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Covid19: el gran carajal autonómico y
legislativo
Editorial Estrella 21 Octubre 2020
España está donde, probablemente, la inmensa mayoría de ciudadanos
esperaba: en el enredo, el embrollo y el problema mayúsculo,
creciendo y creciendo cada día, hasta adquirir la apariencia de lo
irresoluble. No hay más.
El habernos topado con la peor generación de políticos de la
historia de la democracia, con diferencia, se paga caro, mucho. En
un porcentaje elevadísimo, sin preparación, sin formación, sin
trayectoria, sin experiencia, sin bagaje… aterrizados de auténtico
milagro en las más importantes instituciones por ese sistema llamado
democracia que, ya se dijo en tiempos pretéritos con sorna y
brillantez, es el peor de todos… quitando a todos los demás.
Mientras un país entero se desloma y se desvive luchando contra la
pandemia, intentando facturar y sobrevivir, procurando salir
adelante para producir ingresos que mantengan vivo el negocio y un
mínimo bienestar para la unidad familiar, la clase dirigente se
debate entre toques de queda, estados de alarma alicortos,
normativas de carácter estatal, otras de aplicación regional, unas
terceras municipales y recayendo sobre barrios o distritos
concretos… un insoportable y bochornoso carajal, una ilegible y
desquiciante sopa de letras.
Es en tiempos de incertidumbre, de desasosiego, cuando se espera y
se merece a unos líderes que siembren seguridad, que trabajen y
resuelvan para promover el bien común y evitar daños que, en
ocasiones, resultan inevitables. Pero el espectáculo no está
pudiendo ser peor, extremadamente degradante.
Cuando al conectarse al smartphone o a la televisión o a la radio se
esperan datos ciertos y escenarios en los que se va a entrar, sí o
sí, para detener la pandemia en el menor tiempo posible… lo que el
español de infantería encuentra son refriegas, dudas, a políticos
interpretando literalmente el baile de la yenka… un numerito, por su
baja y grosera calidad, francamente inenarrable.
O más pronto que tarde el gobierno de España busca la sustancia gris
cuya ausencia acusa, o la derrama económica que va a significar el
golpe del covid19 se pagará no en años sino en décadas. Es
simplemente brutal el retroceso que se está produciendo y se
producirá, en términos de bienestar, en una sociedad que pasará a
depender ineluctablemente de un Estado elefantiásico en sus
dimensiones y, en su operativa, absolutamente insostenible.
Gasto sin techo y crisis de deuda
José Luis Feito. vozpopuli 21 Octubre 2020
Según el informe publicado la semana pasada por el Fondo Monetario
Internacional, el PIB de la eurozona se contraerá este año un 8,3%,
la mayor caída registrada desde la Segunda Guerra Mundial. La
economía española retrocederá mucho más, un 12,8%, siendo según esta
institución el país desarrollado (y el tercer país del mundo,
hermanado con Venezuela curiosamente) más negativamente afectado por
la pandemia. En estas circunstancias es apropiado e inevitable que
el gasto público supere ampliamente el monto de ingresos públicos
tanto este año como el siguiente.
Lo anterior, sin embargo, no justifica el principio que parece
presidir la elaboración de los presupuestos para 2021: aumentar el
gasto (y el déficit público) todo lo posible hasta que la
consiguiente emisión de deuda soberana roce los niveles que pueda
soportar el mercado.
Incluso en una coyuntura económica tan deprimida como la actual hay
reglas y límites que la política fiscal expansiva no debe violar so
pena de terminar resultando contraproducente. En primer lugar, los
determinantes y la composición del aumento del gasto público (y de
los ingresos públicos) son tan importantes cómo la magnitud de dicho
aumento para superar satisfactoriamente la crisis económica. Por
otra parte, los aumentos de déficit y deuda pública que hoy puedan
aparentemente ser financiables sin grandes tensiones pueden dejar de
serlo mañana. Veamos con algo más de detalle estas cuestiones.
Gasto transitorio o permanente
Una regla habitualmente eficaz para enjuiciar la bondad del aumento
del gasto público y la sostenibilidad del incremento de deuda que
dicho gasto pueda generar es su carácter transitorio o permanente.
Esto es, si se trata de aumentos provocados directa o indirectamente
por la caída del PIB que se irán disipando a medida que se recuperan
los niveles precrisis del mismo o si, por el contrario, constituyen
compromisos de gastos recurrentes que aumentarán permanentemente el
gasto público.
El aumento del gasto en desempleo o el causado por los ERTEs o por
las garantías estatales de los créditos ICO que puedan resultar
fallidos pertenece a la primera categoría y están plenamente
justificados. Como igualmente lo está el aumento del gasto sanitario
acarreado por la pandemia.
También tienen esencialmente el mismo carácter transitorio las
ayudas a sectores productivos o a Pymes y autónomos, así como los
aumentos extraordinarios de la inversión pública que se puedan
acometer para propulsar la recuperación económica, si bien en este
último caso habría un incremento marginal del gasto público
permanente por el importe necesario para mantener el nuevo stock de
capital público creado.
Los aumentos de sueldos o de plantillas del personal público o los
aumentos del gasto en pensiones inducidos por el ajuste de las
mismas a la inflación, sin embargo, entrañan un aumento permanente
del gasto público. Asimismo, en ausencia de reformas, la demografía
expande el gasto público estructural en pensiones. Igualmente
impulsan dicho gasto permanente los desembolsos originados por el
ingreso mínimo vital y por la ampliación de la cobertura
presupuestaria de las situaciones de dependencia.
Idealmente, los aumentos de gasto permanente deberían ser
compensados, al menos parcialmente, por recortes de otros gastos
permanentes o por reformas que permitieran una mejora de la
eficiencia del conjunto del gasto público por un importe similar al
de esos aumentos. En todo caso, cuanto mayor sea el aumento del
gasto público recurrente mayor será el aumento del déficit
estructural y mayores serán por tanto los incrementos impositivos (o
los recortes de gasto) futuros necesarios para restablecer el
equilibrio presupuestario y asegurar la sostenibilidad de la deuda.
Teniendo en cuenta que el déficit público estructural de nuestro
país se situaba por encima del 3% a finales de 2019 y con toda
seguridad superará el 4% este año, la ratificación de los nuevos
compromisos de gasto estructural delineados en el avance de los
presupuestos elevarán este déficit alarmantemente.
Las subidas de impuestos contempladas por el Gobierno para el año
próximo apenas aumentarán los ingresos permanentes, por debajo del
1% en el mejor de los casos y (exceptuando las razonables subidas de
impuestos indirectos) a costa de generar daños colaterales
innecesarios por la deslocalización y las represalias comerciales
asociadas con la tasa a las transacciones financieras y la tasa
Google. Lo que nos lleva a la cuestión de la sostenibilidad de la
deuda o dicho de otro modo a la posibilidad de una crisis de deuda
futura.
