AGLI Recortes de Prensa   Domingo 1 Noviembre  2020

Defender la libertad, enfrentarse al tirano
Jesús Cacho. vozpopuli  1 Noviembre 2020

“Hoy necesitamos un humanismo militante que haya aprendido que el principio de libertad y tolerancia no debe ser aprovechado por un fanatismo escandaloso; que ese humanismo militante tiene el derecho y el deber de defenderse. El pensamiento de Europa está íntimamente ligado a la idea humanista. Pero Europa solo existirá si ese humanismo descubre su virilidad, si aprende a armarse y actúa sabiendo que la libertad no puede ser un salvoconducto para quienes pretenden destruirla”. Alain Finkielkraut citaba este hermoso párrafo, escrito por Thomas Mann un ya lejano 1936, año de enorme resonancia en la memoria colectiva española, en una entrevista aparecida este viernes en Le Figaro. El intelectual galo desgranaba el torrente de pasiones desatadas en Francia por el último atentado terrorista perpetrado en Niza, ocurrido casi a renglón seguido de que otro islamista checheno rebanara la cabeza de un profesor de instituto por haber mostrado a sus alumnos unas caricaturas de Mahoma. “No importa que exaltemos nuestra buena voluntad y nos opongamos a toda forma de discriminación: el enemigo está ahí y no nos perdona ser lo que somos”.

Francia está en pie de guerra. En realidad, el país vecino libra dos crueles contiendas contra otros tantos enemigos tan viles como poderosos: el virus de la covid y el islamismo radical. París vivió el jueves noche el espectáculo crepuscular de una avalancha de coches colapsando las carreteras en un intento por escapar de la gran ciudad amurallada frente al asalto del virus. Un atasco de más de 440 kilómetros. El espectáculo volvió a repetirse el viernes, haciendo recordar a muchos franceses el espectro de aquella multitud que en junio de 1940 huía despavorida de una ciudad a punto de ser ocupada por las tropas nazis. El enemigo ahora es otro no menos temible, un fantasma también vestido de gris que ha obligado a Macron a decretar el encierro domiciliario de los franceses durante el próximo mes. La ciudadanía, descreída y abochornada por la ineficacia de unos dirigentes incapaces de aprender la lección de la primera oleada y obrar en consecuencia, abandona París dispuesta a cuidarse por su cuenta sin renunciar a derechos y libertades esenciales.

También España se enfrenta a una doble contienda. Contra el virus de la covid, por supuesto, y contra los enemigos internos que intentan aprovechar el miedo colectivo, el pánico de los casi 60.000 muertos por la pandemia, para desmontar el andamiaje de nuestras libertades y conducir el país hacia algo parecido a una dictadura. No se han contemplado en Madrid escenas similares a las registradas en la capital francesa. La española es una sociedad anestesiada. Resignada con el fatal determinismo de nuestra historia a soportar en silencio las humillaciones de la elite gobernante. Apenas unos meses después de que el galán de Moncloa apareciera ufano ante las cámaras para proclamar que habíamos "vencido al virus”, los españoles nos encontramos en puertas de un nuevo encierro obligado por el rebrote virulento de un virus imposible de controlar por los métodos convencionales, un confinamiento similar al de marzo, pero peor que en marzo porque nos coge descreídos y escarmentados.

Esta nueva derrota colectiva camina del brazo de otra aún más dolorosa, más profunda, cual es la de hurtar al Parlamento la obligada tarea de control de la acción del Ejecutivo durante seis largos meses. Nada menos que 194 diputados, representantes todos de la soberanía nacional, aceptaron el jueves hacerse el harakiri y cerrar el Congreso hasta el 9 de mayo. “Aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal, no merecen libertad ni seguridad” (Benjamin Franklin). El virus que en marzo paró la economía ha terminado dañando también el principio de legalidad y poniendo nuestra democracia contra las cuerdas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El 4 de julio, tras presumir de haber derrotado al virus, Sánchez animaba a los españoles a “no dejarse atenazar por el miedo” y “salir a la calle, porque hay que recuperar la economía”, sin dejarse vencer por el miedo a los rebrotes. Y dicho esto se fue de vacaciones varias semanas, dejando en el limbo de los justos la promesa de trabajar en los cambios legales necesarios para no tener que depender de la declaración del estado de alarma, tan complicado a la hora de lograr los apoyos necesarios, en caso de regreso de la pandemia.

Es cierto que esta segunda oleada ha desbordado las previsiones de todos los gobiernos europeos. Todos se baten a la defensiva. Pero en Francia Macron da la cara ante los franceses y se explica. Quiere ser honesto y hasta lo parece. Nuestro Pedrito Sánchez, por el contrario, se esconde. Desde que la nube de los rebrotes fuera ganando volumen hasta componer la imagen de un cumulonimbus capaz de descargar nueva atroz tormenta, su estrategia no ha sido otra que la de tratar de eludir su responsabilidad para endiñársela a otros, básicamente a los presidentes de las comunidades autónomas, y hacerlo, además, con un descaro rayano en lo delictuoso. “El contraste es que si el primer estado de alarma se utilizó para concentrar todo el poder en Sánchez, lo que pretende con este segundo es quitarse de en medio, esconderse tras la pantalla de las CCAA y soltar un paquete que es un saco lleno de explosivos”, indicaba Ignacio Varela en Onda Cero. Macron ha confinado Francia durante un mes ante “el temor a las 400.000 nuevas muertes que podrían producirse en esta segunda oleada de la pandemia” (Le Figaro). ¿Cuántas muertes de españoles, quizá 200.000, 300.000 tal vez, serán necesarias para que este aprendiz de autócrata se sienta concernido a la hora de asumir la responsabilidad que le compete como presidente del Gobierno? Si la vida de los españoles es cosa de los presidentes autonómicos, ¿para qué necesitamos un Gobierno?

