AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 21  Octubre  2020

Covid19: el gran carajal autonómico y legislativo
Editorial Estrella 21 Octubre 2020

España está donde, probablemente, la inmensa mayoría de ciudadanos esperaba: en el enredo, el embrollo y el problema mayúsculo, creciendo y creciendo cada día, hasta adquirir la apariencia de lo irresoluble. No hay más.

El habernos topado con la peor generación de políticos de la historia de la democracia, con diferencia, se paga caro, mucho. En un porcentaje elevadísimo, sin preparación, sin formación, sin trayectoria, sin experiencia, sin bagaje… aterrizados de auténtico milagro en las más importantes instituciones por ese sistema llamado democracia que, ya se dijo en tiempos pretéritos con sorna y brillantez, es el peor de todos… quitando a todos los demás.

Mientras un país entero se desloma y se desvive luchando contra la pandemia, intentando facturar y sobrevivir, procurando salir adelante para producir ingresos que mantengan vivo el negocio y un mínimo bienestar para la unidad familiar, la clase dirigente se debate entre toques de queda, estados de alarma alicortos, normativas de carácter estatal, otras de aplicación regional, unas terceras municipales y recayendo sobre barrios o distritos concretos… un insoportable y bochornoso carajal, una ilegible y desquiciante sopa de letras.

Es en tiempos de incertidumbre, de desasosiego, cuando se espera y se merece a unos líderes que siembren seguridad, que trabajen y resuelvan para promover el bien común y evitar daños que, en ocasiones, resultan inevitables. Pero el espectáculo no está pudiendo ser peor, extremadamente degradante.

Cuando al conectarse al smartphone o a la televisión o a la radio se esperan datos ciertos y escenarios en los que se va a entrar, sí o sí, para detener la pandemia en el menor tiempo posible… lo que el español de infantería encuentra son refriegas, dudas, a políticos interpretando literalmente el baile de la yenka… un numerito, por su baja y grosera calidad, francamente inenarrable.

O más pronto que tarde el gobierno de España busca la sustancia gris cuya ausencia acusa, o la derrama económica que va a significar el golpe del covid19 se pagará no en años sino en décadas. Es simplemente brutal el retroceso que se está produciendo y se producirá, en términos de bienestar, en una sociedad que pasará a depender ineluctablemente de un Estado elefantiásico en sus dimensiones y, en su operativa, absolutamente insostenible.

Gasto sin techo y crisis de deuda
José Luis Feito. vozpopuli 21 Octubre 2020

Según el informe publicado la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional, el PIB de la eurozona se contraerá este año un 8,3%, la mayor caída registrada desde la Segunda Guerra Mundial. La economía española retrocederá mucho más, un 12,8%, siendo según esta institución el país desarrollado (y el tercer país del mundo, hermanado con Venezuela curiosamente) más negativamente afectado por la pandemia. En estas circunstancias es apropiado e inevitable que el gasto público supere ampliamente el monto de ingresos públicos tanto este año como el siguiente.

Lo anterior, sin embargo, no justifica el principio que parece presidir la elaboración de los presupuestos para 2021: aumentar el gasto (y el déficit público) todo lo posible hasta que la consiguiente emisión de deuda soberana roce los niveles que pueda soportar el mercado.

Incluso en una coyuntura económica tan deprimida como la actual hay reglas y límites que la política fiscal expansiva no debe violar so pena de terminar resultando contraproducente. En primer lugar, los determinantes y la composición del aumento del gasto público (y de los ingresos públicos) son tan importantes cómo la magnitud de dicho aumento para superar satisfactoriamente la crisis económica. Por otra parte, los aumentos de déficit y deuda pública que hoy puedan aparentemente ser financiables sin grandes tensiones pueden dejar de serlo mañana. Veamos con algo más de detalle estas cuestiones.

Gasto transitorio o permanente
Una regla habitualmente eficaz para enjuiciar la bondad del aumento del gasto público y la sostenibilidad del incremento de deuda que dicho gasto pueda generar es su carácter transitorio o permanente. Esto es, si se trata de aumentos provocados directa o indirectamente por la caída del PIB que se irán disipando a medida que se recuperan los niveles precrisis del mismo o si, por el contrario, constituyen compromisos de gastos recurrentes que aumentarán permanentemente el gasto público.

El aumento del gasto en desempleo o el causado por los ERTEs o por las garantías estatales de los créditos ICO que puedan resultar fallidos pertenece a la primera categoría y están plenamente justificados. Como igualmente lo está el aumento del gasto sanitario acarreado por la pandemia.

También tienen esencialmente el mismo carácter transitorio las ayudas a sectores productivos o a Pymes y autónomos, así como los aumentos extraordinarios de la inversión pública que se puedan acometer para propulsar la recuperación económica, si bien en este último caso habría un incremento marginal del gasto público permanente por el importe necesario para mantener el nuevo stock de capital público creado.

Los aumentos de sueldos o de plantillas del personal público o los aumentos del gasto en pensiones inducidos por el ajuste de las mismas a la inflación, sin embargo, entrañan un aumento permanente del gasto público. Asimismo, en ausencia de reformas, la demografía expande el gasto público estructural en pensiones. Igualmente impulsan dicho gasto permanente los desembolsos originados por el ingreso mínimo vital y por la ampliación de la cobertura presupuestaria de las situaciones de dependencia.

Idealmente, los aumentos de gasto permanente deberían ser compensados, al menos parcialmente, por recortes de otros gastos permanentes o por reformas que permitieran una mejora de la eficiencia del conjunto del gasto público por un importe similar al de esos aumentos. En todo caso, cuanto mayor sea el aumento del gasto público recurrente mayor será el aumento del déficit estructural y mayores serán por tanto los incrementos impositivos (o los recortes de gasto) futuros necesarios para restablecer el equilibrio presupuestario y asegurar la sostenibilidad de la deuda.

Teniendo en cuenta que el déficit público estructural de nuestro país se situaba por encima del 3% a finales de 2019 y con toda seguridad superará el 4% este año, la ratificación de los nuevos compromisos de gasto estructural delineados en el avance de los presupuestos elevarán este déficit alarmantemente.

