AGLI Recortes de Prensa   Jueves 15  Octubre  2020

¿Qué va a hacer la UE ante el golpe contra la separación de poderes que traman PSOE y Podemos?
EDITORIAL 15 Octubre 2020

No le falta razón al viceministro polaco de Asuntos Exteriores, Pawel Jablonski, al preguntarse públicamente: “Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al Poder Judicial por una mayoría de tres quintos del Parlamento, ¿qué hará Bruselas si España nombra el CGPJ por la mitad más uno?". Ciertamente, si la reforma planteada en Polonia constituye una merma de la separación de poderes muy similar a la que se perpetró en España en 1985 –por la que los vocales del órgano de gobierno de los jueces pasarían a ser elegidos por el Poder Legislativo por mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado–, la mucho más nefasta que ahora planean socialistas y comunistas, en indisimulable vulneración del artículo 122 de la Constitución, constituye un ataque letal a uno de los pilares del Estado de derecho.

Así las cosas, haría bien la oposición democrática al régimen chavista que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretenden imponer en coordinarse para denunciar ante la Comisión, el Parlamento y los tribunales europeos este atropello a nuestro régimen de libertades con la mayor contundencia y reiteración posible. Al fin y al cabo, PP, Vox y Ciudadanos pertenecen a grupos parlamentarios distintos en Estrasburgo, lo que puede dar mucho más eco a su denuncia.

El golpe a la separación de poderes que pretenden perpetrar PSOE y Podemos atenta contra los principios fundacionales de la Unión Europea, y ha de ser una prioridad para la oposición democrática el instar a Bruselas a pronunciarse al respecto.

Naturalmente, llegado el momento de su aprobación, la oposición democrática deberá acudir al Tribunal Constitucional, que no podrá aceptar que la “mayoría de tres quintos” que literalmente requiere la Constitución pueda convertirse en “la mitad más uno”, tal y como pretende la reforma chavista pergeñada por PSOE y Podemos. Mientras tanto, PP, Vox y Ciudadanos deben emprender una campaña de información a gran escala para que todo ciudadano sea consciente del atentado al orden constitucional que traman socialistas y comunistas con el respaldo de sus aliados separatistas vascos y catalanes.

El absoluto desastre de la gestión social-comunista de la crisis económica y sanitaria que está sacudiendo a España como a casi ningún otro país del mundo occidental está, comprensiblemente, centrando los esfuerzos de PP, Vox y Ciudadanos; pero han de extender la crítica a esta maniobra peligrosísima contra el orden constitucional, pues está en juego la supervivencia del régimen democrático.

Trotando hacia la dictadura
Ramón Pérez-Maura ABC 15 Octubre 2020

Marchamos al trote hacia una nueva dictadura con la sonrisa indeleble en el rostro de los miembros del Gobierno de la Corona que saben que pueden hacer lo que les plazca. Ahora planean el asalto del poder judicial porque es el último muro de contención que se les resiste. Un lego cómo yo no es capaz de juzgar con criterio profesional si el Tribunal Constitucional resistirá el embate, pero el pesimismo que me invade desde hace muchos meses me inclina a pensar que esto sólo es otro paso más hacia la dictadura que nos acecha.

Al mismo tiempo vemos al Gobierno de la nación señalando los criterios que marcan la declaración del estado de alarma. Y cuando Madrid supera esos criterios, es decir, cuando su número de contagios queda por debajo de las 500 personas por cada 100.000 habitantes y la reclusión ya no se puede justificar, el ministro Illa se precepita a decir que en Madrid no habrá cambio de situación si no quedamos por debajo de los 200 contagiados. Sólo le falta explicar si se va a aplicar el mismo criterio al resto del país. Pero nos podemos ahorrar una comparecencia del ministro a esos efectos: ya sabemos que no será así. Aquí hay regiones que son malas por naturaleza y otras que son malas según convenga al Gobierno.

Siguen los ecos del pasado lunes en la celebración de la Fiesta Nacional en la plaza de la Armería del Palacio Real. Espectáculo bochornoso. Una fiesta con los ministros en su mayoría con cara de funeral. El vicepresidente segundo llevaba una chapa con forma de triángulo rojo. Su valentía no alcanza a llevar lo que de verdad promueve: la estrella de cinco puntas que fue el emblema del Ejército de la II República Española -y también el emblema del Ejército Soviético, del chino del de Corea del Norte... lo mejor de cada casa. Y a diferencia del 12 de octubre de 2018, cuando Sánchez se alineó junto a los Reyes para recibir el saludo de los invitados y fue despachado por el jefe de protocolo, ahora ya se ha «normalizado» que el jefe del Gobierno salude con el Rey. Ya son todos iguales.

Y en estos momentos en que la Monarquía es el gran objetivo porque es el mayor factor de cohesión de los Reinos que se unieron bajo su égida a lo largo de los siglos, desde estas páginas o sus suplementos se publican artículos proclamado «Delenda est Monarchia» porque cada día hay más que se creen Ortega cuando la única similitud es que esto cada vez más parece el invierno 1930-31. A quien esto publicaba el domingo pasado lo he visto yo pasarse hora y media haciendo guardia a la puerta de la Biblioteca de ABC para entregar a los Reyes un ejemplar de su último libro. Él mismo debería clasificar hoy aquella actitud como propia de perrito faldero entregando su novela a los Reyes, pero ahora conviene estar a bien con aquellos de quien se depende.

Algo va muy mal en este país. Y lo peor es la felicidad e indiferencia con que los que pueden se van de puente para olvidarse del horror que estamos viviendo e ignorar lo que nos espera. Me enviaba ayer un amigo un mensaje en el que me recordaba que «la burguesía catalana dejó hacer. La del resto de España está haciendo lo mismo. Luego vienen los lloros». Menos mal que 183 españoles han tenido el valor de levantar la voz de la mano de Libres e Iguales y gritar ¡Viva el Rey! Pero lo más relevante del vídeo no es su apoyo al Rey si no las infinitas muestras de cobardía que se enumeran al final. Ojalá algún día se hagan públicos los nombres de tantos faltos de valor.

Cerco al último fortín del Estado
Editorial. vozpopuli  15 Octubre 2020

Cuando en 1985 el Partido Socialista, a lomos de una incontestable mayoría absoluta, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial arrebatando a los jueces, en favor del Parlamento, la elección de sus representantes en el órgano encargado del buen gobierno de la Administración de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), casi nadie opuso resistencia al cambio, a pesar de que se trataba del primer acto del largo proceso de politización que ha soportado la justicia en nuestro país. De hecho, el Tribunal Constitucional, al convalidar después aquella inicial y duradera alteración del espíritu constitucional, añadió al visado una inquietante advertencia, luego constatada, sobre el riesgo de contaminación política que incorporaba la reforma.

Pero a lo que no se atrevió aquel PSOE fue a canjear la elección consensuada de los vocales del CGPJ por una mera formalidad cuasi burocrática de uso común en regímenes autoritarios. Aquel PSOE, del que hoy apenas quedan vestigios, respetó la condición de que los candidatos contaran con el respaldo de al menos tres quintas partes del Parlamento, desestimando en este caso la aplicación del rodillo y garantizando así la participación en el proceso de al menos otro partido con representación parlamentaria. Con sus luces y sus sombras, y con su no siempre sutil aceptación de la alternancia partidista, esta ha sido en cualquier caso la fórmula que ha permitido que un poder del Estado heredero del franquismo, y que no había sido sometido al mismo proceso de regeneración afrontado por el Legislativo y el Ejecutivo, haya cumplido con su función constitucional y alcanzado notables niveles de consideración pública y prestigio.

