AGLI Recortes de Prensa   Sábado 7  Noviembre  2020

Sánchez va a destrozar la Navidad como destrozó el verano
EDITORIAL Libertad Digital 7 Noviembre 2020

La economía española no tiene visos de remontar. Los datos del paro de octubre confirman que la recuperación con la que el Gobierno está intentando engañar vilmente a la ciudadanía será lenta y dolorosa. El décimo mes del año dejó 439.628 afiliados menos –el peor dato desde 2012– y 648.384 parados más –el peor desde 2009–. Y eso sin contar con los 600.000 afectados que todavía siguen atrapados en un ERTE.

Pero la manipulación de las cifras es tan descarada que el Gobierno saca pecho por datos irrelevantes –como los intermensuales– mientras oculta los verdaderamente graves –los interanuales–. En plena pandemia, comparar octubre con el mes anterior es tan mezquino como absurdo, si lo que se pretende es analizar la realidad laboral española. Aun así, Trabajo y Seguridad Social han celebrado esta semana que la subida del paro respecto a septiembre ha sido la "segunda más baja de los últimos 13 años". Es cierto que octubre es un mes siempre nefasto para el empleo, debido al fin de los contratos verano; pero ¡lo que ha pasado este verano es que no ha habido contratos que rescindir! Por eso los números de un mes a otro son tan bajos. Gracias a la nefasta gestión de Sánchez y a la pésima imagen que ha trasladado al exterior, la temporada veraniega no ha podido ser más catastrófica. Los turistas huyeron despavoridos de un país con un Gobierno que les imponía cuarentenas pero era incapaz de coordinarse con las CCAA donde pretendían alojarse. Sin olvidar al impresentable Fernando Simón, que llegó a recomendar a los extranjeros que era mejor que no vinieran.

Desde entonces, hoteles, bares y restaurantes siguen sin levantar cabeza. Sólo en la hostelería se destruyeron en octubre 85.000 empleos, aunque el Gobierno vuelve a tergiversar las cifras festejando que la afiliación aumentó en 113.974 personas. Lo que el Ejecutivo social-comunista oculta es que fueron el sector público y la educativo –también en gran medida público– los únicos que lograron tirar el empleo ese mes, con 27.000 y 137.502 afiliados más, respectivamente. Así, mientras van arrinconando al sector privado y a la economía productiva, el plan del Gobierno de crear un sistema subsidiado y asistencialista va ganando terreno.

El derrumbe de las contrataciones alerta de que el deterioro económico es imparable. Lo habitual es que el número de contratos firmados revele las expectativas que tienen las empresas sobre el futuro de sus negocios o el volumen de trabajo que prevén tener, pero en octubre los contratos se hundieron un 30%. Este catastrófico dato vaticina las pocas esperanzas que tienen las empresas en la campaña de Navidad -uno de los momentos más importantes del año- lo que acabaría por rematar del todo al PIB de España.

La economía española sufrirá en 2020 el mayor varapalo del mundo desarrollado –como alertó el jueves la Comisión Europea-. Que el Gobierno de Sánchez e Iglesias sea el único que sube impuestos y aumenta el gasto ineficiente tendrá mucho que ver. Sánchez no logró salvar el verano ni va a salvar la Navidad. Solo logrará hundir todavía más el tejido productivo, porque el problema es su política económica.

Una agresión ilegal a la familia y a la escuela
Editorial. Estrella Digital 7 Noviembre 2020

No hay otra. Más tarde que pronto, lo decidirá el Tribunal Constitucional. No parece existir otro muro de contención más sólido ni propicio frente a los ‘planes legislativos’ del gobierno de España y sus socios de convertir la primera lengua del Estado no en una más sino en una lengua degradada, relegada y apestada, en definitiva, en las denominadas ‘Comunidades Autónomas históricas’: un auténtico bochorno, una infumable astracanada.

No hay ninguna novedad en que un ejecutivo nacional, tanto al negociar sus propios apoyos parlamentarios en la investidura como en el propio tira y afloja que precede a la aprobación de presupuestos, ceda a las presiones y aun al chantaje de regionalistas, nacionalistas y separatistas excluyentes. Lo hizo González, como Aznar, como Zapatero y, por supuesto, Rajoy. Pero hay determinadas líneas rojas que no es que no proceda rebasar, es que de cruzarse hacen ingresar esas capitulaciones, de hoz y coz, en el terreno de la ilegalidad.

No estamos hablando aquí de que haya un inquilino en La Moncloa que beneficie a unas regiones en detrimento de otras y, en consecuencia, discrimine a éstas últimas, sea Extremadura, La Rioja, Murcia, Madrid o Baleares (los ciudadanos llevamos ya este deplorable fenómeno con cierta resignación). El problema es aquí muy distinto en su naturaleza y en su envergadura, que es muy superior.

La deriva autoritaria que ha llevado incluso a establecer una Comisión Permanente de vigilancia a los medios de comunicación y los periodistas libres tiene su continuación en esta maniobra de control de la enseñanza proscribiendo el castellano. Algo que no permite la Constitución. Algo que no deberían permitir los centros de enseñanza. Algo a lo que, sin duda, se opondrán las familias. No se trata simplemente de una agresión a la Carta Magna. Se está dirimiendo la buena educación o la ruina, por puro empobrecimiento y catetismo, de las generaciones venideras. No, no y no.

Contra el comunismo, comunismo
Javier Somalo Libertad Digital 7 Noviembre 2020

Érase una vez un joven que pasó de curso sin límite de suspensos, sabiendo lo justo de español porque no era la lengua vehicular en España y con los medios de comunicación controlados hasta por el CNI por si desinformaban al pobre chaval… Visto así, parece que un buen número de nuestros jóvenes cumplirá con creces antes de los veinte años la mayoría de los requisitos para ser ministro y, desde luego, todos para estar en activo en la política.

En apenas un mes —año 2020— hemos tenido noticia de todo ello hasta en el BOE. Suspender es de mal gusto; hablar español, innecesario y criticar al Gobierno, delito. Falta algo: Hacienda podrá entrar en tu casa sin avisar previamente —ya está anunciado— para que sea más efectivo el vínculo amoroso entre el pueblo y el fisco. Desde luego, para detener al virus este gobierno de Iglesias y Sánchez se ha mostrado de lo más inútil, pero para aprovecharlo resulta de una eficacia extraordinaria.

Hay que darse prisa en publicarlo y leerlo todo porque lo que no sea considerado delito será de pago y a ver quién es el listo que tiene posibles para comprobar versiones antes de que llegue la Stasi. Habrá que empezar a decir que Portugal es una dictadura, a ver si a alguno se le ocurre preguntarse si no será, más bien, en España. Ya sé que esto significa retroceder a mediados del siglo pasado pero es que nos acercamos a eso y con afán de empeorarlo. ¿Franco? Franco es el mejor activo de la censura comunista.

El Gobierno de la mentira, verificada mil veces pero impune, verificará si mentimos, por ejemplo, al publicar que el español está prohibido en varias partes de España, cada vez más. Dicen que primero comprobarán si nos lo han inoculado los rusos pero admiten que en caso de que la conspiración sea doméstica —de Vox o de algún despistado del PP antes de ser destituido— podrán obligarnos a borrar la mentira y sancionarnos por incumplimiento del precepto de la Verdad, que ya está en el BOE. Como el control a los jueces podría escaparse, que lo dudo, el Ejecutivo ya se ha preparado para desempeñar esa función dando un paso de gigante en la concentración de poderes, totalitaria por definición. La Fiscalía de Lola y Balta siempre estará ahí para aflojar las tuerkas a Iglesias y apretarlas contra Juan Carlos I, por poner un ejemplo. Y mientras todo sucede, en contra de los que piensan que estas cosas no pasan en España, el español se prohibirá en Cataluña, probeta del totalitarismo, y luego en más sitios, y se sancionará de mil formas a algunos medios de comunicación. Y seguiremos discutiendo si hay tal o cual democracia, borrando verdades de las actas del Congreso.