Incapacidad gerencial y vacío moral
Envite tan descomunal ha venido a poner en evidencia la incapacidad gerencial del dúo que nos gobierna, además del vacío moral del descuidero que en mayo de 2018 se apoderó del poder con la ayuda de los enemigos internos de la nación. Desde entonces todo gira en torno a la idea elemental de que nada ni nadie venga a lesionar su enfermizo afán de poder, a frustrar su voluntad de desmontar el edificio constitucional para sustituirlo por una República Federal de Cartagenas Varias, muy al gusto peronista y bolivariano de Pedro & Pablo. Todo en Sánchez gira en clave de poder personal. El proyecto de PGE para 2021, por ejemplo, o la voluntad expresa de gastar (España no tiene capacidad para afrontar el pago de la deuda que este Gobierno está contrayendo, de modo que, con o sin ayudas europeas, nos encaminamos hacia una inevitable crisis de deuda) como si no hubiera un mañana con la finalidad no de elaborar unas cuentas públicas convenientes para la nación en estos tiempos de zozobra, sino de asegurar el futuro del proyecto de poder del ecosistema Pedro & Pablo.

Se acerca un invierno dramático tanto en lo sanitario como en lo económico. También en lo que al orden público se refiere, que es tanto como aludir a la paz social y la convivencia entre españoles. Las revueltas callejeras, acompañadas en algunos casos de saqueos, ocurridas la noche del viernes al sábado en Barcelona, Burgos, Bilbao y Santander parecen la avanzadilla de acontecimientos de enorme gravedad que podrían ocurrir en los próximos meses. ¿Cosa de “terraplanistas enloquecidos"? Vienen tiempos duros, aumentados por la amenaza de ese nuevo confinamiento domiciliario y el final de los ERTE. “Me estoy planteando cerrar el bar que regento con mi mujer en la Barceloneta”, escribe un lector de Vozpópuli, “y no sabemos lo que vamos a hacer. Nuestro modo de vida está en peligro, y es jodido morirse por el virus, sí, pero también lo es no tener qué dar de comer a los críos. Rechazo la violencia, pero cuando la gente no tiene nada que perder no le puedes pedir que se quede en casa cruzada de brazos”.

Más que nunca parece imprescindible un pacto de Estado capaz de abordar el desafío que para la salud y la economía de los españoles supone esta pandemia, un gran pacto en el que deberían confluir los cuatro grandes partidos con representación parlamentaria, juntas “izquierdas” y “derechas” dispuestas a evitar la procesión de muerte y quiebras económicas que se avecina. Pero esa necesidad elemental choca con la perfidia de un personaje empeñado en dividir nuestra sociedad en dos grandes bloques en apariencia irreconciliables, divide et impera, incapaces de sentarse frente a frente para llegar a acuerdos en situaciones límite como la actual. Nada que hacer con Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno. Él es la cabeza de la hidra, el jefe de la banda que denunció Rivera, el líder de ese movimiento disruptivo que aspira a reducir a cenizas la España que hemos conocido en los últimos 40 años. El cerebro de los enemigos internos de la nación.

Voluntad de defenderse
Oponerse tanto a los enemigos externos, como a los internos. “El declive del valor puede ser el rasgo más sorprendente que un observador externo advertiría hoy en Occidente. El mundo occidental ha perdido su coraje cívico, tanto en conjunto como por separado, en cada país, cada gobierno, cada partido político (…) Este declive es particularmente notable entre el grupo dirigente y la elite intelectual, traspasando esa impresión de pérdida de coraje a toda la sociedad. ¿Debería uno recordar que desde la antigüedad la pérdida del valor se ha considerado el principio del fin?”. El párrafo pertenece al discurso pronunciado en Harvard en 1978, el año de nuestra Constitución, por Alexander Solzhenitsyn, apenas cuatro años después de haber huido de la Unión Soviética. Pérdida de valor entendida como la ausencia de la voluntad y la capacidad intelectual de defenderse, no tanto contra los ejércitos extranjeros, sino contra esa quinta columna decidida a demoler todo lo que Occidente solía defender.

“La población se ha sometido, en 24 horas, a una ley de emergencia que pretende superar una epidemia. ¿Sería posible desencadenar la misma contundencia contra los que quieren decapitar a Francia? A estas preguntas que legítimamente atraviesan la opinión pública, el Ejecutivo debe responder sin temblar. El procedimiento arbitrario y meticuloso reservado a los más dóciles es característico de los Estados débiles”. Es parte del editorial que ayer sábado publicaba el diario francés Le Figaro. El drama de España es que sus enemigos internos se han apoderado de las instituciones del Estado y se han hecho fuertes en él. Con el apoyo de 194 diputados. ¿Demasiado tarde para cualquier cosa?

Estado de alarma constitucional
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli  1 Noviembre 2020

El Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta del Gobierno que es inconstitucional. En otras palabras, una mayoría de los representantes elegidos por el pueblo español para elaborar las normas que organicen nuestra convivencia en paz y libertad ha votado a favor de vulnerar lo establecido en nuestra Ley de leyes. Este suceso gravísimo, perturbador e increíble se ha producido ante los ojos de nuestros compatriotas, sin que haya surgido una reacción de la ciudadanía proporcional al atropello. Es más, de las tres fuerzas de la oposición, una ha apoyado esta monstruosidad y la otra se ha abstenido. Sólo un grupo parlamentario, el tercero de la Cámara, se ha opuesto y ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Lo que ha sometido el Gobierno al Parlamento es una declaración del estado de alarma para combatir los estragos de la pandemia del covid-19 de una duración de seis meses. Esta medida se basa en el Artículo 116, punto dos, de nuestra Norma Fundamental. Veamos lo que dice este precepto literalmente: “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la declaración”.

Una simple lectura del texto, sin necesidad de esfuerzo hermenéutico alguno ni de consulta a expertos juristas lleva a cualquier ser humano alfabetizado a la conclusión de que un arranque de un estado de alarma dispuesto por el Ejecutivo en uso de sus atribuciones que exceda de quince días vulnera de pleno la Carta Magna. Ayer noche -escribo esta columna el viernes 30 de Octubre- en el programa de televisión 'El Gato al Agua' de El Toro TV, en el que participo todos los jueves, intervino el magistrado del Tribunal Supremo y exvicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas. Interrogado sobre la constitucionalidad del estado de alarma de seis meses impulsado por Pedro Sánchez, afirmó sin vacilación o matiz alguno que era indiscutiblemente inconstitucional. Por tanto, si es objeto de recurso será declarado nulo por el Alto Intérprete de nuestra Ley Fundamental.

