AGLI Recortes de Prensa   Lunes 12  Octubre  2020

Sánchez, como el peor González y el nefasto Zapatero
EDITORIAL Libertad Digital 12 Octubre 2020

No es la primera vez que el PSOE promete crear 800.000 puestos de trabajo. Felipe González ya se sacó esa cifra de la manga en la célebre campaña del 82, con catastrófico resultado. Entonces, España no sólo no fue capaz de generar uno solo de los empleos anunciados, sino que perdió esa misma cantidad monstruosa. Hasta el propio expresidente socialista tuvo que reconocer su esperpéntico fiasco a finales de 2008: "Yo prometí en la primera legislatura 800.000 empleos y destruimos 800.000 empleos", admitió; y añadió: "Ya me callé para siempre, porque los empleos los dan los empleadores, no el Estado".

Como si nada. Pedro Sánchez ha vuelto a comprometerse con una cifra que también se le atragantó a Carlos Solchaga –también lo hubo de confesar–. El fraudulento Dr. Sánchez cantó 800.000 en la presentación del abracadabrante plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española (sic), durante la que fingió explicar en qué se pretende gastar los primeros 72.000 millones de euros que le dé Europa. Pero sólo vendió humo. Lo único que desveló es que esos fondos irán a pasar, básicamente, a la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Sí, mientras España se enfrenta a una crisis económica colosal, Sánchez salió por esas redondadas que producen tanta indignación como bochorno. Para colmo, lo hizo mientras el mamarracho de James Rhodes atacaba el Himno de la Alegría.

Sánchez el incompetente no sólo recurre a los números fetiche del primer González, sino que pretende seguir los pasos de su semejante y referente Zapatero con una estrategia presupuestaria tan irresponsable como insensata. Si en 2008, cuando al negacionista Zapatero le estalló la crisis en la cara, el Gobierno socialista elevó el techo de gasto hasta los 182.000 millones de euros –el máximo histórico–, el actual Ejecutivo social-comunista va a pulverizarlo y colocarlo en unos insoporables 196.097 millones.

En cuanto al déficit, Zapatero alcanzó el adverso récord del 11,3% en 2009 y ese es precisamente el agujero que se ha planteado cavar Sánchez para 2020 –aunque todas las casas de análisis y expertos auguran que será mayor–. Con la deuda pública se produce otra coincidencia: Zapatero inició la crisis con el 36% en 2007 y la dejó en el 70% cuando se marchó, en 2011. Esto supone un aumento de 34 puntos, exactamente los mismos que el Banco de España ha pronosticado que va a disparar Sánchez el endeudamiento con la excusa de la pandemia. Si el Doctor Fraude calca la estrategia económica de Zapatero, todos sabemos cuál será el nefasto resultado. Y lo peor es que Sánchez tiene mucha más prisa...

Sánchezcracia

Jorge Mestre okdiario 12 Octubre 2020

España figura entre los países donde la democracia está retrocediendo. Desde que comenzó el brote de coronavirus, la situación de la democracia y los derechos humanos ha empeorado en 80 países, dice Freedom House. Los gobiernos han respondido a la crisis lanzándose al abuso sistemático del poder, silenciando a sus críticos y debilitando instituciones importantes, socavando los propios sistemas de rendición de cuentas necesarios para proteger la salud pública. No hace falta irse a Camboya o a Sri Lanka, dos países que distan a miles de kilómetros de España, para observar como a este gobierno, por ejemplo, le da igual modificar una ley para sabotear el equilibrio tradicional de fuerzas que hasta ahora evitó que la justicia se convirtiera en títere del poder ejecutivo.

Durante más de 40 años España había avanzado sobre la concepción compartida de que nuestra evolución no estaba sujeta a nadie más que a los españoles en su conjunto. Hasta que llegó Sánchez y sus caprichos de señor único, ajeno al consenso político, para practicar un juego de suma cero, una actividad donde él siempre gane y sus adversarios pierdan, sean despreciados y ‘escrachados’.

Su aspiración máxima es ejercer un control autocrático del país como una especie de acto democrático. Es la deriva autoritaria a la que se aproximan muchos países con la excusa de la pandemia. Como hizo Octaviano, antes de ser Augusto, que pensaba que la libertad era sinónimo de ausencia de injerencias y agitación, Pedro Sánchez asestó este viernes un puñetazo en la mesa por sus tanates para encerrar en sus casas a millones de personas. Instalado en la teoría del caos que deja todo al albur de lo impredecible, trata de sorber y soplar a la vez. Por un lado, mano de hierro hacia los derechos individuales de miles de madrileños y, por el otro, una muy poca creíble disposición al diálogo.

A Sánchez no le importa cambiar la libertad de los individuos por la seguridad de su régimen autocrático, un régimen donde un ejército de corifeos colme sus ansias de megalomanía, empezando por las tribunas parlamentarias del poder legislativo y acabando en los estrados del poder judicial. Un régimen donde los ciudadanos se olviden de sus derechos y abracen el poder de un solo hombre en una sola institución.

El camino emprendido por Sánchez de coquetear con políticas y políticos radicales, el empleo de métodos que superan las barreras del comportamiento político aceptable, su falta de acción para buscar consensos que han dotado de tanta estabilidad durante más de cuatro décadas a los españoles demuestra que le importa bien poco el daño infligido a la democracia española. El modelo de España de Sánchez es el mismo con el que el socialismo nos ha mortificado a lo largo de la historia: la creación de una red clientelar a golpe de subvenciones y ayudas públicas asentada sobre la idea de que él es el único garante de seguridad para los ciudadanos. A cambio, repito, los españoles deben ponerse a sus órdenes y no añorar sus libertas.

Oportunismo mezquino
Editorial ABC 12 Octubre 2020

El Gobierno ha dado por buena aquella vieja máxima de que «hecha la ley, hecha la trampa». No deja de tener cierto descaro que sea el propio Ministerio de Sanidad quien, al imponer el estado de alarma para la Comunidad de Madrid durante dos semanas, admita sin sonrojo que lo hizo con datos desactualizados del pasado 4 de octubre y sin tener en cuenta la evolución razonablemente favorable de la pandemia en la capital, mientras ni siquiera sopesa como mera teoría la posibilidad de aprobar un decreto idéntico para Navarra o para Cataluña, donde los brotes están incontrolados. Madrid siempre fue pieza de caza mayor para Sánchez, y después de 25 años sin que el PSOE gobierne la comunidad porque las urnas siempre se lo han negado, La Moncloa ha convertido en una necesidad táctica tumbar a la desesperada al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

No parece razonable desde un punto de vista técnico-sanitario que Madrid sufra un cerrojazo político e ideológico, y que Sánchez no se atreva a dar el paso con otras comunidades donde la preocupación vírica crece por días. Además, Sánchez incurre en un llamativo cinismo cuando sugiere que ese estado de alarma probablemente no dure más de catorce días. No se trata de una expectativa basada en la esperanza de que la transmisión comunitaria decrezca -ojalá lo haga cuanto antes, y de manera definitiva-, sino de las dificultades que tendría Sánchez para conseguir los votos necesarios en el Congreso para prorrogar esta excepcionalidad. No solo es extraño que lo que resulta útil para Madrid no lo sea para otras ciudades con una tasa creciente de infecciones; lo verdaderamente revelador es que el Gobierno admita que su potestad para ampliar la alarma no sería fácilmente ratificada en sede parlamentaria. Alguna información tiene Sánchez en este sentido que oculta a todos los españoles.

El margen de maniobra que el Gobierno ha dejado a Díaz Ayuso en su campaña de derribo es mínimo. No obstante, los próximos días serán determinantes para esclarecer si, como parece, se trata de una operación política contra el PP, o si de verdad a Sánchez le guiaba una preocupación sanitaria. Insinuar, como ha hecho de modo oculto La Moncloa a través de filtraciones periodísticas, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid prevaricó al dictar una resolución a la medida de Ayuso, es preocupante y revelador de lo poco que cree Sánchez en la democracia. Pero si en los próximos cinco días el nivel de contagios cae por debajo de 500 por cada 100.000 habitantes, Sánchez no debería tener excusa para levantar la intervención sobre Madrid. Aunque para ello, antes deberán regresar algunos ministros del puente festivo que han negado a los madrileños, y que han diseñado a la medida de su disfrute con agendas artificiales, irrelevantes o falsas. Todo en Sánchez está trufado de un oportunismo mezquino.

