AGLI Recortes de Prensa   Domingo 8  Noviembre  2020

España ya es un riesgo sistémico para la Eurozona
Daniel Rodríguez Asensio Libertad Digital 8 Noviembre 2020

Qué bien le ha venido al gobierno de España el hecho de que en Estados Unidos se hayan producido unas elecciones tan convulsas durante esta semana. Ha servido para mantener entretenidos a buena parte de la población española, especialmente la que lee los periódicos y consume los medios que, convenientemente, han copado horas de información lo más detallada posible sobre la situación al otro lado del Atlántico.

Digo esto porque uno tiene la sensación de que España se está acostumbrando a ser uno de los grandes problemas de la Eurozona al mismo ritmo que se está olvidando de lo que fuimos. A principios de los 2000, cuando fuimos parte fundadora de la zona Euro, gran parte del mundo desarrollado estaba siendo asolado por la que fue una de las mayores crisis hasta entonces: La burbuja puntocom.

Merece la pena recordar, a tal efecto, el crecimiento europeo durante los años 2002 y 2003 (0,9% y 0,6%, respectivamente), para compararlo con el de España (2,7% y 3,0%, respectivamente). O, dicho de otra manera: España ha sido motor económico en un momento complejo para la Unión Europea. Y lo fue gracias a una política económica coherente, responsable y capaz de afrontar los retos que tenía por delante. Fue la convicción por entrar en la UE y los esfuerzos que ello conllevó a todos los niveles lo que nos permitió sortear aquella crisis con éxito y sin apenas impacto sobre la sociedad española.

Nada que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo. España fue un riesgo sistémico en la crisis de 2011 y es probable que lo vuelva a ser en la actual, desagraciadamente.

La opinión de analistas y organismos multilaterales independientes es unánime: ni el plan de vuelta a 2011 enviado a Bruselas ni el proyecto de presupuestos son lo que necesita España. Merece la pena hacer un breve recordatorio de las voces críticas que han emergido durante esta semana:

El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, ha sido crítico con el incremento fiscal planteado por el gobierno, con un cuadro macro que ya está quedando obsoleto, habida cuenta de la evolución de la pandemia, y con la política de incremento de gasto, entre la cual destaca la subida indiscriminada del sueldo a funcionarios un 0,9%.

La AIReF ha ido un paso más allá y ha estimado en 9.000 millones de euros el desfase entre los ingresos presupuestados y los estimados con los datos con los que contamos a fecha de hoy. Teniendo en cuenta que la evolución es a la baja y que los gastos se van a cumplir a rajatabla, esto supone una enmienda a la situación de las finanzas públicas en el medio plazo.

Y, por último, la Comisión Europea ha publicado sus estimaciones de otoño, que no sólo echan por tierra el cuadro macro del gobierno por optimista, sino que también nos sitúan a la cola de Europa en términos de crecimiento, de empleo y de deterioro de las finanzas públicas. Merece la pena destacar, además, la revisión a la baja con respecto al cuadro macro de verano para 2021, que asciende nada más y nada menos que a 1,7 puntos hasta un crecimiento del 5,4%.

Que España iba a afrontar una ronda de revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento era algo previsible. Que ésta se produjera con tanta contundencia y desde organismos oficiales de control de la evolución económica sí que sorprende. Por varias razones fundamentales:

Sus estimaciones nunca han pecado de optimistas.
En dichos escenarios se basan las decisiones europeas para desembolsar fondos y gestionar las ayudas, algo que España necesita, y cada vez con más urgencia.

Supone un jarro de agua fría a la ya de por sí dañada credibilidad de nuestro país y, por consiguiente, la recepción de inversión capaz de revitalizar la actividad económica.

Ya nadie duda de que los Presupuestos Generales del Estado son un arma política para que este gobierno se mantenga en el poder. La cuestión ahora es que se ha hecho vox pópuli y las instituciones de control gubernamental que aún no han sido asaltadas están mandando alertas de una posible reacción por la misma vía.