Las subidas de impuestos contempladas por el Gobierno para el año próximo apenas aumentarán los ingresos permanentes, por debajo del 1% en el mejor de los casos y (exceptuando las razonables subidas de impuestos indirectos) a costa de generar daños colaterales innecesarios por la deslocalización y las represalias comerciales asociadas con la tasa a las transacciones financieras y la tasa Google. Lo que nos lleva a la cuestión de la sostenibilidad de la deuda o dicho de otro modo a la posibilidad de una crisis de deuda futura.

En las circunstancias actuales y previsibles para 2021 y, al menos, buena parte de 2022, dada la política monetaria del BCE y la potencial disponibilidad de fondos europeos, la crisis de deuda no está en el horizonte inmediato y así lo reflejan las primas de riesgo y la estructura de rendimientos de la deuda pública. Pero si finalmente se materializa un presupuesto con una subida intensa del ya de por sí elevado déficit estructural se empezarán a encender las alarmas en las agencias de calificación cuyo horizonte de análisis de la sostenibilidad de la deuda va más allá de los ejercicios señalados.

Se ha de tener en cuenta que dados los niveles de endeudamiento actuales y futuros de las AAPP y del sector privado, así como los ritmos de inflación previsibles, subidas relativamente pequeñas del coste de endeudamiento tendrían efectos negativos similares a los provocados por las fuertes subidas de dicho coste sufridas en la anterior recesión.

La situación se complicaría peligrosamente si, como ha sucedido estos últimos años, se produjeran desviaciones presupuestarias significativas o si las perspectivas de crecimiento de la economía española se rezagaran marcadamente del promedio de la eurozona. Y se agravaría aún más si la Comisión europea no valida el grueso de los proyectos de inversión pública realizados el próximo año, proyectos que inicialmente se pagarán con cargo al presupuesto y por tanto a la deuda española. La crisis se precipitaría finalmente si la disposición efectiva de buena parte de los fondos europeos se condiciona a reformas económicas que dichas agencias y los inversores institucionales del mercado de deuda consideren irrealizables por incompatibles con la ideología (y la supervivencia) de la actual coalición de Gobierno.

La política debe bajarse los sueldos y reducir ya el gasto de la Administración
ESdiario 21 Octubre 2020

Mientras cierran decenas de miles de empresas y el paro se dispara, la industria política no hace ningún recorte y sigue derrochando en sí misma: es inadmisible.

Ninguno de los estragos económicos generados por la pandemia ha afectado ni a la clase política ni a la Administración Pública en su conjunto, en un contraste sangrante que se resume con un ejemplo: cuando los diputados dejaron de acudir al Congreso durante el confinamiento, siguieron cobrando sus salarios y, en muchos casos, los variados complementos y dietas por funciones que no ejercieron o desplazamientos que no hicieron.

En cambio, cuando a un hostelero le cierran su negocio, señalándole como responsable de contagios que las estadísticas oficiales de Sanidad desmienten luego (apenas provocan el 2.3% de las infecciones); se queda sin sustento vital, no deja de pagar tributos, carece de ayudas y pierde sus ingresos por completo.

Es un agravio abrumador que se agudizó este martes al conocerse que la propia clase política iba a beneficiarse de la subida salarial del 0.9% aplicada en toda la Administración Pública, añadida al 2% ya aprobada hace meses, antes de la pandemia. Solo el escándalo suscitado al conocerse las intenciones suspendió ese repunte, aprobado por PSOE y Podemos en la Mesa del Congreso, rechazado por PP o VOX y finalmente anulado para todos.

El contraste sangrante: el Estado moroso y derrochador frente a familias, pymes y autónomos

El penoso episodio, no obstante, reclama una reflexión sobre cómo se reparte el esfuerzo en España, quién asume los sacrificios y, por contra, quiénes quedan al margen de esos esfuerzos. En media Europa la crisis económica ha ido acompañada de una batería de reformas para reducir la "industria política", el único sector que nunca sufre los rigores de lo que ella misma provoca o se muestra incapaz de frenar.

Con 100.000 empresas cerradas y un paro camino del 20%; la reforma de la Administración es ya una urgencia

Pero en España ocurre lo contrario: se mantiene el Bienestar del Estado a toda costa; se perpetúa un gasto superfluo que todos los economistas serios sitúan en una horquilla de entre 20.000 y 45.000 millones de euros; se aumenta la presión fiscal para mantener ese despropósito y se desvencija la economía productiva o familiar para financiar ese despropósito.

El intento de subida salarial de los políticos solo es la indecente punta del iceberg de un problema mucho mayor, que con emergencia sanitaria y económica o sin ella, ya era intolerable y ahora es además insoportable.

En España han cerrado en lo que va de año cerca de 100.000 empresas y las previsiones de superar el 20% de paro están a la orden del día. Ajustar a ese panorama a la propia Administración Pública no solo es una cuestión de decencia, que también: lo es ya de mera supervivencia. Y no hacerlo, un abuso inadmisible que la sociedad ni puede pagar ni puede ya digerir por más tiempo.

La encomiable y necesaria "bengala" de Vox
EDITORIAL Libertad Digital 21 Octubre 2020

España sufre la peor crisis económica de la OCDE. España padece uno de los peores impactos sanitarios por número de contagiados y fallecidos por el covid-19. Nuestra nación sufre, además, un desafío a su Estado de Derecho y a su modelo de democracia liberal como no padece ningún otro país occidental: por un lado, la permanente tentativa golpista secesionista en Cataluña y, por otro, el totalitario intento del propio Gobierno social-comunista de designar a los miembros de la cúpula del Poder Judicial.

Ante este desolador panorama, la mejor descripción de la moción de censura contra el Gobierno presentada por Vox, que comienza a debatirse este miércoles en el Congreso, la hizo, paradójicamente, hace cerca de tres meses el presidente del PP, Pablo Casado, al decir de ella, de forma despectiva, que se trataba de una simple “bengala”. Pues bien: cuando un barco se hunde, como se está hundiendo nuestra nación, es un deber lanzar bengalas, bengalas que iluminen tanto la situación por la que atraviesa el país como una forma de afrontarla distinta a la que está llevando a cabo un Ejecutivo cuyas pulsiones totalitarias sólo pueden equipararse a su incompetencia.