Se ha dicho, a partir de sobradas evidencias, que las circunstancias han convertido al Poder Judicial en el último fuerte defensivo de nuestro sistema de libertades. Papel que hoy, desgraciadamente, solo comparte con la Corona. Y ese incontestable hecho es el único que explicaría por sí solo el penúltimo e intolerable ataque del Gobierno social-populista al maltrecho Estado de Derecho español. Por mucho que se intente justificar como una solución de emergencia al largo bloqueo de la renovación del CGPJ, y de otras instituciones, el perentorio proyecto de reforma que la coalición gobernante ha registrado para su tramitación urgente en el Congreso de los Diputados, alterando gravemente el garantista procedimiento habitual -que incluye los informes preceptivos del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal-, es por encima de todo un nuevo capítulo del proyecto de demolición del edificio institucional sobre el que ha descansado el período de progreso más extenso de la historia de España.

El cerco al CGPJ, hasta su rendición incondicional, pone de manifiesto la falta de escrúpulos de una casta política que no se siente concernida, en contra de lo que proclama, por el sacrificio de las generaciones de españoles que sobre los escombros morales de una desoladora dictadura supieron conciliar voluntades y dar forma al Estado moderno que ahora Sánchez e Iglesias se disponen a derruir. Al alinearse con el líder de Podemos en esa infame campaña de los morados contra los jueces - casualmente en el preciso momento en el que los tribunales acumulan alarmantes indicios de prácticas irregulares presuntamente cometidas o consentidas por Iglesias y otros dirigentes de su formación-, el presidente del Gobierno da pábulo, y comparte, la deriva autoritaria de un personaje que ha dado muestras sobradas de no creer en la separación de poderes, además de traicionar el principio de transversalidad y lealtad institucional que ha preservado de la contienda política elementos esenciales que afectan a nuestra pacífica convivencia.

Como ha dicho el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, la pretendida reforma exprés de la Ley del Poder Judicial es una espoleta, pero no de efecto inmediato como cree el ministro, sino una espoleta retardada que activará todo el poder destructivo de esta iniciativa cuando muy probablemente ya no haya tiempo de poner a salvo la credibilidad de nuestro Estado de Derecho.

Inconstitucional a sabiendas
Manuel Almenar Belenguer. vozpopuli  15 Octubre 2020

En los últimos meses, los medios de comunicación se han hecho eco del propósito del Gobierno de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que afecta al sistema de elección de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial y al régimen de funcionamiento del propio órgano una vez vence su mandato, como supuesto remedio para resolver el problema creado por la demora de casi dos años en su renovación.

Cerco al último fortín del Estado
Y qué es el Consejo General del Poder Judicial, se preguntarán algunos. Pues el órgano al que la Constitución encomienda las funciones de gobierno del Poder Judicial y de defensa de la independencia judicial. Más concretamente, recordaba la STC 108/1986 de 26 de julio, que “las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos yascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de estas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado.”

Se trataba de un farol
Hemos asistido así a una sucesión de intervenciones y artículos sobre la necesidad e idoneidad de la reforma, tendentes a crear un clima de opinión favorable y a las que siguió la confirmación por parte del propio presidente del Gobierno, y, este martes, la presentación de la proposición de ley. Algunos, sumamente ingenuos, pensábamos que se trataba de un farol, dirigido a presionar al PP para que se aviniera a la renovación. Creíamos, equivocadamente, que ningún Gobierno de España llevaría a cabo unaactuación que atenta contra los dos pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho: la sujeción de todos, ciudadanos y poderes públicos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y la división de poderes.

Atenta contra la Constitución porque hace una interpretación intencionadamente sesgada del art. 122.3 CE. Cuando el referido precepto dice que el CGPJ estará integrado por veinte miembros, de ellos “doce entreJueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros”, el legislador constituyente partía de la idea de que los doce vocales judiciales eran elegidos por los propios jueces; de ahí que se remitiera al proceso de elección a regular en la futura ley orgánica, materializada en la LO 1/1980.

Disconforme con un CGPJ independiente, el Poder Ejecutivo/Legislativo, a través de la LO 6/1985, cambió el sistema y dispuso que el Congreso y el Senado elegirían por mitad a los veinte miembros del CGPJ, siempre por mayoría de tres quintos. Esta interpretación fue considerada conforme con la Constitución por la STC 108/1986 que, sin dejar de llamar la atención sobre el riesgo de politización que entrañaba la designación por las Cámaras, destacaba la cautela que suponía fijar una mayoría cualificada.

Dicho sistema de elección se ha mantenido hasta la fecha con distintos matices, a pesar de las reiteradas recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y del ejemplo que debían suponer las recomendaciones de la propia Comisión Europea a otros países de la Unión, en pro de la elección de los vocales judiciales por los jueces.

Dos mayorías distintas
Ahora se da un paso más, pero en sentido contrario: la mayoría de tres quintos se reduce a la mitad más uno, de forma que para elegir a los vocales jueces bastarán 176 votos, mientras que para los no judiciales serán necesarios 210 votos. Al margen del absurdo que supone que existan dos mayorías distintas para elegir a los miembros de un mismo órgano y de las disfunciones que comporta el que se pueda renovar a los doce vocales jueces y no a los ocho juristas por ausencia de la mayoría necesaria, esta modificación pretende burlar el cordón de protección que implica el quorum exigido frente a cualquier intento de colonización.

Si la finalidad que justifica la existencia del CGPJ es salvaguardar la independencia de los jueces frente a todos, y, en especial, frente a los otros poderes del Estado, como presupuesto que posibilite su control y evite eventuales excesos, la reforma propuesta facilita que, en vez de candidatos fruto del consenso, al menos doce vocales, sean elegidos por un concreto sector o sectores políticos, dinamitando el sentido del art. 122.3 CE y de la doctrina del Tribunal y abriendo la puerta al control del órgano que, a su vez, gobierna a los jueces responsables de garantizar la primacía de la Constitución y la ley.

A través de la vía de urgencia
Mas la modificación no se limita a vulnerar el art.122.3 CE, sino que, por si restaban dudas, se vehiculiza a través del cauce de la proposición de ley, en vez del correspondiente proyecto de ley, lo quecausalmente permite eludir la emisión de los correspondientes informes por parte de otros órganos constituciones como el mismo CGPJ, el Consejo de Estado o la FGE. ¿Urgencia? ¿Elusión de control crítico? Seguramente, ambos.

Por si restara alguna duda de las verdaderas intenciones de los impulsores de la iniciativa, se invoca la misma como solución al bloqueo del proceso de renovación, cuando lo cierto es que dicho proceso, deconformidad con el art. 568 LOPJ, se inició en el mes de agosto de 2018, es decir, hace más de dos años. Cualquier pretensión de dotar a la reforma de carácter retroactivo tropezaría con el hecho de que ya hay un proceso en marcha y las candidaturas de los vocales judiciales están debidamente formuladas. ¿Alguien entendería que, convocadas elecciones municipales, se modificara la ley electoral porque el resultado no gusta a quien tiene la mayoría parlamentaria?