En las circunstancias actuales y previsibles para 2021 y, al menos,
buena parte de 2022, dada la política monetaria del BCE y la
potencial disponibilidad de fondos europeos, la crisis de deuda no
está en el horizonte inmediato y así lo reflejan las primas de
riesgo y la estructura de rendimientos de la deuda pública. Pero si
finalmente se materializa un presupuesto con una subida intensa del
ya de por sí elevado déficit estructural se empezarán a encender las
alarmas en las agencias de calificación cuyo horizonte de análisis
de la sostenibilidad de la deuda va más allá de los ejercicios
señalados.
Se ha de tener en cuenta que dados los niveles de endeudamiento
actuales y futuros de las AAPP y del sector privado, así como los
ritmos de inflación previsibles, subidas relativamente pequeñas del
coste de endeudamiento tendrían efectos negativos similares a los
provocados por las fuertes subidas de dicho coste sufridas en la
anterior recesión.
La situación se complicaría peligrosamente si, como ha sucedido
estos últimos años, se produjeran desviaciones presupuestarias
significativas o si las perspectivas de crecimiento de la economía
española se rezagaran marcadamente del promedio de la eurozona. Y se
agravaría aún más si la Comisión europea no valida el grueso de los
proyectos de inversión pública realizados el próximo año, proyectos
que inicialmente se pagarán con cargo al presupuesto y por tanto a
la deuda española. La crisis se precipitaría finalmente si la
disposición efectiva de buena parte de los fondos europeos se
condiciona a reformas económicas que dichas agencias y los
inversores institucionales del mercado de deuda consideren
irrealizables por incompatibles con la ideología (y la
supervivencia) de la actual coalición de Gobierno.
La política debe bajarse los sueldos y
reducir ya el gasto de la Administración
ESdiario 21 Octubre 2020
Mientras cierran decenas de miles de empresas y el paro se dispara,
la industria política no hace ningún recorte y sigue derrochando en
sí misma: es inadmisible.
Ninguno de los estragos económicos generados por la pandemia ha
afectado ni a la clase política ni a la Administración Pública en su
conjunto, en un contraste sangrante que se resume con un ejemplo:
cuando los diputados dejaron de acudir al Congreso durante el
confinamiento, siguieron cobrando sus salarios y, en muchos casos,
los variados complementos y dietas por funciones que no ejercieron o
desplazamientos que no hicieron.
En cambio, cuando a un hostelero le cierran su negocio, señalándole
como responsable de contagios que las estadísticas oficiales de
Sanidad desmienten luego (apenas provocan el 2.3% de las
infecciones); se queda sin sustento vital, no deja de pagar
tributos, carece de ayudas y pierde sus ingresos por completo.
Es un agravio abrumador que se agudizó este martes al conocerse que
la propia clase política iba a beneficiarse de la subida salarial
del 0.9% aplicada en toda la Administración Pública, añadida al 2%
ya aprobada hace meses, antes de la pandemia. Solo el escándalo
suscitado al conocerse las intenciones suspendió ese repunte,
aprobado por PSOE y Podemos en la Mesa del Congreso, rechazado por
PP o VOX y finalmente anulado para todos.
El contraste sangrante: el Estado moroso y derrochador frente a
familias, pymes y autónomos
El penoso episodio, no obstante, reclama una reflexión sobre cómo se
reparte el esfuerzo en España, quién asume los sacrificios y, por
contra, quiénes quedan al margen de esos esfuerzos. En media Europa
la crisis económica ha ido acompañada de una batería de reformas
para reducir la "industria política", el único sector que nunca
sufre los rigores de lo que ella misma provoca o se muestra incapaz
de frenar.
Con 100.000 empresas cerradas y un paro camino del 20%; la reforma
de la Administración es ya una urgencia
Pero en España ocurre lo contrario: se mantiene el Bienestar del
Estado a toda costa; se perpetúa un gasto superfluo que todos los
economistas serios sitúan en una horquilla de entre 20.000 y 45.000
millones de euros; se aumenta la presión fiscal para mantener ese
despropósito y se desvencija la economía productiva o familiar para
financiar ese despropósito.
El intento de subida salarial de los políticos solo es la indecente
punta del iceberg de un problema mucho mayor, que con emergencia
sanitaria y económica o sin ella, ya era intolerable y ahora es
además insoportable.
En España han cerrado en lo que va de año cerca de 100.000 empresas
y las previsiones de superar el 20% de paro están a la orden del
día. Ajustar a ese panorama a la propia Administración Pública no
solo es una cuestión de decencia, que también: lo es ya de mera
supervivencia. Y no hacerlo, un abuso inadmisible que la sociedad ni
puede pagar ni puede ya digerir por más tiempo.
La encomiable y necesaria "bengala" de Vox
EDITORIAL Libertad Digital 21 Octubre 2020
España sufre la peor crisis económica de la OCDE. España padece uno
de los peores impactos sanitarios por número de contagiados y
fallecidos por el covid-19. Nuestra nación sufre, además, un desafío
a su Estado de Derecho y a su modelo de democracia liberal como no
padece ningún otro país occidental: por un lado, la permanente
tentativa golpista secesionista en Cataluña y, por otro, el
totalitario intento del propio Gobierno social-comunista de designar
a los miembros de la cúpula del Poder Judicial.
Ante este desolador panorama, la mejor descripción de la moción de
censura contra el Gobierno presentada por Vox, que comienza a
debatirse este miércoles en el Congreso, la hizo, paradójicamente,
hace cerca de tres meses el presidente del PP, Pablo Casado, al
decir de ella, de forma despectiva, que se trataba de una simple
“bengala”. Pues bien: cuando un barco se hunde, como se está
hundiendo nuestra nación, es un deber lanzar bengalas, bengalas que
iluminen tanto la situación por la que atraviesa el país como una
forma de afrontarla distinta a la que está llevando a cabo un
Ejecutivo cuyas pulsiones totalitarias sólo pueden equipararse a su
incompetencia.
Y es que la moción de censura contra Sánchez, que durante meses Vox
ha ofrecido al PP negociar e incluso liderar, no pretende ni ha
pretendido nunca ser la forma de desbancar inmediata y
parlamentariamente al Gobierno social-comunista, algo que no sería
posible aritméticamente aun cuando la secundaran todas las
formaciones constitucionalistas ubicadas a la derecha del PSOE. Se
trata, por el contrario, de la toma de conciencia por parte de Vox
de que la política, en un régimen democrático y de opinión pública,
no es meramente un ejercicio de matemáticas o de un tiempo de espera
entre votación y votación en las urnas, sino un ejercicio de
pedagogía y de comunicación que ilumine la critica situación del
país y la decisiva responsabilidad que tienen en ella quienes ocupan
el Gobierno. Esta moción de censura de Vox, como las que presentaron
el PSOE o el PP en el pasado, no tiene, pues, por objetivo la
recolección inmediata sino la siembra de un futuro cambio de
Gobierno que se pretende adelantar a fechas lo más próximas
posibles.