Y es que la moción de censura contra Sánchez, que durante meses Vox ha ofrecido al PP negociar e incluso liderar, no pretende ni ha pretendido nunca ser la forma de desbancar inmediata y parlamentariamente al Gobierno social-comunista, algo que no sería posible aritméticamente aun cuando la secundaran todas las formaciones constitucionalistas ubicadas a la derecha del PSOE. Se trata, por el contrario, de la toma de conciencia por parte de Vox de que la política, en un régimen democrático y de opinión pública, no es meramente un ejercicio de matemáticas o de un tiempo de espera entre votación y votación en las urnas, sino un ejercicio de pedagogía y de comunicación que ilumine la critica situación del país y la decisiva responsabilidad que tienen en ella quienes ocupan el Gobierno. Esta moción de censura de Vox, como las que presentaron el PSOE o el PP en el pasado, no tiene, pues, por objetivo la recolección inmediata sino la siembra de un futuro cambio de Gobierno que se pretende adelantar a fechas lo más próximas posibles.

Y es que la razón que ha dado el presidente del PP, supuesto líder de la oposición al Gobierno de Sánchez, para justificar su negativa a liderar o participar en esta moción de censura, consistente en que no iba a ser en ningún caso aprobada, es tan obvia como políticamente estúpida. Naturalmente que la aritmética parlamentaria no va a permitir que esa moción prospere –como, por cierto, tampoco ha permitido ni permitirá que prosperen la mociones de reprobación de los ministros o cualquier otra iniciativa presentada o por presentar por el PP–, pero esa aritmética no va a poder evitar que durante la tramitación de la misma pueda oírse el SOS de una España que no se resigna ante una trágica situación que los medios de comunicación –mayoritariamente afines al Gobierno– tratan de edulcorar.

Así las cosas, la irresponsable y timorata negativa del PP a liderar o respaldar esta moción de censura va a hacer que esta encomiable iniciativa de Vox ilumine no sólo la situación del país, la incompetencia y las pulsiones totalitarias del Gobierno, y la condición golpista y secesionista de quienes apoyan a Sánchez, sino algo que no tenía como objetivo alumbrar esta moción y que, lógicamente, no es culpa de Vox; a saber: la falta de nervio y pulso político de un PP acomodaticio que nos retrotrae a los funestos tiempos de Rajoy. Pero, en fin, también esto forma parte, desgraciadamente, de la realidad; por lo que, aunque sea de forma involuntaria, también es bueno que la bengala de Vox lo ilumine.

Un 'sí' como una catedral
Pablo Molina Libertad Digital 21 Octubre 2020

La Iglesia Católica es clara al rechazar la estrategia del mal menor, utilizada tantas veces en el terreno de la política para justificar el apoyo a una medida intrínsecamente mala con el único fin de que no se produzca un resultado considerado aún peor. El catecismo en vigor (mientras Paquito I no decida lo contrario) insiste en este principio al asegurar que “nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien”. No se trata únicamente de un mandato para los católicos, sino de una referencia moral plena de sentido común, cuya inobservancia suele ser el origen de grandes decepciones.

En la política española, Vox se ha convertido en el argumento definitivo para que muchos votantes liberal-conservadores decidan poner fin a su apuesta por el mal menor del PP para que no vengan los socialistas. Las últimas elecciones dan buena fe de ello. Por eso sorprende que los estrategas populares hayan decidido votar en contra de la moción de censura planteada por Abascal, que es precisamente lo que más beneficia a sus rivales a uno y otro lado del espectro.

Porque si es cierto, y lo es, que Sánchez y su banda son la mayor amenaza que pesa sobre nuestro país y el futuro de todos los españoles, ¿por qué no votar a favor de echarlos del poder? Casado decide votar en contra de la moción de censura –el mal menor– porque lo contrario supondría reforzar al PSOE –el mal mayor–. Sin embargo, va a ser difícil explicar a sus partidarios que votar a favor de Sánchez es justo lo que más perjudica a Sánchez, una estrategia demasiado compleja para explicarla con claridad.

Todo sería mucho más claro si Casado subiera a la tribuna del Congreso y rematara su discurso de esta manera:

No estamos de acuerdo con la moción de censura presentada por Vox porque, en el fondo, va contra mi partido con un objetivo meramente electoral. Ahora bien, es usted tan nefasto, señor Sánchez, y su Gobierno tan letal para nuestro país, que mi grupo parlamentario va a votar un 'sí' como una catedral. Mejor aún, como la cruz de la basílica del Valle de los Caídos, para que usted y sus socios lo entiendan bien. Y ahora vayan desfilando ordenadamente por esta tribuna que los voy a crujir a todos. Muchas gracias, señora presidente.

Un mensaje en esa clave no solo no decepcionaría a sus votantes, sino que muchos de ellos saltarían del sofá haciendo la ola. Como decía Nicolás Gómez Dávila, que la certeza de la derrota no nos impida cumplir con nuestro deber. Ese sí sería un mensaje fácil de entender.

El pulso inútil de la derecha rota
Editorial ABC 21 Octubre 2020

El Congreso afronta hoy la quinta moción de censura de la democracia, esta vez impulsada por Vox contra Pedro Sánchez, hasta ahora el único presidente que alcanzó La Moncloa por esta vía extraordinaria. No obstante, es una maniobra fallida de antemano en la medida en que su objetivo, la destitución de Sánchez, no contará con votos suficientes. Desde esta premisa, falla también el cariz constructivo con el que las censuras fueron ideadas. Se trata de una operación -legítima- de desgaste al Gobierno, llamada a cubrir un espectro mediático que Vox necesita incrementar para significarse como partido relevante de oposición, y para reafirmar la contundencia de su discurso. Abascal pretende tomar la iniciativa política de confrontación directa con Sánchez en pleno rebrote de la pandemia, y con los españoles inmersos en una recesión sin fondo. Conocido así el resultado de antemano, y que Sánchez se verá reforzado por esa vocación endogámica de la izquierda a autoprotegerse cuando la derecha presiona, esta maniobra no será mucho más que una jugada táctica de Vox, cuyo criterio de oportunidad es discutible si no va a servir de nada. Sánchez es un pésimo presidente y su salida de La Moncloa debería ser una obligación nacional. Sin embargo, no será una moción útil para nadie salvo para Vox y, especialmente, para Sánchez y su acreditado afán de exhibicionismo político. Erigirse en víctima de una persecución ideológica de la derecha es su especialidad, y con eso combate la constante pérdida de credibilidad de su Gobierno.

