AGLI Recortes de Prensa   Viernes  6  Noviembre  2020

Hablen español, hombres de Dios
Carmen Álvarez Vela https://gaceta.es/ 6 Noviembre 2020

Todos los seres estupendos que durante décadas calificaron de exagerados y se rieron a mandíbula batiente del famoso ‘España se rompe’; también aquellos que callaron para no ser calificados como fachas españolistas por los muy progres catalanistas excluyentes o por los racistas del hecho diferencial vasco, RH- incluido; todos los que miraron a otro lado mientras se conculcaba el derecho básico de millones de niños españoles a estudiar en el idioma de su país pensando que era una moda que pasaría como tantas; todos ellos supongo que se habrán dado cuenta, a estas alturas, de que esto iba en serio. Lástima que sea el rufián Rufián el que les haya despertado, si es que todavía quedaba alguno por espabilar.

El día que se anunciaba el pacto entre PSOE, Podemos y ERC para que el español no sea lengua vehicular en la educación en ninguna región de España de forma obligatoria, el diputado catalán de ERC publicaba esta frase: «Más allá del ruido, la política». Interprétese como un: ustedes a lo suyo, que nosotros seguimos avanzando. Lo preocupante es que al PSOE -Partido Socialista Obrero ESPAÑOL ¿recuerdan?- y a Podemos transigir con esta condición para conseguir el voto de los golpistas a los presupuestos -a pesar de que la siniestra Celaá se haya puesto muy digna para negarlo- les habrá parecido una ganga, una nimiedad. Como diría María Jesús Montero, la primera prioridad es aprobar las cuentas más sociales y progresistas no sólo de la historia de España, sino del planeta Tierra. Así que todo vale.

De las leyes de educación que se han perpetrado en los últimos años en España, la Ley Celaá promete ser la definitiva. Si llega a aplicarse, ya pueden darse con un canto en los dientes los padres de aquellos niños que salgan del colegio sabiendo leer y escribir en el idioma que sea. La ventaja que ofrece la LOMLOE es que su hijo no conocerá la frustración hasta que se integre en la vida real. Yo tenía un profesor que se sentaba a leer el periódico la mar de tranquilo mientras hacíamos el examen después de decirnos: “copiad si queréis, ya os suspenderá la vida”. Y se fumaba un puro (en esa época se podía, qué tiempos aquellos).

Con este pacto contra la lengua española se matan -de forma literal- dos pájaros de un tiro. El nacionalismo fragmentario sale reforzado, cómo no, porque destruye los pocos obstáculos que pudieran quedar para tener la educación de los niños en sus sucias manos y, al mismo tiempo, España se hace cada vez más pequeña. El poco Estado que se vislumbra ya en algunas regiones terminará desapareciendo y crecerán generaciones enteras con la lección bien aprendida: el español fue una imposición de Franco porque en Cataluña, en Galicia y en las Vascongadas nunca se habló hasta entonces. Ya muchos lo creen a pies juntillas. A esto hemos llegado. La simplificación es perfecta: en Castilla se habla castellano, en Cataluña el catalán, en Vascongados el vascuence y en Galicia el gallego. Ignoran, de forma deliberada o no, que el español se hizo entre todos a lo largo de muchos siglos.

Mientras tanto, Asturias calienta motores con el bable; en Valencia y Baleares el pancatalanismo avanza como las ciencias, una barbaridad, y España se descompone y se balcaniza.

Privar de facto a un niño de estudiar en español, no sólo supone una canallada para su futuro laboral, pues le privará del conocimiento correcto – ortográfico y gramatical- de la lengua que hablan en el mundo más de quinientos millones de personas, sino que lo desarraigará de su Historia.

Nunca sabrá que de la misma forma que España se desarrolló como nación junto con América, lo que imposibilita explicar la una sin la otra, también lo hizo la lengua. El castellano dejó de ser el idioma exclusivo de Castilla hace siglos para convertirse en español, aglutinando los modos y variedades de la península y muy pronto esparciéndose por la América Hispana -el español atlántico lo llamó Diego Catalán-, hasta convertirse en idioma universal.

¿Quieren nuestros nacionalistas diversidad? Salgan de su aldea mental, aireen su cerebro, desistan de la homogeneidad dictatorial que están imponiendo en sus regiones y ábranse a la libertad, ésa que tanto pregonan y de las que se dicen adalides. Dejen de exigir democracia en Madrid y suelten el rodillo totalitario que aplican en su casa.

¿Desean la hermandad entre los pueblos del mundo? Pues hablen español, hombres de Dios —sin perjuicio de sus idiomas locales—, que no hay nada más expansivo, más rico en modos y maneras que la lengua que se habla, con maravillosas peculiaridades, en toda la Iberosfera.

El Gobierno implanta el liberticidio y se entrega al separatismo a la vez
ESdiario 6 Noviembre 2020

En un jornada negra, el Gobierno entrega la educación al independentismo y señala a la libertad de prensa y de expresión como objetivo político.

España está viviendo unas horas tristes y negras por la acumulación de tragedias, desastres y escándalos con el mismo protagonista: un Gobierno negligente, sectario e irresponsable a la vez que multiplica los estragos de a crisis sanitaria con sus delirios ideológicos, sus fracasos económicos y su sectarismo liberticida.

A la vez que la pandemia disparaba su cifra de muertos a niveles de abril, con cerca de 400 en un solo día, se ejecutaba el mayor ataque a la cohesión de España con una burda concesión al independentismo en materia educativa, la herramienta utilizada durante lustros en Cataluña y el País Vasco para generar una tensión rupturista hoy ya muy extendida.

Y se remataba tan infausta concesión con otro paso más en la implantación de la LOMLOE o "Ley Celaá", un despropósito que no aborda ninguno de los problemas reales de la educación española, resumida en tasas tercermundistas de fracaso y abandono escolar; pero ahonda en todos sus prejuicios ideológicos.

Lo mismo que se cede al separatismo en las Comunidades gobernadas por él, se lo arroga el Gobierno en el resto de España, desatando una persecución, cuando no prohibición directa, de todo aquello que contrarresta el proyecto sectario y excluyente de PSOE y Podemos

Se acosa a la educación concertada, tan pública y tan rentable para el Estado como la que más; se implanta un canon ideológico que coarta la libertad para intentar fabricar ciudadanos adaptados a su modelo; se persigue la Religión; se compran voluntades con el aprobado general; se trocea el programa lectivo en función de los intereses de cada región y se renuncia a un criterio nacional de selección del profesorado para que cada autonomía lo haga como estime.

Diez bulos de Sánchez que no pasarían el filtro de su "escuadrón de la verdad"
Un desastre educativo, en toda regla, que hipoteca el futuro de un país ya retrasado en este ámbito a cambio del efímero beneficio para el Gobierno de un apoyo a sus caóticos presupuestos. Y quizá para que no se pueda contar la verdad como es, a la vez se ha publicado en el BOE la síntesis del liberticidio que encarna Sánchez.

El Gobierno aprovecha la pandemia y la ruina para progresar en su proyecto liberticida, sectario y empobrecedor

Su "Comisión de la Verdad" pretende convertir al Gobierno en tutor de la libertad de información en España, con la excusa de perseguir las fake news que, en realidad, nadie fabrica como Moncloa: ahí tienen un último ejemplo en la exclusiva de ESdiario sobre cómo Fernando Simón difundió una escandalosa mentira para tapar a Sánchez e Iglesias saltándose irregularmente la cuarentena en marzo.

Que con un estado de alarma vigente que reduce los controles parlamentarios y judiciales el Gobierno se atreva a arrogarse la capacidad de decidir qué es información veraz y qué no lo es, confirma la deriva autoritaria ya bien conocida con el intento de asalto al Poder Judicial , el nombramiento de una comisaria política como Fiscal General o el impúdico acoso a la cúspide de la Constitución, simboliza en el Rey Felipe VI.

Dotar a los propagandistas de Sánchez, el presidente que ha hecho del engaño, la negligencia y la mentira su única estrategia política, de herramientas legales para intervenir en uno de los derechos definitorios de la democracia; es un horror sin paliativos que no justifica el razonable objetivo de cercenar los bulos.

Las fake news son de Moncloa
Ninguno de ellos tan grave, por cierto, como los que han jalonado la trayectoria de un presidente que lo es tras haberse comprometido ante los electores a no pactar nunca con todos los partidos que ahora le sostienen. O que ha ocultado información tan esencial como el número de muertos reales por coronavirus en España.

Con España asolada por el virus y hundida por la regresión económica, padecer a un Gobierno que aprovecha esa triste circunstancia para ahondar en su proyecto ideológico es la mejor prueba de lo peligroso que es y de los pocos límites que se impone. Alguien tiene que parar esto, y de nuevo todas las miradas hay que fijarlas en Europa y en la poca prensa independiente que va quedando.

Eso, en español, tiene un nombre: miserables
OKDIARIO 6 Noviembre 2020

Los cuatro diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que han votado junto a Podemos y ERC para suprimir el español como lengua vehicular en las aulas catalanas -lo que supone un flagrante desafío al Tribunal Constitucional, que ha reiterado que el español es lengua vehicular en todo el territorio español- son: Sergio Gutiérrez, Luis Martínez Seijo, Guillermo Meijón y Maribel García. Se han comportado, por orden de su jefe, como auténticos miserables. En español, lengua vehicular de todos los españoles, miserable, en su cuarta acepción, es aquel que es despreciable y actúa con mala intención, sin importarle el daño que causa a los demás. En este caso, a los padres de los alumnos que en los colegios catalanes no podrán recibir educación en castellano. La traición de los cuatro socialistas es más grave aún si tenemos en cuenta que lo han hecho para garantizarse el apoyo de los golpistas catalanes a los Presupuestos. Han vendido su honra por un puñado de votos. El gesto es indigno, vil, cobarde, tres palabras que en español, lengua vehicular de todos los españoles, reflejan con exactitud la miseria moral que han exhibido en una votación que retrata el grado de indecencia de un partido que ha traicionado a España y los españoles.