Y es que la razón que ha dado el presidente del PP, supuesto líder
de la oposición al Gobierno de Sánchez, para justificar su negativa
a liderar o participar en esta moción de censura, consistente en que
no iba a ser en ningún caso aprobada, es tan obvia como
políticamente estúpida. Naturalmente que la aritmética parlamentaria
no va a permitir que esa moción prospere –como, por cierto, tampoco
ha permitido ni permitirá que prosperen la mociones de reprobación
de los ministros o cualquier otra iniciativa presentada o por
presentar por el PP–, pero esa aritmética no va a poder evitar que
durante la tramitación de la misma pueda oírse el SOS de una España
que no se resigna ante una trágica situación que los medios de
comunicación –mayoritariamente afines al Gobierno– tratan de
edulcorar.
Así las cosas, la irresponsable y timorata negativa del PP a liderar
o respaldar esta moción de censura va a hacer que esta encomiable
iniciativa de Vox ilumine no sólo la situación del país, la
incompetencia y las pulsiones totalitarias del Gobierno, y la
condición golpista y secesionista de quienes apoyan a Sánchez, sino
algo que no tenía como objetivo alumbrar esta moción y que,
lógicamente, no es culpa de Vox; a saber: la falta de nervio y pulso
político de un PP acomodaticio que nos retrotrae a los funestos
tiempos de Rajoy. Pero, en fin, también esto forma parte,
desgraciadamente, de la realidad; por lo que, aunque sea de forma
involuntaria, también es bueno que la bengala de Vox lo ilumine.
Un 'sí' como una catedral
Pablo Molina Libertad Digital 21 Octubre 2020
La Iglesia Católica es clara al rechazar la estrategia del mal
menor, utilizada tantas veces en el terreno de la política para
justificar el apoyo a una medida intrínsecamente mala con el único
fin de que no se produzca un resultado considerado aún peor. El
catecismo en vigor (mientras Paquito I no decida lo contrario)
insiste en este principio al asegurar que “nunca está permitido
hacer el mal para obtener un bien”. No se trata únicamente de un
mandato para los católicos, sino de una referencia moral plena de
sentido común, cuya inobservancia suele ser el origen de grandes
decepciones.
En la política española, Vox se ha convertido en el argumento
definitivo para que muchos votantes liberal-conservadores decidan
poner fin a su apuesta por el mal menor del PP para que no vengan
los socialistas. Las últimas elecciones dan buena fe de ello. Por
eso sorprende que los estrategas populares hayan decidido votar en
contra de la moción de censura planteada por Abascal, que es
precisamente lo que más beneficia a sus rivales a uno y otro lado
del espectro.
Porque si es cierto, y lo es, que Sánchez y su banda son la mayor
amenaza que pesa sobre nuestro país y el futuro de todos los
españoles, ¿por qué no votar a favor de echarlos del poder? Casado
decide votar en contra de la moción de censura –el mal menor– porque
lo contrario supondría reforzar al PSOE –el mal mayor–. Sin embargo,
va a ser difícil explicar a sus partidarios que votar a favor de
Sánchez es justo lo que más perjudica a Sánchez, una estrategia
demasiado compleja para explicarla con claridad.
Todo sería mucho más claro si Casado subiera a la tribuna del
Congreso y rematara su discurso de esta manera:
No estamos de acuerdo con la moción de censura presentada por Vox
porque, en el fondo, va contra mi partido con un objetivo meramente
electoral. Ahora bien, es usted tan nefasto, señor Sánchez, y su
Gobierno tan letal para nuestro país, que mi grupo parlamentario va
a votar un 'sí' como una catedral. Mejor aún, como la cruz de la
basílica del Valle de los Caídos, para que usted y sus socios lo
entiendan bien. Y ahora vayan desfilando ordenadamente por esta
tribuna que los voy a crujir a todos. Muchas gracias, señora
presidente.
Un mensaje en esa clave no solo no decepcionaría a sus votantes,
sino que muchos de ellos saltarían del sofá haciendo la ola. Como
decía Nicolás Gómez Dávila, que la certeza de la derrota no nos
impida cumplir con nuestro deber. Ese sí sería un mensaje fácil de
entender.
El pulso inútil de la derecha rota
Editorial ABC 21 Octubre 2020
El Congreso afronta hoy la quinta moción de censura de la
democracia, esta vez impulsada por Vox contra Pedro Sánchez, hasta
ahora el único presidente que alcanzó La Moncloa por esta vía
extraordinaria. No obstante, es una maniobra fallida de antemano en
la medida en que su objetivo, la destitución de Sánchez, no contará
con votos suficientes. Desde esta premisa, falla también el cariz
constructivo con el que las censuras fueron ideadas. Se trata de una
operación -legítima- de desgaste al Gobierno, llamada a cubrir un
espectro mediático que Vox necesita incrementar para significarse
como partido relevante de oposición, y para reafirmar la
contundencia de su discurso. Abascal pretende tomar la iniciativa
política de confrontación directa con Sánchez en pleno rebrote de la
pandemia, y con los españoles inmersos en una recesión sin fondo.
Conocido así el resultado de antemano, y que Sánchez se verá
reforzado por esa vocación endogámica de la izquierda a
autoprotegerse cuando la derecha presiona, esta maniobra no será
mucho más que una jugada táctica de Vox, cuyo criterio de
oportunidad es discutible si no va a servir de nada. Sánchez es un
pésimo presidente y su salida de La Moncloa debería ser una
obligación nacional. Sin embargo, no será una moción útil para nadie
salvo para Vox y, especialmente, para Sánchez y su acreditado afán
de exhibicionismo político. Erigirse en víctima de una persecución
ideológica de la derecha es su especialidad, y con eso combate la
constante pérdida de credibilidad de su Gobierno.
