AGLI Recortes de Prensa   Jueves  5  Noviembre  2020

Lo que nos jugamos en la negociación (secreta) del Poder Judicial
Agustín Valladolid. vozpopuli  5 Noviembre 2020

Durante mucho tiempo, la queja recurrente sobre la Justicia en España fue que era el único colectivo con poder que no había hecho la transición. Al contrario que las Fuerzas Armadas, Guardia Civil o Policía, que a distinto ritmo y con algunas resistencias se fueron adaptando a la nueva realidad, la Justicia postfranquista se atrincheró en sus privilegios, hasta el punto de lograr que el Congreso de los Diputados surgido de la Constitución de 1978 aceptara en la ley 1/1980 ceder a jueces y magistrados el pleno control del primer Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Aquel Parlamento, bisoño, nutrido de juristas en buena parte educados en el respeto reverencial a sus “mayores”, no hizo lo que de él se esperaba, y dejó en manos de los alrededor de 1.600 jueces y magistrados, sin intervención ni apenas supervisión de los representantes de los españoles, las llaves de una reforma cuyo principal “hallazgo” consistió en convalidar democráticamente el control del tercer poder del Estado por parte de una exclusiva y añeja élite que, en una proporción no desdeñable, se resistía a adaptarse a los nuevos tiempos y a perder parte de sus regalías.

Cinco años después, 1985, los socialistas promovieron una reforma de la ley que rompe con esa dinámica y apuesta por la plena parlamentarización del órgano de gobierno de los jueces, limitando significativamente sus competencias. De un extremo al otro. Una de las insanas costumbres de este país. Hay que esperar a junio de 2001 para que, ya con el Partido Popular en el poder, se modifique nuevamente la fórmula y los vocales del Consejo pasen a ser elegidos por el sistema mixto actual, sin que posteriores promesas electorales de ese mismo partido, que habían comprometido el retorno al patrón electivo de 1980, llegaran nunca a buen puerto.

La resistencia de la élite judicial a abrir las ventanas y tolerar intervenciones ajenas a la estirpe, y las constantes maniobras de la clase política dirigidas a incrementar su influencia en el Poder Judicial, han sido las constantes que mayor incidencia han tenido en la evolución de la justicia en nuestro país. Cuarenta años largos en los que la prioridad de unos y de otros, los políticos y las élites judiciales, nunca ha sido garantizar la independencia real de jueces y magistrados, sino someterlos. Evidentemente, esa persistencia en la ocupación de zonas de poder e influencia en el ámbito de la Justicia ha tenido un alto coste en términos de eficacia y credibilidad.

“En la Justicia de nivel superior se repitió el fenómeno, señalado más arriba, de dependencia y reforma en la Administración. La política clientelar se hizo presente en ella a través del uso de la influencia del Gobierno sobre el acceso a la judicatura, los traslados y ascensos, y las decisiones necesarias para favorecer a las parcialidades afectas en las sentencias”. El entrecomillado es del catedrático Javier Moreno Luzón, coautor de “Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea” (Siglo XXI Editores). Se refiere a la España de la Restauración (1874-1923), pero con algún leve matiz estilístico podríamos incluir hoy el comentario en cualquier reflexión sobre el particular. Máxime cuando hay partidos que es precisamente eso lo que promueven: una mayor intervención de la política en la Judicatura.

Aunque solo fuera porque los 5.400 jueces que hoy hacen su trabajo en condiciones no siempre óptimas son en su mayoría hombres y mujeres de su tiempo que sí han hecho “su” transición, y que casi nada tienen que ver con aquellos magistrados que eran elegidos directamente por el Ejecutivo, sería injusto e inexacto afirmar que la Justicia española sigue siendo aquella de 1980. Pero también es de todo punto improcedente adjudicarle méritos a los que, por variadas razones, no se ha hecho acreedora.

El Parlamento, sometido al cesarismo
La Justicia española sigue siendo lenta, costosa, menos garantista de lo que parece; arrastra, entre otras, esa anomalía estructural, y contraria a los principios básicos que deben regir la práctica del derecho a la defensa, de que sea el juez que investiga el mismo que ha de velar por los derechos del investigado. Juez y parte. Nunca mejor dicho. La buena noticia, el punto de partida en el que se debería asentar una verdadera reconstrucción del crédito que ha de acompañar la acción del tercer poder del Estado, es que esa misma Justicia representa hoy para muchos ciudadanos el único baluarte fiable contra los desmanes de la política. O mejor dicho, de la antipolítica.

Siempre he creído en el sistema mixto de elección de los vocales del CGPJ. Principalmente porque el aval parlamentario dotaba de mayor legitimidad democrática al gobierno de los jueces. O esa era la teoría. La realidad del momento actual es bien distinta: un Parlamento sometido al cesarismo partidario, que asume sin sonrojarse su práctica neutralización durante seis meses, no es aval de nada. Y es en este contexto, el de un Congreso convertido en juguete partidario, en plató de la polarización dictada por el peor marketing político, en el que PSOE y PP negocian en secreto la renovación del Poder Judicial. Y en estas circunstancias, pues qué quieren que les diga, yo entrego la cuchara.

Es tal el grado de cesarismo de la política nacional, de degradación de la democracia interna en los partidos políticos, que estoy dispuesto a aceptar que igual es conveniente poner a resguardo el Consejo. Para ello, para que más allá de modificar o no el actual modelo de elección la negociación en curso no desemboque en una nueva burla a la ciudadanía, el acuerdo entre PSOE y PP, junto a la definitiva retirada del disparatado proyecto de ley presentado por socialistas y Unidas Podemos, debiera incluir: (1) la inmediata puesta en práctica de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) sobre el establecimiento de criterios objetivables de evaluación para el nombramiento de los altos cargos de la carrera judicial; (2) el establecimiento de mecanismos de renovación alternativa del CGPJ en el caso de que los partidos no se pongan de acuerdo; (3) la prohibición de reingreso en la carrera judicial, al menos durante dos años, de aquellos jueces, magistrados o fiscales que hayan participado activamente en política. Y con carácter retroactivo.

El virus lo tapa todo. Pero no debiera ser así. En la negociación, discreta y secreta, que debiera culminar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y otros órganos constitucionales, España se juega mucho. Mucho más que la credibilidad de instituciones centrales del Estado, que no es poco. Muchísimo más que la reputación -y quién sabe si algo más- del jefe de la Oposición, que también. En esta negociación España se juega su crédito como país fiable; jurídica y políticamente. Ya no valen chalaneos. O se apuesta en serio por la independencia real de las instituciones que conforman el núcleo del sistema de libertades o dispongámonos a soportar desconocidos niveles de autocracia.

La postdata
Tocqueville, en El antiguo Régimen y la Revolución francesa: “La principal diferencia entre los tiempos a los que me refiero [los del Antiguo Régimen] y la Francia moderna es que el Gobierno vendía por entonces los cargos oficiales, en tanto que ahora los da. Para obtener uno de ellos, un hombre ya no paga en dinero contante; le basta con venderse a sí mismo.