La evolución económica de la Eurozona no es positiva. En Estados Unidos los indicadores de actividad económica muestran máximos desde 2018 y una evolución positiva del mercado de trabajo y de la demanda doméstica, azuzada por políticas cuyo objetivo ha sido no deteriorar la renta disponible de las familias norteamericanas y evitar el cierre de empresas. China, por su parte, va a ser la única economía avanzada que registre una tasa de crecimiento positiva (aunque débil) en 2020, impulsada por un sector industrial que se ha beneficiado de las necesidades de material sanitario que ha tenido el resto del mundo durante esta pandemia y por unas políticas expansivas que están inflando artificialmente el PIB.

Mientras tanto, Europa muestra cada vez más indicadores que avanzan hacia un cambio de tendencia a la baja, y España, desafortunadamente, se sitúa a la cabeza. Los datos del mes de octubre muestran la peor contracción económica desde que finalizó el confinamiento. Por poner esta caída en perspectiva: Estamos en niveles similares a los de la crisis de 2011 y 2012, y con una evolución negativa que no tiene visos de cambiar.

Este país merece más. Ha demostrado que puede ofrecer más al resto del mundo. Que ahora vivamos anestesiados con la propaganda elegida convenientemente según la ocasión no debe hacernos perder la perspectiva. Esto puede, y debe, cambiar. Es cierto que con un poder ejecutivo controlado, con un legislativo suspendido, con un judicial amenazado, y con una prensa cada vez más controlada de forma más directa y sin tapujos es difícil. Pero debemos seguir haciéndolo, desde la objetividad y el respeto a la verdad, al orden constitucional y al Estado de Derecho.

Bruselas no se cree (y hace bien) las cuentas de Sánchez
OKDIARIO 8 Noviembre 2020

El proyecto de Presupuestos Generales del Gobierno socialcomunista no sólo ha sido calificado de optimista por el Banco de España o la Airef. Es un ejercicio voluntarista, el cuento de la lechera: se inflan los ingresos y se desinflan los gastos para dibujar un cuadro macroeconómico irreal. En la UE, los Presupuestos de Sánchez también han sorprendido por su falta de rigor en las previsiones. En 2021, la Unión Europea ha dado manga ancha a los Estados para gastar sin corsés. Y ese es el problema: que después del 2021 vendrá el 2022 y Bruselas será mucho más estricto en el cumplimiento del déficit. Por entonces, según las previsiones de la mayoría de organismos, el déficit de España estará por encima del 8% y será inevitable que los ajustes se hagan realidad. O sea, que el Gobierno tendrá sí o sí que aplicar medidas de contención del gasto e incrementar todavía más la recaudación. Tijeretazo y nuevo y más gordo estacazo fiscal. A Bruselas no le salen las cuentas y es factible que exija al Ejecutivo socialista una explicación pormenorizada de las partidas, porque el proyecto presentado es irreal por los cuatro costados.

No hay que olvidar que las ayudas de la UE derivadas de la pandemia no son gratis, sino que exigen a cambio un plan creíble. Y las medidas de Sánchez no convencen a nadie. Por decirlo de una manera suave: los Presupuestos socialcomunistas han disparado las señales de alarma en Bruselas. O sea, que van a extremar la vigilancia antes de dar el visto bueno al rescate.

Sánchez no engaña nadie y si los Presupuestos salen adelante será porque al independentismo catalán y a los nacionalistas vascos les interesa: a los primeros, porque su apoyo a las cuentas generales del Estado no será gratis, sino que tendrán su recompensa por la vía de despejar el largo horizonte penal de los golpistas en prisión, además de otras bagatelas. Y a los segundos, porque volverán a sacar tajada política y económica.

En Europa, sin embargo, los Presupuestos de Sánchez ocupan y preocupan. No es para menos, porque son pan para hoy y hambre para mañana. Lo malo es que el pan será para ellos (el socialcomunismo) y el hambre para el resto.