La cloaca moral de la izquierda
Pedro de Tena Libertad Digital 12 Octubre 2020

Según Pablo Iglesias y sus pretorianos, todo lo que les está ocurriendo es obra intrigada de las cloacas del Estado. No es una expresión nueva. Sabido es que para la izquierda la cloaca son los otros. Por espigar su historia, Unamuno llamaba cloaca a Sicilia, donde la ley y la sociedad civil eran imposibles a causa de sus mafias. El exministro Paco Ordóñez concedió la existencia a tal ente en el Estado y Felipe González y Juan Luis Cebrián se refirieron a “la cloaca” en un libro escrito al cloaquimón. El primero decía al segundo: “A mi juicio, no existe ningún Estado sin áreas secretas, susceptibles de abusos, pero imprescindibles para la seguridad".

Pero reparen en que Pablo Iglesias está en el Gobierno que vicepreside –oigan y callen cuando esté en uso de la palabra–, y se sienta a controlar las cositas del CNI. Pero, claro, eso no son cloacas porque lo que es o no cloaca es lo que dicta esta izquierda amoral. Alfonso Reyes hablaba de un tipo de serpientes cobra –que no es que porque cobren como hacen otros– que ponen sus huevos en medio de una cloaca. Ya me dirán ustedes a quiénes se parecen, si no es a gente que incuba su psicopatía ideológica, de por sí o por encargo, vaya a usted a saber, la mantienen y alimentan en cuerpos políticos afines –pongamos que hablo de Venezuela o Cuba o…–, para luego parirlos en su cloaca española, el eslabón más débil en la operación de desmoralización de la democracia europea y la civilización occidental.

Tiene cojones, perdón, escuchar a Pablo Iglesias decir que el juez García Castellón quiere imputarlo por las ideas políticas que defiende, que son las mismas que la UE condena y por las que Alemania o Estados Unidos no lo dejarían ni balbucear. De vicepresidir una nación democrática, ni hablamos. ¿Ideas políticas, dice? ¿Es una idea política que el juez, al que le comienzan a asestar amenazas de muerte al poco tiempo de elevar su auto al Tribunal Supremo, pida la imputación de Iglesias por revelación de secretos? ¿Es una idea política causar daños informáticos definitivos a la tarjeta SIM de un teléfono ajeno? ¿Puede considerarse una idea política el haber perpetrado una denuncia falsa ante el juez o el haber incurrido en falso testimonio flagrante?

Para ser, dice, experto en ciencias políticas, confunde con pasmoso cinismo una idea política con un hecho delictivo. Ah, y lo de la entidad Neurona, por lo visto, será un concepto político digno de Mirabeau, Maquiavelo o el mismo Lenin. Es lo mismo que ETA y otros terrorismos han hecho siempre. Matan y cuando se les condena dicen que han sentenciado sus ideas políticas. Como anota el propio Iglesias de su admirada Cersei, la pérfida criminal de Juego de Tronos: “Algún día tú serás rey y la verdad será lo que tú digas". Eso quiere, pero la verdad, que existe, tiene la manía de salir a la luz.

Por detrás de todo, la izquierda socialista de Pedro Sánchez –si hay otra ya es hora de que se manifieste y si no lo hace es que no existe– socavando los pilares de la Transición aprovechando la confusión pandémica, su repercusión económica y social, la deserción de la mayor parte del centro-derecha español de su responsabilidad política y moral y la resignación de los ciudadanos ante una “nueva normalidad” que consiste sobre todo en la paulatina ocupación de la sociedad y el Estado por parte de la izquierda.

Admiro el optimismo de Gabriel Zaid, que cree que la corrupción política –lo del estado de alarma de Madrid, decretado alevosamente y con datos mentirosos por un Gobierno sin escrúpulos, es su exponente radical– tiene los días contados porque sus “mentiritas y mentirotas” no tienen recorrido ni nacional ni internacional. Tal vez. Yo prefiero hacer lo que ha propuesto con claridad Rosa Díez para impedir la consolidación de la cloaca moral de esta izquierda: “Hay que organizarse”. Sí, pero ¿con quiénes, cómo, dónde, para qué?

Nueve pruebas de que Sánchez no busca salvar vidas
El Gobierno ha dado sobradas muestras de que la lucha contra la pandemia no está entre sus prioridades
Álvaro Nieto elconfidencial 12 Octubre 2020

"El Gobierno de España quiere colaborar, no imponer, en base a criterios técnicos y científicos [...] Estamos hablando de salvar vidas y de defender la salud pública". El presidente Pedro Sánchez justificó así el pasado 2 de octubre desde Bruselas las medidas que su Gobierno obligó a adoptar ese día a la Comunidad de Madrid para, supuestamente, contener la segunda ola del coronavirus.

Semejante declaración, repetida desde entonces por todos los portavoces oficiales, contiene dos argumentos tremendamente perversos. Por un lado, Sánchez se erige por enésima vez en el representante del mundo de la ciencia, como si el resto de políticos españoles se movieran por caprichos o supersticiones. Y, por otro, y quizás lo más ruin, habla de "salvar vidas" como si la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fuera una peligrosa loca a la que le importase una higa la salud de sus conciudadanos.

Y, aunque es obvio que Ayuso ha cometido numerosos errores durante los últimos meses, empezando por no haberse puesto las pilas al comienzo del verano, cuando algunos vimos la emboscada que le preparaba La Moncloa (aquí lo anticipamos de forma premonitoria el 20 de julio), lo cierto es que sería injusto pecar de equidistancia. En esta historia no tienen la misma culpa una que el otro, entre otras cosas porque el segundo es presidente del Gobierno y, además, resulta que ha dado sobradas pruebas en los últimos tiempos de no tener muy claras sus prioridades. Veamos algunos ejemplos:

1.- Si el Gobierno hubiera estado realmente interesado en salvar vidas y en que las comunidades autónomas pudieran restringir las libertades para controlar la epidemia, lo que tenía que haber hecho es acometer los cambios legislativos pertinentes, algo que algunos solicitamos insistentemente desde el mes de abril, que Pablo Casado pidió en vano varias veces desde la tribuna de oradores del Congreso y que incluso Sánchez le prometió a la cándida Inés Arrimadas a cambio de su voto para renovar el estado de alarma. Si se hubieran hecho esos cambios, hoy no estaríamos perdiendo el tiempo atascados en medio de un embrollo jurídico y al albur de lo que decida el tribunal de turno.

2.- Si el Gobierno hubiera estado realmente interesado en salvar vidas, ¿por qué no le aplicó a Madrid el estado de alarma desde el primer día en que vio clara la gravedad de la situación? ¿por qué mareó la perdiz durante dos semanas a sabiendas de que íbamos a acabar en el estado de alarma? ¿nadie se quiere dar cuenta de lo extraño que es que se cierre Madrid justo cuando las curvas de contagios y de hospitalizaciones llevan bajando desde el 18 de septiembre?

3.- Si el Gobierno hubiera estado realmente interesado en salvar vidas, ¿por qué no se puso igual de estricto antes con otras comunidades? Aragón, País Vasco, La Rioja y Navarra han tenido situaciones graves desde agosto, pero a nadie se le ha ocurrido tomarlas al asalto, como sí ha pasado con Madrid.

4.- Si el Gobierno hubiera estado realmente interesado en salvar vidas y considera que la situación en Madrid es catastrófica, ¿por qué la principal medida adoptada en el estado de alarma es un mero confinamiento perimetral? Con eso lo único que consigues es que los madrileños no propaguen el virus por España, pero no evitas que se contagien entre ellos y acaben muriendo. Si tanto te preocupa la salud, ¿no habría que adoptar alguna otra medida? De hecho, la semana pasada hubo científicos de las universidades de Oxford, Harvard y Stanford que hicieron público un manifiesto contra los confinamientos perimetrales y abogaron por otras medidas más focalizadas en los colectivos vulnerables. Pero el Gobierno, que tanto se llena la boca con la ciencia, parece no haberlo leído.

Medidas más laxas
Buena parte de la sociedad española se ha tragado la milonga de que el Gobierno es el que se ha tenido que poner duro ante una Comunidad de Madrid que no quería tomar medidas. Pero basta revisar los boletines oficiales para ver que el único cambio tras la intervención del Ejecutivo es que se amplía la población afectada por la 'reclusión' (pasando de barrios a localidades enteras). Y luego está la paradoja de que dentro del perímetro las medidas son ahora más laxas que en las zonas confinadas semanas atrás por Ayuso. Así, por ejemplo, los parques han reabierto y el aforo de las terrazas se ha elevado del 50% que impuso Madrid al 60% establecido por Sanidad.

5.- Si el Gobierno hubiera estado realmente interesado en salvar vidas, ¿por qué no se decretó la alarma mucho antes? ¿por qué se han perdido dos semanas en un absurdo tira y afloja con Ayuso mientras la gente seguía muriendo y muchos se marchaban de Madrid ante la sospecha de que se cerraría la capital antes o después? En todas las comunicaciones del Ministerio de Sanidad de las últimas semanas se califica de "extrema gravedad" la situación de Madrid. Cuando uno quiere de verdad tomar medidas, las toma, no las anuncia ni amenaza con tomarlas, que es en lo que ha estado más preocupado durante este tiempo el Ejecutivo.