La segunda derivada radica en la trampa tendida al PP como principal
partido de la oposición, y en el pulso que la moción apunta a ser
entre Casado y Abascal. En las últimas semanas se ha oído a
dirigentes del PP reclamar el voto negativo, la abstención, e
incluso el voto afirmativo. Eso demuestra que la incomodidad del PP
es máxima para gestionar este episodio, y que la moción será estéril
si a posteriori no actúa como un elemento aglutinador de la derecha
para configurar una alternativa real a la insensatez de Sánchez. La
fractura de la derecha es lo que alimenta a la izquierda y lo que
castiga a España con un proyecto revisionista hacia un cambio de
régimen. Vox logrará minutos de gloria, el PP encajará con críticas
de parte de sus votantes cualquier decisión que adopte, y solo
Sánchez disfrutará de un espectáculo que le garantizará larga vida
en La Moncloa mientras PP y Vox no reaccionen de modo unitario y
creíble. La abstención es el único camino razonable, toda vez que
esta moción está ideada por Abascal sin un criterio colaborativo
para reunificar a la derecha. En ningún caso está diseñada para
sumar al PP, sino como un tic emocional contra la izquierda. Y eso
no es suficiente.
El pulso desaparecido del PP
Nota del Editor 21 Octubre 2020
Como no me canso de repetir, el PP tiene que desaparecer. Durante
todos estos años nos ha tomado el pelo, ha traicionado todos los
principios y
razones de España. Pretender que Vox deje de trabajar por España y
los españoles es otra traición.
Y ya está demasiado pasado el rollo ese de la derecha: desde que
tengo bicicleta yo no soy de izquierdas, tampoco de derechas, lo que
me importa es que no me roben mi bicicleta que es lo mas probable
con los comunistas, socialistas, separatistas y filoterroristas.
Censura merecida, alternativa errónea
Editorial EM 21 Octubre 2020
Sánchez merece censura, pero se beneficia de una oposición dividida
por una competición partidista contraproducente
Hoy comenzará a debatirse la moción de censura de Vox contra el
Gobierno en la sede de la soberanía de una nación traumatizada por
el miedo a la enfermedad y a la ruina. Ese trauma ha sido agravado
como en ningún país por la pésima calidad de su gobernanza, según
hemos denunciado en EL MUNDO y según señala ya la prensa europea,
que se pregunta si España es un Estado fallido. Padecen los
españoles el peor Gobierno en el peor momento. Sus muestras de
negligencia, incompetencia, ocultamiento, inhibición, arbitrariedad,
autoritarismo y falsedad merecen sin duda la censura de la Cámara.
Oponerse a la calamitosa gestión de Sánchez y al sectarismo
autoritario que patrocina es algo que ha hecho ya hasta Bruselas,
donde acaban de reprobar el infame propósito de contrarreforma
judicial de Sánchez.
Pero a la oposición no solo se le exigen argumentos sino también
eficacia. La iniciativa de Abascal quizá resulte rentable en
términos de facturación electoral para su partido: por unos días Vox
recuperará foco y algunos votos que habían regresado al PP en pos de
la experiencia de gestión que sacó a España de las crisis de
González y Zapatero. Pero agudizar la división de la alternativa al
sanchismo cuando urge trabajar por reconstruirla delata un móvil más
partidista que patriótico.
Vox se opone a Sánchez como adversario pero también a Casado como
competidor. Ciertamente, al Parlamento no solo se va a ganar
iniciativas sino a parlamentar, a debatir. Pero importa señalar la
diferencia esencial entre la táctica populista, que logra pírricas
subidas en los sondeos a caballo de la polarización, y la estrategia
racional, capaz de armar un propuesta que gane unas elecciones para
coser las heridas de una sociedad abatida. Vox imita lo que Podemos,
siendo también tercera fuerza, hizo para intentar un sorpasso al
PSOE que fracasó. De aquella moción salió un Rajoy más fuerte pese a
la corrupción, igual que de esta saldrá una mayoría Frankenstein más
cohesionada ante la amenaza común que para sus integrantes encarna
Vox. Que Sánchez e Iglesias se peleen por dar la réplica en tribuna
indica hasta qué punto se toman la moción como un balón de oxígeno,
la ocasión de desviar el foco de su catastrófica gestión hacia la
amenaza ficticia del fascismo.
Insistimos: Sánchez merece censura. Pero la de Vox no le aleja de
Moncloa sino que le refuerza en el cargo mientras la oposición se
encuentre dividida y más atenta a dirimir competiciones orgánicas
que colaboraciones patrióticas. Aunque Casado no ha querido desvelar
el sentido del voto del PP, ha trascendido que será negativo. Es
posible que la abstención sea la opción más coherente, pues es la
única que concilia el no al sanchismo con el no a una candidatura
populista de signo opuesto. Pero todavía no hemos oído a Casado. La
política de la frontalidad no revela mayor rectitud sino menor
inteligencia, y a menudo desemboca en la melancolía. El Congreso es
el lugar adecuado para que el jefe de la oposición presente su
alternativa y aquilate su liderazgo con elocuencia y coraje. La
pinza entre Sánchez y Vox es incómoda para él, pero el espacio que
no se defiende se cede, y son los momentos de confusión e
incertidumbre los que miden a los líderes genuinos.
PP debe votar sí
Vicente Torres Periodista Digital 21 Octubre 2020
Por supuesto que al PP le debe de molestar la existencia de Vox,
puesto que ambos partidos compiten en el mismo caladero electoral.
Pero este partido, que no es de extrema derecha, como dicen muchos
interesadamente, sino nacionalista, todavía no ha faltado al respeto
al Rey, ni se le ve intención de hacerlo en un futuro. Tampoco, y
esto es más importante aún, se vislumbra en este partido ninguna
intención de vulnerar la Constitución o incumplir alguno de sus
preceptos, por más que algunos, de manera ratonil y cobarde, le
acusen de ello.
Al PP no le queda más remedio que aceptar la compañía de este
partido y, de hecho, gobierna en algunos sitios con su apoyo. Si
quiere arrebatarle electorado, debería hacerlo en buena lid y no con
trampas, puesto que la obligación de todos los partidos es procurar
el bien de España, y no actuar egoístamente.
Tenemos el peor gobierno de toda la historia de España, presidido
por un psicópata narcisista, y en el que tiene una influencia muy
importante otro psicópata, este con moño, y como consecuencia España
se va a pique en todos los órdenes, económico, moral, y sanitario.
Ni siquiera cuentan los muertos estos tipos. Como mucho, al hablar
de ellos hacen chistes o se hurgan la nariz.
Vox ha decidido presentar una moción de censura, para afear al
gobierno todos los horrores a los que somete a la población. Sabe
que no salen los números, pero no por ello quiere dejar pasar la
oportunidad de decirle al gobierno lo que merece.
El PP, por su parte, prefiere esperar a que las ruinas de España
sepulten al gobierno actual, para hacerse cargo entonces de la
situación. Esta actitud es sumamente egoísta. Lo que le importa es
conseguir el poder, aunque cuando ocurra España ya no tenga remedio.
Podría el PP haber colaborado en la moción buscando un candidato que
pudiera ser aceptado por los socialistas decentes, un Nicolás
Redondo Terreros, por ejemplo. Por el bien de España.
