AGLI Recortes de Prensa   Martes 3  Noviembre  2020

Un nuevo cierre total sería la puntilla económica
José María Rotellar okdiario 3 Noviembre 2020

No deja de oírse, cada vez con más intensidad, a muchas personas que piden que se repita de nuevo el encierro de primavera, cuando Sánchez nos mantuvo casi cien días en estado de alarma -que ahora prolonga a ciento setenta y cinco días más, que en Madrid habrán sido ciento noventa, por la imposición del Gobierno de la nación, aunque, de momento, de otra intensidad-, de manera que quieren que, de nuevo, tengamos esa especie de arresto domiciliario a la que llamaron incorrectamente confinamiento.

¿Qué produjo aquello? Una caída económica de una fuerza como nunca antes se había visto en toda la serie moderna del PIB. Para encontrar un derrumbamiento económico similar habría que remontarse a tiempos de la guerra civil y probablemente ni siquiera con dicha intensidad en sólo un trimestre. Recordemos que el PIB cayó en el IITR un 17,8% trimestral y un 21,5% interanual, con caída trimestral también en el ITR y con una caída interanual que no sólo se anticipaba en dicho primer trimestre ante la debacle del IITR, sino que en el IIITR se mantiene con un descenso del 8,7%. Por tanto, aunque el IIITR haya presentado un crecimiento trimestral del 16,7% no hay que llamarse a engaño: ese dato se alcanza gracias a que en verano hubo un cierto nivel de actividad que, con todas las limitaciones, trataba de acercase a cierta normalidad -sin llegar a la plena normalidad sin adjetivos, que es la que necesitamos- y a que el punto de partida era bajísimo, ya que se iniciaba desde el cierre completo de la economía, con lo que, a poco que se produjese, el repunte estaba asegurado.

Sin embargo, nos encontramos de lleno en el IVTR y la situación no es nada halagüeña. Como digo, muchas personas insisten en volver a aquel “arresto” domiciliario que cerró toda la economía y que produjo esa caída y más de tres millones de personas en ERTE, más otro millón de empleos perdidos en sólo dieciocho días de marzo. Si se vuelve a cerrar, ahora ya no serán ERTE sino ERE, porque las empresas, especialmente las de hostelería, turismo y comercio, están exhaustas.

Hay quien dice, con bastante poco gusto -sin entrar a valorar la deslealtad que pudiere suponer- que “el choque entre PP y PSOE en los gobiernos causa muertes”. No, el virus es el que causa muertes. Un virus al que todavía no se logra mitigar del todo, como sucede con toda infección vírica, unas más fuertes y otras menos. Quien dice eso también tilda de insuficientes las medidas actuales. ¿Insuficientes para qué? ¿Es que hay garantía de que sanitariamente se vaya a mejorar con medidas más duras? Entonces, ¿por qué España ha sido la que peores datos sanitarios ha registrado en toda la pandemia si destacaba en la dureza de las restricciones? ¿No ven, quienes piensan así, que lo único que van a lograr es la ruina de todos? ¿Van a cerrar otra vez todos los bares y restaurantes, después de la ruina a la que las restricciones les han llevado y la inversión que han tenido que hacer en mamparas y otros elementos?

España no va a mejorar sanitariamente por cerrar más, sino por gestionar más eficientemente todo el plan sanitario. Hay una parte mayoritaria de la población a la que el virus no afecta de manera importante. Protejamos a los vulnerables y el resto, a trabajar. De esa manera, se podrá comenzar la recuperación, porque si se vuelve a cerrar, entonces muchas empresas ya no volverán a abrir, amén de que muchas personas terminarán con enfermedades mentales o circulatorias. No se trata de salvar la campaña navideña, sino de salvar la economía, porque si ahora se para, las empresas no llegan a Navidad. Y salvar la economía es salvar la sanidad y la salud. Mientras no comprendan esto, mientras no se den cuenta de que con cada restricción envían a miles de familia a la miseria, no habremos iniciado el camino de la recuperación. Quienes hablan tan a la ligera de cerrar, deberían reflexionar sobre sus consecuencias, también en vidas humanas, pues una depresión económica provocará más muertes que el virus. Confiemos en que recapaciten, incluso que sea capaz de hacerlo quien juega a ser el “Gran Visir Iznogud”, aunque, desgraciadamente, no hay muchas esperanzas de que eso ocurra.

La chapuza de un Gobierno más pendiente del poder que de la pandemia
ESdiario 3 Noviembre 2020

Sánchez debe aclarar hoy mismo, sin dilación, si no hay confinamientos porque no hacen falta o porque se le olvidó incluirlos en el decreto absolutista del estado de alarma.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de descartar el confinamiento domiciliario, pedido oficialmente por Melilla y Asturias y sugerido, entre otras, por Andalucía, Castilla-La Mancha o el País Vasco. Y lo ha hecho de manera oficiosa, en una entrevista en Cataluña, e incompleta, al no explicar las razones reales de esa decisión, por definición provisional.

Sobre las formas, poco que decir: es inaceptable que un asunto tan relevante, sobre el que se preguntan millones de españoles, se explique de manera oficiosa y no en una comparecencia institucional. Pero sobre el fondo, la lectura es aún más negativa.

Lío en el Gobierno: un "olvido" dificulta imponer confinamientos como en marzo
ESdiario adelantó este lunes a primera hora el desbarajuste existente en el Gobierno tras percatarse de que el decreto de estado de alarma aprobado el 25 octubre y prolongado durante seis meses días después; no incluye la potestad de confinar a la ciudadanía en sus casas, ni de manera directa desde el Ejecutivo ni de forma delegada a las Comunidades Autónomas.

Un fallo o un olvido clamorosos que contrasta con las precisiones que, a este respecto, sí contempló el decreto primigenio mediante el cual España se recluyó en los hogares durante tres meses a partir de mediados de marzo.

Es inaceptable desconocer si no se aplican confinamientos porque no hace falta o porque el Gobierno cometió su enésimo fallo

La duda de si el rechazo al confinamiento obedece a razones sanitarias o, por contra, a simples lagunas jurídicas, es inaceptable. Porque pone en entredicho la naturaleza del discurso de Sanidad y plantea la sospecha, muy fundada, de que el encierro es necesario desde el punto de vista sanitario pero inviable desde el legal.

Más indefensión
Si fuera así, se estaría agudizando la indefensión de la ciudadanía, haciéndole cree que la emergencia está controlada cuando, en realidad, no se puede desplegar la mayor herramienta de control sanitario por una torpeza o una negligencia del Gobierno. Una más.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene la indelegable obligación de aclarar esta incógnita hoy mismo. Con un ritmo de cien muertos diarios desde mediados de septiembre y media Europa tomando ya medidas de ese tipo; España no se puede permitir llegar tarde otra vez a la prevención sanitaria. Ya lo hicimos en marzo y, desde entonces, lo pagamos muy caro.

España, víctima de la improvisación
Editorial ABC 3 Noviembre 2020

Si algo está demostrando la segunda ola de contagios del coronavirus en España es que la cogobernanza que con tanto boato proclamó Pedro Sánchez meses atrás es inservible. O peor aún, que no existe. La alarma generada por ejemplo en Asturias, que acaba de solicitar al Gobierno central autorización para decretar un confinamiento masivo, dada la tasa de transmisión comunitaria, no ha sido argumento suficiente para que Salvador Illa lo permita. De hecho, Sanidad no ve razones suficientes para un cierre radical donde el presidente asturiano sí las percibe. ¿El resultado? Una desautorización del Gobierno central a otra autonomía. La réplica del presidente de Castilla-La Mancha alentando la eficacia de un mando único en la lucha contra el Covid-19, y no una respuesta múltiple y divergente de diecisiete comunidades, es otra evidencia de que España está multiplicando sus esfuerzos sin homogeneidad, sin criterio solvente y con una variedad de normas que solo generan caos administrativo y confusión ciudadana. La conclusión es que el diseño de la respuesta al virus este otoño es un fracaso. De nuevo emerge la improvisación, la desviación de responsabilidades para que no salpiquen a La Moncloa.