6.- Si el Gobierno hubiera estado realmente interesado en salvar vidas, le hubiera prestado su ayuda a la presidenta madrileña desde el primer día en que ella adoptó medidas de confinamiento a ciertos barrios y solicitó efectivos de la Policía Nacional para controlar el cumplimiento de las restricciones. Sin embargo, los efectivos policiales no se han visto en Madrid hasta que el Gobierno ha decretado el estado de alarma. Ni siquiera se vieron la semana anterior, ya con las medidas de Salvador Illa funcionando.

7.- Si el Gobierno hubiera estado realmente interesado en salvar vidas, hubiera obligado a todos los visitantes que llegaran por avión a nuestro país a enseñar una PCR como prueba de su buena salud. Es algo que piden ya todos los países serios de nuestro entorno, empezando por Alemania. Y en España el Gobierno se ha negado a ello con el argumento de que, según sus cifras, sólo el 0,2% de los contagios llegan por los aeropuertos. ¿Cómo ha calculado esa cifra el ministro Illa? ¿Cómo es posible tanta exactitud acerca de nuestros visitantes contagiados si ni siquiera somos capaces de contar los muertos a diario ni cuántos han fallecido en lo que va de pandemia?

8.- Si el Gobierno hubiera estado realmente interesado en salvar vidas, no se hubiera pasado todo el verano sesteando sin hacer nada para contener la segunda ola del coronavirus.

9.- Si el Gobierno hubiera estado realmente interesado en salvar vidas, no le hubiera pasado el marrón a las comunidades a sabiendas de que eso era ponerlas a los pies de los caballos y de que las probabilidades de éxito iban a ser reducidísimas.

En resumen, que hablar de ciencia y de salvar vidas suena muy bonito, pero a estas alturas del partido es muy difícil engañar a la gente. La batalla Moncloa-Madrid, como bien contó en Vozpópuli Jorge Sáinz el pasado sábado, no ha sido más que un choque entre dos estrategas de la política (Miguel Ángel Rodríguez e Iván Redondo) donde los ciudadanos han sido meros rehenes. Los muertos son lo de menos. Lo único que importa es el relato y quién queda como ganador.

Cinco gráficos que revelan la catástrofe económica de la gestión de Sánchez
José María Rotellar Libertad Digital 12 Octubre 2020

Aparece un escenario muy adverso para la economía española en dos agentes económicos clave: el consumo de los hogares y la inversión empresarial.

El Gobierno de la nación presentó el pasado martes sus nuevas previsiones económicas, con la aprobación de unos nuevos cuadro macroeconómico y techo de gasto, necesarias para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Su análisis es inquietante.

No sólo sigue siendo optimista sobre la evolución de la economía, sino que, además, dispara el gasto público de una manera irresponsable e insensata. En primer lugar, sigue manejando unas previsiones de caída del PIB que, siendo dramáticas y habiéndolas empeorado, siguen siendo optimistas respecto al conjunto de estimaciones de distintos organismos. Salvo la Comisión Europea, el resto de organismos prevé una caída mucho mayor del PIB.

Y lo peor es la optimista recuperación que pinta para 2021, muy alejado del resto de las previsiones, excepto de la de la Comisión.

Crecimiento muy optimista para 2021 que encierra otro elemento de preocupación: de ese 7,2% de incremento que estima para ese año, el propio Gobierno ha anunciado que 2,7 puntos de aumento se deberá al gasto movilizado con el fondo de la UE, al aplicar 25.000 millones de euro ese año, lo que quiere decir que sin esas ayudas públicas el crecimiento se quedaría en un 4,5%, muy escaso después de la enorme caída que sufrirá en 2020.

Esto quiere decir claramente que España puede recuperarse, desgraciadamente, muy lentamente, por mucho que Sánchez diga que incrementará el PIB potencial en 2 puntos. Queda muy bonito dicho de esa manera, pero la realidad parece que será otra con el enfoque que el presidente quiere darle, con temas más orientados a la ideología del Gobierno y la puesta en escena de ello que a emplearlo con eficiencia, de manera que puede que no sirva para nada, salvo para malgastar unos fondos que, aunque vengan de la UE, salen del mismo sitio que todo gasto público, es decir, del contribuyente.

En segundo lugar, el gasto lo eleva de manera exponencial, con unos incrementos del techo de gasto no vistos anteriormente, que comprometen, claramente, la sostenibilidad de la economía española.

El Gobierno se mantiene ajeno a la realidad que tenemos encima de nosotros, incluso ajeno a la realidad dura pero edulcorada que él mismo plasma en esta actualización de sus previsiones económicas. En ellas, contempla un escenario muy adverso para la economía española en dos agentes económicos clave: el consumo de los hogares y la inversión empresarial. Ambas rúbricas sufrirán un desplome del 12,6% y del 18,3%, respectivamente, respecto al ejercicio anterior. Esto muestra con claridad que los hogares han perdido -y perderán- renta disponible y, con ello, poder adquisitivo, y que el ahorro, disparado, según datos del Banco de España, se consolida con fuerza en detrimento de la evolución del consumo, ante la incertidumbre que se cierne sobre nuestra economía.

Por su parte, las empresas, dada la inseguridad jurídica existente ahora mismo, sin un itinerario claro marcado en la normativa surgida a raíz de la pandemia, no se atreven a invertir, de manera que la formación bruta de capital fijo se retrae y caerá en 2020 hasta esa cifra mencionada anteriormente, cercana al 20%, incertidumbre que se extenderá a 2021, donde consumo e inversión no se recuperarán adecuadamente, sino de manera débil para la caída que habrán tenido este año.

Paralelamente, nuestras exportaciones descendiendo a un ritmo más elevado que nuestras importaciones empeorarán nuestro saldo por cuenta corriente y se deteriorará, en la otra cara de la moneda, nuestra posición deudora con el resto del mundo, que aumentará.

Adicionalmente, con el gasto disparado nos encontramos con una caída muy importante de la recaudación, que nos lleva a que el déficit público se incremente y la deuda se desborde muy por encima del 100%, que ya quedó atrás hace muchos meses, con el riesgo de que cierre el ejercicio superando el 120% del PIB.

Todo ello, hace que la situación de la economía española sea muy frágil. Como bien comentó el gobernador del Banco de España en su comparecencia en el Congreso, la economía española tiene muchos puntos vulnerables y no hay margen alguno para la autocomplacencia.

El gobernador señaló la semana pasada que el elevado endeudamiento público supone una gran vulnerabilidad para la economía española de cara al futuro, ya que la dejará en una situación de muy difícil sostenibilidad y con menos margen de actuación en crisis como la actual, cosa que ya está sucediendo al haberse más que triplicado la deuda sobre el PIB en menos de quince años, el período que va desde el inicio de la anterior crisis económica, en 2007, hasta la previsión de cierre de 2020.

Es cierto que el gobernador dijo que los estímulos fiscales se mantuviesen coyunturalmente mientras durase la situación sanitaria actual, pero usados inteligentemente, en primer lugar, y, además, en segundo lugar, empleados de forma que no generasen gasto estructural, que sería imposible de sostener en el futuro. Concretamente, dijo que debía producirse una reducción sostenida de los desequilibrios fiscales, especialmente en España, dado el punto de partida que supone un mayor desequilibrio en sus cuentas públicas, para ir corrigiendo esa vulnerabilidad. Para ello, abogó también por la puesta en marcha de profundas reformas estructurales que permitan que nuestra economía reduzca muchos otros problemas que tiene, como el de las pensiones y, especialmente, el de la productividad, que nos deja muy rezagados. Al mismo tiempo, recordó que los fondos europeos que España recibirá no servirán por sí mismos para lograr una sólida recuperación, sino que deben ser bien dirigidos.

Sin embargo, el Gobierno de la nación, de manera muy imprudente da pasos en la dirección contraria. Una cosa es que la UE haya suspendido el cumplimiento de los objetivos de estabilidad para 2020 y 2021 para poder atender con urgencia las consecuencias derivadas del cierre productivo llevado a cabo por las distintas economías, y otra muy distinta es que Sánchez establezca una borrachera de gasto público que tendrá unas consecuencias resacosas muy nocivas para el bienestar de la economía española.