El Gobierno más dañino: La moción de
censura
Redacción https://rebelionenlagranja.com 21 Octubre 2020
Nunca tan pocos hicieron tanto daño a tantos en tan poco espacio de
tiempo. La afirmación, cuyo contenido es exactamente el contrario de
la celebérrima cita Churchill, apunta directamente a la
responsabilidad del Gobierno de España, a los partidos que lo
conforman y al entramado mediático y empresarial que lo sostienen.
1.- Nunca tan pocos: Desde 1978 no ha existido en España un Gobierno
con tal debilidad parlamentaria. Un Gobierno que ni es capaz de
aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (siguen en vigor los
de 2018, Rajoy) ni tiene mayoría suficiente para sacar adelante
proyectos legislativos de cierta importancia ni tiene capacidad
negociadora -fuerza parlamentaria- para renovar los órganos
constitucionales del estado como siempre se ha hecho, mediante la
concertación y el acuerdo.
2.- Hicieron tanto daño: Desde el Gobierno se desestabilizan las
instituciones del Estado. Se cuestiona la Monarquía Parlamentaria,
se desestabiliza la figura del Rey, se lamina la Abogacía del
Estado, se politiza la Fiscalía, se ataca la independencia judicial
y se pone en marcha una operación de corte bolivariano para la
destrucción del la división de poderes sin parangón en los países
occidentales.
España cambia de rumbo en política exterior, se aproxima al Grupo de
Puebla y al Foro de Sao Paulo, se enfrenta a los EE.UU. y se aleja
de Europa.
El daño causado por este Gobierno a la sociedad española mediante la
terrible gestión de la pandemia del Covid19 -la peor del mundo según
todos los indicadores internacionales- es incalculable en términos
de vidas humanas, de salud pública y de crisis económica. Una
gestión presidida por el caos, la irresponsabilidad, la impericia,
la mentira, la corrupción y la politización.
El empeño siniestro de dividir a los españoles entre buenos y malos,
de recuperar los rencores de la guerra civil, de construir el dogma
oficial de una memoria histórica sectaria y revanchista sin soporte
científico alguno, como mero instrumento de movilización política de
aniquilación moral de l contrario.
3.- A tantos: En este momento la sociedad española se enfrenta a la
peor recesión de los últimos 80 años, al paro más alto, al mayor
cierre de empresas, a la mayor deuda pública, a los perores
indicadores económicos desde los años sesenta del pasado siglo. En
este momento la sociedad española está atemorizada por la gestión
del virus, por la ruina económica, por el enfrentamiento social y
político. Por la parálisis del país. Por la estupidez de sus
dirigentes. Por el silencio de sus élites.
4.- En tan poco espacio de tiempo: A este Gobierno edificado sobre
la trampa y a mentira le han bastado dos años para meter al país en
la peor encrucijada de la historia desde la guerra civil.
¿No justifica todo ello la moción de censura? ¿No debería pedírsele
al PP un gesto de grandeza, de generosidad, de altura de miras, de
inteligencia política, como en los mejores tiempos?
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Abstenerse también es sostener a Sánchez e
Iglesias
Liberal Enfurruñada okdiario 21 Octubre 2020
Nuestra Constitución define la moción de censura como el mecanismo
por el que “el Congreso de los Diputados puede exigir la
responsabilidad política del Gobierno”. ¿Qué es ese absurdo de que
una moción de censura pueda presentarse contra el primer partido de
la oposición, como aseguran desde el Partido Popular? Ni el
Reglamento del Congreso de los Diputados ni la Constitución prevén
esa posibilidad. Sobre lo único que se va a debatir es sobre la
nefasta gestión del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y
Pablo Iglesias, acerca de las razones que justifican la presentación
de esta moción y sobre el programa político que se propone como
alternativa. El infantil argumento de que lo único que se persigue
con ella es dejar en mal lugar a los de Casado es el del que
pretende ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y, sobre
todo, el muerto en el entierro.
Pero es que, si la intención de VOX hubiera sido esa, no les habría
avisado Santiago Abascal el 6 de mayo en el Congreso de los
Diputados, cuando dijo que “no descarto que sea necesaria una moción
de censura” y que “la responsabilidad es del primer partido de la
oposición, pero si la delega, quizá tengan que ejercerla otros
grupos”, sino que la habría presentado sin darles esa opción. Desde
el 6 de mayo, Abascal dejó pasar casi 3 meses hasta que el 29 de
julio anunció también en el Congreso que “no nos queda más remedio
que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en
el mes de septiembre… Señores del Partido Popular, se lo digo con
humildad y con ánimo de diálogo, los españoles no pueden entender de
estrategias y de tácticas políticas, los españoles no pueden esperar
más, los españoles no pueden tener esperanza en el ‘cuanto peor,
mejor’. Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español”.
Y otra vez volvió a dar un nuevo plazo de otros dos meses más en los
que no dejaron de insistir en que estaban dispuestos a negociarlo
todo con ellos. “Hasta la fecha de su presentación, mantenemos la
puerta abierta a cualquier otro candidato que pueda concitar mayor
consenso”, llegaron a decir. Finalmente, ante la negativa de los
populares a entrar en razón, se presentó la moción de censura el
pasado 29 de septiembre, tras cinco meses de plazo esperando primero
que la iniciativa fuera de ellos y más tarde que se unieran en la
elección de un candidato independiente. Nadie tiene la menor duda de
que si en ese tiempo el Partido Popular hubiera presentado una
moción alternativa, los diputados de VOX se habrían sumado a ella de
inmediato.
Otra cosa es que el mayor coste político de esta moción lo acabe
pagando finalmente el PP, pero la responsabilidad de esa presumible
debacle habrá que atribuírsela única y exclusivamente a Pablo
Casado. Resulta totalmente lógico pensar que una gran parte de sus
votantes no compartan la absurda decisión de que, para evitar que
los medios de comunicación progresistas les critiquen por haberse
unido a una iniciativa de los de Abascal, de cuyos votos no hacen
ascos en todos los ayuntamientos y comunidades donde los necesitan
para gobernar, como Madrid, Andalucía, Murcia y numerosas
localidades, Casado se abstenga o vote en contra de la exigencia de
responsabilidades al Gobierno. Porque si te abstienes cuando se
juzga la gestión de quienes atacan a la libertad de la Comunidad de
Madrid, pretenden aprobar leyes de inspiración chavista para colocar
a dedo a los jueces que les son más ‘amables’, menosprecian y
permiten que se insulte al Rey, conceden beneficios penitenciarios a
sanguinarios etarras nunca arrepentidos, y son responsables de
58.000 muertes y de la mayor ruina económica en 80 años, si no votas
a favor de exigir responsabilidades por todo este desastre, lo mismo
da que te abstengas como que votes en contra. En ambos casos Casado
habrá dinamitado la unidad del centro y la derecha en España.
