AGLI Recortes de Prensa   Viernes 16  Octubre  2020

El derrumbe económico tendrá peores consecuencias que el virus
José María Rotellar Libertad Digital  16 Octubre 2020

La crisis económica ya es más grave que la sanitaria, y de seguir con esta gestión, todavía lo será mucho más. Vaya por delante que cada persona que lamentablemente ha fallecido -y las que, desgraciadamente, fallecerán- por coronavirus es un drama personal, una pérdida irreparable, pues cada vida es un tesoro insustituible, como lo son todas las vidas acabadas por cualquier tipo de causa o enfermedad. Merecen nuestro dolor, nuestro respeto y nuestro homenaje.

Ahora bien, sin olvidarnos de ese dolor, respeto y homenaje, sin dejar de luchar con todos los medios sanitarios para evitar que mueran personas, no se puede seguir de la manera en la que se ha gestionado, desde el principio, esta crisis. Dicha gestión ha supuesto, está suponiendo y supondrá la ruina de la economía española. No se trata de meros números, donde el PIB cae un 21,5% interanual y la tasa de paro se acerca al 16%. Se trata de personas y de la obligación de todo gestor y responsable político, que es gobernar pensando en el bienestar global y generalizado de toda la sociedad.

No es fácil, obviamente, gestionar ni tener la última palabra en las decisiones a tomar, pero quienes aceptan los cargos de servicio público saben que eso va en el sueldo y en el puesto. No pueden, por tanto, quedar atenazados por el qué dirán mediático, ni tratar de gobernar desde la propaganda, sino que tienen que decidir en función de lo que sea mejor, o, en este caso, menos malo, para toda la sociedad.

Antes de que alguna persona se lleve las manos a la cabeza o señale que esa afirmación es egoísta, pensemos en lo que encierra el disparate de gestión de la doble crisis que tenemos, la sanitaria y la económica.

En primer lugar, las medidas que se tomaron de cierre productivo se adoptaron por la tardanza en reaccionar para mitigar la propagación de los contagios cuando ya era demasiado tarde. Entonces, se recurrió a dicha solución propia de tiempos medievales, pese a encontrarnos en el siglo XXI. Sólo habría tenido sentido encerrarnos una semana a todos si se hubiesen realizado test rápidos, para poner en cuarentena a los infectados y dejar, después, que el resto trabajase, además de proteger a los grupos de riesgo. No se hizo y con casi cien días de estado de alarma no dejaron de crecer durante muchas semanas los contagios y, lo que es peor, los fallecimientos.

La población, lógicamente, se atemorizó, pánico en el que se mantiene, alimentado por muchos políticos y muchos medios de comunicación, porque no se ha contado la realidad, como que el crecimiento exponencial de fallecidos se debió al colapso sanitario por no adoptar medidas suaves, pero efectivas, de manera temprana y por enfrentarse, en esas circunstancias, a un virus nuevo donde imperó mucho el prueba y error. No quiero ni pensar en la posibilidad de que, adicionalmente, se cribase por esperanza de vida, porque eso habría sido monstruoso. Prefiero creer que esto último no fue así. Y no se cuenta ahora, por tanto, que esa situación no es la misma que la actual, ni por la agresividad del virus con carácter general, ni por el aprendizaje logrado en el tratamiento sanitario, ni por los medios con los que se cuenta y que escaseaban entonces. Y si de todos ellos hay riesgo de que llegase a repetirse el de saturación de la ocupación hospitalaria, levántense en cada punto de España hospitales provisionales, como fue el de Ifema. Ábranse uno, media docena o cincuenta Ifemas, búsquense médicos en el extranjero si aquí no hay suficientes y, si fuere necesario, reclútese a estudiantes de quinto y sexto de medicina, que mejor será eso que no tener nada. No se está escatimando dinero para sanidad, con lo que inviértase en esta coyuntura, temporalmente, el dinero preciso para ello.

Hágase eso, protéjase a los vulnerables -no con el mero encierro, pues pueden desarrollar otras enfermedades, como depresión por soledad, o incluso desorientación o anquilosamiento y enfermedades circulatorias-, que los infectados guarden la cuarentena establecida y ábrase la economía del todo, porque la ruina está creciendo.

Además, salvo para hundir la economía, de nada ha servido tomar las medidas más restrictivas del mundo, pues el avance de la enfermedad en España es uno de los lugares donde es más rápido e intenso de todo el contexto internacional. Si hemos sido los más restrictivos y somos los peores en evolución sanitaria, es obvio que lo que se está haciendo no sirve para nada bueno.

Por otra parte, ¿cuál es la propuesta que dicha estrategia marca? ¿Ir cerrando y abriendo la economía según aumenten y disminuyan los contagios? Esa montaña rusa genera una completa inseguridad, pues familias y empresas no sabrán a qué atenerse, de manera que al pánico generado se añadirá la incertidumbre y nadie ni consumirá ni invertirá.

Sin inversión y consumo no habrá actividad económica, y sin ésta no habrá empleo. Sin empleo no habrá ingresos, y sin ingresos habrá pobreza y ruina para familias y empresas -más de la que ya se ha generado- e insuficiencia para poder financiar todos los servicios públicos esenciales -cuyo límite de capacidad de financiación se está ya bordeando-, con lo que habrá menos recursos para sanidad y, por tanto, peor atención y más muertes por todo tipo de enfermedades.