La batalla perdida del monolingüismo
Ramón de España cronicaglobal 5 Noviembre 2020

Las obsesiones de nuestros nacionalistas están empezando a dejar de ser patéticas para convertirse casi en entrañables. El sueño de una Cataluña monolingüe en la que el español desaparezca de la vida pública y sea considerado un idioma extranjero es una de las más cansinas, sobre todo para los que la consideramos una quimera a la altura de la independencia del terruño o la castidad de Eduard Pujol. Pero ellos, los indepes, nunca se cansan de sus cosas y la represión del castellano nunca les parece lo suficientemente contundente. Por eso se sacaron de la manga en su momento la inmersión lingüística y ahora intentan, con la complicidad de la izquierda tonta de Podemos y del trepa cortoplacista que tenemos de presidente, proceder al enésimo blindaje de la sagrada lengua vernácula. Igual lo consiguen, aunque la Eurocámara pueda ponerse desagradable con ellos un día de éstos a cuenta de la inmersión de marras, pero será únicamente sobre el papel: la realidad, contra la que poco pueden hacer nuestros mandamases, señala tozudamente que con el castellano no hay quien pueda. De la misma manera que nuestros políticos se pasan las leyes lingüísticas por el forro, la población hace lo propio con sus inmersiones, sus blindajes y su impotente intolerancia y sigue expresándose en el idioma que le sale de las narices. Lo mismo que sucedió durante la postguerra, cuando la gente pasaba olímpicamente de los cartelitos del régimen que urgían a ser español y hablar el idioma del imperio y seguía hablando en catalán con amigos y familiares. La Cataluña monolingüe en español era tan imposible como la Cataluña monolingüe en catalán, pero parece que eso no les entra en la cabeza a nuestros políticos del lacito amarillo, que vuelven de nuevo con su manía de abuelo senil aprovechando que la izquierda española se ha llenado de imbéciles --a veces creo oír el ruido que hacen al removerse en sus tumbas Jorge Semprún y Jordi Solé Tura-- y que el presidente del gobierno solo piensa en su sillón y le importa un rábano lo que pueda ser de este bendito país cuando él ya no lo ocupe.

Nuestros brillantes líderes no han escogido el mejor momento para seguir dando la brasa con uno de sus greatest hits. La marginación del español en Cataluña ha llegado al parlamento europeo y, hasta en el caso de que Sánchez firme lo que le pongan por delante con tal de sacar adelante los presupuestos y seguir en el candelabro (que diría la inolvidable Sofía Mazagatos), Ciudadanos, el PP y Vox se lanzarán a la yugular del PSOE entre el aplauso de sus respectivas parroquias. No sé si Sánchez es consciente de que está tensando mucho la cuerda --el presidente de un país se aviene a que el idioma oficial de ese país desaparezca voluntariamente en una parte del territorio nacional: supérenme eso--, pero igual lo acaba descubriendo de una manera muy poco favorable para él en las próximas elecciones.

Pongámonos en lo peor. Los lazis se salen con la suya y el castellano acaba prácticamente expulsado de la enseñanza en Cataluña. A la hora de la verdad, solo habrán conseguido el triunfo de una simulación: la engañifa durará lo que duren las clases, si es que no se interrumpe además a la hora del patio, como sucede ya con esa fantástica inmersión de la que tan orgullosos están los nacionalistas, aunque en la práctica sea de una eficacia más bien dudosa. Si tuvieran en la cabeza algo que no fuera serrín patriótico, nuestros lazis se darían cuenta de que la batalla del monolingüismo la tienen tan perdida como el general Franco en su primera época. Pero ellos son como son y no hay nada que hacer: seguro que ya tienen preparadas las vestiduras que hay que rasgarse si les cae una colleja lingüística desde Europa, pues a la hora de hacerse la víctima, esa pandilla de pacientes pasivo-agresivos es insuperable.

La Ley Celáa, un engendro contra la enseñanza en España
“Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo” Paulo Freire
Miguel Massanet diariosigloxxi 5 Noviembre 2020

Los españoles de a pie no somos expertos en cantidades macroeconómicas, no tenemos datos suficientes para poder juzgar con exactitud una situación económica o nos falta, seguramente, la preparación técnica para poder juzgar el alcance total de una pandemia como la Covid 19 algo que, evidentemente, sólo debería estar en manos de los expertos sanitarios y de los científicos especialistas en esta clase de enfermedades contagiosas. Sin embargo, nadie puede pensar que los ciudadanos no tenemos suficiente sentido común, que no vemos con claridad lo que acontece a nuestro alrededor o que no somos capaces de saber lo que nos favorece o lo que nos perjudica sin necesidad de que venga algún ministro del Gobierno a explicárnoslo o, lo que aún es peor, a intentar que nos traguemos cualquier sapo político que les interese a aquellos que ostentan el poder y que tienen pánico a que se les pueda escapar de las manos.

En este contexto no podemos menos que sentirnos alarmados ante una serie de hechos que, desgraciadamente, se vienen produciendo con demasiada frecuencia que nos hacen dudar seriamente sobre la legalidad y la legitimidad de diversas actuaciones del Gobierno y de algunos colectivos e instituciones directamente relacionados con él. Uno de ellos verdaderamente singular el desprecio que ha demostrado el señor Pedro Sánchez respeto al uso del “Estado de alarma” y a la frivolidad con la que lo ha estado aplicando haciendo de su capa un sayo, utilizándolo según le ha convenido a sus intereses partidistas y personales, olvidándose que se trata de una medida extrema, que está relacionada directamente con los derechos fundamentales de los españoles y que tiene unas limitaciones claras impuestas, precisamente, por nuestra Carta Magna.

La falta de respeto por los derechos de los ciudadanos y las normas constitucionales de este gobierno con el que nos ha tocado bregar, se está convirtiendo en algo proverbial, de tal manera que cada vez son más frecuentes las arbitrariedades, los incumplimientos de las leyes, las interpretaciones claramente espurias de determinados textos legales, las cacicadas de tipo totalitario y los resabios sectarios de ciertos ministros, que no parece que se den cuenta de que tienen limitaciones, que están sujetos al imperativo de la Ley y que, el ocupar un cargo de tanta responsabilidad en la Administración del Estado no significa que tengan patente de corso para hacer todo aquello que deseen, aunque ello signifique saltarse a la torera aquellas leyes plenamente vigentes que el Estado de derecho tienen establecidas para todos los españoles.

Y como para muestra basta un botón, el ejemplo de estas arbitrariedades de nuestros gobernantes lo tenemos a la vuelta de la esquina cuando el señor Pedro Sánchez ha decidido motu propio, manu militari, que puede prescindir del Parlamento, ocupar el puesto de los jueces y tomar decisiones tan atrabiliarias como ha sido establecer, de un plumazo, un estado de alarma por un periodo de 6 meses sin necesidad de recabar la aprobación del Parlamento cada 15 días como se establece para el caso de la primera prórroga. Se olvida nuestro Presidente, no sabemos si por ignorancia, autocracia, soberbia o, incluso, despotismo, de que se trata de una limitación del derecho de los ciudadanos a la movilidad, a decidir sobre sus vidas y a actuar con independencia algo que, por lo que representa y está especificado como derecho fundamental en el Título I de nuestra Constitución, en los artículos 19, 21,25,53 y 55, en los que se trata, respectivamente, de los derechos y deberes de los españoles y en los casos excepcionales en los que, siempre con carácter extraordinario y de forma restrictiva se pueden suspender, por parte del Gobierno, las libertades de los ciudadanos en los términos previstos en nuestra constitución.

Yendo de ilegalidad en ilegalidad, de incumplimiento en incumplimiento, de desconocimiento de la jurisprudencia, de desprecio por los representantes de los ciudadanos y de los partidos de la oposición, el señor Sánchez y sus ministros, por medio del procedimiento de abuso de los decretos ley y de los hechos consumados que, aunque sean recurridos ante los tribunales superiores, por el nefasto hecho de la extrema lentitud de la Justicia y de la policitación de quienes tienen la misión de impartirla; con el escándalo de que la fiscalía, dependiente del Gobierno, en este país se ha convertido, en virtud de la potestad de la señora Fiscal General del Estado, señora Dolores Delgado,(una persona que por sus trayectoria, su implicación directa en la política a las órdenes del PSOE, por su talante autoritario y por su falta de escrúpulos a la hora de ordenar a sus subordinados, los fiscales, no parece la más apropiada, ni siquiera la capacitada, para ocupar el cargo que tiene) que no tiene escrúpulos en ordenar actuaciones evidentemente negligentes, cuando no con ciertos tintes de prevaricadoras, que hacen pensar a muchos que, en lugar de ejercer las funciones propias de los fiscales encargados de defender la Justica acusando a ladrones y malhechores; en virtud de las políticas fiscales impuestas por la señora Delgado, más bien parece que se han convertido en sus abogados defensores, en ocasiones llegando a límites verdaderamente vergonzantes.