En cuanto a la justificación de la reforma, es igualmente infundada. Cierto es que hay una situación de bloqueo. Pero esa situación es simple consecuencia del pecado original del sistema de elección. Si los vocales judiciales fueran elegidos por los jueces, el proceso habría culminado hace dos años. Por otra parte, la idea de solucionar el incumplimiento del mandato constitucional de cinco años mediante la vulneración de la misma Constitución semeja un puro dislate.

Algunos afirman que el plan no es nuevo, al contrario, lo han seguido cuantos déspotas en el mundo han sido o pretendido serlo: primero, controlar al Poder Judicial y al resto de órganos constitucionales encargados de asegurar el correcto funcionamiento de pesos y contrapesos en el que se sustenta el Estado de Derecho (recordemos que el CGPJ designa dos magistrados del Tribunal Constitucional, a sumar a los otros dos que designa el Gobierno); y, después, inermes los órganos de control, el poder sin freno y la desaparición del régimen de derechos y libertades. Todos tenemos en mente muchos ejemplos.

Doble obstáculo
En esta ocasión, sin embargo, el plan se enfrenta a un doble obstáculo. Internamente, un Poder Judicial consciente de su papel como garante del Estado de Derecho y comprometido con la Constitución y con la convivencia democrática. En el ámbito internacional, la existencia de normas, como los arts. 1 y 1 bis del Tratado de Lisboa, que refrendan expresamente los valores del Estado de Derecho, y de instituciones, como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o los Tribunales de Justicia de Luxemburgo y Estrasburgo, que ya han tenido ocasión de pronunciarse en defensa de estos valores y a los que por supuesto acudiremos si es necesario. No puedo terminar si hacer una llamada a la reflexión. Estamos a tiempo de evitar decisiones cuyo coste democrático, siquiera sea en términos de credibilidad del sistema, sería demoledor para nuestro país. Por favor, por una vez, antepongan los intereses de España y de sus ciudadanos a cualquier otro.

Si la ley polaca quiebra la separación de poderes, la de Sánchez la requiebra
OKDIARIO 15 Octubre 2020

El Gobierno polaco se ha dirigido a la vicepresidenta de la Comisión Europea para preguntarle si Bruselas piensa tomar medidas contra España, al igual que hizo contra Polonia por su plan sobre la Justicia. Y es que el plan de asalto al Poder Judicial que prepara el Ejecutivo socialcomunista se parece mucho al que impulsó el Gobierno ultraconservador de Varsovia.

En un tuit, el número dos del Ministerio de Justicia polaco ironiza: «España: el Gobierno cambia las reglas para la elección de los jueces. Aún así, como en Polonia, serán elegidos por el Parlamento. Pero en lugar de la mayoría de tres quintos (como en Polonia), debería ser del 50% + 1″.

La Comisión Europea ya ha abierto cuatro expedientes sancionadores a Polonia por la reforma de la judicatura. Según Bruselas, la normativa viola la independencia de los jueces y es incompatible con el Derecho europeo, pues la ley polaca puede ser utilizada «para ejercer control político sobre las decisiones judiciales». Si la UE amenaza a Polonia con sanciones, y dado que la reforma que pretenden Sánchez e Iglesias quiebra de manera flagrante la separación de poderes, Bruselas debería hacer lo propio con España, por mucho que el presidente del Gobierno presuma de que Europa no pondrá objeciones.

El plan de asalto al Poder Judicial que diseña el Ejecutivo tiene su inspiración en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, una norma que permitió a Hugo Chávez maniatar a los jueces y hacerse con el control absoluto. Ahí se acabó oficialmente la democracia venezolana, de la misma manera que la democracia española terminaría si el presidente y el vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista se salen con la suya. El Tribunal Constitucional podría desbaratar la tropelía, pero si todos los órganos jurisdiccionales son sometidos, la UE es la única esperanza. De ahí que Polonia señale directamente con el dedo a Pedro Sánchez y le diga a Bruselas que le aplique a España las mismas sanciones que ha adoptado contra el Gobierno de Varsovia. Y es que si la reforma polaca quiebra la separación de poderes, la de Sánchez la quiebra y la requiebra.

Sánchez ya tiene su «Stasi»: tras los jueces, los periodistas
OKDIARIO 15 Octubre 2020

El Gobierno socialcomunista utiliza el Centro Nacional de Inteligencia para investigar «canales de comunicación» que «erosionan la confianza en las instituciones públicas». Partiendo del hecho de que no hay canal de comunicación que erosione más la confianza en las instituciones públicas que los del mismísimo Gobierno socialcomunista (que es, por cierto, quien controla el CNI), habrá que preguntarse qué es lo que pretenden los servicios de inteligencia. Y lo dejan meridianamente claro: «Detectar aquellas plataformas digitales que presenten al mismo tiempo y de manera sistemática una combinación de falta de transparencia, publicación de noticias falsas y narrativas anti-sistema destinadas a erosionar el contrato social y la cohesión social en las democracias».

No es difícil concluir que lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del CNI, es vigilar a los medios de comunicación críticos con el socialcomunismo -que están dentro de lo que denomina «plataformas digitales»- para, en función de una interpretación partidista y sectaria, acusarles de ser poco menos que un peligro para la democracia. La pregunta es sencilla: ¿Quién, dentro del CNI, determina qué canales de comunicación publican noticias falsas? ¿Con qué criterios? ¿Quién del CNI concluye que este o aquel carece de transparencia? Según el CNI, las plataformas digitales que no revelen sus fuentes se convierten en sospechosas, cuando el secreto profesional periodístico -el derecho fundamental que tienen los informadores a no revelar sus fuentes- está consagrado en la Constitución precisamente para que el periodista pueda ejercer su labor con plena libertad. ¿En qué delirante plan está metido el CNI?

El CNI le ha puesto nombre al programa de actuación y estudio de las plataformas digitales: se llama ELISA, vaya usted a saber por qué. Pues bien: vamos a llamar a las cosas por su nombre. ELISA no es más que una mordaza diseñada por el socialcomunismo dentro de la estrategia de acoso y derribo de los medios de comunicación críticos. La particular Stasi de Pedro Sánchez, aunque con nombre de mujer. La Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado, era el órgano de inteligencia de la Alemania comunista orientado a vigilar y controlar a los ciudadanos de la RDA dentro de un plan siniestro de destrucción profesional y personal de todos aquellos que no comulgaran con el régimen. Sánchez ya tiene su Stasi y se llama ELISA. El golpe avanza: tras los jueces, ahora van a por los periodistas.

Un hombre coherente
Ignacio Camacho ABC 15 Octubre 2020

Sánchez no presentó la moción de censura porque el juez De Prada, el hombre al que susurraba Garzón, calzase en la sentencia Gürtel un par de frases sesgadas sobre el PP y sus beneficios «lucrativos» en los manejos de Bárcenas. Eso fue el pretexto, no la causa, de modo que la satisfacción retrospectiva que le ha dado el Supremo a Rajoy podrá servirle de cierta reparación moral, pero no funciona ni como tardía revancha. La moción la presentó porque tenía los votos para ganarla, y era su proyecto esencial desde que ganó las primarias. Bien lo sabían Susana Díaz, González, Madina, Rubalcaba y los demás socialistas veterotestamentarios que con escaso éxito le plantaron cara: el Gobierno Frankenstein lo tenía en la cabeza a la expectativa de que se presentase la circunstancia, y no lo armó antes porque sus compañeros lo echaron de mala manera para que no lo intentara. «Pedro está en el PSOE pero no es del PSOE», decían en voz baja. Y si ha sido capaz de convertir su propio partido centenario en una simple marca electoral y de imponer su bonapartismo sobre toda estructura orgánica, qué le va a impedir hacer algo similar con el sistema institucional de España. Para eso asaltó el poder, para hacer lo que le venga en gana sin pararse en barras. Ni Constitución ni gaitas; qué se puede esperar de alguien que no respeta durante tres minutos seguidos su propia palabra.