Sergio Gutiérrez es el presidente de esta Comisión de Educación y Formación Profesional. Diputado por Toledo, ejerce a nivel interno como secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y fue líder de la Juventudes Socialistas entre 2007 y 2012. Luz Martínez Seijo es la portavoz del PSOE en esta Comisión. Diputada por Palencia, ha defendido en los últimos días el mismo argumentario que la ministra de Educación, Isabel Celáa. En el caso de Guillermo Antonio Meijón, diputado del PSOE por Pontevedra, ha sido profesor de EGB. Sin embargo, ello no le he pesado para alinearse con la portavoz de Educación de ERC, Montse Bassa, hermana de la golpista Dolors Bassa, a favor de la enmienda del partido de Gabriel Rufián que elimina el castellano como lengua vehicular en las aulas. Por último, la socialista Maribel García es diputada por Badajoz y también tiene la titulación de Maestra especialista en Educación Física, Educación Especial y Educación Primaria, según consta en su ficha web del Congreso. Portavoz adjunta del PSOE en esta Comisión, había emplazado a la oposición a buscar el consenso en la tramitación de esta reforma. Sin embargo, ha preferido rendirse ante los separatistas catalanes. El consenso para el PSOE es eso: alinearse con quienes quieren romper España.

Así que, en español, lengua vehicular de todos los españoles, OKDIARIO se reitera en llamar a Pedro Sánchez y al grupo de vendidos al independentismo -Sergio Gutiérrez, Luis Martínez Seijo, Guillermo Meijón y Maribel García-por su nombre: miserables. La cuarta acepción del termino, según la RAE, les retrata perfectamente.

El monopolio de la oposición
Emilio Campmany Libertad Digital 6 Noviembre 2020

La Comintern mediática tuvo un notable éxito al desacreditar la foto de Colón. Dos de sus protagonistas ya se avergüenzan de ella tras olvidar que fue provocada por aceptar Sánchez la intervención de un relator internacional que, en funciones de moderador, ayudara a resolver el conflicto catalán. El primer avergonzado ha sido Ciudadanos, que ahora colabora con la mano derecha del PSOE mientras cierra los ojos a lo que hace con la izquierda. Pero luego fue el PP el que agachó la cabeza. Ninguno de los dos ha concluido que un mínimo de coherencia exigiría rechazar el apoyo que Vox les da en las comunidades y ayuntamientos que gobiernan. Al contrario. Casado alega como prueba de su sincero arrepentimiento el no haber dado a Vox ninguna responsabilidad de gestión.

Con independencia de la calificación moral que merezca la actitud de los tres, conviene examinar sus consecuencias estratégicas. El permanente ofrecimiento de Ciudadanos como innecesaria quinta pata para sostener al PSOE le desacredita como oposición. Probablemente Sánchez podría aguantar aun sin su ayuda. Pero el que exista ésta le da al Gobierno social-comunista del PSOE y Podemos una pátina de centralidad y sensatez que es falsa, como demuestran las constantes cesiones de Sánchez al nacionalismo. Encima, los Presupuestos que apoyará Arrimadas son exactamente lo contrario de lo que recomendaría cualquier liberal.

Tampoco se entiende que el PP de Casado se muestre tan dispuesto a colaborar en la desastrosa gestión de la pandemia del Gobierno bajo el pretexto de introducir en ella algo de sentido común. Casado no quiere ver que no es la incompetencia de Sánchez lo que está destruyendo la economía, sino su propósito de generar centenares de miles de parados y subsidiados que espera le voten en el futuro bajo la amenaza de que, si llega al Gobierno, la derecha liberal les privará del único medio de vida que les ha dejado su política de izquierdas.

En cualquier caso, la actitud de ambos deja a Vox, con toda su argumentación gruesa y su radicalismo más formal que real, como titular del monopolio de la oposición. Podría ocurrir que buena parte de los españoles que desaprueban la gestión de Sánchez no lo hagan con tanta vehemencia como para votar a Vox y se vayan a engordar la abstención. Pero podría ocurrir también, si el modo de gobernar de Sánchez es suficientemente desastroso, que muchos de ellos lleguen a convencerse de que es preferible Vox a socialistas y comunistas, ante la evidencia de que Ciudadanos es un apéndice por la derecha del PSOE y el PP un mero gestor ordenado de la socialización que padece España. Esto sería bueno para Vox. Pero no para España, aunque sólo sea por la incuestionable incapacidad de Vox para derrotar a la izquierda con sus solas fuerzas. Esta evidencia es la que subyace bajo la exitosa estrategia del PSOE dirigida a dividir a la derecha y que cuenta con la inestimable colaboración de los tres partidos que la integran, aunque con un muy diferente grado de responsabilidad.

Para derrotar a la izquierda: Vox
Nota del Editor 6 Noviembre 2020

El que haya sufrido la lenta agonía de España y su imparable y vertiginosa caída, sabe que el PP tiene que desaparecer, y en eso están. Pretender que el PP puede hacer algo bueno por España es como creer que el Dr Cum Fraude será capaz algún día de hacer algo bueno por España (ha conseguido destrozar el PSOE, pero los daños colaterales son catastróficos).

Congreso de los Diputados
El PSOE consuma el golpe al castellano: vota con ERC suprimirlo como lengua vehicular en las aulas
La enmienda pactada por el Gobierno y los separatistas catalanes elimina el castellano como "lengua oficial del Estado"
Segundo Sanz y Joan Guirado okdiario 6 Noviembre 2020

Los diputados de PSOE, Unidas Podemos y ERC en la Ponencia de la reforma de la ley educativa (la denominada ‘ley Celaá’) han aprobado este jueves una enmienda impulsada por los separatistas para la eliminación del castellano como lengua vehicular en las aulas, según el resultado de la votación -celebrada a puerta cerrada- a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Por su parte, el PNV se ha abstenido, mientras que PP, Vox, Ciudadanos y UPN se han pronunciado en contra. Se trata de la primera votación de este polémico texto antes de ser elevado al Pleno de la Cámara baja.

La iniciativa, planteada por el grupo de Gabriel Rufián y secundada por los socialcomunistas del Gobierno en plena negociación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, orillando así al castellano.

En concreto, se trata de la enmienda transaccional 29 firmada por PSOE, Unidas Podemos y ERC a la disposición adicional 38ª 1 que suprime la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado», así como la consideración de que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lengua vehiculares».

El proyecto de ley de la LOMLOE decía inicialmente: «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares de acuerdo con la normativa aplicable».

Ahora, la redacción queda así tras la supresión de 19 palabras clave: «Las Administraciones educativas garantizarán el derechos de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».

La alusión de la polémica enmienda a la Carta Magna va en la línea de incidir que ésta señala en su artículo 3.2 que «las demás lenguas españolas (al margen del castellano) serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos».

En cambio, la actual ley de educación (la llamada ‘ley Wert’ o Lomce) sí recoge que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable».

Al Tribunal Constitucional
Entretanto, y a la espera de las próximas votaciones en el Congreso de los Diputados sobre esta reforma, PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional este atropello a la libertad lingüística

El presidente de los populares, Pablo Casado, denunció que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez pretenda «permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos» con los separatistas catalanes. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, criticó «el derribo de la Constitución» que van a perpetrar los «aprendices de tirano», mientras que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cuestionó los «años de inacción de PP y PSOE que han permitido que se vulneren derechos lingüísticos y que el español no sea vehicular».

Bruselas desenmascara a Sánchez y destapa la verdad sobre las cuentas de España
J.R.V esdiario 6 Noviembre 2020

Europa lanza un mensaje demoledor que da un baño de realidad al Gobierno. La economía española sufrirá el mayor desplome de toda la Unión. Y los Presupuestos nacen sin credibilidad.

Ni dentro, ni fuera. Ni el gobernador del Banco de España se cree el plan de Pedro Sánchez para la recuperación y la salida de la catástrofe generada por la pandemia del Covid, ni el comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, se cree las previsiones del gobierno progresista.

Bruselas ha vuelto a enmendar a Moncloa y a echar un jarro de agua fría sobre la hoja de ruta de Sánchez y su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al empeorar aún más las previsiones para España y preveer el mayor desplome de toda Europa.

La Comisión ha empeorado este jueves sus previsiones sobre la evolución de la economía española y espera ahora un desplome del PIB al cierre de 2020 del 12,4%, frente al 10,9% que contemplaba hace unos meses, lo que supone el mayor desplome de todo el continente.

España será el único país de la UE con una contracción de su economía este año superior al 10%. La reducción del PIB será así superior a las de Italia (-9,9%), Croacia (-9,6%), Francia (-9,4) Portugal (-9,3%) o Grecia (-9%), los otros socios más afectados por la pandemia.

Según las nuevas proyecciones de Bruselas, la economía española experimentará repuntes en los dos años siguientes y se expandirá un 5,4% en 2021 y un 4,8% en 2022. Pasado ese periodo de tiempo, el PIB español será todavía un 3% inferior su nivel previo a la crisis.

El déficit público, por su parte, escalará este año al 12,2% para luego recorrer una senda de ajuste en los dos años posteriores, hasta el 9,6% y el 8,6%, respectivamente. La deuda cerrará este año en el 120,3% y crecerá después hasta el 122% en 2021 y el 123,9% en 2022.

Por otro lado, la tasa de paro se situará al término de este año en el 16,7% y seguirá creciendo a lo largo del próximo año, hasta rozar la cota del 18% (17,9%). Se contraerá por primera vez desde la crisis de la pandemia en 2022 y ese año se situará en el 17,3%.

En cualquier caso, Bruselas ha informado de que sus previsiones no incorporan el impacto positivo potencial de las ayudas procedentes del fondo europeo de recuperación en la evolución económica de 2021. Según sus cálculos, el crecimiento del PIB real en 2,5 puntos porcentuales en 2021.

