AGLI Recortes de Prensa   Domingo 18  Octubre  2020

Lo que ha enviado Sánchez no son Presupuestos, es una carta a los Reyes Magos de Europa
Daniel Rodríguez Asensio Libertad Digital 18 Octubre 2020

Sánchez ha enviado, sobre la campana, su plan presupuestario a Bruselas. Y digo sobre la campana porque lo hizo el día 15 (última fecha disponible) y sin tener atado tan siquiera el acuerdo con Podemos, su socio de gobierno.

Leyendo el documento, es difícilmente cuestionable que ese acuerdo se va a producir. El documento remitido, más que un plan presupuestario, es el acuerdo de investidura de ambos partidos de gobierno. Será difícil, por lo tanto, que obtengan una mayoría parlamentaria lo suficientemente amplia como para sacar adelante este proyecto.

Un proyecto que, por otra parte, sigue a rajatabla los errores que cometió España durante la última crisis y ahora Pedro Sánchez pretende repetir, amplificados por los desajustes estructurales que arrastra nuestro país.

Si algo queda claro es que son unos presupuestos “sociales”, nótese la ironía. Tanto, que esta palabra está repetida 197 veces en las poco más de 100 páginas que tiene el documento. Cuesta entender qué entiende este gobierno por “social”: si se trata de llevar al país al mayor rescate de su historia, algo cada vez más repetido en los corrillos financieros, entonces sí, estamos ante unos presupuestos muy sociales; si de lo que se trata es de proteger a los más desfavorecidos y asegurar la igualdad de oportunidades, estamos ante el camino opuesto.

Para tomar cualquier decisión correcta lo primero que hay que entender bien es el contexto en el que te desenvuelves. Y el Gobierno ha presentado un cuadro macroeconómico digno de una novela de J.K. Rowling:

Prevé una caída del 11,2% en 2020 seguida por una recuperación del 9,8% en 2021. un escenario no contemplado por ninguno de los analistas que siguen nuestro país, y muy lejos de los escenarios más optimistas de otros organismos internacionales. Por poner un ejemplo, el FMI recoge una caída del 12,7% en 2020 seguida por una recuperación del 12,8% seguida de una recuperación del 7,2%. Y no ha demostrado ser una organización optimista.

En un entorno de grave crisis a nivel mundial y con un sector turístico doméstico gripado, estiman un incremento de las exportaciones del 11,7% y del 18%, respectivamente, y un saldo exterior (exportaciones netas de importaciones sobre el PIB) que casi duplica al de 2019.

Y, para acabar, una tasa de paro que “sólo” se incrementará hasta el 17% en 2020 y acabará en el 16,3% en 2021.

Por si lo anterior fuera poco, los responsables económicos del gobierno de España vienen a considerar intrínsecamente esta crisis como un shock delimitado en 2020, del cual nos iremos recuperando progresivamente en los próximos años porque los daños estructurales sobre nuestra economía, sencillamente, no existen.

Con un tablero de juego tan sesgado y tan poco realista, la pregunta no es qué podría salir mal, sino qué grado de semejanza con la realidad va a tener lo reflejado en este documento.
Impuestos y gastos

El plan propuesto por el gobierno de España para salir de esta crisis es uno muy parecido al que proponían cuando España estaba creciendo, marcaba máximos de recaudación y creaba puestos de trabajo: Más impuestos, más cargos (y cargas) públicos, y más desajuste fiscal.

La retahíla de historias para recaudar 7.000 millones de euros que nos lleva contando este Gobierno desde que lleva en Moncloa se repite como un mantra hasta que se haga creencia. Como si así fuera a cumplirse. Como no podía ser de otra manera, también está en este presupuesto para 2021, aunque con un “valor añadido” adicional: El impulso por el crecimiento económico provocará un incremento de la recaudación de hasta 9.000 millones en 2022.

Son muchas las excusas para maximizar la capacidad extractiva de este gobierno: La justifica fiscal, las grandes multinacionales, la fiscalidad verde, el incremento del IVA a las bebidas azucaradas por nuestra salud, y un largo etcétera.

La gran pregunta es de dónde van a sacar los 5.000 millones en imposición directa e indirecta que pretenden recaudar en los próximos dos años. La colección de frases vagas y generalidades que esconden tras esta rúbrica deja entrever una subida de impuestos que, para que consiga recaudar lo presupuestado va a tener que gravar hasta a los no nacidos.

Sólo por poner un ejemplo, consideran que el impuesto de sociedades volverá, en 2021 a “niveles cercanos a los de 2019”. Como si las 100.000 empresas destruidas en el último año no pagaran impuesto de sociedades, o como si el encefalograma plano que muestra nuestro tejido empresarial no fuera a tener un impacto muy importante sobre la recaudación a medio y largo plazo.

Un análisis similar se puede hacer de impuestos ligados a la actividad económica y al empleo, como el IRPF o el IVA, que, basados en hipótesis de ciencia ficción, llegan a resultados de fantasía.

Mención especial merece el apartado de gastos, en donde más aparece la palabra "social" y donde se recogen (que no detallan) programas variados de incremento del gasto público (gran parte gasto corriente) y ni una sola medida para mejorar la eficiencia en dicho gasto, por no hablar de reducción de gasto superfluo.

Dicho de otra manera: Sánchez ha enviado a Bruselas una copia de su programa electoral, vestida con algunas tablas difícilmente creíbles. Un documento, además, que los funcionarios europeos ya deben conocer pues contiene exactamente los mismos lugares comunes de los que lleva haciendo gala nuestro Gobierno desde que entró en Moncloa.

A Sánchez no le importa que en los presupuestos suecos, portugueses, alemanes o italianos recojan bajadas de impuestos, bien sectoriales o bien sobre las grandes figuras impositivas. Tampoco le importan los avisos del Banco de España acerca de la inconveniencia de incrementar la factura fiscal en plena crisis.

Él está dispuesto a sacar adelante a cualquier precio su proyecto ideológico para el país y no dudará en llevarse lo que sea necesario por delante. No importa cómo vamos a financiar los más de 315.000 millones de déficit público que, según el FMI, vamos a tener que asumir hasta 2022, o que el déficit primario (excluyendo el pago de intereses) se mantenga en el 2,4% de nuestro PIB en 2023 por la falta de medidas a favor de la actividad económica y de reducción de gasto superfluo.

Sánchez quiere una España que cada vez se parezca más a Argentina que a Alemania. Y hará cualquier cosa por lograrlo. Lo peor, sin duda, es que lo está consiguiendo.

La moderación del PP: jueces medio independientes y censura sin moción

Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 18 Octubre 2020

Reconozco que el centrismo del PP me exaspera, su moderación me supera y su propaganda me desespera. He llegado a la conclusión de que para el PP y para España sería mejor que Casado vendiese Génova 13 y se trasladase a Bruselas con la oposición a cuestas. Lo vi con más vigor en sus declaraciones belgas que en las madrileñas, tal vez porque allí no siente el aliento de la Sexta en el cogote, o porque no le molesta Vox, que coincide con el PPE en los asuntos de España, o porque prefiere las bajas presiones. Y cuando mejor y más fiero me ha parecido fue al pedir apoyo a la Unión Europea contra los desafueros liberticidas de Sánchez en materia judicial.

Otra vez el reparto de jueces
El aparato de difamación social-comunista se apresuró a atribuirle la culpa de que en dos días la UE avisara por dos veces a España sobre esos abusos. Y Casado parecía más satisfecho, como esforzado antifranquista que es, que al mentarle a Franco o a la ultraderecha, como hacen todos los ultraizquierdistas del Gobierno, sabiendo que se pone enfermito. Pero en realidad había sido anterior en dos días el aviso sobre el asalto al CGPJ de la Asociación de Jueces Europeos, con 44.000 miembros, y luego llegó la razonable petición de Polonia de ser tratada como España, o viceversa. En todo caso, por el inglés o por los mejillones, a Casado se le ve más cómodo en Estrasburgo, cerca del Rin, que cerca del Manzanares. Cualquiera diría que lo que quiere, más que cualquier otra cosa, es quitarse de en medio.

Hay razones: todavía no sabemos qué piensa hacer este miércoles en la moción de censura de Vox contra Sánchez, aunque lo que adelantan sus informadores habituales es que la mayoría de los dirigentes del PP le piden que vote “no”. Bien es verdad que bajo el mismo anonimato atacaban a Cayetana y Díaz Ayuso, de lo que se deduce que todos se llaman Teodoro. El traspiés bruselense ha llevado al Gobierno, junto al PP, a declararse dispuesto a negociar para salir del “impasse” del que ya nos había sacado la decisión de elegir los miembros del CGPJ por mayoría absoluta y no de tres quintos. Y de nuevo Enrique López en La Razón entonaba la balada de la negociación, a dúo con los supuestos moderados de la banda de Sánchez. El pastel del reparto de los jueces siempre tiene los dos obradores abiertos.

