberla tampoco de evitarla si existieran alternativas o si las circunstancia objetivas no la requiriesen.

Y éste es el caso. Hay otras opciones igual de eficaces y más compatibles con la actividad económica y los derechos individuales: lo dicen las cifras de la pandemia en Madrid, que se han reducido de manera evidente con las restricciones implantadas por el Gobierno regional hace tres semanas y que han provocado, según los datos del Ministerio de Sanidad, un retroceso muy relevante de los contagios hasta situarlos muy por debajo del umbral de intervención decidido por el propio Gobierno.

Las nueve Comunidades gobernadas por el PSOE tienen más mortalidad que Madrid
¿Cómo es posible que se intervenga Madrid y se la rodee de un insólito cordón policial cuando la curva de contagios, la tasa de transmisión o incluso la mortalidad con arreglo a su población no solo se ha reducido sino que además es sensiblemente inferior a la de otras Autonomías?

¿Con qué datos, cifras, documentos y argumentos se justifica una medida tan arbitraria y, a la vez, con qué razones se desecha hacer lo mismo en Navarra, Cataluña, La Rioja y otras tantas Comunidades con peores índices? ¿Quizá las de ese falso Comité de Expertos que nunca existió pero que se esgrimió como fuente de todas las decisiones previas?

No se trata de elegir entre integridad sanitaria y libertad económica y social, como se pretende caricaturizar a los detractores del Estado de Alarma. Sino de buscar la fórmula para intentar integrar todo ello en una política transversal que necesariamente ha de contar con la colaboración de los Gobiernos central y autonómico.

Sánchez está más ocupado en derrotar a Ayuso que en acabar con el virus cuyos efectos propagó su negligencia hasta extremos inaceptables

Eso pretendió Isabel Díaz Ayuso hasta el último momento. Y eso rechazó Pedro Sánchez desde el primero, contrariado por el fallo adverso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló las imposiciones irregulares impuestas ya hace una semana.

Que el Gobierno con peores datos de pandemia del mundo, en términos de contagios y mortalidad, pretenda presentarse como garantía de eficacia, es una broma cruel. Pero que lo haga además desde el capricho, sin justificaciones muy precisas, con agravios comparativos y más pendiente de que se note su injerencia que de que ésta sea productiva; es intolerable.

A Sánchez le importa más derrotar a Ayuso que al virus. Y le preocupa más salvar su cara que entender y explicar por qué la epidemia ha provocado en España más estragos de toda índole que en ningún otro lugar de Europa y, tal vez, del mundo.

Con ese bagaje, envuelto en mentiras y manipulaciones diarias, lo que ha hecho con Madrid es una cacicada inaceptable, que ni ayuda a frenar la pandemia ni responde a la imprescindible cooperación entre Administraciones ni respeta a los ciudadanos, convertidos en rehenes de una guerra política ajena inducida por un presidente dispuesto siempre a superar todas las líneas democráticas para alcanzar su objetivo.

Amenazar y anular a los jueces...
Editorial ABC 11 Octubre 2020

A izquierda y derecha del espectro ideológico, el creciente hartazgo de la judicatura por las coacciones e intromisiones del Gobierno empieza a convertir la situación en insostenible. Los últimos ataques de miembros del Gobierno, en especial de Pablo Iglesias, al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su decisión de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo con indicios de delito en la conducta del vicepresidente, provocaron ayer que este juez pidiese auxilio al Consejo General del Poder Judicial. En apenas unas horas, se le ha insultado, se le ha amenazado de muerte y se le ha criminalizado precisamente por los mismos que hace solo unos días le elogiaban por imputar a exdirigentes del PP implicados en la operación Kitchen. Lo que está ocurriendo en España con las indisimuladas injerencias del Poder Ejecutivo en la labor del judicial empieza a ser muy grave porque va mucho más allá del legítimo derecho a discrepar de cualquier resolución judicial. El tono de Iglesias, y de la cohorte de estigmatizadores sociales que le profesan una sumisión más propia de Corea del Norte que de una democracia, supera ya lo inquietante. Parece una amenaza. El Gobierno de Sánchez cree ser propietario del poder para usarlo a conveniencia, y la izquierda ya ni siquiera se molesta en ocultar su operación de asalto al poder judicial con presiones cada vez más desafiantes.

Todo es una maniobra de Sánchez para socavar la separación de poderes, someter a la judicatura, controlar las designaciones de magistrados en puestos clave del Estado, y anular al disidente. El tono chulesco de Iglesias sosteniendo que es inimaginable su imputación ante el Supremo, y su insinuación de que García Castellón ha prevaricado, demuestran hasta dónde está dispuesto a llegar para destruir la independencia judicial. Aparte queda la sandez de Echenique contra el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haber dejado en ridículo la regulación del Gobierno de Sánchez contra la pandemia. Cuando Echenique sustituye la letra M de Madrid por la M de La Moraleja -un barrio próspero de Madrid-, demuestra la insolvencia intelectual que le caracteriza. Y cuando su legión de autoritarios exige en las redes sociales saber dónde viven esos jueces para «marcarlos», es señal de que nuestra democracia empieza a peligrar. Sánchez está emitiendo un mensaje destructivo porque su desprecio a la Justicia invita a pensar más en un próximo estado de sitio que en uno de alarma, y porque se están minando a conciencia nuestro Estado de Derecho y la autonomía de los Tribunales. Haría bien el Poder Judicial en reaccionar con menos floritura barroca, con menos diplomacia de despacho y con más contundencia en su legítima defensa, porque no merecen respeto institucional quienes, como Sánchez o Iglesias, ultrajan a las instituciones.