La segunda derivada radica en la trampa tendida al PP como principal partido de la oposición, y en el pulso que la moción apunta a ser entre Casado y Abascal. En las últimas semanas se ha oído a dirigentes del PP reclamar el voto negativo, la abstención, e incluso el voto afirmativo. Eso demuestra que la incomodidad del PP es máxima para gestionar este episodio, y que la moción será estéril si a posteriori no actúa como un elemento aglutinador de la derecha para configurar una alternativa real a la insensatez de Sánchez. La fractura de la derecha es lo que alimenta a la izquierda y lo que castiga a España con un proyecto revisionista hacia un cambio de régimen. Vox logrará minutos de gloria, el PP encajará con críticas de parte de sus votantes cualquier decisión que adopte, y solo Sánchez disfrutará de un espectáculo que le garantizará larga vida en La Moncloa mientras PP y Vox no reaccionen de modo unitario y creíble. La abstención es el único camino razonable, toda vez que esta moción está ideada por Abascal sin un criterio colaborativo para reunificar a la derecha. En ningún caso está diseñada para sumar al PP, sino como un tic emocional contra la izquierda. Y eso no es suficiente.

El pulso desaparecido del PP
Nota del Editor 21 Octubre 2020

Como no me canso de repetir, el PP tiene que desaparecer. Durante todos estos años nos ha tomado el pelo, ha traicionado todos los principios y
razones de España. Pretender que Vox deje de trabajar por España y los españoles es otra traición.

Y ya está demasiado pasado el rollo ese de la derecha: desde que tengo bicicleta yo no soy de izquierdas, tampoco de derechas, lo que me importa es que no me roben mi bicicleta que es lo mas probable con los comunistas, socialistas, separatistas y filoterroristas.

Censura merecida, alternativa errónea
Editorial EM 21 Octubre 2020

Sánchez merece censura, pero se beneficia de una oposición dividida por una competición partidista contraproducente

Hoy comenzará a debatirse la moción de censura de Vox contra el Gobierno en la sede de la soberanía de una nación traumatizada por el miedo a la enfermedad y a la ruina. Ese trauma ha sido agravado como en ningún país por la pésima calidad de su gobernanza, según hemos denunciado en EL MUNDO y según señala ya la prensa europea, que se pregunta si España es un Estado fallido. Padecen los españoles el peor Gobierno en el peor momento. Sus muestras de negligencia, incompetencia, ocultamiento, inhibición, arbitrariedad, autoritarismo y falsedad merecen sin duda la censura de la Cámara. Oponerse a la calamitosa gestión de Sánchez y al sectarismo autoritario que patrocina es algo que ha hecho ya hasta Bruselas, donde acaban de reprobar el infame propósito de contrarreforma judicial de Sánchez.

Pero a la oposición no solo se le exigen argumentos sino también eficacia. La iniciativa de Abascal quizá resulte rentable en términos de facturación electoral para su partido: por unos días Vox recuperará foco y algunos votos que habían regresado al PP en pos de la experiencia de gestión que sacó a España de las crisis de González y Zapatero. Pero agudizar la división de la alternativa al sanchismo cuando urge trabajar por reconstruirla delata un móvil más partidista que patriótico.

Vox se opone a Sánchez como adversario pero también a Casado como competidor. Ciertamente, al Parlamento no solo se va a ganar iniciativas sino a parlamentar, a debatir. Pero importa señalar la diferencia esencial entre la táctica populista, que logra pírricas subidas en los sondeos a caballo de la polarización, y la estrategia racional, capaz de armar un propuesta que gane unas elecciones para coser las heridas de una sociedad abatida. Vox imita lo que Podemos, siendo también tercera fuerza, hizo para intentar un sorpasso al PSOE que fracasó. De aquella moción salió un Rajoy más fuerte pese a la corrupción, igual que de esta saldrá una mayoría Frankenstein más cohesionada ante la amenaza común que para sus integrantes encarna Vox. Que Sánchez e Iglesias se peleen por dar la réplica en tribuna indica hasta qué punto se toman la moción como un balón de oxígeno, la ocasión de desviar el foco de su catastrófica gestión hacia la amenaza ficticia del fascismo.

Insistimos: Sánchez merece censura. Pero la de Vox no le aleja de Moncloa sino que le refuerza en el cargo mientras la oposición se encuentre dividida y más atenta a dirimir competiciones orgánicas que colaboraciones patrióticas. Aunque Casado no ha querido desvelar el sentido del voto del PP, ha trascendido que será negativo. Es posible que la abstención sea la opción más coherente, pues es la única que concilia el no al sanchismo con el no a una candidatura populista de signo opuesto. Pero todavía no hemos oído a Casado. La política de la frontalidad no revela mayor rectitud sino menor inteligencia, y a menudo desemboca en la melancolía. El Congreso es el lugar adecuado para que el jefe de la oposición presente su alternativa y aquilate su liderazgo con elocuencia y coraje. La pinza entre Sánchez y Vox es incómoda para él, pero el espacio que no se defiende se cede, y son los momentos de confusión e incertidumbre los que miden a los líderes genuinos.

