AGLI Recortes de Prensa   Lunes 2 Noviembre  2020

Sánchez secuestra nuestra democracia. ¡Rebelémonos!
María Fuster okdiario 2 Noviembre 2020

Lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso es tan grave como que el presidente ausente, es decir Pedro Sánchez, ha perpetuado un clarísimo secuestro de uno de nuestros mayores tesoros: la democracia.

El artículo 116 de la Constitución, en su punto número 2, es claro e inequívoco: “El estado de alarma será declarado por un máximo de 15 días (…) dando cuenta al Congreso de los Diputados (…) y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo”. ¿Qué parte es la que no entiende? Yo creo que incluso un estudiante de 4º o 5º de primaria sería capaz de explicárselo.

Si bien es cierto que este es un Gobierno absolutamente falto de capacidad, y no será porque sean pocos, creo que el concepto lo entienden. El problema es otro: desprecian nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho y a nuestra Monarquía. Dicho de otra forma: tenemos un Gobierno que desprecia a España y a todo lo que ella representa.

Lo que ocurrió el jueves fue un flagrante ataque a nuestro sistema, tanto en las formas como en el fondo.

Es inaceptable que el Gobierno solicite una prórroga del estado de alarma de 6 meses y no sea Sánchez quien la pida y la defienda, pero es que además tuvo la poca vergüenza de ausentarse del debate. Alguien debería recordarle que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que éste a su vez está representado en el Congreso de los Diputados, por lo tanto, aunque sólo sea por respeto a los españoles, debería haberse quedado. ¡Mantenga las formas al menos! ¡Disimule!

Si entramos en el fondo de la cuestión, esto no es sino la constatación de que al Gobierno no le interesa nada más que acumular poder para llevarnos a un cambio de régimen. La prórroga no sólo es inconstitucional, va en contra de las recomendaciones de la Unión Europea que pide que este tipo de medidas excepcionales sean eso: anómalas, de poca duración y sujetas a control parlamentario. Resumiendo: no respetan la Constitución española y quieren que nos parezcamos más a Cuba o Venezuela que a los países de nuestro entorno.

Por todo si esto fuera poco, Sánchez ha decidido asumir las ventajas o comodidad que conlleva para un gobernante el estado de alarma, más poder con menos control, sin asumir los deberes, que en este caso sería ejercer de mando único en la lucha contra la pandemia.

Teniendo en cuenta todo esto, el Partido Popular se equivocó el pasado jueves. Abstenerse no era una opción, tendría que haber votado en contra de la prórroga del estado de alarma. Entiendo y comparto la estrategia de Casado de comenzar a construir una mayoría alternativa desde el centro, pero como líder de la oposición tiene el deber y la obligación de enfrentarse al Gobierno especialmente si lo que propone conlleva saltarse a la torera nuestra Carta Magna.

Sánchez ha secuestrado nuestra democracia, quiere hacer de lo que debe ser excepcional una nueva forma de Gobierno. Confío en que la justicia cumpla con su papel y tumbe esta flagrante violación de nuestro régimen constitucional, pero a la espera de que eso se produzca, los españoles tenemos la obligación de decir: ¡se acabó! Nos ha costado mucho trabajo mantener el espíritu de la transición y reforzar nuestra democracia, como para que vengan esta banda de socialcomunistas a echarlo todo por tierra.

El Gobierno crea un Estado subsidiado insostenible: 15,8 millones trabajan frente a los 15,1 que cobran del Estado
José María Rotellar Libertad Digital 2 Noviembre 2020

La izquierda nunca ha sido muy ducha en obtener buenos resultados en economía. Sus logros económicos suelen ser, con honrosas excepciones, inversamente proporcionales a sus éxitos propagandísticos. Es verdad que hay socialdemócratas brillantes, cuyo único problema es que suelen confiar en exceso en el gasto público sin ver del todo los efectos negativos que conlleva la expulsión del sector privado por esa sustitución que se produce por el sector público y en la merma de la actividad derivada del incremento de impuestos.

Ahora bien, esos socialdemócratas brillantes, que los hay, y creo que la vicepresidenta económica es uno de ellos, pueden obtener resultados que no sean eficientes, pero tampoco que generen un descalabro insalvable. Sin embargo, la izquierda actual, una vez que ha anulado a la vicepresidenta Calviño e incluso me atrevo a decir que a la ministra de Hacienda, que, pese a que es muy dogmática, tiene muchos años de experiencia en gestión y sabe que hay ciertas cosas que no se pueden hacer para no poner en peligro la economía, es una izquierda tremendamente irresponsable, y en el ámbito económico se ve claramente.

Lo que ha hecho con el proyecto de PGE es una huida hacia delante, donde suple la falta de crecimiento con promesas de gasto de todo tipo sin pensar en la losa de deuda que genera, porque realmente la interpretan como una deuda perpetua, que, por cierto, era la forma de financiarse que tenía el Gobierno en el régimen de Franco, con lo que aplicando los socialistas y comunistas su propia ley de rencor, deberían desterrar esa práctica, que eso sí que no era positivo.

Gasto, déficit y deuda y, sobre todo, una apuesta decidida por una economía subsidiada. La izquierda siempre ha tratado de trazar una red clientelar de voto, como supuso la instalación del PER en Andalucía en época socialista, pero ahora ya la actual izquierda no tiene medida.

Con el ingreso mínimo vital, el Gobierno de coalición entre el PSOE y los comunistas de Podemos ha decidido avanzar hacia un estado asistencial, ineficiente y que haga dependiente a los ciudadanos del poder público, pero no queda ahí la cosa.

Una economía subsidiada, clientelar e insostenible
En el proyecto de PGE ha decidido subir un 0,9% el salario de los empleados públicos, al tiempo que aumenta el número de oferta de empleo público y, con todo ello, sube un 4% la previsión de gasto de capítulo I (gasto de personal).

Paralelamente, también propone incrementar las pensiones un 0,9%, volviendo a ligarlas a la inflación, alejando la aplicación del factor de sostenibilidad. El conjunto de reformas acordadas en el Pacto de Toledo es insuficiente para lograr la sostenibilidad del sistema, pero esa sostenibilidad caerá antes con subidas ligadas a los precios. Esta subida de las pensiones no beneficia a los pensionistas, sino que los perjudica, porque ante el aumento de la pensión en el corto plazo se contrapone la elevación de riesgo que aparece con la presión sobe la deuda de la Seguridad Social, riesgo que puede terminar desembocando en un recorte de las pensiones.

Adicionalmente, con la coyuntura económica que atravesamos en esta crisis, donde se reduce también la parte estructural, al disminuir el crecimiento potencial de la economía, las prestaciones por desempleo constituyen otra losa sobre el gasto público. Si se malgasta el dinero en otras funciones habrá menos fondos para pensiones, para prestaciones por desempleo e incluso para los empleados públicos, con lo que mal servicio hace el Gobierno con su política expansiva del gasto.

¿Qué es lo que está provocando con ello? Una sociedad subsidiada. De esta manera, por ejemplo, según la última EPA vemos que en el último año ha descendido el empleo en el sector privado en 805.900 empleos y ha aumentado el empleo público en 108.500 puestos de trabajo.

Ese incremento de empleados públicos, más el que se prevé en el proyecto de PGE, tensa la sostenibilidad de las cuentas públicas, pues con el propio envejecimiento de la población el aumento de gasto en pensiones está garantizado. Si a ello le unimos las prestaciones por desempleo, entonces la presión sobre el gasto público se intensifica. De esa manera, ahora mismo tenemos 3.337.100 empleados públicos, según la EPA; 8.861.002 pensionistas, según el ministerio de la Seguridad Social; y 2.942.301 prestaciones por desempleo, según el ministerio de Trabajo. Si a ello le unimos las prestaciones por ingreso mínimo vital, escasas todavía por la lentitud en el reconocimiento de las mismas y llega a más de 800.000 familias, tal y como prevé el Gobierno, la insostenibilidad se acrecienta.

El lugar al que nos llevan estos datos es a que la economía avanza inexorablemente hacia la conversión en una economía subsidiada, clientelar e insostenible. Así, frente a los 15.839.800 ocupados que hay en el sector privado, nos encontramos con que esa cifra de trabajadores sostiene a un número similar de personas pagadas con fondos públicos, que son 15.140.403. Eso es, sencillamente, insostenible en el tiempo.

Esta gestión contraproducente sólo puede conducirnos a acentuar la destrucción del tejido productivo y, con ello, de millones de puestos de trabajo, dejando a trabajadores y empresarios sin cobertura alguna, y a destruir, así, la prosperidad labrada por los españoles, convirtiendo a nuestra sociedad en un ente pobre y subvencionado, incapaz de prosperar. Es el paso de una economía sostenible a una economía sostenida artificialmente. Es la distancia que media entre la prosperidad y la pobreza, respectivamente. Es la apuesta de la izquierda radical actual por una economía subsidiada en lugar de por una economía productiva. Es el camino más directo hacia el empobrecimiento de todos los españoles.

La posición insostenible de la ‘bluf’ Nadia Calviño
Miguel Ángel Belloso okdiario 2 Noviembre 2020

Con esa retórica inflamada pero barata que caracteriza a los títeres del momento, el presidente Sánchez ha afirmado que los presupuestos del Gobierno son muy progresistas y a la altura de los desafíos que enfrenta el país. Pablo Iglesias ha asegurado que marcan un antes y un después en la política económica, pues destierran la austeridad y promueven la justicia social.

Esta clase de desvaríos era lo menos que cabía esperar de dos tipos siniestros, expertos en la propaganda y acostumbrados a la añagaza, pero la que se ha confirmado sin duda como la peor acompañante del Consejo de Ministros ha sido la vicepresidenta Nadia Calviño, a la que la mayoría de ingenuos, ayuna de conocimientos científicos y regularmente desinformada por las televisiones sectarias, situaba como la garantía y el muro de contención de los derrotes heterodoxos y de las seguras extravagancias de sus compañeros de viaje.