Mención aparte merece la actitud del propio Congreso de Diputados, convertido en un Sanedrín de las izquierdas, donde la mayoría que refrendó la moción de censura contra el señor Rajoy, ahora y ante el hecho evidente de un Gobierno que ha fracaso rotundamente en cuanto a tomar las medidas para luchar contra la Covid19; que no ha sabido aprovechar el tiempo en que la pandemia pareció relajarse para poner a prueba su capacidad para poner a punto todo el sistema sanitario del país para afrontar, con mayores garantías, la anunciada reaparición prevista para este invierno que, como es sabido, en realidad no ha dejado de afectar a España pese a que el señor Sánchez, en Junio, nos dijo que se había vencido a la enfermedad y que era hora de los pelillos a la mar. De “aquellos polvos, estos lodos” y de aquí se produce, señores, el hecho de que en la actualidad, España se haya vuelto a convertir en la nación donde, en relación con el número de sus habitantes, mayor número de contagios se produzcan. ¿Ha cambiado en algo la forma de nuestro Gobierno de afrontar la enfermedad? En modo alguno, porque lo que ha hecho Pedro Sánchez y los esbirros que lo acompañan, es aprovechar la pandemia para intentar, y conseguir, valiéndose de la situación de alarma, colarnos una serie de leyes que formaban parte de sus intenciones cuando se juntaron con Podemos para gobernar el país.

Un personaje tan sectario, insensible, intratable, demoledor de los derechos de los padres cuando afirmó que “los hijos no pertenecían a sus padres” y obtuso en el mantenimiento de sus ideas comunistoides como es la señora Isabel Celáa, aprovechándose de que la gente está más pendiente de la epidemia del coronavirus que de otras parte de la política nacional, ha hecho que atropelladamente, con la oposición de una gran parte del sistema docente del país, ajena a las firmas que se están consiguiendo, que ya pasan ampliamente de las 100.000 que piden que se rechace semejante basura, si tenemos en cuenta que, entre alguna de sus absurdas conclusiones, está la disparatada idea de que los alumnos puedan pasar al siguiente curso aunque tengan un número elevado de suspensos. Esta idea, que sólo se le puede ocurrir a alguien que no está en sus cabales o que lo que busca es que el país se llene de personas incultas e ignorantes con títulos, para que cuando tengan que enfrentarse a la vida o pretendan ejercer sus profesiones se encuentren con el rechazo de aquellos que podrían requerir sus servicios, por considerarlos incompetentes para ejercer su profesión..

Es tan torpe esta pretensión que, en teoría, pretende favorecer a las clases más humildes que, para cualquier persona medianamente inteligente que pueda pensar en ello, sería evidente que, precisamente por ser personas sin los medios adecuados para poder acudir a las escuelas o universidades privadas, serán los más perjudicados por la Ley debido a que, los que tengan medios para ello, llevarán a sus hijos a las escuelas conocidas como “de pago”, dónde evidentemente no van a permitir que un alumno con varios suspensos pueda acceder al curso superior, entre otras razones, porque hay muchas asignaturas en las que si te falta una base adecuada es imposible pasar a un estadio superior.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no podemos dar crédito a la evidente degeneración de nuestra política, los avances aparentemente incontenibles de las extremas izquierdas a las que no parece que haya nadie en este país, capaz de detener su deriva hacia el caos económico, el desprecio por las leyes, entre ellas la Constitución y el carácter cada vez más dictatorial y totalitario del que da muestras el actual gobierno filocomunista que está al frente de los destinos de España. Y una frase, para finalizar, ad hoc, perteneciente a don José Ortega y Gasset: "Cultura es labor, producción de las cosas humanas; es hacer ciencia, hacer moral, hacer arte"

La discrimación del castellano en la «ley Celaá» llega a la Comisión Europea
La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua denuncia que las enmiendas de PSOE, ERC y Podemos es «un abuso» y «una aberración»
Laura Daniele ABC 5 Noviembre 2020

«Una auténtica barbaridad histórica». Así calificó este miércoles la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua la enmienda presentada por PSOE, Unidas Podemos y ERC al proyecto de modificación de la LOE (Lomloe) por la que el castellano dejará de ser la lenguna vehicular en el sistema educativo.

Ante esta «grave vulneración de los derechos fundamentales», la eurodiputada ha decidido denunciar ante la Comisión Europea (CE) lo que considera «una discriminación y un abuso» por parte del Gobierno de coalición. Para Pagazaurtundua, el Ejecutivo «actúa por un interés puramente espurio y pretende establecer por ley algo que finalmente los tribunales van a determinar que no es aceptable». «Sabemos que los niños deben ser el eje del sistema educativo, por lo que generar una discriminación lingüística por motivos políticos es una aberración», aseguró a ABC.

La eurodiputada, que también es vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, ha registrado una pregunta dirigida a la Comisión Europea para que aclare si va a tener en cuenta esta enmienda a la nueva ley de educación en su próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España.

«Es un enfoque nuevo porque lo que le indicamos a la Comisión tiene que ver con una ley que puede aprobarse en el Parlamento nacional y que de ser así puede provocar la discriminación de los alumnos de lengua materna española, lo que es inconstitucional de forma flagrante. Porque una de las cosas que establece la Constitución española en uno de sus primeros artículos es la existencia de una lengua común que es el español y de lenguas cooficiales. La existencia de lenguas cooficiales nunca puede ir en detrimento de los derechos de los ciudadanos», aseguró.

Los informes sobre el cumplimiento del Estado de Derecho es una iniciativa de la Comisión ante el surgimiento los últimos años de algunas tendencias populistas que llevan a ciertos Ejecutivos a abusar de sus posiciones de poder. El pasado mes de septiembre la CE publicó el primero y sacó los colores al Gobierno de Sánchez por la falta de independencia en el nombramiento del fiscal general del Estado o la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pagazaurtundua espera ahora que se pronuncie también sobre la ley Celaá.

«Quitar el castellano como lengua vehicular por puro interés ideológico no es asumible porque hay que gobernar para todos los ciudadanos, no solo para que aquellos que los ultranacionalistas determinan o para aquellos compañeros de interés que el Gobierno se ha encontrado en el camino», afirmó.

Constitucional, Supremo y el TSJ catalán advierten que no se puede suprimir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza
Francisco Velasco. Madrid larazon 5 Noviembre 2020

La propuesta de ERC, avalada por PSEO y Unidas Podemos, de suprimir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza se puede dar de bruces con la doctrina del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y algunas resoluciones del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La más reciente decisión al respecto la ha dictado el TSJ catalán hace muy pocos meses, en concreto el pasado junio. Todo derivó en la petición de padre que solicitaba que su hijo, que cursaba educación infantil, pudiera recibir la enseñanza en el sentido de que el " idioma vehicular y enseñanza" fueran en " español" .

Ante decisiones judiciales previos que se limitaban a señalar que la Administración debía adoptar las medidas necesarias para cumplir lo anterior, tuvo que ser finalmente el TSJ de Cataluña quien lo resolviese. Y lo hizo en una sentencia el pasado 26 de junio, en la que reproduce criterios anteriores sobre esa misma conclusión y de acuerdo con la jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremo, en la que se concluye que "se trata en definitiva, de que, sin perjuicio del mantenimiento del catalán como centro de gravedad del sistema, se haga efectiva la presencia vehicular del castellano, en una proporción razonable, y que, “no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización del castellano como lengua vehicular”.