Sánchez solo ha querido imponer una nueva alarma para gobernar seis meses a conveniencia sin apenas tener que dar explicaciones. No ha aprobado una sola norma que permita garantizar una respuesta eficaz contra el virus y se ha limitado a utilizar la excepcionalidad como coartada para que las autonomías actúen a ciegas. Ni existe la dirección única que Sánchez se jactó de asumir en primavera, ni existe autonomía real en las comunidades. Asturias solo ha sido el último caso, como antes Madrid fue el conejillo de indias de este Gobierno. Ni Sánchez asume poder, salvo para ideologizar el virus a su capricho, ni lo cede para que las comunidades actúen en función de la evolución de la enfermedad. Objetivamente, la cogobernanza no sirve para nada salvo para que La Moncloa, y todo su aparato de propaganda oficial, combatan el desgaste de su imagen.

España no está ni mejor ni peor que otros países de nuestro entorno. Sanitariamente, el problema es común. No obstante, hay una diferencia sustancial en el modo de afrontar políticamente la lucha contra la pandemia, y ahora parece que el Gobierno de Sánchez actúa de una manera similar a la que inicialmente adoptó Boris Johnson en el Reino Unido, infravalorando la relevancia de los contagios y primando la vida social y económica sobre los «encierros» masivos. En Italia es el primer ministro, de acuerdo con la Presidencia del país, quien asume la responsabilidad final de todas las restricciones; en Alemania, Angela Merkel pacta con su Parlamento y con todos los «lander» las medidas comunes que deben adoptarse más allá de que se trate de un Estado federal; y en Francia, Macron igual, pese a las reservas de sus departamentos regionales... Pero ninguno de ellos ha planteado seis meses de estado de alarma para echar balones fuera. Sencillamente, se han organizado legislativa y administrativamente para que las soluciones sean eficaces y coherentes, de modo que el mapa de regulaciones en cada país no genere una pugna que maniate a cada territorio. Gracias a Sánchez, España vuelve a ser un caso único. Algo no va bien en España cuando la respuesta al virus es tan diversa, tan incoherente y tan inexacta. Y algo no va bien en el planeta cuando ocho meses después, y sin vacuna posible por ahora, un virus sigue condicionando nuestra vida y nuestra economía hasta el punto de situar a países como el nuestro al borde de una quiebra, presa de la inacción y la negligencia de Sánchez, y ese es el auténtico problema.

Crisis del coronavirus
El Constitucional sólo está resolviendo las cuestiones del estado de alarma que son favorables al Gobierno

Loreto Ochando okdiario 3 Noviembre 2020

La apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de imponer el estado de alarma durante seis meses, en lugar de prorrogarlo cada 15 días como marca la Carta Magna, ha sido tachado por magistrados y expertos en Derecho Constitucional como una medida “inconstitucional”. La única salida para las voces discrepantes del Congreso es un recurso ante el Tribunal Constitucional, como ha anunciado Vox. Sin embargo, el Constitucional sólo está resolviendo aquellos recursos que favorecen al Gobierno; el resto, los de la oposición, están durmiendo el ‘sueño de los justos’ en los cajones de los magistrados.

Así, y como ejemplo, está el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox hace seis meses contra las prórrogas del estado de alarma que todavía no han contestado desde el Constitucional y que contrasta, por ejemplo, con el que el Alto Tribunal contestó en sólo 24 horas prohibiendo la manifestación de un sindicato con motivo del 1 mayo, Día de los Trabajadores. Vox ha anunciado un recurso a los planes de Sánchez, pero no se prevé que el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes conteste en breve.

Vox
El primero de los ejemplos es el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox el pasado mes de abril contra la prórroga del estado de alarma. En su recurso, al que el TC no ha respondido seis meses después, el partido de Santiago Abascal exponía que “no cabe ninguna duda de que las medidas de protección deben adoptarse dentro de la Constitución y del bloque de la constitucionalidad, y no con una manifiesta vulneración de la Norma Suprema, como es el caso”.

Así, el partido conservador explicaba que “resulta claro que en el estado de alarma el Gobierno no puede hacer cualquier cosa, sino que ha de ceñirse a las medidas permitidas para dicho estado por el bloque de la constitucionalidad. Y es absolutamente incontestable que el Gobierno, a través de los reales decretos aquí impugnados, se ha excedido notoriamente de aquellas medidas, infringiendo la CE (artículos 55 -suspensión de derechos- y 116 -decreto del estado de alarma-) y la LO 4/1981 -también relacionado con el estado de alarma- y vulnerando gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos que pasamos a detallar”.

Y sobre ello, recuerdan la sentencia 83/2016, dictada en relación con el estado de alarma declarado con ocasión de la crisis provocada por la huelga de controladores aéreos, mientras José Luis Rodríguez Zapatero era presidente.

Aquella sentencia confirmaba “sin lugar a dudas el criterio expuesto”, proclamando que, “a diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio. En este sentido, se prevé, entre otras, como medidas que pueden ser adoptadas, la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos…”.

Un día
Sin embargo, el Tribunal Constitucional no ha respondido a lo planteado por Vox en seis meses. Pero, por el contrario, el pasado 30 de abril, tan sólo 24 horas después de que un sindicato que pretendía celebrar una manifestación en coches particulares en Vigo presentara un recurso de amparo, contra la decisión de la Subdelegación del Gobierno de Vigo, que les prohibía manifestarse, el Constitucional respondió dando la razón al Gobierno.

El sindicato interpuso recurso de amparo aduciendo dos derechos fundamentales: el derecho de reunión (art.21 CE) y la libertad sindical (art.28 CE). Por su parte, desde la Subdelegación de Gobierno dijeron que la manifestación no era una excepción al real decreto aprobado.

Sobre la libertad sindical, el Constitucional rechazó abordar el asunto porque “no se identificó la vertiente concreta lesionada”, aunque sí entró al fondo de la posible laceración del derecho de reunión.

A este respecto, los magistrados dijeron: “La manifestación se pretende desarrollar en el marco de una situación de pandemia global muy grave, que ha producido un gran número de afectados y de fallecidos en nuestro país, y que ha puesto a prueba a las instituciones democráticas y a la propia sociedad y los ciudadanos, en cuanto se han convertido, en conjunto, en elementos esenciales para luchar contra esta situación de crisis sanitaria y económica que afecta a todo el país, situado por mor de la misma ante una situación que, pese a no ser la primera vez que se produce (ya sufrimos, entre otras, la pandemia de 1918), sí es la primera vez que nuestra actual democracia se ha visto en la necesidad de enfrentarse ante un desafío de esta magnitud y de poner en marcha los mecanismos precisos para hacerle frente”.

Pero lo más chocante -como se explica en el blog delajusticia.com, donde analizan el fallo- es que “por razones procesales, no aborda si el decreto de declaración del estado de alarma supone o no limitación de la libertad de desplazamiento del art.19 CE o suspensión de un derecho de manifestación, pues el objeto litigioso es el examen concreto de las libertades y derechos en liza”. O lo que es lo mismo, que no podían hacer una manifestación en coche “por si colapsaban las calles para las ambulancias”.

Así, el Tribunal Constitucional dio por válida una limitación de derecho fundamental debido al estado de alarma, sin hablar sobre el estado de alarma. Es más, Vox sigue esperando una respuesta mientras ya ha anunciado un segundo recurso. ¿Correrá este otro escrito la misma suerte que el primero? Los días o, si sigue en su línea el Constitucional los meses, lo dirán.