Una vez constatado que España es un Estado miembro de la Unión Europa en el que ni el Gobierno ni una mayoría de los integrantes del Poder Legislativo respetan la Constitución, hay que extraer las oportunas consecuencias de semejante desgracia. La primera es que el principal partido de la oposición ha renunciado a su papel de freno y denuncia de los eventuales desmanes del Ejecutivo y que por razones tácticas o quizá por motivos no confesables, se ha convertido en colaborador tácito de un desaprensivo que desde La Moncloa parece dispuesto a desmontar nuestro orden institucional y jurídico al servicio de su desmedida ambición. La segunda es que un Gobierno capaz de tal tropelía puede hacer cualquier cosa con tal de llevar adelante su agenda política, tanto la explícita como la oculta, sin que exista por parte de las llamadas fuerzas constitucionalistas -con la honrosa excepción de Vox- voluntad de impedir futuros abusos. La tercera es que la Nación únicamente cuenta con la protección, antes de ser engullida por el totalitarismo, de una Corona debilitada y asediada y de unas instancias judiciales sometidas al asalto impúdico de poder ejecutivo.

Sin el PP ni Ciudadanos
Nada podemos esperar de un Partido Popular perdido en sus complejos centristas y de un Ciudadanos abrumado por su imparable agonía. Nuestras tenues esperanzas quedan depositadas así en la llamada sociedad civil, ese núcleo de contorno variable formado por millones de emprendedores, profesionales, autoempleados, profesores, intelectuales y servidores públicos, en el que se supone quedan todavía suficientes reservas de energía, patriotismo y lucidez para detener la marea liberticida que nos inunda.

El lado oscuro se ha quitado la máscara y ya no se recata, pisotea la Constitución, insulta a la Corona, aplasta derechos fundamentales, exhibe su incompetencia con total desfachatez, hace pedazos la unidad nacional, resucita la Guerra Civil para ganarla ochenta años después, destroza a la clase media para empobrecerla antes de esclavizarla, endeuda al Estado hasta límites suicidas, expende títulos de Secundaria y de Bachiller sin límite de suspensos y, en definitiva, se afana en transformar una sociedad moderna, avanzada, occidental, pluralista y próspera en un conglomerado de tribus hostiles entre sí, sin autoestima ni certidumbres morales, colectivizado y dependiente de un erario exangüe.

Efectivamente, nos encontramos en un estado de alarma sanitario, pero subyacente a este flagelo late persistente, tóxica, destructiva y ni siquiera disimulada, una amenaza mucho peor, un estado de alarma constitucional.

Presidente a la fuga
Chapu Apaolaza larazon 1 Noviembre 2020

El escaño donde debía estar el presidente del Gobierno durante el debate sobre la prórroga de seis meses del Estado de Alarma quedó vacío, preso de una soledad azul e inmensa. España estaba a punto de prestarle los mayores poderes concedidos nunca en la historia de la democracia. El poder legislativo se hacía el hara-kiri y el presidente no estaba. Digo yo que podría haber dejado algo allí puesto, siquiera un póster, un cartel de «Salimos más fuertes», una camiseta de Simón, un chistecillo de Simón, la moto de Simón, la almendrita de Simón, la curva aplanada, o el camarero derrumbado frente a su restaurante en la acera de una Zaragoza cada día más desesperada. Sánchez podría haber dejado cualquier cosa que no fuera el aire que normalmente ocupa Sánchez. El esdrújulo poder del presidente quedaba representado en la inquietud –casi la zozobra– de ese hueco de poder en el que en cualquier momento podía aparecerse como la sonrisa del gato de Alicia en Moncloa. Porque existe Sánchez en su ausencia como el vacío en la obra de Eduardo Chillida, un espacio desprovisto de materia, una oscuridad cósmica en la que el Gobierno vuela como un murciélago que colisiona con paredes y objetos.

En el escaño de ausencia presidencial en el debate sobre el estado de alarma cabe comprender un vacío de poder y también un exceso. Entre ambos se dibuja un espacio inquietante y revelador que va del mando único en el comienzo de la pandemia –discursos con brillos de las medallas de los generales– al verano de la nueva normalidad en que desapareció el jefe de Gobierno. Mientras las comunidades autónomas se cocían en su propia incidencia acumulada a 14 días, atardecía tras las palmeras del Palacio de las Marismillas moral en el que se instaló Sánchez a la espera de que España suplicara su mando decidido, su poder omnímodo. Así pasó el verano, ensayando el movimiento de sus manos en el vuelo de los flamencos de Doñana, aguardando el momento exacto en el que el Congreso implorara su presencia soberana para entregarle el sable vergonzosamente.

Siendo una medida legal, aplicar una prórroga de seis meses de estado de alarma constituye una grosería parlamentaria hasta para los más cafeteros del sanchismo, y más todavía si se asienta la decisión en la opinión de los expertos sanitarios y en la supuesta exigencia de la ciudadanía. Como si Fernando Simón, que no olió la segunda ola y tampoco la primera, y que tiene dificultades comprensibles para saber qué es lo que va a suceder el jueves que viene, fuera a predecir qué es lo que va a pasar dentro de seis meses.

Sobrevolaba mi Españita esta cosa de que extender el último estado de alarma había resultado un infierno parlamentario. Justamente, los estados excepcionales se conciben en democracia para que resulte incómodo prorrogarlos indefinidamente, pues el estado de alarma es una medida a adoptar en última instancia y no un sofá sueco en el que repantingar un gobierno. Así se fue asentando peligrosamente esta cosa de que el juego democrático y el Estado de Derecho suponen un lío fenomenal que vale la pena esquivar para adoptar sistemas más sencillos, prácticos y efectivos. Cuando abandonó el Hemiciclo para ocuparse se supone de asuntos más importantes, Sánchez simbolizaba una presidencia a la fuga y la pérdida de las formas más elementales de la cortesía, pero también la idea de que el Parlamento es un cachivache inoperante, un engorro del que se debe prescindir si se pretende ser efectivo. De esa idea conviene desconfiar, pues supone el quicio de la puerta de cualquier tiranía.