Ochenta años de historia —son más de cien, pero dejémoslo en España— dan para alguna que otra lección. Por muy Redondo que sea Iván, ex asesor de Monago o Basagoiti, ex asesor del PP, hay que sobreponerse a la tesis de que el que está contra del comunismo es franquista. Superar esa barrera —el PP de Génova 13 ya ha fracasado y milita en las filas de la insurrección— es tan sencillo como retar a los comunistas a hablar de comunismo, muy anterior al franquismo o a cualquier artificio de censura que nos quieran plantear.

Resulta que ahora nuestro gobierno quiere velar por lo que se dice de nosotros en el extranjero, no sea que contamine a los nacionales. Caramba, falta la conspiración judeo-masónica y que Cebrián vuelva a TVE, si alguna vez la dejó, y que nacionalicemos Zara en la fabricación de camisas azules, o grises, o verde oliva e inauguremos el nuevo Bernabéu con una demostración femenina de militancia a cargo de Irene Montero. Da igual que el modelo sea castizo o pequinés. ¿Por qué tantos se rinden a la discusión cuando la izquierda toca la tecla de Franco? ¿No hay comunismo suficiente antes, durante y después de Franco como para mantener el tipo y protestar con razón contra lo que se nos viene encima? Para eso usan a Vox, sin razón, y en eso ha caído un PP dirigente —no todo el PP pero sí el de Casado— que al renunciar al debate se presenta como militante disidente… y obediente. No es tan listo Redondo, pero la mediocridad tiene un gran atractivo para los que están aun por debajo de ella y que, desgraciadamente empiezan a ser legión en la política, en los medios y en la gran empresa.

Falta mucha historia que estaba escrita pero que sigue por conocer. Y el PP de Génova 13 juega a las reglas del TikTok, de Twitter y de cualquier herramienta socio-tecnológica —no por ello mala— que ahorre esfuerzo al conocimiento y permita un patrón de poder sencillo, local y efímero, pero poder al fin y al cabo. Nuestro mal no es la izquierda, que la hay muy responsable, sino la vagancia y estulticia de la derecha, empeñada en parecer buena para la izquierda. Al esbozar la caricatura de Vox —y no la de Podemos— se ha establecido el nuevo canon de la democracia oficial que entronca a la perfección con la guerra que nos dividió y nos mató. Sólo por eso había que recordar que existía el Valle de los Caídos y, a partir de ahí, lo sencillo, porque no se discutió, fue sembrar que es sólo una de las dos Españas la que ha de helarte el corazón.

Aunque no sea de dominio público, ya se está ensayando el invento censor. La web que Pablo Iglesias puso a Dina Bousselham después del episodio de la tarjeta SIM, y que se empeñó en sufragar con la consabida solidaridad obligada de los soviets, ha empezado a publicar nombres y apellidos. Se llama Última Hora y ya dice que todo lo que padece el marqués de Galapagar es fruto de un “matrimonio” de la conspiración formado por tres: Villarejo, periodistas adeptos y cloacas ajenas. No sé por qué casi todo lo que rodea a Iglesias acaba o empieza entre tres. En todo caso, la noticia es todo un aviso a navegantes lanzado por el vicepresidente del Gobierno desde una de sus dachas.

Según la ex asesora de Iglesias, y razón de sus desvelos, el trío matrimonial de la conspiración en el que aparece Libertad Digital a través de Miguel Ángel Pérez, miente y, por tanto, es posible reo de la nueva normalidad comunista que ya campea por el BOE. De nada servirá repetir que Villarejo se aburrió llamado a la puerta de esta casa mientras otros trataban de convencernos de su enorme valía. Por ahí van a ir los tiros, valga la figura: un “medio de comunicación”, que no es el Gobierno, será el delator del resto para demostrar que la batalla por la Verdad es cosa de todos. Los hay a patadas para cumplir esa función, muchos más de los que sufrirán las purgas.

No me escandaliza la censura porque aparezca articulada en una norma. Siempre ha existido, con cualquier gobierno, para los que tienen la manía de insultar a la mentira a la cara. Por eso, como verán, no hay tanto escándalo como debiera sino mucha impostura. Medios como éste que leen, ven y escuchan saben perfectamente qué se cuece y se come en las cocinas del corporativismo oficial. En el radiofónico, por ejemplo, tanta censura nos llega por la administración en forma de licencias-trampa como por la competencia que no quiere tenernos al lado y presiona a la administración para que lo impida con más licencias-trampa cerrando así un precioso y redondísimo círculo tan podemita como dantesco al llegar al Infierno. Y con la boca muy pequeña dirán y dirán hasta llegar al punto que no se ha de sobrepasar. Si se viola el precepto tácito —límite artificial que ya parece consensuado por más que apelen a Europa— sonarán los teléfonos por igual a izquierda y a derecha. Tan lamentable como cierto.

Termino con una recomendación: el día 24 de noviembre sale a la venta La vuelta del comunismo y no lo defiendo una vez más porque lo haya escrito el presidente de la casa en la que escribo y trabajo desde hace 20 años, y en la que nadie me ha retenido contra mi voluntad, sino porque —alguna ventaja tenía que haber— ya lo he leído, como la Memoria. No lleva tanto tiempo hacerlo y da muchos argumentos, mucha ventaja. Las cosas suceden, sólo hay que recopilarlas, contrastarlas con lo ya escrito y sentarse a hablar con quien quiera y resista. ¿Comunismo? Pues comunismo.

Unos Presupuestos que no se pueden apoyar
José María Rotellar okdiario 7 Noviembre 2020

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha presentado el Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas es un auténtico despropósito y puede causar un grave daño a la economía, al empleo y a la prosperidad. Lo es desde el punto de vista de incremento de gasto, de subida de impuestos, del riesgo en el que se ponen las pensiones al abandonar el factor de sostenibilidad como elemento de revalorización, del incremento del sueldo de los empleados públicos cuando se prevé que la inflación sea cero (vean el deflactor del PIB que prevé el propio Gobierno, que se queda en dicha cifra nula), y máxime en el contexto actual de desempleo masivo debido a las restricciones impuestas, que arruinan al sector privado, cuando ellos tienen asegurado su empleo, y de las excesivamente optimistas previsiones económicas, con escasa probabilidad de que se puedan cumplir.

Por tanto, es un proyecto de PGE que no se puede apoyar tal y como está, no sólo por la subida de impuestos que introduce, sino por ninguno de los otros elementos nocivos que contiene antes citados.

Así, este proyecto eleva el gasto en más de un 50%, hasta alcanzar los 194.456 millones de euros. Mientras la AIReF, el Banco de España, el FMI o la Comisión Europea piden reformas que permitan retornar hacia la estabilidad presupuestaria, el Gobierno se limita a justificar que este incremento es posible gracias a que estiman un crecimiento de la recaudación extremadamente optimista, que no se dará, y menos basado en la subida de impuestos confiscatoria que quieren llevar a cabo, por dos motivos: en primer lugar, porque dichas subidas, especialmente la del IRPF, no van a tener poder recaudatorio por la propia base sobre la que se aplicará, que disminuirá. En segundo lugar, porque lo único que conseguirán es expulsar la inversión, como sucederá con la subida que pretenden ejecutar en el impuesto de Sociedades. Y si no hay inversión, no hay actividad. Y si no hay actividad, no hay empleo.

Siempre es una mala noticia que se adopten medidas que conduzcan a perjudicar al empleo, pero máxime cuando la EPA, recientemente, certificó que hay 697.500 empleos menos que hace un año, que llega a una pérdida de 805.900 puestos de trabajo si hablamos del sector privado, al cual están arruinando las políticas de restricciones impulsadas por el Gobierno, a las que se suma la política económica regresiva contenida en este proyecto de PGE.