La conclusión no podía ser más tajante por parte del TSJ catalán, a la vez que fijaba el mínimo de horas lectivas en castellano que debían recibir los alumnos: “Partiendo de la consideración del catalán como centro de gravedad del sistema educativo, con la correspondiente traducción en el horario lectivo que debe derivarse de dicho principio, fijar la presencia mínima del castellano como lengua vehicular, en el curso y clase donde el hijo del recurrente sigue sus estudios, en un 25 % de las horas efectivamente lectivas, debiendo impartirse en dicha lengua oficial, además del área, materia o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, cuanto menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga”.

Así, no sólo establecía un mínimo del 25 por ciento de horas lectivas, sino que, además, establecía que el castellano debía ser la lengua en que se debe impartir algunas de las asignaturas troncales.

Sin embargo, la sentencia que marca de forma relevante la obligatoriedad de que las administraciones donde existen otra lengua oficial al margen del castellano garanticen que éste sea lengua vehicular en la enseñanza fue la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, por la que se declaró inconstitucional buena parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña que se pretendía imponer. En esa resolución, el TC ya venía a concluir que “el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”.

A partir de ahí son varias las sentencias del Tribunal Constitucional que inciden en esa misma línea. Entre ellas se encuentra la dictada el 26 de octubre del pasado año, donde el Alto Tribunal volvía a incidir en esa misma línea para despejar cualquier duda suscitada hasta entonces: “La cooficialidad -de catalán y castellano- ha de sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas, de forma que en ningún caso ha de otorgarse prevalencia o preponderancia a una lengua sobre otra”, estando “los poderes públicos —el Estado y la comunidad autónoma— […] facultados para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una comunidad autónoma como lenguas de comunicación en la enseñanza, de conformidad con el reparto competencial en materia de educación”.

El Tribunal Supremo, por su parte, también ha sido claro en esta materia, en lo que se refiere al castellano como lengua vehicular. Así, por ejemplo, ya estableció en 2012 ese criterio en lo que se refería a la educación infantil; y, en el año 2015 respaldaba que el 25 por ciento de las clases debían ser en castellano, tal como estableció hace pocos meses el TSJ de Cataluña.

Las criaturas del pantano
Rafael Bardají https://gaceta.es/ 5 Noviembre 2020

En los años 50 proliferaron en Estados Unidos cómics y películas de terror que tenían por protagonistas a la o las criaturas del pantano. Deformes, horribles, sedientos de sangre y carne humana, hacían de la vida normal un imposible. En 2016, las aguas cenagosas del pantano volvieron al imaginario estadounidense de la mano de la campaña de Donald Trump como metáfora de la corrupción de un sistema político que se tragaba al ciudadano normal a fin de preservar sus privilegios. Cuatro años más tarde, el pantano y las diabólicas criaturas que lo habitan parecen seguir muy vivas y listas para darle un buen bocado al presidente Trump.

En el momento de escribir este artículo, las elecciones americanas siguen pendientes del recuento de los votos por correo y aunque todo apunta a que Donald Trump es el ganador, no sabremos nada oficialmente mientras los demócratas no acepten su derrota. En cualquier caso, varias lecciones se pueden fijar ya por escrito. Para empezar, la famosa ventaja de más de 10 puntos del candidato Biden se puede interpretar ya como una gran mentira destinadas a motivar más voto hacia él con una falsa imagen de claro ganador. Trucos pueriles con los que muchos se habrán embolsado un buen puñado de dólares y muchos otros, especialmente en la prensa -sobre todo en la internacional- habrán sublimado su frustración ante un presidente al que odian.

En segundo lugar, la ilusión de un tsunami demócrata no se ha materializado. El senado sigue en las manos de los republicanos y en el Congreso las diferencias se han recortado a favor de éstos.

En tercer lugar, la esperanza de que Trump fuese una anomalía, también se ha evaporado. No sólo no es que haya sido castigado por los votantes, es que le han apoyado más ciudadanos que en 2016. Y eso que Trump se ha tenido que enfrentar a todos los medios de comunicación (incluida la Fox); a los gigantes tecnológicos que han censurado su mensaje y el de sus seguidores con total impunidad; a muchos republicanos que no aceptan a un outsider guiándoles políticamente; al mundo, de Europa a China; y, no se puede olvidar, al virus chino con todas sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. A pesar de todo ese frente común antiTrump, ha vuelto a rebasar todas las expectativas que le daban los encuestadores.

Ahora bien, pase lo que pase, y quiero creer que seguirá ocupando la Casa Blanca a pesar de las tentaciones de fraude electoral, también ha quedado claro que la resistencia del establishment, de la ciénaga, sigue siendo impresionante. Si revalida su mandato, Trump debe poner toda su energía en doblegar todas esas fuerzas que actúan antidemocráticamente para evitar que los americanos, esos “deplorables”, sigan eligiendo a quien más les gusta. Por cierto, que para la prensa española esos “deplorables” que decía Hillary son ya “la escoria”. Hay que esperar de momento para ver quién acaba de verdad en el estercolero.

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El español, prohibido en la escuela
Pablo Planas Libertad Digital 5 Noviembre 2020

Ese Pedro Sánchez que no iba a pactar con Podemos ni con los nacionalistas catalanes y vascos acaba de dar carta blanca para que su partido acuerde con ese mejunje de radicales de extrema izquierda, golpistas y proetarras la erradicación del español en las escuelas de aquellas regiones con dos lenguas oficiales. Es decir, que los mandarines autonómicos de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia podrán menospreciar más el idioma común y marginar aún más a los alumnos que lo tienen como lengua materna gracias a una reforma de la ley educativa que priva al español de su condición de lengua vehicular en España. Inaudito.

Es la condición que ha impuesto el partido de personajes como Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en Madrid, y el golpista Oriol Junqueras para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Y, como era de esperar, Sánchez no ha dudado ni un segundo en dar gusto a los dirigentes republicanos y a su líder delincuente, porque para él es más importante cualquier cosa, incluido el mojón de sus números, que el respeto por los derechos lingüísticos de cientos de miles de familias. Así se las gasta el incompetente en jefe que reside en la Moncloa.

La traición de Sánchez a muchos de sus votantes no sólo ratifica y remacha la inmersión lingüística que se practica en Cataluña, sino que es un rejón de muerte para el español en las escuelas, puesto que ya no será necesario dar alguna clase en ese idioma de manera testimonial y para alegar que se cumple con las resoluciones y sentencias de los tribunales, aunque eso sea una mayúscula mentira.

Las autoridades regionales de Cataluña odian el español y odian a España, odio del que dan sobrada cuenta cada vez que abren la boca. Y han trasladado ese odio a las escuelas, donde los planes lingüísticos responden a una estrategia medida al milímetro para convertir el español en una pura excrecencia que sólo hablen quienes no pueden hablar otra cosa. Ese odio encuentra su curso también en los medios de comunicación públicos de la región, donde el español es el idioma en el que se manejan en las series los delincuentes, los marginados y los inmigrantes. Y de ahí pasa a todos los ámbitos. Hay sobrados ejemplos. Los empresarios y autónomos cuyos negocios y trabajos se hayan visto afectados por la pandemia tienen que demostrar que nada más utilizan el catalán e ignoran el castellano para tener acceso a las ayudas que gestiona esa oficina de tráfico de influencias en la que los separatistas han convertido la Generalidad.

Los ciudadanos están indefensos. Del PSOE y su extensión catalana, el PSC, cabe esperar siempre lo peor. En lo más duro del golpe de Estado separatista oscilaron tácticamente hacia el constitucionalismo, pero a la primera oportunidad comenzaron a desactivar desde dentro la unidad política frente a los separatistas. Haría bien Ciudadanos en reflexionar sobre su apoyo al Gobierno. El partido nació para oponerse a la inmersión lingüística y puede caer en un vano intento por combinar la defensa de los derechos de los castellanohablantes con el sustento gratuito de un Ejecutivo que prefiere agradar a ERC que a la mayor parte de sus votantes.