La oposición se va a pasar toda la legislatura -y a este paso también la próxima, como poco- tratando de sonrojar al presidente a base de confrontar sus actos con la hemeroteca. Esfuerzo estéril y por tanto melancólico, como escribió Ortega, que acaba provocando una sensación de impotencia. Si reprochar a cualquier político el incumplimiento de sus promesas resulta casi siempre un ejercicio de almas ingenuas, hacerlo con Sánchez conduce al agotamiento mental y moral, a una clamorosa pérdida de tiempo y de fuerzas. La derecha aún no ha comprendido que el factor diferencial de este mandato es la indulgencia con que el electorado perdona a un mentiroso por convicción y por naturaleza, un dirigente sin aprecio por la razón jurídica ni por la compostura ética; un déspota embozado para el que la democracia es una simple cobertura formal o técnica con la que atribuir a Su Persona una fuente de legitimidad al margen de toda regla previa.

La única coherencia de Sánchez no es con su discurso ni con su programa, sino con su inveterada vocación por el engaño y la trampa. Esto de los jueces no es más que otro episodio de una larga secuencia bantde fraudes y artimañas que empezó con una tesis plagiada, siguió por un intento de pucherazo en el Comité Federal y culminó en un desembarco en el poder por la puerta falsa. A partir de ahí, la cuestión clave no consiste en lo que hizo ayer sino en lo que hará mañana, porque no se va a detener hasta que el Estado entero quede bajo su tutela autoritaria.

Sánchez llegó con trampas
La justicia vuelve a sacarle los colores a este Gobierno
Luis Ventoso ABC 15 Octubre 2020

Ya sabíamos que llegó al poder por la puerta falsa, que fue el primer presidente que incumplió la norma no escrita de que para gobernar en España había que ganar antes las elecciones. Ahora, por obra del Tribunal Supremo, sabemos además que lo logró haciendo trampa. La morcilla que introdujo al dictado del PSOE un magistrado progresista en la sentencia de la Gürtel para afirmar que existía una «caja B del PP», el gran argumento moral de Sánchez para tumbar a Rajoy, acaba de ser borrado de un plumazo por el más alto tribunal español (eso sí, en esta España orwelliana no busquen la noticia en los titulares del cuasi monopolio televisivo «progresista» y en su prensa afín: no existe).

Conociendo su perfil psicológico, tendente al narcisismo y la venganza, casi no es de extrañar que Mi Persona se haya embarcado en una inaudita maniobra legislativa de entraña autoritaria para cortarle las alas a la justicia independiente. Y es que los jueces le están dando un repaso al Gobierno en este otoño. Algo insufrible para un mandatario que había concluido que para él no existían límites, que podía mancillar sin penalización alguna todas las buenas prácticas que se venían observando en la democracia española hasta su llegada.

Resulta, ¡oh sorpresa!, que en España todavía pervive la justicia independiente. Y actúa. Primero, un juez colocó al vicepresidente Iglesias carretera al Supremo por sus enjuagues en el caso Dina, tildándolo además de machista. Después, el Tribunal Superior de Madrid le sacó los colores al tándem Illa-Simón -es decir, a Sánchez- por imponer limitaciones de movilidad sin el obligado cauce legal de un estado de alarma. Y ayer, doblete. Una juez de Sevilla investiga a la Junta de Andalucía -era PSOE- por sus 80 millones de ayudas al fabricante de paneles solares Isofotón, hoy en liquidación. Escándalo que roza a la ministra de Hacienda, consejera en los gabinetes que otorgaron aquellas alocadas subvenciones, y a la vicepresidenta Ribera, alta directiva en la firma cuando se dilapidaron. Y como clímax, la sentencia del Supremo sobre la Gürtel, que destapa con toda claridad la maniobra político-judicial ejecutada por el magistrado progresista José Ricardo de Prada para fabricar un argumento en forma de sentencia que ayudase a echar a Rajoy.

El PP no puede sacar pecho, ni mucho menos, ante la sentencia de ayer del Supremo sobre la Gürtel, que mantiene las durísimas penas contra la mafia de Correa y recuerda que el partido se lucró de sus andanzas corruptas. Tiene mucho de lo que avergonzarse. Pero el Supremo aclara también que De Prada nunca debió incluir en la sentencia de la Audiencia Nacional su famoso párrafo sobre la caja B del PP, toda vez que «no puede haber responsabilidad penal sin acusación ni defensa». Traducción: un juez progresista hizo de mamporrero del PSOE en una operación para echar como fuese a Rajoy, escribiendo una conclusión a la carta sobre algo que en realidad no se estaba juzgando.

Sánchez llegó al poder a lomos de un montaje espurio. La justicia así lo ha establecido. Por eso resulta crucial que preservemos su independencia, que con todos los medios cívicos y lícitos a nuestro alcance digamos «no» al plan para maniatarla.

Españoles: no me gustáis nada
Carlos Dávila okdiario 15 Octubre 2020

Es tan curioso como descorazonador. Resulta que, por lo que parece, la izquierda tiene todo el derecho del mundo a cambiar calles de nombre, derribar monumentos o pintarrajear estatuas. ¿Ejemplos?, miles; aquí, en España y fuera de aquí, ahora, sobre todo en Iberoamérica, antes llamada Hispanoamérica. Así se ha referido a ella la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha caído la del pulpo: desde fascista, claro está, a directamente genocida. En la capital de España se desmontó hace años a Franco de su caballo y también en Santander de igual guisa, y los franquistas no rechistaron, es más, fue el centro derecha el autor de la operación. Aquí existen iconoclastas de derechas y de izquierdas. Los primeros son herederos, cómplices de las fechorías del autócrata general, tengan la edad que tengan. Los segundos han parido dos memorias: las de Zapatero, que se inventó un abuelo-héroe cuando solo fue un abuelo-agente doble de rojos y nacionales, y las de ahora, las del dúo Sánchez-Iglesias, que quieren borrar los crímenes de ETA y festejar los de los comunistas de Paracuellos. Con este guión, ya hay constituida una cuadrilla de barreneros dispuestos a derruir cualquier recuerdo que no sea suyo. Y digo: es curioso; ya se han alzado voces compungidas en los medios de la derecha de siempre condenando que el golpista criminal Largo Caballero deje de estar erguido como un prohombre en el Paseo de la Castellana. “¡Que no pinten de ‘colorao’ su monumento, nosotros no somos como ellos!”.