El odio a Inda mató al tridelincuente
EDUARDO INDA okdiario 11 Octubre 2020

Si hubiera leído a Truman Capote o a Agatha Christie, cosa que dudo porque es un profundo iletrado, Pablo Iglesias sabría que hasta para convertirte en un buen malo-malísimo hay que ser extraordinariamente listo, astuto y, sobre todo, frío. Vamos, que hay que ser muy fino para que no te trinque la Policía ni la diosa Justicia te lleve por delante. El vicepresidente segundo del Gobierno pensaba igualmente que el miedo que le tiene prácticamente toda la prensa, parte de la Justicia y toda la oposición —hay que ver lo duros que han estado con él Casado, Abascal y Arrimadas, juajuajua— también invadiría ese Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional al que él llevó un caso Dina que intentó convertir falsariamente en caso Inda y que, finalmente, ha degenerado cual bumerán en caso Iglesias.

Todo comenzó cuando el 22 de julio de 2016, estando yo por cierto en Estados Unidos, Miguel Ángel Ruiz Coll publicó una noticia que revolucionó España, las redes sociales y, por supuesto, un partido como Podemos que ha hecho del feminismo una de las marcas de la casa. “Iglesias sobre Mariló Montero: ‘La azotaría hasta que sangrase, soy un marxista convertido en psicópata’”, rezaba la información en la que se incluían los pantallazos de Telegram de la cúpula de Podemos en la que su caudillo hablaba en estos repugnantes términos. La que se montó en la opinión pública fue de las que hacen época. Eso sí, las asociaciones feministas callaron cómplices cuando hubieran matado civilmente, y con razón, al protagonista de haber sido del PP, Ciudadanos o Vox. Así se las gastan nuestros imparciales progres. Por supuesto, la salvajada no le costó el puesto al salvaje como habría sucedido en democracias de calidad como la sueca, la danesa, la alemana, la francesa o la británica.

Este descomunal scoop se unía a un informe Pisa (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que demuestra que el pájaro estaba a sueldo de esa República Islámica que ahorca homosexuales y lapida mujeres, Irán, y a la revelación sobre esa cuenta de Granadinas a la que Maduro le transfirió 272.000 dólares coincidiendo casualmente con las primeras elecciones a las que concurrió, las europeas de 2014. Iglesias rabió en aquel verano de 2016, Montero no dejaba de vomitar bilis y ciscarse en la madre de un servidor. Pero no les quedó otra que aguantarse porque ahí estaban las incontrovertibles pruebas en forma de pantallazos.

Rabiaban, rabiaban y rabiaban cuando la Policía certificó a principios de 2019 que entre la documentación intervenida al comisario encarcelado Villarejo se encontraba una copia de la tarjeta sim de la ayudante de Iglesias, Dina Bousselham. Tarjeta sim que teóricamente había sido sustraída (hay quien apunta que la difundió su novio en un ataque de celos) a la marroquí en un centro comercial de Madrid y en la cual había desde intimísimas fotos de ella como, al parecer, de Iglesias, además de material probatorio contra el partido del narcodictador Nicolás Maduro en Europa. “Ésta es la mía”, debió de sopesar el vicegolfo que, acto seguido, le dio al on de las campañas de linchamiento personal de Eduardo Inda. Era la enésima, cierto es, pero ésta fue la más virulenta de todas.

Dicho y hecho: la gentuza de la guerrilla internauta de Juanma del Olmo, imputado en el caso Neurona de financiación ilegal de Podemos, se puso manos a la obra a amenazarme, injuriarme y calumniarme. Los ¿periodistas? de estricta obediencia podemita se sumaron como un solo hombre al agitprop. El caso era asesinarme civilmente y, si alguien me partía la cara por la calle, pues miel sobre hojuelas. El diario del Ibex El País, los portales de Maraña y la ex mano derecha de Zapatero Angélica Rubio, el rotativo trincón de ese conde de Godó que apoya a los golpistas catalanes, esa máquina de perder dinero que es el antaño socialista y ahora independentista El Periódico, además de los sicarios periodísticos de Roures, tardaron cero coma en enfocar sus cañones hacia mi persona.