El truco de la segunda vuelta
Pero reconozco que esta vez la moderación de la moderación ha ido más lejos de lo que cabía esperar. Hasta ahora, había tres posibilidades: la constitucional, que deja a los partidos elegir ocho de veinte miembros del CGPJ; la socialista de 1985 que se apropia de los 20 para el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos; y la comunista, que los nombraría por mayoría simple. Vox, como Ciudadanos y antes UPyD, se niegan al reparto y quieren volver a lo que manda la Constitución. El PP defiende lo mismo cuando se finge decente, y los tres quintos cuando se sincera, pero en esta ocasión con una condición: que Podemos no entre en el reparto. ¡Como si no hubiera magistrados socialistas tan sectarios como los de Caracas!

Sin embargo, esa moción de censura que no tiene importancia, y en la que dicen que no piensa intervenir Casado, ha movido algo esa posición y alumbrado otra más creativa: que los jueces elijan un amplio surtido de candidatos y que las cámaras, o sea, los partidos, elijan entre los elegidos. O sea, que el sentido del artículo 122.3 de la Constitución -que elijan los jueces a 12 de 20 miembros- se acepta, pero sólo para la primera vuelta. En la segunda, como falso “ballotage” francés, los partidos eligen ganadores. Se vota, pero, a mitad del camino a la urna, se cambia el cuerpo electoral.

Esto va mucho más allá de hacerse trampas en el solitario. Es hacerle trampas al solitario mismo, como si las cartas, al ser de cartón, no pudieran darse cuenta. Y quien dice criaturas de Heraclio Fournier dice criaturas ciudadanas de “la espaciosa y triste España” que retrató Fray Luis de León. Esto es tomar por idiotas a los españoles y por imbéciles a los jueces. Es el quiero y no puedo del respeto a las leyes, una independencia judicial sin exagerar, una Justicia moderadamente independiente, porque el exceso de independencia seguro que es malo, y conviene atemperar el rigor de la Ley con la suave corrección del interés político, en más fino, interés de Estado.

Así, mientras Casado bramaba en Bruselas pidiendo independencia judicial, el PP gemía en Madrid pidiendo repartirse el CGPJ con el PSOE, independencia y dependencia, digamos 40-60% o 60-40%, a negociar. La independencia la garantizaría él, refrenando la salvaje de los jueces, y a lo mejor no le iba mal al PSOE algo de independencia alguna vez. Nunca se sabe qué fiscal te puede embestir o qué corruptela aparecer. Moderación en la virtud y en el vicio; en el Estado y en el golpe de Estado. Si todos nos moderamos, llegaremos a bastante viejos bastante acomodados. Economía circular: yo te doy un juez a ti, tú me das un juez a mí. Y así vamos tirando. Menos mal que Casado venía a regenerar esto; si lo corrompe, lo desgracia.

¿Puede evitar Casado la moción contra Casado?
Hay apuestas sobre si el PP votará “no” o se abstendrá en la moción contra Sánchez. En un caso, sentará plaza de traidor; en el otro, de cobarde.
Desde que anunció la moción Abascal, ha perpetrado el Gobierno tales fechorías que, si Casado vota lo mismo que el PSOE, se convertirá en una segunda Inés, aspirante a fregatriz del palacio de la Moncloa-Galapagar. Y si se abstiene, que barrunto que es lo que hará para escapar de la presión y de sus fantasmas, quedará como si no quedará, sentará plaza de sin asiento, dejará un partido para el vertedero de Valdemingómez, ya inencontrable.

Evidentemente, la forma más sencilla de escapar de lo que la tribu de los listillos ven como una trampa terrible es votar con Abascal. Total, La Sexta, que manda más que Siso Michavila, dirá que se abstiene porque no se atreve a votar “sí”, o porque no se atreve a votar “no”, y por la misma razón, porque es “esclavo de la ultraderecha”. Y si vota “no”, pasada la primera sonrisa de satisfacción, dirán que es para que no le digan lo que todo el mundo sabe: que es esclavo de la ultraderecha. Haga lo que haga, mal. ¿Por qué, entonces, no hacer, por una vez, el bien, que es lo decente?

Una solución sencilla y decente
Sólo hay una posibilidad de evitar que la moción contra Sánchez sea una moción contra Casado, como dijeron sus enemigos desde el principio: que Casado presente mañana lunes otra moción incorporando a la de Vox como razones de peso el asalto al CGPJ, el asalto a Madrid y el asalto a la Educación, que no hay asalto mayor que prohibir el suspenso al ignorante. Y ya de paso, déjese de tres quintos y de segundas vueltas y pida que el Poder Judicial vuelva al mandato constitucional, del que nunca debió salir.

Gobierno del PSOE, golpe a la justicia
Editorial ABC 18 Octubre 2020

El PSOE nunca llega tarde a su cita contra el Poder Judicial. Desde 1985, de forma cíclica, cada Gobierno socialista ha intentado y, en ocasiones, conseguido infiltrar de politización la organización y el funcionamiento de la Justicia. La medida correcta de esa contaminación partidista no es el número de casos judiciales en los que se manifiesta, sino su presencia selectiva en aspectos concretos de la actividad de los tribunales. La gran mayoría de los jueces -el 99 por ciento, según la encuesta de Metroscopia para el CGPJ- se declaran independientes en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la politización se proyecta en aspectos no siempre visibles a la hora de dictar sentencia en los pleitos comunes, sino en los nombramientos de los máximos cargos judiciales, en la promoción de sectores ideológicos a puestos de responsabilidad -históricas fueron las purgas de Conde-Pumpido en la Fiscalía- o en el activismo de determinados jueces en tribunales estratégicos, como bien representa el magistrado José Ricardo de Prada.

La proposición de reforma del sistema para elegir a los doce vocales judiciales del CGPJ, presentada conjuntamente por PSOE y Unidas Podemos, se enmarca en la estrategia identitaria de la izquierda española por reducir el Poder Judicial a una mera prolongación del campo de batalla partidista. Los jueces son, en este planteamiento, víctimas colaterales y necesarias de la lucha por completar el poder político absoluto sobre los tres poderes del Estado. La oferta de pacto que hizo Pedro Sánchez al PP no deja de ser una alternativa igualmente beneficiosa para la izquierda, porque seguiría siendo el Parlamento el que eligiera a los doce vocales judiciales del CGPJ. Si realmente la izquierda quiere que este órgano constitucional refleje la pluralidad de la judicatura, nada mejor que dejar que los jueces voten y elijan a esos doce vocales, pero tendría que aceptar lo inaceptable: que la izquierda judicial sería marginal en cualquier representación democrática. Basta revisar los resultados en las elecciones a las Salas de Gobierno de los tribunales colegiados para confirmar por qué la izquierda judicial no quiere un sistema de voto libre, secreto, directo y universal entre los jueces.

El sistema ideado por socialistas y comunistas para confiscar la composición del CGPJ es idéntico al que la UE ha reprochado a Polonia, porque el afán totalitario es transversal a las posiciones extremas. Nada nuevo. Es un hito más de una estrategia que comenzó en 1985, cuando la abrumadora mayoría absoluta del PSOE impuso la designación parlamentaria de los doce vocales judiciales del CGPJ, y que no terminará hasta que el Poder Judicial sea una extremidad obediente de los poderes políticos. Otro paso más hacia el desmantelamiento del orden constitucional, objetivo real de la coalición de izquierdas que gobierna España.

“Las tres crisis de España”
Francisco Marhuenda larazon 18 Octubre 2020

La situación que vive España es muy inquietante y, lo que es peor, con un desenlace muy incierto. Estamos inmersos en tres crisis muy graves que están interconectadas en algunos aspectos, pero sólo una es consecuencia de la covid-19. Es verdad que la pandemia las ha agravado, pero sus orígenes, desarrollo y conclusión son diferentes. No es fácil determinar cuál es la más grave, pero es fácil constatar que lo son las tres. Se trata de crisis sanitaria, económica e institucional. La primera está siendo terrible, pero en un tiempo no muy lejano será superada aunque las consecuencias habrán sido muy tristes porque ha provocado, hasta el momento, más de 50.000 muertos y mucha gente que quedará afectada el resto de su vida. Están unos daños psicológicos cuyo alcance siempre es difícil de determinar. La pandemia nos cogió desprevenidos y nadie imaginaba el alcance que podía tener cuando empezaron a llegar las primeras noticias de China. Es cierto que hubo una cierta arrogancia europea al pensar que era un escenario similar a la gripe aviar que al final no tuvo las consecuencias que se temían. Por decirlo de una forma sencilla, los gobiernos se prepararon para lo peor y no se produjo.

No hay duda de que los europeos tenemos el mejor sistema sanitario público y privado del mundo, pero no estaba preparado para una pandemia de estas características. Todos los gobiernos se vieron desbordados y se tomaron decisiones drásticas que el tiempo ha demostrado que no fueron suficientes para acabar con la pandemia o como mínimo reducirla al máximo. Pedro Sánchez anunció la llegada de una Nueva Normalidad que finalmente no se ha producido y ahora vivimos inmersos en una montaña rusa de noticias angustiosas y actuaciones improvisadas, porque no se hicieron los deberes. Ni se adecuó el marco jurídico ni se elaboró un protocolo de reacción con medidas claras, consensuadas y avaladas por algún grupo de expertos. Es algo ciertamente incomprensible. La administración competente para actuar sobre el terreno es la autonómica, pero le corresponde al gobierno una coordinación que no puede estar en las manos inexpertas de esa extraña pareja formada por Illa y Simón.