Lo que el tirano ha querido siempre
Antonio García Fuentes Periodista Digital 3 Noviembre 2020

MONCLOA SE NIEGA A INFORMAR SOBRE LOS INVITADOS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ALEGANDO RAZONES DE SEGURIDAD: Pedro Sánchez invitó a varios amigos a Doñana a costa del dinero de todos los españoles. Los testigos relatan el trasiego de esos días alrededor de Las Marismillas: «Nunca habíamos visto tantos policías armados hasta los dientes y con los pasamontañas cociéndose al sol». (Periodista Digital 28-10-2020)

Un hecho bochornoso más y que demuestra como emplean el dinero público, quienes tienen como primera obligación, el administrarlo bien y emplearlo en hechos que puedan beneficiar a la economía española. Simplemente siento asco por estos indeseables al ver con la desidia que actúan y sin pudor ni vergüenza alguna.

MÁS DE LO MISMO:
Hace falta ser golfo para subirse el sueldo con la que está cayendo. Pues el socialista Pedro Sánchez lo acaba de hacer. El Gobierno socialcomunista se aplicará la subida de sueldos pactada para los funcionarios, un incremento del 0,9% que afectará al presidente y sus ministros. No les tiembla el pulso en estas cosas a los dirigentes del PSOE o de Podemos. En el verano, en medio de la catástrofe general, se fueron de vacaciones a cuenta del contribuyente y hasta se llevaron a sus amiguetes a comer langostinos ‘públicos’ a sitios como Doñana. (Periodista Digital 29-10-2020)

Cómo dicen que nos subirán también a los pensionistas y en igual porcentaje, en mi caso me representa, unos 6,30 euros mensuales, muchísimos van a percibir menos de esta miseria; es claro que para ellos, “probos comunistas-socialistas, seguro que representa la justicia social, pura y equitativa; en cuanto a lo del malgasto, simplemente “pagamos el pueblo” con nuestros impuestos y ellos lo gastan como les da la gana”.

Querido y muy cabreado amigo:
Gobernar debe ser muy difícil, puesto que «el mono humano» en general, roba, engaña, y quiere vivir del esfuerzo de otros; por ello ocurre lo que ocurre; ¿quién nos iba a decir que nos acordaríamos de los gobiernos de Franco, como mejores a los de estos parásitos? Y es así, sin que yo defienda LO MALO DE FRANCO, que también lo hubo en abundancia; así es que entiendo tus quejas; y por lo que me cuentas de Italia, me imagino que en todos los países existe la misma enfermedad, o sea, no vivir del sudor de nuestra frente, como creo que dijo Cristo, SINO DEL SUDOR DEL DE ENFRENTE Y MUCHO MEJOR QUE ÉL. Ya a mi vejez me voy convenciendo que esto no tiene arreglo, como no lo tuvo en el pasado; me consuela el que ya debe quedarme poco para estar en esta mierda de mundo, del que espero descansar… «quién sabe»: Un abrazo y a seguir aguantando, es el sino del «mono humano». Lo de «Amaros los unos a los otros es mentira»; si acaso rige, LO DE AGUANTAROS LOS UNOS A LOS OTROS COMO PODÁIS Y SIN ASESINAROS MUCHO: AGF 31-10-2020

PALO A SU EGO: COPE revela un aterrador dato personal de Pedro Sánchez e incendia Moncloa. En Fin de Semana de Cristina López Schlichting: “goza con todo este oropel”. (Periodista Digital 01-11-2020)
Aparte del incalificable desplante del dictador, en el parlamento, dónde días atrás se deja plantado al parlamento en pleno, se marcha por qué le da la gana y si acaso en los meses de “dictadura tiránica”, que ha logrado, por “los vendidos” parlamentarios que le han autorizado a tal dislate, ahora (si quiere) enviará cuando le dé la gana, a uno de “sus servidores”, para que “le quite las vergüenzas. Ahora desde esta emisora, se denuncian hechos de derroches en cuchipandas a amigos, en residencias oficiales y donde “el tirano” ha pasado vacaciones que no merece en absoluto. ¿Pero cómo puede funcionar un gobierno como este y haciendo lo que hace, no hay responsables en España? Al parecer no, en absoluto.

AUMENTA EN MÁS DE 200 ENCHUFADOS EL NÚMERO DE COLABORADORES QUE LLEGÓ A TENER MARIANO RAJOY: El despilfarro de Sánchez e Iglesias: 777 asesores que cuestan 56 millones al contribuyente. El presidente del Gobierno se ha subido tres veces el sueldo desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018. (Periodista Digital 01-11-2020)

No creo que se pueda justificar de ninguna de las maneras al fracasado Rajoy, puesto que poner comparaciones entre inútiles, simplemente es decir eso tan manido aquí en España, del, “y tú más”; pero lo que queda evidente, es que el dinero público en España, es como si aplicásemos como metáfora, “la entrada de Aladino en la cueva del tesoro de los ladrones”, que entrando en ella, se considera dueño de todo lo que allí hay y se lo adueña como propio; sigue siendo verdad lo que dijo aquella ministra indeseable, aún en el gobierno (Cármen Conde Poyatos) “EL DINERO PÚBLICO NO ES DE NADIE; y lo dijo en pleno parlamento; y como digo, “sigue de ministra”, España “no tiene nombre”, al menos como Estado Político… ¿Entonces qué es esto ya?

Sánchez descarta romper con Podemos por miedo a que ‘incendie’ la calle: (Vozpópuli 01-11-2020)
Este indeseable ya dice lo que le parece, puesto que vive seguro, que ha llegado a mandar en “un inmenso rebaño de tontos, borregos, o idiotas de dos patas”; la realidad es que no pueden prescindir el uno del otro y tienen que seguir “como siameses sin cura posible”, puesto que tal como les ocurriría a estos, “si los separan los matan”, puesto que, ¿qué son ambos personajes y que categoría humana se les puede dar? Ninguna, no son nada, y cuando salgan de la Moncloa, desaparecerán “en la nada de donde partieron”; se comprobará ello; lo que ocurre es que con el dinero de contribuyente, saben comprarlo todo; y el poder hoy en España y a la vista está, “es una compra venta de mercancías cualquiera”.

VIRUS CHINO: Lo que están haciendo los políticos bajo “la cortina de la pandemia”, ya lo denunció Montesquieu, hace cientos de años, con esta sentencia: “NO EXISTE TIRANÍA PEOR QUE LA EJERCIDA A LA SOMBRA DE LAS LEYES CON APARIENCIA DE JUSTICIA”… “Y es por lo que los españoles aún seguimos en la cárcel que nos impusieron, para “salvarnos la vida”; y aún siguen”. 15-05-2020
“TLT”: Techo, Lecho y Trabajo útil para la sociedad… Si la parte razonable del dinero público se aplicara a esta solución, creo firmemente que la mayor parte de problemas, no existirían en este pobre planeta.