Los trabajadores dan las gracias por la inmersión

Cristina Losada Libertad Digital 5 Noviembre 2020

En cierta época de la Unión Soviética, proliferaron las fotos, los cuadros y los pósters de grupos de niños sonrientes dando ramos de flores al ejecutor del Gran Terror con la leyenda: “Gracias al camarada Stalin por nuestra infancia feliz”. Escuchando estos días lo dicho por dirigentes de Podemos en favor de la inmersión lingüística en Cataluña, queda claro que nos falta algo para ilustrar como es debido ese sistema único en Europa. Hay que inspirarse en las ideas soviéticas y poner en circulación fotos, pósters y vídeos en los que los hijos de las clases trabajadoras de Cataluña manifiesten su efusivo y sincero agradecimiento a la inmersión por lo felices que fueron, gracias a ella, en su etapa escolar. Y después.

El agradecimiento de los hijos de los trabajadores a los camaradas que impusieron la inmersión tiene que incluir, por supuesto, el viejo asunto de la igualdad de oportunidades, que acaba de sacar Pablo Echenique, pero también –no sólo copian, sino que se copian– el diputado Joan Mena, de En Comú, que lo hizo en primera persona. Y del plural, nada menos, porque está muy agradecido a la inmersión que “tantas oportunidades nos ha dado a los castellanoparlantes”. Es evidente que Mena fue un niño que le llevó flores a Stalin y lo sigue adorando. Pero como es diputado, y esta no es hazaña que consiga cualquier castellanoparlante en Cataluña, pese a la cacareada igualdad de oportunidades, hay que entender que dé las gracias.

Para centrarnos en lo general, lo cierto es que la mayoría de las familias trabajadoras de Cataluña tienen que agradecer la inmersión porque, ¡ignorantes!, no hablaban el idioma de la burguesía, por decirlo en los términos de clase que, se supone, son los de Podemos. Es verdad que esos términos fueron antes los del PSUC, que fue el partido, que junto al PSC, inventó esa gran falacia de que la inmersión garantiza la igualdad de oportunidades y el ascenso social, además de la cohesión y otras maravillas que necesita el proletariado. Sépase, en cualquier caso, que esos son los ajados tópicos que ahora revende Podemos en el mercadillo.

La inmersión era tan buena para las clases trabajadoras que el hijo de una familia llegada de Málaga o de Lugo para trabajar en una región de su país tenía que renunciar a estudiar en su lengua materna si quería ascender socialmente y no quedar en los estratos más bajos. Así, por su bien, se le privó de aquel derecho y de una clara ventaja, y se le condenó a tener más dificultades en el aprendizaje y a no desarrollar los registros cultos de su lengua materna –y lengua oficial del Estado– en la escuela. Esto, con la abracadabrante justificación de que ya aprendería el castellano en la calle.

A todos esos sacrificios, y alguno más, se ha obligado a las familias trabajadoras con el embeleco de que sólo así podían subirse al ascensor social, que es un ascensor del que las hubieran echado a patadas si se empeñaban en hablar en español. Además, gracias a la inmersión se ha enseñado a los niños de lengua materna española y clase trabajadora que su idioma es ajeno y de segunda en Cataluña, y ellos mismos también. El sistema es tan eficaz que aprenden estas importantes lecciones desde su primer minuto en la escuela pública. Luego aprenderán que aquellos sacrificios no son suficientes ni lo serán nunca, salvo para una exigua minoría. Minoría a la que, cada tanto, ponen en el escaparate para demostrar que no hay supremacismo ni clasismo ni desprecio del castellanohablante, con grandes carteles que dicen: “Gracias a la inmersión por nuestra infancia feliz”.

La humillación del español en España
Javier Caraballo elconfidencial 5 Noviembre 2020

Ni legítimo, ni honesto ni inteligente. Un Gobierno no puede negociar con aquello que no le pertenece, como el uso del castellano, lengua oficial del Estado, en todo el territorio español; no puede comerciar con “el deber de conocerla y el derecho de usarla” de todos los españoles, como recoge el artículo 3 de la Constitución. Ninguna legitimidad parlamentaria autoriza a un Gobierno a mercadear con los derechos constitucionales a cambio de un puñado de votos. Ni es honesto incluir en la negociación de unos Presupuestos Generales del Estado la depreciación del uso del castellano en Cataluña a cambio de que los independentistas catalanes apoyen esas cuentas. La consideración del castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, al igual que el catalán, no es un asunto menor, una cesión al alcance de un Gobierno necesitado de votos en el Congreso, como si fuera la inversión de un tren de cercanías.

Pero es que tampoco es inteligente ni efectivo porque socialistas y populares ya han tropezado demasiadas veces en la misma piedra; los dos partidos que, salvo en los primeros años, se han turnado en el poder en estas cuatro décadas de democracia española saben bien que todo problema se acaba multiplicando cuando se intenta contentar a quien se muestra insaciable, desleal, excluyente y, además, se pavonea de serlo.

La nueva polémica se refiere al principio de acuerdo que ha alcanzado el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos con Esquerra Republicana para que esta apoye los Presupuestos a cambio de que se suprima en la nueva Ley de Educación que el castellano es “una lengua vehicular” en la enseñanza. La modificación es muy significativa, porque lo que les molesta a los independentistas es que la Ley de Educación diga que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares” en la enseñanza en España.

Cualquiera que no esté familiarizado con esta polémica —si no es español, directamente, se frotará los ojos— no entenderá muy bien dónde está el problema, porque se garantiza la protección del catalán al mismo nivel que el castellano; pues justamente ahí, en que no se persigue la equiparación sino la progresiva desaparición del castellano de las aulas en Cataluña. Debe tenerse en cuenta que ya en la actualidad, con los modelos de inmersión, la única asignatura que se imparte en castellano en la gran mayoría de los colegios catalanes es la de Lengua Castellana, en ‘cumplimiento’ del mínimo exigible de que el 25% de la enseñanza se haga en la lengua oficial del Estado.

En esas circunstancias, de claro predominio del catalán en las aulas sobre el castellano, ¿por qué le parece tan importante a Esquerra eliminar de la ley que el castellano es “una lengua vehicular”? La única explicación está en la intención de acallar a los tribunales de Justicia y evitar las condenas reiteradas contra la progresiva degradación y el acoso que sufre el castellano en Cataluña. Tan persistente ha sido el conflicto que, con seguridad, existen muy pocos temas en España sobre los que haya más jurisprudencia que en este.

Muchas de las sentencias que existen en los tribunales, desde el Tribunal Superior de Cataluña hasta el Tribunal Supremo, pasando, obviamente, por el Tribunal Constitucional, se producen por la educación, pero también por las prohibiciones y sanciones a las que se somete a empresarios, comerciantes o consumidores catalanes que defienden su libertad para anunciarse, comprar o vender en castellano. Es decir, casi toda la jurisprudencia acumulada en cuatro décadas se produce por las constantes agresiones que ha sufrido la lengua española en Cataluña y la necesidad de los tribunales de salir en su defensa.

En todas las sentencias contrarias a los excesos contra el castellano, siempre repiten la misma lógica, que la legítima potenciación del catalán en una sociedad bilingüe, con dos idiomas vehiculares reconocidos, no puede determinar la exclusión del castellano como lengua docente. Más o menos, se repite siempre esta lógica del Tribunal Constitucional cuando analizó el estatuto de autonomía: “Nada impide que el estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que esta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza”. En suma, que los tribunales de Justicia en España siempre han velado por la igualdad del castellano y el catalán en el sistema educativo de Cataluña y es, precisamente, la igualdad lo que irrita al nacionalismo.