Esa insensatez le lleva a no fijar límites de déficit para las CCAA, que se dedicarán, a buen seguro, a gastar más de lo que incluso pueden llegar a necesitar coyunturalmente en este contexto de la crisis, con lo que forjarán un gasto permanente o estructural que después no serán capaz de eliminar. Al mismo tiempo, les comunica unos ingresos para 2021 procedentes del Sistema de Financiación Autonómica, las entregas a cuenta, fuera de la ortodoxia, con un crecimiento de las mismas, que es pan para hoy y hambre para mañana, pues en 2022 y 2023, debido a la caída de la economía, se tendrán que enfrentar a la devolución de miles de millones de euros en la liquidación de dichas entregas. El Gobierno lo sabe y en lugar de ser sensato, con unas estimaciones ortodoxas y una contención del gasto, incentiva una expansión del mismo que desembocará en unos desequilibrios presupuestarios enormes, imposibles de corregir en años.

Dentro de ese festín de gasto, el Gobierno aprobó un techo de gasto no financiero que se incrementa un 53% sobre el actual, llevando esa cifra desde los presentes 128.168 millones -ya elevado e incrementado de por sí- a los 196.097 millones de euros. Casi 200.000 millones de euros que pondrán de su parte en la ruina a la que el Gobierno está llevando a la economía española.

Su única receta es la ya fracasada de más y más gasto como respuesta a la crisis, cuando esa política fiscal expansiva ya sabemos al lugar al que nos conduce: grandes desequilibrios en pocos meses y recortes duros futuros, que pueden llegar en forma de menores pensiones y ajuste de empleados públicos duro si lo requieren de la UE, cosa que puede suceder, porque España no puede poner en riesgo toda la zona euro.

Esta gestión genera cierres empresariales cuantiosos y el propio Gobierno prevé una caída del empleo del 8,4%, con una tasa de paro media en 2020 del 17,1%, que el Banco de España eleva hasta cerca del 22% en 2021, cuando se producirá el pico en materia de desempleo. Eso supone cinco millones de parados, registro que se mantendrá en ese entorno durante mucho tiempo. El propio gobernador del Banco de España mencionó que la resistencia de la parte más vulnerable de las familias está al límite, siendo más afectados, actualmente, los jóvenes, las mujeres y las personas con salarios más bajos, con lo que esta política del Gobierno de restricción a sectores productivos como el comercio, el turismo o la restauración está provocando que estos trabajadores más vulnerables se encuentren en una situación insostenible, incrementando mucho este Gobierno de izquierda radical e impericia técnica la desigualdad, además de la pobreza del conjunto de la población.

Todo tiene un límite. España debe iniciar, a todos los niveles, un exhaustivo programa de ajustes, dirigido por el diseño de una austeridad inteligente, que si la hacemos nosotros podrá permitir equilibrar las cuentas, crecer con fuerza, recuperar el empleo y salvar gastos esenciales, como las pensiones, pero que si, por no hacer las cosas bien y seguir aumentando el gasto, déficit y deuda, tiene que ser la Comisión Europea la que diga dónde ajustar, entonces sí que habrá recortes duros, por ser todavía peor la situación, en elementos muy sensibles.

No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. La responsabilidad debería imperar. Por su parte, la sociedad debería entender definitivamente que nada es gratis, que cada vez que un político anuncia un gasto, está anunciado, simultáneamente, mayor deuda y mayores impuestos, y que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, o pasaremos, si no se corrige, a vivir mucho peor. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener nuestra economía a flote en el medio y largo plazo, pero el Gobierno va por otro camino, el de la ruina de España.

Iglesias, el mono de las pistolas
Luis Herrero Libertad Digital 12 Octubre 2020

Si de lo que se trata es de subastar adjetivos hasta elegir los que mejor califican la conducta política y personal de Pablo Iglesias, ahí van mis dos aportaciones particulares: matasiete y matachín. No los había utilizado en mi vida, pero ambos suenan parecido a otro más popular que le va como anillo al dedo: matón. Lo que pasa es que matón es más serio y califica conductas de hampones que acojonan de verdad. Iglesias, no. Él tiene ese toque kitsch de pendenciero de serie b que le da un aire de fanfarrón engreído. Cuando frunce el ceño y afila la mirada como si fuera un superhéroe a punto de convertir sus globos oculares en reflectores de rayos ultravioleta recuerda más a Maxwell Smart, el superagente 86, que a Lee Van Cleef haciendo de malo.

Hay algo grotesco en su modo de hundir los hombros y arrugar el gesto cada vez que le dice a los jueces del Supremo que sería inconcebible que le tocaran un pelo del moño o a los diputados de la Oposición que guarden silencio cuando un vicepresidente del Gobierno está en el uso de la palabra. Matasiete es sinónimo de fanfarrón, pero su locución es más chistosa y tengo para mí que añade ese punto de comicidad que tanto irrita a los maulas orgullosos. Con matachín pasa lo mismo. Significa camorrista, pero tiene un aire ridículo que convierte a su destinatario en motivo de burla. Estoy seguro de que a Iglesias no le gustará que se cachondeen de él cuando se pone a modo cuatrero que entra en el Saloon y acalla los murmullos de la clientela. No hay nada más humillante que un pistolero que mueva al pitorreo.

Y sin embargo, miradle, ahí está él con los brazos en jarra y la chepa enhiesta, las piernas arqueadas y la perilla en punta, dispuesto a desafiar a todo ese hatajo de golpistas indecentes que al ponerle bajo sospecha cometen un delito de lesa democracia. Atacarle a él supone tanto como atacar el movimiento de liberación de los oprimidos. Como símbolo del empoderamiento de los parias, su aforamiento es tan inviolable como el del rey. Ni Supremos, ni gaitas. El hombre no para de desgañitarse la garganta para que su advertencia se escuche del uno al otro confín: “¿Lo habéis entendido, reaccionarios de mierda?” Verle de esa guisa, henchido como un pavo, con el vademécum del comunismo preconciliar en una mano y la foto del Che Guevara en la otra, es peor que sonrojante, sencillamente es patético.

Iglesias no representa un peligro real. Al menos, no más que un histrión en una solemnidad litúrgica (es muy posible que este 12 de octubre le veamos hacer de saltimbanqui ante Felipe VI para que su fe republicana no quede amordazada por los símbolos de la Nación durante la celebración de su fiesta). Ni su presencia en los puestos de cabecera del banco azul es consecuencia de un mandato de las urnas ni la cosecha electoral de su partido —que no ha dejado de empeorar desde que entró en escena— le convierte en el elegido del pueblo. El peligro no es él, sino quien le nombró caprichosamente vicepresidente del Gobierno y quien le permite utilizar su rango para convertir la vida pública en el patio de Monipodio, lugar de solaz del sindicato del hampa.

Iglesias no es el peligro, el peligro es Sánchez. A propósito de la campaña podemita contra el juez García Castellón, que ha recibido amenazas de muerte tras pedirle al Supremo la imputación de Iglesias, el presidente del TSJM, Celso Rodríguez, ha recordado en ABC que los poderes públicos —y por lo tanto también el ejecutivo— están obligados a combatir cualquier campaña de desprestigio que se orqueste contra quienes, en un esquema democrático, tienen la misión de tutelar en último término los derechos e intereses legítimos de todos los ciudadanos. ¿Ha cumplido Sánchez con su deber? ¿Lo hizo cuando su vice dos trató de intimidar a los jueces que han de decidir si le sientan en el banquillo. ¿De verdad sería inconcebible, señor Iglesias, que un juez del Supremo razonara como otro de la Audiencia Nacional?

¿Quién es el verdadero responsable de una balacera provocada por un mono con pistolas, el mono que dispara o el dueño del zoo que permite que las lleve encima? El duelo que han establecido nuestros gobernantes con los miembros del poder judicial es, sin ninguna duda, el de mayor calado que tiene planteado ahora mismo nuestro país. Por eso reconfortan las palabras de Celso Rodríguez en su artículo del sábado: “Sea cual sea la intensidad de una estrategia de desgaste, a esa sociedad a la que nos debemos y servimos, le recordamos el compromiso que adquirimos cuando juramos o prometimos nuestro cargo: administrar recta e imparcialmente Justicia frente a todos. Que no quepa la menor duda de lo inquebrantable que resulta nuestro juramento”. ¿Oído cocina?

Fiesta Nacional
Cientos de coches en Madrid en la protesta convocada por Vox contra el Gobierno
EFE. Madrid. El Mundo 12 Octubre 2020

Los participantes protestan contra el estado de alarma decretado por el Gobierno en la capital y en ocho municipios de la región.

Cientos de coches recorren el Paseo de la Castellana de Madrid, convocados por Vox, para protestar contra el estado de alarma decretado por el Gobierno en la capital y en ocho municipios de la región.

Ésta es la particular celebración de la Fiesta Nacional del partido que lidera Santiago Abascal y que ha convocado a cientos de vehículos, que portan banderas españolas, sin que se haya comunicado a la Delegación del Gobierno.