Badenes para una pandemia
Benito Arruñada. vozpopuli  1 Noviembre 2020

Ante el agravamiento de la crisis sanitaria, el Gobierno ha decretado un extenso estado de alarma, asumiendo poderes extraordinarios sin apenas control parlamentario, restringiendo los derechos de los ciudadanos y delegando las tareas de ejecución en los gobiernos autonómicos, los cuales podrán introducir restricciones adicionales. Curiosamente, todas estas restricciones suelen pecar del mismo sesgo: establecen reglas que dejan escaso margen a la discreción individual. Se generan así numerosas situaciones en las que cumplir las reglas es insensato. Amén de ineficiente, ello acaba desprestigiando a las propias leyes.

Restringir la libertad de todos para que sea más fácil controlar a los desaprensivos revela la incompetencia de quienes nos gobiernan, pero también el escaso valor que otorgamos a la libertad individual, dos factores que quizá no sean independientes entre sí. A raíz del toque de queda, uno de los ministros menos insensatos del Sr. Rodríguez Zapatero predecía que entre el 90 y 95% de la población “no iba a notar ni un solo cambio en su rutina diaria”. Quizá sea así. Lo que es seguro es que la frase refleja un cierto grado de desprecio hacia toda minoría a la que el Sr. ministro no pertenece o con la que no se siente solidario.

Esta fobia a la libertad es también visible en la regulación del tráfico por carretera mediante prohibiciones genéricas tan eficaces como ineficientes. Lejos de establecer principios flexibles que permitirían mayor libertad, ajustando la marcha a las circunstancias, aplicamos reglas rígidas como los límites de velocidad y nos gastamos una fortuna en radares para hacerlas cumplir. Peor aún: llenamos la vía pública de incómodos badenes que restringen a todos los conductores en todo momento y con independencia del tráfico. Nuestra preferencia por restringir la libertad a priori quedó bien retratada hace unos años cuando la DGT pagaba anuncios en todos los periódicos para tildar de asesino a quien circulara a 140 km. por hora, se supone que para instarle a sentirse culpable. Ese mismo día, el bailaorJuan Manuel Fernández Montoya, “Farruquito”, solo era condenado a 14 meses eludibles de prisión por haber matado a un peatón y haber intentado encubrir durante meses que era él quien conducía el vehículo, sin carnet.

El régimen alternativo es el de las autopistas alemanas sin límites de velocidad, una posibilidad que permite circular más rápido a quien pueda y quiera hacerlo. Claro está que la libertad solo es viable con responsabilidad. Dejando a un lado hoy la responsabilidad a priori, de tipo moral, la responsabilidad a posteriori requiere que la sociedad pueda y quiera castigar la mala conducta. Ha de hacerlo incluso cuando ese castigo parece inútil y solo cobra sentido si se tiene en cuenta su efecto disuasorio. Parte de nuestro temor a dotarnos de mayor libertad quizá obedezca a que, al castigar a posteriori, nos resistimos a considerar la disuasión. Vienen aquí a la memoria las penas irrisorias (multas de entre 15.000 y 31.500 euros) que acaba de imponer la Justicia a los controladores aéreos por paralizar el tráfico aéreo en 2010, al abandonar sus puestos de trabajo; o las peticiones de indulto incondicional que abundan estos días para quienes en 2017 causaron un daño aun mayor en Cataluña. Es lógico que la libertad adquiera mala prensa cuando permitimos que se confunda con el libertinaje.

Conductas antisociales
Con la pandemia, también predominan las restricciones apriorísticas, pues la represión de conductas nocivas es poco selectiva, todo lo cual está aumentando enormemente su coste. La mayoría de nuestros gobernantes solo ha sabido prohibirnos a todos el ejercicio de derechos básicos de reunión y movilidad, sin atender apenas ni a los riesgos que presentan los afectados ni a los costes y beneficios que se ocasionan. Recuerde cómo ya en el mes de febrero —y sin oposición alguna— nuestros gobiernos subvencionaron el regreso de los estudiantes universitarios que estaban disfrutando sus Erasmus en Italia, pese a que Italia era entonces el principal foco de infección a escala mundial. Aparentemente, también hemos sido poco selectivos a la hora de castigar a los contagiadores voluntarios: las noticias informan de casos flagrantes de conductas antisociales, como enviar al colegio a niños sintomáticos. Nada dicen, sin embargo, de que esos padres hayan sido debidamente sancionados.

La inoperancia a la hora de reprimir, cuando no la tolerancia con reuniones ilegales, como los “botellones”, también refleja esa preferencia por restricciones generales, más fáciles de aplicar para el gobernante y la policía, pero también mucho más costosas desde el punto de vista social. Se trata de una inoperancia voluntaria, en la medida en que evita usar los mecanismos disponibles. Cuando el gobernante se escuda en que no puede “poner un policía en cada esquina” esconde que le bastaría con ejercer una represión selectiva y ejemplarizante. Si no lo hace es porque teme que le perjudique en las elecciones. La resistencia del Gobierno a definir nuevos tipos penales apunta en la misma dirección. Pero no se apresuren a culparle: ese coste electoral no sería tal y su actitud sería diferente si la ciudadanía mostrase otras preferencias.

Tampoco deben culparle en exclusiva por el carácter general de las restricciones. En estos meses también observamos cómo mucho ciudadano está más dispuesto a tolerar las restricciones cuanto mayor sea su ámbito personal o geográfico, sin atender a que los costes y beneficios puedan ser muy diferentes ni a que, por tanto, convendría introducir restricciones más selectivas. Una vez más, nos dejamos vencer por la envidia y el peor igualitarismo, el que nos iguala en la miseria. Baste recordar a aquellos manifestantes madrileños que rechazaban hace pocas semanas los confinamientos por zonas sanitarias en favor del confinamiento generalizado de toda la ciudad.