A pesar de la situación angustiosa que vivimos se puede afirmar que los esfuerzos mundiales de los Estados y las empresas farmacéuticas con la ayuda de organizaciones internacionales y universidades darán sus frutos. Es irresponsable fijar una fecha, aunque los políticos de todo signo son muy aficionados a ello, pero todo indica que en unos meses dispondremos de vacunas y medicinas eficaces para combatir a la pandemia. Otra cuestión distinta es que la covid-19 ha puesto de manifiesto nuestra fragilidad frente a un acontecimiento tan devastador como imprevisible. Es bastante probable que en el futuro tengamos que enfrentarnos a otras enfermedades, algo que la Historia nos demuestra que ha sido habitual. El que no tengamos conciencia de ello no significa que no haya sido así. Las enfermedades mortales que ahora podemos combatir gracias a los avances sanitarios han provocado centenares de millones de muertos a lo largo del tiempo. La revolución sanitaria es una de las más importantes y decisivas de la historia de la Humanidad y ha permitido que hayamos alcanzado la esperanza y la calidad de vida que tenemos actualmente.

La crisis económica también la superaremos. No será con los excéntricos planteamientos del gobierno que parecen propios de alguien que no haya aprobado primero de Económicas. El Plan Presupuestario 2021 es un insulto a la inteligencia y un ejercicio de voluntarismo que no engaña ni siquiera a sus motivados redactores. Es verdad que el papel todo lo aguanta y que en unos meses nadie se acordará de las cifras que se han barajado. El gobierno confía en la barra libre del Banco Central Europeo y el cheque que nunca acaba de llegar de los 140.000 millones. La realidad es que necesitábamos, por redondear, unos 500.000. En el caso de que algún ingenuo se crea esa famosa recuperación en V el próximo año siento mucho que se llevará un enorme disgusto con las cifras que concluiremos este ejercicio, que además están falseadas por los ERTE.

¿Cómo se pagarán los 100.000 millones de los créditos ICO? ¿Cómo se producirá la recuperación de la industria turística con la intensidad que se necesita? ¿Cómo se recuperaran los comercios que se han destruido? Mucha gente se está empobreciendo día a día teniendo que asumir pagos sin disponer de ingresos por la vía inquietante de fundirse sus ahorros o endeudarse. Precisamente, la caída de ingresos y el aumento de sus posiciones crediticias hacen que muchas empresas tengan que afrontar un futuro muy incierto. A estas alturas no soy capaz de saber cuáles son esos sectores que el gobierno espera que actúen como motores. A pesar de este panorama devastador, también saldremos de una crisis que hubiera llegado igual, tal como se comprueba con los indicadores previos a la pandemia, aunque no con la enorme brutalidad que ahora sufrimos.

Finalmente, la crisis más preocupante en su solución y duración es la institucional. La eclosión se produjo con el resultado electoral de 2016 dando lugar al Parlamento más fraccionado de nuestra historia reciente y elección tras elección se confirma esta situación. El enfrentamiento, la deriva autoritaria, la ausencia de acuerdos transversales, el partidismo, el populismo, el cuestionamiento de todas las instituciones o la corrupción como arma política son los síntomas de una crisis tan profunda como grave. Ningún país de la Unión Europea sufre una situación parecida. Lo peor es que no veo luz en el horizonte.

El peor Gobierno, la crisis más profunda
Benito Arruñada. vozpopuli  18 Octubre 2020

La prensa internacional se ha hecho eco estos días de la deplorable situación económica e institucional de España. Para algunos medios, somos ya el enfermo de Europa e incluso algunos de ellos temen que nos convirtamos en un estado fallido. Se equivocan doblemente, pues a la vez que subestiman la gravedad de nuestra crisis económica exageran nuestra crisis política e institucional.

Subestiman la crisis económica porque nuestra economía está siendo dopada con el crédito del Banco Central Europeo (BCE) hasta un punto tal que esconde la realidad, no ya a los ciudadanos sino a los inversores: la mayoría de estadísticas ha perdido todo sentido. El crédito del BCE (en el fondo, el crédito de nuestros vecinos del norte) ya no solo sostiene a nuestros bancos y disimula, como lleva haciendo desde 2012, la insolvencia del Estado. Ahora también sostiene a algunas de las empresas no financieras más prominentes, en cuyas emisiones de deuda ya está participando el propio BCE.

Su disposición a seguir prestándonos dinero hace que nuestra prima de riesgo (el tipo de interés extra que hemos de pagar respecto a lo que paga Alemania, que es el país más solvente) sea aún muy baja. Pero no nos engañemos: sin esa intervención del BCE, nadie nos prestaría un euro y estaríamos en suspensión de pagos. En esa eventualidad, una parte del Gobierno querría negociar el impago con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que nos impondría un ajuste en toda regla, mientras que otra parte del mismo Gobierno propondría salirnos del Euro. El Gobierno se partiría, pero ni siquiera está claro por dónde, si saliendo de él los europeístas socialdemócratas o los comunistas bolivarianos.

Además, los analistas aún creen que las ayudas europeas van a tener grandes efectos positivos, cosa dudosa. Cierto que aliviarían los síntomas pero a costa de generar la mayor captura de rentas de nuestra historia y de posponer un rescate en toda regla, mucho más duro que el de 2012 y que será más duro cuanto más se posponga. Es más: dada la resistencia del Gobierno a cualquier recorte de gasto o reforma sustantiva, es dudoso que esas ayudas lleguen a materializarse. Apoyan este temor las últimas iniciativas del Gobierno para deslegitimar a la Corona y controlar el Poder Judicial. A sabiendas de que recibir la ayuda europea requiere unas reformas y recortes que no está dispuesto a acometer, parece haber optado por aumentar su poder para situarse en una posición de fuerza desde la que plantear un órdago en toda regla a la Unión Europea en cuanto esta empiece a cerrarnos el grifo del crédito. Ante semejante eventualidad, mejor sería, Frau Merkel, anticiparse, cerrar el grifo e incluso forzar ya un 'Mario Monti'. Hoy está en su mano. Ya sea ahora o en 2021, su órdago comportará la amenaza de romper el Euro, pero es más probable que lo perdamos cuanto más se retrase. Sánchez quizá calcula que, si consigue mantener el frente populista en que se apoya, y aunque sea a costa de arruinar el país para dos o tres generaciones, su secuestro de la Corona y su creciente control de los medios y la Justicia le permitirán seguir detentando el poder durante mucho tiempo.

El barómetro de la Bolsa
Pero abandonemos el terreno de las hipótesis, aunque, con ser aventuradas, lo sean menos que las políticas de quienes nos gobiernan. Lo indudable es que, dado que la prima de riesgo está silenciada y el crédito maquilla toda estadística, el indicador global menos distorsionado es la evolución de la Bolsa. Si bien su nivel absoluto es muy ruidoso, su evolución relativa resume bien nuestra situación; y los números son rotundos. Mientras que las principales bolsas mundiales han recuperado todo o casi todo el terreno perdido desde los niveles anteriores a la pandemia (la de Estados Unidos está ya un 4% por encima y Alemania solo un 6% por debajo), el Ibex-35 cae un 32% por debajo del nivel previo al COVID-19. Apenas ha subido un 9% desde los mínimos de finales de marzo, mientras que las bolsas de Francia, Italia y Portugal han recuperado en torno al 30% y ya se sitúan alrededor de un 20% por debajo del nivel previo a la pandemia.

El lector español puede pensar que la Bolsa solo informa de cómo le va a una minoría de ciudadanos, los que poseen acciones, “los ricos”. Alguno de nuestros políticos menos ilustrados incluso se alegraba no hace mucho de que cayese la bolsa, pues creía que la ruina de los capitalistas beneficiaba a los trabajadores que presume de representar. Ciertamente, el valor de una acción en Bolsa nos dice en cuánto valora el mercado los beneficios futuros de la compañía que la ha emitido y la caída brutal de las cotizaciones indica que se esperan pocos beneficios; pero haría falta ser muy inocente o estar cegado por la envidia para creer que no se van a resentir los salarios de esas empresas ni las pensiones que paga el Estado, en parte con los impuestos que gravan tales beneficios y tales salarios. El pensionista y el trabajador estadounidense se inquieta cuando cae la Bolsa de su país porque buena parte de sus fondos de pensiones están invertidos en Bolsa, y la pensión que recibe o que espera recibir disminuye al caer la Bolsa. En realidad, en España, también acaba sucediendo lo mismo; pero de forma mucho menos transparente, sobre todo mientras nos den crédito casi gratis para seguir pagando unas pensiones que, en proporción a nuestros salarios y cotizaciones sociales, son más generosas que las de los mismos vecinos del Norte que las están financiando. Si lo ojos del votante no ven, su corazón no siente. También es más probable que tarde en percatarse de que está votando en contra de sus intereses a largo plazo.