El Ejecutivo comunitario destaca en sus página sobre España que la pandemia y las "estrictas" medidas de confinamiento condujeron a una reducción del PIB "sin precedentes" en el primer semestre del año, que se vio compensada en parte por un "fuerte rebote" en el sector industrial y los servicios en mayo y junio.

Posteriormente, la reaparición de "numerosos brotes" en verano llevó a muchos países a exigir cuarentenas a ciudadanos que habían viajado a España, que se une a la reintroducción durante el otoño de nuevas medidas de distancia física. En consecuencia, el informe señala que el repunte de la actividad se "agotará" en el último trimestre de 2021.

En el lado presupuestario, Bruselas espera un aumento "sustancial" del déficit público, hasta el 12,2%, debido tanto a una menor recaudación como a las medidas de estímulo para "contrarrestar" el impacto de la pandemia, que las autoridades comunitarias estiman en un 1,3% del PIB.
Podemos declara la guerra al gobernador del Banco de España por ser hostil

Una vez superado este año, el desvío en las cuentas de las administraciones públicas se estrechará hasta el 9,6% a medida que rebota la economía, se van retirando "la mayoría" de las restricciones al movimiento y se suman "algunas fuentes de recaudación". El programa de avales públicos supone un "apoyo crucial", pero la Comisión advierte de que también constituye "un riesgo" para el futuro fiscal de España. Un auténtico baño de realidad para Sánchez. Que no es el primero.

Congreso de los Diputados
Al PSOE se le cae la ‘E’: estos son los 4 diputados que votan en contra del español en las aulas
Los socialistas Sergio Gutiérrez, Luz Martínez Seijo, Guillermo Meijón y Maribel García han apoyado la enmienda de ERC
El PSOE consuma el golpe al castellano: vota con ERC suprimirlo como lengua vehicular en las aulas
Los cuatro diputados del PSOE que han votado contra el castellano como "lengua oficial del Estado".
S. Sanz y J. Guirado okdiario 6 Noviembre 2020

Sergio Gutiérrez, Luz Martínez Seijo, Guillermo Meijón y Maribel García han sido los cuatro diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), según fuentes parlamentarias consultas por OKDIARIO, que han votado este jueves con Podemos y ERC para suprimir el castellano como lengua vehicular en las aulas y oficial del Estado en la reforma de la ley educativa conocida como Lomloe o ‘Ley Celaá’. La votación se ha producido a puerta cerrada dentro de la Ponencia para esta reforma celebrada en el seno de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

Sergio Gutiérrez es el presidente de esta Comisión de Educación y Formación Profesional. Diputado por Toledo, ejerce a nivel interno como secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y fue líder de la Juventudes Socialistas entre 2007 y 2012.

Por su parte, Luz Martínez Seijo es la portavoz del PSOE en esta Comisión. Diputada por Palencia, ha defendido en los últimos días el mismo argumentario que la ministra de Educación, Isabel Celaá, esto es, que la enmienda pactada por PSOE y Podemos con los separatistas catalanes de ERC busca que los alumnos aprendan por igual el castellano y su lengua cooficial. Sin embargo, en la práctica, el primero será orillado en las aulas como pretenden los independentistas.

Con la hermana de Dolors Bassa
En el caso de Guillermo Antonio Meijón, diputado del PSOE por Pontevedra, ha sido profesor de EGB. Sin embargo, ello no le he pesado para alinearse con la portavoz de Educación de ERC, Montserrat Bassa, hermana de la golpista Dolors Bassa, a favor de la enmienda del partido de Gabriel Rufián que elimina el castellano como lengua vehicular en las aulas.

En última instancia, la socialista Maribel García es diputada por Badajoz y también tiene la titulación de Maestra especialista en Educación Física, Educación Especial y Educación Primaria, según consta en su ficha web del Congreso. Portavoz adjunta del PSOE en esta Comisión, había emplazado a la oposición a buscar el consenso en la tramitación de esta reforma. Sin embargo, los socialistas se han inclinado aquí del lado del separatismo en plena negociación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que el Gobierno de Pedro Sánchez llevó a la Cámara la semana pasada.

En concreto, la enmienda que ERC ha pactado con PSOE y Podemos y que ha salido adelante en la Ponencia de la Comisión de Educación -primera votación antes de pasar al Pleno del Congreso- establece que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, orillando así al castellano.

Se trata de la enmienda transaccional 29 firmada por PSOE, Unidas Podemos y ERC a la disposición adicional 38ª. 1 que suprime la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado», así como la consideración de que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lengua vehiculares».

Suprime 19 palabras
El proyecto de ley de la Lomloe decía inicialmente: «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares de acuerdo con la normativa aplicable».

Ahora, la redacción queda así tras la supresión de 19 palabras clave: «Las Administraciones educativas garantizarán el derechos de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».

En cambio, la actual ley de educación (la llamada ‘Ley Wert’ o Lomce) sí recoge que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable».

Por su parte, PP, Vox, Ciudadanos y UPN han votado en contra. Los tres primeros llevarán, además, el texto al Tribunal Constitucional. El PNV se ha abstenido, según las fuentes parlamentarias citadas.

Ayuso asegura que Madrid «protegerá y difundirá» el español porque es la «herencia de todos»
OKDIARIO 6 Noviembre 2020

Madrid será un bastión del español frente a la nueva ‘ley Celaá’. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Gobierno regional «protegerá y difundirá» el castellano frente a la enmienda aprobada por PSOE, Podemos y ERC que impiden que el español sea lengua vehicular en la educación.

Así lo ha señalado en su cuenta personal de Twitter, donde ha subrayado que «el español es la lengua que une a 580 millones de personas en todo el mundo». Ayuso ha dicho que el español es «esta herencia de todos, con la que se ha hecho y se hace una de las culturas más valiosas de la historia».

La dirigente madrileña ha trasladado este mensaje después de que la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, grupo de trabajo que analiza, debate y vota las enmiendas al proyecto de reforma de la ley educativa, haya votado a favor este jueves de eliminar que el castellano sea considerada una lengua vehicular en el ámbito educativo y una lengua oficial del Estado.

La enmienda conjunta del PSOE, Unidas Podemos y ERC (que ha salido adelante por 20 votos a favor, frente a 16 en contra y 1 abstención) suprime de la ley educativa (Disposición Adicional 38) la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado», así como de «lenguas vehiculares» tanto al castellano como las demás lenguas cooficiales.

Cuatro socialistas
Sergio Gutiérrez, Luz Martínez Seijo, Guillermo Meijón y Maribel García han sido los cuatro diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), según fuentes parlamentarias consultas por OKDIARIO, que han votado este jueves con Podemos y ERC para suprimir el castellano como lengua vehicular en las aulas y oficial del Estado en la reforma de la ley educativa conocida como Lomloe o ‘Ley Celaá’. La votación se ha producido a puerta cerrada dentro de la Ponencia para esta reforma celebrada en el seno de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

Sergio Gutiérrez es el presidente de esta Comisión de Educación y Formación Profesional. Diputado por Toledo, ejerce a nivel interno como secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y fue líder de la Juventudes Socialistas entre 2007 y 2012.

Por su parte, Luz Martínez Seijo es la portavoz del PSOE en esta Comisión. Diputada por Palencia, ha defendido en los últimos días el mismo argumentario que la ministra de Educación, Isabel Celaá, esto es, que la enmienda pactada por PSOE y Podemos con los separatistas catalanes de ERC busca que los alumnos aprendan por igual el castellano y su lengua cooficial. Sin embargo, en la práctica, el primero será orillado en las aulas como pretenden los independentistas.

Sánchez reedita la ley de prensa franquista
OKDIARIO 6 Noviembre 2020

Para que luego nos acuse el socialcomunismo de publicar noticias «fake»: OKDIARIO avanzó hace semanas que el Gobierno tenía listo su plan de acoso a los medios digitales o plataformas que, según ellos, publicaban noticias falsas para «influir en la sociedad con fines interesados y espurios» y, ahora, se confirma punto por punto lo que OKDIARIO adelantó. El BOE ha publicado una orden del Consejo de Seguridad Nacional -o sea, presidencia del Gobierno- sobre «monitorización y vigilancia» de los medios para la detección y seguimiento de las de las posibles «campañas de desinformación».

Al frente del equipo censor, dos personas: el director del gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que podrán apoyarse en empresas privadas -no se especifican cuáles, pero sí que serán a elección del Gobierno- para determinar qué medios cumplen con lo que ellos consideran verdad y qué medios se apartan de lo que ellos entienden por información veraz. Serán «expertos» que colaboraran en el procedimiento, pero, por supuesto, también será el Gobierno quien determine quienes son expertos y quienes no. La verdad es que la orden publicada en el BOE la podrían haber publicado perfectamente los denominados Ministerios del Poder Popular de Venezuela.

El ataque a la libertad de información que está perpetrando el Gobierno socialcomunista se enmarca dentro de esa pulsión totalitaria que caracteriza la acción de un Ejecutivo que se ha lanzado al asalto de las instituciones. Jueces, periodistas y todos aquellos ámbitos y sectores de la sociedad que no le bailen el agua a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias corren el riesgo de sufrir el acoso gubernamental. En un Estado de Derecho, son los jueces los únicos que pueden determinar la veracidad de la información de los medios y establecer sanciones si lo publicado es constitutivo de delito. Que a estas alturas el Gobierno pretenda imponer la censura con el objetivo de preservar la ideología y la moral del régimen socialcomunista es de una gravedad infinita. Franco reguló la publicación y circulación de la información a través de la ley de prensa de 1966 (la denominada ley Fraga) con el fin de limitar la libertad de expresión, especialmente en aquellos casos donde se postulaban opiniones contrarias al régimen. Esto es peor, porque aquello era una dictadura y la España de hoy es nominalmente una democracia, aunque Sánchez e Iglesias se hayan conjurado para convertirla en un régimen reñido con la libertad.