En nuestro mercado actual, se pueden vender los peores atuendos de los más crueles asesinos “rojos” de nuestra horrenda Guerra Civil pero, eso sí, ¡ay de quién compre el retrato de José Antonio Primo de Rivera! Ese en poco tiempos dará con sus huesos en la Cárcel de Valdemoro; no es broma, ya se está legislando sobre eso. Sin que nadie le cubra, sin que nadie le defienda. Y lo de las estatuas, fíjense: estatuas buenas la del hijo de FRAP, malas, las de los nietos de los nacionales que, más o menos, combatieron con Franco porque, como dejó escrito Ricardo de la Cierva: “Cado uno hizo la guerra donde le tocó”. Así estamos. La izquierda, sobre todo la leninista de estos compinches de Maduro y hasta del asesino Ché Guevara al que ahora saluda como emoción Iglesias, santifica a individuos tan repulsivos como éste, y condenan a todo el que se le opone. Mientras, claro, la derecha calla o sólo musita, no vaya a ser que, por albergarse patrióticamente bajo la distinción de “español”, se le tilde de fascista. Ser patriota aquí ya es un pecado. Entre Franco -lo he escrito- , que dejó a la derecha para el tinte de tanto apropiársela, entre los socialistas “modo Sánchez” que persigue como buitres a quienes no le sobamos el lomo, los soviéticos mugrientos, y los nacionalistas enrabietados (algunos herederos de ETA) nos hemos quedado sin Nación. Y los españoles, conservadores, liberales de verdad, tan panchos, mirando hacia otro lado para que no se nos diga que nuestra lengua, nuestra historia, nuestra cultura y nuestras costumbres, han sido responsables de un enorme genocidio externo. ¡Hay que ver lo último que ha vomitado ese ágrafo leninista, presidente de Méjico, López Obrador!

Por eso, cada día me gusta más España, y me gustan menos los españoles que disfrazan o incluso disculpan la barbarie de estos iconoclastas de ahora, este Gobierno marxista-leninista, que está destruyendo con toda consciencia nuestra Nación sin que la derecha haga otra cosa que clamar: “¡Dios mío, Dios mío!” cuando estos dinamiteros se disponen, para tapar sus agujeros, a aprobar un aborto de nueve meses o una eutanasia a demanda. La España que rechazo es la de los españoles apocados, infelices, pendulares, envidiosos, medrosos, blandengues, insensatos, pesimistas, chapuceros y pasteleros. Aquí los intelectuales llamados de derechas se han ido en su mayor parte de vacaciones, la derecha se ha quedado sin cuerpo de doctrina, y está ocurriendo algo insólito en cualquier lugar del mundo: la destrucción entre la apatía general de la propia Nación. La última puñalada se ha asestado el fascista Sánchez al Poder Judicial. Habrá más. La sociedad está anestesiada y el tipo se aprovecha de nuestra inanidad.

Aquí en España, quemar fotografías del Rey no cuesta ya ni siquiera los quinientos euros que hasta hace unos años se imponían a los depredadores. A la derecha el espectáculo le parece ya “lo normal”, pero, ¡ay de ti si en el corpachón falaz de Largo Caballero (era físicamente un mindundi) se pinta un letrero que le diga: “Traidor”! ¡Hay de tí con el silencio o quizá la enemiga de los buenos conservadores que imponen la doctrina del: “Nosotros no somos como ellos!”. Somos estos españoles que no se sublevan, que no nos sublevamos democráticamente, que no nos reunimos otra vez en las urnas para acabar con esta plaga bíblica del leninismo imperante. Cabe una sola esperanza: que, al final, nos salga la hipercloridia eventual que llevamos dentro y reaccionemos, algún leve síntoma se ha podido apreciar en la Fiesta Nacional. Pero, ¿quién dijo que los españoles somos más capaces de no dormir defendiendo la puerta de una iglesia que de entrar en ella? Pues entremos, que nos están dejando incluso sin los santos.

Dictadura española y prejuicio europeo
Agapito Maestre Libertad Digital 15 Octubre 2020

Toda la Unión Europea vive instalada sobre un prejuicio: “España va hacia una dictadura”. Falso. Me parece que lo real es más grave. Nuestra situación empieza a ser preocupante en cada rincón de la UE. No solo me refiero a la desagradable y onerosa circunstancia de habernos convertido en un objeto de estudio, una singularidad histórica, sobre un “Estado fallido” en el interior de la Unión Europea, sino también a algo que puede afectar a la vida política y privada de millones de seres humanos en la UE. Más que las razones, los argumentos lógicos y los juicios éticos, son los prejuicios, las manías, como nos enseñara Freud y el psicoanálisis social, los principales motivos que determinan el comportamiento humano. Y el prejuicio sobre la “España de Sánchez-Iglesias” empieza a calar en toda Europa.

El prejuicio sobre que España “va hacia una dictadura”, sin duda alguna, será a medida que pase el tiempo cada vez más difícil de derribar y combatir, porque es, sencillamente, la coraza de millones de personas para protegerse, o sea para eludir a cualquier precio una realidad aún más humillante y dolorosa: España vive en una dictadura. Peculiar dictadura, sin duda alguna, pero es dictadura. La prensa libre, que no hay mucha, viene advirtiendo hace tiempo sobre los signos autoritarios del Gobierno Sánchez-Iglesias, pero ahora es menester dar otro paso y contar lo real. Levantar acta cada día de la derrota de la democracia en España es combatir el prejuicio de los europeos sobre nuestro destino. Es necesario decir una sencilla verdad: vivimos en una dictadura. Es menester desengañar a quienes mantienen el prejuicio de que vamos hacia una dictadura.

Sí, mientras España va hacia la dictadura, racionalizan millones de psiconeuróticos de la UE, quedémonos quietos, no afrontemos y menos enfrentemos un régimen político autoritario y dictatorial. Nada pueden las razones frente a los fanáticos. Además, una vez que tenemos localizado el mal, confinémoslo en la península e islas españolas, y esperemos pacientemente, como esperamos en las terribles epidemias del pasado o de la actual de la covid-19, “hasta que el veneno se consuma a sí mismo y termine por perder su virulencia”. Éste es, sin duda alguna, el núcleo duro del prejuicio. Es lo más difícil de vencer. Cuanto más fijado está un prejuicio, como diría Alexander Mitscherlich, uno de los grandes psicoanalistas de nuestro tiempo, tanto más disminuye la posibilidad de que el yo, dicho en otras palabras, lo racional, influya para destruir el prejuicio.

De ahí que sea tan importante, antes de que se fije y extienda el prejuicio por toda Europa, que los españoles nos dirijamos a la UE para decir qué está pasando aquí, o sea, demos razones sobre la instalación en nuestro país de un régimen dictatorial. Razonemos, pues, sin prejuicios y, por supuesto, sin exageraciones. Es obvio que aquí no vivimos en una dictadura comunista, porque aún no hay un partido único que se confunda con el Estado y la Sociedad; pero existen múltiples pruebas, hechos y circunstancias, aparte de la ideología de Podemos, separatistas, exterroristas y socialistas, sobre la desaparición paulatina, especialmente desde la llegada al poder de Sánchez por una extraña moción de censura, de la principal pauta que define un sistema democrático. En efecto, las diferencias, las radicales divisiones y diferenciaciones entre los ámbitos del poder, el derecho y el conocimiento, que definen una sociedad democrática han ido destruyéndose en España de modo tan rápido y profundo que hemos llegado, en solo diez meses, a asumir como normal que el Gobierno decida asaltar el poder judicial sin otro límite que chantajear al PP: o me votas los jueces del CGPJ o cambio la ley para que los nombre el Gobierno de Sánchez-Iglesias.

