AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 14  Octubre  2020

Los jueces se sublevan contra el «chantaje y atentado» de la reforma del CGPJ de PSOE y Podemos
OKDIARIO 14 Octubre 2020

La reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que quieren hacer PSOE y Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales sin los controles de los órganos constitucionales ha puesto en pie de guerra a la oposición, que anuncia recursos al Tribunal Constitucional, y a los jueces, que temen que la institución quede en manos del Gobierno socialcomunista.

Desde la carrera judicial, tres de las cuatro asociaciones profesionales han arremetido duramente contra la propuesta de reforma del CGPJ, y sólo la progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha visto legítimo que el Ejecutivo busque alternativas al bloqueo.

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) sostiene que «un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y con prisas», porque la reforma deja todo «al albur del Ejecutivo» que pasa a «manejar y manipular el poder judicial» desde su mayoría parlamentaria, ha denunciado.

La Asociación Francisco de Vitoria, por su parte, ha tachado la iniciativa de «atentado, despropósito y disparate» y Foro Judicial Independiente ha dudado incluso de su constitucionalidad.

El Gobierno no duda de que la propuesta cuenta «con todas las garantías jurídicas para que pueda llevarse a cabo», ha señalado el portavoz gubernamental tras el Consejo de Ministros, pero previsiblemente será el Constitucional el encargado de disipar las dudas, como ya le tocó hacer en 1986.

Entre 1980 y 1985, los jueces habían elegido directamente a los doce vocales de turno judicial, y el PSOE reformó la ley para que fueran designados por el Parlamento, con la mayoría de tres quintos que ahora se quiere dejar atrás.

Aunque alertó del riesgo de que el sistema de elección se convirtiera en un reparto de puestos entre los partidos, el Constitucional avaló la elección parlamentaria, «máxime cuando la ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara», dijo entonces.

Los socialistas sostienen que, dada la fragmentación parlamentaria existente, permanece la exigencia de buscar consensos a pesar de reducir el número de apoyos necesarios para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Desde el PP, su presidente, Pablo Casado, ya ha anunciado que su grupo recurrirá esta iniciativa al Tribunal Constitucional, y en la misma línea se ha pronunciado también a través de la red social Twitter la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona.

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que la reforma legislativa con la que el PSOE y Unidas Podemos pretenden reducir la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es «vergonzosa» y supone un «mazazo» a la separación de poderes. Por ello, Cs apuesta por recurrirla ante el Tribunal Constitucional si el Congreso de los Diputados acaba aprobándola.

«Esta medida de PSOE y Podemos es un mazazo sin precedentes a la Justicia y a la separación de poderes. Lo que hay que hacer es despolitizar el CGPJ para que los jueces elijan a los jueces, no politizarlo aún más para repartírselo con los separatistas. Vergonzoso e intolerable», ha escrito Arrimadas en un mensaje en Twitter.

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha lamentado que este martes se haya «confirmado la infamia» de «querer darle el CGPJ a la ‘mayoría Frankenstein’», como denomina la formación naranja al conjunto de partidos que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Asalto del Ejecutivo al Poder Judicial: la democracia, en peligro
EDITORIAL Libertad Digital 14 Octubre 2020

La insuperable apatía del PP de Pablo Casado a la hora de denunciar públicamente la situación de bloqueo y politización de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la persistente negativa del PSOE a que sean los propios jueces y magistrados los que elijan a los miembros de su órgano de gobierno ha permitido a los socialistas inocular con gran facilidad en la opinión pública la idea de que la culpa es de los populares por no llegar a un acuerdo con ellos.

Pero ni siguiera ese reproche es totalmente cierto, pues hace ya meses que el PP abandonó ominosamente en el cajón de sus promesas electorales el cambio en el sistema de elección de los miembros del CGPJ y de los altos tribunales y mostró su disposición a llegar a un nuevo apaño –como en tiempos de Aznar y Rajoy– con los socialistas. De hecho, la disposición de Casado de llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez en este asunto fue uno de los motivos que el presidente del PP dio a Cayetana Álvarez de Toledo para justificar sus destitución como portavoz parlamentaria del partido, pues ésta se mantenía firme en su reivindicación de que los miembros de los órganos judiciales sean elegidos por y entre los propios miembros de la carrera judicial.

Lo que ha frustrado, pues, el acuerdo entre el PSOE y el PP para que el Poder Legislativo nombrara, una vez más y por mayoría de 3/5 del Congreso y del Senado, a los nuevos vocales del CGPJ no ha sido sólo la vergonzosa designación de la exministra socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado, sino el insaciable sectarismo del PSOE, que quería incluir en el apaño a vocales de la cuerda de Podemos.

Llegados a este punto, lo que han hecho este martes socialistas y comunistas –registrar en el Congreso una proposición de ley orgánica para que la renovación del CGPJ requiera sólo una mayoría absoluta parlamentaria, no de 3/5– constituye un intento de golpe institucionalizado: si ya era lamentable que el Legislativo nombrara directamente a los 20 vocales del CGPJ por mayoría de 3/5, la referida rebaja significaría en la práctica que el Ejecutivo –el Gobierno y sus socios– pasará a nombrar directamente a la cúpula del Poder Judicial.

La vulneración del artículo 122 de la Constitución es tan clamorosa que socialistas y comunistas han eludido solicitar informes a órganos constitucionales como el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el propio CGPJ. De hecho, hay quienes aseguran que tamaña y descarada vulneración de la Carta Magna no es más que un farol para forzar al PP a que se avenga a un acuerdo. Sin embargo, y por mucho que el Tribunal Constitucional tumbe –como seguramente hará– esa ley, no hay ni que minusvalorar las pulsiones totalitarias del Ejecutivo social-comunista ni el daño que en el ínterin la norma podría causar a lo que queda de independencia judicial. Que el Legislativo designara por mayoría de tres quintos a los miembros de la cúpula judicial ya era una severa merma a la independencia del Poder Judicial, pero al presentaba cierto equilibrio y acuerdo entre Gobierno y oposición, lo que ahuyentaba el sectarismo. Que bastara simplemente la mitad más uno de los diputados y senadores para nombrar a la cúpula judicial significaría la total sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo, algo incompatible con un sistema democrático.

Hacen, pues, bien los partidos constitucionalistas –de entre los que definitivamente hay que excluir al PSOE– en denunciar este atropello contra el Estado de derecho tanto ante el TC como ante los órganos judiciales de la Unión Europea. Pero aún harían mejor en resaltar, un día sí y otro también, la importancia que tiene la separación de poderes y en alertar de que está en juego ni más ni menos que la continuidad de la democracia liberal en España.

Estado de alarma en el Poder Judicial
Guadalupe Sánchez. vozpopuli  14 Octubre 2020

Cuando escuchamos la palabra tirano, solemos evocar la imagen de un déspota que actúa sin sujeción a ley, guiado únicamente por la búsqueda del propio interés o beneficio. Pero existe una forma de tiranía más sutil y peligrosa sobre la que ya nos advirtió Montesquieu: la que se ejerce en nombre de la justicia y con apariencia de legalidad.

Retorcer el ordenamiento jurídico para actuar desde dentro contra el Estado de derecho es una manera igual de eficaz, o más, para propiciar un cambio de sistema. Al contrario de lo que ha acontecido en otros momentos históricos, en las revoluciones posmodernas las modificaciones legislativas abonan el camino al estadillo social, en lugar de ser una respuesta a éste. Las reformas se realizan aprovechando los puntos ciegos de la arquitectura judicial y legislativa y nunca bajo un eslogan tiránico, sino disfrazadas de democracia y bien común. Su justificación siempre radica en la necesidad de vencer a un enemigo, cuya peligrosidad se exacerba para crear en torno a ella un imaginario colectivo totalmente alejado de la realidad. El alemán Carl Schmitt encontró el resquicio con el que debilitar la estructura de las democracias liberales concebida siglos antes por el jurista y filósofo francés: el miedo.

En el actual panorama político español confluyen todos los ingredientes. Algunos insisten en no tomárselo en serio. Se niegan a reconocer la evidencia, como si la única prueba que permitiese alcanzar un veredicto sobre las intenciones del Gobierno de coalición fuese una confesión del presidente. Y ni con ésas: le acabarían buscando los tres pies al gato para justificarlo. No necesariamente con ánimo de seguidismo político, a veces simplemente guiados por la incredulidad y la voluntad de encontrar explicaciones alternativas a lo que es palmario.

Pero no existe explicación posible para la reforma del CGPJ que pretende el Gobierno más allá de la búsqueda de la inmunidad, tanto si se analiza la propuesta en cuanto al fondo como si se atiende al momento y al procedimiento escogido, es decir, la forma.

Un tiro de gracia
Respecto a la cuestión de fondo, no es ningún secreto que todos los gobiernos de nuestra joven democracia han ido dando pasos de gigante hacia la politización de la Justicia, si bien es cierto es que esta última propuesta del PSOE y Podemos podría considerarse como una suerte de 'tiro de gracia'.

Puede decirse que en la Constitución subyace la voluntad de dotar al gobierno de los jueces de una suerte de legitimación mixta en cuanto al origen de sus miembros: de conformidad con el artículo 122 de la Carta Magna, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por un periodo de cinco años. De éstos, doce se elegirán entre jueces y magistrados y ocho por las Cámaras entre abogados y juristas de reconocido prestigio: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, requiriéndose en ambos casos la mayoría de 3/5 de sus miembros. Del texto parece inferirse que los doce jueces y magistrados se elegirán a propuesta de sus compañeros de profesión, y así era hasta 1985. Ese año, el PSOE reformó la ley para que esa docena de miembros de la judicatura también fueran el fruto de una decisión política. Algo que convalidó el Tribunal Constitucional en 1986 bajo la premisa de que en la nueva redacción de la ley la elección respondería a un acuerdo alcanzado por mayoría cualificada y advirtiendo sobre el riesgo de que el que el CGPJ se acabara convirtiendo en un reflejo de la lucha parlamentaria. Notable ejercicio de clarividencia en una resolución que nos ha traído años después tan nefastos resultados.

Éste es el sistema que sigue vigente hoy. Cuando en periodo electoral los partidos les prometían despolitizar el Poder Judicial, se referían básicamente a esto. Pero la verdad es que ninguno de los gobiernos que ha manejado las riendas de nuestro país desde entonces ha cumplido con su promesa. Al contrario, algunos ahondaron en la politización, como hiciera el Partido Popular con la reforma de 2013.

Se preguntarán ustedes a qué viene tanto revuelo por esta nueva reforma anunciada por el Gobierno sanchista, cuando el Consejo ya está tan politizado. Quédense con esta idea: si la reforma de 1985 trajo como consecuencia la politización, con la que se prepara ahora se pretende el sometimiento de la justicia a los designios del Ejecutivo. Una nueva intromisión del PSOE en el Poder Judicial que persigue que, si no se consiguen los tres quintos necesarios para el nombramiento de los vocales, baste la mayoría absoluta del Congreso. En la práctica, esto supone que el Gobierno no tenga incentivo alguno para alcanzar un acuerdo con la oposición, pues un pacto siempre conlleva cesiones a la otra parte. Y si éstas se pueden evitar, mejor que mejor.