PP debe votar sí
Vicente Torres Periodista Digital 21 Octubre 2020

Por supuesto que al PP le debe de molestar la existencia de Vox, puesto que ambos partidos compiten en el mismo caladero electoral. Pero este partido, que no es de extrema derecha, como dicen muchos interesadamente, sino nacionalista, todavía no ha faltado al respeto al Rey, ni se le ve intención de hacerlo en un futuro. Tampoco, y esto es más importante aún, se vislumbra en este partido ninguna intención de vulnerar la Constitución o incumplir alguno de sus preceptos, por más que algunos, de manera ratonil y cobarde, le acusen de ello.

Al PP no le queda más remedio que aceptar la compañía de este partido y, de hecho, gobierna en algunos sitios con su apoyo. Si quiere arrebatarle electorado, debería hacerlo en buena lid y no con trampas, puesto que la obligación de todos los partidos es procurar el bien de España, y no actuar egoístamente.

Tenemos el peor gobierno de toda la historia de España, presidido por un psicópata narcisista, y en el que tiene una influencia muy importante otro psicópata, este con moño, y como consecuencia España se va a pique en todos los órdenes, económico, moral, y sanitario. Ni siquiera cuentan los muertos estos tipos. Como mucho, al hablar de ellos hacen chistes o se hurgan la nariz.

Vox ha decidido presentar una moción de censura, para afear al gobierno todos los horrores a los que somete a la población. Sabe que no salen los números, pero no por ello quiere dejar pasar la oportunidad de decirle al gobierno lo que merece.

El PP, por su parte, prefiere esperar a que las ruinas de España sepulten al gobierno actual, para hacerse cargo entonces de la situación. Esta actitud es sumamente egoísta. Lo que le importa es conseguir el poder, aunque cuando ocurra España ya no tenga remedio. Podría el PP haber colaborado en la moción buscando un candidato que pudiera ser aceptado por los socialistas decentes, un Nicolás Redondo Terreros, por ejemplo. Por el bien de España.

El Gobierno más dañino: La moción de censura
Redacción https://rebelionenlagranja.com 21 Octubre 2020

Nunca tan pocos hicieron tanto daño a tantos en tan poco espacio de tiempo. La afirmación, cuyo contenido es exactamente el contrario de la celebérrima cita Churchill, apunta directamente a la responsabilidad del Gobierno de España, a los partidos que lo conforman y al entramado mediático y empresarial que lo sostienen.

1.- Nunca tan pocos: Desde 1978 no ha existido en España un Gobierno con tal debilidad parlamentaria. Un Gobierno que ni es capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (siguen en vigor los de 2018, Rajoy) ni tiene mayoría suficiente para sacar adelante proyectos legislativos de cierta importancia ni tiene capacidad negociadora -fuerza parlamentaria- para renovar los órganos constitucionales del estado como siempre se ha hecho, mediante la concertación y el acuerdo.

2.- Hicieron tanto daño: Desde el Gobierno se desestabilizan las instituciones del Estado. Se cuestiona la Monarquía Parlamentaria, se desestabiliza la figura del Rey, se lamina la Abogacía del Estado, se politiza la Fiscalía, se ataca la independencia judicial y se pone en marcha una operación de corte bolivariano para la destrucción del la división de poderes sin parangón en los países occidentales.

España cambia de rumbo en política exterior, se aproxima al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo, se enfrenta a los EE.UU. y se aleja de Europa.

El daño causado por este Gobierno a la sociedad española mediante la terrible gestión de la pandemia del Covid19 -la peor del mundo según todos los indicadores internacionales- es incalculable en términos de vidas humanas, de salud pública y de crisis económica. Una gestión presidida por el caos, la irresponsabilidad, la impericia, la mentira, la corrupción y la politización.

El empeño siniestro de dividir a los españoles entre buenos y malos, de recuperar los rencores de la guerra civil, de construir el dogma oficial de una memoria histórica sectaria y revanchista sin soporte científico alguno, como mero instrumento de movilización política de aniquilación moral de l contrario.

3.- A tantos: En este momento la sociedad española se enfrenta a la peor recesión de los últimos 80 años, al paro más alto, al mayor cierre de empresas, a la mayor deuda pública, a los perores indicadores económicos desde los años sesenta del pasado siglo. En este momento la sociedad española está atemorizada por la gestión del virus, por la ruina económica, por el enfrentamiento social y político. Por la parálisis del país. Por la estupidez de sus dirigentes. Por el silencio de sus élites.

4.- En tan poco espacio de tiempo: A este Gobierno edificado sobre la trampa y a mentira le han bastado dos años para meter al país en la peor encrucijada de la historia desde la guerra civil.

¿No justifica todo ello la moción de censura? ¿No debería pedírsele al PP un gesto de grandeza, de generosidad, de altura de miras, de inteligencia política, como en los mejores tiempos?

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Abstenerse también es sostener a Sánchez e Iglesias
Liberal Enfurruñada okdiario 21 Octubre 2020

Nuestra Constitución define la moción de censura como el mecanismo por el que “el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno”. ¿Qué es ese absurdo de que una moción de censura pueda presentarse contra el primer partido de la oposición, como aseguran desde el Partido Popular? Ni el Reglamento del Congreso de los Diputados ni la Constitución prevén esa posibilidad. Sobre lo único que se va a debatir es sobre la nefasta gestión del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, acerca de las razones que justifican la presentación de esta moción y sobre el programa político que se propone como alternativa. El infantil argumento de que lo único que se persigue con ella es dejar en mal lugar a los de Casado es el del que pretende ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y, sobre todo, el muerto en el entierro.

Pero es que, si la intención de VOX hubiera sido esa, no les habría avisado Santiago Abascal el 6 de mayo en el Congreso de los Diputados, cuando dijo que “no descarto que sea necesaria una moción de censura” y que “la responsabilidad es del primer partido de la oposición, pero si la delega, quizá tengan que ejercerla otros grupos”, sino que la habría presentado sin darles esa opción. Desde el 6 de mayo, Abascal dejó pasar casi 3 meses hasta que el 29 de julio anunció también en el Congreso que “no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre… Señores del Partido Popular, se lo digo con humildad y con ánimo de diálogo, los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas, los españoles no pueden esperar más, los españoles no pueden tener esperanza en el ‘cuanto peor, mejor’. Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español”.