Si el origen y la justificación de la política de inmersión lingüística de Cataluña fue la represión que había sufrido el catalán durante los 40 años del franquismo, ya puede afirmarse que, en el mismo tiempo, los gobiernos nacionalistas en Cataluña han superado o igualado a la dictadura en la represión del otro idioma. No viene mal, en este sentido, este fragmento del ensayo de Eduardo Mendoza, ‘Qué está pasando en Cataluña’, sobre algunas verdades y muchas falsedades con las que se justifican a diario tantas atrocidades. Dice así: “El catalán como lengua de uso no estuvo prohibido. Tampoco estuvo autorizado".

"Alguien definió el franquismo como una dictadura mitigada por el general incumplimiento de la ley. Era una peculiaridad jurídica de la dictadura establecer unas normas estrictas y permitir que se incumplieran, sin renunciar a la posibilidad de aplicarlas cuando lo estimara oportuno. Con el uso de la lengua catalana fuera del ámbito privado ocurrió así. En la vida cotidiana, el castellano y el catalán convivían buenamente”. La humillación del español en España, que no otra cosa supone que el Congreso elimine de una Ley de Educación su carácter de lengua vehicular, nos devuelve a la misma realidad que con el franquismo; la normalidad y la convivencia entre las dos lenguas ya solo son posibles en la vida cotidiana. A los independentistas debe molestarles hasta eso.

Podemos y la persecución del español
José García Domínguez Libertad Digital 5 Noviembre 2020

Un viejo rojo descatalogado de los que no se arrepienten de nada, yo mismo sin ir más lejos, quizá podría haber esperado algo de esa nueva izquierda naíf mesetaria, y hablo claro está de Podemos, si tuviese como himno corporativo, qué sé yo, España en marcha. Pero con unos tipos y tipas que cierran sus mítines entonando La Estaca, cancioncilla que posee como protagonista muy real a un racista de pueblo que militó en los escamots de Estat Català, el famoso abuelo Siset, no se puede ir a ninguna parte. En Podemos, y al margen de la componente alícuota de cinismo que cabe presumir en cualquier grupo de profesionales a tiempo completo de la política, hay un problema de ingenuidad sincera que, en última instancia, procede de la simple ignorancia; una ignorancia que alcanza cotas enciclopédicas cuando se trata de la querella lingüística catalana. Así, en tanto que el catalanismo formaba parte del pack de la mitología canónica antifranquista al mismo nivel que las carreras delante de los grises, su rendido asentimiento a la persecución institucional del castellano en el País Petit ha devenido un genuino acto de fe.

Nada que ver con la abierta hipocresía al respecto de un Iceta o de un Montilla. Lo suyo, ya se ha dicho, es más bien un híbrido de devoción y desconocimiento generacional. Una ignorancia y una devoción que les impiden siquiera cuestionar la veracidad de ese mantra un millón de veces repetido, el que sostiene que en la sociedad catalana existe un amplísimo consenso transversal a propósito de la cuestión de la lengua. Pues ocurre que la inmersión lingüística obligatoria en catalán no resulta ser una novedad de ayer ni de antes de ayer. Bien al contrario, en Cataluña está proscrito el uso docente del idioma español en la instrucción primaria desde principios de la década de los ochenta del siglo pasado. Mes arriba, mes abajo, unos cuarenta años, el mismo tiempo que duró la dictadura del general Franco. El mismo. O sea, que algo ha llovido desde que aquel cura fanático y trabucaire del PSAN, Joaquim Arenas, destruyó por las bravas el proyecto de bilingüismo escolar que históricamente había defendido la izquierda catalana, con los pedagogos socialistas y comunistas de Rosa Sensat a la cabeza. Con lo muy fácil que sería ejercer el sagrado derecho a decidir en ese asunto de la inmersión. ¿O no, diputado Echenique?

Que 30 años de discriminación del castellano no es nada
María Jesús Cañizares cronicaglobal 5 Noviembre 2020

Algo muy gordo está fallando cuando, en plena pandemia, el uso del castellano vuelve a convertirse en moneda de cambio de los partidos políticos. La inmersión lingüística, un sistema educativo implantado hace más de 30 años para normalizar el catalán en las aulas, se ha revelado como intocable. Y también intratable, dado que es imposible abordar esa cuestión desde una perspectiva estrictamente pedagógica.

Podemos plantear la reforma de la Constitución, porque efectivamente no es sagrada. Pero cuando un padre, profesor, lingüista, asociación o cargo público osa referirse a la flexibilización de ese modelo lingüístico en las aulas, el activismo identitario y nacionalista --muy bien subvencionado, por cierto, como es el caso de Plataforma per la Llengua-- se pone en marcha y llena las calles y las tertulias para bramar contra la “catalanofobia”. El propio consejero de Educación, el republicano Josep Bargalló, tuvo que envainarse un proyecto tan razonable como aumentar las horas de castellano en centros situados en entornos con un fuerte arraigo de la lengua catalana. Incluso el PSC, que después de muchos años de complicidad con la inmersión abrió el debate sobre su revisión, tuvo que matizar sus posturas, muy en la línea de lo apuntado por Bargalló.

El pacto entre PSOE, Podemos y ERC para blindar el catalán como lengua vehicular en la educación incluye una disposición adicional que, supuestamente, permite a los centros realizar ajustes lingüísticos para garantizar que los alumnos acaban su escolarización dominando tanto el catalán como el castellano. Es decir, que cuelan una suerte de bilingüismo escolar por la puerta de atrás en la reforma de la LOMCE.

El problema principal de todo ello es que evitar equiparar ambas lenguas como vehiculares supone perpetuar el castellano como un idioma de segunda categoría e incumple la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir, como mínimo, un 25% del horario lectivo en ese idioma. Un porcentaje mínimo, pero que visto el “escándalo” que provocó en 2007 la propuesta de la tercera hora en castellano, defendida por el entonces consejero de Educación, Ernest Maragall, parece que nunca llegará a aplicarse. De hecho, un exhaustivo informe de la Asamblea de Profesores por el Bilingüismo (AEB) presentado recientemente en el Parlamento Europeo demuestra que ningún centro catalán cumple esa resolución judicial.

Por aquellas fechas, Maragall no se había sumado todavía a las filas republicanas, es decir, no había abrazado un independentismo que siempre se ha querido distinguir del nacionalismo convergente, pero que también cae en esa discriminación lingüística y cultural, con tintes clasistas.

ERC ha utilizado al castellanohablante Gabriel Rufián para penetrar en una conurbación metropolitana donde esa lengua tiene un uso mayoritario y ensanchar así su base electoral. Ayer, el vicepresidente Pere Aragonès, ponía a la hermandad rociera “de mi pueblo”, Pineda de Mar, como ejemplo de solidaridad social ante el Covid-19. Pocos días antes, su compañera de filas, Jenn Díaz, vinculaba flamenco y franquismo, abonando la tesis de que determinada cultura y lengua han sido impuestas en Cataluña por colonos enviados por el dictador. “Colonos” que abandonaron sus familias y sus pueblos para buscar un futuro mejor, aunque en muchos casos, solo encontraron trabajos precarios y se vieron condenados a vivir en chabolas.

Pero lo importante, a juicio del nacionalismo más excluyente, era que esos “colonos” vivieran y pensaran en catalán. Jordi Pujol dedicó mucho dinero y tiempo a ese objetivo --subvenciones a barrios, colegueo con Justo Molinero…--, sembrando así la semilla de la intransigencia de la que ahora recogen sus frutos partidos independentistas que mantienen las multas lingüísticas a empresas en plena pandemia y entidades como el grupo Koiné, defensor del monolingüismo y que fiscaliza cualquier palabra suelta en castellano que se cuela en TV3.