Ausencia de los expertos
Nuestra proclividad a las restricciones generales tampoco debe hacernos perder de vista un segundo requisito de todo régimen de libertad individual, tan simple que suele pasar inadvertido: es necesario que las reglas sean claras. Así sucede en cuestiones de tráfico, donde, además, cambian despacio y tras una discusión relativamente racional. En la pandemia, abundan las reglas, pero son cambiantes y hasta arbitrarias. Los expertos brillan por su ausencia y su naturaleza es espectral, casi fantasmagórica. El Gobierno parece usarlos como el tahúr usa los comodines. Lógico que, al principio, los ciudadanos se dividiesen entre quienes creían que “no se podía saber” y los que sospechábamos que “no se quería saber”.

Ahora, la mayoría se sienten engañados, tras haber comprobado que, incluso cuando ya sabía, el Gobierno supeditaba las reglas al deseo de encubrir su negligencia: si no nos recomendaba mascarillas era porque ni siquiera había tomado la precaución de adquirirlas. De igual modo, hoy sospechan que, de nuevo, pretende detener la segunda ola de la pandemia con restricciones generalizadas que, como los cierres y confinamientos, son fáciles de aplicar y que a corto plazo resultan llevaderas para quienes cobramos sueldos públicos. Por lo demás, muchas de estas restricciones generales, al no encarar de forma explícita la elección entre salud y economía, dan implícitamente prioridad a la salud. Pero lo hacen mirando solo al corto plazo y a costa de ampliar la brecha de desigualdad que ha abierto la pandemia entre la España del sector privado y la España del sector público.

En esta línea, pudiera resultar paradójico que el país acepte un reparto tan desigual de los costes de la pandemia cuando rechaza aplicar medidas selectivas para atajarla. La paradoja es ficticia porque es precisamente la desigualdad en el reparto lo que posibilita aplicar restricciones demasiado generales pese a que probablemente con ellas aumentan los costes totales. No es solo que nos gobiernan quienes más odian la libertad. Es que son también ellos y sus representados quienes más privilegios disfrutan y, por tanto, más razones tienen para coartar la libertad. Dicho en plata: las medidas serían mucho más selectivas y quirúrgicas si se hubieran recortado los sueldos públicos. Quien puede llegar tarde al trabajo tolera mejor los badenes.

A la espera de aprobar los PGE de 2021
Sánchez ha logrado 12 victorias decisivas a costa del deterioro de España, la Democracia y el PSOE
Rafael Halcón. Republica  1 Noviembre 2020

La ausencia de una Oposición con liderazgo y cohesionada favorece el mando de Sánchez y sus aliados Frankenstein en el ‘Reino de los Taifas’

La política española avanza a un ritmo vertiginoso y tan solo en los últimos días hemos pasado, de una moción de censura fallida de Vox en contra del presidente Pedro Sánchez, a un ‘estado de alarma’ que convierte a Sánchez en el presidente -durante medio año- con más poder temporal desde el inicio de la Transición.

Del presidente Pedro Sánchez se pueden criticar muchas cosas de su hacer político y de su comportamiento personal. Pero nadie puede negar su tesón y audacia temeraria y su capacidad para lograr pactos hasta con el diablo para permanecer en el poder.

Y para ganar todas las votaciones decisivas a las que Pedro Sánchez se ha enfrentado desde la primavera de 2016 en la que derrotó en las primarias del PSOE a la candidata del aparato socialista Susana Díaz. Luego triunfó en la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy en junio de 2018, y en la primavera de 2019 ganó las elecciones municipales, autonómicas, europeas y, por dos veces, los comicios generales del 28 de abril y 10 de noviembre de 2019.

Y en lo que llevamos de 2020, Pedro Sánchez ha ganado las votaciones de su investidura en enero, los estados de alarma de la primavera, derrotó la moción de censura de Vox y ha vuelto a ganar las votación del nuevo estado de alarma, esta vez ¡por seis meses! Y a punto está de conseguir aprobar los PGE de 2021 que le garantizan la estabilidad durante la legislatura. No en vano tiene el apoyo de Cs y puede lograrlo y el de ERC que se someterá a Sánchez cambio de los indultos prometidos al golpismo catalán.

Ahora bien, estas 12 victorias de Sánchez fueron precedidas por sus tres derrota por: su cese como secretario general del PSOE en el Comité Federal socialista del 1 de octubre de 2016, y por las dos derrotas de las elecciones generales de 2015 y 2016.

El alto precio de sus 12 victorias
Doce victorias que tienen en su haber un alto coste para España por: la fractura nacional, política social y territorial del país que incluyen alianzas Frankenstein de Sánchez con los Iglesias, Junqueras, Otegi y hasta con Puigdemont (en la moción de censura); el serio deterioro de las primeras instituciones del Estado, La Corona, la Justicia y el Parlamento; la deriva Taifa del protagonismo de las Autonomías en la crisis sanitaria y económica; y el proceso ahora en marcha de la destrucción del PSOE constitucional y democrático de la Transición, camino de un partido autocrático, populista y radical.

Un PSOE donde ‘el sanchismo’ carece de dirigentes de prestigio (el ‘estado mayor’ de Sánchez en el PSOE y el Gobierno son Carmen Calvo, José Luis Ábalos y Adriana Lastra), y de intelectuales y pensadores progresistas en el entorno de este PSOE, como los que apoyaban el PSOE en los tiempos de Felipe González y en menor manera en los de José Luis Rodriguez Zapatero.

En realidad el solo activo personal de Pedro Sánchez es Ivan Redondo, su poderoso Jefe de Gabinete que maneja muy bien y a sus anchas el aparato político y electoral de Sánchez. Incluso en su Gobierno apenas cuenta con ministros de probada preparación técnica y política en los que quizás sólo se pueden subrayar los nombres de Nadia Calviño, María Jesús Montero y Yolanda Diaz (autoras de los PGE) y los de Margarita Robles y Luis Planas.