En fin, como he repetido aquí ciento de veces, nada se mueve, ningún poder, sea político, intelectual y jurídico, sin el control de Sánchez-Iglesias. Más aún, el poder gubernamental determina hasta tal punto las esferas del saber y del derecho que parece no haber diferencias entre unos y otros. La identidad del poder, el saber y el derecho, durante la gestión de esta epidemia, ha sido de tal envergadura que es difícil hallar un Gobierno más despótico en el mundo que el español. Se ha llegado a mantener, desde marzo hasta hace unas semanas, que todas las decisiones se tomaban de acuerdo con los argumentos de un comité de expertos que, según el mismo Gobierno de Sánchez-Iglesias, no ha existido nunca… Esta vulgar mentira es una sencilla prueba de que esto, el estaribel montado por los socialistas, los comunistas, los separatistas y los exterroristas, es una indecente dictadura.

La izquierda totalitaria no será derrotada ni razonando ni argumentando
El descaro del señor Illa no tiene parangón. Cuando Madrid disminuye el número de contagios él decide rebajar los necesarios, para mantener la alarma, hasta 200 casos
Miguel Massanet SX 15 Octubre 2020

La realidad es que, al Gobierno y sus ministros, ya no les hace falta andarse con disimulos para actuar guiados por sus propias y partidarias conveniencias. Ya les basta con llevar la mascarilla antivirus, porque la careta política que llevaban puesta, simulando ser un gobierno democrático, objetivo, imparcial y preocupado especialmente por los ciudadanos y su bienestar, hace ya tiempo que se la han quitado y ahora ya no se toman la molestia de disimular sus decisiones y sus actos de autoritarismo y desprecio por los derechos constitucionales, su respeto por sus adversarios políticos y su deber para con el pueblo español de explicarle la verdad, la realidad de las circunstancias extraordinarias por las que está pasando España y la evidencia de que, desde el inicio de la pandemia del Covid 19, su actuación ha sido de negación primero, manipulación de las cifras de contagiados y muertos después y, finalmente, pretender desviar la atención de los españoles iniciando una campaña a sangre y fuego sobre la comunidad madrileña y, especialmente, de clara venganza contra la señora presidenta, Isabel Ayuso, por haber interpuesto un recurso en contra de la actuación de la Administración socialista, que ha merecido la aceptación y subsiguiente resolución favorable del TSJM, algo que no ha digerido el señor Pedro Sánchez que, como dictador en ciernes, no acepta que se le corrija y se enmienden sus decisiones o las de los suyos.

Lo cierto es que aquellas cifras manipuladas, retocadas y dadas oficialmente por buenas, por parte de la Administración socialista, de 27.000 fallecidos por culpa del coronavirus, cifra que permaneció inmutable, pese a que se evidenciaba que debían añadirse más, ahora ya nadie duda que sobrepasa los 60.000 pese a que oficialmente, Illa y su camarilla, insisten en que sólo son 33.000, una cifra ridícula que ya nadie acepta, pero que la tendencia de ocultar la realidad de la pandemia, de este Gobierno, se resiste a modificar. Sin embargo, el número de contagiados ya nadie niega que ha sobrepasado, en España, los 800.000 casos.

En España, señores, hemos llegado a un punto en que sólo los necios, los ignorantes, los interesados en ocultar los errores de quienes nos gobiernan y los sectarios adeptos a la izquierda, pueden pensar que nuestro Gobierno no nos está llevando, directamente, a un régimen inquisitorial, a ir socavando las raíces de nuestra Carta Magna, a proclamar de hecho lo que de derecho sería imposible hacer o a la supresión de nuestras libertades individuales con continuas normas que, poco a poco, las van recortando para ser reemplazadas por normas, decretos, decisiones ministeriales o autonómicas que intentan vaciar de contenido aquellos artículos de nuestra Constitución que hacen referencia a derechos de la ciudadanía y que están en contraposición con lo que intentan imponernos determinados partidos de izquierdas partidarios de la supresión de la libertad de mercados, de la iniciativa privada, del derecho de propiedad y del derecho de cualquier ciudadano a aspirar a mejorar su estatus económico mediante su preparación, esfuerzo, actividad e inteligencia que le sirvan para tener una posición en la sociedad por encima de aquellos otros que no han querido, no han sabido o no han podido, por su falta de capacidad o sus limitaciones intelectuales aspirar a trabajos de mayor beneficio.

En consecuencia, no queda otra alternativa que iniciar una nueva etapa en la que, los constitucionalistas, los partidarios de respetar nuestras tradiciones y nuestro patrimonio cultural y de conservar aquellos valores, ética y moral que hemos venido recibiendo a través de nuestros ascendientes, deberemos tomar conciencia de que no vale seguir recluidos en las cavernas de la resignación, la indiferencia, la confianza en que las cosas irán a mejor por sí solas o a que un milagro divino vaya a cambiar radicalmente lo que está sucediendo en España; dejen de mantener sus ensoñaciones, sus debilidades, sus conformismos y, permítanme que lo diga claro, su miedo; esperando que lo que nos aguarda no sea tan ominoso como se presenta. Cuando personajes tan poco significativos, de tan escasas dotes y procedentes de tan distintos y poco apropiados oficios para el cargo público que están ocupando, como es el caso del señor Salvador Illa (un filósofo ocupándose de un ministerio de tanto relieve como es el de Sanidad), se pueden permitir cambiar las reglas del juego sobre la marcha con la evidente, disparatada, prevaricadora, inusual y malévola intención de poner en un compromiso a la presidenta de la comunidad madrileña, tenemos que llegar a la conclusión de que se han acabado los juegos, la paciencia, la tolerancia, la discreción y el seguir actuando como cobardes, dejando que se nos trate como a gallinas de corral que aguardan, pacientemente, que quienes se ocupan de ellas decidan un día acabar con su existencia.

No sabemos lo que está sucediendo en el PP, pero no encontramos que ni en Casado ni en los que le acompañan se haya hecho lo suficiente para ayudar, en su lucha con el gobierno, a la señora Ayuso. Lo que sí sabemos es que no tienen tiempo para más luchas internas, personalismos ni ambiciones políticas, que puedan ir en contra de la solidaridad y unidad que hoy en día se les puede exigir, desde sus bases, que deben mantener. No valen más paños caliente ni preocuparse por los votos que van a necesitar para vencer, en su día, al PSOE, pero de lo que estamos convencidos es de que, si no empiezan a tomarse en serio su deber como oposición y comienzan a luchar con las mismas armas que lo están haciendo sus oponentes de las izquierdas; es evidente que España está condenada a muchos años de estar sometida al yugo del comunismo bolivariano que van a ser los que, en definitiva, vayan a sacar la mejor tajada de esta obsesión por acabar con el Rey, el jefe del Estado español, la Iglesia contra la cual hace siglos que luchan ( algo que no sabemos si el papa Francisco tiene muy claro, cuando viene ejerciendo de peronista convencido) y, la unidad de la nación española.