La situación económica ya es dramática: más de un millón de personas ha perdido su empleo, casi otro millón sigue en un ERTE sin saber si no acabará en el paro, y por lo menos otro millón ve peligrar su puesto de trabajo porque la inseguridad y nuevas y cambiantes restricciones lleva a que la quiebra de muchas pequeñas empresas que reabrieron sea cada vez más probable.

No hay más que pasearse por las distintas ciudades españolas y ver la lista interminable de comercios cerrados o en proceso de cierre. En Madrid es terrible ese espectáculo, además, no sólo en zonas con menos empuje comercial, sino en las de mayor tránsito también. Si eso sucede en esos lugares, qué no pasará en otros puntos de Madrid o del resto de España cuya localización sea menos comercial o con menos capacidad económica.

Las colas del hambre, que, desgraciadamente, han vuelto a España, son cada vez más numerosas en los comedores religiosos o comedores sociales que hay. Adicionalmente, por cualquier lugar se percibe que la mendicidad ha aumentado, con la desesperación pintada en el rostro de las personas que se han visto obligadas a solicitar la ayuda del resto de ciudadanos.

Esta situación económica de ruina inducida en este extremo tan intenso, llena de angustia a cientos de miles de personas, afectando también directamente a la salud, de manera que puede que el número de muertes por enfermedades circulatorias, como infartos o derrames cerebrales -de los que, por cierto, fallecen, según datos del INE, alrededor de 120.000 personas cada año-, suicidios o enfermedades derivadas de depresiones, aumente. Ojalá no sea así, pero es una posibilidad que cada vez, desgraciadamente, cobra una mayor probabilidad.

La solución no es confiarlo todo al gasto público, no ya por una mera cuestión ideológica, sino, simplemente, porque no es sostenible: con una deuda pública situada ya en julio en el 115,34% del PIB, con los ingresos cayendo a plomo y el gasto subiendo vertiginosamente, no hay espacio para poder incrementar las ayudas. No se puede confiar en ello, porque no será posible.

No podemos ni encerrarnos de nuevo ni permitir que funcionen sólo colegios, universidades y oficinas o similares, porque en los restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, gimnasios, locales de ocio o comercios trabajan muchos cientos de miles de personas, que se quedarán en el paro si se restringe más la actividad de dichos sectores o se les cierra directamente. Esos lugares son también centros de trabajo para muchas personas que viven de ello.

Si se sigue por el camino de la gestión realizada hasta ahora, donde sólo se ha primado el aspecto sanitario con medidas, además, que se han demostrado que son un fracaso, y no se atiende a la situación económica, el hundimiento será todavía mucho mayor, donde nos veremos obligados -o nos obligarán- a recortar pensiones, dejando al descubierto a nuestros mayores, que ya no pueden tener otra alternativa de ingresos, y a cercenar una gran parte de los servicios esenciales.

Con una población así de empobrecida, con seis millones o más de parados que puede llegar a haber, y con un estancamiento muy largo tras una caída brutal de nuestra riqueza, el drama humano será de una dimensión mayor que el ya doloroso generado por el virus, con el agravante de que, además, seguirá existiendo la enfermedad, por no hablar de la posible ola de robos y pillaje que podría llegar a darse en una situación tan extrema.

Llega el momento de elegir: o seguir como hasta ahora y hundirnos, o tener la valentía de tratar de salir adelante con toda nuestra energía, con todas las medidas de prudencia necesarias hasta que exista una vacuna, velando de manera decidida por el cumplimiento de las normas de prevención, pero reabriendo de manera completa, sin restricciones, porque la gente tiene que poder trabajar para poder comer, vestir, pagar su hipoteca o su alquiler, para poder, en definitiva, vivir. Desgraciadamente, hemos perdido a muchas personas por el virus y perderemos a más, pero quedarnos encerrados no es garantía de evitar estas muertes y sí que lo es de generar una hecatombe económica como nunca antes ha habido en España, que, además, traería más muertes por todo tipo de enfermedad. Quienes tienen que tomar estas decisiones deberían recordar que su obligación es buscar lo mejor para el conjunto de la sociedad, que, en este caso, son cuarenta y siete millones de españoles. Y lo mejor no es arruinarlos y hacerlos morir en vida, sin garantía de que el aspecto sanitario mejore por ello. Y si dichos gestores no son capaces de verlo así, al menos que piensen egoístamente que no sería positivo para ellos pasar a la historia como quienes dejaron en la más absoluta miseria a España.

Soy consciente de que lo que expreso, al apartarse de la línea establecida en la sociedad por el Gobierno y por muchos medios de comunicación, puede ser calificado negativamente, como soy consciente de que con toda probabilidad no rectificarán y seguirán con el modelo de gestión mantenido hasta ahora, pero es la realidad, y de seguir con esta gestión, el perjuicio todavía lo será mucho más.

Europa se alarma con España
Editorial ABC  16 Octubre 2020

En menos de una semana, y de forma inopinadamente urgente, la Comisión Europea ya ha lanzado una primera advertencia formal al Gobierno de Pedro Sánchez por tramitar su proyecto para reformar unilateralmente el sistema de elección del poder judicial en España, orillar a la oposición, saltarse los controles preceptivos de los órganos constitucionales y gestionar a capricho la justicia con criterios ideológicos. La preocupación en la Comisión Europea es máxima, y no porque se haya generado un irascible debate en España entre el Gobierno y la oposición como si esta fuese una ley cualquiera o una excusa rutinaria para el enconamiento político. No lo es. La Comisión ha encendido las luces de alarma porque se trata de un escándalo político de primera magnitud que conlleva una quiebra irreversible en la separación de poderes.