Prensa franquista y prensa comunista
Nota del Editor 6 Noviembre 2020

Esa manía persecutoria con Franco, de gente que ni siquiera lo vió vivo, parece que tiene por objeto denigrar a quien hace muchos años nos libró del yugo comunista, que de nuevo tenemos sobre nuestros cuellos. Franco tenía razón. Con la chusma de miserables comunistas no se puede transigir.  Hay que salir a la calle para tumbar al desgobierno del Dr Cum Fraude antes de que tengamos envidia de los venezolanos que aún quedan por allí.

Un “Gran Hermano” desde La Moncloa
Ni la libertad de expresión ni la de información necesitan de la tutela gubernamental
Editorial larazon 6 Noviembre 2020

No deja de ser un sarcasmo cruel que un Gobierno como el que preside Pedro Sánchez, que ha basado en la propaganda más pedestre, en las medias verdades y en los «globos sonda» la mayor parte de su acción política, pretenda erigirse en valladar de la desinformación y protector de la verdad pública. Y que nadie se llame a engaño ni se deje narcotizar por las bellas palabras y los equívocos nombres con que nos quieren vestir el engendro. Estamos, y no hay exageración posible, ante uno de los ataques al derecho a la información y la libertad de expresión potencialmente más graves desde la recuperación de la democracia.

Pretender que unos funcionarios al servicio de la Presidencia del Gobierno, designados a dedo y sin más crédito y legitimidad de origen que la que cada uno quiera atribuir a la potestad de quien los nombra, se conformen en un remedo de «Gran Hermano» orwelliano para combatir «la amenaza que supone la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios», sólo puede entenderse desde la desfachatez. Ni la libertad de información ni la libertad de expresión, pilares fundamentales en cualquier democracia que se precie, necesitan de las tutelas gubernamentales ni de otra protección que no sea la estricta neutralidad de los poderes públicos.

El reproche a las malas prácticas en el ejercicio de esos derechos está perfectamente recogido en el Código Penal y corresponde a los tribunales de justicia aplicar las sanciones y las medidas correctoras. Ir más allá es abrir la puerta a un escenario de incierto retorno. Dicho esto, si lo que se pretende es proteger a la sociedad del peligro, supuesto, de las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales, así como de la injerencia de potencias extranjeras en el sosegado devenir de nuestras democracias, el mejor camino no pasa por los despachos de un Gobierno que -y este sí que es el mayor de los sarcasmos-, tiene entre sus miembros a quienes forjaron sus carreras políticas desde medios de comunicación financiados por regímenes totalitarios y teocráticos como los de Venezuela e Irán.

No. El camino es el contrario. Defensa de la libertad de información que sólo se puede abordar desde la práctica de la transparencia absoluta en las actuaciones de los organismos del Estado, con la salvedad, y muy tasada, de algunas de las actuaciones judiciales y de las Fuerzas Armadas. Es decir, lo que no hace este Gobierno. Y, por supuesto, buscar la excelencia en la formación general, educativa y cultural, de los ciudadanos, para que tengan en sus manos los instrumentos adecuados para detectar mentiras, medias verdades y propagandas.

Plan contra la "desinformación"
Sánchez confía a «expertos» afines elegidos por Moncloa decidir qué noticias se censuran como ‘fake news’

Luz Sela okdiario 6 Noviembre 2020

En su sesión de investidura, Pedro Sánchez ya avanzó la intención de vigilar a los medios, bajo el pretexto de poner coto a la «desinformación». La Moncloa ha oficializado la estrategia -como avanzó OKDIARIO- y la ha plasmado en una orden, publicada ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El procedimiento permite perseguir a medios digitales o plataformas, entre otros, por la «difusión deliberada» de ‘fake news’ para «influir en la sociedad con fines interesados y espurios». Lo que es o no ‘fake news’ lo decidirán directamente dos de los hombres más próximos a Sánchez: su director de gabinete, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Pero, además, el socialista otorga poder a asociaciones, colectivos e incluso «expertos» para que colaboren en el procedimiento.

Propuesta de «mitigación»
La orden, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, determina que «se podrá solicitar la colaboración del sector privado» en varias etapas de ese proceso, que se divide en distintos niveles. Por ejemplo, en el primero de ellos, centrado en «la monitorización y vigilancia» de los medios para la detección y seguimiento de las posibles «campañas de desinformación».

Esa evaluación de los medios estará pilotada por la Secretaría de Estado de Comunicación y el Departamento de Seguridad Nacional -en manos de Redondo y Oliver- además de la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, el Gabinete de coordinación y estudios Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes.

Pero la orden deja espacio además para que otros actores participen en el debate. En el «sector privado» al que se alude se incluyen medios de comunicación y plataformas digitales, pero también «asociaciones, ONG y aquellas personas en su condición de expertos cuya contribución se considere relevante». La elección de esos «expertos» queda por tanto sujeta al criterio del Gobierno.

Esos «expertos» no sólo podrán participar en la etapa de monitorización. También serán escuchados en el proceso de toma de decisiones y propuestas «de mitigación».

El Ejecutivo da así luz verde a su estrategia para actuar contra la información que considere contraria a sus intereses, bajo el ambiguo pretexto de las ‘fake news’. Un asunto que Sánchez considera prioritario.

El Gobierno creará, para ello, una Comisión Permanente contra la «desinformación», que será coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y presidida de forma ordinaria por el director del Departamento de Seguridad Nacional, que a su vez ejercerá las funciones de Secretaría.

En su exposición, se asegura que el objetivo es «atajar la desinformación y reforzar la resiliencia de las sociedades europea» con actuaciones para, por ejemplo, incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos; fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil.

También expone la necesidad de abordar la desinformación de «manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la Covid-19».

Moncloa podrá activar campañas de comunicación pública para contrarrestar la supuesta campaña de «desinformación», dirigidas por la Secretaría de Estado de Comunicación.

Rechazo de la oposición
La estrategia ya ha recibido la respuesta de los partidos de la oposición. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos de «arrogarse la potestad de decidir» qué es ‘fake news’, algo que ha calificado de «auténtico escándalo». Por eso, le ha emplazado a retirar su orden ministerial.

«¿Van a censurar aquellas noticias que no les gustan? ¿Van a poner multas a los periodistas? El Gobierno tendrá en frente al PP en defensa de la libertad de información», ha afirmado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Desde Vox se ha cargado también duramente contra la comisión creada por el Gobierno socialcomunista, que la formación de Santiago Abascal ha calificado de «Ministerio de la Verdad» cuyo fin es «controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales».

Respuesta de Moncloa
Ante la polémica, desde Moncloa se asegura que este procedimiento «es una respuesta directa a la petición de la UE de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación».

Fuentes de Moncloa afirman que «tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país».

«El plan, en consonancia con el artículo 20 de la Constitución Española, defiende el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información veraz y plural como uno de los pilares esenciales de nuestras democracias. Su objetivo es precisamente luchar contra las campañas de desinformación que atenten contra este principio», añaden.

Aseguran que «en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones».

El sueño de Orwell, una pesadilla para España
Editorial Estrella Digital 6 Noviembre 2020

Año 2020. España ya cuenta con una Comisión Permanente, de creación y composición política, cuya creación ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Su objetivo es controlar, vigilar, perseguir y, en su caso, censurar a los medios de comunicación y a sus directivos y empleados, los periodistas.

No estamos ante un simple o mayúsculo o insólito despropósito. Ojalá se hubiese quedado o pudiese quedarse en eso. Estamos ante una agresión a nuestro sistema democrático y a nuestros derechos y libertades fundamentales que no conoce precedentes desde que fuera aprobada la Constitución de 1978.

No hay una sola causa que permita atentar, laminar y conculcar el derecho a la información, tal y como éste queda fijado y protegido en el artículo 20 de la Carta Magna, especialmente en su primer punto y sus apartados ‘a’ y ‘d’. Es precisamente un derecho que goza de las máximas salvaguardas por parte del Estado de Derecho y, en su caso, por parte del sistema judicial.

Lo absolutamente inverosímil, por agresivo y osado, amén de ilegal, es que un poder ejecutivo se arrogue las facultades, las competencias y, en definitiva, las armas para ejercer de ‘policía de la información’, algo absolutamente kafkiano.

En efecto, el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa, para su temeraria aplicación, un instrumento (valiéndose incluso, para más inri y bochorno, del brazo del Centro Nacional de Inteligencia) que ya lesiona y lesionará el alma misma de nuestra democracia y nos acerca, en nuestro marco de convivencia, al que usan regímenes autoritarios o totalitarios para atosigar a su población. Inconcebible.

En su novela “1984”, George Orwell escribió que “lo importante es mantener a la población en estado de continuo miedo, por lo que las noticias se contradicen de un día para otro, así se mantiene un estado de emergencia nacional interminable, justificando cualquier abuso de las autoridades”. Es la hora de que los periodistas, depositarios últimos y herramientas cruciales para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho a la información, se levanten contra este descomunal y atrabiliario atropello.

Otra trampa contra la libertad
Editorial ABC 6 Noviembre 2020

El plan de Sánchez contra la «desinformación» amenaza con reactivar la sombra de la censura en España, justificar las mentiras oficiales e imponer el pensamiento único

La última maniobra del Gobierno contra las libertades públicas ha sido la aprobación de un plan para «luchar contra la desinformación», que incluye la creación de una «comisión» dependiente del secretario de Estado de Comunicación -cargo político, y por tanto no imparcial-, y el control del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo secretario es Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Así, dos personas de su máxima confianza se encargarán de evaluar la difusión de «noticias falsas» porque el acceso a una información «veraz y diversa» se encuentra en peligro.