¿POR QUÉ ESPAÑA NO EXISTE? El problema de España fue siempre y sigue siendo, el analfabetismo y el analfabestialismo; el gobernante de turno y salvo excepciones, fue siempre a lo suyo, o sea a enriquecerse él y los suyos, a costa de lo que sea; no pensaron nunca ni en su propio municipio, menos en su provincia o región, y mucho menos en el conjunto de España, que la consideraron simplemente como, “una muy rica vaca a ordeñar al máximo y caiga quién caiga”; de ahí las muchas catástrofes soportadas; y por cuanto estamos viendo, nos van a llevar a una más, y los responsables, nunca pagaron ni van a pagar; y lo estamos viendo por la infinidad de saqueadores que campan aquí, como si no hubiesen roto un plato en su vida. Por lo tanto para hacer España, hay primero que educar a las masas a que sepan ser españoles, cosa que aquí nunca se hizo. Lo que aquí ocurre, es trasladable a muchísimos otros países, “rotos como éste”. AGF 05-04-2020

NOSOTROS EL PUEBLO: A nosotros, el pueblo, nos importan dos cojones, los políticos que sean; lo que queremos son verdaderos estadistas, o sea, hombres y mujeres de Estado, y que de verdad, vayan solucionando los verdaderos problemas de España, que no son de partido alguno; son de todos los españoles y eso se olvida totalmente. (7 MAYO 2019)

LOS GOBIERNOS Y SUS MIEDOS Y CONTROLES: Cualquier gobierno y desde tiempos remotos, lo que trata es de entretener a sus gobernados y que no piensen en la realidad en que viven y menos, en el expolio a que son sometidos; por ello «el pan y circo de la república y luego imperio romano»; y en el hoy, la drogadicción con el mal llamado «deporte» y todas las demás cosas y basuras que nos colocan, los «desinformativos afines al gobierno»; o sea y concretando, lo que dijo y quedó escrito el siglo pasado. «EL MUNDO ESTÁ GOBERNADO POR LA MENTIRA», (FRANÇOIS REVEL) y a lo que yo añado, «el miedo al individuo que piensa y que no quiere ser masificado», es considerado por el gobernante como peligroso y al que hay que eliminar.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (Aquí mucho más)
Jaén: 02 de Noviembre del 2020

La dictadura progresista
Amando de Miguel Libertad Digital 3 Noviembre 2020

Dice el Diccionario que alarma es “inquietud causada por la aparición de un peligro o la amenaza de un suceso no deseado”. Yo añadiría “un suceso próximo, inmediato”. Es un estado que suele surgir de modo imprevisto, al dar un aviso de peligro o de precaución por parte de las autoridades. Lo que resulta un tanto azorante, en nuestro caso, es que el estado de alarma lo haya establecido el Gobierno para seis meses. Cabe sospechar que, ante un plazo tan largo, las conductas de precaución se relajarán con el transcurso de los días. Lo peor es la cuestión de principio: decretar el estado de alarma para seis meses presume un poder arbitrario, despótico. Es el signo aciago de que entramos en una dictadura progresista.

Es claro que la declaración del estado de alarma funciona como un subterfugio para recortar ciertos derechos de los pobres ciudadanos. No es por atentar contra la libertad, sino para reafirmar el poder en una dirección autoritaria, que a los mandamases proporciona un gran placer. La medida estrella que se asocia con el estado de alarma es el toque de queda.

El toque de queda es la “prohibición militar de circular por las calles durante determinadas horas de la noche, que se establece en tiempos de guerra o de desorden”. Su aplicación por la autoridad civil y con ocasión de la pandemia que padecemos en estos tiempos no deja de ser una mixtificación. Solo de forma analógica e interesada la pandemia puede considerarse como una guerra o un desorden.

Lo más probable y menos deseable es que, con una situación de alarma tan prolongada, más el ucase del toque de queda, las prohibiciones no se cumplirán del todo. En ese caso, los pobres ciudadanos, así, in genere, serán tachados de irresponsables. Lo que supone eximir de culpa a las autoridades, por no haber gestionado como Dios manda la crisis sanitaria. Que es lo que se trataba de demostrar.

Las previsiones de reducción drástica de los movimientos de las personas no se cumplirán, por una potísima razón. Es así de clara: no hay policía suficiente para controlar toda esa ingente movilidad. Además, hay que contar con el natural cansancio de la gente (sobre todo, los jóvenes), harta de confinamientos y de restricciones de todo tipo.

Me temo que la iniciativa del toque de queda durante la noche y otras medidas similares sirven solo para tranquilizar a la población, lógicamente amedrentada. De esa forma, parece que las autoridades hacen algo para contener la epidemia. El problema es que, después de tantas medidas de control de la enfermedad, su efecto no ha sido el esperado, lo que hace que aumente la frustración. Lo lógico será, pues, esperar nuevas medidas profilácticas o preventivas más caprichosas. Se me ocurren: guantes de látex obligatorios para toda la población, clausura de los centros de enseñanza, reducción tajante de los transportes públicos, cierre de las residencias de ancianos. No quiero seguir dando ideas.

La raíz del problema está en el menguado conocimiento que tiene la comunidad científica sobre el famoso virus de China. Es algo que no se reconoce públicamente, al partir de la consideración de que nos encontramos en la era científica. La misma nesciencia se podría atribuir a los gobernantes, al ignorar las medidas necesarias para paliar la hecatombe económica que se nos ha echado encima. Solo a un tonto o a un malvado se le ocurre que la solución pueda ser la del aumentar el gasto público de forma desaforada. En ello estamos.

Una puñetera locura
Félix Madero. vozpopuli  3 Noviembre 2020

Sí, eso mismo, 'una puñetera locura' es lo que tiene dicho recientemente Felipe González cuando intenta explicar lo que entiende por este estado de alarma de seis meses que graciosamente nos han regalado. El abuelo cebolleta al que casi nadie escucha en un partido en el que milita pero, eso dice, ya no le representa.

Si ante los disturbios y saqueos que estamos viendo en Logroño, Burgos y otras partes de España el señor de la Moncloa coloca un tuit en el que habla de “responsabilidad, unidad y sacrificio”. Sí, lo han leído bien, lo ha escrito el presidente del Gobierno, que acaso no deba saber quién es ese Sánchez que habla de responsabilidad, unidad y sacrificio.

Si, como asegura la novelista neoyorquina Cyntia Ozick, el verdadero problema no es lo que sucede, sino lo que no está sucediendo.

Si Pablo Casado, ese hombre de mirada limpia que cazcalea y cazcalea para despistar a los suyos y a quienes pueden serlo. Si se abstiene ante el estado de alarma de seis meses y consagra así su incapacidad para distinguir la equidistancia de la ecuanimidad.

Otros presidentes europeos
Si hay ya en España más de un millón españoles contagiados y los pelmas de los científicos que, con nombres y apellidos, dan la cara en la radio y la televisión empiezan a hablar de un nuevo colapso en las UCIs.

Si llenamos las terrazas y pensamos que lo que tenga que pasar que pase, e ignoramos que llegan las Navidades más tristes de nuestra vida. ¡Camarero, esta ronda es mía!

Si se ha sentido extraño esta mañana porque ha soñado que era francés o quizá alemán. Si siente envidia -de la buena y de la mala-, porque Macron y Merkel hablan a su pueblo con el respeto que merecen las personas adultas.

Si no sabe qué cosa es sentir que la nave que zozobra tenga un piloto que la maneja, aunque no haya elegido a ese piloto que lee las cartas y maneja el timón.

Seis meses sin Parlamento
Si no le han dicho todavía que ha de prepararse para una nueva reclusión domiciliaria que el Gobierno despachará con un nuevo decreto y que un Congreso lleno de rábulas, pastueños y bobalicones, apoyará junto a una nueva abstención del PP.

Si no sabe, si no le han contado; si le da igual que va a vivir durante seis meses en un periodo de excepcionalidad constitucional en el que el Parlamento de España dejará de existir, controlar y legislar.

Si ante su mirada, cansada y quizá consentidora, han y hemos convertido España en una suerte de palé de políticos chovinistas y dicharacheros, cada uno con su forma y manera de entender el virus, el mismo que nos mata y enferma en Bilbao que Ceuta; en Valdemoro que en Huete.

Si una situación como esta encuentra alivio -¿informativo?- en las televisiones a base de programas zafios cuya ordinariez mantiene a millones de personas frente a la pantalla, bien se trate del lío de faldas de un famoso ágrafo y paleto, bien ante las lágrimas de esa chica que llaman la viuda negra de Patraix. Teles que no enseñan un féretro, una familia destrozada, la pena y el desastre que trae el coronavirus. Si quizá mostrar lo que sucede y pasa ya no es periodismo…

Horizonte económico
Si a la sociedad española la han catalanizado hasta la extenuación y empezamos a evitar la política en charlas y sobremesas. ¡Lo consiguieron!