En todo caso, ¿qué se esconde tras esa evolución de la Bolsa española que si bien, cuando llega la pandemia, cae igual o algo menos que las demás bolsas, cuando estas se empiezan a recuperar, se queda rezagada y sigue sin levantar cabeza desde principios de junio? Los operadores de los mercados bursátiles sólo reaccionan ante la nueva información. ¿Qué nuevos datos les llevan a concluir que la economía española se ve mucho más perjudicada, ya no que la alemana sino que las de nuestros vecinos europeos más cercanos, como Portugal e Italia?

El mayor hundimiento de Europa
La pandemia la sufren todos los países, pero con tres diferencias: no todos la sufren en la misma medida; a no todos les pilla endeudados hasta las cejas; y, lo que más nos distingue, no todos los países han reaccionado de una manera tan torpe como nosotros.

En primer lugar, el COVID-19 no representa una crisis pasajera, sino que ha destruido los pilares, tanto de nuestro sistema productivo (el turismo) como de nuestra vida cotidiana, basada en vivir apiñados en una parte mínima del territorio, con una interacción social muy intensa y un consumo frecuente de bares y ocio por todos los grupos sociales. Junto con la menor capacidad de reacción a la que conduce nuestro keynesianismo de piñón fijo (gastamos mal y demasiado, tanto en las recesiones como en las expansiones), eso explicaría el mayor hundimiento bursátil de la Europa mediterránea respecto a Alemania.

Sin embargo, ni nuestro endeudamiento, ni nuestro modo de vida, ni el mayor peso que tienen en España sectores especialmente dañados como el turismo explican que estemos yendo mucho peor que Italia, Grecia o Portugal. El propio turismo nos da la pista de lo que ha sucedido: mientras que estos tres países (lo mismo, por cierto, que el Noroeste de España) han salvado sus temporadas turísticas de verano, la mayoría de los gobiernos españoles no lo ha conseguido. Apunta también en esta dirección, de la responsabilidad gubernamental, el que, según el Financial Times, entre los países más desarrollados sea España el país donde el COVID ha causado más daño económico pese a ser el segundo en mortalidad. Hemos tenido el confinamiento más costoso y menos efectivo.

Decía al principio que la prensa internacional subestima la gravedad de nuestra crisis económica pero exagera nuestra crisis política e institucional. Baste por hoy con hacer dos apuntes. Primero, no se trata de que la crisis política sea coyuntural. Subsistirá tras caer el actual Gobierno. Es algo más profundo, pues se deriva, en buena medida, de nuestra miopía, agravada porque somos adictos al crédito, hoy, más que barato, regalado. Si estoy en lo cierto, nuestro futuro depende de que empecemos a entender lo pobres que somos. Por suerte, se trata de una lección fácil de aprender. Como decía Hermano Lobo, lo veremos el año que viene; o quizá, con suerte, un poco antes.

A toque de rebato
Ramón Rodríguez Arribas ABC 18 Octubre 2020

Recuerdo los veranos de estudiante en mi pueblo, cuando las campanas de la iglesia se lanzaban al vuelo, al llamado «toque de rebato», que anunciaba algún desastre que había que evitar o combatir, que en la mayoría de las ocasiones se trataba de un incendio urbano o forestal. Como entonces aún no había teléfonos móviles ni emisoras locales, los vecinos corríamos a la plaza del Ayuntamiento a recibir la información de lo que pasaba y las instrucciones de cómo podíamos ayudar. Se producía entonces una explosión de solidaridad ante un riesgo cierto o una catástrofe segura y se abandonaban simpatías y rencillas para unir esfuerzos ante el mal.

He recordado este «toque de rebato» al anunciarse la intención, manifestada desde el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de que la elección de los doce vocales, por mandato constitucional, han de ser jueces -y cuya elección parlamentaria fue introducida en 1985, desposeyendo ya entonces a los titulares de un poder del Estado de la facultad de elegir a sus representantes en su órgano de Gobierno-, pudieran ser elegidos a partir de ahora, no por mayoría reforzada de tres quintos (lo mismo que los ocho juristas no jueces habían de ser elegidos por imperio del Art. 122 CE), sino por mayoría absoluta. Con ello se anunciaba, en realidad, una mutación constitucional por la cual precisamente los vocales jueces del CGPJ iban a ser designados por los partidos políticos que apoyan al Gobierno, en lugar de por un consenso plural con la oposición.

No era solo una añagaza para romper el bloqueo del principal partido de la oposición, que se niega a buscar aquel consenso mientras en él participe el partido de la coalición gubernamental al que considera fuera del pacto constitucional, por su postura ante la Justicia; no se trataba solo de obligar al Partido Popular a sentarse en la mesa de la negociación, porque ya se ha presentado en el Parlamento la proposición de ley, que no proyecto de ley, para evitar la intervención del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado y del propio CGPJ, cuyos informes, con razón, se prevén radicalmente contrarios a la disparatada pretensión de acabar de meter del todo las manos de la política en la Justicia.

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 13 de su sentencia 108/1986, después de reconocer que la elección por los jueces de los vocales judiciales era la que mejor cumplía la finalidad perseguida por la Constitución, al aceptar después la constitucionalidad de la elección de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Congreso y el Senado, lo hizo señalando que ya el legislador había tenido la «cautela» de fijar una mayoría reforzada de tres quintos. Esta es la que ahora se pretende dinamitar en los próximos dos meses, poniendo de manifiesto, con evidencia cegadora, su inconstitucionalidad, que se va a sumar a la que podemos considerar sobrevenida en la práctica de las designaciones de vocales de los sucesivos consejos íntegramente propuestos por las Cámaras, en los que se ha atendido siempre a la «división de fuerzas existentes en su propio seno» y distribuyendo «los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos». Eso es lo que literalmente, y en la misma sentencia, el TC consideró «un peligro», pero no suficiente para la inconstitucionalidad del sistema de elección exclusivamente parlamentaria, confiando ingenuamente en que los políticos de partido no aplicaran criterios partidistas en este caso.

Si de verdad lo que se quiere es despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, como se proclama al anunciar la reforma, esta es la ocasión de atender a lo dicho por el TC y volver al sistema de elección de vocales judiciales por los propios jueces, como sucede en todos los países de la Unión Europea que tienen establecido este órgano de garantía de la independencia judicial, y que el Grupo de Estados contra la corrupción (Greco) ha recomendado a España. Como también lo recomienda con carácter general el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) al Comité de Ministros del Consejo de Europa y que este asumió en su recomendación del año 2010, respecto a que «no menos de la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial deben ser jueces seleccionados por sus homólogos….». Y como estableció la Comisión Europea, al decir que «en los Estados miembros en los que se ha establecido un Consejo del Poder Judicial, su independencia es especialmente importante para evitar influencias indebidas del Gobierno o del Parlamento sobre la independencia de los jueces…», que es justo lo que se va a incrementar exponencialmente si se sigue adelante con la reforma.

Todo lo anterior ha sido recordado en una declaración pública por la Asociación Europea de Jueces (que integra a las asociaciones judiciales mayoritarias de los países de la Unión Europea) y que constituye el Grupo Regional del viejo continente de la Unión Internacional de Magistrados, única ONG judicial de las Naciones Unidas y de la que forman parte los jueces de cerca de cien países de todo el mundo. Llama la atención que su enérgica oposición a la reforma legal anunciada se haya producido a las pocas horas de conocerse.

Resulta, además, sumamente triste, que España vaya a sumarse a lo que está sucediendo en Polonia y Hungría, aunque allí por la acción de la extrema derecha, y que terminemos en un expediente de la UE por vulneración de sus principios constitutivos.

Se ha producido una perceptible alarma no solo en las asociaciones de jueces y fiscales, no solo en los ambientes jurídicos y políticos, se trata del corazón de nuestro Estado de Derecho, de la división de poderes y de la independencia judicial. Ante el anuncio de un mal tan hondo y como en aquellos veranos de juventud, hay que esperar que suenen las campanas «a rebato» en toda España y en Europa.
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Ramón Rodríguez Arribas fue presidente de la Unión Internacional de Magistrados

Cuestión de huevos
Luis Herrero ABC 18 Octubre 2020

El sábado día 10, por razones que todavía desconozco, a Sánchez se le inflaron las narices y ordenó a Adriana Lastra que registrara en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Estaba de los ropones judiciales hasta las cejas. Le había molestado sobremanera que Carlos Lesmes aireara el WhatsApp que le envió el rey lamentando no haber podido acudir al acto de Barcelona. Y que el TSJM tumbara la orden del ministerio de Sanidad restringiendo la movilidad en Madrid. Y que García Castellón solicitara al Supremo la imputación de su vicepresidente del Gobierno. ¿Es que no hay nadie que le diga a los jueces lo que tienen que hacer? No es el primer presidente que se lo pregunta. Antes o después, el mal de altura desquicia a los inquilinos de La Moncloa ¿Qué clase de poder es ese que no consigue lo que pretende? En un nuevo subidón de testosterona, Sánchez se lanzó de cabeza a una piscina con muy poca agua.