No obstante, según han dicho fuentes de este organismo a Efe, la Delegación ha desplegado un dispositivo de la Policía Nacional para asegurar que no suceda ningún tipo de incidente.

Los coches, algunos descapotables, discurren por esta arteria de la capital, donde hoy luce el sol y pasan bajo el puente de la calle Juan Bravo donde se han colgado varias pancartas, en una de las cuales, de gran tamaño, se puede leer "ni tutelas, ni tu tía. Madrid es libertad y Quieren hundir Madrid".

En otra pancarta también los simpatizantes de la formación han escrito "Tu Gobierno nuestra ruina".

No todos los conductores y sus ocupantes de los vehículos, prácticamente parados en la Castellana y en la calle Serrano, llevan la mascarilla colocada, en un recorrido en donde también se escuchan gritos de "Gobierno dimisión" y vivas a España.


Helicópteros de la Policía Nacional sobrevuelan la zona, poco antes de que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ofrezca unas declaraciones a los periodistas sobre el puente de Juan Bravo, en su confluencia con la calle Serrano, en el barrio de Salamanca.

Por la acera de la derecha del Paseo de la Castellana y en sentido a la plaza de Colón también marchan decenas de personas con banderas y enarbolando banderines del partido.

ENTREVISTA A JOSÉ CARLOS GRACIA
"El cáncer de España está ahí, en la escuela, en un sistema anárquico e ideologizado"
Javier Caraballo elconfidencial 12 Octubre 2020

La historia en España constituye un fenómeno sociológico singular. Pocos países como el nuestro, acaso ninguno, mantiene viva su historia para azotarse o para deprimirse, para menospreciarse o para agredirse. ¿Por qué sucede? En fechas como esta de conmemoración del Descubrimiento de América y, más allá de la efemérides, cuando se contempla la expansión de un idioma como el nuestro que hoy hablan casi seiscientos millones de personas en todo el mundo (el segundo más hablado, después del chino), es oportuno hacernos la pregunta sobre esta rareza nuestra.

¿Cómo es posible que nosotros mismos propaguemos la enorme patraña de la Leyenda Negra? Lo único bueno de todo esto es que hay españoles que se indignan con lo que sucede y ponen en marcha iniciativa como ‘Memorias de un Tambor’, el 'podcast' de historia más oído de España. Es el caso de José Carlos Gracia (Madrid, mayo de 1962), creador, director y conductor del programa, desbordado él mismo por la repercusión que ha alcanzado su iniciativa y por el grupo de historiadores, investigadores e intelectuales que va creciendo a su alrededor con el mismo objetivo: reivindicar la verdadera historia de España. Y disfrutar o lamentarse con ella. Y aprender con ella. Para progresar, para avanzar, sin tropezar.

PREGUNTA. ¿Esta festividad del 12 de octubre es motivo de orgullo? Se lo digo porque a veces da la impresión de que, en vez de la Hispanidad, cada vez estamos más cerca de que esta fecha se declare el Día Internacional de la Hispanofobia…
RESPUESTA. Es que no sé si la palabra es orgullo. Lo que para mí es evidente es que este es un día para celebrar. Porque sentirse orgullosos o culpables por lo que hicieron nuestros antepasados siempre me ha parecido un error o, al menos, una limitación. Lo esencial es reconocer y celebrar el bagaje cultural que ha generado en el mundo el descubrimiento de América, un 12 de octubre de 1492. La Hispanidad no es un acontecimiento privativo de nadie; es un hecho: la unión, casi fortuita, de dos continentes y el impresionante legado que nos ha dejado de raíces comunes y de un idioma común para cientos de millones de personas. Los españoles podemos sentirnos orgullosos, claro, de que fuésemos nosotros los protagonistas de ese hecho histórico, pero la Hispanidad va mucho más allá, es lo que se ha creado quinientos años después. Esa es la celebración.

P. Uno de sus colaboradores, el escritor Iván Vélez, autor del libro 'Sobre la Leyenda Negra', sostiene que en la historia de las conquistas hay que diferenciar entre imperios generadores frente a imperios explotadores.
R. Sí y, aunque yo no veo que se puedan establecer una división tan nítida, lo que sí está claro es que, en comparación con las expansiones territoriales de otros países, como los holandeses, los franceses o el imperio británico, por supuesto que no tenemos nada que reprocharnos. Todo lo contrario, con la mentalidad de aquella época, con la visión y los valores de aquella época, el imperio español redactó las primeras leyes protectoras de los derechos de los indígenas, y ahí están las Leyes de Burgos de 1512. Isabel la Católica siempre concibe a los indígenas como unos súbditos más a los que hay que cristianizar. Con independencia de los excesos evidentes que se cometen al margen de esas leyes, esa mentalidad, en esa época, es absolutamente novedosa. En América, tras el descubrimiento, no hay colonias, sino provincias y virreinatos integrados en el Imperio español. El mestizaje es la prueba más fehaciente de la intención última de integración de la expansión española en el nuevo continente. El objetivo de las conquistas, de todas las conquistas, era evidentemente el enriquecimiento y el engrandecimiento, al mismo tiempo que la expansión de la religión; eso es lo que buscan todos, pero la forma española es, cuando menos, peculiar.

P. A ver, es que lo extraordinario de todo esto es que sólo se someta a España a esa crítica feroz por su historia mientras que a todos los demás, ya sean romanos, vikingos o norteamericanos, se les analiza en el contexto de su época. La diferencia es que sobre nosotros pesa una Leyenda Negra y la pregunta es cómo es posible que sean los españoles los primeros en asumirla y propagarla. ¿Usted sabe por qué sucede?
R. Tras la conquista de América, España era el imperio hegemónico, el enemigo a batir. La Leyenda Negra la inician nuestros enemigos ancestrales, Inglaterra y Holanda, y lo hacen en un momento clave, como es la expansión de la imprenta a partir del siglo XVII, en pleno declive español. La puntilla nos la dará Estados Unidos a finales del XIX con la Guerra de Cuba y de Filipinas; los primeros escándalos de la prensa amarilla surgen entonces con la difusión de bulos que sólo tenían como objetivo justificar la apropiación de aquellos territorios españoles. A partir de ahí, que son los hechos objetivos, me pregunta usted: ¿y por qué aquí se asume como verdadera la Leyenda Negra o, por lo menos, no se combate? La respuesta a esa pregunta es muy compleja… Ni siquiera se lo explicaba Quevedo, que fue el primero que advirtió contra las mentiras que se lanzaban sobre la historia de España ante la indolencia de los españoles. No sé, yo creo que en una buena parte influye nuestra ubicación geográfica y lo que eso haya podido determinar la forma de ser de los españoles. Hemos sido un gran imperio, sí, pero España está apartada de los flujos culturales europeos, como aislada, y eso ha podido generarnos este carácter peculiar, de cainismo, de enfrentamientos internos. Esa podría ser una explicación, pero ya le digo que es muy difícil de entender este afán autodestructivo y de rechazo de una historia que ni siquiera se conoce. Que esa es otra, la incultura.

P. A lo largo de siglos, la Leyenda Negra ha cabalgado a lomos de distintos intereses y lo novedoso es que ahora se ha convertido para algunos en referente de la izquierda. Lo acabamos de ver con las estatuas que se quieren quitar de los conquistadores a raíz de los incidentes racistas en Estados Unidos.
R. Una persona formada no entra en estas cuestiones. Puede ser progresista o conservadora, pero no utiliza la historia como un arma arrojadiza. Ese tipo de manifestaciones responden exactamente a eso, personajes indocumentados, que ni conocen la historia ni quieren conocerla, porque lo suyo es más elemental, son enfrentamientos tribales. Quizá, cuando vemos estas cosas, lo que tendríamos que preguntarnos es qué clase de educación se ofrece en España, porque ahí puede estar también el origen de todo esto que nos preguntamos y que nos sorprende. Yo sé, por el 'podcast', que hay mucha gente interesada en la historia, pero de la misma forma hay quien piensa que el mero interés por conocer la historia de España es algo es rancio y conservador. Es duro decirlo, pero el pueblo español es un pueblo ignorante de su historia. Y el cáncer está ahí, en la escuela, en un sistema educativo anárquico e ideologizado. Y lo peor de todo, el empobrecimiento que ha provocado la transmisión de la historia parcelada por comunidades autónomas. Ese afán provinciano por parcelar el conocimiento. Y no me refiero ya a lo que pueda pasar en las escuelas de las comunidades más nacionalistas, no. Lo que pasa, por ejemplo, en Madrid. Un chaval puede ubicar perfectamente el río Alberche, pero no sabe dónde está el Ebro, puede confundirlo perfectamente con el Guadalquivir. Pero el Alberche no lo confunde, ni el Guadarrama, que es un riachuelo. Y sé perfectamente de lo que hablo. Estamos construyendo una sociedad de ciudadanos muy simples.