El sinvergüenza de Iglesias, al que en una mímesis de sus prácticas sus enemigos han apodado El Chepas, trazó un silogismo a sabiendas de que era más falso que Judas: el móvil lo robó Villarejo, se lo entregó a Inda y éste, a sabiendas de su origen ilícito, lo publicó. OIvidaba el golfo que Inda sí es víctima del ex comisario: el corrupto ex presidente de BBVA Francisco González lo contrató para que me hiciera seguimientos personales y pinchase mi teléfono, tal y como ha quedado acreditado en la causa. Item más: Inda publicó el caso Elisa Pinto, el apuñalamiento de la dermatóloga ordenado presuntamente por el empresario Javier López Madrid y que ha costado otra imputación al omnipresente policía. Ergo, el omnipresente policía no debía tenerme mucha simpatía. Sea como fuere, el vicedelincuente exigió mi imputación “como miembro de la organización criminal de Villarejo”.

Iglesias ya estaba delinquiendo toda vez que conocía perfectamente que quien había entregado la copia de la tarjeta sim a Villarejo había sido el número 2 de Comunicación de Sánchez, Alberto Pozas, en su etapa de director de Interviú. Conclusión: tan evidente es que el comisario ha hecho de todo y por su orden como que el copyright de esta movida no es suyo. Item más: el abogado de Podemos, José Manuel Calvente, que se rebeló contra las mangancias de la jefatura, advirtió que los pantallazos no podían proceder de un robo toda vez que en varios de ellos aparecía el término “escribiendo”. Lo cual significa, inequívocamente, que la también presunta delincuente Dina captó fotografías de los chats y los reenvió. Le importó un comino. Es un ser malvado que no duda en hacer lo que sea para cargarse a todo aquel que osa interponerse en su camino.

Lo más grave de todo es que Iglesias nos denunció al autor de la información, Miguel Ángel Ruiz Coll, y a mí a sabiendas de que sabía perfectamente que el nudo gordiano era falso, que la historia era una invención, que todo era una patraña. Nosotros nos limitamos a ofrecer a nuestros lectores una información relevante y de perogrullesco interés público. Peor aún: él tenía la sim desde enero de 2016, cuando se la entregó el entonces presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio. Y no sólo no la devolvió a su legítima dueña, Dina Bousselham, sino que la incineró para destruir pruebas sobre las malas artes de su partido y acerca de su relación con la ciudadana marroquí. Este mismo mes de marzo, entre el silencio cómplice o miedoso del 90% de los medios, tanto él como su enchufada compañera sentimental pidieron “la cárcel” para mí por este asunto. La Asociación de la Prensa volvió a silbar mirando al cielo y a pasar de amparar a un compañero. Tampoco lo han hecho ahora. No esperaba menos.

Corrió el tiempo, pasaron los días, Dios continuó escribiendo derecho con renglones torcidos y el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón prosiguió su investigación cual hormiguita. Un juez nada dudoso de filias o fobias, ya que tiene imputados a Jorge Fernández Díaz, Francisco Granados, Esperanza Aguirre e Ignacio González, ninguno de ellos miembro de Podemos, al menos, que yo sepa. La maquinaria de la Justicia es tan lenta como imparable cuando se pone en marcha. Es una suerte de implacable apisonadora. Entre tanto, otro que tal baila, el fiscal ¿anticorrupción? Ignacio Stampa se confabulaba con la abogada de Podemos Marta Flor para enmarronar al arriba firmante y a OKDIARIO. Todo muy ejemplar. Una conducta más propia de la Venezuela del narcoasesino Maduro o de la Alemania de Goebbels que de un Estado de pleno Derecho de la UE.

Como quiera que las mentiras tienen las patas muy cortas, al final se han esclarecido los hechos, hechos que yo siempre tuve muy claros porque obramos tan rectamente como siempre. García-Castellón atribuye a Iglesias ni más ni menos que tres delitos: denuncia falsa porque se trató de un montaje contra este diario, revelación de secretos con agravante de género, toda vez que accedió al contenido de la sim y tardó meses en devolvérsela a su propietaria, y daños informáticos, porque tal y como corroboran los gerifaltes del Grupo Zeta la recibió intacta. Un TRI-DE-LIN-CUEN-TE con todas las letras y todas las sílabas. La vicepresidenta del Congreso Gloria Elizo tiene encima de la mesa los mismos ilícitos penales, al igual que la sinvergüenza abogada de Podemos Marta Flor. A Dina Bousselham y a su compañero les imputa sendos delitos de falso testimonio. Esto sí que es una organización criminal y lo demás, tonterías. Su odio, amén de su torpeza y su nulo apego a la ley, les ha conducido al abismo para suerte de los españoles de bien.

García-Castellón lo deja meridianamente claro en una de las 64 páginas de exposición razonada que ha elevado al Tribunal Supremo, toda vez que Iglesias y Elizo son castuza y no pueden ni quieren ser juzgados por un tribunal ordinario como todo quisqui. “Pese al conocimiento de su falsedad, y puestos de común acuerdo, el aforado, secretario general de Podemos [Pablo Iglesias], la responsable de los Servicios Jurídicos del partido [y vicepresidenta del Congreso], Gloria Elizo, y la letrada del partido, Marta Flor, como ejecutora material, simulan que la publicación de las imágenes en OKDIARIO los días 22 y siguientes del mes de julio de 2016, fue el resultado de un encargo realizado al señor Villarejo, para perjudicar a Pablo Iglesias Turrión”.