Calvorova, Ivanovitch y Oliverov: el soviet desinformativo socialcomunista
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 8 Noviembre 2020

En los días 15 y 16 de abril de 2020 el Estado Mayor de la Guardia Civil remitió correos electrónicos a las comandancias de toda España y a las unidades especializadas en seguridad informática para detectar "bulos y fake news" que pudiesen provocar "desafección a instituciones del Gobierno". No del Estado: del Gobierno. Uno de ellos, con fecha del 15 y número de código 48810, precisaba la tarea totalmente ilegal encomendada a la Benemérita: "identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el COVID-19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno".

La perversión de la Guardia Civil
Los españoles tenemos una tendencia natural, fruto de siglo y medio de experiencia, a sentirnos seguros en manos de la Guardia Civil. En una situación de peligro, asociamos el tricornio o la aparición del uniforme verde con la Ley y la tranquilidad. Olvidémoslo. Los correos citados, por su finalidad y terminología, muestran que una parte esencial, la del cerebro, del cuerpo que fundó el Duque de Ahumada no se dedica, o eso pretenden sus jefes, a defender a la ciudadanía de cualquier peligro, sino de proteger al gobierno del peligro de lo que pudiera opinar sobre él la ciudadanía.

El concepto de “estrés social” es nauseabundamente sociomarxista. Más viscoso aún es el de “desafección”, que alude a conceptos como los de amor o confianza, ajenos a la función de la Benemérita según su himno, que es la de guardar el orden y hacer cumplir la Ley. La mera asunción del terminacho “fake news” en vez de “noticias falsas” prueba que estamos fuera de la defensa del orden público: en el espionaje político totalitario. Cuando el Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, leyó, no improvisó, la tarea clamorosamente ilegal que le había encomendado el ministro Marlaska y luego se escondió en los galones de la lucha antiterrorista mostró la perversión de los fines de la Guardia Civil.

Cuando el Ejecutivo se pone a legislar
Nada puede sorprendernos después de ver a un general de la Guardia Civil exhibiendo delitos políticos como méritos profesionales. Ni siquiera la entrada, zafiamente ilegal, del venezolano Iglesias en el CNI. Lo único que faltaba para incluir a España en el club de los regímenes totalitarios iberoamericanos era que el Ejecutivo legislara directamente en el BOE, y eso ha hecho, al proclamar la Cheka de la Desinformación, que dirigirán la Comisaria jefa Calvorova, y los camaradas fiscales Iván Ivánovitch Redondoref y Iosef L. Oliverov, bajo la inspiración del Presidentísimo Sánchez y del Secretario General Pablenin Galapagarovitch. La vétcheca desinformadora se ha proclamado, por encima de las Cortes, que para ese están cerradas, y de los jueces, que para eso están callados, fiscal, juez y carcelera de la opinión publicada. Pero como la Unión Europea ha tomado nota de las denuncias de la última fechoría de Sánchez e Iglesias, ahora dice que busca la colaboración de la Sociedad Civil, con mayúsculas, para que oscuros poderes extranjeros no nos intoxiquen, o sea, para amordazar a la sociedad civil, con minúsculas. Los poderes extranjeros o antiespañoles que a diario nos agreden son los comunistas de Podemos y los separatistas catalanes y vascos, que son los verdaderos amos de la Cheka. Difícilmente encarcelarán a los carceleros.

El general Santiago es un símbolo de la anulación de las instituciones más queridas por los españoles; o de las más necesarias, como la Fiscalía y la Judicatura, nuestra última esperanza ante la ruina del Estado y el crimen de lesa nación que a diario perpetra el Gobierno socialcomunista. Cada día, casi cada hora, Dolores Delgado de Garzón mejora nuestra percepción del Ministerio Público, por ejemplo, la Fiscalía del Supremo abriendo otro caso contra Juan Carlos I mientras protege a Pablo Iglesias, es decir, que cumple literalmente lo que él dijo que haría el Supremo: “esto quedará en nada”.