Consensos e imposiciones
Efectivamente, la intervención de la oposición en la designación de los vocales que integran el Consejo se ha diseñado como un mero trámite burocrático: o acepta la propuesta del ejecutivo para que ésta revista la forma de 'acuerdo', o la rechaza y el Gobierno la adopta por mayoría absoluta. Pero el resultado será exactamente el mismo. Así es como se consigue vaciar de contenido la exigencia de una mayoría cualificada y se transforman los consensos en imposiciones. Algo a lo que este ejecutivo le ha cogido el gustillo, visto su modus operandi en la Comunidad de Madrid.

En cuanto a las formas, he de reconocer que queda muy bien de cara a la galería sostener que la renovación de los miembros del gobierno de los jueces cada cinco años es una exigencia de la Carta Magna mientras se tacha al PP de ser un partido inconstitucional. Pero lo cierto es que la ley reguladora del mismo contempla una solución transitoria para esta situación: que no se produzca la renovación expirado el plazo. Dice el art. 570, apartado segundo: “Si ninguna de las dos Cámaras hubieren efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo Presidente del Consejo General del Poder Judicial”.

Pues el actual Consejo lleva en funciones desde 2018. Que en un contexto pandémico con la segunda ola del coronavirus a las puertas y un estado de alarma impuesto a Madrid, al Gobierno le hayan entrado unas prisas irrefrenables por la renovación de los vocales del Consejo hasta el punto de atreverse a meter mano en el sistema de elección, no es fruto de la casualidad. Sólo hay que echar un vistazo a la prensa de tribunales para hacerse una idea de por dónde van los tiros: los socios de Gobierno de Sánchez están en apuros. Y no lo digo sólo por Podemos y la posible imputación de su líder, que es un asunto judicializado. También por la necesidad de contentar con reformas legales a sus socios independentistas, cuyos líderes cumplen condena en prisión o han huido de la Justicia.

No debemos olvidar que la reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ es la crónica de una intervención en la Justicia anunciada: el primer aviso fue el nombramiento de una exministra socialista, Dolores Delgado, como Fiscal General. El segundo aviso, la reforma del delito de sedición para crear un tipo penal que permita poner a Junqueras en la calle. Ahora asistimos a la tercera plaga. Pero el apocalipsis no llegará hasta que reformen el sistema de acceso a la judicatura de jueces y fiscales para que el mérito que supone superar una oposición complicada sea complementado con la afinidad ideológica. Algo que ya contemplaba Podemos en su programa electoral de 2016.

Además, lo tramitarán como proposición y no como proyecto de ley, para evitar que con los dictámenes preceptivos del Consejo de Estado y del CGPJ la oposición tenga munición para cuestionar la legalidad de la medida, que se dará por sentada en los círculos mediáticos afines.

¿Qué se puede hacer contra esto? Pues una vez se apruebe la norma, recurrir ante el Tribunal Constitucional y esperar. Cuando resuelvan la cuestión dentro de varios años, a España no la va a reconocer ni su madre. Y no, no cabe la suspensión cautelar de la entrada en vigor. Es una prerrogativa que opera automáticamente cuando el Gobierno central recurre por inconstitucional una ley autonómica, pero que no tiene equivalente a la inversa.

Si los españoles no tuviéramos suficiente con preocuparnos por nuestra salud y nuestra economía como consecuencia del coronavirus ahora tenemos que hacerlo también por la independencia de nuestras instituciones. La pandemia no es sólo sanitaria, sino también política y jurídica. El virus del populismo puede ser mortal para el Estado de derecho y el Poder Judicial debe declararse en estado de alarma.

Denunciar en Europa
Emilio Campmany Libertad Digital 14 Octubre 2020

Finalmente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han echado el resto para lograr cuanto antes el control del Poder Judicial. Los nombramientos que para el Supremo hizo el actual Consejo en funciones y el revolcón que les ha dado el TSJMa a cuenta del confinamiento de la amotinada Madrid han sido las gotas que han colmado el vaso. No conformes con que Alfonso Guerra expidiera el certificado de defunción de Montesquieu, Sánchez e Iglesias quieren ahora profanar su tumba, algo en lo que ya tienen alguna experiencia.

Los términos de la reforma que se pretende son conocidos. Ahora la pregunta es qué va a hacer la oposición. El PP anuncia un recurso de inconstitucionalidad. Está muy bien, pero habrá que esperar a que se convierta en ley. Lo que sí podrían hacer mientras tanto PP, Vox y Ciudadanos es presentar conjuntamente otra proposición de reforma que devolviera a los jueces el derecho que un día tuvieron a votar los doce vocales que han de ser elegidos entre ellos y enfrentar esta solución, mucho más respetuosa con la división de poderes, al ultraje que pretenden PSOE y Podemos.

Pero donde es más importante que actúen de consuno los tres partidos es en Europa. Los tres pertenecen a grupos parlamentarios europeos diferentes y los tres podrían solicitar a través de éstos la intervención de la Comisión para impedir la agresión que al Estado de derecho y a los valores de la Unión Europea supone la propuesta. Recuérdese que en Polonia Bruselas logró frenar una reforma que tan sólo tenía por objeto rebajar la edad de jubilación de los jueces, aunque era patente que tenía por finalidad real permitir al Gobierno situar a jueces afines al frente de los más altos tribunales. Lo que está haciendo el de España es lo mismo con tan sólo dos diferencias: que se trata de un Gobierno de izquierdas y que el subterfugio empleado es mucho más grosero que el que ideó el Ejecutivo polaco.

Es verdad que un reciente informe de la Comisión se quejaba del bloqueo que padecía la renovación del Consejo en España. Pero el PP podría explicar, ya que no lo ha hecho todavía, que quien en realidad bloquea el acuerdo es el PSOE al pretender que el PP acepte vocales comunistas y separatistas en el órgano de gobierno del Poder Judicial. Y no sobra recordar que ese mismo informe se quejó de lo excesivamente próxima al Gobierno que era la recién nombrada fiscal general del Estado, y Sánchez no ha hecho el más mínimo amago de sustituirla.

Europa es inflexible con esta clase de comportamientos cuando quienes los protagonizan son los Gobiernos de derechas de Polonia y Hungría. Ahora tiene la oportunidad, si nuestra oposición se la da, de demostrar su ecuanimidad tratando con la misma dureza idénticas conductas cuando quien incurre en ellas es un Gobierno de izquierdas. Ursula von der Leyen y Manfred Weber ya se han percatado de la catadura de nuestros socialistas viendo cómo Borrell aprovecha su cargo de alto representante de la política exterior de la Unión para, en contra de los valores europeos, amparar la dictadura de Maduro. No les sorprenderá que, aliados con los comunistas, intenten también acabar con la separación de poderes aquí.

Que sigan profanando el cadáver de Montesquieu
José García Domínguez Libertad Digital 14 Octubre 2020

Parece, tiene toda la pinta, el primer párrafo de una carta a los Reyes Magos, pero es un extracto del programa electoral, en concreto de su página 177, con que el Partido Popular logró la mayoría absoluta de los escaños en el Congreso de los Diputados tras la espantada última de Zapatero. Por lo demás, rezaba tal que así:

Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por los jueces y magistrados de todas las categorías.

Naturalmente, una vez ganadas las elecciones, el Partido Popular se apresuró desde el Ejecutivo a hacer todo lo contrario. Y de ahí la pervivencia actual del sistema de subasta de pescado podrido por el que se rige la composición del órgano de gobierno del muy imaginario tercer poder del Estado. No habría habido que pactar nada a fin de restaurar el genuino espíritu de los constituyentes en materia de togas y puñetas, porque nada se podría haber opuesto en el Hemiciclo a aquella irrepetible mayoría aplastante que Rajoy supo desperdiciar con lánguida indolencia digna de mejor causa. Pero tampoco así, ni siquiera así, nada se hizo.

No hacer nada, la gran especialidad de la cocina galaica de don Mariano. De aquellos polvos paniaguados, estos lodos últimos tan inquietantes. Porque estoy seguro de que Santiago Abascal se horrorizaría exactamente igual que yo ante la idea, tan demencial, de que la Comisión Ejecutiva de Vox estuviese en condiciones de nombrar jueces y magistrados de su cuerda para ocupar puestos decisivos en los más altos tribunales de la nación. Pero ocurre que justo eso, exactamente eso, es lo que se dispone a facilitar, y por la vía de urgencia, la coalición llamada “progresista”. ¿O acaso cree en serio el vicepresidente Iglesias que la derecha no volverá a mandar nunca más en España, por los siglos de los siglos? El Gobierno semeja decidido a designar, ya sin disimulos cosméticos, al CGPJ. Bien, pues prepárese el vicepresidente Iglesias, que es hombre joven, para ver algún día al señor Ortega Smith, que tampoco es viejo, nombrándole al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Que sigan profanando el cadáver de Montesquieu.

Asalto a la justicia, asalto a la democracia
ESdiario 14 Octubre 2020

El Gobierno busca un atajo lamentable para imponer el fin de la separación de poderes y someterlos todos al arbitrio de una coalición de intereses incompatibles con el Estado de Derecho.

PSOE y Podemos culminaron el martes su amenaza de asaltar el Poder Judicial con una proposición de ley que intenta sortear todos los controles legales establecidos por la propia Constitución e imponer un Consejo General del Poder Judicial adaptado a sus necesidades y sumiso.

El procedimiento elegido resume las intenciones, al optar por la figura del proyecto de ley, presentado por dos grupos parlamentarios, para esquivar los informes del propio CGPJ, del Consejo de Fiscales y del Consejo de Estado.

Que se hurte la participación de la propia Justicia confirma el escandaloso objetivo: acabar con la separación de poderes, fundamental en el Estado de Derecho, y convertir el Poder Judicial en una extensión del Ejecutivo y del Legislativo, ya copados por una coalición inestable para construir pero muy cohesionada para destruir.

Una vez asaltadas la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, con el bochornoso nombramiento de una ministra de Sánchez; la última etapa de ese proceso de sometimiento judicial para transformarla en una parte más del Gobierno era este fraude democrático de consecuencias terribles e inaceptables.

El asalto a la Justicia no solo la degrada a ella, sino que amenaza directamente a la esencia de la democracia

Y para lograrlo se intenta evitar que sean necesarios tres quintos del Congreso, una mayoría cualificada prevista la Constitución para garantizar que, en los asuntos vitales del Estado, sea imposible una injerencia política exitosa.

Lo más grave desde el 78
No está en juego el mero nombramiento de jueces y magistrados, sino la esencia de una democracia que, cuando carece de separación de poderes, simplemente se devalúa hasta desaparecer. La intentona del Gobierno, con una trampa infumable que ha desatado la protesta incluso de la Asociación Europea de Jueces, ha de ser frenada si se cree en el Estado de Derecho.

A la emergencia sanitaria, la crisis económica, la desestabilización de la Corona y el desafío territorial se le añade ahora, por decisión del Gobierno más irresponsable de Europa, el ataque más grave y degradante que ha sufrido la democracia española desde la Transición, destinado a instaurar por la vía de los hechos consumados un Régimen de monocultivo ideológico sin contrapesos ni disidencias, más pobre en todos los sentidos y menos crítica.