Esta señora ha tenido la falta de vergüenza de declarar hace unos días que “la economía española está en una fase de reactivación”, cuando va camino de hundirse en el abismo. Peor aún, ha tenido las tragaderas de aceptar unos presupuestos absolutamente galácticos que parten de la base de que el PIB puede crecer el año que viene casi el 10% a pesar de que la pandemia está rebrotando, que su reguero de contagios ha obligado a la mayoría de las comunidades autónomas a decretar su cierre perimetral y a que en Alemania, en Francia o en Italia se hayan establecido toques de queda rigurosos suspendiendo completamente la actividad del sector de la hostelería y del conjunto de los servicios.

La hipótesis de que, en estas circunstancias extremas, Hacienda vaya a obtener en 2021 la mayor recaudación de la historia es sencillamente descabellada. Es un ejercicio de cinismo inaudito cuya única responsable es la señora Calviño, que por cierto no acudió a la presentación de los presupuestos de Sánchez y de Iglesias, pese a ser la responsable de la causa y nuestro principal interlocutor con Bruselas, y que ha dejado que sea la histérica ministra de Hacienda, la señora Montero -que sólo atiende lo que le diga el presidente y que carece del resorte natural para sonrojarse- la que haya corrido con la desagradable encomienda de anunciar unas cuentas públicas infames.

Aunque los números no saldrán jamás, el perjuicio que causarán a la economía las subidas de impuestos aprobadas será inmenso. El castigo a las multinacionales españolas, a las que se reduce sus bonificaciones precisamente por sus actividades en el extranjero, ataca las joyas de la corona que todavía tenemos. La decisión de rebajar la desgravación por los planes de pensiones privados es una ofensa en toda regla a las clases medias hasta ahora beneficiarias, y el aumento del Impuesto de la Renta para los supuestamente ricos es una invitación a marcharse a destinos menos hostiles -y los hay a cientos en estos momentos-, que es lo mismo que se puede apuntar sobre la decisión punitiva sobre las rentas del capital.

Todo el plan va en una dirección sorprendentemente contraria a la que están impulsando nuestros principales socios europeos. Sólo nos queda el hálito de esperanza de que cuando Bruselas tenga que juzgar este desarreglo el próximo 30 de noviembre la ofensa al sentido común no goce de impunidad.

En mayo de 2013, cuando el expresidente Zapatero no se tomaba la pastilla del sectarismo que le sigue acompañando hasta nuestros días, hizo unas famosas declaraciones al diario ‘El País’ en las que dijo que “bajar impuestos es de izquierdas”.

“Resulta increíble que en algún momento nuestras posiciones intelectuales hayan estado tan cerradas”, afirmó con dos cojones. Luego, poco antes de su cita con las urnas a finales de 2007, aseguró que si ganaba las elecciones eliminaría el Impuesto sobre el Patrimonio. Y cumplió su palabra. Viene bien recordar, ahora que Sánchez lo ha decidido subir, lo que entonces dijo el inefable Zapatero: » Es un tributo que recae sobre las clases medias pero no sobre las más altas, que encuentran fáciles mecanismos de elusión”.

Además, consideró que su supresión será un «estímulo para que en este país no se penalice el ahorro”. Y consideraba plenamente «justa» su eliminación, que permitía la «simplificación» del sistema fiscal y garantizaba la igualdad entre los españoles”. El entonces presidente recordó que era un tributo en vías de extinción en Europa (en la UE sólo está vigente en Francia). De hecho, algunas publicaciones como The Wall Street Journal calificaron la supresión como «la mejor idea propuesta» en materia económica del Gobierno.

Después Zapatero, ya tomando su pastilla diaria e ingresado en el sanatorio, reinstauró el impuesto, pero sus palabras siguen siendo válidas: el Impuesto de Patrimonio grava bienes que ya han sido objeto de tributación en la renta por los ingresos del trabajo y por los del capital, y esto provoca situaciones de profunda injusticia y distorsiones en el comportamiento de los agentes económicos, que cambiarán sus decisiones para no ser penalizados fiscalmente, sin apenas aportar una recaudación notoria o rédito económico alguno, salvo el que se apunte Iglesias para sostener la moral ante la menguante tropa con su obsesión enfermiza contra los ricos.

Pero si esta es una mala idea, la decisión de elevar el sueldo de los funcionarios y de revalorizar las pensiones en medio de la mayor depresión económica desde la Guerra Civil es puro terrorismo fiscal.

Cuando una nación padece la catástrofe que estamos viviendo, hasta el más ultraliberal del mundo estará de acuerdo en que el Estado debe sacar a pasear toda su artillería. El gasto público debe subir indefectiblemente, y lo va a hacer sin necesidad de voluntad política alguna, porque, ante el paro rampante, el subsidio de desempleo se va a multiplicar, y porque es oportuno que el sector público arrope a las empresas cuyo negocio amenaza quiebra por mor de las restricciones debidas a la pandemia.

También parece conveniente un aumento de la inversión estatal para avivar una demanda exangüe. Pero toda esta clase de gastos son transitorios -es verdad que la inversión pública exige luego costes recurrentes de sostenimiento-, y están ligados a la coyuntura diabólica en la que nos encontramos. Lo que es absolutamente inconveniente y rechazable es que el Gobierno profundice en su déficit estructural aumentando una serie de partidas de pagos públicos que se convertirán en permanentes, como es el caso de las subidas aprobadas para los funcionarios y los pensionistas, que son los únicos colectivos que no han sufrido la crisis. Dicho más claramente, los que han sido discriminados positivamente durante la epidemia, en el ejemplo más claro de injusticia social del que hay noticia desde hace décadas.

En los últimos doce meses, la ocupación ha disminuido en 807.000 personas en el sector privado -sin tener en cuenta los Ertes, que son una forma de paro futuro encubierto-, mientras el empleo en el sector público ha aumentado en casi 110.000 personas. Si al número de funcionarios en alza -que pasan con creces de los tres millones- sumamos los más de diez millones de pensionistas y añadimos los desempleados, que en los próximos meses van a rebasar los cuatro millones, tenemos el paisaje perfecto de una nación devastada a la que se aplica justo la cirugía equivocada: subir los impuestos a los que a duras penas pueden levantarla y elevar todavía más la cuenta corriente de los pasivos que viven de ellos.

Como tantas cosas en la vida, la economía se mueve por expectativas, y todos los mensajes que envía este Gobierno, avalados por la nefasta vicepresidenta Calviño, son negativos. Aunque los presupuestos del Estado están todavía lejos de ser aprobados, los anuncios nunca salen gratis. Las agencias de calificación de la deuda de España, de las que depende el precio que debemos afrontar para honrar nuestros compromisos obligatorios, seguro que han tomado buena nota y que se pronunciarán en consecuencia cuando llegue el momento.

La Comisión Europea debe manifestarse al respecto al próximo 30 de noviembre, y de ello dependerá que el Banco Central Europeo, que es el que ahora está anestesiando las economías del Continente con su barra libre de liquidez, continúe prestándonos asistencia en las mismas condiciones.

Nada es gratis en la vida. Si te has comprometido, como ha hecho el Gobierno español, a congelar el precio de los alquileres en unos meses, la respuesta inmediata de los propietarios ahora mismo será dejar de poner en el mercado sus pisos, una circunstancia que será trágica para las personas que quieren acceder a una vivienda.

Como la teoría de las expectativas racionales la conoce al dedillo la señora Calviño, como ella es la que va a tener la responsabilidad de lidiar con esta cochambre de cuentas públicas en Bruselas, es realmente insólito, a la par que ofensivo, que siga un minuto más en el Consejo de Ministros, salvo que la mirada glacial y venenosa de Sánchez haya paralizado en ella cualquier capacidad de reacción, habiéndola inducido una obediencia y un asentimiento perpetuo. De ser así, esto sólo revelaría lo que en justicia siempre ha sido la señora Calviño: un perfecto bluf.

19 Taifas
Jorge Fernández Diaz larazon 2 Noviembre 2020

Antes de escribir sobre las elecciones presidenciales norteamericanas de mañana, es preciso hablar nuevamente de lo sucedido en el Congreso en las dos últimas sesiones plenarias de los pasados días 22 y 29. Ambas fechas van a marcar la situación política, económica y social de España en el futuro.

Con el discurso y voto de Casado del día 22, éste convirtió la moción de censura a Sánchez en una censura a Abascal, delimitando un antes y un después en la relación del espacio político de centro-derecha. Y aunque resulte incomprensible en un escenario como el que vivimos –y el que viviremos, por la gestión de la pandemia–, Sánchez salió reforzado de una situación así.

El jueves siguiente, día 29, el Congreso convalidó un Real Decreto del estado de alarma que establece un toque de queda nocturno en todo el territorio nacional, defendido por el Ministro de Sanidad y debatido en ausencia del presidente del Gobierno. De esta manera, libertades públicas y derechos fundamentales como el de movimiento, reunión –en espacios públicos y hasta privados–, entre otros, se ven sustancialmente limitados por una norma del Ministerio de la Memoria democrática.

Esta regulación convierte a España en un reino de 19 Taifas para hacer frente a un virus cuya agresividad parece variar entre territorios, cuyos presidentes son la «autoridad delegada competente» para su aplicación, y el Gobierno un mero espectador. Sin duda, Sánchez se siente muy seguro tras obtener 298 votos contrarios a su censura. La «oposición» le ha dado motivos sobrados para ello.

“El estado de confusión nacional”
Francisco Marhuenda larazon 2 Noviembre 2020

Es verdad que muchas veces la realidad supera la ficción. En cualquier momento habrá que repartir una guía, tanto en formato papel como digital, que permita a los sufridos ciudadanos encontrar alguna luz en el estado de confusión nacional en que nos hemos instalado. Todas las mañanas será necesario actualizar los datos. La cantidad de líos es enorme y mucha gente está cabreada. La confluencia de las tres crisis lo empeora todo y lo preocupante es que no veo claridad. ¿Qué es lo que podemos o no hacer? Es la primera cuestión a la que se une el conocer los horarios, los límites en la movilidad territorial y la zonificación. Es tan grande el caos como la insatisfacción que se está extendido, porque hay que recordar que durante unos meses se produjo un duro confinamiento y todos coincidimos en que la sociedad, salvo excepciones, se comportó ejemplarmente. El problema que tendremos que afrontar es la reacción que se puede producir en medio de esta enorme crisis económica sin que exista un horizonte de certidumbre, aunque se realicen especulaciones con más voluntarismo que rigor. La economía no es una ciencia y menos exacta.