Y por supuesto está el nombre del Vicepresidente Pablo Iglesias, profesional de la intriga política que no trabaja en nada concreto a pesar de su título de Asuntos Sociales, lo que debió obligarle a participar en la lucha contra la pandemia de la que completamente se ausentó.

Pero que, blandiendo continuamente la amenaza de sus 35 escaños, sacó réditos extraordinarios hasta convertir el Gobierno de coalición en Gobierno bicéfalo o bipresidencial, por el creciente protagonismo que Iglesias asume en la imagen del Gobierno. Lo hemos visto recientemente en la presentación de los PGE de 2021 y en el debate de la moción de censura de Vox.

Donde nadie ha visto a Iglesias ha sido en los hospitales, las residencias de los ancianos, las colas de los comedores de la caridad o del INEM en pos de cobrar los ERTE y el Salario Mínimo Vital. Sí se le ve entrar y salir de su chalé de Galapagar o pasando vacaciones de verano -que millones de españoles no pudieron disfrutar- en el norte de España con sus escoltas y coche oficial.

Frente a todo esto aparece una Oposición dividida en el centro derecha en la que la última novedad reside en la abrupta ruptura del PP de Pablo Casado con Vox y Santiago Abascal, con la que Casado pretende demostrar el regreso del PP al centro de la política. Aunque ya veremos qué incidencia tiene todo ello en el seno del electorado conservador y frente a Cs, una vez que parece probada resignación de Inés Arrimadas a continuar en el seno de la oposición, tras decidir Cs su voto afirmativo a los PGE de Sánchez y de Iglesias.

Y todo ello mientras crece la indignación ciudadana por causa de los duros controles de la epidemia y las dificultades económicas y laborales que no dejan de crecer y que empiezan a provocar en distintos territorios toda clase de protestas y manifestaciones populares que nadie sabe hasta donde van a llegar y que ahora constituyen la primera preocupación de La Moncloa por su posible impacto en la izquierda electoral.

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El Parlamento vota a favor de la dictadura de Sánchez
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 1 Noviembre 2020

No es que los diputados del Congreso, y por extensión las Cortes del Reino, no nos representen, como decían los comunistas cuando aún no se habían instalado en el Poder. Es aún peor: por mayoría absoluta -194 votos a favor, 53 en contra y 99 abstenciones- han decidido no representarnos. El Gobierno, es decir, socialistas y comunistas, junto a sus socios hijotarras, golpistas catanazis, y el zurriburri mixto cuyo modelo es Revilluca y Teruel Guitriste, han decidido abdicar la soberanía nacional a cambio del acceso directo al BOE y los Presupuestos para crear redes clientelares y asegurarse su permanencia en el Poder. La Oposición, desde que Casado apuñaló a Abascal como prueba de sangre para ser admitido en la progrez, ha volado en pedazos. Esta semana sólo quedaban Vox y un señor de Foro Asturias. Si el Parlamento existe es para representar a los ciudadanos y controlar al Poder. Al votar a favor de la dictadura por seis meses “movibles”, renuncia a su razón de ser y se convierte en sórdida zahurda de hampones a sueldo.

El desprecio del dictador a sus esclavos
Al margen de la reducida Oposición a Sánchez, el único que estuvo en su sitio en la sesión fúnebre fue el dictador: hizo hablar al pobre Illa en su lugar y se fue sin quedarse siquiera a escuchar al jefe de la Oposición a Vox. Para qué: si ya sabía el resultado de la votación y el PP está muerto. En sólo una semana, esa moción de censura que, según dijo Casado en la primera de sus altivas meteduras de pata, “no interesa a nadie y no servirá para nada”, ya ha servido para destruir al primer partido de la Oposición, que acompaña al tercero en el séquito de la pirámide de Sancheshosept I, astuto faraón que enterró primero a sus criados y se largó tranquilamente del túmulo de la democracia parlamentaria, por si le caía algún cascote.

Si no fuera ofensiva para los españoles, que estamos representados en la sede de la soberanía nacional, sería casi de admirar la chulería de ese matón de feria, que no se quedó siquiera a escuchar el gañido de sus canes. ¿Tenía algún sitio mejor al que ir? No creo, fuera cual fuera la excusa. Lo veo asistiendo con su relincho mular desde una sala contigua o arrellanado en un sofá de la Moncloa a la retransmisión del suicidio de las Cortes. No hay precedentes de un caso así: ni siquiera pusieron objeciones: se fueron a su casa por seis meses tras intentar subirse el sueldo, que ya lo harán con las comisiones, pensiones, compensaciones y subvenciones. Qué gentuza.

El entierro de Súbditos, antes Ciudadanos
Al mismo tiempo que Toni Cantó hacía un soberbio discurso contra el comunismo en las Cortes valencianas, Inés Arrimadas echaba una de sus típicas bronquitas al Gobierno antes de anunciarle su apoyo incondicional. Yo no sé cómo no se cansa esta mujer de hacer el ridículo. Y no sé cómo no ve que, a este paso, del millón de votantes que se quedaron en casa en las últimas elecciones sin pasarse a otro partido, porque aún veían en el creado, no fundado, por Rivera, unas siglas en las que volver a confiar, no van a quedar ni los diez diputados. Lo más penoso del espectáculo de su autodisolución es el énfasis. Edmundo Bal parece Durán, e Inés, Lleida.

Pero a ese Centro, que no es más que la fosa común que la Izquierda tiene excavada para la Derecha, se ha lanzado de cabeza, sin necesidad, el Partido Popular. De temer, con razón, las intervenciones de Cayetana, el Macho Moñudo ha pasado a reírse de Cuca y a burlarse de de Teodoro. A Inés ya ni la atacan, dejan que se diluya en muecas y poses para la tele. Es tal la ruina de la oposición que hasta un bufón como Echeminga Dominga se permite burlarse de Ciudadanos y sus pretensiones presupuestarias. Y, encima, con razón. No sé qué hará Carrizosa en las elecciones de febrero, salvo lamentar que se celebren. Girauta, por de pronto, ya ha vaticinado que Vox puede sacar más votos que el PP, que, aunque tiene a Alejandro Fernández, ha decapitado a Cayetana, clave de su buen resultado último. Par el conjunto de las fuerzas constitucionales el horizonte es tenebroso.