La reforma chavista e inconstitucional del órgano de los jueces que prepara el Gobierno de España
LEYES HABILITANTES BOLIVARIANAS
Redacción gaceta.es 14 Octubre 2020

La ley habilitante para modificar la actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España anunciada por los partidos PSOE y Podemos es inconstitucional y sortea principios democráticos básicos, según han denunciado el seno del órgano de gobierno de los jueces y la mayoría de las asociaciones.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es mayoritaria, ha mostrado su oposición frontal asegurando que es una modificación “abiertamente inconstitucional” porque infringe el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en la Cámara. Y ha advertido de que generará una reacción por parte de organismos europeos.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha señalado que es un “despropósito”.

El partido VOX recurrirá ante la Justicia
El partido VOX ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional de España la reforma del modo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han registrado en el Congreso los partidos de izquierda del Gobierno.

La formación liderada por Santiago Abascal ha señalado que el Ejecutivo quiere convertir el país en “una tiranía y una dictadura” en la que poder controlar el poder judicial desde el legislativo. “Es un ataque directo del Gobierno a las instituciones y a la democracia”, ha dicho el portavoz de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, al tiempo que ha recordado las “amenazas e insultos” recibidas por el juez Manuel García Castellón desde que pidió al Tribunal Supremo la investigación del chavista de Podemos, Pablo Iglesias.

“Frente a su totalitarismo, resistencia”, ha proclamado en Twitter la secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona.

Asalto fraudulento a la Justicia
Editorial ABC 14 Octubre 2020

Sánchez ha decidido romper los consensos constitucionales, asestar un golpe al poder judicial y someter a los Tribunales con una maniobra política con visos de ilegalidad

El PSOE y Podemos perpetraron ayer la primera fase de un asalto fraudulento al Poder Judicial como jamás se había producido en cuatro décadas de democracia. Y lo hicieron con una maquinación parlamentaria diseñada para eludir los más básicos controles del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Recurrir, como ha hecho Sánchez, a la añagaza de que sean los dos partidos de Gobierno, y no el Ejecutivo, quienes registren una proposición de ley para una tramitación exprés que les permita nombrar a dedo a doce de los veinte vocales del poder judicial, marginando para ello expresamente al PP, no solo contraviene la previsión constitucional de que sean tres quintas partes del Congreso quienes los designen, sino que demuestra la falta de arrojo de Sánchez al no dar la cara y refugiarse en un trampa parlamentaria. Se trata de otra maniobra made in Moncloa para avanzar en lo que el ministro de Justicia tildó de «crisis constituyente». Ahora es cuando se percibe que aquello no fue un lapsus, sino una estrategia deliberada para hacer claudicar al poder judicial frente al Gobierno.

Sánchez, Pablo Iglesias y el separatismo se disponen a cometer un abuso antidemocrático a plena luz del día. Es un golpe en la nuca de nuestra justicia para controlar a capricho a los tribunales, pero sobre todo es la prostitución ideológica de un sistema que el constituyente previó para que nadie, ningún partido con ínfulas de intervencionismo, se adueñara de los jueces con el fin de burlar su independencia y someterlos sin margen alguno de libertad. Si prosperase esta desfachatez jurídica, a Sánchez y sus aliados les valdrán 176 votos para renovar el órgano de gobierno de los jueces, y no los 210 que necesariamente debería reunir. De un plumazo, eliminarían al PP y a medio Parlamento de la ecuación, asumirían el control absoluto de una operación de derribo en la judicatura, y sentarían las bases de un régimen de tintes bolivarianos para nuestras togas, con el añadido nada casual de que Pablo Iglesias está a un paso de su imputación penal en el Tribunal Supremo. Es la anatomía de un desmontaje, piedra a piedra, de nuestra democracia que comprometerá seriamente la credibilidad de nuestro Parlamento en Europa, de modo idéntico a como lo hizo el de Polonia al diseñar una operación mimética a la de Sánchez.

La arbitrariedad del Gobierno va mucho más allá que su manotazo al tablero de juego. Es un ademán de impronta totalitaria llamado a romper definitivamente los acuerdos de Estado que tanto necesita España entre sus dos principales partidos. Aquí no se puede reformar la Constitución por la vía de los hechos consumados o con una ley orgánica. Es un fraude invasivo. Además resulta poco creíble el relato ideado por el Gobierno, presentándose como rehén de un sistema bloqueado por la oposición. Sánchez oculta la verdad. Por dos veces en dos años accedió el PP a pactar, y por dos veces el PSOE contribuyó a frustrar la renovación del CGPJ. La última, este verano al negarse a condenar los ataques de Iglesias a los jueces. La victimización de Sánchez está repleta de falsedades. Igual que en Madrid decretó el estado de alarma porque los jueces le hicieron sonrojar, ahora pretende imponer en el Congreso una mayoría inventada para designar jueces a conveniencia de parte. Eso es propio de regímenes como Venezuela, donde la izquierda chavista sabía de antemano que fulminar la separación de poderes e iniciar una purga en la judicatura eran sinónimo de perpetuarse en el poder. Los síntomas en España empiezan a ser tan preocupantes como los paralelismos.

Pero es que además el Gobierno miente. Cuando hace dos semanas procedió a cubrir las vacantes de hasta seis plazas claves del Tribunal Supremo, lo hizo con amplísimas mayorías propiciadas y apoyadas expresamente por vocales propuestos por el PSOE. De igual modo, Sánchez olvida que algún mandato socialista al frente del CGPJ se prolongó durante casi dos años. Pero, sobre todo, el PSOE obvia cómo en 2008 aprobó junto a IU y a CiU la llamada «enmienda Casas» para prorrogar automáticamente y sine die el mandato de la entonces presidenta del TC, María Emilia Casas, en plena deliberación sobre el Estatuto de Cataluña. Por cierto, Casas se mantuvo como presidenta siete años -le correspondían tres-, y doce como magistrada frente a los nueve «oficiales». Y era legítimo. Poco ejemplo es el PSOE para denunciar vetos cuando ha sido el primer bloqueador de cargos en nuestra democracia. Tanto el PP como Vox anunciaron ayer que recurrirán al TC este golpe ilegítimo a nuestro sistema de leyes. Impugnarlo no es una cuestión de discrepancia jurídica, sino una obligación moral en defensa de la separación de poderes para evitar un asalto imperdonable a nuestra democracia.

Golpe a la división de poderes
Sánchez quiere dominar el Poder Judicial: el atajo legal.
Redacción https://rebelionenlagranja.com 14 Octubre 2020

En un paso más hacia la ya acusada politización de los Justicia, el PSOE y Podemos han registrado hoy en el Congreso de los Diputados un proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, rompiendo los consensos constitucionales y parlamentarios establecidos desde 1986 y apartando de la designación a la oposición.

Es la primera vez que un órgano de la relevancia constitucional de Consejo General del Poder Judicial se quiere renovar por esa vía y en esos términos. Es una paso más en el proceso de “desinstitucionalizacion” del estado y del régimen constitucional de 1978, articulado sobre la división de poderes y la elección de un CGPJ independiente. Es también la primera vez desde 1978 que un gobierno pretende saltarse todos los controles previstos por el ordenamiento jurídico para configurar un Poder Judicial a su medida política.

La reforma podría ser, en consecuencia, inconstitucional y quebrantaría, según expertos juristas consultados, la ya maltrecha división de poderes en España.

El Gobierno no utiliza el instrumento del proyecto de ley sino que acude a los dos grupos parlamentarios del bloque gubernamental para que inicien el proceso de reforma. La razón: evitar que los órganos consultivos llamados a pronunciarse en una reforma de este calado, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, emitan su dictamen, salvando así el varapalo jurídico que temen del órgano de gobierno de los jueces y del propio Consejo de Estado. Incluso la división existente en el seno del Gobierno (Margarita Robles, Ministra de Defensa, encabezaría el sector que apunta a la inconstitucionalidad de la reforma) ha llevado a Pedro Sánchez a presentar la reforma como una iniciativa de los grupos parlamentarios gubernamentales, en forma de proposición de ley. Las proposiciones de ley, a diferencia de los proyectos de ley, no requieren del informe preceptivo ni del Consejo de Estado ni del Consejo Fiscal ni del Consejo General del Poder Judicial. Con ese truco legal, que algunos tachan ya de fraude de ley, se pretende evitar la crítica institucional a la reforma y acelerar los plazos.

La proposición no de ley del bloque gubernamental pretende que los vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial puedan ser elegidos con una mayoría absoluta en lugar de con los 3/5 del Congreso y el Senado que ahora exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto sería posible, según la reforma pretendida, en una segunda votación en caso de que la primera no alcanzara el consenso requerido.

Según el proyectado 572 de la nueva Ley orgánica del Poder Judicial: «Cada una de las Cámaras elegirá, en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial de entre aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el presente título».

«Si en la primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis Vocales del turno judicial por mayoría absoluta».

Es decir, si el bloque gubernamental no logra la designación por consenso, se garantiza lograrla por imposición, lo cual politiza todavía más la vinculación del órgano de gobierno de los jueces y su sumisión al poder de los partidos políticos.

El control del Consejo General del Poder Judicial es prioritario para Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. El órgano de gobierno de los jueces realiza los nombramientos y los ascensos judiciales y tramita los expedientes sancionadores.

Controlando el CGPJ, se controla la composición de los órganos judiciales más importantes del estado, es decir, aquellos que, como el Tribunal Supremo, juzgan a los políticos aforados, como Pablo Iglesias.

La reforma también contempla la limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial una vez éste haya cumplido su mandato por cinco años.

Los jueces, la isla que Sánchez quiere tomar
En su estrategia para coserse al poder, los daños generados al andamiaje institucional son cuestiones menores para el presidente
Antonio Martín Beaumont larazon 14 Octubre 2020

Lanzado a amansar al poder judicial para someterlo a sus intereses, Pedro Sánchez ha mostrado su determinación de reformar la ley, tanto para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial con mandato vencido, como para renovarlo. Quiere cambiar la mayoría actualmente necesaria, de tres quintos en Congreso y Senado, por una mayoría absoluta más que posible con los votos de PSOE y Unidas Podemos y sus socios habituales. Otro peldaño más en la escala del sanchismo para poner las instituciones del Estado al servicio particular del líder. Porque, de lograrlo, a nadie le quepa la menor duda de que la sala de mando de los jueces será otra correa de transmisión de cuanto al presidente del Gobierno le convenga.

La urgencia con la que pretende abordar estas modificaciones, de hondo calado, le ha llevado a «usar» al Grupo Socialista y al de Unidas Podemos para, vía proposición de ley, acortar los trámites parlamentarios. En dos meses podría tenerlo listo. Una evidencia más del bajo nivel de sus reparos a remover cualquier cosa que le estorbe. Las formas y el fondo parecen importarle poco a Sánchez. El presidente va de sobrado, pero este salto –ya veremos si al vacío– ha provocado un terremoto en muchos ambientes, incluidos los judiciales, donde todavía hay gente que piensa que no vale todo y que sigue considerando inaceptable que un Gobierno sea una pura síntesis de incertidumbre, desconcierto y desasosiego. La estratagema, reclamada por un Pablo Iglesias en muy serios aprietos ante los tribunales, más todavía después de que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, haya solicitado al Tribunal Supremo que se le investigue por el «caso Dina», está clara: rematar a Montesquieu. Enterrarlo de nuevo.