El juez sostiene, además, que el tridelincuente urdió toda esta trama para sacar “ventaja” electoral en las elecciones generales de 2019. “Actuación falsaria desplegada por el señor Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública, y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de las elecciones generales”, añade. Para que no queden dudas, García-Castellón apostilla que “la simulación y el uso torticero del proceso penal se refiere, no al hecho de haber acudido a los tribunales, sino al haber procedido por la vía penal, con un claro objeto de desprestigiar a OKDIARIO, y a sabiendas de que no existía conexidad entre las imágenes publicadas en el digital y los hechos de 1 de noviembre de 2015 [el cada vez más dudoso robo]”. El titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional exhibe no poca generosidad, ya que lo que pretendía esta chusma no era desprestigiarnos sino algo mucho más grave, encarcelarnos con pruebas falsas.

La moraleja de toda esta historia es quién tenemos al frente de nuestras instituciones. Muy sencillo: a un tridelincuente ultramachista y psicópata que no duda en emplear tácticas mafiosas para acabar con quienes le criticamos y a una vicepresidenta de las Cortes que participa en esta golfería de marca mayor sin cortarse un pelo. La gran pregunta es qué hubiera pasado si esto cae en un juzgado de tercera con un magistrado novel o con uno inequívocamente podemita. O si el careto de la diana no es el mío, al fin y al cabo un periodista con un potente altavoz, sino un personaje anónimo. Otra de las tristes lecturas que caben extraer es la de la salud de nuestra prensa, que en un 80% se sumó sin dudarlo, sin preguntar, sin cuestionarse nada, a la campaña delictiva. Por no hablar del miedito de esa derecha a la que fusilan al amanecer cada vez que surge una corruptela de alguno de los suyos. ¿Dónde están Casado, Arrimadas y muy especialmente Abascal? ¿De misa, en el gimnasio, en la inopia? ¿O, simplemente, haciéndose popó ante el matón del moño grasiento y los pendientes bantús?

Esperemos que el Tribunal Supremo no vea en esta palmaria catarata de pruebas otra “ensoñación” porque entonces será no sólo para ciscarse en todo lo ciscable sino también para coger el primer vuelo disponible a Miami para pedir allí asilo político. Y, entre tanto, nosotros continuaremos destripando las corruptelas de Iglesias y cía, entre el aplauso mayoritario de la sociedad civil y el silencio secuaz de nuestros presuntos colegas. Lo dije, lo repito e insistiré en ello hasta la saciedad: para callarnos, Iglesias y su banda tendrán que matarnos.

Clara Campoamor, la republicana antisocialista
Jesús Laínz Libertad Digital 11 Octubre 2020

Su relato sobre la España de 1936 es la confesión de un desengaño. Avisó de que si triunfaba el bando republicano, la consecuencia sería la instalación en España del “comunismo bolchevique o el libertarismo anarquista”. En cualquier caso, “la dictadura del proletariado”.

La artífice de la igualdad de derecho de sufragio para hombres y mujeres nació en Madrid en 1888 en una familia humilde. Su padre, empleado de un periódico, fue un ferviente republicano que enseñó a su hija que los regalos navideños no se los traían los Reyes Magos, sino la República, que era más buena y más guapa.

Abogada y activa ateneísta, se distinguió por su incesante actividad a favor de la igualdad de derechos de las mujeres. Contraria a Primo de Rivera, en 1929 se afilió a la Acción Republicana de Manuel Azaña. Pero en 1931, deseosa de entrar en el Parlamento, se llevó la sorpresa de que en su partido se negaron a que encabezara ninguna lista, razón por la que lo abandonó y se afilió al Partido Radical de Alejandro Lerroux, con el que fue elegida diputada por Madrid. Dado que tanto Lerroux como otros compañeros de partido eran masones, decidió ingresar en la logia.

Partidaria del divorcio y de la derogación del delito de adulterio, ha pasado a la historia por ser la adalid del acceso de las mujeres españolas al voto en igualdad de condiciones con los hombres. Hasta entonces las mujeres solamente podían votar en las elecciones municipales, según estableció Primo de Rivera en 1924. En el anteproyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Consultiva se estableció el sufragio universal para todos los españoles de ambos sexos, pero dicha Constitución no llegó a nacer debido a la caída de Primo de Rivera en enero de 1930.

En el debate parlamentario de 1931 participaron otras dos mujeres: Margarita Nelken por el PSOE y Victoria Kent por el Partido Radical Socialista. Pero no fueron ellas las únicas protagonistas. Por ejemplo, Roberto Novoa, de la Federación Republicana Gallega, se opuso al voto femenino por considerar que las mujeres están prisioneras de sus emociones y poco capacitadas para la reflexión, por lo que dejarlas votar implicaría la instauración en España de un nuevo matriarcado a las órdenes de la Iglesia Católica. Victoria Kent compartía ese temor por carecer las mujeres españolas en aquel momento de “fervor democrático y republicano”.