Los últimos disturbios son una vergüenza y no puede existir ni siquiera un atisbo de justificación o comprensión. Es la actuación de unos indeseables. Lo inquietante es si estamos ante un hecho aislado o es un síntoma de lo que puede suceder en el futuro. Conocemos muy bien lo que se vivió en el pasado en circunstancias catastróficas como las actuales en algunos países europeos. Las crisis extremas, que generan pobreza y hambre en amplias capas de la población, acostumbran a provocar actitudes violentas y radicales como consecuencia de la insatisfacción. Otro aspecto que no se tiene que olvidar es la violencia que hemos visto en numerosas ocasiones de los grupos antisistema atacando instituciones, destruyendo bienes públicos, que por cierto se pagan con los impuestos de todos, o asaltando comercios. Esos grupos de izquierda radical coinciden en su violencia, por supuesto, con los grupos supremacistas, nazis o fascistas. Lo que me parece inaceptable es que la izquierda aproveche lo que ha sucedido para atacar a Vox. Es bueno tener presente, además, la simpatía que tenían por los antisistema, los okupas y otros radicales que se dedicaban a la destrucción de lo ajeno. En cualquier caso, el estado de confusión nacional es tan grave como inquietante y lo peor es que el futuro es muy oscuro.

Miré los muros de la patria mía
Fernando Sánchez Dragó La Gaceta de la Iberosfera 2 Noviembre 2020

Miré, sí, los muros de la patria mía, escribió Quevedo en uno de los sonetos más desgarradores de la historia de nuestra literatura, «y no hallé cosa en que poner los ojos / que no fuese recuerdo de la muerte».

Hoy, cuando escribo esto, aún es el día de Todos los Santos, pero mañana, cuando mi columna aparezca, será el de Difuntos. Ninguna jornada más idónea para hacer lo mismo que Quevedo hizo cuando compuso su soneto. Miro, pues, alrededor y todo lo que veo, lo que escucho, lo que siento, es lo que él sentía, escuchaba y veía.

Todo, menos los muros, porque éstos ya no son los que entonces, metafóricos, definían, envolvían y protegían el territorio de un país que era, a la vez, patria y matria, sin esa grotesca taxonomía a la que el pseudofeminismo del Ministerio de la Igualdad Orwelliana llama de género. Los de ahora, los de hoy, los de estas dos fiestas de recogimiento y luto, son murallas interiores, tapias de cárcel, paredes de celda de clausura, empalizadas de campo de concentración, hormas de zapatos que hasta hace poco caminaban libres…

¡Extraña alianza la establecida entre los caciques de un gobierno totalitario y los perversos virus llegados de lejanas tierras! La pandemia se ha convertido en coartada que todo lo permite mientras el grueso de los españoles lo permite todo.

El espectáculo es pasmoso. Es cosa de no creer, de pellizcarse, de entornar los párpados, de ponerse algodones en los oídos, de inhalar un pomo de sales para ver si todo es un mal sueño y la pesadilla se desvanece. El sueño de la democracia, como el de la razón, produce monstruos.

Mujeres contra mujeres, mujeres contra varones, varones contra mujeres, catalanes contra españoles, delincuentes protegidos por las leyes, leyes que persiguen a los inocentes, inmigrantes ilegales instalados en hoteles de lujo a cargo del contribuyente, partidos de derechas que apoyan a los de izquierdas, partidos de izquierdas que reescriben la historia y obligan a los historiadores a convertirla en ficción, doctores cum mofa, estudiantes zoquetes que pasan de curso por su cara bonita, saqueadores callejeros e impunes que roban camisetas y bicicletas para revenderlas luego o pedir que les cambien la talla, ateos que increpan a los creyentes y creyentes que justifican el terrorismo, españolitos de corazón helado y de movilidad maniatada por el despotismo y la incompetencia de los gobernantes que ellos mismos eligieron, diputados que intercambian prebendas, privilegios y canonjías como si fuesen cromos y bonus track, sinvergüenzas que acusan de no tener vergüenza a quienes, pocos, aún la tienen, saturación sanitaria, triajes, telebasura, bulos, posverdades, sopa boba a cucharones, manipulación informativa, medios de incomunicación, cesantías por doquier, colas del hambre…

¿Para qué seguir? ¿Para qué pasar lista a lo que todos vemos, escuchamos y sentimos a diario con sólo encender la tele, echar un vistazo a la prensa subvencionada y domesticada (otra casi no hay), asomarse al balcón, quien lo tenga, o dar, como los guardias de La verbena de la Paloma, una vuelta a la manzana?

Tarea inútil, bien lo sé, pero queda flotando en el aire la pregunta que nos hacemos muchos: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y otra, aún más difícil de responder: ¿hay salida? ¿Cabe arrimar una escalera, y dónde está, a los muros que hoy convierten la patria y la matria en unánime recuerdo de la muerte?

Perdonen el pesimismo, la melancolía, la jeremiada, el réquiem… Sírvame de disculpa que hoy es día de Difuntos, los cementerios están vacíos y las campanas que ya no tañen doblan por todos los españoles. Que Dios, si existe, nos proteja, ya que nosotros no sabemos protegernos.

Amén.

Vagos irascibles
Alfonso Ussía. La Gaceta de la Iberosfera 2 Noviembre 2020

Una proporción generosa de los votos que consiguió Podemos en sus primeras elecciones triunfales y que ha ido perdiendo por todas las alcantarillas en las citas electorales posteriores, provenían de un nuevo grupo social. El de los vagos y los pijos inmersos en el esnobismo de lo nuevo. El esnobismo, la moda, la subvención, el dinero de Papá o de Mamá como contrapunto del trabajo. Según el Duque de Bedford, autor de un formidable ensayo sobre el esnobismo, los “snobs” – sine nobilitatem-, vienen del marxismo, pero no del marxismo de Marx, sino de “Mark & Spencer”, la cadena de almacenes de ropa del Imperio británico en cuyos establecimientos, por módico precio, cualquier oficinista de segunda podía adquirir prendas de vestir más o menos similares a las habituales de la nobleza en sus casas de campo.

Pasados los años, los vagos y los pijos que jugaron a ser rompedores se han marchado de los ámbitos de Podemos por decepción, cansancio o aburrimiento. El cambio de barrio ha tenido que ver, los dineros no declarados han tenido que ver, la tarjeta de Dina ha tenido que ver, la hastiable imagen de su líder ha tenido que ver, y la estupidez de sus mensajes ha tenido que ver. Nada molesta más a un niño rico esnob de izquierdas que su líder le supere en esnobismo y condición social. En tal caso renuncia. Pero siempre queda un sector que no abandona en silencio sus frustraciones. Se trata del sector irascible, los pijos enfadados, los vagos enardecidos. Y ese sector está actuando en España, destrozando comercios, robando sus mercancías, encristalando las aceras de nuestras calles y manifestando desde la brutalidad, su desesperanza. No tienen disculpa, pero muy en el fondo, haciendo un supremo esfuerzo de misericordia, hay que comprenderlos. Son unos fracasados con un inmediato telón de horizonte como consecuencia de su indolencia, molicie y vaguería.

Estos pijos desalmados se sentían felices con unos dirigentes revolucionarios. Era muy progre presumir de haberlos votado mientras convidaban a rondas de cerveza en las barras de los bares con los 300 euros de la paga de Papá y Mamá. Pero al constatar que sus lideres revolucionarios lo que querían es tener más coches que Papá y Mamá, un chalet mejor que el de Papá y Mamá, más dinero en el Banco que Papá y Mamá y todos sus gastos disminuídos con la aportación del dinero de los impuestos, se soliviantaron. Primero contra Papá y Mamá, y posteriormente contra la sinvergonzonería de sus líderes revolucionarios. Y la emprendieron a golpes contra el mobiliario público y el comercio privado, mientras el ministro del Interior recomendaba pausa y sosiego a las Fuerzas de Seguridad del Estado, con el fin de no encender más la iracundia de los inútiles.

Una sociedad que trabaja, siempre tiene salida, aunque sus Gobiernos cierren las puertas de la esperanza. Una sociedad vaga, mal educada, mimada, iletrada, y ajena al servicio por los demás, es decir, por su nación – el Servicio Militar que se cargó el antipático Aznar contribuyó a la desaparición del entretejido que unía a la juventud española-, no obtiene otra recompensa a su fracaso que el desahogo mediante la violencia. Entretanto, España ha sido confinada en un Estado de Alarma de seis meses, el Congreso y el Senado han cerrado sus puertas ,que no sus pagos a los diputados y senadores, la buena ciudadanía obedece, y el negacionismo de la ira aumenta.

Podemos pasará y desaparecerá, si antes no lo hacemos los españoles que hemos descubierto su juego de poder y su ambición ilimitada de enriquecimiento. Pero me pregunto qué harán en el futuro los hijos de estos hijos de Papá pijos y esnobs que no han dado con un palo al agua en su vida y creen ser más interesantes por presumir de su voto a las supuestas izquierdas radicales.

Nos espera una larga temporada de vagos irascibles. Pero lo malo es lo que viene después.

Que las víctimas del Gobierno descansen en paz
Rafael Rossy https://rebelionenlagranja.com 2 Noviembre 2020

Es una tradición muy antigua empezar el Día de todos los Santos llevando flores al cementerio, a pesar de que la Conmemoración de los fieles difuntos no es el 1, sino el 2 de noviembre. Esta costumbre se explica porque solo es festivo el primero de estos días unidos entre sí por su significado.

En cualquier caso, ambas son buenas jornadas para elevar una oración por las de las personas fallecidos por el Covid-19, para recordarlas, pensar en ellos y en sus familias. Memoria especial merecen tantos ancianos que encontraron una muerte cruel e injusta en la más completa soledad, sin que ni siquiera algún ser querido les pudiera dar una muestra de cariño en los últimos instantes de su vida y negándoles la asistencia religiosa a la que tenían derecho. Todavía me estremece el recuerdo de la lectura en mi móvil del mensaje de un amigo en el que me anunció el fallecimiento de su padre solo en un hospital el 19 de marzo, precisamente el día del padre.