Y otra vez volvió a dar un nuevo plazo de otros dos meses más en los que no dejaron de insistir en que estaban dispuestos a negociarlo todo con ellos. “Hasta la fecha de su presentación, mantenemos la puerta abierta a cualquier otro candidato que pueda concitar mayor consenso”, llegaron a decir. Finalmente, ante la negativa de los populares a entrar en razón, se presentó la moción de censura el pasado 29 de septiembre, tras cinco meses de plazo esperando primero que la iniciativa fuera de ellos y más tarde que se unieran en la elección de un candidato independiente. Nadie tiene la menor duda de que si en ese tiempo el Partido Popular hubiera presentado una moción alternativa, los diputados de VOX se habrían sumado a ella de inmediato.

Otra cosa es que el mayor coste político de esta moción lo acabe pagando finalmente el PP, pero la responsabilidad de esa presumible debacle habrá que atribuírsela única y exclusivamente a Pablo Casado. Resulta totalmente lógico pensar que una gran parte de sus votantes no compartan la absurda decisión de que, para evitar que los medios de comunicación progresistas les critiquen por haberse unido a una iniciativa de los de Abascal, de cuyos votos no hacen ascos en todos los ayuntamientos y comunidades donde los necesitan para gobernar, como Madrid, Andalucía, Murcia y numerosas localidades, Casado se abstenga o vote en contra de la exigencia de responsabilidades al Gobierno. Porque si te abstienes cuando se juzga la gestión de quienes atacan a la libertad de la Comunidad de Madrid, pretenden aprobar leyes de inspiración chavista para colocar a dedo a los jueces que les son más ‘amables’, menosprecian y permiten que se insulte al Rey, conceden beneficios penitenciarios a sanguinarios etarras nunca arrepentidos, y son responsables de 58.000 muertes y de la mayor ruina económica en 80 años, si no votas a favor de exigir responsabilidades por todo este desastre, lo mismo da que te abstengas como que votes en contra. En ambos casos Casado habrá dinamitado la unidad del centro y la derecha en España. Abstenerse también es sostener a Sánchez e Iglesias.

Gracias por Tanto, Casado.
Carlos Esteban https://rebelionenlagranja.com 21 Octubre 2020

Nos enseña Santo Tomás que la ‘claritas’ es uno de los requisitos de lo Bello, y es esa una de las razones de que encuentre tanta belleza en la noticia con que abre hoy La Razón: ‘El PP de Casado votará “no” en la moción de censura de Abascal’.

Claridad es lo que ha necesitado como el comer y de lo que ha carecido la opinión conservadora española desde el principio del actual régimen, teóricamente representada por un partido que no ha visto en las enloquecidas medidas de ingeniería social de su rival ninguna que no acabara abanderando y recogiendo amorosamente en sus sucesivos gobiernos.

Ahora, por fin, sabemos que la oposición por antonomasia no se opone al Gobierno Frankenstein. No realmente. Simplemente, se opone a no estar en él, a no tocar pelo y seguir siendo, a la vez y como siempre, un perro sumiso y apaleado.

Censurar a un gobierno no es coincidir con el partido que toma la iniciativa. Ahí tenemos a los Doce del Patíbulo rebañados por Sánchez en una subasta apenas disimulada para acabar con el anterior gobierno del PP. Bildu o ERC no solo no son PSOE, sino que ni siquiera quieren ser España, y los primeros ovacionan de continuo a los miembros de una banda terrorista que apioló a no pocos políticos socialistas.

De hecho, Vox hubiera apoyado una moción de censura contra Sánchez presentada por Casado, que hubiera sido lo propio en las alarmantes condiciones de quiebra democrática en que vivimos.

Pero el “no” aclara el panorama, despeja incógnitas de décadas y, esperamos, abre definitivamente los ojos a esos empecinados conservadores empeñados en creer, ilusos como adolescentes enamorados, que el PP les representaba y que votarle era la forma de “parar a los socialistas”, sin que traición tras traición fuera capaz de desengañarles. La mayor y más antigua farsa de nuestra democracia queda definitivamente desenmascarada.

Albricias, ya todo el mundo sabe dónde está todo el mundo. Ya no se podrá invocar más esa estupidez de ‘la unión de la derecha’, y todos los aspavientos de fingida firmeza de Casado frente a Sánchez, toda indignación histriónica de la bancada pepera contra el gobierno y su alegre marcha hacia Venezuela, sonarán a hueco y a burla.

Tuvieron la oportunidad, y dejaron claro en el momento de la verdad que no se oponen al gobierno.

Ni lucha ni armada
Juan Ramón Lucas larazon 21 Octubre 2020

Recuerdo el escalofrío que me recorrió cuando en noviembre de 1998 el entonces presidente del gobierno de España José María Aznar, se refirió a ETA como el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. La estupefacción duró lo mismo que los dos peces de hielo en el güisqui de Sabina. Dos meses antes, ETA había declarado una tregua y el gobierno, presidido por Aznar, había iniciado contactos con la organización terrorista. Evidentemente se le fue la mano de la diplomacia más allá de lo razonablemente sensato. Y dolió, mucho, sobre todo a las víctimas.

Ayer, nueve años después de que el tal Pla –hoy libre, creo– anunciara bajo la capucha de terrorista que se ponían los que no querían llamarse terroristas, que dejaban el terrorismo al que llamaban lucha armada (el terror, como las dictaduras, es muy de suavizar las cosas con nombres falsos), otro presidente de gobierno de España ha edulcorado su alusión a ETA. Peor aún, lo ha hecho en un tuit publicado a modo de homenaje o, al menos, reconocimiento, a un servidor público que acaba de morir de cáncer, el ex director de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida. Según el texto del mensaje, «trabajó sin descanso para acabar con el terrorismo de ETA y lograr el fin de su lucha armada». Decir eso por parte de un presidente de gobierno de España es, como poco, imprudente. Hablar de «lucha armada» como sinónimo de «terrorismo» en un texto de recuerdo a quien era precisamente jefe de los cuerpos de Seguridad en aquel momento del anuncio, no sólo revela falta de sensibilidad, sino que evidencia la peligrosa interiorización del discurso renovador del rostro y el rastro del terrorismo etarra. Mesquida se habrá revuelto en su tumba. Como, probablemente, su jefe Rubalcaba.