Abstenerse también es sostener a Sánchez e Iglesias.
Gracias por Tanto, Casado.
Carlos Esteban https://rebelionenlagranja.com 21 Octubre 2020
Nos enseña Santo Tomás que la ‘claritas’ es uno de los requisitos de
lo Bello, y es esa una de las razones de que encuentre tanta belleza
en la noticia con que abre hoy La Razón: ‘El PP de Casado votará
“no” en la moción de censura de Abascal’.
Claridad es lo que ha necesitado como el comer y de lo que ha
carecido la opinión conservadora española desde el principio del
actual régimen, teóricamente representada por un partido que no ha
visto en las enloquecidas medidas de ingeniería social de su rival
ninguna que no acabara abanderando y recogiendo amorosamente en sus
sucesivos gobiernos.
Ahora, por fin, sabemos que la oposición por antonomasia no se opone
al Gobierno Frankenstein. No realmente. Simplemente, se opone a no
estar en él, a no tocar pelo y seguir siendo, a la vez y como
siempre, un perro sumiso y apaleado.
Censurar a un gobierno no es coincidir con el partido que toma la
iniciativa. Ahí tenemos a los Doce del Patíbulo rebañados por
Sánchez en una subasta apenas disimulada para acabar con el anterior
gobierno del PP. Bildu o ERC no solo no son PSOE, sino que ni
siquiera quieren ser España, y los primeros ovacionan de continuo a
los miembros de una banda terrorista que apioló a no pocos políticos
socialistas.
De hecho, Vox hubiera apoyado una moción de censura contra Sánchez
presentada por Casado, que hubiera sido lo propio en las alarmantes
condiciones de quiebra democrática en que vivimos.
Pero el “no” aclara el panorama, despeja incógnitas de décadas y,
esperamos, abre definitivamente los ojos a esos empecinados
conservadores empeñados en creer, ilusos como adolescentes
enamorados, que el PP les representaba y que votarle era la forma de
“parar a los socialistas”, sin que traición tras traición fuera
capaz de desengañarles. La mayor y más antigua farsa de nuestra
democracia queda definitivamente desenmascarada.
Albricias, ya todo el mundo sabe dónde está todo el mundo. Ya no se
podrá invocar más esa estupidez de ‘la unión de la derecha’, y todos
los aspavientos de fingida firmeza de Casado frente a Sánchez, toda
indignación histriónica de la bancada pepera contra el gobierno y su
alegre marcha hacia Venezuela, sonarán a hueco y a burla.
Tuvieron la oportunidad, y dejaron claro en el momento de la verdad
que no se oponen al gobierno.
Un cordón sanitario (y reaccionario) a Vox
Redacción https://rebelionenlagranja.com 21 Octubre 2020
HABLAN DE “PELIGRO PARA LA CONVIVENCIA”
LA EXTREMA IZQUIERDA TRATA DE SILENCIAR A VOX EN LAS CORTES MEDIANTE
UN MANIFIESTO BUENISTA
«Los discursos xenófobos de la extrema derecha y la derecha extrema
son incompatibles con la democracia y suponen un peligro para la
convivencia». Así se expresa el manifiesto firmado hoy por diez
partidos políticos para acabar del todo con la disidencia política.
BNG, CUP, Compromís, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, Junts Per
Cat, Más País, y cómo no, PSOE y Unidas Podemos: son las nuevas
barricadas de la Revolución por la Democracia en España. Democracia
que rechaza “cualquier tipo de apoyo a la extrema derecha”.
Democracia que pide sanciones para VOX por sus discursos disidentes
y su oposición al gobierno. “Democracia” a fin de cuentas.
Esta mañana, Pedro Sánchez mencionaba sin que nadie se lo pidiese al
contubernio judío masónico, como obsesión del partido VOX por la que
España funciona como funciona. Esta misma mañana, Pedro Sánchez se
dirigía a VOX con la siguiente mentira: “ustedes añoran cerrar
medios de comunicación, adoctrinar niños en el fasciscmo, encarcelar
sindicalistas y homosexuales y golpear a las mujeres”. Esta mañana,
también, Pedro Sánchez aprovechaba para burlarse de lo políticamente
incorrecto.
Y esta mañana, la ultraizquierda ha firmado un manifiesto que,
maquillado con buenismo, términos democráticos y eufemismos de su
dictadura ideológica, como pluralismo o diversidad, deja ver el
sello del PSOE junto al de EH Bildu predicando los valores
democráticos y de concordia.
¿Qué es más paradójico? ¿Que el mismo día de la moción se firme este
manifiesto? ¿O quizás, el sello de los herederos de ETA bajo la
palabra democracia?
Recuerden que Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso,
fue condenada a un año y medio de prisión por apoyar a la banda
terrorista. Sí, la misma que en estos instantes se dirige a VOX
afirmando que “se trata de una moción de censura contra los derechos
y libertades”. ¿Los derechos de las víctimas de ETA, asesinadas y
mutiladas, quizás?
Quizás habría que recordar a Pedro Sánchez quién verdaderamente
acabó con los derechos y libertades de los españoles víctimas del
terrorismo, quién hace apologías en abierto del Che Guevara, quién
abusa de menores, a quién le gustaría golpear a las mujeres (sí,
señores, a su vicepresidente)… Quizás, recordarle quién subvenciona
medios de comunicación y tratará de censurar a otros a través del
CNI (del que su vicepresidente está al frente). Quizás, no estaría
de más, recordarle que su gobierno de coalición no respeta la
Monarquía, pilar de nuestra democracia, y que pretende levantar
odios enterrados bajo una misma cruz como símbolo de reconciliación.
O quizás, simplemente, habría que pedirle que dejara de mentir. Pero
no podemos pedir imposibles: mejor seguir recordando.
Ni lucha ni armada
Juan Ramón Lucas larazon 21 Octubre 2020
Recuerdo el escalofrío que me recorrió cuando en noviembre de 1998
el entonces presidente del gobierno de España José María Aznar, se
refirió a ETA como el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. La
estupefacción duró lo mismo que los dos peces de hielo en el güisqui
de Sabina. Dos meses antes, ETA había declarado una tregua y el
gobierno, presidido por Aznar, había iniciado contactos con la
organización terrorista. Evidentemente se le fue la mano de la
diplomacia más allá de lo razonablemente sensato. Y dolió, mucho,
sobre todo a las víctimas.