Ojalá quienes analicen este triste capítulo de la historia de nuestro país en el futuro no consigan comprender cómo fue posible que se abandonara a tantos ancianos a un fin despiadado. Significaría que habríamos conseguido recuperar algo de la humanidad perdida. De nosotros depende.

El Gobierno de Sánchez puso un especial empeño en ocultarnos la muerte que había tomado el país, en impedir que pudieran ser tomadas fotografías de las morgues abarrotadas de ataúdes y durante mucho tiempo quiso evitar el luto en España, a pesar de habíamos vivido la peor tragedia desde la Guerra Civil. Ante la presión popular para que se declarara el duelo, el Gobierno lo hizo 27 de mayo. Ese día no asistieron los ministros comunistas, mostrando una vez más la escasa empatía de esta ideología por la muerte ajena.

Estarían todavía con nosotros
Debemos rebelarnos ante el empeño que los defensores de la cultura de la muerte a que se han abonado incondicionalmente nuestros ministros de subestimar la vida de los mayores. Sin caer en la frialdad de los que se refieren a los muertos como un mero dato estadístico, como ‘curvas’ y ‘picos’, corremos también el riesgo de hablar de decenas de miles de muertes sin reparar en el drama personal que significa en realidad cada una de ellas; el riesgo de olvidarnos del dolor de tantas parejas separadas del modo más cruel y para siempre, de la tristeza que ha producido en las familias rotas, de la desgarradora duda que muchos hijos tendrán toda su vida de quien son las cenizas enterradas en esos dramáticos días de caos, o la injusticia de que tantos nietos deban crecer sin la compañía de sus abuelos.

Todos corremos el riesgo de acabar creyendo que los muertos por Covid-19 eran en su gran mayoría ancianos en fase terminal. Pero esa no es la realidad. Un equipo de investigación de la Universidad de Glasgow presentó un estudio en el que estimaba cuánto tiempo habrían vivido de media las personas muertas en esta pandemia, a partir de los datos demográficos y del estudio de un muestra representativa de muertos por coronavirus. La conclusión de “Los años de vida potenciales perdidos” fue que, aunque se haya difundido todo el tiempo que el Covid-19 aumenta su letalidad en las personas con afecciones de salud subyacentes, éstas apenas tuvieron incidencia sobre las estimaciones basadas en la edad y el sexo y que la media de años de vida perdidos por los fallecidos por coronavirus era de 13 años en el caso de los hombres y 11 en el de las mujeres.

Aunque el estudio no se haya realizado con los datos del caso concreto español, es altamente improbable que el resultado diera en nuestro caso una esperanza de vida de los fallecidos inferior. Estamos hablando que esta pandemia y la mala gestión del Gobierno nos ha robado cerca de 500.000 años. Más de 200 millones de días en los que los niños habrían podido ver a sus abuelos han desaparecido. Son una infinidad de momentos inolvidables que han perdido para siempre con estas muertes.

La gran mentira
Como recuerda con justa insistencia Xavier Horcajo en El Toro TV, es imperdonable que todavía hoy no exista una lista completa de todos los fallecidos y que el Ejecutivo insista en la mayor mentira de este siglo: ¡el Gobierno de un país ocultando la mitad de los muertos como si nada tuvieran que ver con ellos! ¿Por qué nos ocultan la realidad? ¿Qué nos quieren decir? ¿qué solamente asumen los que son su responsabilidad directa?

El balance de la primera ola quedó cerrado con un número de muertos cercano a las 50.000 personas. La coincidencia en el números de fallecidos en diferentes fuentes (MoMo, Aesprof, INE y la agregación de los datos de las Comunidades Autónomas) puso en evidencia el ocultamiento gubernamental. El motivo era que el Ministerio de Sanidad no quiso reconocer como muertos por Covid-19 aquellas personas que, aún habiendo sido certificado por un médico el cuadro sintomático que es propio de esta enfermedad, no habían sido diagnosticadas con una PCR.

No todos los fallecidos como consecuencia del Covid-19 y de la nefasta gestión del Gobierno fallecieron enfermos de Covid-19. La desatención provocada por el colapso de los hospitales, el temor a visitarlos o el estrés que la pandemia está causando también muerte entre los mayores. A estos muertos –que porcentualmente irán aumentando con el paso del tiempo– se les debe el mismo lamento y suponen idéntica responsabilidad.

La importación de decenas de miles de casos durante este verano como consecuencia de las fronteras abiertas y sin control, el muy deficiente sistema de rastreo implementado, la completa pasividad analítica y la estúpida descoordinación territorial por la falta de un Gobierno preparado son las causas por las que volvemos a encontrarnos de nuevo alargando esa lista que algún día se escribirá.

Sin duda han pagado justos por pecadores. Que el Señor ampare a los primeros y confunda a los segundos.

El Gobierno debe garantizar la seguridad
Editorial El Mundo 2 Noviembre 2020

Los altercados violentos que se vienen produciendo desde hace varios días en las principales ciudades del país suponen una amenaza añadida a la grave crisis sanitaria por la que atraviesa España. Con el número de contagios y muertes aumentando a cada hora y con la mayor parte del territorio afectado por medidas de restricción de la movilidad, la quema de mobiliario urbano, la rotura de escaparates y asaltos a comercios y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad ponen más en riesgo aún la estabilidad de una economía debilitada por el efecto de las medidas de prevención y la seguridad y libertad de la ciudadanía. Resulta intolerable que grupos minoritarios, cuyos orígenes, motivaciones, organización y patrón de comportamiento aún no han sido identificados por la Policía se empeñen en tensionar la convivencia y hacer más difícil el duro y prolongado esfuerzo que todos los españoles llevan meses haciendo para contener las consecuencias de la pandemia.

Es probable que algunos de estos grupos -como ocurre en países como Italia- estén protestando por la caótica gestión que el Gobierno está haciendo de la pandemia, al repetir en la segunda ola los mismos errores que en la primera, buscando el enfrentamiento estéril y contraproducente con algunas comunidades, como la madrileña. En ningún caso, sin embargo, estarían justificadas las acciones violentas de estos grupos de energúmenos. Corresponde al Ministerio del Interior retomar el control absoluto de las calles e impedir que se sigan produciendo incidentes de esta naturaleza. En toda España ya hay más de 60 detenidos -33 de ellos en Madrid- y varios policías han resultado heridos. No se puede seguir permitiendo que estos movimientos continúen imponiendo el desorden en las calles, haciendo más confusa y complicidad la situación actual.

Pero de la misma forma que el Ministerio de Grande-Marlaska ha de actuar con contundencia y firmeza para evitar que los disturbios vayan a más, los partidos políticos no deben aprovechar la situación para intentar pescar en río revuelto. El vicepresidente Pablo Iglesias, con su discurso reduccionista, lo cifra todo la acción de grupos de ultraderecha, de la misma forma que Vox habla de la extrema izquierda -en la que incluye a los independentistas radicales- y responsabiliza a incontrolados colectivos de menas, menores inmigrantes. Acusaciones basadas en prejuicios ideológicos que la Policía aún no ha podido corroborar. Resulta peligroso seguir azuzando desde posiciones extremas a sujetos radicalizados que se sirven de cualquier excusa para provocar el caos. Es fundamental, por tanto, dejar trabajar a las fuerzas del orden para que determine de dónde surgen y cuáles son los objetivos de estos manifestantes violentos para poder atajar el problema de raíz.

España no puede permitirse un nuevo foco de inestabilidad, porque ahora más que nunca necesita concentrar todas sus energías en frenar el número de contagios, reducir al mínimo los muertos y contener los devastadores efectos de la pandemia sobre la economía.

Equidistancia miserable
Nota del Editor 2 Noviembre 2020

Elegir un extremo, que está demostrado, es y ha sido el causante de innumerables asesinatos, destrucción, miseria y colocar en el otro extremo a Vox, que sin duda alguna, asocia esas plagas bíblicas con quienes siempre han sido responsables, directa y/o indirectamente, es de otros miserables

Puro vandalismo
Editorial ABC 2 Noviembre 2020

Los graves disturbios de este fin de semana en algunas capitales de provincia no deberían ser tratados como expresiones políticas del descontento social por la pandemia, porque son, pura y simplemente, actos de violencia minoritaria e injustificable. Los extremos políticos han aprovechado las noches de vandalismo y agresiones a la Policía para arrimar los sucesos a sus sectarias visiones de la situación actual, lanzando juicios de culpa genéricos y, por tanto, temerarios. España está atravesando una etapa inestable en los órdenes principales de su vida democrática. La economía y el empleo se encuentran en una crisis sin precedentes, el enfrentamiento político polariza los sentimientos de los ciudadanos, las instituciones son el escenario de tensiones e insultos, el propio Gobierno es una plataforma de ataques a otros poderes del Estado y la organización territorial del país se tambalea por la disputa de competencias. Añadir a este escenario convulso un proceso de violencia callejera legitimado por fuerzas políticas extremas sería un paso más en la consolidación de la imagen internacional de España como un Estado no fallido, pero sí frágil.

La mala gestión de la crisis del Covid-19 y la perspectiva de un empeoramiento general de la situación, con probables medidas de confinamiento domiciliario, explican el desasosiego de millones de ciudadanos, pero no justifican la violencia de estos días pasados. Los convocantes no dejan de ser unos oportunistas de las redes sociales, escondidos en el anonimato que éstas facilitan, y muy hábiles en la captación de jóvenes sin criterio, que tanto gritan «libertad» como saquean tiendas. Ver en estos comportamientos una reacción con significado político, como hacen Vox y Podemos para atacarse recíprocamente, es una temeridad que puede animar a actos de mayor peligrosidad para ciudadanos y policías. Al menos, estos episodios execrables han dado ocasión a ese contrapunto ejemplar de jóvenes de Logroño que, de forma espontánea, se organizaron para limpiar las calles de su ciudad tras una noche de vandalismo.