El resultado final de la votación fue de 161 votos a favor del voto femenino, 121 en contra y 188 abstenciones. A favor votaron buena parte de los socialistas, algunos republicanos minoritarios y las derechas. En contra, el propio partido de Campoamor, la Acción Republicana de Azaña, los radical-socialistas y el sector prietista del PSOE, Margarita Nelken incluida. Prieto proclamó indignado que se había dado una “puñalada trapera” a la República. Dos meses después, en diciembre de 1931, la izquierda intentó evitar el voto femenino por última vez. Aprovechando que los partidos de derechas habían abandonado la Cámara, se presentó una enmienda para retrasarlo, pero, tras una nueva intervención de Clara Campoamor, fue rechazada por el escaso margen de 131 votos en contra y 127 a favor. Irónico fue el hecho de que en las primeras elecciones generales en las que las mujeres pudieron votar, quien consiguiera tal derecho no saliera reelegida diputada. En 1935 dejó el partido de Lerroux por su descontento con la represión de la revolución asturiana y pidió su alta en la Izquierda Republicana de sus también hermanos masones Azaña y Casares Quiroga, pero fue rechazada.

Apartada de la política, el 18 de julio le sorprendió en Madrid, donde permaneció hasta que a finales de septiembre embarcó rumbo a Italia y Suiza:

“La anarquía que reinaba en la capital ante la impotencia del Gobierno y la absoluta falta de seguridad personal, incluso para los liberales –o quizá sobre todo para ellos–, me impusieron esa prudente medida”.

Durante la travesía, unos falangistas pensaron arrojarla por la borda como castigo por haber promovido la legalización del divorcio, como presumirían en un artículo publicado en El Pensamiento Navarro. Ya en Lausana, publicó La révolution espagnole vue par une républicaine para explicar a los lectores francófonos lo que estaba sucediendo en España. En 1938 se instaló en Argentina, en 1947 pasó algunos meses en Madrid y en 1950 intentó conseguir, con la mediación de Concha Espina, el permiso para quedarse en España. Pero debido a su fugaz pertenencia a la masonería –la abandonó a los dos años de ingresar–, la respuesta fue afirmativa en caso de que proporcionara nombres de sus hermanos de logia; pero en caso contrario habría de enfrentarse a doce años de cárcel. Regresó a Argentina y algunos años más tarde se instaló definitivamente en su casa de Lausana, donde fallecería en 1972 a los ochenta y cuatro años.

1936, el caos en el que naufragó el bando republicano
Su relato sobre la España de 1936 es la confesión de un desengaño. Ya el título señala la clave de la cuestión: revolución. Porque lo que España estaba sufriendo, según la muy republicana Clara Campoamor, era una revolución izquierdista que había provocado, como reacción de supervivencia, el alzamiento del 18 de julio.

Favorables al Frente Popular en Madrid en 1936
Su primera acusación fue contra los violadores de la Constitución por haber destituido ilegalmente al presidente Alcalá-Zamora, con lo que “la mayoría parlamentaria hizo desaparecer las últimas huellas de respeto y consideración que la opinión pública había mantenido hacia la ley y las instituciones republicanas”. El principal responsable, junto con Azaña, fue el “secreto instigador de toda aquella maniobra”, Indalecio Prieto, “ese espíritu letal para la República” según Campoamor.

El caos había comenzado con el triunfo frentepopulista en febrero, momento que las masas izquierdistas interpretaron como punto de partida de la nueva sociedad regida por ellos. Campoamor fue testigo de cómo los obreros izquierdistas comían en hoteles y restaurantes sin pagar la cuenta y amenazando a los dueños que se atrevían a reclamársela; lo mismo sucedía en los comercios, cuando no los saqueaban a punta de pistola; las huelgas eran constantes y masivas, con la construcción paralizada y las reparaciones suspendidas. Como consecuencia, muchas casas carecían de agua y de ascensor, pues los huelguistas se encargaron de destrozarlos:

“¡La guinda de este encantador caos la constituían cinco o seis bombas de dinamita que cada día los huelguistas colocaban en edificios en construcción para hacerlos saltar por los aires! (…) Se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios, tildándolos de fascistas. Iglesias y edificios públicos eran incendiados, en la carreteras del Sur eran detenidos los coches, como en los tiempos del bandolerismo, y se exigía de los ocupantes una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional. Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. Así, el 5 de mayo se hizo correr el rumor de que señoras católicas y sacerdotes hacían morir niños distribuyéndoles caramelos envenenados. Un ataque de locura colectiva se apoderó de los barrios populares y se incendiaron iglesias, se mataron sacerdotes y hasta vendedoras de caramelos en las calles”.

Ante un Gobierno incapaz de mantener el orden, Falange creció a gran velocidad, pues sobre todo los jóvenes, “descontentos con la molicie del partido del Sr. Gil Robles”, encontraron en el de José Antonio Primo de Rivera protección y respuesta frente al caos. La persecución a las derechas y la impunidad de las izquierdas culminó en la “odiosa ilegalización sin ninguna base legal” de Falange y, poco después, en la inoperancia ante el asesinato de Calvo Sotelo.