La abstención de Eurocasado
Pero siendo penoso, por residual y porque recordamos lo que ha sido, el papelón de Ciudadanos , que votó a favor de la Dictadura de Sánchez, pero aclaró que preferiría no tener que votarla, como el de Teruel El Triste, más lamentable fue la actuación y la abstención del Partido Popular. Podía haber dejado en manos de Cuca el dúo cacatúa con Illa, pero Pablo Casado, por razones que supongo entenderá su sanedrín genovés de opusición, pero nadie más, decidió hablar con un discurso sin papeles, pero muy preparado. La clave eran las citas legales: cuando sin papeles se tira de jurisprudencia es porque el discurso improvisado ha sido escrito la noche anterior, que es como confiesa Azaña en sus Diarios que preparaba sus improvisaciones.

Y el discurso fue, en efecto, muy bueno. Si no hubiera hecho lo mismo en el de la última prórroga del Estado de Alarma antes del verano, hasta nos hubiera sorprendido que, tras dar argumentos sobrados para votar No, anunciara su abstención. Entonces fue peor: explicó que se debía votar No y anunció que votaría sí. Dos diputados que se fueron al baño antes de votar, se equivocaron, porque apretaron el botón de los argumentos y no el de las contradicciones. Pero en este caso aún ha sido más grave. Un orador anunciando que debe renunciar a hablar seis meses pero que el atropello del Gobierno es tan grave que lo piensa denunciar a las instituciones europeas, y a continuación dice que su partido se abstiene, es un monumento a la nada, o a la inutilidad, o a la estupidez, o a la cobardía, o simplemente a la cabezonería de no haber visto en la moción que debía acariciar el lomo del vencido Abascal, en vez de escupirle a él y a sus votantes, indignándolos; y al hecho, todavía más grave, de insistir en no coincidir con Vox ni siquiera para defender la supervivencia del Parlamento frente al dictador Sánchez.

Una burla a la razón y a la Constitución
Es una ofensa a la razón, una burla a la Constitución, una tomadura de pelo a la democracia y una puñalada al sistema representativo que tanto Casado como Arrimadas hayan criticado la pretensión de Sánchez de que la lucha contra el virus, de cuya pésima gestión es responsable el Gobierno, necesite el cierre de las Cortes y no rendir cuentas a los representantes de la soberanía nacional, pero que, a la hora de votar, hayan esgrimido esa razón bastarda que criticaban: que es necesario prescindir de la Ley, cuyo templo son las Cortes, para que pudiéramos sobrevivir al virus. ¡En manos de los matasanos del 8 de Marzo!

Lo peor es que los diputados que han votado esta semana su propia deslegitimación no parecían darle ninguna importancia. Como si la brecha entre representantes y representados no fuera ya bastante grande y no fuera a ahondarse más en los meses venideros, los diputados apretaban obedientes el botón del sueldo con la alegría del que se va de vacaciones. Y es que, para ellos, eso es lo que han hecho: tomarse seis meses de vacaciones sin renunciar a la paga ni al aprobado. No nos representan porque no quieren. Malditos sean y serán.

Te seguiré llamando «tridelincuente» y «marqués de Galapagar»
EDUARDO INDA okdiario 1 Noviembre 2020

—Una de nuestras líneas de trabajo es minimizar el clima contrario en las redes a la gestión del Gobierno—.

Como quiera que la memoria colectiva es frágil, recordaré que esta salvajada en términos democráticos no la vomitó Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, ni siquiera el asesino Nicolás Maduro. Salió de la boca del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago mientras hablaba desde el atril de la Sala de Prensa de La Moncloa. Hay quien sostuvo y sostiene que se inmoló harto de las presiones que recibía del inefable ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para controlar y perseguir a la ciudadanía contraria al Ejecutivo socialcomunista. Que este sujeto no había perdido el oremus quedó claro, más allá de toda duda razonable, menos de una semana después cuando OKDIARIO publicó la orden que había trasladado a las comandancias instando a perseguir “las campañas de desinformación, bulos y fake news susceptibles de generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”. Lo suyo fue, simplemente, un rapto de sinceridad propio de alguien sin tablas a la hora de hablar en público y, en consecuencia, más sujeto al error o a cantar La Traviata.

A los buenistas que continuaban creyendo en la probidad de Santiago se les cayeron los palos del sombrajo el 20 de junio cuando comprobaron estupefactos cómo le ascendían a jefe del Estado Mayor de un Cuerpo ejemplar en el que este personaje es la excepción que confirma la regla. Se le obsequiaba con más dinero y más cargo a cambio, obviamente, de su silencio y de que permaneciera tranquilito. Un acto ejemplar más de esta banda que nos gobierna cuyo indisimulado objetivo pasa por someter a una institución con 176 años de impecable servicio a España.

A los que, como el embustero Marlaska, aún alegan que fue un “lapsus” cabría refrescarles la memoria y recordarles que dos semanas antes (el 6 de abril, concretamente) el notario mayor del Reino, Juan Carlos Campo, había abonado convenientemente el terreno dando pistas de por dónde iban los tiros: “Hay que hacer un cambio legislativo para dotarnos de instrumentos legales contra quienes contaminan la opinión pública”. Ni el ministro ni desde luego Santiago se volvieron tarumbas, simplemente, confesaron una estrategia tan meditada como diabólica con un objetivo perogrullesco: que sea el Gobierno el que decida quién contamina la opinión pública y quién no. Está de más precisar que los medios críticos formarán parte del primer elenco y los felpudescos integrarán el segundo. El fin ulterior consistía en silenciar a quienes denunciamos la negligencia criminal de un Gobierno que permitió esa bomba biológica que fue el 8-M, la vulgar falsificación de las cifras de muertos y contagiados y esas compras de material sanitario por precios inexplicables salvo que sirvan para el correspondiente trinque de comisiones.