Los discursos políticos que se basan en el enconamiento incívico y en la descalificación del adversario crean el ambiente propicio para que el radicalismo latente, sin más ideología que la ira, se torne en violencia callejera. Por eso, es necesario recuperar cuanto antes el buen gobierno para España, lo que significa contar con liderazgos constructivos, no como el espejismo que encarna Pedro Sánchez; fijar objetivos comunes que impliquen a partidos y gobiernos autonómicos en políticas de cohesión; y convertir la lucha contra la pandemia en un proyecto nacional y no en un campo de discordia. El Gobierno se ha declarado ausente en esta crisis y el mensaje que llega al ciudadano es que no hay una dirección política común. Este es el vivero de la confusión social.

La violencia en las calles y el enfrentamiento con la Policía pueden hipnotizar a jóvenes sin referencias cívicas, y ahí empieza la responsabilidad del Ministerio del Interior y de las policías autonómicas para conocer a tiempo las convocatorias de los grupos radicales. El Gobierno no dudó en utilizar a las Fuerzas de Seguridad para que filtraran las redes sociales de movimientos críticos a su gestión, como un gesto de autoritarismo intolerable. Ahora es el momento de aplicar esas políticas de control social a los promotores de la violencia. Sus responsables son, sin duda, una minoría, pero esto no significa que sus actos no puedan tener un efecto multiplicador a medida que la situación empeore y las medidas contra la pandemia se hagan más restrictivas para las libertades y derechos de los ciudadanos.

El coronamiedo y Vox
Pedro de Tena Libertad Digital 2 Noviembre 2020

Inmersos en una gravísima e incierta tribulación sanitaria, con más de un millón de infectados, decenas de miles de muertos y un horizonte de peligro creciente y desbocado; sumidos en una gravísima e incierta ruina económica y laboral con miles de empresas cerradas o medio quebradas tras los ERTE, con otras miles a punto de cerrar y con un paro galopante, encubierto aún; enmarañados de manera inmisericorde en un destrozo de la convivencia asentada en la Constitución de 1978, con su modelo en entredicho y su Jefatura del Estado casi proscrita, y aplastados por la ideología de lo políticamente correcto, que ya va desde la bendición de ETA a la rendición del viejo dóberman PP, es natural que muchos estemos mentalmente bloqueados por el miedo. No sabemos, no podemos, tal vez no queremos, luchar para mantener el más acertado, libre y benéfico modelo de convivencia que nos hemos dado en la Historia. Y eso da miedo.

En una sociedad sanamente democrática, el miedo no debe tener presencia. Pero en España, y no es una excepción porque el temor ya es algo latente en las sociedades llamadas occidentales, el miedo existe y crece y se extiende por contagio, como saben perfectamente los manipuladores de las masas. Desde principios de año, hemos asistido a un afloramiento del coronamiedo, un virus político con el que tratan de infectarnos algunos grupos y partidos fácilmente reconocibles. Se trata de anular la defensa principal del valor de un ciudadano: la libertad, la de pensamiento, expresión y conciencia, para hacernos enfermos terminales de lo políticamente correcto.

La izquierda española siempre ha tenido claro qué es y qué no es lo políticamente correcto para ella. Todo lo que se piense por parte de las élites directivas de los partidos de la izquierda comunista, socialista y nacionalista es correcto. Seguramente, la mala memoria de los españoles, que ya no se acuerdan ni de los asesinatos de ETA, no recuerda ya nada de cuando, hacia 1993, el PP era el dóberman agresivo e incorrecto que amenazaba la democracia española. Ahora vivimos la apoteosis de lo políticamente correcto de la izquierda porque ya llega incluso al antes demonizado PP, al que muchos defendimos y que ahora consiente la caza del nuevo dóberman, Vox.

Viene esto a cuento de mi sufrimiento personal a la hora de impulsar un manifiesto Contra la calumnia sistemática de Vox y los intentos de excluirlo de la vida española. Para los detentadores de lo políticamente correcto, Vox es un partido a marginar por antidemocrático, cuando no por fascista y nazi. Pero no hay quien pueda probar que un partido que defiende la Constitución de 1978 y que cree, por ejemplo, que el Estado de derecho sólo existe realmente si las normas emanadas de su Poder Legislativo y las acciones de gobierno ejercidas por el Poder Ejecutivo tienen la garantía y el control de un Poder Judicial independiente, pueda calificarse de tal modo. Sin embargo, puede probarse que cualquier tipo de comunismo, los nacionalismos separatistas, los herederos del terrorismo de ETA y algunos sectores socialistas nunca han querido ni quieren una democracia liberal como las existentes, con unos u otros matices, en el Occidente al que pertenecemos. Y son esos, precisamente, los que dictan impunemente qué es lo políticamente correcto en la democracia española.

¿Por qué tal sufrimiento personal? Porque al recabar firmas para que amigos y conocidos, conmigo y con otros, promovieran tal manifiesto, que defiende el derecho a la existencia política de Vox y denuncia las calumnias que sufre, he comprobado la envergadura de este coronamiedo que ya nos ha invadido. Muy pocos se atreven a estampar su firma en un texto que lo único que defiende es el derecho de Vox a estar presente en la vida democrática española, mientras aceptan sin problemas que los totalitarios de la izquierda se sienten hasta en un Consejo de Ministros, se beneficie a los asesinos de casi mil españoles y se indulte a quienes perpetraron un golpe de Estado en Cataluña, por ceñirme a lo grueso.

Cuando esto ocurre, incluso entre los amigos, el sufrimiento es tan inevitable como el triunfo del coronamiedo y la dictadura que consagra.

España, ese cuento de terror
Carlos Mármol elconfidencial 2 Noviembre 2020

La política, o más bien su ausencia, sustituida por el sainete parlamentario habitual y ese invento que algunos denominan cogobernanza, nos ha conducido al precipicio. España es ya como un relato de terror gótico. Atravesamos las puertas de un segundo confinamiento masivo --viene a dar igual que se decrete por territorios-- y caminamos hacia un colapso hospitalario que ha dejado de ser probable para convertirse en cosa segura. Los presidentes autonómicos, ayudados por la indiferencia de la Moncloa, cuyo inquilino ya ni siquiera se digna a acudir al Congreso que lo nombró presidente, hacen cada uno la guerra por su cuenta, amparándose en una cobertura legal improvisada sobre la marcha tras meses de incompetencia y mentiras, y guiados por intereses particulares.

Si Sánchez, el Insomne, se inventó antes del verano lo de la nueva normalidad, el mantra de esta segunda ola --que es idéntica a la primera, porque en realidad no hemos salido de ella más que en nuestra imaginación-- es la enfática expresión de cierre perimetral. Como suele ocurrir con los términos creados por los asesores políticos, no es ninguna de las dos cosas que enuncia. Ni es cierre, ni tampo es perimetral. Lo primero es imposible: ni sacando al Ejército contamos con fuerzas suficientes para blindar el perímetro de las autonomías, que carecen de fronteras, a excepción de las mentales. Lo segundo cae por su peso: el único perímetro de España, salvo las líneas administrativas que nos distinguen de Portugal y Francia, lo forman el Mediterráneo --por el Este y el Sur-- y el Atlántico --por el Sur y el Noreste--.

Esto, que es una evidencia geográfica, parece imposible de entender para nuestros gobernantes, que estos días emiten decretos que nadie va a leer y dan órdenes virtuales imposibles de hacer cumplir, porque mutan, enmendándose a los pocos kilómetros. Su capacidad para anticiparse a la pandemia sigue siendo igual a cero. Sencillamente han dejado pasar el tiempo para, cuando todo se ha puesto negro, decir que el horizonte está oscuro. Una absoluta obviedad. ¿Nos merecemos esta tragicomedia cotidiana? Ciertamente, no. Tampoco el gallinero político en el que todos han convertido a España.

La gestión de la pandemia, igual que ocurrió en primavera, ha sido sacrificada en favor del factor aldeano, que cree que una enfermedad contagiosa acepta los adjetivos, los matices e incluso puede ser considerada parte del ficticio hecho diferencial. Decíamos el pasado lunes que España carece de estadistas. Nos quedamos cortos: ni siquiera podemos presumir de una clase política digna de este nombre. Nos gobiernan diletantes y aficionados sin sentido de la responsabilidad, muchos carentes de estudios, sin criterio y sin conocimiento de lo que, hasta no hace mucho tiempo, se conocía como el interés general, ahora convertido en una quimera.

Cáritas, la organización eclesial que atiende a los más pobres, está cerca del colapso. Los despidos, retrasados a fuerza de subvenciones públicas, se incrementarán tras unas Navidades que no vamos a olvidar nunca --porque no serán tales-- y los independentistas presentan una NASA catalana, amplificando el delirio separatista. Todo bien. Madrid insiste en hacer restricciones a la carta --a pesar de la gravedad de su situación sanitaria-- y las derechas de Andalucía, tras meses de sacar pecho, cierran provincias enteras ante el aumento exponencial de los contagios en masa. Hace falta mucha voluntad, y también ceguera, para ser optimista.

El hundimiento moral de España como sociedad amenaza a los ciudadanos y la estabilidad de Europa sin que se aviste una luz al final de este túnel. Moncloa sube los impuestos a las clases medias y premia con incrementos salariales a los funcionarios que, con la excepción de los médicos y los enfermeros, que sí se están jugando la vida, se esconden desde hace meses tras un contestador automático o los inútiles sistemas de cita previa.

El Marqués de Iglesias promete convertir la dependencia, de la que no se ha ocupado ni un minuto, al modelo nórdico. La realidad nos habla de muertes y contagios en los asilos, convertidos otra vez en infiernos. Todo lo que nos rodea es mentira. Igual que en el poema de León Felipe: “(…) la cuna del hombre la mecen con cuentos, / los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, / el llanto del hombre lo taponan con cuentos, / los huesos del hombre los entierran con cuentos, / y el miedo del hombre / ha inventado todos los cuentos”. Incluidos los de terror y espanto.

Dolores Delgado: el cáncer de España
Josep Maria Cusí Navarro elconfidencial 2 Noviembre 2020

La salud democrática de un país se mide, entre otras muchas cosas, por la seriedad de sus instituciones, siendo una de ellas la objetividad e imparcialidad de quien tenga la responsabilidad de estar al frente de la Fiscalía General del Estado.