Terrorismo y lucha armada no son sinónimos, como no lo son bombardeo y disparo, o diálogo y discurso. Navegar en las mismas aguas, crecer en el mismo ecosistema, no otorga identidades comunes. De aceptar automática y acríticamente esa identificación, estaríamos concediendo otra condición a los crímenes de ETA. Estaríamos poniéndonos la mochila del asesino, cediendo condición moral a su acción criminal, masiva e injustificadamente asesina. Endulzaríamos la sangre derramada. ETA no practicó la lucha armada ni uno solo de sus días. Ni siquiera en sus comienzos que algunos quieren revestir de románticos. Como tampoco se enfrentó a una guerra con un sistema o contra un régimen. Mataban de tiro en la nuca, por la espalda o ponían una bomba bajo un coche o en un cuartel, o en unos grandes almacenes arrasando la vida de todo lo que se moviera alrededor. Torturaban hasta la muerte, como hicieron durante el último fin de semana de su vida con Miguel Ángel Blanco. Practicaban el terror en sentido estricto y sin matices, con la intención de arrodillar –según su propia terminología– al Estado Español.

Es evidente que hoy hay interés público oficial por reescribir la historia de ETA, por dejarla a un lado como si no hubiera existido, como si sus víctimas fueran seres abstractos y el terror que impuso a una sociedad hasta hacerla enfermar, una pesadilla del pasado. Pero fue real y su memoria está lejos de desaparecer. Tanto, me temo, como la necesidad que, de momento, tiene de contar con sus herederos políticos, el jefe de gobierno que llama a lo de ETA lucha armada en un tuit de recuerdo a un político íntegro que jamás hubiera aceptado semejante definición.

El veto al español
Un Corte Inglés en plena ciudad de Barcelona excluye los rótulos en español de su sección de hogar
Andrea Aguado Robles okdiario 21 Octubre 2020

El menosprecio al español continúa en Cataluña. El emblemático Corte Inglés de Diagonal en Barcelona -el segundo que se construyó en la ciudad condal- excluye al español de sus rótulos de la sección de hogar. Una imagen a la que no nos tenía acostumbrados el grupo de distribución, que por primera vez excluye de su cartelería el idioma que hablan a diario miles de catalanes.

Así lo ha denunciado la Asociación Hablemos Español en conversaciones con este diario y han aseguran que en «los pasillos de la sección de hogar no hay ni rastro de español, ya que sólo se pueden apreciar rótulos en catalán». Además, destacan que esta imagen se repite por las diferentes plantas del centro de la ciudad condal, como la zona de supermercados o cosmética.

En concreto, los clientes que acudan a la sección de hogar de El Corte Inglés de Diagonal se encontrarán que todos los carteles que explican las características de los productos que se venden en la planta están exclusivamente en catalán, como es el caso de la zona de descanso. Una exclusión a la que se suman los rótulos de las salidas de emergencia, que tampoco aparecen en castellano.

El Corte Inglés no cambiará la cartelería
OKDIARIO se ha puesto en contacto con fuentes de la compañía que han asegurado que se trata de «un problema estético», ya que en los carteles no cabe el español y el catalán. Además, aseguran que se trata de columnas móviles que van rotando cada quince días y que en muchos casos dependen de los anunciantes.

«El Corte Ingles de Diagonal rótula en todo su centro mitad en español, mitad en catalán», han explicado fuentes de la compañía, que han descartado incluir la versión en español de las características de los productos de la sección de hogar y alegan que otras zonas de la planta sí están en castellano. «No podemos olvidar que en las comunidades con lengua autonómica se emplean las dos lenguas», puntualizan.

Las imposiciones de la Generalitat
En concreto, la Generalitat catalana obliga a las empresas a rotular en catalán pero no prohibe hacerlo en español. Las compañías pueden imprimir su cartelería en catalán y castellano, pero en este caso el coste económico es mucho más elevado, ya que muchos empresarios catalanes también incluyen otros idiomas por el potencial turístico que tiene la ciudad condal.

El Gobierno de Cataluña lleva desde 2010 imponiendo sanciones muy elevadas a los comercios que no utilizan el catalán en letreros, menús u ofertas de negocios. Lo hace a través de la Agencia Catalana del Consumo (ACA), organismo encargado de hacer cumplir el código de consumo de Cataluña.

Se trata de una ley que se redactó en la recta final del último Gobierno de Jordi Pujol, tomó forma con la llegada del tripartito a la Generalitat y el actual mandato mantiene como uno de los factores de vital importancia. La suficiente como para que la ACA defienda estas multas como una manera de «establecer la protección de los derechos e intereses lingüísticos de las personas consumidoras» y se basa en la legislación vigente, que tipifica como infracción, precisamente, vulnerarlos.

Otros marcas que vetan el español
No obstante, El Corte Inglés no es la única empresa que no ha rotulado su cartelería en catalán. La marca de helados Frigo incendió el pasado mes de agosto las redes sociales y desató la ira de los usuarios al conocerse que había eliminado el español de su cartelería de helados en Cataluña.

Una polémica a la que también se ha sumado Carrefour en Gerona, donde en los pasillos de la cadena de supermercados se pueden apreciar rótulos en francés y en catalán, pero ni rastro del español y vinos españoles exiliados a la categoría de internacionales.

La Audiencia Nacional juzga los vestigios del independentismo radical gallego
La Fiscalía acusa a 12 activistas de integrar el brazo político de organización terrorista Resistencia Galega, a la que la Policía no da todavía por extinguida
Pablo López. Vigo elconfidencial 21 Octubre 2020

En abril de 2014, el Tribunal Supremo confirmó que Resistencia Galega es una organización terrorista. Lo hizo en una sentencia en la que atribuía al grupo la pretensión de “subvertir el orden constitucional español” utilizando “la fuerza y la violencia”, aunque se hallase “en una fase incipiente y sin una consolidada estructuración, con una incidencia limitada en la sociedad”. Aquel fallo es ahora la principal baza en contra de los 12 independentistas gallegos que son juzgados en la Audiencia Nacional, una causa que tiene como telón de fondo el conato de terrorismo en Galicia, descabezado en 2019 con la detención de sus dos principales artífices.