Todo ello por no hablar de esa Ley contra la Desinformación con la que el Ejecutivo lleva amenazando meses, exactamente desde que en 2018 OKDIARIO destapase que Pedro Sánchez robó su doctorado. Aquello fue la gota que colmó el vaso de la chulería de un presidente que no llevaba ni cuatro meses en la poltrona monclovita. Una norma que continúan pergeñando en silencio y que cualquier día se sacarán de la chistera con la ayuda de sus socios filoetarras, golpistas y podemitas, encantados de amordazar a periodistas disidentes y ciudadanos opositores.

Les da igual ocho que ochenta, lo que buscan es cargarse un derecho fundamental o, para ser más precisos, adecuarlo a sus intereses. Una de las características de cualquier tiranía, autocracia o pseudodemocracia es que es el Gobierno y no los jueces quien sentencia qué es verdad, qué mentira, qué delito de opinión y cuándo te han de perdonar la vida. El nuevo paso en ese peligroso camino llegó esta misma semana de la mano, cómo no, de Podemos. El partido financiado por la narcodictadura venezolana presentó una proposición no de ley (PNL) “contra el odio en las redes sociales” que, entre otras lindezas, obliga a los Facebook, Twitter, Instagram y demás operadores de turno a retirar en 24 horas mensajes que el Ejecutivo considere que incitan al odio.

Al que también le traicionó el subconsciente fue al diputado podemita Enrique Santiago esta mismita semana durante el debate sobre esa PNL. El abogado de las FARC, grupo armado catalogado como “terrorista” por EEUU, Canadá y la UE, tildó de “ofensivo” llamar “marqueses de Galapagar” y añadió: “Los títulos nobiliarios no son propios de esta época y nos parece que son insultantes». Esta última apreciación añade a la censura un estomagante toque de infantil cursilería. Lo hizo después de que los diputados de Vox Manuel Mariscal y Lourdes Méndez-Monasterio se refirieran con el famosísimo apelativo creado por Federico Jiménez Losantos a la parejita podemita que se compró por 670.000 euros un chalé de 270 metros cuadrados que valía 1,1 millones en la ya celebérrima localidad serrana.

Esta gentuza pretende emular lo que perpetró el Gobierno de su baranda, Nicolás Maduro, que a través de una juez amiga encarceló al líder de la oposición democrática, Leopoldo López, bajo el falso pretexto de “causar una serie de actos violentos, desconocimiento de las autoridades legítimas [sic] y desobediencia de las leyes, que desencadenó el ataque desmedido por parte de un grupo de personas que actuaron determinados por los discursos del mencionado ciudadano”. Con los obvios matices, y salvando las distancias que de momento existen entre el régimen chavista y el democrático español, lo que se hizo en el subyugado país hermano fue apelar a la incitación al odio y a los desórdenes públicos para enjaular al incómodo caraqueño, exiliado desde hace una semana en España.

En fin, si la iniciativa de Podemos saliera adelante, se censurará todo aquello que ellos consideren perjudicial para sus intereses en Internet y en tiempo récord. Lo más grave de todo es que la jurisdicción penal vigente ya contempla estas cuestiones, ergo, lo que anhelan es una norma ad hoc y, consecuentemente, ad hominen —obviamente, dirigida a quienes no piensan como ellos—. El artículo 510 del Código Penal ya persigue de manera implacable los delitos de odio contemplando penas de cárcel que alcanzan los cuatro años y multas de hasta 12 meses en los casos más graves. Este epígrafe es de aplicación para quienes “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio por razones de ideología, nacionalidad, raza, sexo, religión, enfermedad, discapacidad o etnia”. Al igual que están contempladas otras actuaciones como la injuria, la difamación o la calumnia. Todo esto lo suscribe alguien que, como un servidor, defiende la pertinencia de los delitos de odio pero no la de los de opinión.

Malos tiempos pues para la libertad de expresión en general y de información en particular. Lo que pretende esta chusma bolivariana es una ley antiOKDIARIO, una ley antiInda, una ley AntiLosantos, antiHerrera y antitodo lo que se les ponga por delante. Quieren hacer realidad ese Ministerio de la Verdad y esa Policía del Pensamiento que George Orwell avanzó hace casi 80 años en su obra 1984. Pronto llegará también la plasmación del Ministerio del Amor, que busca la adhesión incondicional al líder, el de la Paz, que plantea estar permanentemente en guerra —esperemos que este no sea una realidad jamás—, y el de la Abundancia, que preconiza unas cartillas de racionamiento que se asemejan a esas colas del hambre que ya se empiezan a divisar en nuestras ciudades.

Lo del pensamiento único no es exclusivamente una cuestión de aquí ni de ahora, forma parte de esa agenda globalista que dirigen en la sombra Soros y demás malhechores mundiales con el fin de uniformizar la opinión pública mundial en el lado de la izquierda. Esta misma semana, el miércoles para más señas, el Senado de los Estados Unidos interrogó a los CEOs de Twitter y Facebook, Jack Dorsey y Mark Zuckerberg, por las acusaciones de “censura selectiva” que les imputan los republicanos después de haber borrado tuits hasta del mismísimo presidente Trump. Lejos de quedarse atrás o apartarse a un lado, los demócratas acusaron a la trillonaria parejita de “falta de escrutinio” o, lo que es lo mismo, de falta de fiscalización o vigilancia.

Vas dado, querido Pablito, si te piensas que con estas tretas o amenazas impedirás que te sigamos llamando “tridelincuente”, “marqués de Galapagar [yo creo que ya eres duque, pero bueno]” o todo lo que se nos pase por el forro de nuestros caprichos. Como imagino que tampoco se arredrarán quienes, apelando a los defectos físicos como haces tú fascistoidamente con los que no te gustan, hablan de ti como “El Coletas”, “El Moñas”, “El Moños”, “El Chepas” o “El Dientes Negros”. Para amordazarnos tendrás que sacarnos del ruedo democrático con los pies por delante o pedir la salida de la Unión Europea. Hacéis lo mismo que Franco pero bajo el amparo de haber sido elegidos democráticamente. Igual, por cierto, que individuos tan execrables como Chávez. ¿Te enteras, marqués? ¿Lo tienes claro, tridelincuente?
 


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