Que a Pedro Sánchez la separación de poderes le sonaba a rechifla ya era sabido desde que, sin pudor alguno, se jactó públicamente de controlar la Fiscalía. Luego, lo terminó de certificar situando a su frente a Dolores Delgado, hasta entonces ministra de Justicia y diputada del PSOE. Pues bien, ahora pretende extender su capacidad de control a los jueces, garantes en último término, como uno de los pilares de la democracia, de que la ley ampara y somete a todos por igual. Se apellide Urdangarín o Iglesias.

La idea de modificar las normas de renovación del CGPJ suscitó semanas atrás serias dudas entre los ministros del Gobierno. Entre ellos, el propio Juan Carlos Campo (Justicia), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior). Los tres, por cierto, jueces de carrera. Sus reparos ante la intención de «violentar la legalidad a las bravas» no han hecho mella, sin embargo, en el líder socialista. Incluso Grande-Marlaska es señalado ya entre los fontaneros de La Moncloa como «en horas bajas». Pero, por más que se empiecen a acumular las opiniones negativas, Sánchez, erre que erre, ha dado la orden a Carmen Calvo de maniobrar para sacarle adelante lo que para una buena mayoría representa «una nueva tropelía partidista».

El presidente demuestra no tener escrúpulos a la hora de sortear los obstáculos que se le presenten por delante. Nada nuevo bajo el sol, por cierto. Además, lo hace sin esconderse. A cara descubierta. Tal es su seguridad en sí mismo. Tanto desparpajo, que incluso se confeccionan argumentarios para abroncar al PP alegando que no respeta la Constitución por bloquear la renovación de órganos constitucionales.

Lo he dicho en alguna otra ocasión: lo único importante para Sánchez es Sánchez. En su estrategia para coserse al poder, los daños generados al andamiaje institucional son cuestiones menores para el mandamás del PSOE. El presidente del Gobierno ha dicho a los suyos que quiere llegar a la próxima Semana Santa con la Legislatura allanada, y cualquier medio les vale para alcanzar el fin. En eso trabajan conjuntamente las maquinarias de La Moncloa y de Ferraz.

Sánchez, tics autoritarios
Su plan legislativo para retorcer la Constitución y controlar a los jueces es inaceptable
Luis Ventoso ABC 14 Octubre 2020

Dos datos que retratan a las claras el remolino donde zozobra España. 1. -El FMI anuncia que seremos el país desarrollado que más riqueza perderá este año por la pandemia, una caída del PIB del 12,8%, que no tiene parangón. Traducción: la gestión económica del Gobierno que preside Sánchez ha sido calamitosa. 2.- España, incluso rebajando su Gobierno las cifras reales de mortandad, es el cuarto país del mundo con mayor número de fallecidos por coronavirus por cien mil habitantes; solo Perú, Brasil y Ecuador presentan peor balance según la Johns Hopkins, centro de referencia. Traducción: la gestión de la lucha contra la epidemia del Gobierno de Sánchez ha sido también calamitosa (y sigue siéndolo, una sucesión de enredos y fijaciones doctrinarias bajo la que se camufla un festival de improvisación e incompetencia).

Pues bien, mientras España sufre un doble mandoble económico y sanitario, su Gobierno no tiene prioridad mayor que enfilar la senda autoritaria con una insólita reforma legal del sistema de elección de los representantes de los jueces, que vulnera el espíritu de la Constitución. ¿Una anécdota? ¿Una ligereza más del sanchismo en su compresión laxa de lo que son los pilares de nuestro modelo de convivencia? No, muchísimo más grave. Un intento osado y sin complejos de atar en corto al poder judicial, de cortarle las alas a la justicia independiente, sin cuyo oxígeno no puede hablarse en puridad de democracia. Un disparate de aromas bolivarianos, que si se culmina puede provocar una seria amonestación de Bruselas a España y hasta poner en cuarentena unas ayudas europeas que necesitamos como el comer para salir de la sima.

«Primero vinieron» es un conocidísimo poema que se suele atribuir erróneamente a Bertolt Brecht y que denuncia la indiferencia suicida con que se tolera a veces la crecida del totalitarismo. En realidad lo escribió un pastor luterano contrario a Hitler, Martin Niemöller, que quiso denunciar la mansedumbre de la intelectualidad alemana ante la crecida de los nazis. Salvando las enormes distancias, cabría parafrasear el poema ante lo que está ocurriendo en España. Primero llegaron al Gobierno de España apoyándose en partidos que tienen como fin destruirla, pero yo no dije nada. Luego se apropiaron partidariamente de las instituciones de todos los españoles (la Fiscalía General del Estado, RTVE, el CIS...), pero yo no dije nada. Más tarde fueron contra la Constitución, con un socio de Gobierno, el PSOE, sosteniendo que está obsoleta y debe reformarse para crear una «nación de naciones», y otro que postula directamente derogarla e instaurar una república, pero yo no dije nada. Después Sánchez nos mintió en sus promesas electorales, pero yo no dije nada. Ninguneó al jefe del Estado, pero yo no dije nada. Amenazaron a los medios contrarios al «progresismo» obligatorio, acusaron de «golpistas» a los partidos que no piensan como ellos, ordenaron a la guardia civil vigilar los mensajes telefónicos críticos con el Gobierno, pero yo no dije nada. Ahora van a por la justicia independiente, uno de los últimos diques que obstaculizan su avance hacia un gobierno perpetuo de la izquierda. ¿Tampoco vamos a decir nada?

Iglesias y los separatistas elegirán el CGPJ
Pedro Sánchez pondrá en el disparadero de la sospecha a los magistrados que nomine
Editorial larazon 14 Octubre 2020

De consumarse la tropelía, cabe suponer que los nuevos magistrados y juristas de reconocido prestigio que se integren en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quedarán marcados por el palmario partidismo de su elección. Es, sin duda, la consecuencia más dañina de la trágala que pretende el Gobierno, puesto que pondrá inevitablemente en el disparadero de la sospecha a profesionales de larga trayectoria y supuesta rectitud de ejercicio. No son los jueces, por supuesto, espíritus puros, inmunes a la servidumbre de la propia ideología, pero, cuando menos, el actual sistema de elección del CGPJ, al exigir una mayoría parlamentaria cualificada, permitía soslayar los perfiles de los candidatos más significados para la opinión pública. En definitiva, flaco favor se le hará a la Justicia si prende en el ánimo social la especie de un órgano de gobierno de los jueces marcado por la afinidad partidista.

Nada de esto hace mella en un Ejecutivo como el que preside Pedro Sánchez, condicionado directamente por un partido de la ultraizquierda populista, cuyo concepto de la independencia judicial bebe de las fuentes del socialismo bolivariano de Nicolás Maduro, y cuya estabilidad depende de unas formaciones nacionalistas que ven en la Justicia el obstáculo mayor para alcanzar sus fines o, cuando menos, garantizarse la impunidad tras sus fracasos. Si esa mayoría, la de la moción de censura, va a ser determinante en la próxima elección de los miembros del CGPJ y, por ende, en los nombramientos de los más altos tribunales que nadie se llame a engaño sobre el golpe de mano que se cierne desde la izquierda y el separatismo sobre el Poder Judicial. Porque asistiremos al clásico festival de hipócritas protestas de neutralidad por parte de los medios gubernamentales, los mismos que justifican en un supuesto bloqueo del PP, que, en todo caso, sería biunívoco, la toma de un atajo legislativo, el de la proposición de Ley, que no sólo evita al Gobierno el incómodo turno de consultas con el Consejo de Estado, el propio CGPJ y el Consejo Fiscal, sino que acelera notablemente los tiempos de tramitación parlamentaria.

Unas prisas que, de cara a buena parte de la opinión pública, no es posible desvincular de los problemas judiciales que acosan a Unidas Podemos y, en especial, a su máximo dirigente, Pablo Iglesias, que ya han tenido que ser reprendidos en tres ocasiones por injerencias graves en la actuación de los tribunales. Por último, pero no menos importante, nos hallamos ante un flagrante desprecio al espíritu que animaba a los padres de la Constitución que en absoluto pretendían la sumisión del CGPJ a una mayoría partidaria, que nuestro sistema electoral convierte en gubernamental.

Bienvenidos a La Gaceta de la Iberosfera
BIENVENIDOS A LA BATALLA DIARIA POR LA VERDAD Y LA LIBERTAD
Hermann Tertsch https://gaceta.es/  14 Octubre 2020

Querido lector, acaba de entrar en la lectura de una oferta para una maravillosa aventura. Es una auténtica ganga. Una maravillosa aventura intelectual, política, cultural y ciudadana, a disfrutar en grandiosa compañía potencial de 700 millones de hispanoparlantes y todo a cambio de nada, salvo su interés por la vida y el mundo y su amor a la verdad y la libertad.

La Gaceta de la Iberosfera nace como un diario digital iberoamericano en abierto con una única pero colosal vocación, que es lanzarse -con incuestionable afán de ganar- a la gran batalla que va a determinar ni más ni menos que el destino del mundo. Si vamos a poder vivir en el futuro en sociedades libres o nos vamos a hundir en un mundo totalitario. En este planeta que se hace cada vez más pequeño y con una población mundial cada vez más confundida, manipulada y trastornada por los efectos de un desarrollo caótico y vertiginoso emergen peligros que jamás se habían planteado de forma realista como la liquidación de todas las particularidades en la deriva imparable hacia un orden mundial totalizador y totalitario.

En esta batalla se decidirá si la civilización occidental retoma su milagrosa gesta milenaria de la construcción, siempre frágil, imperfecta y sobresaltada de una sociedad cada vez más justa y compasiva, segura y respetuosa para personas libres y únicas, sagradas en su identidad irrepetible e insustituible, responsables, cultas y sanas. O si estamos realmente abocados a la deriva deshumanizada colectivista totalitaria que acaba en un mundo ya irreversible sin diferencias nacionales ni culturales, sin religión ni tradición ni pasado. En el que los seres humanos, individuos intercambiables entre sí en los cinco continentes vivan, sientan y piensen igual sobre todo. En el que toda discrepancia, voluntad diferenciadora, individualidad, identidad o idea de trascendencia o hecho religioso, sea combatido, criminalizado y erradicado.

Que la distopia no es solo literatura lo sabemos bien del siglo XX. El nazismo y el comunismo, las dos “ideologías redentoras”, que venían a expulsar y sustituir a Dios, colectivistas y socialistas ambas, sacrificaron a decenas de millones en sus hornos, sus campos y sus fosas. Una de estas ideologías feneció justamente bajo las ruinas del Tercer Reich. Pero la otra sobrevive y se ha transformado tanto hacia una labor “integrada” y gradual que avanza sin que las mayorías lo perciban. Y así, muchas sociedades caminan engañadas, pero de forma voluntaria, en total mansedumbre, hacia lo que aborrecen, hacia la desgracia.