Tras el golpe militar, el Gobierno republicano dio otro golpe igualmente mortal para la República: la entrega de armas a las organizaciones políticas. En su fugaz intento de formar gobierno, Martínez Barrio intentó impedir la distribución de armas, pero los socialistas y los comunistas se opusieron enérgicamente:

“Dejándose arrastrar así por los socialistas, el gobierno entregó la España gubernamental a la anarquía (…) Así, cupo al Sr. Prieto dar el finiquito a un régimen que, entre las manos de Martínez Barrio, podía haberse salvado”.

Campoamor concedió que la preocupación de los sublevados “no carecía de fundamento, y esa idea de adelantarse a la revolución comunista se hace más clara”. También les dio la razón en no considerar al bando gubernamental el representante “puro y auténtico de la democracia”. Subrayó que el del 18 de julio no había sido un pronunciamiento militar clásico, ya que al ejército se habían sumado civiles en masa. Y hasta en la simbología se evidenciaba que no se trataba simplemente de un choque entre defensores y enemigos de la República: algunos de los militares alzados eran republicanos (Cabanellas, Queipo), y otros la habían servido con lealtad cuando estuvo en peligro (Fanjul, Goded, Franco); y en todas las provincias alzadas siguió enarbolándose la bandera tricolor hasta el 15 de agosto, cuando la presión de los elementos monárquicos, tanto carlistas como alfonsinos, acabó decidiendo su sustitución por la vieja rojigualda. En el bando republicano, por el contrario, se apresuraron a retirar la tricolor y sustituirla, muy significativamente, por la bandera roja socialista o la rojinegra anarquista.

Un punto de la propaganda gubernamental que desmintió con especial insistencia fue la acusación de fascismo al bando rebelde, compuesto por varias familias políticas no siempre cercanas: las derechas republicanas, los monárquicos constitucionales, los carlistas, los católicos y, como único elemento propiamente fascista, la Falange:

“La división tan sencilla como falaz hecha por el Gobierno entre fascistas y demócratas, para estimular al pueblo, no se corresponde con la verdad. La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los bandos demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental”.

Observó que los gobernantes del bando nacional eran “hombres con una profunda formación técnica” y no siempre “atrasados en sus opiniones políticas, sino aquellos que, en una época tranquila y normal, hubiesen desarrollado en España una actividad liberal en el sentido que tiene ese término cuando las élites intelectuales dirigen un país”. Como contraste, Campoamor juzgaba que muchos de los políticos republicanos se caracterizaban por su ignorancia, lo que convertía su acción política en “demagogia abocada al suicidio, amén de grotesca”.

Dedicó muchas páginas a describir el caos en el que naufragó el bando republicano: prostitutas conviviendo con los milicianos, muchos de los cuales acabaron en el hospital con enfermedades venéreas; milicianos que, en vez de marchar al frente, se pavoneaban con sus armas por las calles o se dedicaban a asesinar civiles:

“Al principio se persiguió a los elementos fascistas. Luego la distinción se hizo borrosa. Se detenía y se fusilaba a personas pertenecientes a la derecha, luego a sus simpatizantes, más tarde a los miembros del Partido Radical del Sr. Lerroux, y luego –error trágico o venganza de clase– se incluyó a personas de la izquierda republicana (…) Cuando se comprobaban aquellos errores, se echaba la culpa de los asesinatos a los fascistas y se continuaba (…) Iban a buscar a la gente en pleno día a su casa, a su trabajo o en la calle. Si no encontraban al que buscaban se llevaban a algún miembro de su familia”.

El caos era general: exterminio del clero, miles de asesinatos –“los más odiosos fueron, como siempre, reservados a las mujeres, apaleadas y ultrajadas antes de perder la vida”–, proscripción de corbatas y sombreros, desaliño y suciedad para pasar desapercibido, etc. Este “terror ejercido por una chusma rencorosa envenenada por una odiosa propaganda de clase” provocó que los republicanos demócratas, que en un primer momento se habían opuesto a la sublevación, acabaran deseando el triunfo de Franco:

“Cada día el Gobierno se vio más aislado entre las fuerzas socialistas, comunistas y sindicalistas. Por cierto que parecía estarlo muy a gusto. Sin embargo, poco a poco, a los ojos del pueblo republicano pero pacífico, liberal pero amante del orden, demócrata pero temeroso de la anarquía aún más que de la dictadura, el Gobierno republicano perdía su carácter de legítimo y legal adquirido por las elecciones”.

Además, no había que olvidar a los muy influyentes enviados de Stalin, ya que “su presencia ha llevado a todos los republicanos a dejar el país cuando les ha sido posible, aun a costa de jugarse la vida. Todos aquellos que no quieren ver España convertida en sucursal de los soviéticos se separan del Gobierno”.