Lo peor de todo, desde Aznar, es el invierno mediático de la derecha. Cada día es más deprimente asomarse a los muros de pago, que parecen de fusilamiento del disidente antiprogre. Lo peor de esta semana ha sucedido en el ámbito educativo: nada menos que la expulsión del español como lengua oficial y vehicular de la educación, el jaque mate a la educación concertada y la liquidación de la educación especial y de los inspectores de educación de carrera, sustituidos por comisarios políticos. Pues bien, ha ocupado mucho menos espacio que la Cheka de la desinformación. Y ésta, muchísimo menos que el linchamiento por la manada mediática del ya defenestrado Trump. Un muerto con demasiados deudos, casi 70 millones de votantes, como para enterrarlo fácilmente.

El triunfo del despotismo antifa
Cuando las tres cadenas televisivas en abierto interrumpieron a la vez al presidente norteamericano, cortando su mensaje para llamarlo mentiroso, se retrataron los nuevos déspotas: los medios, las redes y las universidades de élite de los USA, reboticas de los virus totalitarios que lo infectan todo. Nunca he tenido simpatía por Trump, pero me resultan vomitivos todos los antifas del senil Biden y la oculta Kemala, tan abogada como Pelosi de las comunistas BLM.

Aquella “ciudad sobre la colina” de Washington, Lincoln y Reagan empieza ya a parecer una charca, casi tan fétida como la nuestra.

En las fauces del tirano
Guadalupe Sánchez. vozpopuli  8 Noviembre 2020

El totalitarismo es como el fuego: una vez salta la chispa debe apagarse cuanto antes porque, si prende la llama, se propaga raudo el incendio, dejando tras de sí las cenizas de nuestras libertades y derechos. ¡Qué difícil es que florezcan de nuevo en tierra quemada!

Hay ilusos que caen en la tentación de alimentar las brasas del poder con yesca para cobijarse al calor de la hoguera, pues les proporciona una falsa sensación de seguridad. Otros simplemente son pirómanos obsesionados con el poder que experimentan al ver el mundo arder.

Algunos de los contrapesos del Estado democrático y de derecho actúan como cortafuegos -los procedimientos, las formalidades- mientras que otros vendrían a ser como un retén de bomberos, cuya función es apagar el incendio antes de que esté fuera de control: los jueces, magistrados y fiscales que integran el Poder Judicial.

En la concepción idealizada de las democracias liberales, la prensa se concibe como una alarma de incendios, que permanece vigilante y pone en alerta a los contrapesos cuando avista el humo. Pero esto es en la teoría, porque en la práctica son demasiados los medios que, o bien se tapan la nariz para no reconocer el olor a quemado, o directamente se dedican a azuzar las llamas de las fogatas gubernamentales. Aun así, los medios de comunicación siguen jugando un papel fundamental en nuestras democracias. Tanto es así que una de las primeras libertades que perece devorada por el fuego de la tiranía es la de prensa.

Todos los gobernantes sienten la atracción del poder absoluto, porque es hipnotizante y seductor, como el fuego. Al final de su mandato las marcas de las quemaduras permanecen visibles. Pero cada cierto tiempo, aparecen déspotas que no sólo no temen abrasarse, sino que aspiran a controlar las llamas y dirigirlas contra todo aquello que les dispute el gobierno absoluto. El asalto al poder de estos dictadores rara vez es consecuencia de una gran explosión, sino que viene de la mano de múltiples incendios provocados. Se trata de generar muchos focos al mismo tiempo para que ni la prensa que debe hacer saltar las alarmas, ni los jueces y tribunales que deben extinguir las llamas, puedan centrarse sólo en uno. Aunque logren sofocar alguno, la probabilidad de que uno de los incendios acabe fuera de control y arrase con todo es altísima.