Como hemos pasado de facto de una monarquía parlamentaria a una república sociocomunista en los próximos seis meses --a cuyo debate en el Congreso de los Diputados no se quedó si quiera a defender el déspota, impresentable y sobrado presidente del Gobierno que tenemos-- uno de los primeros pasos que dio en aras de poder hacer lo que absolutamente se le antoje, fue poner a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, sin ruborizarse lo más mínimo pese a la incompatibilidad que debería darse a raíz del hecho de haber sido previamente ministra de Justicia del actual Gobierno.

Y con igual desfachatez y desconsideración para con un pueblo español que cada día demuestra con mayor ahínco que le importamos entre cero y nada, el tirano tiene a Dolores Delgado instruida para obrar subjetiva y parcialmente (es decir, de forma diametralmente opuesta a como debería obrar) al servicio de sus intereses partidistas.

¿Que hay una multitud de querellas contra miembros del Gobierno por las muertes del Covid-19? Pues Dolores Delgado tira del igualmente impresentable --por sumiso y desprestigio por antonomasia del ilustre cuerpo de fiscales-- Luis Navajas Ramos y las querellas a la basura.

¿Que resulta que Trapero obró legalmente y es un santo al que habría que beatificar en Roma? Pues se renuncia por la fiscalía a recurrir su absolución.

¿Que como guiño a JxCat y para aprobar los presupuestos de 2021 se tiene que liberar sin medidas cautelares a los chorizos de CDC (acrónimo que de facto significa Corruptos Destrozando Cataluña) que además de financiar ilegalmente al prófugo de Waterloo se han llenado ilegalmente los bolsillos y han fomentado los incendios y destrozos del Paseo de Gracia, la Plaza Urquinaona o la Vía Laietana en curiosa muestra de su “amor” por Cataluña? Pues se les deja en libertad, con cargos, pero en libertad.

Hay personas que por méritos propios pasan a la historia de un país y son siempre más recordadas y otras que mejor olvidar, además de lamentar, que tuvieron responsabilidades relevantes y la actual fiscal general del Estado --junto con el presidente y el vicepresidente segundo del Gobierno, dicho sea de paso-- pertenece indudablemente a este segundo colectivo.

Lo cierto es que uno abriga siempre la esperanza que aunque sea en lo más profundo de su ser les queda algún resquicio de pudor, algún escrúpulo, algún sentido de la responsabilidad o algún aprecio por el pueblo español, pero conforme pasan los días, semanas y meses, parece confirmarse que ninguno de dichos resquicios existen y, como es propio de toda tiranía, obran de ese modo sin despeinarse ni incomodarles lo más mínimo.

Si yo fuera la señora Úrsula Von der Leyen, vamos, no ayudaba a esta España no ya con 140.000 millones de Euros, pero es que ni con 140 pesetas (menos de 1 euro). Y así como la Unión Europea ha evitado que el actual Gobierno de España modificase a conveniencia los miembros del Consejo General del Poder Judicial, debería plantearse muy pero que muy en serio forzar la sustitución de Dolores Delgado, porque es un cáncer para España y ya con metástasis.


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La ultramentira

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 2 Noviembre 2020

Aunque nunca los medios de comunicación han encontrado en la realidad un serio obstáculo que estropee un buen titular, sorprende el descaro con que los sicarios mediáticos de los partidos que han votado o aceptado el cierre del Parlamento -del bando constitucional, todos menos Vox y Foro Asturias- insisten en que detrás de la violencia típica de la ultraizquierda, que asalta tiendas y apedrea a las fuerzas del orden, está... Vox.

Sí. De creer a esos medios subvencionados por el Gobierno o el Ibex35 -qué no dirá La Sexta- es gente de Vox y no la ultraizquierda de Rodea el Congreso la que ataca a la propiedad y a la policía. Lo dice Podemos y lo apoya el PP. Lógico: si Casado no miente y Ortega Lara, Alcaraz y Abascal "chapotean en la sangre de las víctimas de la ETA", como curas terroristas, qué menos que quemar contenedores, asaltar tiendas y vender en la red bicicletas robadas.

Los detalles de la manipulación son realmente zafios, pero ya no hay correctores de estilo ni redactores jefes que devuelven la noticia a un redactor hasta asearla. Todo va del tuit al ordenata y del ordenata al medio, que a su vez lo tuitea y devuelve al ordenata, y así sin parar. En un caso, las denuncias de Olona contra los ultras de Italia se convierten en una denuncia contra los ultras españoles, de los que no habla. En otro, la denuncia del candidato catalán de Vox contra los grupos de ultraizquierda infiltrados en las manifestaciones de la que él cree gente harta de lo que pasa -y pasan muchas cosas, pero creo que se equivoca- es un apoyo de Garriga a los que asaltan tiendas. Tal cual.

El Izvestia del Ibex 35 precisa: los enmascarados que queman las calles son "ultraderechistas". No aporta una sola prueba, de esas que los teodorillos le piden a Abascal por decir que los borrokas son de ultraizquierda, pero si lo dice Izvestia, algo habrá.

La verdad es que no nos dimos cuenta de que faltaban pruebas de que los que atacaban la tienda de los Abascal o las sedes del PP y quemaban autobuses fueran de ultraizquierda. ¿Lo es Bildu? ¡Pruebas! ¿Y los que patearon en el suelo la cabeza de un policía? ¿Eran de Podemos, como creyeron sus jefes al ir a saludarlos, o enmascarados de Vox antes de nacer Vox, que tiene más mérito, armados con libracos de Bannon, bates de beisbol y ollas de metralla? ¡Y el pobre marqués, emocionado, creyendo que pateaban los suyos!

Iglesias meando hacia dentro
Emilio Campmany Libertad Digital 2 Noviembre 2020

Desde luego, Sánchez no es Lyndon B. Johnson.

Desde los tiempos en que era considerado de buen tono condenar toda violencia, viniera de donde viniera, es costumbre en España atribuir a la extrema derecha tantos excesos o más de los que comete la extrema izquierda. Habiendo perpetrado la ETA más de mil actos terroristas, asesinado a más de ochocientas personas, una cuarta parte de ellas guardias civiles, y teniendo que añadir a esos crímenes los del Grapo y FRAP, el atentado terrorista más famoso de la Transición es el ataque de la calle de Atocha, perpetrado por la extrema derecha contra unos abogados laboralistas que se saldó con el asesinato de cinco de ellos.

Ahora pasa lo mismo. Hartos como estamos de tener que soportar que la extrema izquierda, separatista o no, protagonice toda clase de desórdenes con quema de coches y contenedores, resulta que los últimos vividos en España han sido alentados por Vox y protagonizados por la extrema derecha. Mientras se reconoce la posibilidad de que la extrema izquierda haya participado también en ellos, la prensa amiga del Gobierno la llama “grupos antisistema”, como si no tuvieran nada que ver con la izquierda. Y resulta que no es que tengan que ver con ella, es que esos “grupos” son muy próximos a uno de los partidos que forma el Gobierno. Hasta hace bien poco, Podemos en general e Iglesias en especial justificaban, aplaudían y participaban en estas algaradas callejeras. Tanto es así que algunos de sus dirigentes han tenido y todavía tienen que saldar cuentas con la Justicia por ello.

Es cierto que Vox, con su habitual torpeza, e intentando afianzarse en su papel de único partido de la oposición, trató al principio de capitalizar las protestas pacíficas protagonizadas por los damnificados por las medidas anti-coronavirus. El entusiasmo demostrado les hace ahora parecer responsables de los desórdenes, aunque no haya ninguna prueba.

Nada se dice de la militancia de los muchos detenidos que hay. Y, sin embargo, lo que hemos visto que ha pasado en Barcelona y Bilbao es lo de siempre, la kale borroka filoetarra de Bildu y demás burricie separatista, así como la violencia desatada de los CDR que respaldara Torra y que se financian con dinero público de los impuestos de todos y que les da la Generalidad. Lo de las demás ciudades no es más que lo que los grupos de extrema izquierda hacen cada tanto. Todos ellos son de una u otra manera socios de Pedro Sánchez.

Cuando se formó este Gobierno de socialistas y comunistas se quiso justificar la decisión de incluir a Iglesias en el Gobierno y renunciar a todo entendimiento con Ciudadanos y el PP recurriendo a la máxima que aplicó Lyndon B. Johnson cuando se le pidió destituir a Edgar Hoover, que llevaba dirigiendo el FBI desde que se fundó, en 1935. El tejano justificó su negativa diciendo que quizá fuera mejor tenerlo dentro de la tienda meando hacia fuera que fuera meando hacia dentro. A la vista de los disturbios de este fin de semana, alguien podría espetarle a Sánchez, parafraseando a Churchill, que por tener a Iglesias meando hacia fuera en vez de hacia dentro aceptó la ignominia de tenerlo en el Gobierno y ahora tendrá las dos cosas, la ignominia y a Iglesias meando hacia dentro.

Disturbios callejeros: la izquierda goebbelsiana ya no se emociona
EDITORIAL Libertad Digital 2 Noviembre 2020

Ahora son ellos los que están en el Gobierno. Los que jalean a Antifa en EEUU y a la izquierda golpista en Chile. Y, claro, ahora lo que está en la calle no es el pueblo sino el fascio.

Las restricciones de movilidad impuestas abusivamente por el Gobierno a través del liberticida estado de alarma han desencadenado una oleada de protestas que han degenerado en disturbios en no pocas ciudades. La crisis cataclísmica que está desbaratando la economía nacional y las lúgubres perspectivas del futuro previsible han llevado a muchos ciudadanos a protestar contra un Ejecutivo tremendamente incompetente, demagógico y mendaz, máximo responsable del pavoroso estado de cosas, circunstancia que algunos han aprovechado no pocos para dar rienda suelta a su vesania y otros para robar con exultante impunidad.