P. Si lo esencial de la historia es conocerla para no caer en los mismos errores, ¿usted se explica, por ejemplo, por qué un acontecimiento como la Guerra Civil española apenas se enseña en las escuelas españolas?
R. Los profesores que incluyen en sus clases la Guerra Civil lo hacen 'motu proprio', eso es verdad, y en muchos casos su único interés es trasladar a sus alumnos su propia ideología. Y a eso es a lo que no hay derecho, que encima de que no se enseña la historia se contamine a los chavales con prejuicios y consignas ideológicas. Los hechos son los hechos y en cuestiones tan sensibles como la Guerra Civil es inadmisible esa manipulación. En serio, a mi todo esto me resulta muy triste… La parcialidad con la que se cuenta la historia de la Guerra Civil, que se fomenten los odios y que hasta la bandera de España se identifique con una ideología política. O que se pite el himno… Y cuando veo que hay intelectuales o políticos que se suman a eso, unos para ganar dinero y otros para ganar votos, sinceramente me da mucho asco. La historia de la Guerra Civil española no es una historia de buenos y malos. La República se diluyó entre dos corrientes fanatizadas, y la polarización de la sociedad, arrastrada por minorías. Todo eso, unido todo eso al auge del nazismo y comunismo en Europa, condujo a la guerra. Hubiera vencido un bando u otro, el final hubiera sido el mismo, intentar exterminar al adversario.

P. Lo sorprendente de todo esto es que sea ahora, con una clase política formada por líderes que han nacido en democracia, es decir nietos y bisnietos, de quienes sí vivieron la Guerra y la dictadura y decidieron reconciliarse en la Transición.
R. Mi consejo para todo el mundo es que ni mire a la cara a quien pretenda utilizar la Guerra Civil como un arma ideológica del presente. Mis dos abuelos estuvieron cada uno en un bando y fue tan grande el trauma que supuso aquella Guerra Civil que lo que yo he vivido siempre en el seno de mi familia ha sido ese espíritu de dejar atrás el pasado, mirar hacia adelante, y no caer nunca más en despertar lo ocurrido. Que ni los miren, en serio, que les vuelvan la cara. Y cuando vengan otra vez ‘los quitacalles’, como los llama usted, que nos rebelemos contra ellos, que no les admitamos que nos manipulen. Que pensemos en el futuro de nuestros hijos.

P. Por cierto, ¿se ha dado cuenta de que cuando se habla de la República en España rara vez se menciona como ejemplo la I República?
R. Pues claro, porque aquello fue un despropósito vergonzoso, ese ridículo, a veces cómico y a veces trágico, del cantonalismo… No se menciona por puro rubor. Ciudades y provincias que se hacen independientes y les declaran la guerra a sus vecinos. Los movimientos nacionalistas vasco y catalán, fundamentalmente, surgen en el siglo XIX, con las mismas bases que aquella Primera República. Estas corrientes han sido las más interesadas en fomentar lo antiespañol. A eso se le añade la manipulación y la tergiversación, hasta niveles grotescos, de la historia y se llega a la situación en la que estamos. Por el hecho de que se comparta una lengua, como el catalán, no se puede pretender que la historia sea distinta de como fue porque la vinculación entre la Corona de Castilla y la de Aragón es intensa y constante a lo largo de los siglos. La manipulación de la historia por el nacionalismo es deprimente. ¿Y los vascos? La identificación histórica con Navarra la encajan a martillazos, y ni por esa lo consiguen. Los vascos siempre han sido un referente como españoles. El hecho irrefutable es que durante los siglos XVII y XVIII, la columna vertebral de la marina española estaba formada por marineros vascos, por poner un ejemplo.

P. Comenzamos hablando de los complejos de España con el Descubrimiento de América. ¿Imagina lo importante que sería, cinco siglos después, que la democracia española recuperase una institución de aquella época, los juicios de Residencia? Al final de su mandato, los dirigentes se someten a un juicio para analizar lo bueno y malo de su labor.
R. Me gusta la idea porque, además, da usted en la clave: justicia. Mucho más en los tiempos que vive España, lo fundamental es poder disponer de un Poder Judicial independiente. Claro, claro… No se trata de colgar a nadie de la plaza mayor, pero fíjese en el impacto que supondría eso que dice, que un cargo público finalice su mandato y, con la mayor objetividad, se analice cuál ha sido su gestión. Me temo que eso es muy difícil, pero no debemos renunciar a ello, en pro de una sociedad más moderna y más libre.

Los amigos de Pablo (I): Irán
Redacción rebelionenlagranja.com 12 Octubre 2020

Rebelión en la Granja inicia una serie de informaciones sobre la situación de los derechos humanos, las libertades públicas y el respeto a la dignidad de la persona en los países cuyos regímenes políticos han contado con la participación de los hombres de Pablo Iglesias, han financiado sus movimientos o aparato político-mediático, les han dado respaldo o conferido protección internacional, son o han sido socios políticos internacionales de la formación morada o han sido ensalzados por los políticos españoles de la infraizquierda pablista. Todos ellos, sin excepción, son regímenes tiránicos, altamente corruptos, que pisotean los derechos humanos y persiguen la disidencia. La primera información se refiere al régimen de los ayatolá.

El IRÁN DE PABLO IGLESIAS
Las conclusiones de todos los organismos internacionales, públicos y privados, que tienen por objeto la medición de los índices de democraticidad, libertad, igualdad, bienestar o derechos son absolutamente concluyentes: Irán en un régimen tiránico, despótico, que pisotea los derechos humanos y la dignidad de la persona.

Según el Informe anual de Amnistía internacional de 2019, publicado en septiembre de este mismo año, las autoridades reprimieron con dureza el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Las fuerzas de seguridad emplearon medios letales de manera ilegítima para sofocar las protestas, mataron a cientos de personas y detuvieron arbitrariamente a miles de manifestantes. Las autoridades detuvieron de forma arbitraria a más de 200 defensores y defensoras de los derechos humanos y en muchos casos les impusieron penas de cárcel y flagelación. Las mujeres sufren discriminación y las autoridades intensificaron la represión contra las defensoras de los derechos de las mujeres que hacen campaña contra el uso obligatorio del velo. Las minorías étnicas y religiosas sufren discriminación. La tortura y los malos tratos, incluso mediante la negación de atención médica, son generalizados y sistemáticos, y se cometen con total impunidad. Se aplican penas judiciales crueles, inhumanas y degradantes. Decenas de personas, varias de las cuales eran menores de 18 años en el momento del delito, ha sido ejecutadas, a veces en público. Se vulnera de forma sistemática el derecho a un juicio justo. Las autoridades iraníes incurren en habituales delitos de lesa humanidad de desaparición forzada al ocultar sistemáticamente la suerte y el paradero de varios miles de personas ejecutadas extrajudicialmente por razones polítcias. El régimen no deja entrar en el país ni a los organismos independientes de observación de los derechos humanos, ni a Amnistía Internacional ni a los organismos de ONU.

Según el Informe de Amnistía Internacional, esta es la situación del país socio de Nicolás Maduro que, junto con países del Foro de Sao Paulo, especialmente Bolivia y Venezuela, aparece en los orígenes, financiación y creación del núcleo duro de Iglesias, hoy vicepresidente del gobierno y principal defensor europeo de sus amigos de siempre. El Informe describe un país invadido por el terror de estado, y dice así:

“Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Las autoridades reprimieron con dureza el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.

Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza innecesaria o excesiva para dispersar protestas y detuvieron arbitrariamente a personas que se manifestaban de manera pacífica.

En noviembre, las fuerzas de seguridad sofocaron protestas en todo el país y mataron a más de 300 personas, incluidos niños y niñas, según fuentes fidedignas. Muchas de las víctimas murieron a consecuencia de heridas de bala en órganos vitales. Se detuvo arbitrariamente a miles de manifestantes, que en muchos casos sufrieron desaparición forzada y tortura u otros malos tratos, como puñetazos, patadas, latigazos y golpes. Las autoridades implementaron un cierre casi total de Internet durante las protestas para impedir que la gente compartiera imágenes y vídeos del uso de medios letales por parte de las fuerzas de seguridad.

Se detuvo arbitrariamente a cientos de personas más en relación con el ejercicio pacífico de sus derechos, generalmente por cargos falsos relacionados con la seguridad nacional. Al menos 240 eran defensores y defensoras de los derechos humanos y entre ellas figuraban abogados y abogadas, activistas de los derechos laborales, ambientales, de los derechos de las minorías o de los derechos de las mujeres, así como personas que hacían campaña contra la pena de muerte o que buscaban la verdad, justicia y reparación por las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas masivas de la década de 1980. Se sometió a interrogatorio y otras formas de hostigamiento a varios familiares de defensores y defensoras de los derechos humanos. Entre las personas detenidas arbitrariamente figuraban también trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación y miembros de la disidencia política.