Nadie en una democracia fuerte, ninguna plataforma de internet, ningún colectivo, ningún medio de comunicación o ninguna red social, deberían poder promover o amparar la propagación de falsedades. Eso no es libertad, sino manipulación, y luchar contra cualquier perversión de la información con el ánimo de confundir al ciudadano es una exigencia ética irrenunciable. A todos nos corresponde trabajar por evitar la difusión de mentiras, siempre interesadas y a menudo tendentes a socavar la estabilidad de gobiernos, partidos e instituciones democráticas. Sin embargo, Sánchez está equivocado. Su enfoque parte de una premisa ventajista y muy poco democrática. Un gobierno no puede erigirse en juez y parte de lo que es verdad o no. Por eso será inevitable que, para protegerse, La Moncloa tenga la tentación de usar un instrumento legal tan sectario como este para beneficiarse de él. Para colmo, ya es notorio que la palabra de Sánchez carece de valor y que tiene un auténtico conflicto con la verdad. Por eso, solo le quedaba regular el «pensamiento único» y hacer pasar por oficial cualquier engaño masivo a los españoles con la coartada añadida de que gracias a él estamos protegidos contra las «fake news». Desde ahora, solo Sánchez poseerá la «verdad absoluta» y será el «gran hermano» que, además de vigilar todos aquellos contenidos que puedan incomodarle, decidirá qué es falso y qué no en su único interés.

Esta norma asesta un nuevo varapalo a nuestro régimen de libertades porque un Gobierno nunca es independiente. Si es La Moncloa quien decide qué es mentira, cabe preguntarse qué ocurre cuando es un ministro quien desinforma, quien desmerece la noticia u opinión que no es «oficial», o quien filtra a conveniencia las preguntas de los medios de comunicación. Qué ocurre, en definitiva, cuando reinterpreta datos ciertos -por ejemplo la cifra de fallecidos por Covid- para reorientarlos a su capricho y mejorar su imagen internacional. Sánchez nunca va a penalizarse a sí mismo, pero sí alienta la sombra de la censura.

El Gobierno no es un organismo regulador ni un árbitro de nada porque forma parte activa del juego. Y de la misma manera que los periodistas profesionales se someten a la legalidad vigente y a códigos deontológicos, las plataformas de internet dedicadas a la difusión sin filtro de cualquier falsedad deberían responder ante la Justicia si incumplen las leyes. Las redes sociales deberían autorregularse más, impedir la viralización de falacias, y no dejarse utilizar por auténticas mafias de la desinformación para engrosar su cuenta de resultados. Pero no puede ser el Gobierno quien lo decida, y menos aún en pleno estado de alarma. Ya en primavera fue La Moncloa quien admitió que empleaba a las fuerzas de seguridad para perseguir contenidos perjudiciales para el Gobierno. Ahora amplía su plan con la única intención de proteger a Sánchez, pero no a los ciudadanos de las mentiras de Sánchez. Es solo un paso más hacia el control absoluto y autoritario. Esta norma no es una solución contra la mentira, sino otra trampa de abuso de poder contra la libertad.

Gangrenar la lengua
Karina Sainz Borgo. vozpopuli  6 Noviembre 2020

Cuando una sociedad se corrompe, lo primero que aporrea son las palabras. La propuesta de la nueva 'ley Celaá' que plantea dejar fuera al castellano de las lenguas vehiculares de España lo confirma

Aumenta el PIB. Sube los sueldos. Da empleo a 3,5 millones de personas. Existen en el mundo más de 550 millones de hispanohablantes que convierten al español en el segundo idioma más hablado del mundo. El español, de hecho, ha multiplicado por tres la atracción de emigrantes de América Latina hacia España en el decenio de 2000 y multiplica por cuatro los intercambios comerciales entre los países hispanohablantes.

El español es factor determinante para que cada curso académico 35.0000 universitarios de Erasmus decidan estudiar en España, que es el primer país de destino de este programa europeo, acogiendo al 17% de los alumnos de los 32 países que participan. El español es, además, la segunda lengua de comunicación internacional en la red, tanto por número de usuarios como por páginas web.

Limitarse a la descripción del español como gran instrumento de progreso social y económico quizá sea más efectivo como estrategia argumentativa, pero falta a los rasgos esenciales de su naturaleza: su riqueza y variedad, a ambos lados del Atlántico; un repertorio de palabras que multiplican y amplían nuestra forma de comunicarnos. A eso se suma que la primera novela moderna, El Quijote, hunde sus raíces en el castellano y por tanto el español, que involucra la idea panhispánica de la lengua que la RAE y el Instituto Cervantes afianzan.

La lengua era el arpa y el centro de la obra del Premio Nobel mexicano Octavio Paz, quien se definía como poeta hispanoamericano y en función de esa naturaleza moldeó su obra luminosa con la arcilla de un idioma que une a España y América. Para el escritor, el lenguaje suponía el motor esencial del destino de la sociedad humana. Castrarlo, amputarlo o arrinconarlo son signos de un malestar. “Cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el lenguaje. La crítica de la sociedad, en consecuencia, comienza con la gramática y con el restablecimiento de los significados”, escribió en Postdata.

El ejercicio de gobierno de Pedro Sánchez posee una conciencia bastante clara de lo que el lenguaje permite y sus infinitas posibilidades para la propaganda. Que la primera muerte ocurre en el lenguaje es algo que los últimos doscientos años corroboran. Ningún territorio de la palabra es infértil y justo por eso ha de ser conquistado. Ya lo dijo Doris Lessing: la primera tarea de quien ejerce el poder es la degradación del lenguaje, la segunda es la repetición y la tercera el recurso del eslogan, reducir ideas complejas a una fórmula verbal simple.

Esta semana, a través del diputado catalán, Jaume Asens, Podemos pactó de manera directa con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, las líneas más polémicas de la propuesta de la nueva 'ley Celaá', que plantea dejar fuera al castellano de las lenguas vehiculares de España. Usar el idioma como la zanahoria para lograr el apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos es una visión miope e instrumental, por no decir cerril, oportunista y hasta milenarista.

Por muy telúricas que sean las pulsiones nacionalistas, ninguna sociedad en su sano juicio renunciaría a comunicarse con lo que la rodea. Cuesta entender por qué Cataluña querría apearse de la locomotora de su industria editorial, su principal bastión, ni cuál es la naturaleza vernácula de aporrear y maltratar la lengua que nos vincula con el resto del mundo. Tenía razón Octavio Paz: cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el lenguaje.

Arrimadas contra la lengua castellana
Marcello  republica 6 Noviembre 2020

El partido Ciudadanos que preside Inés Arrimadas está pisando con fuerza la línea roja de la legalidad constitucional al pretender pactar con Sánchez y con Iglesias unos PGE, que podrían compartir con el golpismo catalán de ERC tras la eliminación en Cataluña de la lengua castellana como lengua oficial del Estado que es en el territorio español y como la lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña.

Esto es lo que exige ERC para apoyar, con Cs, los PGE de 2021 de Sánchez e Iglesias y lo que ya han acordado PSOE, Podemos y ERC, a pesar que algo así es absolutamente inconstitucional. Y un daño irreparable para el conjunto de los ciudadanos de Cataluña, el territorio en donde nació Cs, lo que sus votantes no se lo perdonarán en las elecciones del próximo 14 de febrero.

De manera que ya está bien del cinismo de Arrimadas y la desvergüenza de su portavoz Bal que dice que ellos apoyan los PGE de Sánchez e Iglesias ‘para salvar vidas y empleos’, lo que es el colmo de la desfachatez. Y lo que podría tener consecuencias en las relaciones de Cs y el PP. Sobre todo una vez que Casado parece decidido a virar hacia el centro de la política.

Naturalmente lo más grave de todo ello es que sean Sánchez y el PSOE los que abanderen la paulatina liquidación de la lengua castellana en Cataluña, como un pago más en especies al preso golpista Junqueras para que ERC les apruebe los PGE, lo que se sumará a los prometidos indultos que están al caer.

Pero Sánchez ya sabemos como las gasta con tal de seguir en el poder, como sabemos el desprecio que Iglesias siente de España y lo español. Y como además están prohibidas las manifestaciones por causa del ‘estado de alarma’ imperante pues lo de liquidar el castellano en Cataluña será como coser y cantar.

Y ¿qué hacen ante todo esto Inés Arrimadas y su adjunto Edmundo Bal? Pues taparse la nariz, mirar hacia otro lado y disimular mientras Sánchez compra su estabilidad con soberanía nacional. Por ello no resulta extraño que José Manuel Villegas, el que fuera número dos de Cs con Albert Rivera, se haya incorporado a una Fundación del PP. Y puede que otros le sigan.

Y puede incluso que Sánchez, después de que Arrimadas ya se le haya ofrecido para los PGE, al final desprecie el apoyo de Cs y opte por ERC como quiere Iglesias y lo exige Junqueras. El que no olvida al que fue en Cataluña el españolista partido de Albert Rivera del que Arrimadas no cesa de alejarse no sabemos bien con qué objetivo y estrategia y sabiendo como debería que ésta su nueva relación con Sánchez puede acabar muy mal e incluso convertirse en una encerrona de la que Cs difícilmente escapará.

Lecciones de Orwell para entender a Pedro Sánchez
El anuncio del Ejecutivo sobre la creación de una comisión que supervise la información publicada por los medios demuestra un tic autoritario que George Orwell describió en '1984', un clásico del siglo XX
Karina Sainz Borgo vozpopuli.es 6 Noviembre 2020

La censura tiene un poder de contagio. Los aficionados a la ocultación se transmiten la paranoia: agigantan las opacidades y los silencios con cada vez más frecuencia. La pasión por silenciar es antigua. Así lo dejó por escrito George Orwell hace más de medio siglo en una novela que mantiene intacta su vigencia: 1984. En ellarefleja una sociedad dominada por el Estado. La autoridad vigila, asedia, controla. Era su denuncia contra los totalitarismos y la prueba de que el futuro ya estaba aquí.