El Gobierno social-comunista y sus terminales mediáticas se han apresurado a atribuir goebbelsianamente la autoría de los disturbios a grupos organizados de extrema derecha apoyados por Vox. Sin embargo, la trayectoria de los vándalos detenidos y las propias imágenes que se han dado a conocer apuntan más bien a la extrema izquierda. Es decir, a quien está siempre detrás de estos despliegues de violencia callejera, tan loados por el mundo proetarra, cuparra y podemarra.

En efecto, los que se escandalizan por estas escenas desgraciadamente tan familiares son los mismos que las han jaleado en el pasado como ejemplos encomiables de resistencia popular ante los poderosos. Para la izquierda criminógenea, la violencia callejera que se perpetraba cuando gobernaba el PP era jarabe democrático de primera categoría; y hasta se emocionaba cuando agredían a policías que protegían la sede de la soberanía nacional ante una turba que se movilizaba al grito de "Rodea el Congreso". El vicepresidente Pablo Iglesias no nos dejará mentir.

Pero ahora son ellos los que están en el Gobierno. Los que jalean a Antifa en EEUU y a la izquierda golpista en Chile. Y, claro, ahora lo que está en la calle no es el pueblo sino el fascio. George Orwell se volvería a morir de puro asco.

Si alguien justifica la violencia en España desde hace años es Podemos
ESdiario 2 Noviembre 2020

Los bochornosos altercados en toda España no representan más que a la ruidosa minoría antisistema, de cualquier color, que nadie ha alimentado más que Pablo Iglesias.

Resulta indignante que el partido que más han blanqueado, justificado o incluso incentivado la violencia, en sus distintas versiones, la utilice ahora para criminalizar a rivales políticos caracterizados precisamente por lo contrario.

Podemos se entiende con Bildu, ha implantado los escraches en España, ha insultado a los Cuerpos de Seguridad hasta la náusea, ha llamado "jarabe democrático" a todo tipo de excesos y, entre otras lindezas, ha respaldado a asesinos como Rodrigo Lanza y a linchadores como los condenados de Alsasua.

Con ese historial, su credibilidad democrática es nula. Y su obligación de hacer penitencia para restituirla, extrema. Que en lugar de comenzar ese proceso de restitución se dedique a acusar a VOX de los disturbios ocurridos este fin de semana en toda España, es inadmisible.

Las pruebas que demuestran la manipulación de la izquierda para acusar a VOX
Lo ha hecho Pablo Iglesias, todo un vicepresidente segundo del Gobierno, adjudicando la ola de vandalismo nocturno al partido de Abascal. Y lo ha rematado su mano derecha, Pablo Echenique, señalando además al PP y a Ciudadanos.

El propio Ministerio del Interior y los mandos policiales han dejado claro que las algaradas no tienen un convocante oficial ni obedecen a una organización sincronizada en toda España. Y las imágenes dejan clara la amalgama anárquica de radicales de todo signo, con preponderancia, en todo caso, de los que gritan "Gora ETA" o se presentan como "anticapitalistas".

La adjudicación de la violencia a los rivales puede ser otro paso más en la hoja de ruta liberticida del Gobierno

Huelga decir que toda violencia es repudiable por definición y que ninguna causa la justifica. Y huelga decir también que la protesta pacífica es legítima, con las debidas medidas de protección y siempre y cuando sea posible con un panorama sanitario cercano ya al drama. Pocos Gobiernos han dado tantas razones para la queja. Pero pocas veces el contexto es tan adverso como para demorarla si es necesario.

El empeño de Podemos en señalar a sus contrincantes no parece inocente. De un lado, consigue estigmatizar el conjunto de las protestas, como si todas fueran una manifestación de violencia y no el indicio del abrumador malestar contra el Gobierno de ciudadanos normales.

Y de otro, parece adecentar una hoja de ruta liberticida en la que el Gobierno, al calor de la pandemia, se guarda los poderes máximos mientras ejerce las competencias sanitarias mínimas. ¿Acaso al estado de alarma se le quiere añadir un grado más de restricciones que, con la excusa médica, restrinja el derecho a la protestas y reduzca aún más los controles democráticos sobre Sánchez e Iglesias? La pregunta, como mínimo ya, es razonable.

Los violentos no son de Vox
Miquel Giménez. vozpopuli  2 Noviembre 2020

Los he visto en primera persona. Y no pertenecen a nada que no sea el ejército del crimen que campa a sus anchas en España

Escucho gritos, ruido de explosiones, insultos. “¡La policía tortura y asesina!”, “¡Abajo el capital!”, “¡Fuera fascistas de nuestros barrios!”, todo en catalán. Me asomo al balcón y veo a una multitud de encapuchados tirando a los Mossos vallas, piedras, petardos que estallan de manera mucho más virulenta cuando son arrojados a las hogueras que han encendido. Amenazan a los vecinos que nos hemos asomado. “¡Hijos de puta, meteos en vuestras casas!” nos gritan, también en catalán. El mal no desea que lo vean actuar. Se reagrupan. La calle, mi calle, es estrecha, como todas en el Barrio Gótico. Podría ser una ratonera a poco que la policía decida cortarles la retirada. Pero los Mossos se lo toman con calma. En ese estira y afloja transcurren veinte minutos que a mí se me hacen eternos. Los violentos han destrozado los cristales del Ayuntamiento de Colau, la que protege a los que, según ella, “tienen derecho a la indignación”. Los mismos que asaltan un Decathlon para robar bicicletas y patinetes eléctricos que son puestos a la venta inmediatamente en Wallapop. Son los de siempre, los que difícilmente son detenidos. Viven entre nosotros, en nuestras escaleras, compran en las mismas tiendas que nosotros. Pero, al caer la noche, se arrancan los ropajes de vecinos, emergiendo la bestia que llevan dentro.

Están delante de mi casa. Con piedras, con palos, con trozos de metal. Expectantes a lo que haga la Policía, una policía que ya no sabe a qué santo encomendarse debido a la tibieza de sus mandos políticos. Apreteu, apreteu, les dijeron a los violentos. Se sienten amparados por una Generalitat que ha hecho de lo ilegal una forma de vida, tanto en lo que afecta a los asuntos de dinero como a los políticos. Jamás la delincuencia tuvo mejor coartada: “La culpa es de España y su represión”. Mi vecina de enfrente me indica que ha de salir a comprar no sé qué en la tienda del paquis de la esquina. La noche cae y tiene miedo a que el toque de queda le impida salir. Otro vecino mira y remira. Es la hora en la que aprovecha para sacar a sus dos perros, sus únicos compañeros, sus únicos seres queridos. Está solo. Los dos no se atreven a bajar a la calle. La calle siempre será de los delincuentes, pienso. Nos la robaron a las personas decentes hace muchos años. Solo podríamos recuperarla si los políticos tuvieran ese firme propósito. Me llegan al móvil instantáneas estremecedoras. “Muerte a los judíos”, dice una. La han hecho cerca del Call judío, al lado de Sant Jaume.

No son de Vox. No son de extrema derecha. Esa violencia la convocan los de siempre: los cupaires, los de Arran, los comunistas. Sus cachorros están agazapados en mi calle, esperando el asalto final. Oigo voces. “¡Eh, eh, eh, eh, eh!”, habituales cuando la policía detiene a uno de estos secuestradores del espacio público. Han cogido a uno. Ignoro la relación causa y efecto que eso pueda tener, pero los violentos de extrema izquierda se retiran. Tal vez sea porque son las nueve tocadas de la noche y sus mamás les esperan con la cena a mesa puesta. Dejan tras de sí un reguero de destrozos que pagaremos los de siempre. Un container incendiado, por ejemplo, seis mil euros. No es ese el arqueo y balance que me preocupa. Lo inquietante es que mi vecina ha decidido no salir por miedo a que estos energúmenos vuelvan. Mi vecino, tampoco. Sacude la cabeza con una tristeza infinita. Es una persona mayor. Ha vivido toda su vida en este barrio, antaño próspero y cargado de razones históricas, y ahora letrina en la que el alcohol, la droga y la violencia se han hecho las dueñas.

Veo las noticias y dicen que todo lo que pasa en mi ciudad, en Málaga, en Bilbao, en Logroño, es cosa de elementos ultraderechistas y, a lo mejor, algún ultra de izquierdas. Echenique, en un ejercicio de indignidad que lo hace caer todavía mucho más bajo de lo que ya estaba, acusa directamente a Vox. Claro, los de Abascal se lo pasan estupendamente gritando vivas a ETA, a Terra Lliure, apedreando policías, quemando mobiliario urbano y robando bicicletas para venderlas ipso facto en las redes bajo el nombre de Hussein. He ahí el auténtico incendio de los violentos, el cóctel Molotov más mortífero: habrá gente que se lo crea.

Yo no. Yo lo he visto. Yo lo he oído. Yo lo sufro y padezco a pie de obra. Yo lo cuento. Quizá por eso me odien tanto. Porque al testigo presencial no pueden venderle milongas.

La pandemia no frena la expansión de la Generalidad: nuevas 'embajadas' en Australia, Japón y Senegal
La Generalidad no repara en gastos identitarios y tras anunciar la Nasa catalana extiende su red de oficinas para atacar a España en el extranjero.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 2 Noviembre 2020

La crisis económica tras la estela del coronavirus no arredra a la Generalidad catalana, que recorta en servicios esenciales mientras dispara los gastos identitarios. Así y tras el anuncio de la creación de una agencia especial catalana, cuyo coste inicial es de 18 millones de euros, relanzará su campaña de apertura de nuevas "embajadas" con tres nuevas delegaciones en Australia, Japón y Senegal.

La Generalidad justifica el gasto en Australia porque asegura que cada vez hay más catalanes que hacen sus vacaciones en ese país "tal y como demuestra el alto volumen de casos de catalanes gestionados desde este país durante la crisis de la COVID-19", asegura la administración catalana en una nota. Además, dice que unos 3.500 catalanes viven en Australia y Nueva Zelanda.

En el caso de Japón, el gobierno catalán considera que "la apertura de la delegación es una consecuencia lógica de la relación histórica entre Cataluña y Japón los últimos 40 años: el Consulado General de Japón se instaló en Barcelona en 1987 y la primera oficina de la Generalitat en el exterior fue la oficina de Acció (agencia autonómica de competitividad y empresa) en Tokio, inaugurada en 1988".