Seguían estando prohibidos los grupos de derechos humanos y de la sociedad civil independientes. Se seguían censurando los medios de comunicación de todo tipo e interfiriendo canales extranjeros de televisión por satélite.

Las autoridades hicieron redadas en fiestas privadas mixtas, en las que detuvieron a decenas de hombres y mujeres y los acusaron de quebrantar “la moral pública”, imponiéndoles penas de flagelación, entre otras.

Facebook, Telegram, Twitter y YouTube continuaron bloqueados. Las autoridades citaron para interrogarlas a personas con cuentas de Instagram muy seguidas, como figuras del mundo de la moda, la música y la danza, y, en algunos casos, las detuvieron y se hicieron con sus cuentas.

En abril, el fiscal general de Irán anunció que la publicación de “noticias falsas” relacionadas con las inundaciones era una cuestión de seguridad nacional. Posteriormente, la ciberpolicía iraní anunció la detención de 24 personas usuarias de redes sociales en la provincia de Juzestán por “difundir noticias tergiversadas y rumores” y “perturbar la opinión pública” en relación con las inundaciones.

Abogados y abogadas de derechos humanos
Las autoridades reprimieron a abogados y abogadas de derechos humanos, a quienes en algunos casos se llevó a juicio por su labor pacífica de derechos humanos, incluida la defensa de clientes que afrontaban cargos falsos relacionados con la seguridad nacional. En marzo, la abogada Nasrin Sotoudeh fue condenada a 33 años y 6 meses de prisión y a recibir 148 latigazos. Tenía que cumplir 12 años del total de la pena, además de otros 5 años impuestos en otra causa. En junio, el abogado Amirsalar Davoudi fue condenado a 29 años y 3 meses de prisión, de los que tenía que cumplir 15 años, y a recibir 111 latigazos.

Trabajadores y trabajadoras y activistas de los derechos laborales
Durante el año, miles de trabajadores y trabajadoras protagonizaron manifestaciones pacíficas y huelgas en protesta por el impago de salarios y pensiones, las malas condiciones laborales y el bajo nivel de vida, la precariedad del empleo como consecuencia de la privatización de empresas del sector público y otros motivos de queja. Las autoridades detuvieron a decenas por cargos relacionados con la seguridad nacional e impusieron penas de prisión y flagelación a más de una veintena.

Durante el Día Internacional del Trabajo, las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza innecesaria para dispersar una manifestación pacífica en Teherán y golpearon y detuvieron arbitrariamente a decenas de trabajadores y trabajadoras. Entre estas personas figuraban las activistas de los derechos laborales Atefeh Rangiz y Neda Naji, que fueron condenadas a cinco años y cinco años y medio de prisión, respectivamente, por participar en la protesta.

En septiembre, los activistas de los derechos laborales encarcelados Sepideh Gholian y Esmail Bakhshi fueron condenados, respectivamente, a 18 años y 13 años y medio y 74 latigazos, en relación con su participación en protestas pacíficas contra la empresa azucarera Haft Tappeh por el impago de salarios en la provincia de Juzestán y con declaraciones públicas en las que habían afirmado haber sido objeto de tortura bajo custodia. La televisión estatal emitió sus “confesiones” forzadas meses antes del juicio. En diciembre, la pena impuesta a Sepideh Gholian se redujo a cinco años de prisión, y la de Esmail Bakhshi, a cinco años de prisión y 74 latigazos.

El gobierno seguía prohibiendo los sindicatos independientes.

Ambientalistas
Se detuvo a decenas de ambientalistas. Se condenó a ocho conservacionistas a entre 4 y 10 años de prisión en relación con sus actividades, entre las que figuraba estudiar la fauna en peligro de extinción en Irán. Habían sido declarados culpables de cargos como “cooperar con Estados hostiles contra la República Islámica”.

Trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación

Se enjuició a periodistas y se les impusieron penas de prisión, de flagelación o de ambas clases en relación con su trabajo.

En junio, el periodista Masoud Kazemi fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión y se le prohibió ejercer el periodismo durante dos años en relación con unas publicaciones en redes sociales en las que había denunciado la corrupción del gobierno.

En mayo, la periodista Marzieh Amiri fue detenida mientras cubría la manifestación del Día Internacional del Trabajo. En agosto fue condenada a 10 años y 6 meses de prisión y a recibir 148 latigazos —pena reducida en apelación a 5 años de prisión— por cargos como “difusión de propaganda contra el sistema”.

En octubre, la Guardia Revolucionaria anunció que había detenido a Rouhollah Zam, editor de AmadNews, popular canal de una aplicación de mensajería al que las autoridades acusaban de haber incitado a las protestas de diciembre de 2017 y enero de 2018. La televisión estatal iraní emitió su “confesión” en un vídeo propagandístico días después de la detención.

Disidencia política
Las autoridades detuvieron al menos a 16 personas que, en julio, habían firmado cartas abiertas en las que se pedían cambios fundamentales en el sistema político del país; algunas de ellas fueron acusadas de “insultar al líder supremo”.

Los disidentes políticos Mehdi Karroubi, Mir Hossein Mousavi y Zahra Rahnavard continuaron bajo arresto domiciliario sin cargos ni juicio.

Derechos de las mujeres
En mayo, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que reformaba el Código Civil para permitir a las mujeres iraníes casadas con extranjeros transmitir la nacionalidad iraní a sus hijos e hijas. La nueva ley entró en vigor tras ser ratificada en octubre por el Consejo de Guardianes. No obstante, mientras que a los hijos e hijas de hombres iraníes se les concedía la nacionalidad iraní automáticamente, la nueva ley exigía a las mujeres solicitar la ciudadanía para los suyos, que debían además someterse a un control de seguridad del Ministerio de Inteligencia antes de obtenerla.

Más en general, las mujeres continuaron sufriendo discriminación arraigada en la legislación penal y de familia, especialmente en relación con el matrimonio, el divorcio, el empleo, la herencia y el desempeño de cargos políticos. Las autoridades no penalizaban la violencia de género contra las mujeres y las niñas, ni siquiera la violencia de género en el ámbito familiar y el matrimonio precoz y forzado, que seguían siendo prácticas generalizadas. El poder judicial suavizó un proyecto de ley de larga data que estaba examinando y que tenía por objeto proteger a las mujeres frente a la violencia, y lo remitió al comité de proyectos de ley del gobierno para que lo revisara en septiembre.

Las autoridades intensificaron la represión de las defensoras de los derechos de las mujeres que hacían campaña contra la discriminatoria legislación sobre el uso obligatorio del velo, y condenaron a algunas de ellas a prisión y flagelación por cargos que incluían “incitar a la corrupción y la prostitución y facilitarlas” animando a no llevar velo. En julio se impusieron sendas penas de 16 años de prisión a Yasaman Aryani y Monireh Arabshahi y una de 23 años y medio a Mojgan Keshavarz. Las tres debían cumplir 10 años de condena. En septiembre, las autoridades detuvieron a tres familiares de la destacada periodista y activista iraní residente en Estados Unidos Masih Alinejad en represalia por su activismo contra el uso obligatorio del velo. En abril, la policía citó por mensaje de texto a mujeres que presuntamente se habían quitado el hiyab para conducir a fin de entregarles una notificación oficial advirtiéndoles de que se les confiscaría el vehículo si lo volvían a hacer.

Las autoridades continuaron imponiendo a las mujeres la discriminatoria prohibición de entrar en estadios de fútboldurante la celebración de partidos locales y deteniendo y acusando de delitos a quienes la incumplían. En octubre, permitieron a 3.500 mujeres asistir a un partido de clasificación para la Copa Mundial en el Estadio Nacional. Esta autorización se emitió tras la muerte de Sahar Khodayari, quien se había prendido fuego a las puertas del tribunal que la estaba juzgando por cargos relacionados con el intento de entrar en un estadio.

Discriminación: minorías étnicas
Las minorías étnicas —árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, entre otras— sufrían una arraigada discriminación que limitaba su acceso a la educación, al empleo y a una vivienda adecuada. El abandono económico de las regiones pobladas por minorías exacerbaba su pobreza y marginación. El persa continuó siendo el único idioma de enseñanza en la educación primaria y secundaria.

Las personas pertenecientes a minorías que denunciaban violaciones de sus derechos eran sometidas a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, juicio injusto y encarcelamiento. Los organismos de inteligencia y seguridad acusaban a menudo a activistas de derechos de las minorías de apoyar “corrientes separatistas” que amenazaban la integridad territorial de Irán.