La maniobra de Sánchez es siniestra en la medida que pretende alterar el sistema de mayorías parlamentarias para diseñar un poder judicial a medida del PSOE y de Podemos que le permita controlar en exclusiva cada nombramiento de jueces que se haga en el futuro con 17 votos sobre 20 posibles. Sometido el poder legislativo con criterios de obediencia a cada abuso de Sánchez, solo queda el dique del poder judicial como reducto de una democracia que pierde calidad cada día que este Gobierno amanece en La Moncloa. La Comisión sostiene que vigilará «atentamente» el desarrollo de la reforma porque percibe un intento de politizar la justicia. Además recomienda al Ejecutivo que consulte al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio CGPJ antes de cometer una aberración jurídica que no solo puede acarrear sanciones a España, sino que podría dilatar -si no vetar- la llegada de fondos para el rescate de nuestra economía. Es lógico que Europa mire con lupa a España porque nunca nadie se atrevió a tanto para someter a la judicatura. De hecho, en un reciente informe, la Comisión exigió a los países europeos «reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial a fin de fortalecer la independencia».

Europa es el último resquicio para evitar un rodillo implacable contra la autonomía de nuestros Tribunales. En cualquier caso, las advertencias europeas contra Polonia y Hungría -sorprendentemente lideradas por el mismo PSOE que ahora les imita- no pueden quedar en algo bienintencionado. Si Sánchez asesta un golpe letal a la justicia, ya no valdrán las excusas en Europa para actuar porque realmente empieza a percibirse a España como un Estado fallido en plena deriva totalitaria. Acierta la oposición, como hizo ayer Casado en Bruselas, al alertar de la tensión constitucional a la que Sánchez somete a España porque esto ya no va de reinterpretar nuestras leyes, sino de una ruptura de las reglas del juego. Europa es la tabla de salvación que le queda a España para no ver mermadas más libertades.

A ver si tiene bemoles el socialismo de decirle a Sánchez lo que le dijo a Polonia
OKDIARIO  16 Octubre 2020

Paradojas de la vida: hace sólo unas semanas, un informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, que preside el socialista español Juan Fernando López Aguilar, supuso una nueva condena a la falta de independencia judicial en Polonia. Lo que dijo López Aguilar se refería a Polonia, pero perfectamente podría aplicarse a España tras el anuncio del Gobierno socialcomunista de reformar la Ley del Poder Judicial para que los miembros del CGPJ sean elegidos por mayoría absoluta en lugar de por una mayoría de tres quintos de la Cámara y garantizarse así el control del órgano de los jueces.

Aguilar pidió a las autoridades polacas «que defiendan y mantengan la independencia de los tribunales de su país». Se espera que, después del anuncio del Gobierno español, el eurodiputado socialista tenga el mismo coraje para decirle a Sánchez lo mismo que le dijo a Polonia.

Aguilar añadió que la «independencia del poder judicial debe estar garantizada en consonancia con las normas europeas y la Constitución de cada miembro». Plenamente de acuerdo, pero que convenza a Sánchez de que lo que pretende supone, como dijo refiriéndose a la reforma polaca, «una vulneración grave, constante y sistemática del Estado de Derecho que permite a los poderes legislativo y ejecutivo interferir en toda la estructura y los resultados del sistema judicial de manera incompatible con los principios de separación de poderes y Estado de Derecho, debilitando así significativamente la independencia del poder judicial».

Asimismo, Aguilar podría decirle al presidente del Gobierno lo que le dijo al Ejecutivo de Polonia: que el Parlamento europeo intervendrá ante el «continuo retroceso» democrático y de respeto del Estado de Derecho y derechos fundamentales. Y para terminar, el diputado europeo socialista podría recordarle a Sánchez que «ser un Estado miembro significa respetar las leyes de la UE», que es lo que le recordó a Polonia

Y es que, con matices, la reforma polaca que quiebra la separación de poderes, se parece mucho a la que pretende el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. López Aguilar tiene una oportunidad histórica de tratar de convencer a su jefe de que lo que pretende supone, de hecho, acabar con el sistema democrático. ¿Se atreverá? Se admiten apuestas.

Los fiscales podemitas, al servicio de su jefe
OKDIARIO  16 Octubre 2020

Los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano han enviado un escrito interno a la Fiscalía General del Estado en el que muestran su rechazo a que el Tribunal Supremo abra una investigación al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por los presuntos delitos de revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa, en relación con el caso Dina-Iglesias. Lo enviado no es un informe, porque es la Fiscalía quien tiene que informar sobre la imputación o no de Pablo Iglesias, de modo que lo que los fiscales Stampa y Serrano hacen es salir a la desesperada -por la cuenta que les tiene- en auxilio del secretario general de Podemos.

Si tenemos en cuenta que los fiscales anticorrupción se confabularon con los abogados podemitas para beneficiar a la formación morada, como quedó de manifiesto en los mensajes internos de la responsable del equipo jurídico de Podemos, Marta Flor Núñez, que constataban el conchabeo para preparar un escrito de prejudicialidad que suspendiera el proceso abierto en el alto tribunal sobre la cuenta en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas en la que el líder de Podemos recibió 272.325 dólares de la narcodictadura de Nicolás Maduro, se entiende la salida en tromba de los fiscales. En el fondo, defendiendo a Iglesias se defienden a sí mismos.