Dentro de ese conjunto de subidas de impuestos que afectarán negativamente a la economía, el Gobierno continúa con sus obsesiones particulares, como el de homogeneizar el impuesto de Patrimonio en todas las comunidades autónomas, así como su recuperación con carácter permanente -aunque parezca mentira, desde 2011 se encuentra con carácter de provisionalidad-. Lo que hay que hacer con dicho impuesto no es homogeneizarlo, sino eliminarlo. Nació con espíritu de control y enseguida se convirtió en lo que es, un impuesto confiscatorio, injusto y que grava más de una vez el hecho imponible, al hacerlo sobre el stock constituido a partir del flujo de renta por el que ya se ha pagado cada año su impuesto correspondiente. Es tan arcaico que en Europa es un caso prácticamente único. Pues bien, le dan otra vuelta de tuerca más, para obligar a Madrid a que no pueda tenerlo exento al 100% (es lo que persiguen con el camino que han iniciado al respecto), con el mantra falso del “dumping fiscal”, que no existe, y suben un punto el tipo impositivo máximo.

En cuanto al IRPF, llegan a subir 2 puntos el tipo máximo y 3 puntos a las rentas del capital, lo cual constituye un elemento desincentivador al ahorro. Y si el sistema de pensiones está mal, perjudican más su complementariedad con la limitación a 2.000 euros de la reducción para las aportaciones individuales a planes de pensiones. Pueden publicitar que incrementan la conjunta de los planes de empresa, pero desincentivan, una vez más, el ahorro. Realmente, el impuesto quedaría mucho más limpio, claro y menos intervencionista si se eliminasen todas las deducciones, pero con el movimiento simultáneo de bajar los tipos impositivos para dejar a los ciudadanos más dinero en su bolsillo y que decidan qué hacer con él sin indicaciones del sector público. Sin embargo, el Gobierno disminuye la desgravación y sube tipos, es decir, lo peor de los dos aspectos, en una línea absurda incluso para un neokeynesiano, pues aplican, con ello, una política fiscal contractiva en tiempos de amplia recesión. Mucho me temo que ellos se quedaron en el multiplicador del presupuesto equilibrado sin ahondar en los graves efectos negativos que produce en el medio y largo plazo sobre ahorro e inversión y expectativas.

Así, la subida de impuestos la rematan con el incremento que acometen en el impuesto de Sociedades, al reducir la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales, lo cual es hasta poco ortodoxo técnicamente, pagando dos veces por el mismo hecho. Lo justifican con otra de sus obsesiones: acercar el tipo nominal al efectivo. Sin embargo, lo único que van a conseguir es incrementar el número de deslocalizaciones, con lo que por mucho que consigan acercar el tipo efectivo al nominal, la base sobre la que se aplicará será mucho menor, con lo que caerá la recaudación, por no hablar del desempleo que generará la marcha de esas empresas y el incremento en el gasto que supondrá el aumento de prestaciones por desempleo.

Y por la vía del gasto, también constituye un auténtico despropósito dentro de la cifra ya comentada de casi 200.000 millones de euros de gasto no financiero: en lugar de reformar realmente las pensiones para garantizar su sostenibilidad, las vuelven a incrementar un 0,9%, sin desligarlas de la inflación, que pone en riesgo a las mismas, olvidando el factor de sostenibilidad. De la misma manera, resulta contraproducente para el conjunto de la economía que se incremente también otro 0,9% el salario de los empleados públicos -máxime en el contexto actual, teniendo asegurado su puesto de trabajo y con su incremento en número de forma clamorosa, nada menos que en 108.500 personas en el último año, según la EPA del último trimestre. Esto hace que el capítulo I, que recoge el gasto de personal, se incremente un 4%, con unos PGE que recogen nuevas ofertas de empleo público. Así, frente a los 15.839.800 ocupados que hay en el sector privado, nos encontramos con que esa cifra de trabajadores sostiene a un número similar de personas pagadas con fondos públicos, que son 14.741.158, entre empleados públicos (3.337.100), pensionistas (8.861.002, dolorosamente reducidos en 43.787 respecto a febrero, debido a los efectos de la pandemia) y perceptores de prestaciones por desempleo (2.543.056). Eso es, sencillamente, insostenible en el tiempo.

Por otra parte, resultan irreales las cifras del cuadro macro, donde la estimación de caída del PIB del 11,2% para 2020 y la recuperación al 9,8% (donde suman los 2,7 puntos de los fondos europeos, exageradamente calculado su impacto) en 2021 es ciencia ficción, pese a lo pésimos datos de los que vienen, máxime cuando el FMI estima un crecimiento del 7,2%. Dentro de esa falta de realismo se enmarca la propia estimación del déficit y de la deuda, que el Gobierno, pese a lo abultado de dichas cifras, estima por debajo de las previsiones del Fondo, que lleva a que el déficit llegue al 14,1% (casi 3 puntos más que la estimación del Gobierno) y la deuda se vaya al 123% del PIB.

Es más, lo ha dicho el gobernador del Banco de España: no se alcanzará la recaudación, el gasto será mayor -pudiendo llegar la deuda al 128% del PIB-, se incrementará en tres puntos el gasto en pensiones en treinta años y las previsiones macroeconómicas no parece que se vayan a cumplir, al ir a uno de los escenarios más adversos debido a la adopción de nuevas restricciones a la producción que se están introduciendo con motivo de la pandemia.

Igualmente, la Comisión Europea también ha rebajado el crecimiento de España, previendo ahora una mayor caída para 2020 y un menor crecimiento para 2021. Asimismo, la AIReF también ha afirmado que para cumplirse el cuadro macro del Gobierno habría de darse el mejor de los escenarios, cosa que, según dicha institución, dista mucho de convertirse en realidad.

Pues bien, por todo ello, este proyecto de PGE no se puede apoyar bajo ningún concepto. No se trata de que para apoyarlos, o para negociar el apoyo, no suban los impuestos a todos los ciudadanos; es que aunque la subida sólo fuese para “los ricos” sería también contraproducente para la economía y el empleo. Pero es que, además, se trata también de los incrementos en gasto, sueldos públicos y pensiones descritos antes, insostenibles todos ellos. Sólo podría negociarse el apoyo para un Presupuesto que fuese de base cero, es decir, en el que se cuestionase la utilidad y validez de toda partida de gasto, para hacerlo eficiente y ponerlo en el camino del cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria y que impulsase la recuperación. Mientras los Presupuestos no los cambie el Gobierno en este sentido, quien los apoye cometerá un grave error. No sirve, ni siquiera, el argumento de que se pueden apoyar para evitar que otros apoyos los empeoren, porque el proyecto presentado por el Gobierno ya es, en sí mismo, terriblemente malo.

España no puede permitirse estos Presupuestos, que sólo ahondarán en la desolación económica que hemos empezado a vivir y cuyo peor rostro todavía no percibimos. Son unos Presupuestos perjudiciales para la economía y el empleo. Sólo hay una receta posible, que contiene reformas estructurales de calado, ajuste del gasto y mantenimiento y, cuando se pueda, reducción de impuestos, nunca subida de los mismos. Tenemos que convencernos todos de que no podemos seguir instalados en un gasto que no podemos pagar, y que es mejor ajustar nosotros, donde podremos priorizar y salvar el grueso de nuestros servicios, que esperar a que vengan a ajustárnoslo, cuando el recorte, por el tiempo que se habría perdido, sería mucho mayor y en cuestiones muy sensibles, como las pensiones o el sueldo y número de empleados públicos. Ese camino es el que es viable para la economía española, pero el Gobierno ha decidido andar por otro, que es el que conduce al abismo con este proyecto de Presupuestos que ha presentado y que, por tanto, no se pueden apoyar, porque sería contribuir a la ruina de la economía.

Marx retrata a Iglesias
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 7 Noviembre 2020

El comunista Karl Marx dejó una frase que retrata como nadie a Pablo Iglesias: «La peor pesadilla de cualquier sociedad es que los idiotas y los ignorantes lleguen al poder». En siglos anteriores, quien carecía de ilustración no era un inculto. Le bastaba con demostrar fuerza bruta, además de delirios de grandeza, para ser considerado una persona instruida. Hoy, el vicepresidente se suma al lote de aquellos sociópatas y podemos entender que el cruel maestro haya salido de la tumba para corregir a su desquiciado pupilo, pues todo cuanto toca lo convierte en desastre. No insinúo que sea gafe, que lo es, quiero decir que mientras tal fantoche siga en el Gobierno, en España no habrá futuro y, de haberlo, olerá a tufo chavista.