"A mí dame los telediarios", le dijo Pablo Iglesias a Pedro Sánchez en 2018. Entonces remató su exigencia añadiendo el CNI, una combinación elocuente: censurar y vigilar, una pulsión antigua que Orwell retrató en aquella novela y que cobra aún más vigencia esta semana cuando el gobierno ha anunciado la creación de una comisión contra la "desinformación". Entre sus atribuciones estaría "examinar el pluralismo de los medios". Con esta orden, el Ejecutivo pretende vigilar a ciertos medios de comunicación para evitar las 'fake news'. Otro gobierno que llama a la puerta del Ministerio de la Verdad.

La neolengua y el Miniver
Originalmente titulada El último hombre en Europa, los editores prefirieron nombrar la que sería la novela más conocida de Orwell con la cifra del año en el que transcurre la pesadilla narrada por el inglés. Terminó de escribirla en 1948 y la publicó en 1949. La novela traslada al lector hasta una sociedad futura en el Imperio de Oceanía, del que forma parte Inglaterra y que está en pugna en una guerra ficticia con Eurasia. Un Estado dirigido por el Partido Único tiene un dominio absoluto sobre los ciudadanos y el ojo del Gran Hermano controla todo y a todos. Una sociedad maniatada donde todo atisbo de intimidad y libre pensamiento están terminantemente prohibidos.

En 1984 Orwell levanta el ecosistema autoritario: existe una policía del Pensamiento y también la neolengua, que obliga a los ciudadanos a pensar y hablar en esa jerga. Todo lo que se diga fuera de ese lenguaje está prohibido. El Partido Único domina y aterroriza a la burocracia, que vive asediada por la propaganda y la vigilancia. El Estado descrito por Orwell funciona con un Ministerio del Amor (Miniluv en neolengua, o Minimor en español) encargado de administrar los castigos, torturas y la reeducación. También con un Ministerio de la Paz (Minipax) dedicado a asuntos relacionados con la guerra y cuyo objetivo es mantener una contienda permanente. En tanto exista un odio común contra un enemigo externo, no habrá revueltas ni protestas.

Se completa el esquema de poder con el Ministerio de la Abundancia (Miniplenty o Minidancia) encargado de la economía planificada y que se basa en el sometimiento de los ciudadanos mediante un duro racionamiento . Y finalmente, Orwell planteó el Ministerio de la Verdad (Minitrue o Miniver), quese dedica a destruir todo documento previo al ascenso del Gran Hermano y del Partido. Son ellos quienes deben reescribir la historia para que todo episodio anterior encaje con la versión oficial.

Algunos rasgos de la neolengua siguen utilizándose hoy en día y la disposición de la vicepresidenta Carmen Calvo de crear un organismo oficial regulador de la verdad ha sido envuelta en una explicación que pretende diluir o dulcificar una realidad. Es censura y punto. Como el gobierno del Partido Único, el Ejecutivo tiene una predisposición natural para travestir la verdad en relato, en una gresca informe y desprovista de razones que funda una nueva realidad que acaba dándose por buena. Así, el ladrón queda convertido en libertario, la víctima en culpable y la verdad en utilería.

Como la Policía del Pensamiento y el Miniver, la pretensión de la censura busca evitar el encuentro libre y abierto de la verdad con la falsedad. Y lo hacen por una sencilla razón: porque en la confrotación entre ambas, la primera siempre prevalecerá. La libertad de expresión, información y pensamiento son un cortafuego, incluso una advertencia. En un siglo llamado a resolver y superar los conflictos y desmanes de su predecesor, la amenaza autoritaria se acentúa, así como el asedio de la propaganda y el auge de los extremismos que amenazan libertades que dimos por supuestas.

Los totalitarismos
Tres años antes de la publicación de 1984, George Orwell escribió a Noel Willmett aspectos políticos que posteriormente se encontraron en esa novela. La carta, recogida en el libro George Orwell: A Life in Letters, ofrece a los lectores algunas pistas sobre cuál era la visión que tenía de su tiempo y por qué escribió la que ha sido una de sus obras más celebradas y revisitadas. No son anotaciones vagas, describen bastante bien el asedio oficial a la libertad de prensa.

"Debo decir que creo, o temo, que tomando al mundo como un todo, estas cosas van en incremento. Hitler, sin duda, pronto desaparecerá, pero solo a expensas de fortalecer a (1) Stalin, (2), los multimillonarios anglo-americanos y (3) toda suerte de pequeños führers del tipo de de Gaulle. Todos los movimientos nacionales, en todos lados, incluso aquellos nacidos como resistencia a la dominación alemana, parecen adoptar formas no democráticas para agruparse a sí mismos en torno a un führer sobrehumano (Hitler, Stalin, Salazar, Franco, Gandhi, De Valera, son todos ejemplos varios) y siguen la teoría de que el fin justifica los medios".

Orwell sabía de lo que hablaba. Como miembro del Partido Laborista Independiente se alistó para luchar en defensa de la II República durante la Guerra Civil española (1936-39), lo que inspiró su Homenaje a Cataluña, crónica de las luchas intestinas que minaron el bando republicano. Cuando llegó a Barcelona tenía 33 años. Había publicado ya cuatro novelas, era una especie de anarquista educado en el elitista colegio de Eton, también había sido policía en Birmania en los tiempos de la colonización, lavaplatos en el barrio Latino de París y había viajado al norte de Inglaterra para documentar la miseria de los mineros. "Cada línea que he escrito desde 1936 ha sido escrita, directa o indirectamente, contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático como yo lo entiendo”, dejó apuntado en 1946.

Ana Losada: "Entregar al independentismo la escuela es entregar las llaves de la independencia a Cataluña"
La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha criticado en esRadio la Ley Celaá y la eliminación del español en la enseñanza en Cataluña.
esRadio Libertad Digital 6 Noviembre 2020

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sacado adelante, con el apoyo de PSOE, Podemos y ERC, la enmienda que elimina al castellano como lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha asegurado que la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza en España es "una noticia muy dura de asumir" y que "aunque sabemos con qué actores jugamos nunca habíamos pensado que llegaran a este punto". Losada ha asegurado que los recursos que hacían en Cataluña, y otras CCAA que han vulnerado estos derechos, "van a seguir en marcha y los vamos a ganar porque nos amparamos en la Constitución y en la jurisprudencia".

Losada ha dicho que "el castellano nunca puede dejar de ser lengua vehicular" ya que es "la lengua de todos los catalanes". También ha pedido "mantener la calma" y pensar "que tenemos los argumentos y la Constitución" a favor. Además, cree que "hay personas dentro del PSOE que no están de acuerdo con esta posición. Si alguno me está escuchando le pido que sea valiente" y plante cara a la deriva del partido que gobierna de la mano Podemos.

La "autopista del adoctrinamiento"
La presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe ha asegurado que "entregar al independentismo la escuela en Cataluña más de lo que ya la tienen es entregar las llaves de la independencia a Cataluña". Piensa que "la escuela es la autopista del adoctrinamiento" y que "ellos quieren convencer a nuestros hijos de que los catalanes castellanohablantes somos ciudadanos de segunda y que Cataluña no tiene nada que ver con ese estado opresor español". "La lengua es el talón de Aquiles del nacionalismo", ha apuntado.

Ana Losada ha remarcado que "no podemos permitir que se manipule la lengua porque al final estamos convirtiendo al catalán en culpable de la ideología independentista cuando el catalán es una lengua y los catalanohablantes tienen que ser respetados y tienen sus derechos y deberes". Por este motivo está convencida de que "el español se va a convertir en la lengua de la libertad y la lengua de los que defendemos la diversidad lingüística de este país".

También ha criticado a la izquierda española y ha dicho que "se abandera como defensora de la diversidad" mientras "defiende una diversidad en la que casualmente no está el español y nos acusan de los que defendemos el bilingüismo de ser extremistas". La presidenta de la Asamblea por la Escuela Bilingüe ha indicado que "disfrutar de esa diversidad es defender los valores constitucionales" porque "están apoyando destruir nuestro futuro como nación".

******************* Sección "bilingüe" ***********************
El español, prohibido en la escuela
Pablo Planas Libertad Digital 6 Noviembre 2020

Ese Pedro Sánchez que no iba a pactar con Podemos ni con los nacionalistas catalanes y vascos acaba de dar carta blanca para que su partido acuerde con ese mejunje de radicales de extrema izquierda, golpistas y proetarras la erradicación del español en las escuelas de aquellas regiones con dos lenguas oficiales. Es decir, que los mandarines autonómicos de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia podrán menospreciar más el idioma común y marginar aún más a los alumnos que lo tienen como lengua materna gracias a una reforma de la ley educativa que priva al español de su condición de lengua vehicular en España. Inaudito.

Es la condición que ha impuesto el partido de personajes como Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en Madrid, y el golpista Oriol Junqueras para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Y, como era de esperar, Sánchez no ha dudado ni un segundo en dar gusto a los dirigentes republicanos y a su líder delincuente, porque para él es más importante cualquier cosa, incluido el mojón de sus números, que el respeto por los derechos lingüísticos de cientos de miles de familias. Así se las gasta el incompetente en jefe que reside en la Moncloa.

La traición de Sánchez a muchos de sus votantes no sólo ratifica y remacha la inmersión lingüística que se practica en Cataluña, sino que es un rejón de muerte para el español en las escuelas, puesto que ya no será necesario dar alguna clase en ese idioma de manera testimonial y para alegar que se cumple con las resoluciones y sentencias de los tribunales, aunque eso sea una mayúscula mentira.

Las autoridades regionales de Cataluña odian el español y odian a España, odio del que dan sobrada cuenta cada vez que abren la boca. Y han trasladado ese odio a las escuelas, donde los planes lingüísticos responden a una estrategia medida al milímetro para convertir el español en una pura excrecencia que sólo hablen quienes no pueden hablar otra cosa. Ese odio encuentra su curso también en los medios de comunicación públicos de la región, donde el español es el idioma en el que se manejan en las series los delincuentes, los marginados y los inmigrantes. Y de ahí pasa a todos los ámbitos. Hay sobrados ejemplos. Los empresarios y autónomos cuyos negocios y trabajos se hayan visto afectados por la pandemia tienen que demostrar que nada más utilizan el catalán e ignoran el castellano para tener acceso a las ayudas que gestiona esa oficina de tráfico de influencias en la que los separatistas han convertido la Generalidad.