Y el tortazo ha sido digno de Buster Keaton. Ruidoso el interno y estremecedor el europeo. Los socorristas palaciegos calcularon mal el riesgo de la zambullida. Estaba descontado el clamor iracundo de la Oposición. Eso les importaba un rábano. Incluso les ponía ver a los líderes de las tres derechas clamando al unísono contra el Gobierno que les expulsó del paraíso. Con lo que contaban menos es con el fruncimiento de ceño de sus socios periféricos. Ni al PNV ni a ERC les gustó la música de la reforma impulsada por Sánchez en pleno ataque de orgullo. La respuesta destemplada de los jueces aún fue mucho peor. Solo se mordió los labios la Asociación más afín al PSOE. Las otras tres clamaron al cielo y lograron en tiempo récord que la Asociación Europea se sumara a su protesta. En el CGPJ, la mayoría de los vocales, incluidos varios de la escudería progresista, se conjuraron para plantar cara. Estén atentos a la pantalla porque en ese frente habrá muy pronto novedades destacadas.

Si el cálculo de la reacción interior fue malo, el de la reacción comunitaria fue desastroso. Cuando el portavoz del comisario de Justicia dijo que «los Estados miembros deben seguir las normas de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida», a Sánchez se le vino el cielo encima. La Comisión acababa de equiparar a España con Polonia y Hungría. Tierra, trágame. Días antes, la española Iratxe García, presidenta del grupo parlamentario socialista en la Eurocámara, había firmado un documento, junto a populares, liberales y verdes, exigiendo que los países que no respetaran en sus legislaciones internas el Estado de Derecho no vieran un solo euro de los fondos de recuperación de la Unión Europea. No es un cuento chino, inventado por PP o Ciudadanos, que España puede quedarse a dos velas si Sánchez perpetra su plan de colonizar el órgano de gobierno de los jueces. Hay países, como Holanda y Finlandia, que ya han dicho con toda rotundidad que vetarán el acceso a esos fondos a los países que sigan esa senda.

A perro flaco, todo son pulgas. El prestigio de España está bajo mínimos. Encabezamos la lista de los países que peor gestionan la pandemia del coronavirus, tenemos los peores resultados económicos del continente y rebajamos nuestros estándares democráticos hasta igualarnos con países gobernados por la extrema derecha. Si no formáramos parte del club de la UE nuestra deriva sería descaradamente venezolana. A falta de contrapoderes internos capaces de evitar semejante calamidad, la única esperanza que nos queda procede de Europa. Sin su ayuda, nos hundiríamos sin remisión. En lo político y en lo económico. ¿Será capaz Pedro Sánchez de darse cuenta de su error rectificar a tiempo? Hay quien dice que sus últimas palabras huelen a reculada pero yo necesito ver para creer. Pincho de tortilla y caña a que el pulso todavía durará algunas semanas. Cuando está en juego el orgullo de un déspota contrariado, cualquier pronóstico es incierto. No gobierna la razón, gobiernan los huevos.

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Volvemos al 36… o a Caracas 2004

EDUARDO INDA okdiario 18 Octubre 2020

El gesto de la fascistoide diputada de Más Madrid Mónica García simulando que dispara al consejero popular Javier Fernández-Lasquetty no es un simple calentón. Por mucho que el rodillo mediático del pensamiento único, incluidos desgraciadamente ya algunos medios que se autocalifican de centroderecha, lo intenten aclarar, relativizar o minimizar. Es la traición del subconsciente de una izquierda española que, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, vuelve a ese 1936 de tan infausto recuerdo y que nos dejó de legado una Guerra Civil y una dictadura. De gente que admira y defiende a asesinos de masas como Pasionaria, Santiago Carrillo, Largo Caballero, Indalecio Prieto o el psicópata Companys no se puede esperar otra cosa.

Las manos en forma de pistola no es consecuencia de la artrosis, como sostenía entre risas la protagonista, sino más bien la añoranza de los paseíllos, las checas y las sacas. Es el recuerdo de la eliminación física del adversario. Conviene no olvidar el nada desdeñable hecho de que la violencia física siempre, inequívocamente siempre, viene antecedida de la violencia dialéctica o gestual. Lo de esta diputada madrileña es triste moraleja de una España que, desde la Ley de Memoria y el revanchismo zapateril, es francamente peor en términos éticos y morales. Alarmante compendio de una coyuntura que está poniendo abruptamente punto y final a los mejores años de nuestra convulsa historia, a la más longeva etapa de paz, prosperidad y estabilidad en 220 años.

La pistola de Mónica no fue un despiste. Tampoco una broma. Estamos hablando de una de las pocas representantes de la ciudadanía que puede presumir de currículum, de los pocos gobernantes que desmienten mi teoría de que en política cualquier tiempo pasado fue mejor en preparación. Es anestesista, ni más ni menos, y atesora un extenso currículum en el sector sanitario. Es evidente, por tanto, que no es una piernas o un piernas más de los que nos topamos a diario en política. Dicho todo lo cual, y visto lo visto, yo no me arriesgaría a ponerme en sus manos en una mesa de operaciones siendo quien soy. Como tampoco le recomiendo que lo hagan a Casado, Abascal o Arrimadas.

El drama es que este disparo virtual a un oponente del centroderecha no constituye un hecho aislado. Llega apenas dos semanas después de que el tridelincuente Pablo Iglesias vomitara en el Congreso de los Diputados 10 palabras que metieron miedo al miedo y, obviamente, a todo ciudadano de bien: “Ustedes no volverán a sentarse en el Consejo de Ministros”. Una frase que parece calcadita de la que esputó -que no espetó— la siniestra Dolores Ibárruri al jefe de la oposición, José Calvo-Sotelo, en el Congreso de los Diputados el 16 de junio de 1936: “Es la última vez que este hombre ha hablado en esta Cámara”. La veracidad de la frase la confirmaron ya en época democrática tanto el ex president de la Generalitat Josep Tarradellas (de ERC) como el ex ministro republicano Salvador de Madariaga. Y eso que los medios de izquierdas se han empeñado en desmentirla porque no figura en el diario de sesiones, circunstancia que se explica por un perogrullesco hecho: el presidente de la Cámara, Diego Martínez Barrio, era miembro del Frente Popular.

El socialista Ángel Galarza —sí, socialista— se expresó en parecidos términos el 1 de julio de ese 1936 para olvidar. “Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida”. Apenas 12 días después, la escolta de su correligionario Indalecio Prieto, la terriblemente célebre Motorizada, asesinó a tiros al diputado monárquico, tío del que luego fuera presidente del Gobierno con la UCD Leopoldo Calvo-Sotelo. Una vez más la violencia verbal fue la antesala de la violencia física.

En el fondo lo que quiere Iglesias es ganar la guerra que sus abuelos perdieron. Reescribir la historia olvidando que la secuencia de hechos es tan clara que no permite precisión, puntualización, ni menos aún, manipulación alguna. Ni tampoco contradecir al mejor hispanista vivo, Stanley G. Payne, que mantiene que la Guerra Civil española fue “una contienda de malos contra malos”. Y punto. Pero en la pulsión del tridelincuente que vicepreside España reside un espíritu de aniquilación del contrario en consonancia con lo que hicieron sus mayores entre 1934 y 1939. Les chirría la libertad, la alternancia y la democracia representativa. Hay que recordar que esta gentuza no es heredera de Felipe González, ni siquiera del Carrillo de la Transición, esta chusma se considera descendiente de ese comunismo puro y, sobre todo, duro, durísimo, que ha asesinado a más personas que ninguna otra ideología en la historia de la humanidad: 100 millones.

Odian la libertad, detestan la Constitución y aborrecen la discrepancia. Quieren tumbar al Rey porque representa la unidad de España y reventar ese Pacto del 78 que nos convirtió en la envidia de medio mundo y parte de otro porque es símbolo de la pluralidad. Y obviamente también se ciscan en esa separación de poderes condición sine qua non para poder hablar de sistema democrático en un país con todas las de la ley y nunca mejor dicho. Ninguna nación que se precie de democrática puede sustraerse al principio de separación de poderes que teorizó Charles-Louis de Secondat Montesquieu en el preludio de la Revolución Francesa. Su obra El Espíritu de las Leyes es uno de los fundamentos de las libertades modernas.

Que no sé si vamos camino de vuelta del 36 o de Caracas 1998, una de las dos seguro, lo ratificamos hará cosa de dos semanas cuando el diario del masoquista Ibex El País hizo nuevamente de servil defensor y patético vocero del Gobierno socialcomunista. Nos destapó la ilegalidad que pergeñaban en secreto el presidente de iure, Pedro Sánchez, y el primer ministro de facto, Pablo Iglesias. El chuloplayas y El Moñas se disponían, bueno, se disponen, porque por mucho que digan ahí siguen erre que erre, a destruir nuestra ya de por sí baqueteada Constitución de 1978 en lo que atañe al Poder Judicial. Quieren eliminar el requisito del voto de los tres quintos del Parlamento para elegir a los miembros del gobierno de los jueces. Y lo quieren sustituir por esa mayoría absoluta que ya tienen de la mano de golpistas catalanes, proetarras y sobre-cogedores varios.