En cuanto a Senegal, la Generalidad sostiene que su sede en Dakar "servirá para potenciar la presencia institucional de Cataluña en África, concretamente al sur del Sahara. Cubrirá el Senegal y Gambia y tendrá funciones de prospección en Costa de Marfil, Ghana, Mali y Nigeria". Según el apunte del gobierno regional, "Senegal, Gambia, Mali y Nigeria son el origen del 93% de la migración de África negra en Cataluña, un total de 58.184 personas en 2019. Por otra parte, Senegal, Gambia y Mali acogen la principal comunidad catalana en África subsahariana, en total 1.717 residentes".

Gastos opacos
La Generalidad dispone de delegaciones en la Unión Europea, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza, Francia, Croacia (cubre toda el área de los Balcanes), Letonia (cubre los países bálticos), Austria, Suecia (el destino actual de Francesca Guardiola, la hermana del exentrenador del F. C. Barcelona), Portugal, Argentina, México, Túnez, Líbano y las tres nuevas ya referidas.

La trama de "embajadas" de la Generalidad es un pozo sin fondo de gastos opacos y sin control. La administración regional nunca ha dado cuenta del coste total. En el caso del Reino Unido llegó a decir que por un error de la persona que se encargaba de la limpieza de sede se habían perdido todos los justificantes de gasto mientras que la hermana de Guardiola llegó a pasar un gasto de más de cuarenta mil euros que según dijo se correspondían a las obras de reforma de la sede de Dinamarca, abandonada en favor de Suecia.

Los alquileres de las sedes superan en muchos casos los cincuenta mil euros. En Nueva York la Generalidad llegó a gastarse más de cien mil euros en el alquiler de una oficina en un edificio de lujo.

De asesinado a asesino por la ‘memoria histórica’ y Antonio Maestre
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 2 Noviembre 2020

El periodista y escritor de extrema izquierda ha recogido en su último libro una historia falsa de la Guerra Civil, confundiendo a una víctima con su verdugo.

El último balazo a las víctimas es buscar disculpas o justificaciones para su muerte. Lo hemos visto con los asesinados por los etarras: “algo habrá hecho”, “era un chivato”, “vendía droga”, “despidió a un trabajador”… Ahora esa actitud se extiende a otras épocas por obra de la ‘memoria histórica’.

Como ésta pretende en muchos casos convertir a asesinos, violadores y ladrones en luchadores por la democracia y la república, sus cultivadores deben recurrir a la ‘posverdad’. Así se blanquean los pasados, se anulan los juicios, se niegan los testimonios de los testigos de las matanzas, se inventan niños robados y hasta se convierten las víctimas en victimarios.

La memoria se impone a la historia y los sentimientos a los hechos, de modo que una anciana puede afirmar que Adolf Hitler le besó y ganar sus quince minutos de fama, aunque sea una mentira. Demostrar que ese episodio es una fabulación, ¿se considerará, una vez aprobada la ley de memoria democrática, ‘delito de odio’?

El cura asesinado que se levanta de la tumba
La periodista María Antonia Iglesias, ya fallecida, editó en 2006 un libro titulado Maestros de la República. Los otros santos, los otros mártires, que desde su aparición ha formado parte del arsenal de los ‘memorialistas’.

En la lista de estos once santos laicos que nos expone la autora a nuestra veneración aparece Gerardo Muñoz Muñoz, maestro en Móstoles durante los años republicanos. Iglesias se basa en la obra de Koldo Palacín Ara, autor de Crónica de la Historia de Móstoles, 1908-1941 (1982) y de Móstoles, memorias de un pueblo: entre polvo, paja y moscas (1991). En estos recoge documentos del Archivo municipal y testimonios orales de la historia de los habitantes del pueblo madrileño.

Ernesto Peces Roldán
De esta manera, a partir de las declaraciones de dos parientes, una hija y una nieta, se describe la historia de Gerardo Muñoz, un hombre tan bueno que daba clases nocturnas a los adultos para alfabetizarlos. Su bondad y su progresismo atrajeron a las brujas y los monstruos, como en los cuentos de los hermanos Grimm. Ernesto Peces Roldán, párroco de Móstoles, le denunció a los represores franquistas porque quería su puesto de maestro para su hermano Eliseo. Le condenaron a muerte y le fusilaron el 24 de junio de 1939.

Un hijo de Eliseo y sobrino de Ernesto, el magistrado Jesús Ernesto Peces, se rebeló contra la mentira y contó la verdad. Según el sumario del juicio, depositado en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, cuando estalló la Guerra Civil, Muñoz formó parte en Móstoles de los escuadrones de la muerte de las izquierdas, como miembro Comité Revolucionario local. Se le acusó de redactar los escritos para la detención de los ‘reaccionarios’ y los ‘facciosos’.

Lo innegable es que el 23 de julio de 1936 el cura fue ‘chupado’, como dirían más tarde los militares argentinos, por una banda de milicianos rojos y desapareció. Como fue asesinado en 1936, es imposible que denunciara a Muñoz tres años más tarde ni se alegrara de su ejecución. Por si fuera poco, el supuesto ‘negocio’, la ocupación de la plaza vacante de maestro nacional en Móstoles por parte de Eliseo, nunca se produjo, pues éste permaneció toda su vida como profesor Institución Cruzados de la Enseñanza, fundada por el obispo de Madrid Leopoldo Eijo Garay, en Belmonte de Tajo, a ochenta kilómetros de Móstoles.

La protesta de Jesús Ernesto Peces fue rechazada con el desprecio que la clase moralmente superior para quienes interrumpen sus relatos. El País se negó a publicar una carta al director en la que contestaba a Fernando Delgado, que había calificado a su tío como “miserable con sotana”.

Como la hija y la nieta de Gerardo Muñoz se equivocan en un punto tan importante como la ‘resurrección’ del sacerdote asesinado por su pariente, es legítimo dudar del resto del relato que le hacen a Palacín, como las torturas infligidas.

¿Y quién es Koldo Palacín? Un escritor de izquierdas tan vinculado al PSOE en los años 80 y 90 que hasta la ofrecieron incorporarse a las listas municipales, lo que no sería nada malo si mantuviera la profesionalidad. Claudio Sánchez Albornoz fue presidente del consejo de ministros de la República en el exilio y Pedro Corral diputado del PP. Palacín reconoce que su primer libro “es un libro escrito más con el corazón que con la cabeza, es algo típico de su época, sin gran repercusión, basado en la tradición y sin ninguna base científica, con muchas especulaciones, pero hay que entenderlo en su contexto”.

No parece que aprendiera a trabajar fuentes para su segundo libro.

Copiar sin comprobar
La mentira no tiene las patas tan cortas como pretende el dicho popular. Catorce años más tarde sigue paseando y hasta creciendo.

El escritor Antonio Maestre ha recogido la historia falsa tal como la han contado Palacín e Iglesias en las páginas 152 a 155 de su libro Infames, dedicado a señalar a los que él considera responsables del atraso de España. Un atraso tan peculiar que en 1975 España era la octava o novena potencia industrial del mundo; los ciudadanos de entonces, si bien no tenían libertades políticas, gozaban de más seguridad laboral y poder adquisitivo que hoy; y la nación había evitado caer bajo una tiranía comunista. Vistas sus preferencias políticas, como creer que “Otegi es mejor que Abascal”, me malicio que esto último es lo que más molesta al tertuliano de La Sexta.

Maestre es uno de esos cuarentones que se creen que contribuyeron a derrotar a las SS porque ponen en su bio de Twitter el triángulo rojo usado por los nazis para señalar a los prisioneros políticos en sus campos de concentración. Tiene el título de documentalista por la Complutense. Por tanto, uno supone que, antes de dar los nombres de los ‘enemigos del pueblo’ que forman su citado libro, se habrá tomado la molestia de pasarlos por Google, sobre todo los correspondientes a personas del siglo XX.

Si se introduce el nombre del sacerdote en un buscador, aparece esta brevísima reseña biográfica en la página de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles:

“D. Ernesto Peces Roldán, párroco de Móstoles desde agosto de 1932, fue asesinado en la Casa de Campo de Madrid el 23 de julio de 1936. Su proceso de canonización está abierto junto al de otros sacerdotes diocesanos de Madrid que perdieron la vida en aquella contienda por su condición de clérigos.”

Las fechas ya no casan. En la web de la Abadía del Valle de los Caídos nos enteramos de que está en proceso de beatificación y enterrado en los osarios allí situados. Cabe deducir que la obsesión de la izquierda por arrasar el Valle se debe a un comprensible deseo de ocultar las huellas de los crímenes de quienes consideran sus mayores.

Un investigador honrado habría hecho más averiguaciones. Y Maestre, que reside Fuenlabrada, podría haberse acercado a Móstoles, que está a menos de diez kilómetros de distancia. Si no quería moverse, en las hemerotecas habría encontrado el reportaje que Jorge Bustos publicó en Época (número 1281, 2010) y un artículo de Joaquín Leguina en ABC (16-VII-2016). Pero es más cómodo copiar una patraña; tanto más cuanto apuntala los prejuicios que el autor tiene.

Ernesto Peces Roldán, el sacerdote asesinado, escribe Maestre, “testificó en la depuración del maestro una vez muerto, para así evitar que los familiares pudieran cobrar pensiones por la muerte”. A Eliseo Peces le califica de “personaje que define la infamia en su máxima expresión”. ¿Y cómo llamar a quienes atribuyen semejantes conductas a gente inocente?
Deber moral contra la mentira

Los memorialistas tienen que odiar y mentir, mentir y odiar para justificar las mayores atrocidades cometidas por sus ‘héroes’. ¡Y sabe Dios si no lo hacen también con la intención de preparar a fanáticos cegados por la rabia y el miedo!

Stanley Payne ha dicho que oponerse a las leyes de memoria histórica es “un deber moral”. Y en casos como el del sacerdote Peces Roldán, degradado de mártir de la fe a soplón, de víctima a asesino, lo es todavía más. Porque los vividores de la ‘memoria’ nos acabarán cargando la muerte de Manolete a quienes no formemos parte de su banda.

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