Ayer, nueve años después de que el tal Pla –hoy libre, creo–
anunciara bajo la capucha de terrorista que se ponían los que no
querían llamarse terroristas, que dejaban el terrorismo al que
llamaban lucha armada (el terror, como las dictaduras, es muy de
suavizar las cosas con nombres falsos), otro presidente de gobierno
de España ha edulcorado su alusión a ETA. Peor aún, lo ha hecho en
un tuit publicado a modo de homenaje o, al menos, reconocimiento, a
un servidor público que acaba de morir de cáncer, el ex director de
la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida. Según el texto del
mensaje, «trabajó sin descanso para acabar con el terrorismo de ETA
y lograr el fin de su lucha armada». Decir eso por parte de un
presidente de gobierno de España es, como poco, imprudente. Hablar
de «lucha armada» como sinónimo de «terrorismo» en un texto de
recuerdo a quien era precisamente jefe de los cuerpos de Seguridad
en aquel momento del anuncio, no sólo revela falta de sensibilidad,
sino que evidencia la peligrosa interiorización del discurso
renovador del rostro y el rastro del terrorismo etarra. Mesquida se
habrá revuelto en su tumba. Como, probablemente, su jefe Rubalcaba.
Terrorismo y lucha armada no son sinónimos, como no lo son bombardeo
y disparo, o diálogo y discurso. Navegar en las mismas aguas, crecer
en el mismo ecosistema, no otorga identidades comunes. De aceptar
automática y acríticamente esa identificación, estaríamos
concediendo otra condición a los crímenes de ETA. Estaríamos
poniéndonos la mochila del asesino, cediendo condición moral a su
acción criminal, masiva e injustificadamente asesina. Endulzaríamos
la sangre derramada. ETA no practicó la lucha armada ni uno solo de
sus días. Ni siquiera en sus comienzos que algunos quieren revestir
de románticos. Como tampoco se enfrentó a una guerra con un sistema
o contra un régimen. Mataban de tiro en la nuca, por la espalda o
ponían una bomba bajo un coche o en un cuartel, o en unos grandes
almacenes arrasando la vida de todo lo que se moviera alrededor.
Torturaban hasta la muerte, como hicieron durante el último fin de
semana de su vida con Miguel Ángel Blanco. Practicaban el terror en
sentido estricto y sin matices, con la intención de arrodillar
–según su propia terminología– al Estado Español.
Es evidente que hoy hay interés público oficial por reescribir la
historia de ETA, por dejarla a un lado como si no hubiera existido,
como si sus víctimas fueran seres abstractos y el terror que impuso
a una sociedad hasta hacerla enfermar, una pesadilla del pasado.
Pero fue real y su memoria está lejos de desaparecer. Tanto, me
temo, como la necesidad que, de momento, tiene de contar con sus
herederos políticos, el jefe de gobierno que llama a lo de ETA lucha
armada en un tuit de recuerdo a un político íntegro que jamás
hubiera aceptado semejante definición.
El veto al español
Un Corte Inglés en plena ciudad de Barcelona excluye los rótulos en
español de su sección de hogar
Andrea Aguado Robles okdiario 21 Octubre 2020
El menosprecio al español continúa en Cataluña. El emblemático Corte
Inglés de Diagonal en Barcelona -el segundo que se construyó en la
ciudad condal- excluye al español de sus rótulos de la sección de
hogar. Una imagen a la que no nos tenía acostumbrados el grupo de
distribución, que por primera vez excluye de su cartelería el idioma
que hablan a diario miles de catalanes.
Así lo ha denunciado la Asociación Hablemos Español en
conversaciones con este diario y han aseguran que en «los pasillos
de la sección de hogar no hay ni rastro de español, ya que sólo se
pueden apreciar rótulos en catalán». Además, destacan que esta
imagen se repite por las diferentes plantas del centro de la ciudad
condal, como la zona de supermercados o cosmética.
En concreto, los clientes que acudan a la sección de hogar de El
Corte Inglés de Diagonal se encontrarán que todos los carteles que
explican las características de los productos que se venden en la
planta están exclusivamente en catalán, como es el caso de la zona
de descanso. Una exclusión a la que se suman los rótulos de las
salidas de emergencia, que tampoco aparecen en castellano.
El Corte Inglés no cambiará la cartelería
OKDIARIO se ha puesto en contacto con fuentes de la compañía que han
asegurado que se trata de «un problema estético», ya que en los
carteles no cabe el español y el catalán. Además, aseguran que se
trata de columnas móviles que van rotando cada quince días y que en
muchos casos dependen de los anunciantes.
«El Corte Ingles de Diagonal rótula en todo su centro mitad en
español, mitad en catalán», han explicado fuentes de la compañía,
que han descartado incluir la versión en español de las
características de los productos de la sección de hogar y alegan que
otras zonas de la planta sí están en castellano. «No podemos olvidar
que en las comunidades con lengua autonómica se emplean las dos
lenguas», puntualizan.
Las imposiciones de la Generalitat
En concreto, la Generalitat catalana obliga a las empresas a rotular
en catalán pero no prohibe hacerlo en español. Las compañías pueden
imprimir su cartelería en catalán y castellano, pero en este caso el
coste económico es mucho más elevado, ya que muchos empresarios
catalanes también incluyen otros idiomas por el potencial turístico
que tiene la ciudad condal.
El Gobierno de Cataluña lleva desde 2010 imponiendo sanciones muy
elevadas a los comercios que no utilizan el catalán en letreros,
menús u ofertas de negocios. Lo hace a través de la Agencia Catalana
del Consumo (ACA), organismo encargado de hacer cumplir el código de
consumo de Cataluña.
Se trata de una ley que se redactó en la recta final del último
Gobierno de Jordi Pujol, tomó forma con la llegada del tripartito a
la Generalitat y el actual mandato mantiene como uno de los factores
de vital importancia. La suficiente como para que la ACA defienda
estas multas como una manera de «establecer la protección de los
derechos e intereses lingüísticos de las personas consumidoras» y se
basa en la legislación vigente, que tipifica como infracción,
precisamente, vulnerarlos.
Otros marcas que vetan el español
No obstante, El Corte Inglés no es la única empresa que no ha
rotulado su cartelería en catalán. La marca de helados Frigo
incendió el pasado mes de agosto las redes sociales y desató la ira
de los usuarios al conocerse que había eliminado el español de su
cartelería de helados en Cataluña.
Una polémica a la que también se ha sumado Carrefour en Gerona,
donde en los pasillos de la cadena de supermercados se pueden
apreciar rótulos en francés y en catalán, pero ni rastro del español
y vinos españoles exiliados a la categoría de internacionales.