Iglesias sufre amnesia. Olvida que esta Navidad van a cumplirse 25 años desde que el 25 de diciembre de 1991, el secretario general del Partido Comunista y gran presidente Mijail Gorbachov, certificó el desmoronamiento de la Unión Soviética, dando por finiquitado el comunismo y marcando el fin de una época absolutamente macabra. Habría que volver a los infames días de Lenin, a las malditas noches de Stalin, verdugos de manual psiquiátrico que soñaban con eliminar la democracia y todo pluralismo, a través de la violencia de Estado. Iglesias se ríe de las lecciones que da la historia, comanda una horda compuesta por gentuza e inventa un nuevo tipo de comunismo que sólo pretende acabar con Sánchez y dividir a España. El más inútil y peligroso politicastro sueña con ser un dictador. ¡Hay que joderse!

Enumeremos sus aportaciones a la democracia. Querer cargarse al Rey y, ya de paso, a la Monarquía. La muerte de 20.000 ancianos en residencias bajo su mando. Permitir que la cajera de Igual-da, siga promocionando sandeces. Contribuir, con el inestimable apoyo de sus compinches separatistas, a redactar unos Presupuestos irreales, por no decir de carcajada, sin planes de crecimiento, que la UE mandará a dique seco y los fondos no llegarán ni a Irún. Sugerir que Hacienda debe inventar una norma inaudita para que la Inspección entre en los domicilios sin avisar. Acabar con el perfecto y eufónico castellano. Desde que Iglesias entró en Moncloa, todo hiede a censura, pura y dura. Ojalá que los ministros cuerdos le frenen e impidan que transforme España en un estado totalitario.

Lo último que se ha sacado de la manga el sarraceno es el “Comité de la Verdad” para controlar a los medios libres. Sus necedades, más bien atrocidades, dejarán sin aire a los autónomos, a los empresarios, a los sanitarios, al Ejército, a la Guardia Civil, a la Policía, al mundo del toro, a los jueces, a los fiscales, a pescadores y labradores, sólo él y Dina se salvarán de la hecatombe. Por fortuna para el resto de españoles, su padrino, Sánchez, a través de su máquina de bulos, se ocupa del Covid en sus horas libres. Y así nos va.

No, Europa no impone la censura
Editorial ABC 7 Noviembre 2020

La pretensión del Gobierno de hacer creer que su nueva normativa para la vigilancia de los medios de comunicación y el control de los contenidos en internet se basa en una exigencia legal e irrenunciable de la Unión Europea es la enésima falsedad con la que Pedro Sánchez quiere justificar su continua merma de libertades en España. Es lógico que un Gobierno luche contra las noticias falsas en un entorno internacional de desestabilización de muchas instituciones, pero antes debería aclarar qué entiende por lo que llama «desinformación» y por qué pretende fiscalizar la labor informativa y opinativa de los profesionales del periodismo en esta maniobra rayana con la censura previa. Sin embargo, la orden ministerial aprobada por Sánchez es tan difusa y está tan repleta de trampas dialécticas, que no aclara nada. Y eso es lo grave porque abre un amplio abanico para la impunidad de La Moncloa.

La norma solo sienta las bases para cometer arbitrariedades cuando al Ejecutivo le venga en gana amparándose en una exigencia de la UE que no es tal. De hecho, la orden ministerial solo alude a un «plan de acción para la lucha contra la desinformación» que fue presentado y aprobado en el Consejo Europeo de diciembre de 2018. Este plan tuvo su origen en resoluciones de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior que en ningún caso vinculan ni obligan a los gobiernos de los países miembros a aprobar leyes restrictivas contra la libertad de información, de opinión o de expresión. Y menos aún motivan a un gobierno a erigirse en árbitro de lo que es la «desinformación». Ese es el motivo por el que la Comisión ha puesto bajo su lupa la nueva norma de Sánchez por arbitraria. La coartada europea para Sánchez ha resultado ser una invención, porque más allá de que cada país se ponga de acuerdo en su Parlamento sobre cómo regular un fenómeno tan destructivo como las «fake news», no es cierto que la UE imponga absolutamente nada. Sobre todo porque, llegado el caso, lo lógico sería crear algún organismo independiente e imparcial capaz de decidir al respecto, y no que sean La Moncloa y dos altos cargos de la máxima confianza personal de Sánchez los autorizados para fabricar verdades absolutas y acallar la crítica social.

El proyecto de ingeniería social iniciado en España contra la libertad avanza a un ritmo tan vertiginoso como peligroso, y la cobertura que da a Sánchez la imposición de un estado de alarma durante seis meses añade un plus de impunidad a La Moncloa en su objetivo letal contra nuestro sistema de leyes. El Gobierno ha intentado someter al Poder Judicial, y solo el frenazo impuesto por Europa ha forzado a Sánchez a rectificar su operación de desmontaje de la separación de poderes. También son una agresión a las libertades la erradicación del castellano como lengua vehicular y oficial del Estado en las aulas, la ideologización del ciudadano a través de una «memoria democrática» falseada, el blanqueamiento de una banda terrorista como ETA, la mentira constante en la lucha contra la pandemia, y ahora la creación de un órgano gubernativo -no libre- para supervisar la información que se publica contra el Gobierno. La ofensiva de Sánchez solo será reversible si Europa pone pie en pared porque en España el Gobierno ha sometido al Parlamento para que asuma una fraudulenta superación de preceptos constitucionales a través de meras leyes orgánicas, decretos y órdenes ministeriales. Y eso es un timo a la democracia propio de voluntades autoritarias que aspiran al control absoluto de todas las instituciones de un Estado para ponerlas a su servicio.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
¿En qué momento se jodió España? Trump y el castellano en Cataluña
Alberto Pérez Giménez. vozpopuli  7 Noviembre 2020

“¿En qué momento se había jodido el Perú?”, se preguntaba Mario Vargas Llosa en el arranque de ‘Conversaciones en la Catedral’, un duro retrato de la corrupción moral y la represión en su país bajo la dictadura de Manuel Odría. Más de medio siglo después, conviene hacerse la misma pregunta -¿en qué momento se jodió España?- en la semana en la que el Congreso culminaba varias décadas de dejación de funciones de los Gobiernos de PSOE y PP y sentenciaba el castellano como lengua vehicular en las aulas de toda España.

Mientras los tertulianos patrios dedicaban jornadas maratonianas a criticar el sistema electoral de una de las democracias más antiguas del mundo y se llevaban las manos a la cabeza porque el granjero de Iowa seguía apoyando a un loco como Donald Trump –más de 60 millones de votos en plena pandemia es para que todos nos lo hagamos mirar-, en la moderna España se certificaba la defunción del uso del castellano en las aulas al mismo nivel que el catalán, el euskera o el gallego.

El tiro de gracia se lo han dado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, empujados por la necesidad de los votos de ERC y Gabriel Rufián, pero la dejación de funciones comenzó hace cuarenta años con Adolfo Suárez, se intensificó con Felipe González y José María Aznar –ambos necesitados de los apoyos de nacionalistas vascos y catalanes, el uno en el ocaso de sus mayorías absolutas y el otro antes de lograrla- y lo remató José Luis Rodríguez Zapatero con su afán de pasar a la historia como el hombre que solucionó “el conflicto catalán”.