Y si siempre fue difícil abordar la utilidad de la inmersión lingüística --los mensajes son contradictorios respecto a si el catalán está en peligro de muerte o no--, durante el procés ha sido imposible. Eso sí, la citada Plataforma per la Llengua ha aprovechado la coyuntura para fomentar la delación --acoso a camareras que hablan en castellano-- y espiar a menores en el patio de la escuela para ver en qué idioma juegan, ríen o se relacionan. Bargalló se desentendió de esa infamia. Y no es para menos.

Enésima polémica sobre la inmersión lingüística
Jordi Mercader cronicaglobal 5 Noviembre 2020

La polémica alrededor de la inmersión lingüística en la escuela catalana será eterna. Y es lógico, porque Cataluña es un país bilingüe y porque en torno al carácter vehicular del catalán en el sistema educativo de Cataluña se asocian dos conceptos tenebrosos: el monolingüismo y el adoctrinamiento, que nada tienen que ver con la inmersión pero que suelen acompañar las argumentaciones de algunos defensores y muchos detractores de este consenso del catalanismo.

El debate de las lenguas en la escuela se envenena muy fácilmente cuando forma parte de transacciones políticas para otros asuntos. Ahí estamos. PSOE y Unidas Podemos buscan el apoyo de ERC para los presupuestos ofreciéndole unos retoques en la nueva Lomce para evitar que nadie pudiere llegar a interpretar que el castellano también podría ser lengua vehicular en la escuela catalana. La frase introducida por el ministro Wert no garantizaba nada y su eliminación tampoco presume nada, sin embargo, sus señorías andan revoltosos con el tema.

Cataluña es a día de hoy un país bilingüe porque un día la Generalitat, competente en exclusiva en esta materia, acordó que el catalán seria lengua vehicular de su sistema educativo. De no haberlo hecho, la lengua catalana seria minoritaria, porque el ecosistema lingüístico (medios de comunicación, industrias culturales, redes, relaciones laborales y sociales, además de las aulas) no le es favorable. El consenso existente sobre esta cuestión en el seno del catalanismo político tradicional no buscaba la implantación del catalán como lengua única del país como algunos pretenden sino su defensa para garantizarle la vida. Y lo ha conseguido, así, así.

Desde aquel lejano día de las postrimerías del siglo pasado, se han sucedido los intentos de modificar la jerarquía vehicular, sin éxito, hasta llegar a la fórmula actual, el catalán lengua vehicular y el castellano lengua para un determinado porcentaje de enseñanza, asegurando la competencia final de los alumnos en las dos lenguas oficiales. Y esto es así porque la educación es una competencia exclusiva de Cataluña y por mucho que le den vueltas en el Congreso de los Diputados para levantar falsas expectativas no van a modificar el modelo en su esencia, salvo quizás ajustar mejor los porcentajes a de tiempo dedicados al castellano. Ya lo advirtió hace un par de años el sacrosanto Tribunal Constitucional, la escuela es de la Generalitat.

La nueva tormenta desencadenada en el Congreso por una enmiendo de ERC al texto de la ministra Celaá que vendrá a substituir a la ley Wert, eliminando unas frases vaporosas sobre el carácter vehicular del castellano en toda España, no servirá para nada, porque si algún cambio substancial se persiguiera en esta materia, éste debería introducirse en el Estatuto, una opción fuera del alcance de quienes aspiran a otro modelo, más cercano a las dos escuelas paralelas. Es solo ruido parlamentario que les vienen bien a ERC y JxCat para pelearse un poco más y al gobierno de PSOE-Unidas Podemos para profundizar la brecha con el PP.

Inmersión lingüística y PSC van de la mano y en cuanto se presenta un nuevo episodio de polémica sobre el asunto, la posición de los socialistas tiende a ser cuestionada por unos o por otros, depende de las causas directas del episodio. Los socialistas catalanes comparten la paternidad del modelo escolar catalán con PSUC y CDC, después de que Pujol renunciara al modelo vasco, dos escuelas, dos televisiones autonómicas. Cierto que el PSC ha ido abriéndose a la posibilidad de mayores porcentajes de educación en castellano (y de inglés), coincidiendo en esto con el propio conseller Bargalló, sin discutir nunca el tratamiento vehicular del catalán. No podrán hacerlo sin traicionar sus planteamientos fundacionales.

Tiene algo de irreal la aspiración de Ciudadanos y PP de arrastrar a los socialistas catalanes a sus posiciones lingüísticas y escolares, como lo tiene la idea del frente constitucionalista en el Parlament. Más allá del respeto compartido por la Constitución, al PSC le separa de la derecha españolista sus raíces catalanistas y de Ciudadanos, en concreto, el origen de este partido, nacido justamente para combatir la inmersión lingüística.

Por si esto no fuera suficiente para alejarse del frente anti independentista, los socialistas tienen vivo el recuerdo de sus éxitos electorales cuando militaba estrictamente en el espacio del catalanismo progresista. Tan irreal como pensar en un movimiento táctico en esta dirección es suponer que un día sucederá lo contrario y los socialistas catalanes se adherirán a las tesis monolingües soñadas por algunos sectores del soberanismo.

El español, en manos de los nacionalistas
EDITORIAL EL RUGIDO DEL LEÓN ESP 5 Noviembre 2020

El Gobierno ha acordado con ERC modificar la Ley de Educación. Si hasta ahora establecía que "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares", la fórmula que el Gobierno ha pactado con ERC da carta blanca al blindaje de la inmersión lingüística en catalán y a una marginación aún mayor del español.

La enmienda, que se vota este jueves en el Congreso, recurre a propósito a una redacción ambigua que satisface a los nacionalistas y a la vez trata de tapar lo que es una nueva cesión a ERC. Así, el texto establece ahora que son las "Administraciones educativas" las encargadas de regular el uso de las lenguas en el aula, y como la Educación está transferida, la Generalitat considera que esas "Administraciones" son las suyas. Por lo tanto: barra libre para actuar.

Adoctrinamiento
La trampa está en haber borrado la referencia a la condición de "lengua vehicular" del castellano. La alusión que la nueva redacción hace a tener en cuenta "la Constitución" es no decir nada, maquillar la realidad, por cuanto la Constitución no dice cómo debe regularse el uso de las lenguas en la escuela.

Si la denominada Ley Celaá acaba finalmente siendo aprobada, las Comunidades Autónomas bilingües con gobiernos nacionalistas podrán dar una nueva vuelta de tuerca al adoctrinamiento en las aulas. Y eso, habida cuenta de que en Cataluña rige desde hace años un itinerario pedagógico que discrimina al castellanohablante, puede ser fatídico.

Marginación
Todo, además, cuando los Tribunales llevan exigiendo desde hace años que en Cataluña se imparta el "mínimo legal del 25% de horas en castellano", y cuando Europa se ha prestado a investigar la marginación del español en los centros educativos catalanes. Conviene recordar la sentencia del Tribunal Supremo de 2010 en la que se recordaba a la Generalitat que el castellano es lengua vehicular en Cataluña y como tal debe ser tratado.

Que el Gobierno que preside Pedro Sánchez esté dispuesto a renunciar a que el español sea lengua vehicular en los colegios españoles, dejando definitivamente desamparadas a las familias que quieren que sus hijos sean educados en su lengua materna, demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar para garantizarse una mayoría con la que blindar la legislatura. Nunca debió prestarse a pagar ese precio.

Exigen al Gobierno no eliminar el castellano como lengua vehicular de la educación catalana
Redacción https://rebelionenlagranja.com 5 Noviembre 2020

Societat Civil Catalana (SCC) ha reclamado al Gobierno que no se expulse el castellano de las aulas catalanas, y que no se elimine como lengua vehicular de la educación en esa Comunidad, después de que los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y ERC presentaran el pasado martes una enmienda a la ‘ley Celaá’ que contempla dicha propuesta, con discriminación del castellano y vulneración del derecho de los ciudadanos de escoger la lengua vehicular en la que quieren que sus hijos sean educados. La propuesta, además, contraviene claramente el artículo 3.1 de la Constitución española (“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”) y el propio Estatuto de Autonomía, y contradice la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia.