Si el país se va por el sumidero, camino de la mierda y la ruina, ante la circunspecta mirada de ese hombre de cálculos que vive en La Moncloa; ese mismo que se ha instalado en la más brumosa ilegalidad al delegar el estado de alarma en las autonomías, pero quizá crea que cosas así son propias de los tertulianos, mayormente fascistas y de derechas que por tantos sitios predican.

Si el último informe del Banco de España afirma, con su habitual prosa fría y distante, que harán falta grandes esfuerzos para volver a la etapa anterior a la pandemia, pero cree que serán otros los que tendrán que hacerlo y no usted que tiene trabajo, casa, coche…Una posición.

Aquellos que dicen dedicarse a la política aprovechan para tocarse los sueldos en tiempos de Ertes, desempelo, rebajas salariales, despidos

Si no sabemos qué es mejor, que Sánchez haga o deje de hacer, que ya decía Pascal, y suele recordar Luis Landero, que todos los males del hombre vienen porque no sabe estarse quieto.

Si la trapacería es la norma, y aquellos que dicen dedicarse a la política aprovechan para tocarse los sueldos en tiempos de Ertes, desempleo, rebajas salariales y despidos cubiertos o encubiertos.

Si un César despótico le gobierna y usted no lo sabe; si este Pedro Navaja nuestro que se mueve ante nosotros “con ese tumbao que tienen los guapos al caminar” tiene por delante seis meses con los tribunales de perfil, pero usted cree que son exageraciones, y en todo caso no hay mal que por bien no venga.

Si, aunque ya nadie lea a Unamuno, está hasta los mismísimos de los “hunos y los hotros”.

Si la confusión es tan grande que ha descubierto que tiene más fe en Europa que en España, su país, su patria, nación, que eso depende del día, vaya.

Si escucha la palabra “cogobernanza” y sigue dando sorbitos al vino que le han puesto en la mesa; si la radio le habla de la movilidad restringida y usted no quiere enterarse de que eso es un toque de queda en toda regla.

Si llegado a este punto; si ha conseguido llegar hasta el final sin interrogarse y preguntarse por usted mismo. Si me hiciera caso y sacara de su estantería el oxidado diccionario de la RAE, y va a la letra “C”, y busca la palabra Ciudadano, y lee: Persona considerada como miembro activo de un Estado. Persona titular de derechos políticos y sometida a sus leyes.

Y si después se va a la “S” y pasa las páginas hasta encontrar la entrada “Súbdito”, y lee: Sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle.
 
Un golpe de tristeza
Y si después no ha sentido cómo le recorre un escalofrío de la cabeza a la punta de su pie, entonces quede tranquilo y en paz. Nunca como ahora tuvo lo que mereció. No es una crítica, sólo un golpe de tristeza y desesperación.

Pero recuerde una vez más que el verdadero problema no es lo que sucede, sino lo que no está sucediendo. Que sea una novelista y además de Nueva York quien lo diga es lo de menos cuando se trata de la verdad. Precisamente de eso. Y de nada más.

La violencia beneficia al Gobierno Sánchez
Jorge Vilches. vozpopuli 3 Noviembre 2020

El Ejecutivo ya tiene un estado de alarma para legislar por decreto-ley durante seis meses, sin control parlamentario ni judicial y sin asumir la responsabilidad sanitaria

Una de las normas básicas de los aprendices de dictador es la simulación de una agresión exterior o de un grave problema de orden público, incluido un simulacro de golpe de Estado. No hay que remontarse mucho. Erdogan lo hizo en Turquía en 2016. Se trata de un ardid básico para armarse de legitimidad moral con la que ampliar el poder del Ejecutivo. No estamos aún en esta situación en España, aunque Podemos habló de “ruido de sables” hace unos meses. Sin embargo, esta violencia callejera solo beneficia al Gobierno socialcomunista. Veamos por qué.

Los actos violentos en algunas ciudades españolas no han sido obra de ultraderechistas. No hay fascismo suficiente en España. Otra cosa es que Vox se equivocara al principio y dijera que entendía esas protestas. Sin embargo, no fueron las quejas por la situación lo que incendió la calle, rompió escaparates y robó en las tiendas. Parece mentira que los que se dicen patriotas y conservadores desconozcan a Cánovas, quien dijo aquello de un hombre honrado solo participa en una revolución, y eso porque no sabe lo que es.

Tampoco ha sido el recurso a la violencia como instrumento contra el capitalismo y la burguesía. No podemos aplicar la teoría de George Sorel para explicar esto, quien creía que el acto violento era una expresión del oprimido contra el opresor, y pieza indispensable para derribar el régimen burgués. Ni siquiera sirven para explicarlo los estudios de los sociólogos que justifican los actos de violencia como una manifestación generacional y, por ende, la consideración de que a cada generación le cabe un cupo de actos vandálicos.

No es una cuestión de estatus social, ni de malestar por el desempleo, o la falta de cobertura social. Tampoco es una protesta por la negligencia en los ERTE

Por otro lado, es cómico leer que la violencia procede de los “barrios obreros”. Es como coger un panfleto de los años 70, cuando los meritorios del PSOE se hicieron pasar por revolucionarios. No es una cuestión de estatus social, ni de malestar por el desempleo, o la falta de cobertura social. Tampoco es una protesta por la negligencia en los ERTE, que no se cobre el Ingreso Mínimo Vital o que quieran subir el diesel, como en Francia hicieron los “chalecos amarillos”.

En estos días se han juntado sin querer varios grupos violentos. Primero, los saqueadores. Siempre los ha habido en la historia del desorden público. Se trata de bandas que roban aprovechando la debilidad del Gobierno, de sus dudas y reticencias para emplear la fuerza, en medio de un tumulto y escondidos entre las masas. No hace falta más que ver los vídeos.

El hundimiento económico
Después están los “revolucionarios” que militan en un grupúsculo violento y visionario, siempre totalitario, que creen que pueden sacar rédito político. Entre estos están los que han cogido gusto a la violencia irracional. Es gente que está en los extremos, a izquierda y derecha. Ambos grupos eclipsaron a los damnificados por la negligencia del Gobierno en las medidas contra la pandemia, cuya economía se hunde, y que se han limitado a denunciar su situación.

La violencia en las calles solo beneficia hoy al Gobierno socialcomunista. Ya tiene un estado de alarma para legislar por decreto-ley durante seis meses sin control parlamentario ni judicial, y, lo que es peor, sin asumir la responsabilidad sanitaria, que es la excusa para dicho decreto. El autoritarismo siempre se aprovecha de las crisis, ya sean de salud o de orden público, y necesita un enemigo, un peligro. Por eso han salido en tromba los podemitas y su prensa a señalar a la 'ultraderecha'.

La propagación de esa amenaza requiere una campaña de propaganda. Se toma un hecho violento, se acusa a la oposición y los medios afines al Gobierno y sus periodistas orgánicos propagan el mensaje. De esta manera, la oposición, sus ideas y propuestas quedan al borde de la ley, y el Gobierno asume la legitimidad para todo tipo de acción.

Un ejemplo es Viktor Orbán en Hungría. Al uso masivo de la propaganda ha sumado la utilización del Estado en su provecho partidista, el cambio en la educación pública y en la cultura. La diferencia con una autocracia es ya difícil de establecer en aquel país. Orbán ha utilizado las crisis para ir asumiendo cada vez más poder. Primero fue la llegada de refugiados e inmigrantes, luego la covid y ahora la economía. Resultado: tiene concedido el estado de alarma hasta 2021 para legislar por decreto, y el Parlamento ha aprobado una “Ley de Permisos”, habilitante, que concentra el poder en el Gobierno.

El gobierno Sánchez-Iglesias no ha quedado satisfecho con colonizar el Estado, tomar el Poder Judicial, acogotar al rey, desnaturalizar el parlamentarismo y deslegitimar a la oposición por oponerse a todo esto. Está a un paso de pedir la 'dictadura constitucional' y que los grupos parlamentarios, tras 'dura' negociación, se vanaglorien de haber rebajado la pretensión a una 'Ley de Permisos' a la húngara.