Ningún traspaso de competencias ha sido más nefasto para España que el de la Educación que inició Suárez en 1980 y culminó Aznar en 1996, necesitado de los votos de los Pujol y los Arzallus de turno

Todos, uno detrás de otro, fueron transfiriendo a las CCAA –primero a las históricas, luego al resto, aunque muchas de ellas ni las querían- las competencias en financiación, justicia, sanidad… Las consecuencias de haber transferido esta última lo estamos sufriendo ahora con la pandemia. Pero ninguna ha sido más nefasta para España que el traspaso de las competencias en Educación que inició Suárez en 1980 y culminó Aznar 1996 dejando también la educación no universitaria en manos de los Gobiernos autonómicos.

Porque como han venido denunciando, en los tribunales y en cualquier tribuna a su alcance, desde políticos a profesores e intelectuales constitucionalistas, los Gobiernos nacionalistas han usado esta transferencia para adoctrinar a varias generaciones contra la idea de España, generaciones que hoy, 24 años después, forman el censo electoral dispuesto para ese referéndum de autodeterminación que anhelan los independentistas.

Y mientras en las aulas, los Gobiernos nacionalistas difunden el mantra del ‘España nos roba’, señala a los hijos de los “cuerpos represivos del Estado español”, se gastan millones de euros públicos en difundir que Colón, Leonardo o Cervantes en realidad eran catalanes, pero Madrid lo ha ocultado, y finalmente eliminan la necesidad de que el castellano sea idioma vehicular y lo rebajan al nivel del francés o el chino, los distintos Gobiernos españoles han preferido mirar para otro lado –en esto no hay color-, ignorar las sentencias del Constitucional de 1994 –ahora el PP anuncia que va a recurrir al alto tribunal- y no ejercer el deber de inspeccionar lo que se enseña y cómo se enseña en las aulas de media España.

El Estado, en esa dejación de funciones, dejó la supervisión del sistema educativo catalán en manos de un cuerpo de inspectores… gestionado por la propia Generalitat. La zorra cuidando el gallinero. El 80% de esos inspectores que deben “evaluar y supervisar las escuelas e institutos catalanes para garantizar que se cumplan las leyes” son funcionarios seleccionados por el propio Govern en comisión permanente de servicios.

El elefante en la habitación
Esta semana España se ha hecho, con la rúbrica de PSOE y Podemos y el aplauso de sus socios nacionalistas e independentistas, un nudo más a la soga que lleva años poniéndose al cuello: ¿alguien imagina que en la jacobina Francia se permitieran 17 programas educativos, con el francés marginado mientras se alienta el odio a París o a la República?

Aquí, sin embargo, preferimos llevarnos las manos a la cabeza por el ‘atrasado’ sistema electoral en Estados Unidos, entristecernos por el voto ‘trumpista’ de la América Profunda o avisar del riesgo de perder el trascendental condado de Maricopa, Arizona… Mejor mirar fuera con tal de no ver el incómodo elefante que lleva desde hace años en nuestra habitación.

PD:Este artículo ha sido enviado preventivamente al nuevo Ministerio de la Verdad y está a la espera de ser visado por Iván Redondo, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, el CNI y el Consejo de Seguridad Nacional en cumplimiento de la nueva normativa contra la desinformación...

El arrimadismo pierde el oremus
Segundo Sanz okdiario 7 Noviembre 2020

Algo falla cuando en la opinión pública y en las redes sociales habita la impresión generalizada de que Ciudadanos está haciendo una oposición más eficaz a Pedro Sánchez y sus socios del Frankenstein desde Bruselas y autonomías como Cataluña, Andalucía o Comunidad Valenciana que desde Madrid. La guerra cultural contra la agenda ideológica que vienen imponiendo el felón de La Moncloa y los bolivarianos de Pablo Iglesias, de la mano de sus aliados separatistas y proetarras, sí está siendo desplegada desde sus atalayas por los José Ramón Bauzá, Maite Pagazaurtundúa, Carlos Carrizosa, Toni Cantó o Fran Carrillo.

Y ello, con todos los respetos hacia la tarea diaria de portavoz que asume el jurista Edmundo Bal, uno de los diputados con mejor preparación técnica del hemiciclo. Sin embargo, sus circunloquios frente al espejo para hacer comulgar al electorado naranja con ruedas de molino denota que el arrimadismo ha perdido el oremus.

El 5 de noviembre de 2020 quedará en la historia de Cs como el epitafio del riverismo. Fue el día en que los liberales volvieron a sentarse con Podemos tres años y medio después para negociar los Presupuestos del hachazo fiscal a las clases medias y trabajadoras de este país y justo una semana después de apoyar -el PP se abstuvo- la alarma de seis meses basada en una enmienda de Rufián que burla el control parlamentario.

Horas después del encuentro, los socialcomunistas votaron una enmienda de Monsterrat Bassa, hermana de la ex consellera golpista, para eliminar el castellano como vehicular en las aulas y como «lengua oficial del Estado» en la polémica Ley Celaá. Lo grave está en que en el entreacto, en el espacio de tiempo entre ambos episodios, Ciudadanos fue incapaz de poner sobre la mesa siquiera tres condiciones para seguir negociando con el único Ejecutivo totalitario de la Democracia. Más allá de sumarse al PP en su recurso al Constitucional, Bal salió al ruedo en Ventas a esgrimir que «estando cerca del Gobierno» trabajarán para impedir tales atropellos. Así, incidió en que con esta oposición constructiva consiguen incomodar a ERC y alejarlo de Sánchez. Argumentario naif de supervivencia. ¿Acaso no conocemos ya cómo se maneja en la mentira el petimetre monclovita?

Al purgado abogado del Estado no se le escuchó decir que no seguirán negociando los Presupuestos con el Gobierno de PSOE-Podemos si no retiran la enmienda Bassa contra el castellano, si no hacen lo propio con la autoritaria ley orgánica de control del CGPJ -siendo Cs el primero que llevó al Congreso la despolitización del Poder Judicial en esta legislatura- y si no derogan la orden ministerial de creación de un Ministerio de la Verdad que pretende censurar como la ley franquista de 1966 a los medios incómodos con el Ejecutivo del Frente Popular. ¿Qué fue de las líneas rojas? ¿Quo vadis, Domina?

En el propio proyecto de Presupuestos se alude expresamente a la Lomloe, piedra angular de la acción del Ministerio de Educación y una reforma que liquida el castellano como lengua vehicular y menosprecia a la enseñanza concertada y especial. Todavía están a tiempo Inés Arrimadas y sus asesores áulicos Carlos Cuadrado y José María Espejo de recuperar el oremus regeneracionista de defensa de las libertades, de lucha frontal contra la liturgia nacionalista y de vanguardia económica, según se halla en el ADN de la fuerza centrista. Tercera vía en lugar de bisagra.

Las 5 falacias del Gobierno para justificar la retirada del español como lengua vehicular en España
Mariano Alonso elespanol 7 Noviembre 2020

El Gobierno acelera los plazos para tener lista cuanto antes la nueva Ley Celaá de Educación, que saldrá del Congreso en las próximas semanas camino del Senado, un calendario acondicionado al milímetro para que se aplique en el próximo curso escolar. Entre otras cuestiones, la norma incluye la polémica enmienda transaccionada entre PSOE, Podemos y ERC para "blindar" el sistema de inmersión lingüística, que discrimina el castellano.

Los partidos de la oposición ya han anunciado recursos, mientras que los de Pablo Iglesias sacan pecho de la medida, aprobada este jueves en la ponencia que dejaba el texto de la Ley visto para la sentencia del pleno parlamentario, que podría celebrarse este mismo noviembre. Los podemitas, que se jactan de que la reforma es un avance en la "plurinacionalidad" de España, como dijo su portavoz de Educación, Joan Mena, llevan días desplegando todo su arsenal propagandístico en defensa de la misma.

A modo de síntesis, y de recordatorio, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, publicaba este viernes un hilo de Twitter en el que mostraba su "orgullo" por la enmienda y detallaba varios puntos para defenderla. Entre ellos que la condición de lengua vehicular para el castellano es un "invento" del PP, ignorando las sentencias al respecto de los altos tribunales españoles.

Analizamos ese y otros cuatro argumentos recurrentes de los defensores de la inmersión, un modelo que excluye el castellano de la red de colegios públicos de Cataluña.
 