A estas alturas del artículo, muchos ya habrán llegado a donde yo les quería llevar: a que ésta es justo la estrategia que está siguiendo el Gobierno de coalición PSOE-Podemos desde hace muchos meses. Donde algunos sólo ven una concatenación de escándalos o distracciones, yo sólo veo fuego. Es cierto que a veces, tras la enorme columna de humo, sólo se esconde una insignificante fogata, pero otras, la hoguera ha alcanzado ya tal magnitud que las llamas están devorando el bosque institucional, como sucede con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General o con la prórroga de seis meses del estado de alarma.

Tres incendios simultáneos
Mientras esos fuegos arden, ya hay nuevos focos activos: el asalto al Poder Judicial mediante el cambio del sistema de mayorías para nombrar a los jueces y magistrados miembros del CGPJ, la supresión del español como lengua vehicular del Estado en la infame y sectaria Ley Celaá de educación, o la creación de un comité contra la desinformación. Es posible que no prendan los tres, al menos a la vez. Pero con que uno de ellos lo haga, sería suficiente. Los medios se habrán centrado en otra cosa y las mangueras de los tribunales ya estarán vacías cuando se enfrenten al incendio.

El Gobierno sabe perfectamente que la eliminación de la mención al español como lengua oficial no supera el filtro de constitucionalidad. Pero mientras el TC no intervenga, sus socios independentistas de ERC lo podrán utilizar como propaganda electoral en los próximos comicios catalanes. Usar la legalidad como moneda de cambio en negociaciones políticas no es nada nuevo, pero sí la posición del Gobierno en el lado del tablero: hasta ahora, el Ejecutivo obtenía concesiones de los nacionalistas a cambio de no recurrir las normas autonómicas inconstitucionales. En este nuevo escenario, es el Gobierno el que aprueba normas manifiestamente contrarias a la Constitución para beneficiar al independentismo, a cambio de su apoyo a los presupuestos.

Luego está la creación por Moncloa de un comité para vigilar a los medios e imponerles una verdad institucional. Lo que más me llama la atención sobre este particular es su intento de parapetarse tras una especie de exigencia o mandato de la Unión Europea, algo que no es cierto. El Gobierno motiva la necesidad de crear el comité con fundamento en dos planes de acción: uno aprobado en diciembre de 2018 con el objetivo de combatir las campañas de desinformación de cara a las elecciones europeas de 2019 (especialmente las provenientes de terceros países, como Rusia) y otro llamado “European Democracy Action Plan” que ni siquiera tiene todavía el visto bueno de las instituciones de la UE por las dudas que suscita su encaje legal.

Así que la propia creación de este comité con sede en Moncloa es el mejor ejemplo de esa desinformación que dicen que pretenden perseguir, porque las razones en las que se sustenta su fundación son falsas.

El momento elegido tampoco es baladí: han esperado para poner en marcha el susodicho comité gubernamental a que se aprobase la prórroga del estado de alarma. Sí, esa que confiere al Ejecutivo un poder casi omnímodo para limitar derechos y libertades durante nada menos que seis meses.

En cuanto al contenido de ambos planes europeos, hay que decir que dejan bastante que desear. Ponen de manifiesto que en la UE hay mucha gente bien pagada, con demasiado tiempo libre, desapegada del mundo real y desconocedora de las implicaciones jurídicas que conllevan la puesta en práctica de sus propuestas. En los textos podemos encontrar recurrentemente esa terminología empalagosa de la que tanto gusta Su Persona, como la palabra “resiliencia”. Porque Pedro será muy guapo, pero poco original.

De todas formas, ninguno de estos planes europeos habilita a Moncloa a mover los hilos de la prensa patria (más de lo que ya lo hace) para dirigir la información y controlar así nuestro pensamiento, que es lo que verdaderamente se pretende con la orden ministerial. Esto no va de luchar contra las fake news, sino de institucionalizar una verdad gubernamental que no admita réplica.

Las flagrantes mentiras
Para empezar, el Gobierno se encomienda a sí mismo, y más concretamente al gabinete de la Presidencia dirigido por Iván Redondo, el “examen de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”. Sánchez ha encargado a quien glosa, empaqueta y propaga sus hazañas al frente del Gobierno el hacer catas en prensa, radio y televisión para decidir cuales colman los criterios de pluralidad gubernamental. No se le debe haber ocurrido nadie más independiente e indicado para este cometido que su estimado Iván.