Según Europa Press, la entidad constitucionalista se ha mostrado consternada ante este principio de acuerdo, impulsado por ERC, que pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.

Así, han señalado en un comunicado que se “ponga fin” a una política lingüística en la escuela “injusta, discriminatoria y contraria a los principios pedagógicos de la UNESCO”. Además, han argumentado que el español “es el iddioma materno de la mayoría de los catalanes” y que “no puede seguir siendo tratado como un idioma extranjero”.

SCC ha asegurado que la inmersión lingüística “no es el camino para articular la convivencia lingüística” porque, según han explicado, no tiene base sociocultural ni pedagógica y limita derechos civiles y fundamentales de la ciudadanía. En esta línea, han esgrimido que “es de sentido común” que la lengua oficial del Estado sea vehicular en todo su territorio, “como sucede en cualquier país europeo”, al mismo tiempo que lo son otras lenguas cooficiales.

Eso sí, han advertido de que, en caso de consumarse esta medida, será contraria al “espíritu de la Constitución y a las decisiones de los tribunales, así como dañará derechos fundamentales y civiles básicos”. Al contrario, han reprochado que “después de cuatro décadas es el momento de hacer efectivo el derecho a una educación bilingüe de calidad”.

“Significaría una humillación inaceptable para millones de catalanes que han sufrido una década de nacional-populismo independentista”.
“El monolingüismo educativo es también perjudicial para los catalanohablantes, pues supone un claro empobrecimiento cultural y lastra sus oportunidades promoción profesional”… “hay unas líneas rojas que no pueden traspasarse”.

La 'ley Celaá' no prevé pruebas que garanticen el conocimiento del castellano en las aulas catalanas
El Ministerio de Educación se fiará de la buena voluntad de la Generalitat para evaluar el nivel en lengua castellana, pero sin fijar ninguna prueba homogénea en toda España
Laura Fàbregas vozpopuli.es 5 Noviembre 2020

Este jueves el proyecto de Ley de Educación pasará su primer trámite en la ponencia de la Comisión de Educación del Congreso. Si se aprueba la enmienda transaccional de ERC y Unidas Podemos para eliminar el castellano como lengua vehicular en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales quedará en manos de los gobiernos de turno garantizar “el dominio del castellano” una vez los alumnos finalicen la educación primaria.

Según ha confirmado Vozpópuli el Ministerio de Educación no prevé dotar su reforma educativa de ningún instrumento o prueba homogénea en toda España para evaluar el nivel de castellano de los alumnos de las comunidades que, como Cataluña, no garantizan el 25% de clases en castellano que dictaminó el Tribunal Constitucional.

Se basarán, como hasta la fecha, en la buena voluntad del Ejecutivo regional. La portavoz de Educación de ERC en la Cámara Baja, Montse Bassa, lo confirmaba así este miércoles en rueda de prensa: “Cuando acabe la etapa primaria los alumnos deberán saber de igual manera ambas lenguas, las dos lenguas van a tener el mismo dominio, pero lo que no nos pueden imponer es la enseñanza en lengua castellana o el número de horas de cada lengua”.

El problema es que no hay ninguna prueba o test que sea homogéneo en todas las comunidades autónomas para certificar este dominio de la lengua materna de la mitad de catalanes que ERC se compromete a garantizar. Desde las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) o el informe PISA, pasando por la Evaluación General del Diagnóstico, que se realizó en 2009 y 2010, no han sido nunca uniformes para todo el territorio.

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, explica a instancias de este medio que “la Generalitat establece sus propios criterios” en todos los exámenes y, en consecuencia, no hay forma de comparar el nivel de los estudiantes catalanes con el del resto de alumnos españoles de otras regiones.

Datos del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación publica anualmente la media nacional de las calificaciones que le envían las Comunidades Autónomas en las PAU. Año tras año, Cataluña aparece por encima de la media española en competencias lingüísticas en castellano. En la última edición disponible, de 2019, Cataluña se sitúa en un 6,61 sobre 10, según ha comprobado este medio.

Esta posición por encima de la media también se observa en los datos que gestionan desde la Generalitat y en los del Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (informe PISA). Sin embargo, los datos cotejados no son totalmente fiables al no existir una misma prueba idéntica para toda España.

La lingüista Mercè Vilarrubias, impulsora de una ley de Lenguas, explica que el Informe PISA usa un único criterio en las pruebas de matemáticas y ciencias, pero que la prueba de comprensión lectora se realiza solo en catalán en el caso de Cataluña. “Durante mucho tiempo se dijo que las pruebas PISA ratificaban el nivel de castellano en Cataluña. Pero era mentira, se hacen en catalán y así lo han reconocido desde el propio Departamento de Educación”, abunda.

Tentativas de una prueba común
La Evaluación General del Diagnóstico intentó en 2009 y 2010 crear una prueba con parámetros únicos para toda España para evaluar el nivel de castellano y el de otras materias. Se trató de un test que se coordinó entre los 17 departamentos de educación autonómicos y que se realizó en el último curso de la educación primaria y de la secundaria (cuarto de primaria y segundo de la ESO). No obstante, no se logró el consenso para fijar los mismos parámetros en todas las autonomías. Ni siquiera para consensuar el mismo idioma. Según Losada, esta situación se debió a que algunos ejecutivos, como el catalán, se “opusieron” por “razones políticas” a que existiera una prueba común.

Según confirmó Convivència Cívica, entidad que propugna el bilingüismo en Cataluña, la propia Generalitat reconoció que la prueba se había hecho en catalán: “La prueba de competencia en comunicación lingüística se pasó en lengua castellana en España y en lengua catalana en Cataluña”.

También en 2010 se promovió lo que se apodó Evaluación Coordinada del Ministerio de Educación para analizar el nivel de castellano de los alumnos catalanes en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato, pero fue solo un “muestreo” confinado a 50 centros educativos. Según las entidades consultadas, insuficiente para ser representativo del sistema educativo catalán.

Polémica entre ERC y JxCat
Si ERC ha querido vender su enmienda en la propuesta de ley como un éxito que “blinda el modelo de inmersión lingüística”, desde el PDECat critican que dicha enmienda abre la puerta a que “el Ministerio pueda dictar unos porcentajes de clases en castellano en las aulas catalanas”.

El motivo de debate es sobre la definición de “administración educativa”. La diputada de ERC Montse Bassa defiende que dicho concepto se refiere únicamente a la Consejería de Educación y que, en consecuencia, las normativas autonómicas de educación “se van a respetar”, algo que a su juicio no sucedía con la anterior Ley Wert del PP.

Por contra, el PDECat asegura que la definición es lo suficiente “ambigua” como para que se extienda también el Ministerio de Educación. “Hemos hablado con el PSOE para que cambien administración educativa por Comunidades, pero no han querido”, explican a Vozpópuli fuentes del partido para dar a entender que los socialistas quieren, a través del Ministerio, poder supervisar o modificar el modelo lingüístico catalán.

Este dilema ha provocado el enfrentamiento entre los dos partidos y socios en la Generalitat, hasta el punto que ERC ha acusado al PDECat de mentir. “Encuentro un hecho muy grave que el espacio posconvergente haya salido con estas falsedades antes de que se hayan hecho las votaciones. Es hacer partidismo y es un tema muy sensible”, ha dicho Bassa.

Todavía queda por ver si las modificaciones que pretende aplicar ERC y Unidas Podemos superan la votación en la ponencia del Congreso. Pero la polémica ya no es solo con la oposición -PP, Cs y Vox- sino también con el PDECat.
 


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