Por falta de información. Porque el dominio del espacio mediático y cultural ha sido, con la toma de la autoridad en la política educativa, le ha dado a los totalitarios de la izquierda una ventaja decisiva en la lucha política en este medio siglo. Con razón han sido el principal objetivo y campo de trabajo de la incansable labor del activismo izquierdista. Mientras las fuerzas conservadoras indolentes, le cedían todo el terreno en estos espacios públicos. Por ceguera, desidia, egoísmo o codicia. Con el adoctrinamiento en colegios y universidades y la agitación y propaganda en los medios, el comunista italiano Antonio Gramsci había dejado establecida la forma de la toma de control de la sociedad sin asalto revolucionario. En gran parte de las democracias en Europa y América ese trabajo lo tienen prácticamente consumado.

Hay elecciones en todas las democracias más o menos reales pero en muchas no hay diferencia real entre las opciones. Y los ciudadanos votan partidos que prometen lo contrario de lo que después hacen. Y hacen por lo general lo mismo. Mayorías en Europa como en América votan opciones que les prometen seguridad y bienestar y apego a lo propio e incluso respeto y defensa de la nación. Pero en aras de un consenso político marcado por el desequilibrio que determina la imposición de la agenda progresista y relativista, la transformación de la realidad que la política genera siempre va en una dirección. A la izquierda.

La política en todas las democracias liberales se ha inclinado invariablemente en estos pasados 50 años, gobernara la izquierda socialista, el centrismo liberal o el centroderecha, hacia el crecimiento del estado y el colectivismo, hacia el desmantelamiento del núcleo tradicional de convivencia que es la familia, a la hostilidad al cristianismo y la relativización del carácter único -sagrado- de la persona que hace disponer de la vida humana, en principio en casos extremos como aborto o eutanasia, sin otra consideración que la utilitaria.

Las democracias del consenso han hecho política socialdemócrata, más o menos izquierdistas desde 1968 -el terremoto cultural de París y Mexico- año en el que puede situarse la quiebra de las defensas del conservadurismo en Europa como Iberoamérica. Fue un gran éxito de las fuerzas comunistas que blanquearon en plena la Guerra Fría su pasado reciente y presente de genocidios, matanzas, Gulags, complicidad con el nazismo en el comienzo de la guerra en 1939 y secuestro de Europa Central y oriental. Y lograron imponer el relato del parentesco y complicidad de las fuerzas conservadores con nazismo y fascismo derrotados. Cuando ambas eran fuerzas netamente colectivistas y se entendían con variantes socialistas. Y lanzaron con impresionante éxito la épica revolucionaria y guerrillera por toda Iberoamérica tras la consolidación de la toma comunista de Cuba.

De 1968 hasta hoy, medio siglo ha transformado profundamente las democracias occidentales. Las ideas no han competido, unas han devorado sistemáticamente a otras, porque estas últimas no tenían defensores con coraje, voluntad y firmeza. El Concilio Vaticano II fue una de las batallas capitales ganadas por un progresismo que acabaría medio siglo después tomando al asalto la Iglesia Católica. Ya no en una cuestión de avanzadillas radicales de teología de liberación en seminarios en Hispanoamérica sino en el corazón mismo del Vaticano.

Todo se movió en una dirección. Hoy, las ideas de la CDU de Konrad Adenauer serían tachadas de ultraderechistas por la CDU de Angela Merkel. Políticos como De Gaulle o Churchill son equiparados a Hitler o Mussolini por jóvenes que llevan camisetas del asesino Che Guevara o del tirano Fidel Castro. Y estos no son los jóvenes trabajadores, son estudiantes y licenciados de universidades públicas o privadas, académicos y empleados de las grandes compañías de nuevas tecnologías en EEUU o México, en Inglaterra como en Argentina, en Alemania como en Colombia o Perú o España. Todos adoctrinados por el mensaje marxista de la Escuela de Frankfurt, de aquellos profesores alemanes que hicieron su siembra en su exilio norteamericano durante el nazismo. Volvieron a Europa y concluyeron su labor los Marcuse y Adorno y tantos más y el más joven Jürgen Habermas, aun vivo. Han marcado de forma brutal el desarrollo del pensamiento y la práctica política.

La trampa inmensa que lleva el mensaje relativista de que el hombre es una mera vasija vacía sin alma ni identidad alguna más que su composición química de la que se puede obtener cualquier resultado según los “ingredientes” ha triunfado a lo largo de este medio siglo con inmensas consecuencias. Y ha avanzado en la deshumanización en las sociedades democráticas del consenso mucho más que en los países que sufrieron la forma más primitiva del comunismo soviético de imponer la igualdad a los seres humanos. Ahora se han acelerado los tiempos y buscan grandes avances en el proyecto globalista que acaba con los derechos de la ciudadanía cuya defensa radica en la nación.

En América las fuerzas totalitarias están en gran parte muy organizadas porque tienen una larga experiencia de sinergias siempre coordinadas desde ese foco del mal, del crimen, la desinformación y el odio que es el régimen comunista de la isla de Cuba. El Foro de Sao Paulo creado en Brasil en 1990 cuando la disolución de la Unión Soviética deja sin red al movimiento comunista internacional se convirtió gracias al dinero del petróleo de Venezuela bajo Hugo Chávez en una inmensa maquinaria de compra de voluntades que cambio el continente. En poco más de tres lustros eran más de una docena los países integrados en el siniestro proyecto del “Socialismo del siglo XXI”. Tras graves reveses, ruinas, matanzas e inmenso dolor por todo el continente, hoy vuelven a la carga e intentan desestabilizar a democracias que se zafaron de sus dictaduras como Bolivia, Ecuador o Chile, desestabilizan Colombia, torturan Nicaragua y ejercen desde Venezuela y Cuba con aliados externos como la criminal teocracia islamista de Irán, una acción criminal en todo el globo. Incluso en EEUU es ya abierto el desafío socialista al modelo norteamericano y a la Constitución ejemplo de texto para la libertad.

El Grupo de Puebla o como se quieran llamar en cada momento son ellos, los carteles del narcotráfico y los comunistas de siempre, los blanqueadores del dinero y los políticos corruptos de las falsas oposiciones y poderes oscuros de las referidas dictaduras. Y los correveidiles y comunistas y socialistas ladrones españoles de dineros de pueblos americanos.

En La Gaceta de la Iberosfera queremos movilizar a las naciones de este inmenso espacio de lengua, historia, cultura y valores comunes para organizar una defensa común de la vida que merece vivirse.

En Europa se perciben las peligrosas tentaciones de un despotismo de la burocracia y las grandes corporaciones. Como si buscaran atajos para un modelo de ciudadanía sin derechos políticos y un pacto total entre el poder político y el poder económico que se parece más a la China comunista que a la Europa de las naciones y las libertades. Con grandes dosis de ideología igualitarista, ecológico-climática, feminista, abortista, de lobbies LGTB y multiculturalismo quieren imponer una homogeneización que conduce a medio plazo la liquidación de libertad de expresión, pensamiento y cátedra, nación, familia, tradición y religión.

La Gaceta de la Iberosfera nace de la voluntad de cambiar el rumbo que lleva a la civilización occidental a su disolución y hacia un mundo en el que no queremos vivir. Para ello queremos movilizar a las naciones de este inmenso espacio de lengua, historia, cultura y valores comunes para organizar una defensa común de la vida que merece vivirse. Y lo fundamental para poder actuar en defensa de nuestra libertad, nuestros valores y nuestra democracia es que las sociedades de la Iberoesfera estén informadas de todo lo que la inmensa mayoría de los medios y poderes de los Estados nos ocultan porque son parte de este consenso. Nosotros estamos frente al consenso, somos Disenso. Por la libertad y la verdad queremos tener listos para esta batalla de las ideas y contra la ideología totalitaria de socialismo y comunismo. Bienvenidos a La Gaceta de la Iberosfera. Les recibo en esta maravillosa aventura de la defensa de la libertad con una cita de un paisano de todos nosotros, Miguel de Cervantes, que hizo decir a Don Quijote estas célebres palabras sobre ese bien que salimos a defender:

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertadI así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.
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Hermann Tertsch es periodista, europarlamentario y presidente del Consejo Editorial de La Gaceta de la Iberosfera

Cinco razones por las que Sánchez debe levantar el estado de alarma en Madrid
Daniel Rodríguez Asensio Libertad Digital 14 Octubre 2020

La Comunidad de Madrid es la primera región de España. Supone casi el 20% del PIB, y ha generado 1 de cada 4 puestos de trabajo y 1 de cada 5 empresas en 2019. No habrá recuperación económica en España si Madrid no se reactiva.

El pasado viernes el gobierno de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma en Madrid. Tras una colección de amenazas sobre la capital y un sinfín de cambios de criterio para llegar al mismo resultado, el gobierno de España tuvo que tirar de autoritarismo ante su falta de autoridad.

Parece que al Presidente del Ejecutivo no le parece suficiente con ser el país que mayor impacto económico va a tener que superar, ni el de la recuperación más débil, ni el que ya está dando muestras de vuelta a la situación de recesión. Su guerra política contra la libertad y su fijación con los oponentes políticos le llevó a establecer restricciones de movilidad a casi el 20% del PIB español.

Desde entonces, el grito desde la oposición ha sido unánime: hay que levantar el estado de alarma.

1. La evolución sanitaria da la razón a Ayuso
Este fin de semana la OMS ha sido tajante: acudir al confinamiento ha de ser el recurso de última instancia, pues supone un castigo desproporcionado a nivel económico que penaliza especialmente a quienes más lo necesitan.

El gobierno de la Comunidad de Madrid no ha dejado de actuar contra esta segunda ola en la pandemia. Tanto es así que la región aprobó un plan de desescalada propio cuando finalizó el estado de alarma, que duró hasta el 4 de julio, y nunca ha estado sin restricciones, por ejemplo, en la hostelería.

De poco ha servido. Tal y como hemos demostrado desde Acción Liberal, este virus ha entrado por Barajas tanto en la primera como en la segunda ola. En los meses de verano el 75% de los pasajeros procedentes de destinos extraeuropeos de Barajas llegaron procedentes de países americanos, sin restricciones. La consecuencia es que la segunda ola comenzó en nuestro país el 19 de julio, 19 días después de abrir el espacio aéreo y mientras el Covid19 hacía estragos al otro lado del Atlántico.

La reacción de la Comunidad de Madrid fue la de un gobierno que aprende de errores pasados. En lugar de matar moscas a cañonazos, Ayuso dictó una estrategia de test masivos y confinamientos selectivos, sólo a quienes estuvieran contagiados y a contactos estrechos. El resultado, a la luz de los hechos, es evidente:

La OMS ha reconocido este fin de semana que la Comunidad de Madrid ha sido la región en la que más ha caído la incidencia durante la última semana.

El número de nuevos casos estaba descendiendo a un ritmo del 42% quincenal.

Los pacientes ingresados en planta y en UCI se habían reducido un 20% y un 5%, respectivamente, con respecto al pico de la segunda ola de la pandemia.

Tan sólo estaban ocupadas un 11% de las camas hospitalarias y un 25% de las camas UCI que puede llegar a movilizar la Comunidad de Madrid.

Dicho de otra manera: La estrategia de test masivos y confinamientos selectivos, seguida por ejemplo en China o en Nueva York, ya estaba dando resultados.

2. La recuperación de España pasa por reavivar Madrid
La Comunidad de Madrid es la primera región de España. Supone casi el 20% del PIB, y ha generado 1 de cada 4 puestos de trabajo y 1 de cada 5 empresas en 2019. Dicho de otra manera: no habrá recuperación económica en España si Madrid no se reactiva.