Los ciudadanos están indefensos. Del PSOE y su extensión catalana, el PSC, cabe esperar siempre lo peor. En lo más duro del golpe de Estado separatista oscilaron tácticamente hacia el constitucionalismo, pero a la primera oportunidad comenzaron a desactivar desde dentro la unidad política frente a los separatistas. Haría bien Ciudadanos en reflexionar sobre su apoyo al Gobierno. El partido nació para oponerse a la inmersión lingüística y puede caer en un vano intento por combinar la defensa de los derechos de los castellanohablantes con el sustento gratuito de un Ejecutivo que prefiere agradar a ERC que a la mayor parte de sus votantes.
 

El Gobierno de la intoxicación permanente quiere velar por la verdad
EDITORIAL Libertad Digital 6 Noviembre 2020

Son, el Gobierno y sus terminales mediáticas, una formidable amenaza para la libertad. La situación es de extrema gravedad.

El Gobierno social-comunista que comandan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está desplegando un plan para pulverizar los derechos y que consagra la Constitución. Con el cambio de régimen como telón de fondo, PSOE y Podemos buscan transformar el orden constitucional en algo que será no sólo muy distinto sino mucho peor.

Con sus obvias imperfecciones, el llamado ‘régimen del 78’ ha procurado una época de una prosperidad material inaudita y unos niveles de libertad equiparables a los de cualquier otra democracia europea –salvo en las comunidades sojugzadas por el nacionalismo–.

Pero así, con prosperidad y libertad, no puede imponerse el socialismo bolivariano, como saben perfectamente el hatajo de liberticidas que Gobierna la Nación gracias a sus semejantes, los golpistas catalanes y los proetarras, que también pretenden destruirla.

Para seguir adelante con su proyecto dictatorial, el Gobierno va a cercenar la libertad de expresión por medio de formidable organismo censor... so capa de combatir las fake news. Sí, el Gobierno más mentiroso e intoxicador que imaginarse quepa, que sigue mintiendo, intoxicando, manipulando y desinformando a cuenta de la crisis del coronavirus, que se ha cobrado la vida de más de 60.000 españoles por su criminal incompetencia, dice que está aquí para combatir por la verdad. No tienen vergüenza ni un adarme de dignidad.

En efecto, aquellos que tanto protestaron contra la mal llamada Ley Mordaza vienen ahora a poner a todo el mundo un bozal. Lo que no deja de ser estupefaciente, habida cuenta del masivo apoyo mediático del que disfrutan. Porque esa es otra: son enemigos jurados de la libertad que cuentan con el infatigable apoyo de unos medios de su misma calaña; medios que viven de demediar la realidad y de prostituir la profesión periodística. Pero así es la izquierda siniestra: sólo se conforma con la sumisión total(itaria).

Son, el Gobierno y sus terminales mediáticas, una formidable amenaza para la libertad. La situación es de extrema gravedad


El frente madrileño del ‘procés’
Sergio Fidalgo okdiario 6 Noviembre 2020

«El proceso independentista no ha acabado, ha mutado y la vanguardia del mismo ha pasado al Congreso de los Diputados para desgastar a la monarquía. Está claro que en Cataluña siguen pasando cosas, los partidos secesionistas se están rearmando para cuando el ‘procés’ vuelva al Parlament. Y para ello usan la Generalitat y los presupuestos públicos».

Estas clarificadoras palabras no son mías, aunque ya me gustaría. Son de Alejandro Fernández, el presidente del Partido Popular en Cataluña y una de las mentes mejor armadas del constitucionalismo catalán. El ‘frente’ madrileño del ‘procés’ ha sustituido a la agitación callejera en Barcelona. Los partidos separatistas están aprovechando la tregua que se han dado en la trinchera catalana para reagrupar fuerzas. Lo necesitan tras la acción judicial, que se ha traducido en varias condenas a sus principales dirigentes, en fugas varias al extranjero por parte de varios de sus líderes y en otras causas abiertas que están produciendo más detenciones y acusaciones.

Desde el magnífico discurso del Felipe VI del 8 de octubre de 2017, con el que paró el golpe de estado separatista, el independentismo y sus compañeros de viaje populistas le han puesto en el punto de mira. En aquellos momentos ERC, JxCAT y la CUP noquearon al Gobierno de España, que no supo dar una respuesta política y simbólica tras el 1 de octubre, y fue el Rey el que aglutinó los sentimientos de toda la nación en defensa de nuestra Constitución.

Los separatistas piensan, y con razón, que el Gobierno no es el gran problema. Ya noquearon políticamente al de Rajoy y tienen atado de pies y manos al de Pedro Sánchez. Saben que el gran obstáculo es el Rey, y para alcanzar sus objetivos políticos han de acabar con la monarquía. De ahí que el frente independentista – populista se dedique en cuerpo y alma a intentar dinamitar a la Casa Real.

La política catalana está paralizada hasta que se celebren las próximas elecciones autonómicas y se decida qué partido es el hegemónico dentro del independentismo para conducir la nueva etapa tras la liberación de los políticos en prisión, que se producirá más pronto que tarde. La clave es si se consolida el frente de partidos separatistas al frente de la Generalitat, o si se produce una conjunción entre Esquerra y el populismo de los ‘comunes’, con apoyos externos, fijos o puntuales, de otras fuerzas políticas. Que podría ser solo la CUP, o también del PSC según las necesidades de Sánchez en el Congreso.

Además, la pandemia afecta sobre todo a áreas de poder que detenta Esquerra Republicana (Economía, Salud y Asuntos Sociales), por lo que la lucha entre los de Junqueras y los de Puigdemont es aún más cruenta. De ahí que el separatismo haya trasladado la agitación política a Madrid. Allí, frente al enemigo común que es la monarquía, pueden mantener cierta unidad de acción. Y mientras, siguen utilizando el presupuesto público de la Generalitat para ampliar sus redes clientelares.

En plena pandemia el organismo público que gestiona TV3 y la radio pública ha recibido, de entrada, 240 millones de euros para el 2020, y su responsable, Núria Llorach, ya ha avisado que será insuficiente. La Generalitat ha anunciado que abrirá tres nuevas ‘embajadas’ en Australia, Japón y Senegal, y que se gastará dieciocho millones de euros en lo que se ha denominado la ‘NASA’ catalana. En resumen, nuevos chiringuitos de los partidos secesionistas para colocar a sus efectivos y fortalecer sus redes políticas.

De ahí la necesidad de arropar al Rey. Hemos de conseguir fortalecer a la monarquía constitucional para que el “frente” madrileño del ‘procés’ fracase. Y una vez hayan comprobado que no pueden con la voluntad del pueblo español, hemos de plantar cara al secesionismo y al populismo, democráticamente y con eficacia, en Cataluña para que el totalitarismo independentista no pueda acabar con nuestra democracia. Y luego llegará en turno de plantar cara al resto de secesionismos que quieren acabar, primero, con la igualdad entre todos los españoles y, después, con la propia España.

Rematar la lengua común
Antonio Robles Libertad Digital 6 Noviembre 2020

Acabar con la lengua española en Cataluña ha sido la mayor obsesión del catalanismo en estos últimos cuarenta años. Sin remarcar ese objetivo íntimo, todo argumento a favor o en contra de la enmienda que excluye al español como lengua vehicular en la nueva Ley de Educación de Celaá es pura cháchara para incautos. Esa obsesión íntima la extienden a todos los ámbitos de la vida social, no sólo a la escuela. Hace años que la limpieza lingüística expulsó al español de Cataluña como si fuera una lengua extranjera. Conviene partir de ese hecho para entender por qué están librando una guerra lingüística contra el español como antesala de su república étnica. Y digo guerra a pesar de la ausencia de armas, porque éstas son las guerras del s.XXI de todos los canallas que quieren seguir pareciendo demócratas.

Estamos en guerra y las armas son palabras, sintaxis, eufemismos, ambigüedades, sofismas, argucias retóricas, mentiras como formas ladinas de manipulación del lenguaje. Lo vemos claro en la enmienda: elimina toda referencia al español como “lengua oficial del Estado” y “como lengua vehicular”. Una manera de eliminar su condición de lengua común de España, y a la vez, considerarla impropia en las comunidades bilingües como lengua docente.

El arsenal de eufemismos y la mala fe con que han decapitado nuestros derechos desde los años ochenta para esquivar las leyes son inagotables. Algún ejemplo, el eufemismo “normalización lingüística” para imponer el catalán como única lengua docente. “Atención individualizada” para escamotear el derecho de los niños castellanohablantes a recibir clases en español. “Lengua materna” para reivindicar el derecho a estudiar en catalán cuando no era oficial, cambiada por “lengua de la tierra” cuando el excluido era el niño castellanohablante. Meros señuelos para el engaño. La retahíla es interminable: "integración" para imponer la “asimilación”, “derechos lingüísticos” para despojar a la gente de ellos, “lengua propia” para hacer impropia la del resto, “derechos históricos” para destruir los democráticos, “bilingüismo” para imponer el “monolingüismo”, “cohesión social” para “excluir con impunidad”. La Ley Catalana de Educación (LEC) de 2009 fue la expresión más depurada de esa estrategia para “blindar la inmersión y legislar la exclusión" del castellano.

He aquí su última mutilación (los pasajes entre corchetes) de la mano de Pedro Sánchez, ERC y PSC:

Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano [, lengua oficial del Estado,] y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios [. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares], de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable.