Un golpe de Estado en toda regla que acabaría para siempre con la España de 1978 convirtiéndonos en un régimen autocrático, en una pseudodemocracia o en una democracia vigilada. En una suerte de Rusia o Turquía en el mejor de los casos. Una medida que, de no ponerle freno la Unión Europea o el Constitucional, nos igualará en el sensible terreno de la separación de poderes con esa Venezuela de la que es embajador en España Pablo Iglesias. Allí, en 2004 el narcodictador Hugo Chávez dijo “¡basta ya!” a unos jueces que hacían lo que les dictaba su conciencia y les metió mano pasando del sistema vigente hasta entonces para elegir el Tribunal Supremo, dos tercios de la Asamblea Nacional, a la mayoría simple que ostentaba en aquel momento. Claro que el camino a la tiranía había empezado en 1999, a los pocos meses de la elección del sátrapa, que lo primero que hizo fue parir una Constitución a la carta y la consiguiente Asamblea constituyente.

Aquí y ahora Pedro y Pablo pretenden acabar ilegalmente con la independencia del Poder Judicial. Que es un putsch lo demuestra el hecho de que no sólo revienta el espíritu y la letra de la Constitución sino también la sentencia del Constitucional de 1986 presidido por el filosocialista Tomás y Valiente, asesinado por ETA. El fallo en respuesta al recurso planteado por ese gran jurista y mejor persona que fue José María Ruiz-Gallardón establecía textualmente que el Consejo del Poder Judicial debía elegir a la totalidad de los miembros del CGPJ por tres quintas partes de las cámaras. Es decir, el 60%. Vamos, que lo que quieren hacer estos tíos es una inconstitucionalidad como una catedral.

Un simple flashback nos confirma que hemos ido de mal en peor: la Ley del Poder Judicial de 1980 estableció que, tal y como —farragosamente, eso sí— dice la Constitución, 12 de los 20 componentes del CGPJ se cooptarían por los 5.400 miembros de la carrera en elecciones libres. El Alfonso Guerra de los 202 diputados declaró en 1985 “Montesquieu ha muerto” tras sacar adelante una contrarreforma en la que otorgaba al Congreso la potestad de digitar al CGPJ en su totalidad. Tenía razón, aquel movimiento le permitió invadir una judicatura hasta entonces libérrima. Pero el plan totalitario de esta gente no sólo transgrede la sentencia del Constitucional sino que, además, se come con patatas un artículo 122 de la ley de leyes que prescribe lo siguiente:

—El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Conclusión: sea cual sea la interpretación de este epígrafe, es evidente, más allá de toda duda razonable, que la amenaza de Los Picapiedra es delictiva. Una prevaricación como mínimo. Se pasa por el forro de sus caprichos el texto del 78 y la sentencia del 86. Y no veo yo al Tribunal presidido por González Rivas fallando contra sí mismo salvo que, claro está, estemos más cerca aún de Venezuela de lo que sospechamos.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hablan de Hungría y Polonia como si fueran dictaduras. Pero olvidan que en el primer país al Tribunal Supremo lo elige una mayoría de tres quintos del Parlamento y que en el segundo 14 de los 15 componentes de la Oficina Nacional del Poder Judicial salen adelante en una elección interna entre los magistrados. Sólo el presidente de este órgano requiere del voto de tres quintas partes de las cámaras. No es menos cierto que tanto en un caso como en el otro hay notable polémica porque tanto el presidente polaco, Andrezj Duda, como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, han intentado aprobar normas que les faliciten la remoción de los jueces.

Pero hay más. Mucho más. Recuerden ese “la Fiscalía depende de mí” que aproxima a Sánchez al Rey Sol. Ese pacto con el partido que apoya a los asesinos de 856 compatriotas, entre ellos 11 socialistas. Esa sumisión a los golpistas catalanes. Ese nombramiento de su ministra como fiscal general tras haber hecho campaña con él en las generales. Esos insultos y amenazas a los jueces que no sentencian al dictado. O esa inmisericorde persecución de los medios críticos y asesinato civil de los periodistas que nos les bailamos el agua. Esto tiene muy mala pinta. Porque como insisten esos venezolanos que huyeron de allá para disfrutar de la libertad que gozábamos acá, en su país empezaron así. Y tanto. Sólo la fortaleza y la valentía de los pocos medios independientes que quedan y la dignidad del poder judicial nos salvarán de acabar como Rusia, Turquía o quién sabe si como Venezuela. De momento, los vientos soplan en esa dirección.

El virus del 'procés' y el contagio español

Jesús Cacho. vozpopuli  18 Octubre 2020

“Quienes nos opusimos al procés en Cataluña durante años, nos encontramos ahora con la sorpresa de ver cómo ha contagiado la política española. El mismo populismo, la misma manipulación de medios, idéntica demonización del adversario, similar prostitución del lenguaje y el desprecio por los mecanismos de control democrático”. El consultor barcelonés Juan Arza explicaba esta semana en un tuit su frustración y la de tantos demócratas catalanes que, tras sufrir el rodillo secesionista en el Parlamento de Cataluña, asisten ahora perplejos a la extensión del fenómeno a toda España: el nacionalismo no ha ganado en Barcelona, no ha logrado sus propósitos, y de hecho la tropa separata, dividida, se bate ahora mismo en retirada, pero de alguna forma ha logrado exportar el problema al resto de España, han contaminado de plano la política española. Ha triunfado en Madrid. Qué dramática paradoja y qué logro tan siniestro el del procés.

La división de la sociedad catalana en dos mitades en apariencia irreconciliables ha sido el fruto perverso del procés desde el punto de vista de la convivencia, el drama de tantas familias que dejaron de verse para evitar que la fiesta terminara en bronca por culpa del maldito virus de esa división impuesta. Ese divorcio se empieza a registrar ya en familias del resto de España entre los partidarios del Gobierno de coalición, inasequibles a cualquier crítica a los suyos, y quienes desde el banco contrario censuran las políticas disolventes de Sánchez y su socio. Ruptura entre familias catalanas y ruptura de la sociedad española en dos bloques separados por un abismo de odio que no deja de agrandarse. Todos los presidentes de la democracia, con independencia de su origen, han pretendido gobernar para todos los españoles. Pedro Sánchez es el primero que ha renunciado a hacerlo. Él gobierna para la media España que le sostiene en el Parlamento, ignorando, fatal arrogancia, a la otra media que vota a la oposición. Me entrego a los míos y al resto que le vayan dando.

Fuera del nacionalismo no hay vida. Ocurre en Cataluña y de forma más acusada aún en el País Vasco bajo la égida de ese partido nación que es el PNV. El nacionalismo controla las instituciones y expulsa del sistema a quien no comulga con el ideario. De hecho, si no eres nacionalista no eres buen catalán o buen vasco. Es la misma simiente que el Gobierno de Pedro & Pablo lleva sembrando desde que llegó al poder por el resto del país. Si no apoyas al Gobierno de izquierda radical no existes o eres un facha. Primero te deslegitimo y luego te margino. Y con mi mayoría parlamentaria pongo en marcha el rodillo que el nacionalismo impuso en el Parlament y me dedico a vaciar la Constitución sin necesidad de reformarla mediante leyes habilitantes que la convierten en cáscara vacía. Con el agravante, además, de advertirte que nada podrás hacer para evitarlo porque, como Iglesias se encarga de recordar a la oposición con indisimulado placer, no volverás al poder en mucho tiempo. Tal vez nunca.

Y la Justicia. El control de la Justicia. El talón de Aquiles de todos los autócratas que en el mundo han sido. También el dique de contención de las aspiraciones xenófobas e identitarias de ese nacionalismo enemigo de la nación de ciudadanos libres e iguales. También aquí las equivalencias son inequívocas. Si las sentencias judiciales nos dan la razón, las acatamos y repicamos con júbilo; si nos la quitan, acusamos a los jueces de ser de derechas y/o de enemigos del pueblo. El nacionalismo se ha negado sistemáticamente a acatar las sentencias de los tribunales, y ha llegado incluso a subir la apuesta de su desafío tras cada fallo judicial adverso. Pedro El Magnífico sigue esa estela y ha reaccionado al fallo del TSJM que echó abajo la orden ministerial de Illa declarando el estado de alarma para la capital. Por mis santos bemoles.

La Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (catalana), decía textualmente, Artículo 72.1: "La Comisión Mixta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y del Gobierno de Cataluña está formada por el presidente o presidenta del Tribunal Supremo, que la preside, por el consejero o consejera con competencia en el ámbito de justicia del Gobierno de la Generalidad, que ejerce su vicepresidencia, por cuatro miembros de la Sala de Gobierno, designados por ella misma, y por cuatro personas designadas por el Gobierno" (…) "La Comisión Mixta prevista en este artículo se constituirá siguiendo los siguientes pasos: el Parlamento, en el plazo máximo de cinco días a partir de la entrada en vigor de esta Ley, designa, por mayoría absoluta, a los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, de entre los miembros del Tribunal Supremo, y a los cinco miembros electos indicados en el artículo 71.1. (…) Si no se cumplen estos plazos, el Parlamento puede elegir, por mayoría absoluta, al presidente o presidenta del Tribunal Supremo”. Una justicia subordinada al Parlament y a su “mayoría absoluta”, naturalmente independentista. Sánchez se dispone a hacer algo muy similar, si no calcado, para reformar de urgencia la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin necesidad de recabar el apoyo de las tres quintas partes (mayoría cualificada) de las Cámaras y sin contar con los preceptivos informes del propio CGPJ, del Consejo Fiscal y Consejo de Estado. Jamás la democracia española había caído tan bajo.