En la anterior crisis, el impacto sobre el empleo en Madrid fue menor que en el resto de España. Además, la recuperación fue más rápida y se produjo un efecto arrastre del mercado laboral madrileño sobre el resto de la economía española.

El punto de inflexión en el mercado laboral español se produjo en 2013. El agujero en el mercado laboral ascendió a casi 3 millones de personas, y desde entonces España comenzó su recuperación. Pues bien, a finales de 2014, tan sólo un año después, casi el 30% de los nuevos ocupados se produjeron en la Comunidad de Madrid; a principios de 2015 esta cifra llegó a suponer casi el 40%, y justo antes de que la pandemia asolara el país la región supuso casi un 20% de los puestos de trabajo creados desde 2013.

Los datos de paro y seguridad social de la Comunidad de Madrid reflejan un distanciamiento con respecto a la situación del resto del país desde que el gobierno de España decidiera retrasar injustificadamente el paso de la Fase 0 a la Fase 1 de la región.

La pregunta es: ¿De verdad España se puede permitir que uno de sus principales motores de empleo se gripe porque les interese políticamente a nuestros burócratas intervencionistas?

3. Polo de inversión extranjera
Madrid ha sido el principal polo de atracción de inversión extranjera del país. Y España, ante la peor crisis de su historia reciente, va a necesitar inversión extranjera. Según los últimos datos publicados por el ICEX, en el primer semestre del año se ha reducido casi un 30% los flujos de inversión extranjera en el país.

Madrid lleva varios años suponiendo más del 60% de la inversión. En un contexto en el que los inversores están huyendo del país como ha sido el segundo trimestre del año, el 83% de la inversión extranjera ha sido con destino Madrid. La ruptura del orden institucional y de la seguridad jurídica en la capital supone un agujero en la credibilidad del país difícilmente cuantificable.

4. Turismo nacional e internacional
A pesar lo que le pesa a nuestro gobierno, el sector turístico es estratégico. Supone más del 13% del PIB y casi un 15% del empleo. Si España está a la cola de Europa y continúa registrando revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento es por el desastre sanitario que ha supuesto la expulsión de nuestros turistas del país. El hecho de que Madrid permanezca cerrado supone un freno para cualquiera que quiera llegar a nuestra principal vía de entrada (Barajas) y, por lo tanto, al sector turístico nacional.

Además, y como ya hemos comentado en esta columna, apelar a la madrileñofobia es una manera idea para eliminar de un plumazo también el turismo nacional, algo que no sé si nos podemos permitir.

5. Estado democrático, no una dictadura socialista
Son muchas y muy variadas las razones sanitarias y económicas para levantar el estado de alarma en Madrid. Pero hay otra, no menos importante, que debería hacer reaccionar al gobierno: el respeto al Estado de Derecho.

Un Ejecutivo no respaldado por la realidad sanitaria intentó confinar Madrid con una resolución que el TSJM declaró inválida. Acudir a una normativa extraordinaria como el estado de alarma es un atropello contra los derechos y libertades difícilmente justificable en una democracia liberal como la nuestra.

Que el decreto de estado de alarma en Madrid tiene una motivación puramente política es un hecho; acude al autoritarismo ante la falta de autoridad. Que este ataque a derechos y libertades fundamentales continúe sin un amparo legal ni legislativo es una invasión a los pilares de cualquier democracia. Aunque, viendo los últimos movimientos de este gobierno, es sólo una más.

El futuro de nuestros hijos depende de nuestra capacidad de gestionar esta crisis económica, pero también, y esto nunca debemos olvidarlo, del mantenimiento de los pilares de la Monarquía Parlamentaria que nos han dado la época de mayor prosperidad y paz social de nuestra historia.

Madrid está siendo el dique de contención de un cambio de régimen como el que pretenden ejecutar el gobierno más intervencionista y totalitario de nuestra historia. El levantamiento del estado de alarma cuanto antes debería de ser la vuelta a la normalidad institucional y social que el país necesita.

Cronología de un desastre
El periodista Francisco Mercado desnuda la gestión del Gobierno durante la crisis de la covid-19 en su libro: Una pandemia de errores.
Luis H. Goldáraz Libertad Digital 14 Octubre 2020

"Sí se podía saber". La respuesta del periodista Francisco Mercado a la pregunta obligada resume escuetamente una de las conclusiones principales de su último trabajo. En contraposición con el latiguillo que durante meses ha utilizado el Gobierno cada vez que ha tenido que hacer frente a las críticas, los datos estaban ahí. "Bastaba leer. La respuesta estaba en los informes que iba haciendo la OMS, en lo que iba radiando China, Japón, Corea, Tailandia. También Italia, en su momento. O incluso el Centro de Prevención de Enfermedades de la Unión Europea". Desde otro punto de vista, argumenta, sólo es necesario abstraerse un segundo y tratar de alejarse de cualquier tipo de consideración política o ideológica para que surjan preguntas desprejuiciadas. "A día de hoy tenemos diez veces más muertos por millón de habitantes que la India. ¿Tenemos realmente peor sanidad que la India o que Sierra Leona? ¿Qué ha hecho España para tener la peor sanidad del mundo?". Para responderse, Mercado comenzó a indagar, cotejando las diversas fuentes que ofrecía tanto la administración española como la internacional. El resultado de ese trabajo es un libro titulado Una pandemia de errores (Deusto), "crónica de las mentiras, manipulaciones, imprudencias y negligencias que dejan más de 44.000 muertos y un país dividido".

Yendo por puntos, el primer error que denuncia Mercado sucedió en enero y fue no prestarle la atención suficiente a ese virus que había surgido en una ciudad de China y que en pocas semanas había obligado a sitiar poblaciones enteras. "En ciertas fases de la epidemia, el Gobierno ha sido casi negacionista", comenta en una charla con este periódico. El libro recuerda cómo, avanzado febrero, cuando ya era evidente que el virus había atravesado el bloqueo chino y se había expandido a distintos continentes, las autoridades españolas seguían dudando de que existiese contagio entre personas. "Es una falta de conocimiento que no se explica a esas alturas". Para entonces los países asiáticos ya controlaban la temperatura a los viajeros en los aeropuertos. "España no empezó a hacerlo hasta varios meses después". "Desde enero, todas las medidas y advertencias que fue promulgando la OMS fueron ignoradas por el Gobierno". "No se realizó un cribado exhaustivo de los viajeros procedentes de lugares de riesgo, no se utilizaron termómetros en la frontera, no se estableció un plan de rastreo de contactos ni de confinamiento obligado para los posibles positivos que pudiesen ir surgiendo". Para Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, España sólo iba a sufrir "un caso o dos", nada por lo que hubiese que alarmarse. La parálisis en la previsión y organización de una respuesta ante una crisis sanitaria perfectamente previsible quedó patente enseguida, "y pese a todo, a finales de febrero, aún con el Gobierno habiéndose tomado un mes de ‘vacaciones’, España sólo registraba una treintena de casos. Había tiempo de hacer las cosas bien. Había tiempo de iniciar un rastreo eficaz. Lo que se hizo, sin embargo, fue limitarse a decirle a los enfermos leves que se quedasen en sus casas".

Para Mercado, la excusa de la ignorancia ante una amenaza completamente nueva no se sostiene si se atiende a las propias maniobras que se fueron realizando durante los primeros compases del año. "En el Gobierno han pecado de doble lenguaje. El 20 de febrero, cuando decían con optimismo que como mucho habría un par de casos y que España estaba salvaguardada por un sistema sanitario que entonces calificaban de robusto, se estaba elaborando al mismo tiempo un manual para el manejo de cadáveres del coronavirus". Los ejemplos se solapan. "Pese a que existían una serie de protocolos supuestamente fiables, esos mismos protocolos reconocían que faltaba material sanitario; aún sosteniendo que el impacto no iba a notarse demasiado, se comenzó a hablar de posibles colapsos hospitalarios y se puso sobre la mesa la necesidad de los triajes. Pero ni siquiera entonces se vio necesaria la compra de material". "Alemania inició las suyas a principios de enero. España las retrasó hasta el 20 de marzo, en un momento en el que el mercado ya estaba colapsado y lleno de mafiosos que vendían desechos a un precio tres veces superior". Aún con todo, el mensaje que se vendía era optimista. "No importa que fuese para salvar la economía o para no tener que cancelar manifestaciones. Fue un problema de irresponsabilidad. Manejaron mal la información que sí tenían". "A finales de febrero, el 80% de los positivos en España eran importados. No se llevaron a cabo rastreos exhautivos ni confinamientos prudenciales para los pacientes con síntomas leves. Tampoco se cerró la conexión aérea con una Italia confinada, ni se les tomó la temperatura a los pasajeros de esos vuelos".

El baile de datos
Otra de las grandes controversias de aquellos meses estuvo centrada en la manera de informar sobre la crisis adoptada por el Gobierno. "Han tratado a la prensa de una manera que no es digna de un país democrático". Seleccionaron las preguntas, primero; no aceptaron repreguntas, después; y mantuvieron con los periodistas una relación más parecida a la de cualquier conferencia irrelevante que a la de una rueda de prensa destinada a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos durante la mayor crisis que se recuerda. "Por otro lado, el Gobierno se centró en perseguir los bulos, pero sólo los que perjudicaban su imagen, no los que eran peligrosos para la sociedad", recuerda Mercado. "No se hizo nada contra aquellos que difundían que 'el virus no iba a llegar', por ejemplo, o que 'distinguía entre clases', o que 'los empresarios se estaban forrando gracias a él'". "Bulos hubo tanto desde la izquierda como desde la derecha, pero el Gobierno sólo se preocupó por unos concretos, no por todos".

Aunque "más grave fue el trato a los ciudadanos". En abril, de pronto, desaparecieron de las estadísticas miles de positivos detectados por test rápidos. El Gobierno había cambiado sus criterios, pese a que eran los que funcionaban en el resto de países. "Lo hicieron de una forma tan burda que la OMS se mosqueó y dejó de tratar los datos españoles por falta de confianza". El número real de infectados a día de hoy sigue sin estar claro, lo que hace que cualquier otra estadística derivada se vea sustancialmente contaminada. "¿Por qué España tiene una tasa de mortalidad tan exagerada? Se trata de un dato poco fiable porque no sabemos exactamente cuántos contagiados tenemos". De hecho, ni siquiera el número de fallecidos es exacto. "En mayo se decía que había 28.000, pero el MoMo señalaba un incremento con respecto al año anterior de 44.000. ¿Cómo es posible un desajuste de 16.000 muertes? Se utilizó la excusa de causas ajenas al coronavirus, o de las patologías previas. ¿Pero qué anciano no tiene patologías previas? De 44.000 muertos, la mayoría pertenecían a la tercera edad. ¿Por qué el Gobierno no dio los datos de fallecidos en residencias, pese a que los poseía? ¿Dónde estaba la transparencia? No hemos tenido información real porque admitir las cifras reales habría sido reconocer el fracaso de la gestión de un Gobierno que decía que el virus no iba a llegar", sentencia.