1. La lengua "vehicular".
Podemos aduce que la Constitución no habla del español como lengua vehicular, como tampoco lo hace, por otra parte, con las lenguas cooficiales. Tan cierto como que el Tribunal Constitucional (TC), en su célebre sentencia sobre el Estatut de 2010, sí que estableció esa distinción.

Una doctrina que luego reforzó, en diciembre de aquel año, el Tribunal Supremo (TS), estableciendo que la Generalitat "deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del TC que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña".

En esos pronunciamientos de los altos tribunales se basó posteriormente el Gobierno de Mariano Rajoy para, como explica en declaraciones a El Español José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, "volcar toda esa doctrina en un texto positivo" como fue la Ley Wert.

Domingo considera que fue "la primera vez que se reconoce una obviedad en una ley". El ministro de Educación del PP no se sacó de la manga ninguna denominación que no hubiese sido previamente establecida por el intérprete de la Carta Magna.

2. Inmersión para pobres.
Echenique asegura que la inmersión es el mejor sistema "para la cohesión social y la igualdad de oportunidades". Una manera eufemística de decir que es bueno para las familias castellanohablantes de escasos recursos, muchas de ellas procedentes de otras comunidades autónomas, singularmente de la histórica migración andaluza a Cataluña.

Un informe de 2019 de la Fundación Europea Sociedad y Educación, elaborado por dos economistas de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero y Álvaro Choi, niega esta argumentación.

Basándose en los datos de Pisa, el estudio afirma que los alumnos en cuyo hogar se habla castellano obtienen resultados diez puntos por debajo que los catalanohablantes, tanto en materias científicas como en lectura. Calero y Choi aputan a la existencia "de un problema de equidad, que genera perdedores de la política de inmersión lingüística en Cataluña".

3. El nivel de castellano.
En el mismo hilo, Echenique asegura que el modelo de la inmersión es el que "mejor ha garantizado el conocimiento del castellano y del catalán en Cataluña". Una afirmación que sustenta en datos del Ministerio de Educación de 2018 sobre el conocimiento del español por parte del alumnado catalán, que sería superior incluso al de otras comunidades autónomas monolingües, donde se imparten veinticinco horas semanales en castellano frente a las dos de Cataluña.

Naturalmente, ese baremo depende de la prueba que se emplee para medirlo y de quién la diseñe. En el caso de la prueba de castellano en la selectividad las autonomías pueden diseñarlo a su antojo. Y en el caso de las pruebas del informe PISA, que elabora la OCDE, también citado en muchas ocasiones como supuesta prueba del nivel de castellano del alumnado catalán, se trata de una pruebas que se traducen al catalán. Así lo detalló Convivencia Cívica Catalana en un informe de 2016, en el que se aseguraba que difícilmente esa prueba puede medir la competencia lingüistica en otro idioma.

En ese mismo informe se establece otro dato crucial al respecto, el de que no hay ninguna prueba homogénea y con cierta periodicidad que evalúe por igual a los alumnos de toda España acerca de su conocimiento lingüístico. Las últimas en ese sentido las realizó el Ministerio de Educación en 2000 y 2003 y arrojaban unos resultados en materia gramatical sensiblemente peores para los alumnos de Cataluña.

4. Lengua mayoritaria.
La exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana, para la que los autores de la enmienda argumentan razones de cohesión social, no está acompasada a la realidad del uso social de la lengua. Según datos de este mismo año del Centre d'Estudis d'Opinió, el conocido como CIS catalán, el castellano es la lengua mayoritaria de los catalanes.

Preguntados sobre qué lengua consideran como propia, un 45% de los encuestados la elige frente al 40% que opta por el catalán y un 10% que no se decanta por una ni por otra. Un equilibrio que no se refleja ni en la escuela catalana ni, por ejemplo, en los medios públicos, donde el catalán es la lengua preferente.

5. Demanda de español.
Con frecuencia en los últimos meses, y a cuenta de una cuestión completamente distinta, los representantes de Podemos han lamentado que el CIS no pregunte a los españoles específicamente por la monarquía, cuyo respaldo social consideran en entredicho. Lo cierto es que los sondeos de opinión oficiales, tanto el CIS como el CEO, no preguntan a los ciudadanos qué lengua prefieren para escolarizar a sus hijos.

Las sentencia del Tribunal Supremo antes referida respondía a la demanda de varias familias de castellanohablantes. Poco después, en 2011, Convivencia Cívica Catalana entregó a la Generalitat medio millar de solicitudes de padres que pedían una enseñanza bilingüe para sus hijos.

Una campaña a la que sumó la entonces presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, quien pedía para su hijo, de cuatro años entonces, una escolarización en castellano y catalán "de forma proporcionada y sin desequilibrio entre ellas". Casi una década después ese escolar, como tantos otros, no ha podido recibir una educación bilingüe en la red pública.

Distinto es el caso de otros centros privados, como el elitista colegio Aula, elegido por el presidente Artur Mas para sus hijos, en los que el castellano tiene mayor presencia que en la educación pública.

Las obsesiones de Celaá
Agustín García okdiario 7 Noviembre 2020

Education, education, education! Con ese lema ganó Tony Blair a los conservadores, y poco después les sorprendió, y aún más a los suyos, al continuar con las medidas educativas del thatcherismo y enterrar las viejas prácticas de los laboristas.

Su objetivo era la calidad y no se dejó seducir por filias políticas y dogmas trasnochados. Hoy el Reino Unido está entre los principales puestos del Informe PISA mientras España sigue suspendida, por debajo de la media de la OCDE.

Y es que Spain is diferent. Y también nuestra izquierda es diferente a las izquierdas europeas y de la OCDE. Aquí, en lugar de explorar medidas que puedan dar resultado como hizo Blair, nos dedicamos a derogarlas si las han hecho “los otros”. La nueva contrarreforma educativa (Lomloe) que quiere aprobar el Gobierno es un ejemplo de esta derogación ad hominem y de otras obsesiones que han marcado la política educativa del PSOE, la única habida desde hace 40 años.

Celaá pretende cumplir obedientemente con esas obsesiones que, como mandamientos grabados en piedra, imponen a los hijos de los demás (no a sus hijas, claro, eso ya lo sabemos) y que son los siguientes:

1.- Ideologizarás la educación. Desde Educación para la Ciudadanía en el currículum, a los sindicatos de estudiantes en los pasillos (que ni son sindicatos ni estudiantes), el asamblearismo en los claustros o la promoción de las “huelgas” de alumnos, todo se viste de ideología. Mañana, con la LOMLOE, tendremos Memoria Democrática, guerracivilismo en los patios de los colegios, ¡claro que sí!

2.- No permitirás reguladores ajenos. Hay que mantener ese tinell educativo que impide que el oponente político pueda meter sus manos en la educación. Ahí tienen la ley de Pilar del Castillo, derogada meses después por decreto nada más llegar Zapatero a la Moncloa, o la LOMCE, atacada sin rigor ni piedad y que la LOMLOE pretende apuntillar.

3.- No competirás para mejorar. Nada de evaluaciones externas o publicación de resultados generales, nada que pueda hacer pensar (y estimular) mejores prácticas. ¿Competencia? ¡Vade retro!

4.- Confundirás igualdad con mediocridad. Igualdad sí, pero no de oportunidades (en esa estamos todos de acuerdo) sino en las metas. Aprobados y titulados por calentar el asiento. ¡Muy bien!

5.- Usarás la educación para mantenerte en el poder. Aun a costa de dejar sin su idioma a cientos de miles de alumnos y mirando hacia otro lado cuando algunos emplean el aula para adoctrinar en la confrontación. Mientras te aprueben los Presupuestos y apures la legislatura, qué más da.

6.- No gestionarás. Para los neokeynesianos que no estudiaron a Keynes lo importante es cuánto se gasta, no cómo se gasta. Aunque vaya a más el fracaso escolar y a menos los resultados PISA, gastar más en relación con el PIB basta para presumir de grandes gestores.