Cómo de desesperados tienen que estar los fiscales Stampa y Serrano para enviar y hacer público un escrito en el que insisten en sus tesis de que no hay motivos para investigar a Iglesias. Su nerviosismo es tan evidente que la maniobra de los fiscales anticorrupción enviando a la Fiscalía General del Estado lo que no es en ningún caso un informe demuestra hasta qué punto Stampa y Serrano han actuado -y siguen haciéndolo- como si fueran los abogados defensores del vicepresidente segundo del Gobierno en lugar de funcionarios del Ministerio Público.

Una Justicia sumisa
Francisco Marhuenda larazon  16 Octubre 2020

El lío en que se ha metido el gobierno social-comunista para someter a los jueces a sus intereses partidistas resulta bastante sorprendente por su zafia torpeza. Este ataque a la independencia judicial, con el objetivo de conformar una Justicia sumisa a partir del control del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, entra en colisión directa con la Constitución y el ordenamiento que emana de los tratados de la Unión Europea y el Consejo de Europa. La actitud inane ante este gesto de autoritarismo por parte de los tres ministros que son magistrados, dos de la Audiencia Nacional y la otra del Supremo, resulta asombroso cuando todos han formado parte, además, del CGPJ. Es verdad que esperaba un golpe de efecto de Sánchez en la dirección contraria, reconozco mi ingenuidad, y que ofrecería, por fin, una independencia total al CGPJ. El insólito nombramiento de Lola Delgado ya fue un golpe muy duro al convertir a la Fiscalía en un apéndice de la política gubernamental. Es verdad que se hizo con luces y taquígrafos. La verdad es que Delgado está cumpliendo con notable eficacia la labor encomendada.

Me hubiera gustado un jurista independiente al frente de la Fiscalía General, pero había que emprender el asalto sin que importara la imagen que se ofrece al exterior y las graves consecuencias que tiene para su credibilidad. Sánchez tenía ahora la oportunidad de plantear una salida que blindara definitivamente la independencia del Consejo para que cumpliera su papel constitucional con absoluta eficacia. Es inquietante comprobar que se quieren unos jueces con una claro perfil ideológico en los cargos de responsabilidad. La reforma de la elección rompe todos los contrapesos característicos de una democracia en el siglo XXI. Una vez que se complete el proceso adjudicando la instrucción a una Fiscalía férreamente dependiente del gobierno el escenario que se abre es muy inquietante. Nada bueno podemos esperar de esta ofensiva contra la Justicia. El amplio rechazo que ha concitado la decisión unilateral de socialistas y comunistas de presentar un proyecto de ley que permitirá que los vocales del Consejo sean elegidos por estos dos grupos con el apoyo de las formaciones independentistas y antisistema debería hacer reflexionar al presidente del gobierno. Estamos ante una línea roja que nunca se tendría que haber atravesado. Ni siquiera presentando este texto. Ahora hay que esperar la reacción de las instituciones europeas para que se ponga punto final a esta lamentable deriva autoritaria.

Pedro Sánchez también miente a Bruselas
Editorial larazon  16 Octubre 2020

«El proyecto de reforma del CGPJ incumple todas las recomendaciones de la UE»

El Gobierno que preside Pedro Sánchez, como hoy revela LA RAZÓN, debía haber remitido el pasado mes de junio un informe al Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), organismo dependiente del Consejo de Europa, sobre los criterios de elección del Consejo General del Poder Judicial. El borrador del informe en cuestión fue, en efecto, redactado por el propio CGPJ y consideraba, frente a las reticencias reiteradamente expresadas por el GRECO, que la independencia del poder judicial en España estaba garantizada, entre otras medidas, porque la elección de los integrantes del órgano de los jueces sólo podía acometerse desde una mayoría cualificada del Congreso y el Senado.

Llegado el plazo, el Ejecutivo pidió una ampliación hasta finales de septiembre para responder al Consejo de Europa, con la excusa de la emergencia sanitaria, que, por supuesto, no ha cumplido. Todo indica que para esas fechas ya estaba tomada la decisión de reformar el sistema de elección del CGPJ, reduciendo a la baja los requisitos de mayoría, lo que, llana y sencillamente, suponía ir directamente en contra de las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Comisión Europea sobre la conveniencia de garantizar al máximo la separación del Poder Legislativo del Judicial, cuestión que las democracias europeas consideran, lógicamente, esencial, y que ha llevado a un conflicto comunitario con Polonia y Hungría.

No es, pues, de extrañar que las primeras reacciones de Bruselas hayan sido de franca preocupación, aunque vengan envueltas en el conocido lenguaje diplomático de la Institución, por un proyecto que va contra la línea de flotación de la independencia de los tribunales. Preocupación legítima porque la Unión Europea está envuelta en un agrio debate sobre los mecanismos que deben asegurar el respeto al Estado de Derecho de sus socios, incluido el de la retirada de fondos asistenciales, que, más allá de que sirvan de cobertura a los países llamados «frugales» para limitar el dinero destinado a la reconstrucción, busca impedir las derivas totalitarias en el seno de la unión tras la eclosión de partidos populistas, como Unidas Podemos. Tal vez, Pedro Sánchez pretenda eludir a la Comisión Europea y al Consejo de Europa, garante de la Declaración de Venecia, que es diáfana respecto al asunto que nos ocupa, pero no le será fácil. De momento, desde las autoridades comunitarias se han limitado a recordar las generales de la ley, entre las que se encuentran la obligación de reducir las influencias del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial y la necesidad de que cualquier reforma que afecte al funcionamiento del sistema de Justicia deber ser consultada con todos los actores relevantes. Exactamente, lo que no está dispuesto a hacer Sánchez.