La carrera del 8-M
Uno de los ejes centrales sobre los que gira el libro tiene que ver con una fecha en concreto: el domingo de las manifestaciones del 8 de Marzo. Mercado analiza el famoso informe de la Guardia Civil que investigó el asunto y rechaza muchos de los argumentos que se utilizaron entonces para desacreditarlo. "Hay una cosa curiosa. De pronto, a partir del 8 de marzo, comienzan a desconvocarse manifestaciones. La cosa es que, como no podían prohibirse, la Delegación de Gobierno encontró una solución intermedia. Se dedicó a llamar a los distintos organizadores para hacerles saber que la situación era delicada. Naturalmente, si la Delegación de Gobierno te llama en esos términos tú desconvocas tu manifestación. Así hicieron todos. Lo curioso es que de esas llamadas no dejaron constancia escrita, ni emplearon ninguna fórmula legal para hacerlo. No se tiene constancia, por tanto, de que lo hiciesen con los organizadores de las manifestaciones feministas". También se pregunta otra cosa: ¿Si pudieron hacerlo desde el 9 de marzo, por qué no lo hicieron con las del 8? "Ahí te salen con la respuesta peregrina de que esas ya habían sido autorizadas por el anterior delegado. Lo que no se entiende es que la Delegación actual no pusiese pegas a que los partidos del Gobierno promoviesen las manifestaciones feministas, cuando el delegado que trató de evitar actos posteriores, José Manuel Franco, pertenece al PSOE".

Por aquellas fechas, además, se desaconsejaron "de manera furibunda" una serie de encuentros de la Iglesia Evangélica. "Se les hizo saber que que Sanidad desaconseje la realización de un acto es tanto como un imperativo para su cancelación". Esa manera de proceder se basó en una nota firmada por la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, que decía que "todo evento multitudinario de cualquier tipo con alta presencia de personas de las zonas del mundo en las que hay transmisión" era "considerado de riesgo". Desde el Gobierno y diversos medios se criticó que la Guardia Civil utilizase esa nota en su investigación sobre las manifestaciones del 8-M porque no recogió la parte de la frase que hacía hincapié en el requisito de que hubiese personas de países con transmisión para que el evento fuese considerado de riesgo. El argumento era que en las manifestaciones feministas los asistentes eran mayoritariamente nacionales, pero Mercado observa una paradoja en todo el asunto. "En ese momento España ya tenía transmisión local. El truco era hacer creer que el riesgo venía de concentraciones con gente venida de China, o Corea, pero es que ese fin de semana en España ya había 489 positivos y 17 muertos". Además, también señala que "ni Sanidad se puso en contacto con Delegación de Gobierno en ningún momento ni Delegación preguntó a Sanidad si era pertinente seguir adelante con los preparativos. Son cosas que han llamado la atención al juez, pero no es delito no preguntar. Sí que lo sería que constara por escrito que Sanidad desaconsejó su celebración y no se la hizo caso".

Acerca de la repercusión directa que tuvieron dichas manifestaciones en la curva de contagio, Mercado publica "un informe que no había visto la luz hasta la fecha, del Centro Nacional de Criminología, que recogió la evolución del ratio de contagio". En febrero estaba bajando. "A principios de marzo se estimaba que cada enfermo contagiaba a una media de dos personas. El 10 de marzo estábamos en un ratio de 4,5 otra vez". Además, "una semana después, los casos habían subido un 1.200%". En aquel fin de semana las manifestaciones feministas no fueron el único acto masivo en la capital. También tuvieron lugar un partido del Atlético de Madrid y un mitin de Vox, entre otras cosas. "Naturalmente, no toda la subida en el número de casos se debió a las manifestaciones feministas. Pero desde luego tuvieron que ver, tanto por el número de personas que congregaron en la calle como por el número de personas que congregaron en el Metro de la ciudad". Para Mercado no hay duda en la repercusión directa que tuvo el retraso en la toma de decisiones hasta el 9 de marzo y que se tradujo en un incremento llamativo de positivos por coronavirus. "No se puede ser tan cínico frente a las estadísticas. Hay constancia empírica".

El caos en las residencias
"La primera cuestión que hay que tener en cuenta para entender lo que ha sucedido en las residencias es que el Gobierno tuvo mucho interés desde el principio en no coger esas competencias", explica Mercado. Desde muy pronto esas responsabilidades recayeron sobre las autonomías, pero Moncloa aún tenía la obligación de velar por el buen funcionamiento de esos centros. "Estaba decretado que cualquier anomalía debía ser informada a la Delegación de Gobierno, pero no consta que hayan existido demasiadas inspecciones en ninguna Comunidad Autónoma". Mercado se hace más preguntas. "¿Tenían las autonomías capacidad para llevar a cabo esas inspecciones, o estaban saturadas con la mera respuesta sanitaria?". Los propios protocolos elaborados por el Gobierno dejaban a los ancianos desprotegidos. "Se estipulaba que los enfermos de coronavirus debían permanecer en habitaciones bien ventiladas, pero se abría la opción a que lo hiciesen en habitaciones compartidas por la falta de espacio. ¿De verdad creían que no iba a haber contagios de esa manera?". Como añadidura, "además de no abastecer a las autonomías con material sanitario, Moncloa aconsejó el uso de sustitutivos ineficaces como mascarillas reutilizadas o guantes de cocina". El mensaje que recibían las residencias era que se apañasen con lo que tuviesen. "Con esas condiciones, bastaba que un único trabajador llevase el virus de fuera para que el contagio se extendiese entre los residentes sin capacidad de reacción".

Otra cuestión controvertida fueron los triajes. "A Madrid la han acusado de exterminar a los ancianos, pero resulta que el primero en dictaminar los triajes fue el propio Gobierno". Además, "esos mismos protocolos utilizados en Madrid fueron iguales en todas las comunidades autónomas". En opinión de Mercado, el problema estuvo en que Moncloa nunca quiso saber el verdadero estado de las residencias a través de inspecciones y, por tanto, tampoco llevó a cabo medidas para revertir el colapso. "Evidentemente, las competencias eran de las autonomías, pero el Gobierno seguía siendo el máximo responsable y no se preocupó en ningún momento por la evolución de esos centros en ninguna comunidad. Buena parte del fracaso de las residencias, de hecho, se debió a la falta de material homologado, algo que sólo es achacable a la falta de previsión inicial del Ejecutivo".

Los últimos de la cola
Más allá de todo lo expuesto hasta el momento, Mercado también compara las medidas tomadas por España con las de otros países para buscar diferencias significativas. "Alemania es mucho más rica que nosotros. Eso es relevante. Pero también ha demostrado una reacción mucho más rápida e inteligente". "En abril destinó 20.000 soldados a hacer de rastreadores. España sólo a 2.000, a partir de octubre. También ha hecho muchos más test". Consiguieron radiografiar de forma mucho más eficaz la realidad del virus dentro de sus fronteras y, por tanto, las medidas que tomaron posteriormente no necesitaron ser tan severas. "A Grecia, país más pobre que nosotros, le han sobrado camas UCI. Desde el primer momento organizaron confinamientos y cerraron los aeropuertos al turismo extranjero; se prohibieron actos masivos; se decretaron cuarentenas obligatorias para todos los griegos que llegasen de sitios sospechosos; y un largo etcétera". España, todavía con datos poco fiables, sigue entre los primeros países del mundo en número de contagios y de muertes. "A lo mejor lo que nos diferencia de otros países mucho menos desarrollados de todo el globo es que ellos han hecho cosas de forma un poco más sensata que nosotros. A lo mejor simplemente el uso de mascarillas desde el comienzo ha marcado una diferencia significativa en cifras. No se puede saber con exactitud. Lo que se sabe es que al principio aquí hasta se desaconsejaba el uso de la mascarilla, cuando la OMS siempre las recomendó". Esa última afirmación ha sido cuestionada por diferentes medios de comunicación, pero Mercado no se retracta. "La OMS no puso pegas nunca. Dijo que no eran suficientes o imprescindibles, pero sí recomendables. Desde enero machacaron con eso. Antes ya las recomendaba para la gripe, ¿cómo no las iba a recomendar también para el coronavirus?".

Sea como fuere la situación, en la actualidad, dista mucho de ser ideal. La segunda ola nos ha señalado nuevamente como uno de los países que peor han gestionado la crisis. "Y lo primero que se ha dejado de hacer entre la primera y la segunda ola es cumplir las normas de la UE para desconfinar", añade Mercado. "La UE exigía que España tuviera el sistema sanitario recuperado antes del desconfinamiento total. Porque iban a venir dos olas y se sabía". Los pronósticos se han cumplido más rápido de lo esperado, sin embargo. "¿Y qué ha hecho España en ese lapso? ¿Ha creado decenas de miles de UCIS para hacer frente a posibles rebrotes? ¿Ha contratado muchos más médicos, no solamente en Madrid, sino en cualquier autonomía? No". Mercado cuestiona a quienes ahora le echan toda la culpa a las autonomías. "El que gobernaba la gestión de la pandemia a nivel nacional, incluso antes del mando único, era Illa. El Ministerio de Sanidad estipulaba las pautas que debían seguirse". Para el periodista, lo que ha fallado es "que el Gobierno central no ha sabido restablecer completamente el sistema sanitario con inyecciones económicas poderosas". Desde luego, "también ha faltado una buena gestión autonómica posterior. Tampoco se han hecho rastreos de contactos de nuevos positivos a ningún nivel. Eso ha provocado que se quede bajo la alfombra una tasa de infección brutal. Pero lo llamativo es que todo lo que no se hizo durante meses, antes incluso del estado de alarma, es lo que el Gobierno de Sánchez le exige a algunas autonomías de repente".

Otra cosa que llama la atención de Mercado es el repentino cambio de criterio en la exigencia de responsabilidades. "Al principio, cuando alguien osaba criticar la gestión o buscar comparaciones con otros países, se le acusaba de antipatriota y se decía que lo que tocaba era remar unidos. Ahora, sin embargo, parece que esa regla ya no vale y que se pueden señalar culpables con nombre y apellidos y comparar comunidades autónomas". Se trata de algo que ni siquiera tiene sentido, en su opinión, porque valorar la gestión de las autonomías se vuelve una tarea imposible si no se sabe hasta qué punto la herencia que han tenido de la gestión anterior del Gobierno las ha dejado sin capacidad de reacción. "La cosa sería distinta si Moncloa se hubiera volcado con todas ellas. Si les hubiera proporcionado todo lo indispensable para que hicieran frente al virus. Entonces sí que después tendría derecho a discernir quién lo ha hecho mejor y quién lo ha hecho peor. Ahora, sin embargo, acusa a las autonomías de falsear datos, cuando ellos llevan haciéndolo desde abril como mínimo. No tiene ningún sentido". Su consternación se resume fácilmente. "¿Es Madrid la única responsable de que España sea de los peores países del mundo en la gestión del coronavirus? Y si el problema es de toda España, ¿la cosa no dependerá entonces de la herencia que le ha dejado el Gobierno a las autonomías?".