Gozan para ello de la ayuda de los fiscales, a las órdenes de la Fiscal General del Estado, señora Delgado, que se ha olvidado que su cargo público no es de derechas ni de izquierdas sino al servicio de la nación española, y se ha convertido, junto a la abogacía del Estado, en uno de los medios más útiles para poner en peligro la supervivencia de uno de los poderes del Estado que mejor han contribuido a que España no se haya convertido en un país desguazado por los independentismo y una nación entregada a la hoz y el martillo, empuñados por este personajillo surgido de las aulas universitarias, Pablo Iglesias, que tiene tal empacho del viejo comunismo bolchevique que ha sido incapaz de entender que, en este mundo de hoy, unas ideas como las que él y su mujer, tan fanática y feminista como él, no tienen la menor posibilidad de salir adelante aunque, y eso sí es cierto, si pueden conseguir acabar con una democracia, de la que reniegan, para implantar un régimen comunista bolivariano parecido al de la Venezuela, del señor Nicolás Maduro, en España.

¿De qué medios disponen los partidos que hoy forman la única oposición, aunque minoritaria, que se enfrentan, aunque fuere tímidamente, al señor Sánchez y su mayoría de izquierdas? Pues, aparte del poder Judicial, sometido a la constante presión del gobierno y sus ministros, no vemos con claridad, qué otro tipo de grupo político sería capaz de oponer un freno eficaz a la voluntad de Sánchez y su Gobierno. La izquierda ha conseguido dominar a un 90%, y nos quedamos cortos, de la prensa hablada y escrita, una mayor parte de las cadenas de TV; de modo que tiene la supremacía a la hora de vender su demagogia y de tejer el ambiente favorable para que el PP y VOX queden inermes ante los continuos ataques que se hacen contra ellos. Sólo si el PP se toma en serio lo de dar la réplica, oponer su información a la del Gobierno, y dar publicidad a sus propuestas y a las denuncias de los errores del Gobierno podrá intentar rehacerse; en caso contrario no tendrá nunca la posibilidad de venderse ante el electorado como un partido capaz de mejorar, si no consigue superar la deficiente actuación del actual gobierno socio-comunista que estamos teniendo que soportar. Un gobierno que con sus artimañas, en lo que son expertos, ha conseguido neutralizar a una derecha que es incapaz de crear a un equipo de periodistas e informadores capaces de contrarrestar y desmentir las falsas noticias que continuamente y sin réplica van difundiendo, quienes nos gobiernan, siempre impunemente.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tememos que el deterioro de la situación que se adivina que se va a producir, con virus o sin virus, en los meses de invierno que se avecinan, comporte un aumento significativo del paro, un incremente de los ERE, no ERTE, que de un vuelco a las estadísticas de paro al pasar más de 750.000 trabajadores, que no trabajaban pero no figuraban en las listas oficiales del paro, cuando sí se les incluya en ellas a partir del mes de Enero del próximo año. Sin duda alguna esta circunstancia y la probabilidad de que el aumento de parados en la industria y el comercio vaya aumentado de una manera espectacular, nos pone en guardia respecto a lo que puede suceder ante un situación tan dramática, si las masas se mueven y los comunistas como es evidente que sucederá, se dedican a sembrar cizaña para que se levanten contra empresario y el propio Gobierno de la nación. El gran filósofo de estoicismo, L. A. Séneca, nos dejó para la posteridad la siguiente frase: “No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas”.

Vox pide que comparezca la directora del CNI por calificar parte de su programa de «amenaza» para la democracia
Carlos Cuesta okdiario 15 Octubre 2020

Vox ha reaccionado a la publicación de la noticia de OKDIARIO en la que se desvelaba que el CNI ha incluido parte del programa de Vox como «contrario a las instituciones democráticas» y «una amenaza directa». El partido de Santiago Abascal ha registrado la petición de comparecencia en el Congreso de la directora del CNI, Paz Esteban, para explicar el motivo y alcance de esta decisión.

En dicha petición, «Dña. Macarena Olona Choclán, actuando en su condición de Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox (GPVox), y D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, diputado del Grupo Parlamentario Vox (GPVox), al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente solicitud de comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de doña Paz Esteban López», señala el texto entregado por Vox en la Mesa del Congreso. Paz Esteban es la «secretaria de estado directora del Centro Nacional de Inteligencia».

El motivo de la petición de comparecencia es «dar cuenta del informe sobre desinformación elaborado por el Observatorio Digital Elisa con fecha de 30 de septiembre de 2020 perteneciente al Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia».

Observatorio Digital Elisa
El Centro Criptológico Nacional -coordinado con el CNI- acaba de finalizar un informe sobre desinformación en el que califica de «contrario a las instituciones democráticas» y «una amenaza directa» la crítica al globalismo: Vox es el principal partido que ha incluido este punto en su ideario. Lo ha defendido todo el partido con Santiago Abascal a su cabeza.

Ahora, los organismos de inteligencia lo tachan de una narrativa con «naturaleza antisistema» contrario «a las instituciones democráticas y pueden suponer una amenaza directa para la cohesión social, la estabilidad, incluso la salud del país».

El informe aparece elaborado con fecha del pasado 30 de septiembre. Lo ha desarrollado el ‘Observatorio Digital Elisa. Laboratorio para el Análisis de la Desinformación (Antiglobalismo)’. Y carga contra las tesis que critican el avance de unas «élites globales» que se superponen a los países por ser una de las «narrativas maliciosas más frecuentes».

El texto del documento del centro que coordina del CNI destaca que «a continuación, se detallan las narrativas maliciosas más frecuentes, según las fuentes digitales potencialmente maliciosas, analizadas por el ‘Observatorio Digital Elisa’, tanto en España como en el extranjero». La primera es el «Antiglobalismo». Una idea que Vox no ha dejado de repetir en sus intervenciones.

Seguridad de las tecnologías
La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, encomienda al CNI el ejercicio de las funciones relativas a la seguridad de las tecnologías de la información en su artículo 4.e), y de protección de la información clasificada en su artículo 4.f), a la vez que confiere a su secretario de Estado director la responsabilidad de dirigir el Centro Criptológico Nacional (CCN) en su artículo 9.2.f). De ese modo surge el CCN como brazo del CNI.

«Como desarrollo de esta Ley, y partiendo del conocimiento y la experiencia del CNI sobre amenazas y vulnerabilidades en materia de riesgos emergentes, se creó en el año 2002 el CCN, regulado por el Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo», señala la propia documentación del CNI.

«Desde su creación, su labor ha ido encaminada a reducir los riesgos y amenazas provenientes del ciberespacio, fomentar el uso de productos y sistemas seguros (constituye el Organismo de Certificación) en su ámbito, propiciar la formación, coordinación y comunicación entre todos los agentes implicados y actuar como estandarte de la defensa del ciberespacio (a través de su Capacidad de Respuesta a Incidentes CCN-CERT), preservando la información clasificada y sensible, evitando la interrupción de servicios y defendiendo el patrimonio tecnológico español. Juega, además, un papel central en el desarrollo e implantación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional», añade el CNI. Ese es el organismo que señala que una parte decisiva del planteamiento de Vox es una «amenaza directa».

Su informe destaca que «las narrativas antiglobalistas tienen una naturaleza antisistema contrarias a las instituciones democráticas y pueden suponer una amenaza directa para la cohesión social, la estabilidad, incluso la salud del país. La crisis de la Covid-19 ha favorecido un gran crecimiento de estas narrativas, así como de las fuentes digitales que difunden este tipo de contenidos. Sólo entre el mes de abril de 2020 y septiembre de 2020, el ‘Observatorio Digital Elisa’ ha detectado 1.808 contenidos antiglobalistas difundidos en 157 plataformas».