"El gobierno que preside Pedro Sánchez"
Nota del Editor 16 Octubre 2020

Algunos, muchos periodistas deberían ser más cuidadosos con lo que escriben. Siendo benévolos podrían escribir "el desgobierno que encabeza el Dr Cum Fraude",

Resistir, la única vacuna para superar el virus del sectarismo de este Gobierno
Fernando de Rosa esdiario  16 Octubre 2020

La coalición del virus, la ruina, la confrontación y el asalto al poder tiene un antídoto: resistirse, no dejarse vencer por la prepotencia y superar así esta otra pandemia política.

Resistir en el mundo creado por el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez es un canto a la dignidad, nunca el decir “Basta ya” es tan necesario en una sociedad como la española que contempla con perplejidad una ocupación de todos los espacios de la sociedad civil por parte de una casta política instalada en el “ordeno y mando”, por lo que millones de actos de resistencia, aunque sean imperceptibles, son cada vez más numerosos y crean un muro a la prepotencia.

Los españoles debemos decir no a un Gobierno que a golpe de decreto nos asfixia, es necesario que volvamos a creer que la Justicia es igual para todos, que nadie puede amenazar al discrepante como arma política , o que se utilicen las redes sociales como guerrilla para anular socialmente al contrario.

No podemos, como sociedad, creer que la resistencia es cosa de otros y pensar que cuando se ataca a una comunidad autónoma, como la madrileña, por el mero hecho de ser de contrario signo político, no nos afecta, porque a la prepotencia si no se le hace frente acaba invadiendo todos los rincones de nuestro tejido social.

El estado de alarma decretado por el Gobierno contra Madrid es el resultado de que Sánchez no ha querido aceptar que los tribunales le dieran un severo correctivo por no haber adaptado la legislación sanitaria, dejando en ridículo la hoja de ruta que había trazado para doblegar a Madrid, comunidad que rechaza por simple razones ideológicas.

No ha actuado por motivos de salud pública , porque en este caso también debería de haber cerrado Navarra o Cataluña, sino que ha puesto la política por encima de la acción concertada de lucha en común.

No puede dar lecciones de eficacia el Gobierno de los casi 60.000 fallecidos negados por meros motivos de imagen , el que alegó para la desescalada los informes de un comité de expertos que nunca existió , el que negaba la necesidad del uso de mascarillas , el que desoyó las advertencias del departamento de Seguridad Nacional que alertaban desde enero el riesgo de la pandemia en especial en la Comunidad de Madrid.

No podemos, como sociedad, tolerar que la mentira sea el sistema de trabajo de una casta gubernamental que solamente es experta en marketing y propaganda, en palabras huecas y eslóganes: “salimos más fuertes”, “nadie se va a quedar atrás”, “vamos a crear 800.000 puestos de trabajo”, “este virus lo paramos unidos”.

No hemos salido más fuertes, hay un millón de nuevos parados, miles de autónomos no están recibiendo ayudas, no hay un plan de ayuda a las pequeñas empresas, el consumo se está hundiendo por miedo al futuro, el ingreso mínimo vital no llega a los necesitados por el caos burocrático, y sobre todo se está fomentando la división y confrontación entre españoles y territorios.

La prepotencia de esta casta tiene su expresión más burda en la portavoz socialista Adriana Lastra que, siguiendo el manual, ha acusado a Pablo Casado de ser el culpable de los contagios en Madrid por fomentar la confrontación con el Gobierno.

Esta reacción pone de manifiesto que la resistencia utilizando la ley contra los actos de prepotencia , es el mejor antídoto contra la mentira. No es verdad que la Comunidad de Madrid no haya actuado contra esta segunda ola, sino que el Gobierno de Sánchez e Iglesias , una vez más, no ha sabido poner los medios para evitar el rebrote.

No hicieron nada
No pusieron seguridad en los aeropuertos y en líneas ferroviarias , lo cual es de su responsabilidad, permitiendo que en zonas de grandes concentraciones de personas y gran movilidad se propagase el virus, y cuando las autoridades madrileñas ordenaron el confinamiento de determinados barrios y poblaciones, apoyaron movilizaciones con el slogan. “ se segregan a los pobres de los ricos”. Ahora esos mismos agitadores aplauden el estado de alarma decretado por el Gobierno.

Por lo tanto es necesario seguir resistiendo tanto al virus como contra a la prepotencia, y como diría Carmen Calvo: “ Nos va la vida en ello”.

‘Spoil system’ judicial
Agustín García okdiario  16 Octubre 2020

Hace casi 100 años, al presidente de EEUU Andrew Jackson (demócrata, por cierto) se le ocurrió cambiar al embajador en Londres y ello provocó que se montase un buen follón. A parte de eso, los de Jackson venían metiendo en el servicio de Correos (en aquel entonces el departamento con más empleados de la Administración Federal) a sus simpatizantes, echando a cientos de jefes y, según parece, también a los carteros.

En su defensa salió el senador Marcy, que dijo aquello de que “todo el botín es para el ganador” (“to the victor belong the spoils of the enemy”). Así nació el “spoil system”, término con el que se conoce la práctica de los gobiernos de quitar a los que están para poner a los suyos.

Aquí no teníamos a Marcy pero teníamos a Benito Pérez Galdós, que venía a decirnos lo mismo con su funcionario Villamil, al que poco caso se ha hecho. Basta echar un vistazo a los boletines oficiales cada vez que hay un cambio de gobierno y ver cómo se llenan de ceses y nombramientos, desde altos cargos hasta funcionarios de tercera.