Denunció que el gobierno republicano, incapaz de asegurar el orden público y el respeto a la vida humana, “ya no es digno de ese nombre”, y hasta llegó a acusarle de satisfacción por los crímenes ya que “pareciera que los consideraban con indiferencia e incluso que cerraban los ojos convencidos de que aquella depuración podía mostrarse útil y necesaria para la seguridad interior”.

Quien se declaró liberal y tan alejada del fascismo como del comunismo, avisó de que si triunfaba el bando republicano, “no sería el triunfo de un régimen democrático”, y que la consecuencia sería la instalación en España del “comunismo bolchevique o el libertarismo anarquista”. En cualquier caso, “la dictadura del proletariado”.

Finalmente, señaló con contundencia al principal culpable del hundimiento de la República y de la subsiguiente guerra: el PSOE. Porque aunque evidentemente no inició el alzamiento, lo había provocado mediante el acoso a la derecha desde el día siguiente a la victoria electoral y no quiso detenerlo cuando se le presentó la ocasión. Al abandonar “su clásico carácter evolucionista para volverse revolucionario” y al haber ido cayendo los republicanos demócratas “en todas las trampas que la estrategia socialista les tendió”, su influencia “ha tenido consecuencias fatales para la República”:

“Podemos afirmar que la República española, nacida el 12 de abril, cae hoy aniquilada por las fatales consecuencias de las divisiones de los republicanos y de la alianza de una parte de los republicanos con los socialistas”.

Pero hoy, medio siglo después de la muerte de Clara Campoamor, el PSOE y sus aliados comunistas, continuadores del totalitarismo izquierdista que tanto odió, la reivindican como una de los suyos.
www.jesuslainz.es

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Octubradas
Puesto que los españoles no pueden fiarse del Gobierno, es lógico que el Gobierno no se fíe de los españoles, a los que ve como enemigos
Jon Juaristi ABC 11 Octubre 2020

Octubre, vete a saber por qué, es un mes propicio a las insurrecciones y golpes de estado. Preferiblemente por parte de la izquierda, aunque cabe recordar que el próximo día 28, San Simón y San Judas, se cumplirán ciento veinte años de la Octubrada, penúltimo levantamiento armado carlista de la historia española. Pero dices «la Octubrada» y nadie sabe a qué te refieres. Piensan en el octubre soviético o, más frecuentemente, en la mezcla de insurrección socialcomunista ubicua y secesionista catalana que alegró la vida de la II República en octubre de 1934 con varios miles de muertos, y cuya memoria democrática festejó la mayoría nacionalista del Parlament y el Govern de la Generalitat en pleno, hace tres años, proclamando la independencia de la Catalunya triomfant.

Octubre es mes de bronca en muchos sitios, pero sobre todo allí, en Cataluña. La Octubrada original, la carlista de 1900, empezó en Badalona, aunque tuvo rebrotes en Valencia y Jaén. La insurrección del 6 de octubre de 1934 en Barcelona fue llevada a cabo conjuntamente por los nacionalistas de Esquerra y por los socialistas, que ya estaban levantándose en armas por todas partes contra el gobierno legal y legítimo de la II República española. Por entonces, socialistas y secesionistas catalanes andaban a partir un piñón. Como ahora. Esta semana han celebrado el octogésimo sexto aniversario de la revolución de octubre de 1934 y el tercero del golpe de octubre de 2017 confinando Madrid dos veces, todo un lujo.

Para que no haya dudas, el primer confinamiento de la semana ha corrido a cargo de un socialista catalán, y el segundo ha sido perpetrado por la conseja de ministras en pleno, donde Salvadorilla es una más. Le ha correspondido, de todos modos, el honor de anunciarlo a la prensa en compañía de Marlasca, tal para cual. Para resarcirse del gatillazo y del rapapolvo del TSJM, Salvadorilla se nos ha puesto en plan Cicerón berreando sobre los límites que tiene su paciencia. Pero una cosa son las catilinarias y otra las catalanarias, vas a comparar.

En fin, como escribió T.S.Eliot, puesto que «en un minuto hay tiempo/ para decisiones y revisiones que un minuto deshará», y que «habrá tiempo aún para mil decisiones/ y tiempo aún para mil indecisiones/ y para mil visiones y revisiones/antes de tomar un carajillo con torrijas», (esto último no lo ponía Eliot en su Canción de amor de J.Alfred Prufrock, pero me ha parecido una versión castizamente madrileña del inglés toast and tea: ya que nos condenan a ser una unidad de destino en lo municipal, hagamos patria desde ya mismo), nada es seguro en la España del presente y menos en su capital del dolor. Y como nadie puede fiarse de lo que vaya a hacer en el minuto siguiente el gobierno sanchista, tampoco el gobierno sanchista puede fiarse de nadie, y menos del pueblo soberano. Por eso confina y, sobre todo, amenaza. Salvadorilla lo hace con su estilo habitualmente compungido, hablando de su paciencia cuando lo que revela es un estreñimiento crónico. Es más artístico el del vicepresidente Iglesias, que se viste como un padrote de Harlem salido de American gangster para lanzar sus avisos a los jueces del Supremo. Incluso lo hacía mejor esa señora de Bilbao, la de Educación, cuando nos advertía con toda ídem de los riesgos que podía correr nuestra salud si nos poníamos a criticar a su jefe. Había pensado cerrar la columna con un grito de motín plebeyo tradicional y patriótico de antes de la revolución liberal, como el de Hidalgo o los del Dos de Mayo. Por ejemplo, «¡Viva el Rey y muera el mal gobierno!». Pero me conformaré con un «¡Viva el pueblo de Madrid/ frente a Sánchez y al Covid!».