La segunda oleada de covid ya está aquí. Volveremos a marzo. El discurso de la emergencia social y de “la unidad para vencer” ya está hecho. El ambiente para que la gente reclame auxilio al Gobierno aun a costa de la libertad está instalado desde hace tiempo. Lo cuenta bien Ece Temelkuran, una periodista izquierdista, en Cómo perder un país. Los siete pasos de la democracia a la dictadura (2019). Hace décadas nadie pensaba que podía pasar en Turquía, pero fue recorriendo paso a paso el camino, y llegó.

PSOE, Podemos y ERC negocian que el castellano deje de ser lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña
Agencias. República 3 Noviembre 2020

La 'ley Celaá' deja libertad a las autonomías para de determinar qué asignaturas se dan en castellano

El PSOE, Podemos y ERC habrían acordado una enmienda al proyecto de nueva ley educativa que elimina la referencia de que el castellano es lengua vehicular en toda España, según publica este martes El País. El texto, previsto para aprobación este mismo jueves en el Congreso, viene a sustituir la conocida Ley Wert por la que las comunidades deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía.

Según aseguran desde El País, la enmienda evitará la redacción original del proyecto elaborado por el Ministerio de Educación, que desde la perspectiva de Esquerra y otros partidos nacionalistas contradice los programas de inmersión lingüística.

Desde Unidas Podemos confirman que la enmienda se está negociando pero que "aún no está cerrada". Por otro lado, desde ERC confirman que el objetivo de la enmienda es "blindar el catalán como lengua vehicular".

El resto de grupos aseguran que no había constancia de este cambio, una concesión según resaltan constituiría una "puntilla" al Castellano.

Todo ello a pesar de que los tribunales llevan desde el año 2014 exigiendo que se cumpla el mínimo obligatorio establecido en un 25% de horas lectivas en castellano, un mínimo que según denunciaba en el Parlamento Europeo la catalana Ana Losada, no se cumple.

La Eurocámara pedirá explicaciones a España
El Parlamento Europeo trasladará su preocupación y pedirá explicaciones al Gobierno, siguiendo la petición de una ciudadana española que ha denunciado en Bruselas que la inmersión lingüística en Cataluña no es un método pedagógico, sino "una decisión política para romper los lazos con el resto de España".

La presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha decidido dar seguimiento a la demanda y trasladar al Ministerio de Educación español una misiva para que dé cuenta de la cooficialidad de las lenguas en la comunidad. Si bien ha descartado por el momento enviar una misión de observadores a Cataluña, al entender que son los coordinadores de la comisión quienes deben tomar esa medida si lo ven necesario. "Las lenguas deben servir para unir y no para segregar", ha insistido Montserrat.

Así las cosas, la Eurocámara ha sido escenario de un tenso debate sobre la situación del castellano en el sistema educativo catalán. La cuestión ha sido presentada a iniciativa de Ana Losada, presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha encontrado el respaldo de PP, Ciudadanos y Vox, mientras que, por contra, la eurodiputada de ERC, Diana Riba, ha lamentado que se use el Parlamento como "patio trasero" de la política española.

Riba ha defendido que "no hay debate" sobre el modelo de inmersión en Cataluña porque está avalado por el Consejo de Europa y otras instituciones, y que, además, cumple con la Constitución española y las sentencias del Tribunal Constitucional. "Si este fuera un debate pedagógico la petición debería cerrarse, si es ideológico como, tanto otros, el comité de Peticiones solo será el patio trasero de la política doméstico", ha lamentado.

De su lado, el PP, Ciudadanos y Vox han contestado apoyando las tesis de la peticionaria de que la sociedad bilingüe en Cataluña no tiene su reflejo en la escuela y que se conculcan los derechos fundamentales de los alumnos y sus familias.

Para el 'popular' Juan Ignacio Zoido este es producto de "ideologizar las lenguas" y usarlas como "armas arrojadizas". "El gobierno nacionalista de Cataluña lleva haciendo esto décadas, lo han llevado demasiado lejos desde los medios de comunicación a la administración, y de manera especialmente grave la educación. Por encima de los nacionalismos están las personas y los derechos individuales", ha defendido, lamentando que los menores sean "discriminados" por emplear el castellano.

De lado de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé ha insistido en que los alumnos tiene el derecho a estudiar en su lengua materna y a no someterse a lo que ha denominado como "apartheid lingüistico".

Por parte de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa ha insistido en que los niños deberían ser más importantes que unas políticas lingüísticas que "se han convertido en un dogma". A su juicio el sistema educativo catalán es una muestra de que las políticas de identidad muy ideologizadas "generan monstruos".

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Sánchez e Iglesias o la corrupción asistencialista
EDITORIAL Libertad Digital 3 Noviembre 2020

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha rebasado algunas líneas rojas que hasta el momento habían sido respetadas incluso por los socialistas. La llegada de Sánchez al poder, de la mano de chavistas, proetarras y golpistas, fulminó cualquier atisbo de racionalidad en el manejo de las cuentas públicas, y las consecuencias van a ser, están siendo ya, nefasta para España.

Los PGE pergeñados por Sánchez e Iglesias son la garantía de una ruina calamitosa, como advierten los expertos y hemos explicado en Libre Mercado. El Gobierno social-comunista ha redactado unos Presupuestos basados en el aumento desaforado del gasto, el déficit y la deuda y que, aún más importante y alarmante, sientan las bases para instaurar un régimen de economía subsidiada al más puro estilo bolivariano.

Si antes los socialistas creaban redes clientelares localizadas como el PER, que les permitió enfeudar Andalucía durante décadas, ahora, de la mano de sus socios comunistas, pretenden extender esa formidable corrupción a toda España.

Los datos que recogen las cuentas elaboradas por el propio Gobierno son elocuentes por terroríficos. Según Sánchez e Iglesias, el año próximo habrá 3,3 millones de empleados públicos, 9 millones de pensionistas, 3 millones de desempleados con derecho a subsidio y 800.000 familias cobrando el ingreso mínimo vital. En consecuencia, los 15,8 millones de trabajadores del sector privado tendrán que financiar las rentas de los más de 16 millones de personas que vivirán el año próximo de lo público. Esto es, sencillamente, inasumible por cualquier economía, mucho menos por la española, gravemente dañada por la desastrosa gestión social-comunista.

Con Sánchez en la Moncloa e Iglesias empotrado en el Gobierno, España se encamina va a padecer una destrucción brutal de su tejido productivo y de puestos de trabajo, lo que se llevará por delante la prosperidad labrada por millones de españoles durante años de duros esfuerzos. El socialista y el comunista presumen de sus primeros Presupuestos en común porque de sobra saben que una sociedad pobre, dependiente de la dádiva estatal, es lo único que puede garantizar su permanencia en el poder.

Los indignados ya no
Cristina Losada Libertad Digital 3 Noviembre 2020

En la violencia todo está en el quién. En nuestro país, con años de terrorismo y kale borroka a sus espaldas, con cientos o miles de algaradas callejeras por esto o por lo otro, incluidas, entre las más recientes, las protagonizadas por las hordas del separatismo catalán, tenemos experiencia en la materia. Esa experiencia arroja la siguiente vergüenza: incendiar las calles, destruir cajeros y escaparates, saquear tiendas y apalear a policías se ha celebrado o se ha justificado –la justificación es la celebración muda– en razón de quiénes lo hacían y su supuesta causa. Hasta las bombas y los tiros en la nuca fueron justificados, y por lo mismo.

Disturbio tras disturbio, los justificadores nos han dicho que el germen de la violencia es la indignación y han compuesto una larga lista de causas de indignación completamente justificadas, como la sempiterna injusticia, la terrible precariedad o los crueles desahucios. La violencia, nos han dicho, tiene causas y esas causas hay que comprenderlas. Hay que comprenderlas, atenderlas e inclinarse humildes ante ellas. Ciertamente, la verdadera razón por la que aconsejan inclinarse humildes ante ellas es que esas causas coinciden con las suyas. ¿Y cuando no coinciden?