O tiren de hemeroteca y vean qué bien se coloca el hermano músico, o cómo se crea una dirección general para el amigo arquitecto y se enchufa a un montón de amiguetes cuyo curriculum no cabe en un post it pero compartieron tienda quechua el 15M.

Pero Sánchez es insaciable. No le basta la Administración o las empresas públicas donde poner sueldos de 200.000 a sus amigos (pregunten al presidente de Correos, por cierto), ni le bastan las redes clientelares tejidas con el sector privado (pregunten a su mujer). No le basta con ello. Ahora quiere controlar el poder judicial.

Y aquí ya no solo se trata de pasarse por la entrepierna los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los cargos públicos. Aquí estamos hablando de separación de poderes, estamos hablando de democracia.

Permitir que la mayoría que elige al presidente sea suficiente para nombrar a 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial es abrir la puerta al spoil system en el poder judicial. Y sin poder judicial independiente, sencillamente, no hay democracia.

Algún bien pensado dirá que no es para tanto, que todos los jueces son unos profesionales que aparcan sus sesgos y su ideología cuando se ponen la toga. Yo también creo que muchos de ellos lo son, pero cuando leo tuits (aquí) como los de Jueces para la Democracia o escucho a algunos jueces metidos a tertulianos me echo a temblar.

Tener que cumplir las normas y que cuestionen tus decisiones ante un juez es un obstáculo para las ensoñaciones bolivarianas, para los anhelos indepes, para los adanistas de la política que creen poder obviar la Ley y se quejan de la judicialización de la política; bonito eslogan con con el que pretenden que sus acciones y decisiones, por tener un fin político, puedan estar al margen del control de legalidad.

¿Qué hacer entonces?, se preguntan todos ellos, y Sánchez e Iglesias responden: como decía Monedero: “Cuando no sepamos que hacer, preguntémonos que haría el presidente Chávez” Pues lo mismo, ¡A por los jueces!

Registren a este Gobierno
Carlos Herrera ABC  16 Octubre 2020

La Policía francesa se ha presentado en la casa del ministro de Sanidad de ese país para efectuar un registro al objeto de investigar lo que los franceses consideran una gestión fallida de la lucha contra el coronavirus. Diversos ámbitos políticos de la Unión, por demás, recelan de la pretendida reforma impulsada por el Gobierno español para controlar el Poder Judicial y vienen a decir que peligran los fondos europeos destinados a la recuperación económica. Los polacos se dirigen a la Comisión Europea y le preguntan con guasa: Oiga, ¿va a ser sancionada España por su pretensión de controlar el poder judicial tal y como ustedes han hecho con nosotros por una acusación parecida? Vayamos por partes. Si en España hubiera que enviar a la Policía a registrar domicilios de gestores fallidos no habría bastantes agentes para revolver papeles en todos los escritorios habidos y por haber. En el país europeo de peor gestión gubernamental, el ministro de Sanidad se asoma a diario a dar lecciones de cómo actuar ante una pandemia que se ha comido más vidas que en cualquier otro lugar, imparte estados de alarma según la conveniencia política de su gobierno, y templa gaitas con territorios en los que su actuación resultaría, cuando menos, políticamente tensa. Por mucho menos de eso en Francia la policía ha entrado a pedir documentos.

La queja de Polonia -y la de Hungría, a poco que se les conceda tiempo-, establece comparaciones entre diversos populismos europeos. Los españoles, desgraciadamente, estamos sujetos a uno de ellos, el de la izquierda extrema. El Tribunal Supremo dinamitó antes de ayer el montaje que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, invalidando al juez mamporrero que incluyó una frase con la que culpar al PP para que pudieran justificar su moción de censura. Cuando ocurrió, en su día, no pocos avisaron de las intenciones que albergaba el Gobierno que se asomaba: control indecente de todos los resortes del Estado. Quien era capaz de manipular una sentencia con falsedades para justificar un asalto político negado por las urnas, podía ser capaz de todo. Ese gesto inicial, ese primer aldabonazo de un individuo al que sus propios compañeros habían echado por la ventana del Comité Federal de su partido, indicaba la senda a recorrer. A Sánchez le echaron a patadas por querer hacer con el partido lo mismo que está haciendo ahora con el país, manosearlo a su gusto. Ni que decir tiene que la unión con Podemos -ese pacto de dos borrachos para no caerse al suelo- añadiría intensidad al paquete gubernamental y no habrían de pasar muchas lunas antes de evidenciar el interés del gobierno en conquistar y doblegar al Poder Judicial: sobre un juez sometido -José Ricardo de Prada- pusieron la primera piedra de su edificio, y ocupando el CGPJ quieren ahora alicatarlo hasta el techo. El Consejo no juzga, pero sí nombra a quienes juzgan, y, además, es la cantera de aquellos que forman parte de la Junta Electoral Central: controlando a los jueces propios, a los Pradas de turno, también aspiran a controlar las normas electorales. Ojo con eso.

Sánchez va a tumba abierta tratando de liquidar los controles democráticos y ocupar todos los resquicios del poder (cuando tiene la mayoría más exigua que se recuerda). Todo mientras la pavorosa pandemia que nos ocupa ha dejado en España cerca de 60.000 muertos. Ahí convergen los dos argumentos de salida de este suelto: una epidemia mál controlada y gestionada mete el miedo en el cuerpo de la ciudadanía y, mientras tanto, una tuneladora subterránea va taladrando el edificio constitucional del que nos dotamos hace ya unas décadas. No hay ámbito en el que las garras de este Gobierno no arañen lo que puedan. De ahí que la esperanza esté en el ejemplo europeo. Registren a este Gobierno.