Un paciente llamado Illa
Trucos del ministro para cerrar Madrid
Jesús Lillo ABC 11 Octubre 2020

El «limite de la paciencia» al que se refiere el ministro de Sanidad para intervenir la Comunidad de Madrid queda a la misma altura que el espacio -igualmente impreciso y subjetivo- en el que Sánchez se «inquieta» y «perturba». Como el presidente del Ejecutivo, Salvador Illa pierde la paciencia muy rara vez. El aguante de este Gobierno es proporcional a su necesidad de satisfacer a aquellos con los que no tiene margen para impacientarse, lo que ha hecho de España un modelo de resignación donde las virtudes teologales sustituyen a la racionalidad. En nombre del Ejecutivo de progreso, Illa marca «el límite de la paciencia» como el que traza una línea roja o tose sin mascarilla. De ahí no se

puede pasar. El ministro se pone a marcar el límite de la paciencia y le sale el mapa de Madrid. Como Sánchez, el ministro de Sanidad no suele inquietarse ni perturbarse. Compartida, su paciencia es infinita. No se alteran con Bildu cuando Otegui impone como parte esencial de la memoria democrática el respeto a los etarras, presos o desconfinados. No les preocupa ERC cuando Rufián imprime la imagen de una infamia para exhibirla en las Cortes. No les molesta la deslealtad de Iglesias cuando azuza a «la gente» contra la Corona o trata de deslegitimar a la Justicia que lo investiga. No les quita el sueño, con lo delicado que lo tenían, la reincidencia con la que amenazan los condenados a los que pretenden indultar. El límite de la paciencia está hecho de material elástico y coincide para el Gobierno con el contorno regional de Madrid. Y si hay que retorcer los datos, o coger los de cinco días antes para que todo parezca mucho peor y tener así coartada para el cerrojazo, pues se cogen. Porque dice Illa que «no hay más ciego que el que no quiere ver». La ceguera que diagnostica el ministro de Sanidad no es otra que la del Ejecutivo de Ayuso ante la pandemia. Lo dice como experto en procesos degenerativos del ojo. Ahora oftalmólogo, Illa sabe lo que es mirar para otro lado, con un ángulo de 360 grados, camaleónico y distraído, para no impacientarse.

Lo más grave es quien gestiona la hecatombe
Lo de menos es el espectáculo de Madrid
Ángel Expósito ABC 11 Octubre 2020

El problema del Gobierno de España es que no tiene credibilidad alguna. Y lo saben. De ahí la parafernalia, el pianista, los globos sonda y la continua campaña de marketing que nos inunda.

A favor o en contra del estado de alarma -o lo que sea este despiporre en Madrid- ¿aún queda alguien que tenga la más mínima duda de que todo es política... de la mala?

El ministro Illa se escuda en los criterios científicos para justificar que se le ha acabado la paciencia. ¿De qué científicos habla? Si está tan seguro y más si tienen razón ¿Por qué no nos dice quiénes son los científicos?

Es más, el Consejo de Ministros -sin Sánchez presente, que esa es otra-
¿Se atrevería a hacer lo mismo en Barcelona o en Bilbao? ¿Apostamos?

Este Gobierno es víctima de sí mismo. Victima de su batalla de egos infinitos, de su marketing enfermizo y de su dependencia de unos imposibles socios de investidura.

Y el colmo de ese galimatias es la pandemia. Una crisis sanitaria insoportable para cualquier gobierno -imagínate para este- y una hecatombe económica que debe gestionar un gobierno mastodóntico donde se sienta hasta Alberto Garzón. Ese es el nivel.

Nos fijamos en los controles, horarios, los encierros y las áreas sanitarias mientras se nos olvidan las presiones a los jueces, las ex del vicepresidente, los indultos, los etarras y la ruina.

Lo de menos es el inenarrable espectáculo que estamos viviendo los madrileños. Lo de más es quién gestiona esta pandemia y quiénes van a ¿gestionar? el desastre económico y la deuda pendiente para generaciones.

PD: Grecia acaba de constituir la Comisión Pissaridis para gestionar el reparto de los fondos europeos.

Cridtophoros Pissaridis, presidente del equipo, es profesor en la London School of Económics y Premio Nobel de Economía 2010 por su especialidad en políticas de empleo.

El Nobel está acompañado de insignes economistas griegos profesores en Yale, Londres, Atenas, Creta, Oxford...

En España, el máximo responsable de la oficina para las ayudas europeas es Iván Redondo, experto en marketing político y jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

 


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