Esta eliminación selectiva para ir soslayando la legalidad la ejercerán a sabiendas de que el recurso a los tribunales y sus resoluciones tardarán años. Mientras tanto, habrán hurtado a una nueva generación su derecho a estudiar en español y a sufrir el adoctrinamiento nacionalista que lleva aparejado. Importará poco que la sentencia 337/1994 del TC y la del estatuto de 2010 dejaran establecida la conjunción lingüística por la que catalán y castellano han de ser lenguas docentes sin que ninguna de ellas sea exclusiva ni excluyente. Como el resto de sentencias que nunca han cumplido. Hemos escrito tanto y denunciado tantos atropellos que me remitiré a enlaces para evitar repetir lo obvio. Dos cartas abiertas al presidente Rodríguez Zapatero (1) y (2), otra a Pedro Sánchez y la tramposa Ley de Lenguas que nos quiere colar el PSC.

Si las palabras tienen aún algún valor, pregúntense por qué Puigdemont le dijo a Xavier Vendrell ante la investidura del socialista: "Hay que hacer presidente a Sánchez aunque sea gratis". O por qué Pedro Sánchez aseguró a Mònica Terribas en Catalunya Radio ya en 2014: “¿Se pueden blindar competencias vinculadas con hechos singulares como las que tenéis en Cataluña, como es la lengua y la cultura? Yo creo que sí”.

PS. Todo el esfuerzo cívico realizado durante años para hacer respetar en Cataluña los derechos de todos los españoles es pisoteado ahora por este capullo al que le he perdido todo respeto. ¿Por qué la degradación humana alcanza cuotas tan miserables en el ejercicio de la política?
 

El pacto del PSOE y ERC contra el castellano dinamita la operación "Cataluña Suma" de partidos no nacionalistas
Descartada definitivamente la coalición de partidos no nacionalistas para las elecciones autonómicas del 14 de febrero.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 6 Noviembre 2020

Si las opciones de una coalición electoral entre el PSC, Cs y el PP eran mínimas, el acuerdo de los socialistas con ERC para eliminar el español de la enseñanza las ha dinamitado. En el PSC guardan un silencio absoluto. Nunca han sido unos grandes defensores del castellano en la escuela catalana y siempre han avalado el procedimiento de la inmersión lingüística, pero la eliminación del carácter vehicular del español les ha dejado en fuera de juego. Una cosa es aceptar la inmersión y otra erradicar por completo el castellano, alegan fuentes socialistas.

En el PP catalán siempre mostraron su escepticismo ante un pacto electoral entre las fuerzas teóricamente constitucionalistas. A Alejandro Fernández le chirriaba una coalición en la que estuviera presente el PSC por razones de lógica política, programa ideológico y coherencia electoral. "¿Cómo les vamos a pedir a nuestros electores que voten también al PSC?", se preguntaba Fernández cada vez que era inquirido sobre la cuestión. Tampoco cuadraba el hecho de que el PSC no se cerrara a un acuerdo con ERC y "Catalunya en comú" (nombre de la versión catalana de Podemos) si daban los números. De hecho, la reedición del tripartito es la primera opción socialista.

El candidato y dirigente de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, no lo veía tan extraño. El partido naranja era el único de los tres que mostraba un verdadero interés por alcanzar un acuerdo electoral bajo el formato de Cataluña Suma, una candidatura de emergencia ante la posibilidad de que el independentismo sume más del cincuenta por ciento de los votos, una excusa para renovar el embate procesista contra la unidad de España. Según Carrizosa, la unión de los tres partidos era la única vía para evitar esa mayoría independentista.

Tanto socialistas como populares sospechaban que tras el entusiasmo de Ciudadanos se ocultaba una maniobra para disimular la caída del partido de Inés Arrimadas, primera fuerza en las pasadas autonómicas, las del 21 de diciembre de 2017, pero a la que las encuestas auguran una notable caída.

Sea como fuere, una coalición "constitucionalista" ya no es ni siquiera una hipótesis tras el pacto "educativo" de PSOE, Podemos y ERC.

VOX recurrirá ante la Justicia la ley que ataca a la Concertada y elimina el español como lengua vehicular
'SE VULNERAN DERECHOS'
Redacción https://gaceta.es 6 Noviembre 2020

El grupo parlamentario de VOX en el Congreso español, que ejerce la oposición al Gobierno conformado por socialistas y la formación chavista Podemos, ha anunciado este jueves que recurrirá (también el Partido Popular y Ciudadanos) ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la ley de Educación si elimina el español como lengua vehicular.

La formación liderada por Santiago Abascal ha considerado que esta ley supone “la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos”. Lo ha hecho tras conocerse el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos con los separatistas de Cataluña Esquerra Republicana (ERC) para retirar la configuración del español como lengua vehicular en la educación.

A juicio de VOX, “la riqueza cultural de España y su diversidad lingüística se utilizan como instrumentos para la secesión, pasando por encima de nuestra Constitución” y con el cambio en la ley “se vulneran los derechos que tienen tanto padres como ciudadanos cuya lengua materna es el español”.

VOX ha denunciado el uso de la educación que pretende hacer el Gobierno, para convertir este derecho de los niños en un “medio para el adoctrinamiento en los principios doctrinales del progresismo, imponiendo su visión de la historia, de las relaciones personales y de sus principios éticos y morales, mediante la obligación de cursar materias fuertemente ideologizadas, impidiendo toda respuesta o protesta por parte de las familias”.

Ataque a la Escuela Concertada y a la Educación Especial
El Gobierno de izquierda con esta ley pretende asfixiar a la Escuela Concertada al establecer que las Comunidades Autónomas “promoverán un incremento progresivo de puestos públicos escolares en la red de centros de titularidad pública”. “La concertada se siente agredida”, pero también, en general, “todo el sistema educativo”, denuncian las asociaciones de este modelo educativo en el que estudia uno de cada cuatro niños, antes de señalar que la ley se está haciendo de una forma exprés y sin contar con la comunidad educativa.

Además, la ‘Plataforma Inclusiva Sí, Especial También’ ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso español que eliminen, a través de enmiendas, de la reforma educativa una disposición que abre la posibilidad de que las Comunidades Autónomas vacíen los centros de Educación Especial de alumnos para (en un plazo de una década) “transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado”.

Riqueza cultural y diversidad lingüística
Nota del Editor 6 Noviembre 2020

Palabras huecas, sin sentido. Si las lenguas regionales son riqueza cultural, que se las queden, no la queremos. Lo que pretenden es someternos con el rodillo de las lenguas regionales. La diversidad lingüística es un virus que hay que erradicar. En el mundo había unas 6000 lenguas y ya sólo quedan unas 3000. La economía de medios, la libertad de los mercados, si son principios que hay que aplicar.

El desafío: ETA
“Un Pueblo que olvida su pasado, sus raíces, no tiene futuro. Es un pueblo seco”
Jorge Hernández Mollar diariosigloxxi 6 Noviembre 2020

Hacía tiempo que no me emocionaba ante una pantalla de cine o televisión, como lo he hecho después de “revivir” con toda intensidad y emoción la trágica y larga historia de los casi 50 años del terrorismo etarra relatada con un rigor y profesionalidad encomiable en la serie “El Desafío: ETA”.

Hace unos días en una entrevista de las que suelen hacerse por las cadenas de televisión a pie de calle, me sorprendió, casi con espanto, que una joven al mostrarle el reportero una foto de Ortega Lara y preguntarle si lo reconocía, su repuesta fue: “creo que es un terrorista…”, no pude contener un gesto de indignación y me hice una pregunta ¿cómo hemos podido permitir que nuestra historia más reciente no forme parte del saber y del conocimiento de nuestras jóvenes generaciones?

El testimonio documentado de los expresidentes de gobierno, generales, coroneles, jefes, suboficiales y agentes de la sufrida y castigada Guardia Civil; el emotivo y dramático testimonio de las víctimas de los asesinados por ETA; las declaraciones de los propios etarras, hombres y mujeres, arrepentidos algunos pero otros que aun siguen justificando todavía sus criminales acciones en defensa de su ilusorio y falso “conflicto político” y el sufrimiento de políticos, empresarios, funcionarios civiles y militares asesinados o secuestrados, reproducen un sentimiento encontrado de profunda pena – es inevitable contener las lágrimas ante tanto dolor- y de rabia contenida ante la frialdad que todavía demuestran quienes han despreciado la vida de tantos niños, mujeres y hombres masacrados sin la piedad y misericordia que ahora piden para sus propias víctimas, presos y familiares.

Todo este sufrimiento lo soportó España en la más absoluta soledad, no teníamos ni la comprensión ni la colaboración del resto de naciones europeas o de otros continentes, al contrario un país vecino como Francia, se convirtió en refugio de los asesinos y otros de Hispanoamérica como Venezuela, Cuba o Nicaragua también los acogieron. Solo el atentado terrorista del 11S en EEUU despertó la conciencia mundial de que estábamos ante un nuevo enemigo de la humanidad que utilizaba el terror como el arma más cobarde y repugnante contra el hombre.

España ya lo padecía desde hacía 40 años y tuvo que ser esa cadena de atentados en distintas partes del mundo la que nos ayudara a conseguir la cooperación internacional para poner fin al periodo más cruento de nuestra democracia. Irene Villa, víctima emblemática del terrorismo de ETA y a quien tuve el privilegio de conocer junto a su madre en un homenaje que le tributó el Ayuntamiento de Melilla decía en un reciente twitter: “Siempre se nos exigió generosidad, ser capaces de pasar página…creo que cumplimos nuestra parte con creces, lo que no se podrá hacer jamás es enterrar la memoria de tantos inocentes acribillados a tiros. Por eso, esas series son necesarias…”

El Papa Francisco en una visita a Paraguay pronunció estas palabras tan ilustrativas sobre el pasado y la historia de los pueblos: “Un Pueblo que olvida su pasado, sus raíces, no tiene futuro. Es un pueblo seco” y añadía “¡nunca más la guerra entre hermanos!; construyamos la paz del día a día, en el que todos participemos evitando palabras hirientes, actitudes prepotentes y fomentando el diálogo y la colaboración”.

Series como esta junto a la educación familiar y escolar ayudarán a que no se seque el alma y la mente de nuestras futuras generaciones de españoles.


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