El terrorismo independentista gallego vivió sus peores años hacia 1990, con el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe al frente. Fue el año en que una discoteca compostelana llamada Clangor voló en plena madrugada, cuando estaba atestada de estudiantes. Murieron tres personas, entre ellas, dos 'guerrilheiros'. Resurgió a mediados de la pasada década con Resistencia Galega, que en 2005 publicaba un manifiesto fundacional e iniciaba una serie de unas 60 acciones violentas contra partidos políticos, instituciones, entidades bancarias y empresas. Lo hizo con explosivos de fabricación casera y sin causar víctimas mortales, lo que no impidió que el Supremo la considerase una organización terrorista y que ahora 12 simpatizantes se sienten en el banquillo de la Audiencia Nacional acusados de integrar su brazo político.

Los hechos investigados están relacionados con la celebración el 11 de octubre de 2014 y de 2015 del llamado Día da Galiza Combatente, y ese día no es otro que el de la bomba del Clangor, del que se acaban de cumplir 30 años. La Fiscalía reclama para los acusados penas de entre cuatro y 12 años de cárcel por pertenencia a una organización criminal y por delitos de enaltecimiento en los que pudieron incurrir con su participación en diversos actos. Pide también que se disuelvan las dos entidades independentistas de las que forman parte: Causa Galiza y Ceivar. Todos los encausados han negado los delitos que se les imputan.

La operación Jaro está en el origen del juicio en la Audiencia Nacional. Se desarrolló entre 2015 y 2017 y llevó a la ilegalización de Ceivar y Causa Galiza, luego revertida por los tribunales. Para un amplio sector del nacionalismo gallego, lo que se juzga estos días no tiene que ver con el terrorismo sino con el independentismo. Es lo que sostienen las alrededor de 1.500 personas que salieron a la calle el pasado domingo en Santiago para mostrar su apoyo a los acusados, una manifestación que contó con la presencia de representantes del BNG (el diputado Xosé Luis Rivas), de Anova (su portavoz nacional, Antón Sánchez) y del sindicato nacionalista CIG (su 'secretario xeral', Paulo Carril).

La Fiscalía, en cambio, sostiene que Causa Galiza, cuya ilegalización fue dejada sin efecto en diciembre de 2016, “desarrollaba actividades concretas orientadas a la organización y promoción de actos de apoyo a los miembros” de Resistencia Galega, así como “a las organizaciones terroristas antecesoras de esta”. Asegura también que mantenía “una relación con colectivos del ámbito del independentismo radical y violento a nivel nacional”, con el objetivo “de colaborar con ellos y expresar su apoyo y solidaridad con las causas que defendían”. De Ceivar, al que solo pertenece uno de los juzgados, sostiene que realizaba “actividades de apoyo” a miembros de Resistencia Galega, “a los efectos de complementar la acción de la organización terrorista”.

Causa Galiza reaccionó al inicio del juicio con un comunicado en el que acusa a la Fiscalía de ejecutar “un grave salto cualitativo en la persecución del independentismo políticamente organizado”, por pedir tanto su disolución como la de Ceivar. “Defendemos y defenderemos siempre la legitimidad y la legalidad del trabajo político y de solidaridad frente a la represión desarrollada a la luz del día durante años” contra “una práctica independentista”.

El independentismo se ha expresado en las instituciones de Galicia de forma democrática desde la Transición a través del BNG. Tras una primera legislatura titubeante, en los años ochenta asumió su representación muy alejada de los postulados que llevaron a la creación del fenómeno 'guerrilheiro' y de Resistencia Galega. No obstante, los espacios comunes entre el Bloque y organizaciones como Causa Galiza y Ceivar han llevado a un exportavoz nacional como Xavier Vence y a un exdiputado histórico como Bieito Lobeira a declarar estos días ante la Audiencia Nacional. Lo hicieron después de que la Fiscalía presentara un informe incautado en un registro que hace referencia a una reunión entre el BNG y Causa Galiza, en el que se alude a “posiciones históricamente divergentes” entre ambos por los métodos de lucha.

Lobeira confirmó la reunión, pero aseguró que en ella no se habló del recurso a la violencia como método de lucha. “Desde el BNG, mantenemos una apuesta clara e inequívoca por el uso de vías exclusivamente políticas, democráticas y pacíficas”, afirmó. Tanto él como Vence sostuvieron que el objetivo de la reunión era crear una plataforma “de carácter cívico, abierta a todos los sectores del nacionalismo, (...) para defender los intereses de Galicia”.

El juicio de la Audiencia Nacional llega con Resistencia Galega desarticulada “casi al completo”, según la Fiscalía General del Estado, ya que no se le atribuye ningún atentado desde el artefacto explosivo detonado en el Ayuntamiento de Baralla (Lugo) en 2014. Eso no impide que en la web de la Policía Nacional, la organización gallega aparezca todavía en el apartado de lucha antiterrorista al mismo nivel que el yihadismo y ETA.

El último gran golpe contra el conato de terrorismo en Galicia se produjo en junio del pasado año, cuando la Guardia Civil detuvo en Vigo a sus considerados líderes, Antón García Matos, alias 'Toninho', y Asunción Losada Camba, ambos en la clandestinidad desde 2006, junto a otros dos colaboradores. Toninho y Losada fueron arrestados en virtud de sendas requisitorias de la Audiencia Nacional por delitos de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente, tenencia y transporte de explosivos y falsedad documental.

En los últimos años, se desarticularon varios comandos de la organización y se dieron golpes contra su entramado operativo de apoyo. El último de ellos se produjo la pasada semana, cuando las autoridades judiciales portuguesas decidieron entregar a España los efectos incautados en Coimbra a Resistencia Galega en noviembre de 2019, después de una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Judiciaria lusa desatada tras la detención de los dos históricos de la organización terrorista gallega.
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