Plagiando al comandante
La maniobra de Iglesias y Sánchez contra los jueces calca una de Chávez
Luis Ventoso ABC  16 Octubre 2020

Sucedió hace solo siete años. Marzo de 2013. El comandante acaba de morir. El régimen, sumido en el dolor, organiza en su honor el décimo «Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Revolución», centrado en el «pensamiento y obra» del fallecido Hugo Chávez. En la televisión estatal bolivariana entrevistan a uno de los asistentes, un profesor de Políticas de Madrid relacionado con el régimen, al que introducen también como «el presentador del programa La Tuerka». De entrada, le proyectan un vídeo en el que Chávez hace una advertencia: «¡Miren cómo está Europa, arruinada por el neoliberalismo!». Un drama que el comandante contrapone a su exitoso «socialismo del siglo XXI». El invitado español se pone empalagoso: «Me ha emocionado escuchar al comandante. ¡Cuántas verdades!». Acto seguido, el profesor Iglesias Turrión explica a la audiencia venezolana que «en España la policía está sacando a la gente de sus casas». Comenta que «lo que está pasando aquí, en Venezuela, es una alternativa para los ciudadanos europeos». Confiesa sin ambages que «me dan mucha envidia los españoles que viven en Venezuela, que es un ejemplo democrático».

En 1999, recién ganadas las elecciones, Chávez sacó adelante una constitución de fachada cuasi democrática, que garantizaba la independencia del poder judicial y la autonomía del Tribunal Supremo (equivalente al TC y Supremo españoles). Los veinte magistrados del alto tribunal serían elegidos por mayoría reforzada de 2/3. Con ese modelo se registró un empate ideológico: diez jueces chavistas y diez antichavistas. Pero cinco años más tarde, en 2004, a Chávez la democracia le gustaba cada vez menos y los jueces independientes le molestaban cada vez más. ¿Solución? Una ley que cambiaba la composición del Supremo. Los jueces aumentarían de 20 a 32 y además serían elegidos por mayoría simple. Con esa treta liquidó la independencia del Supremo añadiendo 12 magistrados chavistas. Un éxito: desde entonces y hasta la muerte de Chávez el tribunal dictó 45.474 sentencias y ni una sola contra el Gobierno. Esa maniobra autocrática es idéntica a la que intentan ahora Iglesias y Sánchez para acogotar al poder judicial español. Pablo, discípulo agradecido del «comandante» que tanto contribuyó a financiar la causa, le ha enseñado la ruta a Pedro y le ha encantado.

Esto es muy importante. En política el orden de factores sí altera el producto. Yo no discuto que la gente de Podemos quiera recuperar muchos derechos y libertades robados por la derecha durante cuatro años. Pero, ¿cuál es el problema? Pues que antes de recuperar esos derechos siempre van a anteponer otras cosas, como es el control de los jueces, los policías, los fiscales, los espías y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, Galicia y el País Vasco. Siempre van a anteponer eso. Qué expliquen Iglesias y Monedero que el cambio para ayudar a los parados empieza por controlar a los jueces, los fiscales y los policías. ¡Qué expliquen eso! (PD: lo confieso, he plagiado este último párrafo; son palabras literales de Sánchez en un mitin en víspera de las elecciones de 2016. En efecto: todo le da igual si le sirve para atornillarse en el poder).

Ya pelan las barbas del vecino de Illa
Emilio Campmany Libertad Digital  16 Octubre 2020

¿A quién puede extrañarle que este Gobierno esté a toda prisa intentando someter al órgano de gobierno de los jueces?

El fiscal Navajas cree que hay que archivar las denuncias contra el Gobierno por su deficiente gestión de la pandemia. Opina que el asunto no merece siquiera una mínima investigación. Quienes comparten su opinión alegan que en muchos sitios han pasado cosas parecidas. Es verdad, pero en unos se han hecho las cosas peor que en otros. Y no por mera estulticia, sino también por intereses políticos. En España, sabemos que la adopción de medidas se aplazó para permitir las manifestaciones del 8 de marzo y, de paso, todos los acontecimientos multitudinarios de aquel fin de semana. Y en Francia ocurrió algo parecido. Se pospuso la toma de decisiones para dar tiempo a que se celebraran las elecciones municipales del 15 del mismo mes. El resultado en los dos países ha sido similar. En ambos la pandemia ha golpeado con especial fuerza. Y en ambos los Gobiernos sobreactúan con medidas exageradas, que restringen injustificadamente la libertad de las personas y perjudican gratuitamente la economía nacional. Hacen como los malos árbitros, compensan con equivocaciones de sentido opuesto las cometidas con anterioridad. A los pocos días de celebrados los actos que a los Gobiernos les interesó que se celebraran, los dos adoptaron durísimas medidas de confinamiento. En España se decretaron el 14 de marzo y en Francia, el 17.

No obstante, hay una diferencia muy notable. En Francia, la Corte de Casación decidió en julio admitir a trámite unas ochenta querellas de particulares contra el Gobierno. Y este jueves agentes de la Gendarmería han registrado los despachos y domicilios de dos ministros de Sanidad, el actual y el anterior, los del antiguo primer ministro y los de otros políticos. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido imputado, pero el Poder Judicial ha considerado que, dada la gravedad de los hechos y la presencia de indicios de negligencia, merecía la pena indagar.