Una justicia a la carta
Los capos del nacionalismo catalán necesitaban una Justicia a la medida para obviar el riesgo de que unos jueces independientes les hicieran pagar el precio de su reiterada violación de las normas constitucionales. Pero la necesitaban también, y con urgencia, para protegerse de la corrupción galopante, del robo sistemático en que se instalaron desde el principio de la Transición, con el patriarca Pujol a la cabeza, y el saqueo de aquel “vostès tenen un problema, i aquest problema es diu tres per cent” con el que Pasqual Maragall abofeteó un día el rostro de Artur Mas en plena sesión parlamentaria. También Sánchez y sus socios necesitan protegerse. Agobiado por denuncias varias, Iglesias la precisa con urgencia para que el Tribunal Supremo no termine con su carrera política antes de tiempo por culpa del 'caso Dina'. El propio Sánchez la reclama. Cuestión de prudencia. Cada día son más las sospechas que apuntan a enriquecimiento ilícito, en proporciones muy superiores a las de los Correas y sus chorizos de la Gürtel, con la compra de material sanitario. Algunos, hambre atrasada, se están haciendo ricos sin que les haya tocado la lotería.

La justicia y los medios.
El nacionalismo controla con mano férrea los medios de comunicación, públicos y privados, con alguna honrosa excepción en internet. Bien cogidos todos por el ronzal de las subvenciones de la Generalidad, con el grupo Godó por fiel infantería y TV3 como esperpéntico estandarte. El sueño de Sánchez y su socio comunista apunta en la misma dirección. No están muy lejos. Más de la mitad de los escritos, buena parte de las emisoras de radio y la práctica totalidad de las televisiones, donde se nutre de información y entretenimiento el pueblo llano. Y dinero fresco siempre dispuesto para cebar la bomba. El Gobierno prepara una propina, con cargo a los fondos de reconstrucción europeos, para “ayudar” a los grandes grupos a abordar su reconversión digital cuando todos llevan casi dos décadas presentes en Internet.

Si asumimos que unos medios de comunicación libres y una justicia independiente son los pilares sobre los que se asienta la salud de un sistema democrático, hemos de concluir que nuestra democracia está muy malita, casi muerta. Medios de comunicación comprados, justicia asediada y oposición cortocircuitada. La sensación de control que transmite un Sánchez con apenas 120 diputados, necesitado del apoyo, cada día más caro, de comunistas, nacionalistas y bildutarras, es de tal magnitud que hasta los poderes económicos han caído rendidos a sus pies. Como esa burguesía catalana, antaño con fama de diligente e industriosa, que se entregó absurdamente al juego de una independencia imposible que ha terminado por arruinar social y económicamente a Cataluña. Nuestros capos del Ibex 35 están en la misma derivada. A Ana Botín le preocupaba mucho que el líder laborista Jeremy Corbin pudiera ganar las elecciones en Gran Bretaña, pero no le inquietaba en absoluto que un psicópata narcisista como Sánchez, en alianza con un comunista resabiado como Iglesias, se hiciera con el poder en España. Las consecuencias de tamaño desvarío están ya llamando a la puerta.

Odio y ruina económica
El separatismo ha fracasado. La chalupa que Puigdemont y sus montagnards lanzaron al agua la noche del 10 de octubre de 2017 en la ensenada del parque de la Ciudadela encalló a los ocho segundos de haber sido votada. Por el camino, han arruinado a Cataluña y han separado a los catalanes por un muro de odio casi insalvable, el mismo que hoy se respira no solo en Madrid sino en muchos rincones de España. También Sánchez terminará sumiendo a España en la ruina económica. Tan cierto como que hemos de morir. Los datos macro aparecidos últimamente no pueden ser más alarmantes. Déficit record de la Seguridad Social (45.000 millones) para este año, e incremento de deuda en más de 300.000 millones entre 2020 y 2021. Pero a los líderes del “procés” les importa un bledo su fracaso. Lo importante es seguir manteniendo el control del cortijo y seguir mandando en el Presupuesto. El mismo interés que comparten Sánchez y su socio. Conservar el poder a cualquier precio, incluso el de destruir la convivencia y llevar al país a la bancarrota. Estirar la fiesta todo lo posible y seguir pagando los intereses que el apoyo parlamentario a Sánchez reporta al nacionalismo. El último cheque está al caer: el indulto a los líderes del procés encarcelados, para que Oriol Junqueras pueda presentarse como candidato de ERC en las próximas elecciones catalanas, asunto que ayer explicaba aquí Laura Fàbregas.

Ayer tarde, El País citaba una frase del escritor Dave Eggers para describir la situación que se vive en Estados Unidos en vísperas de una eventual reelección de Donald Trump: “En solo cuatro años hemos perdido de vista todo: el Estado de derecho, un mínimo sentido de la decencia, la verdad y la fe en el Gobierno y la gobernanza nacional”. Una sentencia que se ajusta como un guante al caso español. Todo ese deterioro y mucho más lo hemos vivido en España, pero no en cuatro años sino en nueve meses de presidencia de Pedro & Pablo. Imaginar tres años más con esta pareja de aventureros en el puente de mando resulta aterrador. La esperanza sigue residiendo en el rey Felipe VI, que el viernes en Oviedo reclamó “un gran esfuerzo nacional de entendimiento y concordia”, y en esos miles de jueces y fiscales que a lo largo y ancho del país cumplen ejemplarmente con su deber, gente talentosa que ha superado una brutal criba de acceso a la judicatura y que aplica la ley sin prestar oídos a las manzanas podridas, Lolas, Garzones y Villarejos, que dirigen la orquesta. Y un mínimo resquicio, por qué no, en ese Partido Popular que mañana lunes pretende registrar en el Congreso una proposición de ley para “despolitizar” el sistema de elección de los vocales del CGPJ, de forma que sean los propios jueces, y no los políticos, quienes lo hagan. ¿Será verdad que Pablo Casado está decidido a rescatar al PP de la ciénaga en que el marianismo lo mantiene postrado?

Tres décadas de maniobras del PSOE para el control ideológico de la justicia
La ofensiva de la izquierda nunca cesó desde que Guerra dio por enterrada la separación de poderes en 1985, pero Sánchez la lleva hoy a un punto límite
Manuel Marín ABC 18 Octubre 2020

Sea un farol para forzar al PP a negociar con urgencia la renovación de las veinte plazas del Consejo General del Poder Judicial, o sea una imposición premeditada de Pedro Sánchez para iniciar un proceso de control ideológico sobre la judicatura -y todo apunta a esto-, lo cierto es que la reforma planteada por Moncloa para alterar artificialmente las mayorías del órgano de gobierno de los jueces es el corolario de la izquierda política a más de tres décadas de reformas legislativas orientadas a minar el peso del conservadurismo -mayoritario- en el ADN de la carrera judicial. También, de la fiscal.

La obsesión de los jueces por sacudirse las etiquetas ideológicas que se les asignan en esta atmósfera política tan polarizada, a menudo de forma simplista e injusta, quedó hace tiempo abocada al fracaso. La «politización de la justicia» y la «judicialización de la política» ya se confunden en un magma irreversible, y los legítimos esfuerzos del poder judicial por reivindicar su independencia ante la ciudadanía han resultado fallidos.

¿Cuestión de clases?
Podemos lleva años cultivando un discurso incendiario contra un concepto pretendidamente elitista de la judicatura. Pablo Iglesias, ahora en el trance de una posible imputación penal ante el Tribunal Supremo, siempre utilizó su discurso antisistema para agitar banderas contra una justicia anacrónicamente conservadora, y viciada de un atavismo ideológico «descompensado» que perjudicaba a la izquierda. Incluso, ha convertido su pugna contra la separación de poderes en un mantra de clasismo social: es la derecha adinerada la que se permite acceder a la carrera judicial frente a una clase obrera y humilde sin capacidad para ello. «Y esto va a cambiar», dijo recientemente un ministro de Podemos. Hasta ahora, el PSOE jamás se había sumado a esta tesis tan demagógica -le bastaba con acusar al PP de un bloqueo sistemático-, pero el giro dado ahora por Pedro Sánchez es revelador por la contundencia de su reforma, los visos de su aparente inconstitucionalidad, y su carácter unilateral.

El entierro de Montesquieu
De hecho, atrás quedan 35 años de iniciativas legislativas del Partido Socialista planteadas exclusivamente para abarcar más cuota de representación en el poder judicial. En su origen, y antes de que entrara en vigor la primera ley orgánica en democracia que regulaba el Poder Judicial, estaba vigente una ley «provisional» que databa originariamente de 1870, reformulada después en 1882. Fueron 115 años de «provisionalidad» hasta que la primera ley orgánica aprobada en 1980 creó lo que se dio en llamar Consejo General del Poder Judicial. Su primer presidente fue Federico Carlos Sáinz de Robles, y de los veinte vocales previstos, doce eran elegidos por jueces, de entre los propios magistrados.