Cuando no coinciden, los justificadores habituales de la violencia callejera ya no dicen que es inspiradora o un ejercicio democrático –o jarabe democrático–. Entonces, será intolerable y clamarán en contra, como claman contra los disturbios que hubo en una quincena de ciudades en protestas por el toque de queda. Claman, por supuesto, en razón del quién: los jóvenes indignados no son de los suyos. Corrijamos: creen que no lo son. En otras circunstancias, esos violentos serían el pueblo indignado por las injusticias de los poderosos. Pero ya no tienen simpatía para con los indignados. Con Podemos en el Gobierno copresidiendo el fracaso ante la pandemia, los que protestan violentamente por los cierres no son el pueblo justamente indignado, sino la peor escoria. Y no escoria espontánea, sino organizada por los adversarios políticos.

Los especialistas en capitalizar la indignación, ahora tienen el propósito de aprovechar estos brotes indignados para que, en estos concretos instantes de la epidemia española, el asunto más importante y crucial no sea el gran fracaso en el control del virus, sino la búsqueda de la mano negra de los disturbios del fin de semana.

ETA y la memoria democrática
Francisco Muro de Iscar diariosigloxxi 3 Noviembre 2020

MADRID (OTR/PRESS)Este Gobierno que anda preocupado por reescribir la historia desde la visión de un solo bando, en cuyo seno hay un grupo que pretende acabar con la memoria de la Transición política española y que pacta sin rubor con quienes se declaran enemigos de España, de la Constitución del 78 y de la Corona, no dedica ningún esfuerzo a la recuperación de la memoria de lo que supuso ETA, acerca a decenas de presos etarras al País Vasco, va a traspasar las transferencias sobre prisiones al Gobierno de Euskadi y, lamentablemente, desprecia a las víctimas.

ETA no fue una organización antifranquista de liberación del País Vasco, sino una organización terrorista, una banda criminal que asesinó a cerca de 900 personas, muchos de ellos niños, siempre por la espalda, que dejo miles de víctimas, que extorsionó durante décadas a los empresarios, que obligó a miles de vascos a exiliarse a otros lugares y que sembró el terror en toda España. Solo la unidad del PSOE y el PP logró derrotar a estos asesinos, algunos de los cuales dejaron las armas y aceptaron el juego democrático para tratar de llevar sus ideas a la práctica por otros caminos. Lo hicieron solo cuando descubrieron que habían perdido la guerra que iniciaron. Es curioso que andemos tan preocupados por Vox y nos parezca "normal" que Bildu, los herederos de ETA, sea, en ocasiones, el aliado preferente para las políticas de este Gobierno. Cada vez que es liberado un preso de ETA, hay un homenaje en su pueblo. Una ofensa a sus víctimas. La inmensa mayoría no se ha arrepentido de nada de lo que hicieron, no han pedido perdón ni han colaborado para esclarecer los más de 300 atentados que todavía no tienen autor conocido.

Como ha dicho Arnaldo Otegi hace pocas semanas, "estamos muy satisfechos con el trabajo que hicimos". Más de 850 muertos, 6.389 heridos, 2.472 atentados* Bildu, los herederos de Batasuna y de ETA, son hoy la segunda fuerza política del País Vasco y los jóvenes españoles ignoran ya quiénes fueron, Ortega Lara, Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez, sus víctimas, y no recuerdan los atentados de Hipercor o tantos otros que sembraron de terror la geografía española. En la sociedad vasca, el olvido es interesado porque no quieren recordar esa época en la que la sociedad civil, algunas fuerzas políticas y una gran parte del clero vasco fueron corresponsables de esa violencia sin límites. "Si nos descuidamos, dentro de poco no se sabrá ni qué era ETA", ha dicho un ex alto mando de la Guardia Civil.

La memoria democrática de todos los españoles no puede permitir el blanqueo de ETA ni de sus herederos, mucho menos si eso lo hace el Gobierno de España. Tampoco podemos tolerar el olvido de las víctimas. No me parece mal el traslado de presos a cárceles del País Vasco, porque el Estado tiene la prerrogativa de esa generosidad. Pero ni eso puede ser un instrumento para los acuerdos políticos ni las víctimas pueden ser los grandes perdedores de esta manera de reescribir la historia con la complicidad o el silencio de todos. Soy también enemigo de los "cordones sanitarios" frente cualquier organización política porque representan a una parte de los votantes, pero Bildu no puede ser un actor político más ni será nunca un socio democrático y leal porque su objetivo es la destrucción del Estado y si un día consiguiera sus objetivos, nadie en el País Vasco podría respirar tranquilo. No se puede cortejar ni blanquear a quienes se mantienen donde estuvieron siempre: en el odio a lo español. Hay que recuperar la memoria democrática sobre lo que fue ETA. Se lo debemos a las víctimas.

¿La extrema derecha?
Pablo Planas Libertad Digital 3 Noviembre 2020

La celeridad con que la fábrica de mentiras gubernamental y sus extensiones mediáticas han atribuido las últimas algaradas en España a la extrema derecha es un importante motivo para sospechar de tal autoría. Cinco minutos después del primer contenedor ardiendo, las turbas izquierdistas en las redes sociales reportaban una profusión de cruces gamadas y yugos y flechas que sólo existían en su calenturienta imaginación para las fake news, vulgo infundios, y en los titulares de urgencia de no pocos medios.

En Cataluña, TV3, La Vanguardia y los digitales golpistas mostraron en primer lugar su satisfacción porque al fin se producían unos graves incidentes en las calles de Barcelona no vinculados a la causa separatista. De ahí el entusiasmo con el que celebraron en segunda instancia la contundencia de los Mossos d'Esquadra, que son demonizados e insultados hasta por los miembros del Gobierno regional cuando les toca reprimir a los cachorros de Puigdemont y Torra, los miembros de los Comités de Defensa de la República.

Por primera vez, y dada la supuesta participación de la presunta extrema derecha en los disturbios, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o un consejero regional de Interior, Miquel Sàmper, han condenado la violencia, llamado al orden e instado a los Mossos a actuar con la máxima dureza. Tras años de contemporizar con la violencia separatista, cuando no de justificarla y jalearla, resultan conmovedoras las apelaciones al orden público y la ley de esta clase de personajes.

Pasada la sorpresa inicial, la hipótesis de una extrema derecha renacida al calor del malestar con las restricciones del coronavirus se ha quedado en el típico bulo izquierdista. Los portavoces policiales sólo atisban unos pocos vándalos aislados vinculados a grupos de gamberros futbolísticos incrustados entre los radicales antisistema de extrema izquierda. Salvo que gritar "Gora ETA", como ocurrió en Vitoria, sea ahora de extrema derecha, no hay evidencias de grupos fascistas organizados al frente de los tumultos, por mucho que lo digan Pablo Echenique o Dina Bousselham en el diario que le ha puesto Iglesias. Tampoco parecen muy de extrema derecha los okupas o los que se tapan la jeta con caretas de Guy Fawkes, convertido en símbolo por los nada ultraderechistas miembros de Anonymous.

Otra cosa es que desde el PSOE y Podemos se intenten atribuir los desórdenes y saqueos a Vox. Un miserable mensaje en Twitter de Echenique ilustra al respecto:

Ya están tardando Vox, PP y Ciudadanos en denunciar a Echenique en el juzgado de guardia. Pero no es previsible que eso ocurra porque la izquierda de los bulos tiene bula para insultar y para practicar la violencia callejera con la excusa de las "alertas antifascistas".