Al servicio de unas élites ocultas
El informe del CNN añade que «su núcleo principal consiste en afirmar que las democracias no obedecen a las necesidades de los ciudadanos, sino que están al servicio de unas élites ocultas que son las que toman las decisiones, ajenas a la voluntad de los mismos. Buscan culpar a un enemigo externo (imaginado e imaginario) de los problemas sociales, políticos o económicos que afectan a un país».

En innumerables ocasiones Vox ha señalado a la figura de George Soros como protagonista clave de este globalismo. «Esta narrativa, que las plataformas maliciosas defienden sin aportar ninguna evidencia, es la base ideológica sobre la que se asientan los movimientos políticos de polarización que están surgiendo en Europa y Estados Unidos, y que plantean como retórica ‘recuperar’ la soberanía de los Estados con agendas políticas nacionalistas e identitarias», subraya el documento del CCN.

Concluye afirmando que «su naturaleza es antisemita, puesto que de manera sistemática vinculan al ‘lobby judío’ intereses ocultos (George Soros o la familia Rothschild e incluso a Bill Gates). Estas narrativas son hostiles a seis principios básicos de la democracia: La legitimidad de los Estados, el pluralismo social, la economía de mercado, los medios de comunicación tradicionales, los organismos multilaterales, y la investigación científica», según el organismo adscrito al CNI.

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Estado fallido
Pablo Planas Libertad Digital 15 Octubre 2020

No es de extrañar que en Europa se empiece a hablar de un Estado fallido, un Estado que empezó a mostrar síntomas de debilidad en su respuesta al golpe separatista.

El coronavirus, en siniestra combinación con la mayúscula incompetencia de un Gobierno que actuó tarde y mal, se ha cobrado ya más de cincuenta mil víctimas. El confinamiento, sumado a la incapacidad del mismo Gobierno, ha situado la economía española en un punto crítico, con datos similares a los de la Guerra Civil, caída del PIB, aumento del paro, cierre de negocios y un pesimismo generalizado y creciente. Muy por encima todos estos datos, tanto de muertes como de miseria, del resto de países de nuestro entorno, donde la pandemia ha golpeado con igual dureza. A mayor abundamiento, y para tapar la emergencia sanitaria y la recesión económica, este Gobierno de los inútiles ha provocado una aguda crisis institucional con su indisimulado intento de ocupar por la fuerza el Poder Judicial y derribar la Monarquía.

En este contexto, no es de extrañar que en Europa se empiece a hablar de un Estado fallido, un Estado que empezó a mostrar síntomas de debilidad en su respuesta al golpe separatista. Un año después de la magnánima sentencia que cambió rebelión por sedición, el Gobierno se sustenta sobre los partidos de la asonada más Bildu, la formación beneficiaria del terrorismo etarra.

Como es obvio, ni la Unión Europea ni el Fondo Monetario Internacional ni ningún otro organismo internacional confía en la España del ególatra Sánchez y el desastrado Iglesias, de modo que se comienza a preparar el terreno para una intervención económica que pasa en primer término por congelar las ayudas comunitarias. Si Europa acaba por entregar los 140.000 millones comprometidos para la reconstrucción, será bajo estrictas condiciones y la lupa de los hombres de negro.

Queda ya muy lejos la apelación de Sánchez a los Pactos de la Moncloa, otra pirueta del político más mentiroso de nuestra historia. En medio de una situación dramática, con una avalancha de cadáveres ocultados por las televisiones y medios afines, con unos datos económicos puramente catastróficos, la única salida del Gobierno es acabar con la oposición, aniquilar al adversario, destruir cualquier conato de resistencia y aplastar toda clase de disidencia con el fin de huir de la Justicia y gestionar las ruinas.

Ese viejo PSOE que aún invocan los ingenuos fue devorado por Pedro Sánchez, quien apoyado en los adolescentes de Podemos se ha impuesto el objetivo de cumplir con los peores pronósticos de la atónita Europa y declarar la quiebra económica, política y judicial de España. Es eso o acabar en el banquillo ante unos jueces sin ataduras.

Daniel Portero: "Desde la llegada de Sánchez 100 terroristas de ETA han gozado de beneficios penitenciarios"
El presidente de Dignidad y Justicia ha pedido en esRadio unión a las asociaciones de víctimas para volver a las calles.
esRadio Libertad Digital 15 Octubre 2020

La llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en junio de 2018 aupado en una moción de censura contra Mariano Rajoy, que se ha confirmado que estaba basada en unos párrafos que el TS ha eliminado de la sentencia de Gürtel, abrió un nuevo ciclo en materia penitenciara para los presos de la banda terrorista ETA.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el diputado del PP en la Asamblea de Madrid y presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha denunciado cómo se siguen dando beneficios penitenciarios a los presos etarras y cómo las víctimas pueden entorpecerlos. Portero ha contado que en el último mes "han dado beneficios a 40 presos más" y que desde la llegada de Sánchez al poder "100 terroristas de ETA han gozado de beneficios penitenciarios, acercamientos al País Vasco y aumentos de grado".

"A día de hoy hay 180 presos de ETA" ha afirmado Daniel Portero que ha recordado que "en dos años más de la mitad han sido beneficiados" y que "a este paso cuando acabe la legislatura los tenemos a todos ahí", en el País Vasco.

Para evitar y entorpecer que se den estos beneficios a los presos de ETA el presidente de Dignidad y Justicia ha dicho que hay una manera gracias al Estatuto de las víctimas que "es muy generoso con las víctimas del terrorismo". Ha dicho que él lo hizo con los asesinos de su padre y que gracias a eso le tienen que comunicar "cada movimiento que hacen". También pueden evitar "por seguridad" que el terrorista viva cerca de ellos.

Las víctimas "pueden recurrir" cada beneficio que le den al terrorista "mientras dure la condena". Pero para que eso pase tienen que ser las víctimas las que den el primer paso. Ha apuntado que se puede hacer a través de la página web de Dignidad y Justicia de manera gratuita y que "es muy importante de cara al tercer grado" que "los están dando como churros".
Salir a la calle contra las medidas del Gobierno

El presidente de Dignidad y Justicia ha denunciado también cómo el Gobierno está acelerando todo este proceso para conseguir el apoyo de Bildu para la aprobación de los PGE. En este sentido ha recordado cuando Pedro Sánchez dio el pésame por el suicidio de un etarra sin decir que ETA era una banda terrorista.

"En el corto recorrido, estos venden hasta a su madre" ha dicho Daniel Portero en referencia al Gobierno de PSOE y Podemos ya que "para aprobar los PGE necesitan el apoyo de estos grupúsculos que hay en el Congreso". "El mar de fondo está en que la derecha no consiga aunar sus fuerzas y si no están unidos nunca van a arrebatar el poder de forma democrática a esta gente", ha destacado.

También ha criticado que no exista una "oposición en los medios" porque "la televisión está dominada por el lado izquierdo" y que las víctimas del terrorismo tengan "un problema de comunicación". Cree que las asociaciones de víctimas del terrorismo tienen que "estar en la calle" porque es "nuestro medio de comunicación".
 


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