La semana pasada se decretó el estado de alarma en Madrid y ahora es Navarra la que se encuentra más cerca de cumplir los requisitos para la intervención. Esta semana, Díaz Ayuso pidió que se levantaran las restricciones sobre la capital porque la tasa de infectados había bajado de los 500 cada 100.000 habitantes. Ayer mismo, Martínez Almeida criticó que no se estén siguiendo los mismos requisitos para todas las comunidades autónomas. La situación evidencia una clara batalla política antes que sanitaria. "Por momentos ha dado la sensación de que existe un cierto teatro. Por un lado el Gobierno desea que a las autonomías les vaya mal para hacer ver como que tampoco han sabido hacerlo mejor que el mando único; y por otro, las autonomías parecen desear ser confinadas, pero no lo pueden reconocer en público. Es todo muy paradójico". Su crítica, en todo caso, recae exclusivamente en Moncloa. "Desde el principio de la pandemia aquí no se hicieron test a los viajeros, ni se les tomó la temperatura. No se hizo nada. Cuando no se hace nada, la ola te come, y cuando ya está toda la población sumergida, ¿qué medida cabe?, ¿el confinamiento de toda la población de forma indefinida?". Mercado sólo ve una solución viable y eficaz, aunque costosa. "Habría que hacerle test a toda la población. No es inasequible a nivel monetario. ¿Cuánto dinero costaría? ¿No estamos dispuestos a gastarlo? El problema no es ese. El problema es que queramos saber realmente cuántos infectados hay. Si lo hiciéramos, posiblemente saldría una cifra brutal de gente que tendría que confinarse. Pero es que esas son las únicas cuarentenas efectivas. Ese sería el confinamiento debido. Irnos de vacaciones sin saber quién está enfermo y volver de vacaciones sin saber cuántos se han infectado durante dos meses no parece mejor". Para terminar, sentencia: "La economía es importante, qué duda cabe. Pero si no tomamos las medidas adecuadas, por muy drásticas que parezcan al principio, nos veremos obligados a seguir confinando intermitentemente a la población, y la economía se derrumbará igual. Lo único importante, en realidad, es saber a ciencia cierta quién está enfermo y rastrear a todos sus contactos".

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“El brutal asesinato de Montesquieu”
Francisco Marhuenda larazon 14 Octubre 2020

En el caso de que prospere la proposición de ley que han presentado socialistas y comunistas para modificar el sistema de elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial podremos confirmar el brutal asesinato de Montesquieu. Nada que ver con la frase que se atribuye a Guerra de «Montesquieu ha muerto» para definir la reforma de 1985, sino un crimen perpetrado con luces y taquígrafos que otorgará un inquietante poder a La Moncloa y sus aliados para controlar con mano férrea la Justicia. Es una ofensiva obscena, aunque hay que reconocer su capacidad de sorprendernos en su deriva autoritaria.

Lo sucedido con la Fiscalía General ya fue espectacular y si lo hubiera hecho un gobierno de centro-derecha el escándalo sería monumental, pero los palmeros aplaudieron con el fervor habitual. A esto que añadir el control de RTVE con la fórmula grotesca de un administrador único. Por supuesto, han colocado a amiguetes con escasa formación como altos cargos y al frente de empresas públicas. Acabar con la independencia judicial formando un CGPJ que esté al servicio de la izquierda y los independentistas tendrá unas consecuencias muy graves en la UE.

La excusa del retraso en la renovación de este órgano constitucional es inconsistente porque ha sucedido en ocasiones anteriores y el propio ministro de Justicia apoyó más de 30 nombramientos cuando era vocal de un CGPJ que estaba en funciones. Ahora asistimos a un asalto que permitirá que el Consejo sea una mera marioneta y pueda nombrar jueces al servicio del PSOE, Podemos y el independentismo. Esto conduce a que los tres poderes del Estado se conviertan en uno que pueda aplicar sin fisuras el programa del gobierno social-comunista. Este proceso comporta la destrucción de los equilibrios constitucionales, y las formaciones de centro-derecha ya se pueden ir preparando. En muy poco tiempo habrá jueces comprometidos que sigan el uso alternativo del Derecho.

Una manipulación soez en una sentencia otorgó fundamento a una moción de censura que acabó con un gobierno para dar paso a otro apoyado por comunistas, antisistemas, bilduetarras e independentistas. No es difícil imaginar qué sucederá cuando actúen coordinadamente la Fiscalía de Lola Delgado y los órganos judiciales llenos de magistrados afectos a la causa. No hay que olvidar que siempre es posible encontrar personas dispuestas a colaborar con estas ignominias. El aristócrata Brusilov fue el comandante en jefe del ejército ruso, para luego servir a los bolcheviques y organizar el Ejército Rojo.

A un minuto de Venezuela
Miquel Giménez. vozpopuli  14 Octubre 2020

Los social comunistas pretenden asaltar la democracia por la judicatura

No es ninguna novedad. El social comunismo ramplón, de escasa higiene y carente de ortodoncias en condiciones, es más y más virulento cada día. Saben que, más pronto que tarde, la Justicia exigirá a Iglesias que rinda cuentas por sus presuntos contactos con las narco dictaduras y Sánchez intenta sustraerlo de eso porque sabe o intuye que la cosa irá mal para su socio de gobierno. De ahí su interés en renovar al Consejo General del Poder Judicial lo más rápidamente posible. Dos meses se han dado. Y como el PP no ha cedido a las presiones de Moncloa, los gobernantes han decidido prevaricar con una triquiñuela vergonzosa en forma de proposición de ley, que no proyecto, acerca de la elección de los miembros del CGPJ. Se evitan así los controles preceptivos en cualquier estado de derecho que en España serían el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio Consejo General del Poder Judicial. Todo muy en la línea que ha defendido Podemos siempre: los jueces han de ser elegidos por los políticos de acorde con las mayorías parlamentarias, porque eso de la separación de poderes es una convención burguesa.

Controlando el máximo órgano de la judicatura no sabemos si Sánchez dormiría más tranquilo, pero quién roncaría como un tronco sería Iglesias. Con unos jueces ad hoc, podría olvidarse del caso Dina – son tres delitos a falta de uno por los que podría ser encausado – o del caso que afecta a la financiación irregular, presunta, de Podemos y los pagos a Neurona. Este Gobierno radical izquierdista y, por tanto, totalitario en su concepción de las cosas, no quiere tener ningún control. Desea hacer su santa voluntad, cargarse el sistema democrático vigente y reemplazarlo con una república presidencialista comunistoide en la que el partido único y sus dirigentes sean los únicos facultados para decir, hacer, opinar y juzgar. Lastra y Echenique, heraldos funestos de esta noticia, lo han dejado meridianamente claro. La sanchista, afirmando que buscarán la mayoría que invistió a Sánchez – recuerden, separatistas, Bilduetarras etc. – para que la ley salga adelante y poder colocar así en el CGPJ a vocales afines. Echenique, asegurando que el actual Consejo es fruto de una mayoría parlamentaria que ya no existe. “Todos los poderes del Estado deben emanar del poder popular”, remataba el podemita por si no había quedado suficientemente explícito. ¿Y quién es el Estado? Pues ellos, así que no hay más que hablar. Ellos son gobierno, estado, partido, ideología, libertad, paz, concordia, cultura, honradez, trabajo y quien diga lo contrario es un fascista peligroso al que hay que tener, al menos por ahora, muy controlado para que no pueda moverse.

Cuidado con esto, porque cuando se enfila la proa de la demagogia chavista contra el Poder Judicial la cosa va en serio. Ya tenemos de fiscal general a una ex ministra – ¡y que exministra! – y ahora hay que dar el siguiente paso: controlar a los jueces. Con ellos bajo la influencia gubernamental nada será imposible: los golpistas lazis se verán en la calle e incluso recompensados por sus penurias, no quedará ni un solo etarra encarcelado, okupas, CDR y agresores radicales camparán a sus anchas y conceptos como el imperio de la ley y la propiedad privada dejarán de existir. Por cierto, la libertad de expresión, también, con lo que será fácil declarar ilegal a este o a aquel partido de la oposición, a cualquier medio de comunicación o expropiar la empresa que fuere. Acordémonos de aquel Chávez que en televisión llamaba a un banquero para comprarle el banco, amenazándolo con expropiárselo si no lo hacía. Exprópiese, decía el vocinglero militarote; ¿por qué no te callas?, le espetaba el monarca emérito. Nunca se lo han perdonado.

Estamos a un minuto de ser Venezuela, de convertirnos en uno de esos regímenes dictatoriales de palmeras, cocos, droga y rebuzno. Si no se pone remedio, y aquí han de estar convocados los partidos de la oposición, el rey, los socialistas sensatos, los líderes de opinión, los empresarios, lo periodistas, la gente de la cultura y la ciudadanía, a la que nos descuidemos, estaremos aterrizando en Caracas. Los unos, para ir en olor de multitudes hacia el palacio de Miraflores; los otros, debidamente custodiados por el SEBIN, hasta La Tumba, su checa particular sita en la sede de dicha policía política chavista.

Es lo que hay. No es momento de matices, del sí pero no, del yo con este no me junto. Hay dos trincheras, porque así lo han querido: la de los demócratas y la de los totalitarios. ¿En cuál quiere estar usted? Tiene un minuto para pensárselo, no más.

¿De quién depende el CNI? Del Gobierno: pues eso
OKDIARIO 14 Octubre 2020

El Centro Criptológico Nacional, órgano dependiente del CNI, ha realizado un informe sobre desinformación en el que califica de «contraria a las instituciones democráticas» y «una amenaza directa» las críticas al globalismo. ¿Qué partido lleva en su ideario la crítica al globalismo? En efecto, Vox. Así que los servicios de inteligencia españoles cargan, sin nombrarla, contra la formación de Santiago Abascal. Y en una supina demostración de falta de inteligencia, el CNI asegura que el ideario de Vox responde a una narrativa con «naturaleza antisistema» que supone un peligro para «la cohesión social, la estabilidad, e incluso la salud del país».

En innumerables ocasiones Vox ha señalado a la figura de George Soros como protagonista clave de este globalismo. Sus críticas al magnate estadounidense, aunque le duelan al Centro Criptológico Nacional, no van desencaminadas, por mucho que el órgano dependiente del CNI, en cuya comisión de control está Pablo Iglesias, mantenga que la narrativa de los contrarios al globalismo «es la base ideológica sobre la que se asientan los movimientos políticos de polarización que están surgiendo en Europa y Estados Unidos, y que plantean como retórica “recuperar” la soberanía de los Estados con agendas políticas nacionalistas e identitarias».

Calificar de perniciosas las ideas antiglobalistas de Vox responde a un análisis sesgado y superficial. Muy poco hondo y carente del análisis que se le supone al Centro Criptológico Nacional. Y eso de que representa una amenaza antisistema ya es para nota. A los conspicuos analistas del CCN habría que exigirles que, en lugar de perderse en disquisiciones muy poco sesudas, se dedicaran a alertar de los riesgos que para la convivencia representan formaciones antisistema como Podemos, aunque al formar parte del Gobierno de España los analistas del Centro Criptológico se supone que habrán mirado para otro lado. ¿Y los peligros de las formaciones separatistas o filoetarras? ¿Dónde están los informes sobre los riesgos que para la convivencia, la cohesión y la estabilidad representan las formaciones que sustentan al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez?

Al informe del órgano del CNI se le nota el plumero. Versionando a Pedro Sánchez, cabría decir: ¿De quién depende el CNI? Del Gobierno. Pues eso.


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