El Gobierno pacta con ERC suprimir de la ley que el español sea lengua vehicular en la enseñanza
La enmienda se enmarca dentro de la 'ley Celaá', que incluye otras medidas polémicas como eliminar el límite de suspensos para pasar de curso.
Marcos Ondarra ESP 3 Noviembre 2020

El Gobierno de España, conformado por PSOE y Unidas Podemos, ha pactado con ERC suprimir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Esta medida se ha incluido en la ley Celáa con la que se quiere derogar la Ley Wert.

La enmienda se votará este jueves en el Congreso, cuando tenga lugar la ponencia de la Lomloe constituida en el Congreso. Entonces, los proponentes defenderán que se elimine la redacción original de la ley aprobada por el Partido Popular, que rezaba: "El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares".

El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez la cambiará por otra más ambigua, según ha adelantado El País. Todo ello en aras de satisfacer a los separatistas ahora que Moncloa quiere asegurarse su voto favorable de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Esto, a pesar de que los tribunales llevan desde 2014 exigiendo que se cumpla el mínimo obligatorio de 25% de horas lectivas en castellano. Un mínimo legal que, según ha denunciado ahora la catalana Ana Losada ante el Parlamento Europeo, no se cumple en ningún centro de Cataluña.

De hecho, esta decisión de blindar la inmersión lingüística llega justo cuando la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha accedido a investigar la discriminación del castellano en los colegios catalanes. La Eurocámara remitirá una carta al Ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá y estudiará el envío de una misión de europarlamentarios para valorar in situ la situación de los alumnos castellanohablantes en Cataluña.

Todo ello gracias a los sucesivos testimonios e informes que Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, ha aportado al máximo organismo de la Unión Europea desde finales de 2017 y que demuestran que ninguna escuela en Cataluña imparte "el mínimo legal del 25% de horas en castellano".

La afirmación de Losada está basada en el contundente informe de AEB sobre los proyectos lingüísticos de 2.214 centros, que confirma la exclusión del español en la escuela catalana. Ahora, ha pedido al Parlamento Europeo que tome medidas ante lo que considera una vulneración de los Tratados de la Unión y de la Carta de Derechos Fundamentales.

"Ese estudio demuestra que se incumple la Constitución, que el mínimo del 25% de las clases en castellano no se cumple. La Generalitat ha estado diciendo durante muchos años que al menos un 40% de los centros tenía una o dos asignaturas en castellano. Hemos demostrado ante Europa que eso es totalmente mentira", ha contado Losada a EL ESPAÑOL.
La 'Ley Celaá' y sus polémicas

La ley Celaá es el nombre popular con el que se conoce el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). Una propuesta impulsada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y que aún debe pasar por el Congreso para enfrentarse a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos.

A las duras críticas de estos tres partidos políticos se unen las de la sociedad civil y, especialmente, la comunidad educativa. Y es que la ley que pretende derogar la LOMCE o Ley Wert está cargada de medidas polémicas. La última, la supresión del español como lengua vehicular en Cataluña.

Llueve sobre mojado. Precisamente, una de las críticas más repetidas a la hora de censurar esta ley es que deja desprotegido al español en las escuelas catalanas. La norma no sólo elimina el poder de la Alta Inspección para velar por la enseñanza de esta lengua en toda España, sino que también deja en manos de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales -como Cataluña- el objetivo de asegurar que todos sus alumnos reciban o no enseñanza en castellano.

El texto reconoce al castellano como "lengua oficial del Estado". E indica que, al concluir la educación obligatoria, todos los alumnos "deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua oficial correspondiente", siendo las comunidades autónomas las que "aplicarán los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido".

Pero no se trata de la única medida polémica acordada por PSOE, Unidas Podemos y ERC. La semana pasada, las tres formaciones se pusieron de acuerdo para ampliar la ley Celaá, rebajando la exigencia académica para que los estudiantes de la ESO puedan pasar de curso sin límite de suspensos.

Ahora, cuando un alumno reprueba tres asignaturas, debe repetir. Esto no debería ser así para Esquerra, impulsora de la propuesta. Según los independentistas catalanes, es "anticuado" medir la evolución del alumno en base a sus suspensos. Por ello, los socialistas han apoyado que sean los profesores quienes decidan sobre cada caso atendiendo al "esfuerzo".

"Los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estima que tiene expectativas favorables de recuperación", sostiene la transaccional aprobada este pasado miércoles por PSOE, Podemos y ERC.

Educación
La Eurocámara traslada a Celaá su preocupación por la situación del castellano en las escuelas de Cataluña
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. El Mundo 3 Noviembre 2020

Encarga un dictamen para analizar el uso de las lenguas cooficiales en los colegios catalanes y someterá a votación enviar una misión de eurodiputados a Cataluña.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo va a trasladar al Gobierno su preocupación por la situación de inferioridad en la que se encuentra el castellano en las escuelas de Cataluña. Su presidenta, la ex ministra del PP Dolors Montserrat, va a enviar una carta a la titular de Educación, Isabel Celaá, para que "explique" las circunstancias en que aprenden los alumnos en esta comunidad autónoma y en la que le instará también a "garantizar la cooficialidad de las lenguas".

También pedirá a la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo que emita un dictamen sobre el uso de las lenguas en la escuela catalana y en los próximos meses someterá a votación la posibilidad de que una misión de europarlamentarios se desplace a Cataluña para conocer en el terreno la situación de los alumnos castellanohablantes y sus familias.

Esta comisión parlamentaria ha decidido este jueves mantener abierta la petición de Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que sostiene que "en ningún centro en Cataluña el castellano es lengua vehicular".

Losada, que ya intervino como peticionaria en esta comisión en 2018, ha vuelto a comparecer para contar que, de los más de 2.000 proyectos lingüísticos de los centros educativos analizados por su asociación, "el mínimo legal del 25% de horas en castellano [el equivalente a una asignatura más, además de la Lengua Castellana] no se contempla en ninguno". En Infantil, ha detallado, los alumnos reciben "cero horas de clase" en esta lengua. En Primaria, dos horas a la semana. Y en Secundaria, tres horas semanales.

Por eso ha pedido al Parlamento Europeo que tome medidas ante lo que considera una vulneración de los Tratados de la Unión y de la Carta de Derechos Fundamentales.

Durante el debate por videoconferencia ha participado una representante de la Comisión Europea que, aunque ha considerado que los hechos denunciados por Losada "pueden ser un impedimiento para quien se traslada a Cataluña", ha dicho que las lenguas son competencia exclusiva de los estados miembros e "intervenir iría más allá de los poderes de la UE".

Los representantes de los grupos parlamentarios Renew Europe,Partido Popular Europeo y el Grupo de Conservadores y Reformistas han apoyado la petición de Losada y han coincidido en que el modelo lingüístico de las escuelas catalanas "conculca los derechos fundamentales" de los alumnos y sus familias.

Sólo se ha mostrado en contra Diana Riba, eurodiputada de ERC y miembro del partido Verde europeo, que ha defendido que "no hay debate" sobre la inmersión en Cataluña porque "está avalado por el Consejo de Europa" y "cumple las sentencias del Tribunal Constitucional", y ha instado a cerrar la petición de esta asociación.

Con un lazo amarillo en la solapa, la esposa del ex conseller condenado por el 1-O Raül Romeva ha defendido que "el informe PISA "acredita que el sistema catalán permite terminar la educación obligatoria con el mismo nivel en catalán que en castellano".

Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos integrado en Renew Europa, le ha recordado que las pruebas de PISA se realizan íntegramente en catalán en esta comunidad autónoma y, por tanto, "no evalúan el conocimiento del castellano". Ha recordado que la Generalitat "viola sistemáticamente la ley y las sentencias judiciales, que de forma reiterada le han dicho que tienen que incorporar un 25% en castellano". "Los padres van al juzgado y acaban dándoles la razón, pero sufren un coste terrible, porque les hacen la vida imposible y se ven obligados a abandonar las escuelas".
Recortes de Prensa   Página Inicial