La Audiencia Nacional juzga los vestigios
del independentismo radical gallego
La Fiscalía acusa a 12 activistas de integrar el brazo político de
organización terrorista Resistencia Galega, a la que la Policía no
da todavía por extinguida
Pablo López. Vigo elconfidencial 21 Octubre 2020
En abril de 2014, el Tribunal Supremo confirmó que Resistencia
Galega es una organización terrorista. Lo hizo en una sentencia en
la que atribuía al grupo la pretensión de “subvertir el orden
constitucional español” utilizando “la fuerza y la violencia”,
aunque se hallase “en una fase incipiente y sin una consolidada
estructuración, con una incidencia limitada en la sociedad”. Aquel
fallo es ahora la principal baza en contra de los 12
independentistas gallegos que son juzgados en la Audiencia Nacional,
una causa que tiene como telón de fondo el conato de terrorismo en
Galicia, descabezado en 2019 con la detención de sus dos principales
artífices.
El terrorismo independentista gallego vivió sus peores años hacia
1990, con el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe al frente.
Fue el año en que una discoteca compostelana llamada Clangor voló en
plena madrugada, cuando estaba atestada de estudiantes. Murieron
tres personas, entre ellas, dos 'guerrilheiros'. Resurgió a mediados
de la pasada década con Resistencia Galega, que en 2005 publicaba un
manifiesto fundacional e iniciaba una serie de unas 60 acciones
violentas contra partidos políticos, instituciones, entidades
bancarias y empresas. Lo hizo con explosivos de fabricación casera y
sin causar víctimas mortales, lo que no impidió que el Supremo la
considerase una organización terrorista y que ahora 12 simpatizantes
se sienten en el banquillo de la Audiencia Nacional acusados de
integrar su brazo político.
Los hechos investigados están relacionados con la celebración el 11
de octubre de 2014 y de 2015 del llamado Día da Galiza Combatente, y
ese día no es otro que el de la bomba del Clangor, del que se acaban
de cumplir 30 años. La Fiscalía reclama para los acusados penas de
entre cuatro y 12 años de cárcel por pertenencia a una organización
criminal y por delitos de enaltecimiento en los que pudieron
incurrir con su participación en diversos actos. Pide también que se
disuelvan las dos entidades independentistas de las que forman
parte: Causa Galiza y Ceivar. Todos los encausados han negado los
delitos que se les imputan.
La operación Jaro está en el origen del juicio en la Audiencia
Nacional. Se desarrolló entre 2015 y 2017 y llevó a la ilegalización
de Ceivar y Causa Galiza, luego revertida por los tribunales. Para
un amplio sector del nacionalismo gallego, lo que se juzga estos
días no tiene que ver con el terrorismo sino con el independentismo.
Es lo que sostienen las alrededor de 1.500 personas que salieron a
la calle el pasado domingo en Santiago para mostrar su apoyo a los
acusados, una manifestación que contó con la presencia de
representantes del BNG (el diputado Xosé Luis Rivas), de Anova (su
portavoz nacional, Antón Sánchez) y del sindicato nacionalista CIG
(su 'secretario xeral', Paulo Carril).
La Fiscalía, en cambio, sostiene que Causa Galiza, cuya
ilegalización fue dejada sin efecto en diciembre de 2016,
“desarrollaba actividades concretas orientadas a la organización y
promoción de actos de apoyo a los miembros” de Resistencia Galega,
así como “a las organizaciones terroristas antecesoras de esta”.
Asegura también que mantenía “una relación con colectivos del ámbito
del independentismo radical y violento a nivel nacional”, con el
objetivo “de colaborar con ellos y expresar su apoyo y solidaridad
con las causas que defendían”. De Ceivar, al que solo pertenece uno
de los juzgados, sostiene que realizaba “actividades de apoyo” a
miembros de Resistencia Galega, “a los efectos de complementar la
acción de la organización terrorista”.
Causa Galiza reaccionó al inicio del juicio con un comunicado en el
que acusa a la Fiscalía de ejecutar “un grave salto cualitativo en
la persecución del independentismo políticamente organizado”, por
pedir tanto su disolución como la de Ceivar. “Defendemos y
defenderemos siempre la legitimidad y la legalidad del trabajo
político y de solidaridad frente a la represión desarrollada a la
luz del día durante años” contra “una práctica independentista”.
El independentismo se ha expresado en las instituciones de Galicia
de forma democrática desde la Transición a través del BNG. Tras una
primera legislatura titubeante, en los años ochenta asumió su
representación muy alejada de los postulados que llevaron a la
creación del fenómeno 'guerrilheiro' y de Resistencia Galega. No
obstante, los espacios comunes entre el Bloque y organizaciones como
Causa Galiza y Ceivar han llevado a un exportavoz nacional como
Xavier Vence y a un exdiputado histórico como Bieito Lobeira a
declarar estos días ante la Audiencia Nacional. Lo hicieron después
de que la Fiscalía presentara un informe incautado en un registro
que hace referencia a una reunión entre el BNG y Causa Galiza, en el
que se alude a “posiciones históricamente divergentes” entre ambos
por los métodos de lucha.
Lobeira confirmó la reunión, pero aseguró que en ella no se habló
del recurso a la violencia como método de lucha. “Desde el BNG,
mantenemos una apuesta clara e inequívoca por el uso de vías
exclusivamente políticas, democráticas y pacíficas”, afirmó. Tanto
él como Vence sostuvieron que el objetivo de la reunión era crear
una plataforma “de carácter cívico, abierta a todos los sectores del
nacionalismo, (...) para defender los intereses de Galicia”.
El juicio de la Audiencia Nacional llega con Resistencia Galega
desarticulada “casi al completo”, según la Fiscalía General del
Estado, ya que no se le atribuye ningún atentado desde el artefacto
explosivo detonado en el Ayuntamiento de Baralla (Lugo) en 2014. Eso
no impide que en la web de la Policía Nacional, la organización
gallega aparezca todavía en el apartado de lucha antiterrorista al
mismo nivel que el yihadismo y ETA.
El último gran golpe contra el conato de terrorismo en Galicia se
produjo en junio del pasado año, cuando la Guardia Civil detuvo en
Vigo a sus considerados líderes, Antón García Matos, alias
'Toninho', y Asunción Losada Camba, ambos en la clandestinidad desde
2006, junto a otros dos colaboradores. Toninho y Losada fueron
arrestados en virtud de sendas requisitorias de la Audiencia
Nacional por delitos de pertenencia a organización terrorista en
grado de dirigente, tenencia y transporte de explosivos y falsedad
documental.
En los últimos años, se desarticularon varios comandos de la
organización y se dieron golpes contra su entramado operativo de
apoyo. El último de ellos se produjo la pasada semana, cuando las
autoridades judiciales portuguesas decidieron entregar a España los
efectos incautados en Coimbra a Resistencia Galega en noviembre de
2019, después de una investigación conjunta entre la Guardia Civil y
la Policía Judiciaria lusa desatada tras la detención de los dos
históricos de la organización terrorista gallega.
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