El activista de los derechos de la minoría turca azerbaiyana Abbas Lesani fue condenado a 15 años de prisión en octubre, por cargos que incluían “difusión de propaganda contra el sistema”, en relación con su labor de activismo. Debía cumplir 10 años de condena.

Se denunció la detención arbitraria de decenas de árabes ahwazíes que prestaban servicios voluntarios de ayuda humanitaria para socorrer a las víctimas de las inundaciones de Ahvaz en relación con su labor.

Las autoridades utilizaron las protestas de noviembre para atacar a minorías étnicas y detener a decenas de personas árabes ahwazíes, turcas azerbaiyanas, baluchis y kurdas, entre las que figuraban activistas de los derechos de las minorías.

Libertad de religión o de creencias
La libertad de religión o de creencias se vulneraba de forma sistemática en la ley y en la práctica. Las autoridades continuaron imponiendo a las personas ateas y de todas las religiones códigos de conducta pública basados en una interpretación estricta del islam chií. Sólo se permitía ocupar cargos políticos clave a los musulmanes chiíes. Se siguió violando el derecho a cambiar o abjurar de religión. Las personas que se declaraban ateas seguían estando expuestas a sufrir detención arbitraria, tortura y pena de muerte por “apostasía”.

Continuaron los ataques generalizados y sistemáticos contra la minoría perseguida bahaí, con detenciones arbitrarias y encarcelamiento, cierre forzoso de negocios, confiscación de bienes y prohibición de trabajar en el sector público. A decenas de estudiantes bahaíes se les negaba el acceso a las universidades mediante su expulsión por practicar su fe de manera pacífica.

Otras minorías religiosas no reconocidas en la Constitución, como la yaresaní (Ahl e Haq) y la comunidad Erfan e Halgheh, sufrían persecución por practicar su fe y eran sistemáticamente discriminadas.

Decenas de derviches gonabadi permanecían en prisión por cargos que incluían “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”, en relación con una protesta pacífica sofocada de manera violenta en 2018.

Decenas de personas de religión cristiana, incluidas conversas, fueron sometidas a hostigamiento, detención arbitraria y penas de prisión por practicar su fe. Continuaron los registros de casas iglesia.

Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos, incluida la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, seguían siendo prácticas generalizadas y sistemáticas, especialmente durante los interrogatorios. Las autoridades nunca investigaban los casos de tortura ni exigían rendición de cuentas a los responsables.

La tortura pudo haber causado o propiciado la muerte bajo custodia de varias personas. En septiembre se informó a la familia de Javad Khosravanian de que éste había muerto bajo custodia varios días después de su detención en Khorrambid, comarca de la provincia de Fars. Según la información recibida, se encontraba bien y estaba sano antes de la detención. El director del departamento de justicia de la provincia ordenó una investigación sobre su muerte. Se tuvo noticia de que varias personas habían muerto bajo custodia tras ser detenidas durante las protestas de noviembre.

Se negó deliberadamente atención médica adecuada a presos y presas de conciencia, a menudo como castigo. El defensor de los derechos humanos Arash Sadeghi continuó siendo sometido a tortura al negarle tratamiento para el cáncer. Como nueva medida punitiva, las autoridades obligaron a los presos y presas de conciencia de la prisión de Evín, en Teherán, a pagar la atención médica que recibían fuera de la cárcel y restringieron enormemente el derecho de visita de familiares.

Las condiciones de reclusión en muchas cárceles y centros de detención seguían siendo crueles e inhumanas, e incluían hacinamiento, limitación del agua caliente, alimentación inadecuada, falta de camas, mala ventilación y plagas de insectos.

El Código Penal Islámico continuaba previendo castigos corporales judiciales constitutivos de tortura, entre ellos flagelación, ceguera y amputación. Decenas de personas fueron condenadas a flagelación por robo y agresión, así como por actos que, según el derecho internacional de los derechos humanos, no debían constituir delito. Tales actos incluían participar en protestas pacíficas, mantener relaciones extramatrimoniales, asistir a fiestas mixtas y beber alcohol. En julio, el cantante kurdo Peyman Mirzazadeh recibió 100 latigazos tras ser declarado culpable de cargos que incluían “beber alcohol”. En octubre se amputó una mano a una persona recluida en una prisión de Sari, provincia de Mazandarán, por robo.

Pena de muerte
Decenas de personas fueron ejecutadas tras juicios injustos, a veces en público. Algunas eran menores de 18 años en el momento del delito.

Se mantuvo la pena de muerte por conductas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, tales como las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y las relaciones extramatrimoniales, así como para ciertos delitos definidos de manera imprecisa, como “insultos al Profeta”, “enemistad con Dios” y “propagar la corrupción en la tierra”.

El Código Penal Islámico continuaba contemplando la ejecución por lapidación.

Juicios injustos
Se vulneró de forma sistemática el derecho a un juicio justo.

Se retransmitieron por la televisión pública “confesiones” forzadas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos, y fueron utilizadas por los tribunales para dictar sentencias condenatorias. En agosto, el ex preso Mazyar Ebrahimi afirmó que las autoridades del Ministerio de Inteligencia lo habían detenido a él y a otras personas en 2012 en relación con el homicidio de varios científicos nucleares iraníes y los habían torturado reiteradamente para obtener “confesiones” que se emitieron en la televisión pública. Posteriormente, el diputado Mahmoud Sadeghi presentó un proyecto de ley que penalizaba la grabación y emisión de confesiones forzadas y que era poco probable que se aprobara. En noviembre, los medios de comunicación públicos retransmitieron las “confesiones” forzadas de personas detenidas durante las protestas que habían tenido lugar en todo el país ese mismo mes.

Se negaba a las personas juzgadas ante tribunales especiales que conocían de casos de corrupción económica el derecho a recurrir las penas si éstas eran de prisión y sólo se les concedían 10 días para hacerlo si eran condenas a muerte. En julio, el poder judicial anunció que, desde su creación a mediados de 2018, estos tribunales habían dictado 978 sentencias, incluidas 9 condenas a muerte y 161 penas de flagelación.

Las autoridades continuaron negando el acceso a asistencia letrada independiente durante la etapa de instrucción a personas que afrontaban determinados cargos, entre ellos los relacionados con la seguridad nacional. A algunas personas se les negó el acceso a su abogado incluso durante el juicio.

Crímenes persistentes de lesa humanidad
Las autoridades iraníes persistieron en cometer el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada al ocultar sistemáticamente la suerte y el paradero de varios miles de disidentes políticos sometidos a desaparición forzada durante una oleada de ejecuciones extrajudiciales masivas y secretas llevada a cabo entre julio y septiembre de 1988. El sufrimiento constante infligido a los familiares de las víctimas vulneraba la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.

Muchas de las autoridades sospechosas de implicación en las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales masivas de 1988, incluidas personas vinculadas a las “comisiones de la muerte”, continuaban ocupando cargos de poder. Alireza Avaei seguía siendo ministro de Justicia; en marzo, Ebrahim Raisi fue nombrado presidente de la Magistratura, y, en julio, Mostafa Pour Mohammadi, consejero del presidente de la Magistratura de Irán y ex ministro de Justicia, amenazó a personas que abogaban en favor de la verdad y la rendición de cuentas con procesarlas por “terrorismo” y “connivencia” con los enemigos de Irán.”

Armengol margina a los castellanoparlantes de las ayudas económicas por el coronavirus
El Ejecutivo balear anuncia un paquete de medidas en medios usando sólo el catalán. Hablamos Español se ha quejado ante el Defensor del Pueblo.
Libertad Digital 12 Octubre 2020

El Gobierno balear, que preside la socialista Francina Armengol, ha publicitado un paquete de ayudas económicas dirigidas a desempleados en plena pandemia del coronavirus utilizando sólo el catalán, según informa El Mundo.

Desde hace unos días, los diarios locales incluyen una publicidad a una página entera en la que se anuncia una nueva prestación para fijos discontinuos y la extensión de los ERTEs hasta el 31 de enero. El castellano brilla por su ausencia: todo aparece en catalán.

El gabinete de presidencia del Ejecutivo autonómico justifica la exclusión del castellano remitiéndose a un decreto de 2018 que, según su interpretación, obliga a redactar toda la publicidad institucional en catalán. El artículo 10 de esta normativa, sin embargo, dice que se redactará o emitirá "normalmente" en catalán: en ningún caso señala que se hará exclusivamente en esta lengua.

El gobierno de Armengol alega, además, que la información de esta campaña publicitaria sí se puede consultar en castellano en su web.

Por ello, la asociación Hablamos Español, que preside Gloria Lago, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo: "Para nosotros, como asociación que defiende el respeto a la cooficialidad lingüística, resulta especialmente indignante esta nueva discriminación, ya que se trata de información sensible para los trabajadores en un momento tan delicado como este".

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