7.- Atacarás a la religión. El laicismo militante no puede permitir devoción a otro Dios que no sea su dios-Estado. ¡Amén!

8.- No permitirás la educación diferenciada. Cuando ya se admite que un matrimonio esté formado por sólo chicos, Celaá no admite que un aula tenga la misma composición. Para quererse sí, pero para estudiar no. ¿Dónde hemos dejado ahora la libertad?

9.- Eliminarás la libertad de elección. Fuera pluralismo. A por la concertada. Para ello la Lomloe impedirá crear colegios concertados aun cuando exista demanda social. Da igual lo que prefieran los padres. ¿De quién son los hijos? Pues eso.

10.- Y para todo ello planificarás. Sobre todo planificación pública. Ese concepto que han superado Blair y tantos socialdemócratas europeos y que los nuevos tardocomunistas españoles siguen venerando. La planificación de zonas escolares, ratios, requisitos de acceso, organización de los centros (a los que se deja sin apenas autonomía), etc. ¿Para qué elegir si el Estado lo hace todo por nosotros?

Adela Cortina decía ya hace casi 30 años “La dicotomía público-privado ha llevado, históricamente, a identificar lo público con el Estado y lo privado con la sociedad civil. Simplificación que comporta otorgar al Estado el monopolio de lo universal, a identificar lo público con lo político y a negar a la sociedad civil su fuerte potencial de universalismo y solidaridad”.

Ese es el gran problema, también en Educación, la apropiación bajo titularidad de los gobiernos (estatal, autonómicos o locales) de todo lo que tiene interés público o social. Hoy se nos presenta un nuevo ataque en la dirección equivocada, a nuestra libertad de elegir, un ataque a la sociedad civil.

Por todo ello, #StopLeycelaá

Deriva totalitaria de Sánchez: Ministerio de la Verdad, veto al español y Presupuestos negociados con filoterroristas
Agustín Benito https://gaceta.es 7 Noviembre 2020

El Gobierno liberticida de España, conformado por el PSOE y la formación chavista Podemos, sigue en su deriva totalitaria en mitad de la ruina económica, con la Comisión Europea empeorando el desplome del PIB al cierre de 2020 (12,4%), el mayor hundimiento de toda la Unión Europea, y el Instituto Nacional de Estadística (INE) estableciendo el exceso de muertes en España en 2020 en más de 65.000, el doble de la cifra que reconoce oficialmente el Ministerio de Sanidad dirigido por Salvador Illa.

Moncloa dio este jueves a conocer un plan contra la llamada “desinformación”, una especie de Ministerio de la Verdad que dejó escrito en “1984” George Orwell y que cercena la libertad de expresión.

La idea es que el poder evalúe a su contrapoder a través de una Comisión Permanente que dirigirán Iván Redondo, gurú del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, el mismo que censuraba las preguntas telemáticas incómodas de los periodistas en la primera oleada de la pandemia de coronavirus. Y todo pese a las advertencias de que este plan limita el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión que consagra el artículo 20 de la Constitución.

Al mismo tiempo, el Congreso de los Diputados ha aprobado que el castellano deje de ser lengua oficial del Estado y lengua vehicular de la enseñanza en una enmienda de la ley de Educación acordada entre PSOE, Podemos y los separatistas de ERC. Otro golpe a la Constitución, que en su artículo 3.1 recoge: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

La ley, que permite que los alumnos avancen cursos con asignaturas suspensas, asfixia a la Enseñanza Concertada, modelo educativo en el que estudia el 25% de los niños en España, y margina a los centros de educación especial al vaciarlos de alumnos, será recurrida ante el Tribunal Constitucional por VOX, PP y Ciudadanos, aunque estos últimos no han exigido al Ejecutivo su retirada en la reunión para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Desde VOX, formación liderada por Santiago Abascal, han asegurado que es una “ley sectaria” y “la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos”.

Entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se han reunido con los filoterroristas de ETA (Bildu) para pactar los Presupuestos volviendo a traspasar esa línea color rojo hemoglobina que Pedro Sánchez prometió no cruzar nunca.

“Con Bildu no se acuerda nada”, señaló Sánchez en junio de 2019, cuestionado por sus posibles pactos con la coalición heredera de la banda terrorista que acabó con la vida de más de 800 personas, justifica y homenajea a los asesinos, no ayuda a esclarecer los más de 300 crímenes sin sentencia y tiene, en definitiva, su trayectoria manchada por un reguero imborrable de sangre.

La bienvenida a los verdugos
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 7 Noviembre 2020

Salvemos al Reino de España guiándonos por el modelo laico y patriótico de la República Francesa.

Quienes dan la bienvenida a los verdugos son los capitostes de la Generalitat. Los verdugos a los que me refiero ahora no son los virus mortales de la covid-19, que campan a sus anchas en Cataluña mientras estos truhanes libran batallitas intestinas para dirimir quiénes se apropian del mango de la sartén… y de la llave de la caja de caudales. Aunque también sobran motivos para acusarlos de ser ellos quienes dan la bienvenida a los verdugos patógenos cuando chupan fondos que deberían destinarse al agónico sistema sanitario y los desvían para engordar a los parásitos acomodados en tres nuevas pseudoembajadas antiespañolas, en Australia, Japón y Senegal… que se suman a otras dieciséis igualmente ilegales y dilapidadoras.

Sin eufemismos
Los verdugos de los que me ocupo aquí son otros, tan fieros como los patógenos, y quienes les dan la bienvenida son los mismos jerarcas depredadores del sistema sanitario.

Hablemos claro. Los verdugos aquí bienvenidos son, como lo ha sentenciado sin eufemismos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, los propagadores del terrorismo islámico hostil a la civilización occidental. Los mismos a quienes el consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló, les obsequia la oportunidad de contaminar el cerebro de los niños y jóvenes de su comunidad religiosa en las escuelas públicas. ¿Qué secta islámica seleccionará a los maestros? ¿Qué país musulmán los subvencionará? ¿Qué títulos profesionales exhibirán? Y, sobre todo, ¿quién supervisará sus enseñanzas? Bienvenidos verdugos de nuestra civilización, les dice este prohombre de Esquerra Republicana.

Con la misma estulticia con que el sanchismo-comunismo desoyó los avisos que le llegaban desde el resto de Europa sobre la amenaza de la pandemia, la carcundia de la Generalitat hace caso omiso de las advertencias sobre el peligro islámico. Ni siquiera le sirven de escarmiento las masacres que estos verdugos nacidos y criados en Ripoll perpetraron en Barcelona y Cambrils. Y dan la bienvenida a los adoctrinadores de la nueva camada.

Los pelos de punta
Los supremacistas catalanes disfrazados de republicanos aborrecen la política de los verdaderos republicanos franceses y así les va. Si salieran de su burbuja anacrónica tal vez aprenderían algo del Informe que la Inspección de Educación Nacional de Francia envió al Ministerio de Educación de su país (Valeurs Actuelles, citado en Mujeres en Red).

El panorama que pinta este informe pone los pelos de punta. Describe minuciosamente el clima que se vive en las escuelas francesas donde los alumnos provenientes de familias musulmanas se autosegregan, voluntariamente o coaccionados por sus pares, para someterse a los preceptos de la ley coránica. Lo hacen apartándose de sus compañeros tachados de infieles, bajo la mirada de un cuerpo docente que no interviene por convicción “progre”, por abulia o por miedo a ser acusado de islamófobo o a ser agredido por fanáticos fundamentalistas. El maestro Samuel Paty acaba de pagar con su vida el desafío a este hábito de pasividad cómplice.