Aquí los indicios son los mismos, pero agravados. Las compras de material sanitario no sólo se gestionaron tarde y mal, sino que en dos ocasiones al menos se hicieron a través de intermediarios que carecían paladinamente de toda experiencia comercial sanitaria. Fuimos timados, se perdió un tiempo precioso y un dinero nada despreciable. Si fue fruto de la incompetencia, es posible que no haya responsabilidad penal. Si fue consecuencia de un comportamiento negligente, algo de responsabilidad habrá. Y si fue, como tiene toda la pinta de ser, un caso de corrupción, sería para encerrar a los responsables y echar la llave al río. Y todo eso, además del comportamiento negligente, merece ser escrutado hasta el final. Si luego resulta que no hay pruebas de ninguna conducta criminal, que se archiven las denuncias y querellas. Pero sólo después de haber examinado atentamente las pruebas que se puedan reunir. Haya dicho lo que haya dicho Navajas, los magistrados del Supremo todavía no se han pronunciado. Ya veremos qué dicen. ¿A quién puede extrañarle que este Gobierno esté a toda prisa intentando someter al órgano de gobierno de los jueces?


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La incompetencia, al poder
Sergio Fidalgo okdiario  16 Octubre 2020

La incompetencia en España tiene premio. Ya ven, en España llevamos más de cincuenta mil muertos por la pandemia, y las dimisiones brillan por su ausencia. Nadie en el Gobierno de España, a pesar de los vaivenes y errores que se cometieron durante los meses de plomo de los contagios, ha sido destituido de su cargo. Presuntamente todos los ministros han hecho lo correcto, si atendemos a que siguen en sus puestos a pesar de la enorme crisis sanitaria, económica y política que hemos vivido y que seguiremos viviendo. Por supuesto, el secreto de su supervivencia política no es su eficacia, sino que a Sánchez no le ha interesado mover fichas.

En el magnífico ‘Manual de incompetencia’, que los periodistas Iñaki Ellakuría y Pablo Planas acaban de publicar, se hace un detallado recorrido de todos los desastres que el Gobierno de Sánchez ha cometido desde que estalló la pandemia. Pero me quiero detener en la región de España en la que la incompetencia ha llegado a extremos que rozan lo artístico, en la comunidad autónoma que, cuánto más incapaz eres, más posibilidades tienes de progresar en política. Siempre, por supuesto, que adornes tu solapa con un churro amarillo de notable tamaño y grites lo más fuerte posible el “lo volveremos a hacer”: Cataluña.

Es una comunidad autónoma tan peculiar que el presidente del gobierno regional no ha tenido que abandonar su cargo por la masacre que se vivió en las residencias de ancianos por la falta de medidas de protección. Ni por las terribles condiciones laborales que tuvieron que sufrir los sanitarios, desprovistos de mascarillas y teniendo que improvisar trajes con bolsas de basura para intentar no contagiarse. Quim Torra ha dejado el cargo por desobedecer la orden judicial de descolgar una pancarta. Su incompetencia no ha sido castigada, al contrario, se ha quitado de en medio con una larga lista de prebendas asociadas a su condición de “ex honorable”. Y encima presume de ser una especie de “héroe” por haberse enfrentado al “Estado español” mientras se llena los bolsillos de euros procedentes de nuestros impuestos.

En Cataluña tenemos a un primer gran incompetente que no ha pagado por su ineptitud: Torra. Pero ahí tenemos a los dos consejeros responsables de la falta de previsión a la hora de dotar de medios al personal sanitario y asistencial, el de Asuntos Sociales (Chakir el Homrani) y la de Salud (Alba Vergés), al frente de sus departamentos, sin haber pagado ningún precio político o moral. Esquerra Republicana les ampara, y los de Junqueras mandan mucho, tanto en Madrid como en Barcelona, así que la presión para que dimitan es prácticamente inexistente. El actual ‘president’ en funciones, Pere Aragonès, es el genio económico del ‘procés’, el que ha facilitado la huida de miles de empresas, el que está hundiendo la inversión privada en Cataluña, el que es incapaz de proponer medidas para afrontar la grave crisis económica. Y ahí le tienen, siendo el presidenciable del partido que posiblemente gane las próximas elecciones autonómicas. Eso sí, el “libertad presos políticos” no falta en ninguno de sus mitines.

El consejero de Empresa es un notable fanático neoconvergente cuyos principales méritos para acceder al cargo es haber sido el cicerone de Puigdemont cuando se trasladó a Bruselas y el poseer una acusada tendencia al histrionismo político. Pongan en Google “Ramón Tremosa eurodiputado Messi” y disfruten. La antaño poderosa economía catalana está en manos de este personaje y de Pere Aragonès. Suerte habrá si la tasa de paro no supera el 25% en unos meses. Pero la incompetencia, como el nacionalismo, es transversal en las instituciones catalanas. Veamos a Ada Colau, la que quería aprovechar la crisis del covid-19 para cerrar las industrias automovilísticas, la que ha convertido las calles de Barcelona en una ratonera para los coches, la que ha conseguido que las aceras de la ciudad sean un peligro para los peatones gracias a las bicicletas y patinetes que campan a sus anchas sin control. Por no hablar de su política para ahuyentar inversiones y su poco interés en garantizar la seguridad de los barceloneses. Pero ahí está, dando cada día lecciones de alta política mientras tiene su ciudad en plena decadencia. Como a Planas y a Ellakuría les dé por sumergirse en la política autonómica y local tendrán que escribir la “Gran Enciclopedia de la Incompetencia”. Y aún se quedarán cortos.
 


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