La llegada en 1982 del primer Gobierno de Felipe González con una abrumadora mayoría absoluta movió al PSOE en 1985 a modificar el sistema para ejercer un control parlamentario -político- sobre las designaciones. Fue en aquel año cuando se le atribuyó a Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Gobierno la máxima de que «Montesquieu ha muerto», en referencia a la separación de poderes. Ya entonces el PSOE consideraba que permanecía en el poder judicial una «herencia» franquista que debía corregirse.

Pactos y acuerdos obligados
Desde aquel momento, se invirtieron los términos de la representatividad que correspondía a la carrera judicial. Seis vocales pasaron a ser elegidos por el Congreso y seis más por el Senado, y este sistema fue ratificado en 1986 por el Tribunal Constitucional, eso sí, con la severa advertencia de que el Poder Judicial no debía ser sometido a una mera «proyección de fuerzas partidistas», por lo que la mayoría necesaria de tres quintas partes de cada Cámara para afrontar cada proceso de renovación se consideraba una garantía institucional que requería de una especial protección y, por tanto, de un consenso entre dos partidos mayoritarios.

En 2004 se produjo una segunda reforma legal orientada a esa estrategia de la izquierda por aumentar su cuota de influencia en la judicatura. José Luis Rodríguez Zapatero acababa de ser designado presidente del Gobierno y planteó una reforma urgente de la ley orgánica del poder judicial para que los nombramientos más relevantes -magistrados que debían cubrir vacantes en el Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia o audiencias provinciales- lo fueran con el voto de tres quintas partes del Consejo.

Minoría de veto de Zapatero
Se trataba de crear una «minoría de veto» frente a la mayoría conservadora que aún se mantenía en el CGPJ desde el Gobierno de José María Aznar. Con esa reforma, el PSOE se desdecía abiertamente del Pacto de Estado por la Justicia que había sellado con el PP en 2001.

Un tercer ejemplo ocurrió en 2007, cuando esta vez se llevó a cabo una modificación de la figura del fiscal general del Estado, de manera que se le forzaba a finalizar su mandato de forma automática al mismo tiempo que el del Gobierno que no lo nombró. Fue una etapa convulsa en el Ministerio Público, en la que el fiscal general se convertía poco menos que en un «cargo de confianza» más del presidente del Gobierno, y en la que se produjo una profunda reforma interna de la cúpula fiscal, con la ampliación artificial del número de fiscales de Sala para afrontar lo que el PSOE denominó un «reequilibrio ideológico» de la Fiscalía, atribuyendo a cada fiscal de Sala un mandato fijo mínimo de cinco años.

En 2007, con Rodríguez Zapatero también en su primera legislatura, el PSOE impulsó junto a Iniciativa per Catalunya-IU y la extinta CiU una reforma exprés de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, cuyo objetivo era prorrogar, automáticamente y sine die, el mandato de la entonces presidenta del TC, María Emilia Casas. La inicial pretensión política del Gobierno era garantizar su voto de calidad en caso de que las deliberaciones y votaciones en ese tribunal -con los sectores conservador y progresista muy enfrentados entonces- concluyesen en empate.

Un sistema «a la polaca»
Y ahora, en 2020, Pedro Sánchez plantea, como proposición de ley para burlar los informes preceptivos del propio CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, una rebaja de los tres quintos de los escaños para que sea la mayoría absoluta quien pueda elegir a los doce vocales «judiciales» del Consejo. Es literalmente el mismo sistema que el aprobado por el Gobierno polaco -«ultraderecha», según el PSOE- para que si en primera votación no se logra la mayoría cualificada, sea suficiente la absoluta en segunda votación. Convivirían así en el mismo Consejo dos sistemas de elección diferentes -uno para elegir a 8 vocales y otro distinto para 12- con visos de posible inconstitucionalidad. De prosperar esta iniciativa, el PSOE y Podemos podrían garantizarse hasta 17 cargos de 20 en el poder judicial, algo inédito en nuestra democracia.

Menos mal que habíamos vencido a ETA
El Gobierno pactando con los proetarras, se trivializan de los atentados y policías y guardias civiles pintados como torturadores. Bienvenidos («ongi etorri») a la operación blanqueo
Álvaro Martínez ABC 18 Octubre 2020

Escena I (Interior, noche): «Nos tenemos que marchar no sin antes contar, como hacemos siempre, el último chiste sobre Carrero Blanco». Así despedía su conductora un programa que completa la parrilla de una emisora de radio, dedicada fundamentalmente al deporte, en el que cuatro o cinco zarramplines comentan la actualidad «política, social y cultural» del país «desde la sátira». Lo cierto es que parece que hay barra libre para ese presunto «festival del humor» a costa de los muertos de ese atentado etarra después de que el Tribunal Supremo no apreciase desprecio, deshonra y burla a las víctimas del terrorismo y a sus familias en los trece (no uno ni dos, trece) presuntos chistecitos alumbrados por la tuitera Cassandra Vera.

Alegaba el Alto Tribunal que había pasado mucho tiempo, que no se denigraba a las víctimas y que aquello se había convertido en un hecho histórico. Y por eso quizá los trincapiñones de ese programa de radio parece que han decidido cronificar el reírse del atentado que costó la vida al almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno; a su conductor, José Luis Pérez, y al policía Juan Antonio Bueno.

Escena II (Exterior, atardeciendo): Una semana cualquiera. Centenares de proetarras forman un pasillo de ikurriñas en el casco antiguo de Vitoria, capital del País Vasco, para recibir al etarra Aitor Zelaya recién salido de prisión. Zurito va zurito viene, se jalea en el espacio público al terrorista con vivas a ETA y roznidos en contra «del Estado español opresor», entre otros tradicionales blablablás del submundo proetarra. Dos días antes, la misma escena en Hernani para recibir al etarra José Javier Zabaleta, «Baldo», que en su día fuera «número dos» de la banda (casi 900 muertos en medio siglo del terror) y que fue condenado a un siglo de cárcel por el asesinato de cinco personas en Zarauz. Otra vez ikurriñas al viento, aurresku al pistolero y aleluyas a los terroristas presos. Lo mismo ocurría un día antes en Oñate, donde el «pasillo de honor» se le dispensó a Xabier Ugarte, condenado por secuestrar a Ortega Lara (el cautiverio más largo de la historia de España) e Iglesias Zamora. Solo entre 2016 y 2019 la AVT contabilizó un centenar de «ongi etorri», en 95 de los cuales se ensalzaba a un asesino. Un centenar de infamias.

Escena III (Interior día): En la Fundación Leizaola de Bilbao se inaugura una muestra, naturalmente subvencionada por el Gobierno vasco, en la que se denuncia la práctica sistemática de torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (antes y después del franquismo) en el País Vasco y se pasa de puntillas sobre ETA (repetimos, casi 900 muertos en medio siglo de terror).

Corolario: Más de 300 crímenes sin resolver; manga ancha para hacer chistes sobre atentados con las víctimas como meollo de la presunta gracia [recuerden a Zapata, el edil carmenita: «Han tenido que cerrar el cementerio de Alcácer para que vaya Irene Villa a por repuestos»]; asesinos recibidos como héroes sin que nadie lo impida; policías y guardias civiles pintados como los malos de esta historia y el Gobierno pactando con los herederos políticos de una cuadrilla de pistoleros. Cada vez cuesta más creerse que hemos ganado la batalla.
¿Suena raro?

Esta semana a Idoia Mendía Cueva (Bilbao, 1965) le sonó «raro, después de tanto tiempo» que la Guardia Civil detuviese a tres etarras en relación con un zulo de la banda. «Pero los tribunales tienen su propia vida», matizó oportunamente cuando un medio proetarra le apretaba por el hecho de que esos apresamientos se produjeran «con este Gobierno». Efectivamente, los tribunales tienen su vida y los etarras también, porque Ekhine Eizagirre, Kepa Arkauz e Imanol Jaio fueron arrestados por «tenencia de explosivos con fines terroristas» no por preparar una traca de petardos en las fiestas de su pueblo. Pero Mendía parece haber asumido perfectamente el mensaje del nacionalismo vasco y ese equilibrismo que siempre le hace como dar un respingo cuando alguien altera el statu quo del «nuevo tiempo» que supone olvidar lo ocurrido antes de ayer. A los socialistas de hornadas de antaño lo que les suena «raro» es la entrega sin apenas matices del PSOE de Pedro Sánchez al nacionalismo, cuando no al bildutarrismo (como en Navarra), si es preciso para poder seguir en La Moncloa. Uña y carne del PNV, el «nuevo tiempo» del socialismo vasco -que no hace tanto pudo gobernar allí gracias al apoyo del PP- le mantiene estancado en las elecciones, resignado a ser la muleta el Urkullu durante las dos últimas legislaturas. Cuando Mendía llegó al Parlamento vasco, allá por 2001, los socialistas obtuvieron 253.000 votos. Diecinueve años después, con ella al frente del cartel del puño y la rosa, el PSE se tuvo que conformar el pasado julio con 122.000 apoyos. Después de aquel brindis de hace dos Navidades con Arnaldo, ese «hombre de paz», no suena raro semejante despeñadero de votos.

 


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