Las más oprimidas
Las más oprimidas por el rigor de los guardianes de la fe son las niñas. Según el informe citado no son solo los padres quienes las vigilan y quienes sancionan sus presuntos pecados, sino también, y con más encono, los hermanos mayores fanatizados, que a menudo concurren a la misma escuela que ellas. Estas niñas viven sometidas a un control inquisitorial que les impone el uso del velo, la forma de vestir, el enclaustramiento y la prohibición de maquillarse y de relacionarse con varones y con infieles. Para ellas los deportes mixtos son tabú, lo mismo que las fiestas colectivas. Sus matrimonios son concertados prematuramente por sus padres, sin siquiera consultarlas. Los castigos que les imponen por sus transgresiones son, a menudo, físicos. Todo está prolijamente documentado en el informe.

No nos engañemos. Si bien la ley coránica es especialmente cruel con las niñas -y por supuesto también con las mujeres adultas-, no por ello es menos severa con los chicos. Siempre según el informe consultado, a estos les inculcan desde la más tierna infancia los deberes del guerrero musulmán y el culto de los mártires, entre los que ocupan un lugar de privilegio Osama Bin Laden y todos los caídos en misiones terroristas. Y cuando en la escuela les preguntan cuál es su nacionalidad, los nacidos en Francia contestan: “musulmán”.

Emisarios de la barbarie
Los padres musulmanes exigen que en las escuelas francesas sus hijos consuman carne halal de animales sacrificados ritualmente, y que los eximan tanto de leer a los clásicos Voltaire, Diderot o Rousseau, por ser heréticos, como de estudiar pasajes de la historia universal que puedan chocar con su formación religiosa, abordando, por ejemplo, las Cruzadas. Las reivindicaciones de estos padres son infinitas, siempre encaminadas a convertir a sus hijos en súbditos de un Estado feudal islámico blindado, dentro de Francia, contra los valores humanistas de la República.

Esto es precisamente lo que Emmanuel Macron se ha comprometido a impedir, definiéndolo como separatismo islámico. Y es lo que una banda de caciques tribales que usurpan la Generalitat -y que se creen superiores a los “gabachos” jacobinos- procuran injertar en el sistema de enseñanza catalán, para que una tropa de imanes retrógrados implanten guetos dentro de las escuelas públicas, donde cuando a los niños les pregunten cuál es su nacionalidad contesten, en catalán y árabe (prohibido el español), “musulmán”. Guetos que engrosarán el tsunami secesionista. Aunque ello implique dar la bienvenida a los verdugos emisarios de la barbarie.

Salvemos al Reino de España guiándonos por el modelo laico y patriótico de la República Francesa. Monárquicos democráticos y republicanos auténticos unidos en defensa de nuestra civilización.

PS: Nobleza obliga. Aunque siempre he criticado duramente la obsesiva campaña hispanófoba de Pilar Rahola, no puedo dejar de felicitarla por su artículo “Islam y escuela” (LV, 14/9), donde, con una extensa cita del libro Siempre han hablado por nosotras, de la valerosa pensadora contestataria hispano-marroquí Najat el Hachmi, desenmascara tanto los peligros que entraña la presencia del islamismo en las aulas como las taras de la progresía que, dice Rahola, “cuando ve a un cura sufre urticaria, y cuando ve a un imán, tiene un orgasmo”. Lástima que esa progresía tarada y el supremacismo incendiario que cuenta con el apoyo incondicional de Rahola estén confabulados para destruir España. Incluso dando la bienvenida, ambos, a los verdugos “islamofascistas” (Macron dixit), dentro y fuera de las escuelas.

El castellano, fuera de la ley
Juan Ramón Lucas larazon 7 Noviembre 2020

Ismael jamás pensó que un gobierno tuviera la osadía de utilizar la cultura como moneda de transacción política. No posee una gran formación, de esas que permiten exhibir conocimientos y un criterio universal sobre todas las cosas, pero conoce y cultiva su lengua, el castellano, y aspira a expresarse cada vez mejor en las otras que en su país tienen también categoría de oficial. Le resulta grata la redonda sonoridad del catalán y la áspera musicalidad del euskera. Entiende el gallego, porque es asturiano del occidente y allí la fala se parece mucho al hablar de los vecinos. Ha oído que en Aragón cierran también con la «u», y disfruta cantando «tonaes» en el bable que mamó desde crío. Tiene motivo para sentirse orgulloso de esa riqueza de lenguas y dialectos que explora y disfruta, porque son herencia de un pasado abundante en culturas y mestizaje. Por eso intenta asomarse a todas. Por eso le gusta escucharlas y trata de aprender.

Siempre pensó que instruirse en lenguas ajenas era una forma de ampliar horizontes culturales, como lo es descubrir en cada lectura, en cada atenta conversación, giros nuevos y posibilidades de la propia. Conocer nuestra lengua nos enriquece. Abrirnos a las demás nos hace universales.

A Ismael todo esto le parece de sentido común, una obviedad que sería ocioso tener que plantearse, pero no puede evitar hacerlo ante la noticia de que un gobierno que representa a una nación y está formado por personas de cierta cultura y principios, ha sido capaz de arrebatar terreno a su propia lengua para obtener a cambio rédito político.

Sólo así entiende que haya retirado de una ley educativa que él mismo aprobó la frase «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares», que es algo obvio que se ajusta a la Constitución y el sentido común, para sustituirla por esta otra: «Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios», que suena bonito, pero en realidad significa que ya no es lengua vehicular, que deja de ser oficial y obligatoria a efectos educativos. Que el castellano queda en las escuelas fuera de la ley, para entendernos.

Cierto es que al menos en Cataluña el castellano llevaba tiempo como escondido, semiclandestino. A cuenta de la denominada inmersión lingüística, vendida como la necesaria preeminencia del catalán sobre el castellano para compensar la histórica y pertinaz marginación de la lengua catalana, hacía ya tiempo que se incumplía la doctrina del Supremo y el Constitucional de impartir al menos el 25 por ciento de la enseñanza pública en castellano. Pero el independentismo no tenía bastante con la desaparición real de esa lengua «invasora», necesitaba borrarla, reventar cualquier posibilidad de que ocupase el más pequeño espacio cultural o educativo presente y futuro. ¿Qué es eso de que la pluralidad lingüística es enriquecedora? No per a nosaltres. Atento a esa inquietud y otorgando prevalencia a su política sobre la cultura de su país, a su supervivencia presente sobre nuestro futuro, el gobierno decide ajustar la Ley a la realidad del concepto cultural del independentismo en vez de adoptar la posición inversa, que sería la responsable. Podía haber exigido su cumplimiento, pero eso en la España de hoy sería impensable. Supondría un ejercicio de altura política e institucional muy lejos del alcance de este gobierno.

Dice la oposición que va a recurrir y quizá tenga éxito. Pero piensa Ismael que esto no es un asunto de izquierdas, derechas, centro o nacionalismo. Es una cuestión cultural. Y tiene enormes repercusiones a medio y largo plazo.

Que haya niños en España que no vayan a estudiar ni una palabra en castellano es una barbaridad de dimensiones épicas. Que la lengua que hablan en el mundo 600 millones de personas, en la que está escrita la mayor obra de la literatura universal, vaya a ser desconocida por un abultado puñado de escolares no sólo los hará más ignorantes: en su compañía perderemos también quienes, como Ismael, creen que la lengua no separa, sino que une y que conocer las nuestras y las vecinas nos hace más ricos, mejores personas. No hablamos de política, es un bajonazo cutre e irresponsable a la Cultura con mayúsculas.

Y no vale que digan que exageramos al temernos lo peor, porque el texto de la ley deja escrita la garantía del derecho a estudiar en castellano. Vale, muy bien. Pero si no ha habido gobierno que haya exigido esa garantía cuando existía la exigencia legal, ya me dirá usted ahora que ésta ha sido borrada de un plumazo y el independentismo más cerrado y paleto se crece a la vista del éxito obtenido, quién va a exigir criterio y sensatez.

Han vencido a la cultura la codicia política y la palurda zafiedad del nacionalismo más cerrado.

Ismael escucha en la radio cómo Sánchez afirma que los nuevos presupuestos serán los del acuerdo y la victoria de España. Pero piensa que a su costa y como pago, habrá que consignar la derrota y humillación del idioma español.
 


Recortes de Prensa   Página Inicial