Otra de las funciones de este organismo gubernamental será apoyar el fomento de la “información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las Administraciones en el marco de la comunicación pública”. Les confieso que si no fuese tan grave me daría la risa. Los mismos que decían que en España no habría más que uno o dos casos de coronavirus, que mintieron sobre la necesidad de llevar mascarilla porque carecían de existencias, que ocultaron impúdicamente decenas de miles de muertos, que se inventaron un comité de expertos, que afirmaron haber prohibido el despido, o que aseguraron que el estado de alarma era necesario para que no decayesen los ERTE. Estos, justo estos, van a decidir que información es veraz, completa y oportuna.

Por si fuera poco, no les duelen prendas el plasmar expresamente en el texto de la orden que para acometer sus objetivos van a monitorizar las redes sociales. Algo que ya hicieron durante el primer estado de alarma, cuando Marlaska anunció que se buscaban discursos que pudieran ser potencialmente peligrosos o delictivos. Hasta preguntaron en el CIS por ello aún a sabiendas de que las investigaciones prospectivas están vedadas en nuestro ordenamiento jurídico: no se puede “salir a pescar” infracciones o delitos ni someter a los ciudadanos a investigaciones basadas en la mera apariencia. Pero les da todo igual.

Saben bien que hay muchos ciudadanos a los que esta “cara A” del texto de la orden les suena hasta bien: “¿Es que acaso eres partidario de los bulos?”, preguntan algunos de los satélites mediáticos mientras te señalan con el dedo índice acusador. Mientras pensamos la respuesta, distraen nuestra atención de lo que se nos oculta en la “cara B”, que no es otra cosa que la censura. Porque si Redondo decide que no superas el examen gubernamental de pluralismo, veracidad u oportunidad, ya sabes lo que te espera. Es el Gobierno y sólo el Gobierno, a través de distintos organismos, el que toma la decisión sobre su finalización, según la orden. Y todo ello sin que en el proceso tenga que intervenir ningún otro agente más allá del propio comité, porque el Ejecutivo se ha reservado la posibilidad de solicitar la colaboración de los medios de comunicación, las plataformas digitales, el sector tecnológico y demás si lo considera necesario y oportuno. Pero como una potestad, nada de obligaciones. Las decisiones discrecionales como sello de distinción de la 'pedrocracia'.

Sólo espero que estas llamas no acaben convirtiéndose en la pira funeraria en la que arda nuestra maltrecha democracia, aunque algunos ya están bailando alrededor de la hoguera, celebrando el ritual que anticipa el advenimiento de un nuevo régimen. Dicen que tras el fuego purificador que arrasa nuestro Estado de derecho ya se puede intuir el rostro del comunismo amable del que tanto hablan los intelectuales, ese que hasta ahora ningún líder ha sabido ejecutar bien. Pero cuando se despeje el humo, verán que lo que las cenizas ocultan son las fauces del tirano.

Un barco a la deriva
Gregorio Morán. vozpopuli  8 Noviembre 2020

No tienen vergüenza. El mismo día que el presidente Sánchez y Asociados homenajeaban a Manuel Azaña, se consumaba el acuerdo para la retirada del castellano como lengua oficial para toda España. ¡Menudo homenaje al hombre que mantuvo una férrea pelea por que los nacionalismos rampantes no ocultaran una obvia seña de identidad de la república! Una lengua común que garantizara la igualdad y la libertad sin que ello fuera óbice para que catalanes, vascos y gallegos pudieran expresarse en lo que entonces se denominaba “lenguas vernáculas”. ¡Pero qué carajo les importa a los culos asentados cualquier cosa que no sea garantizar su propia continuidad! ¡Todo por un cargo público! Cuando la política se reduce a una cadena de gestos para apalancarse en el poder, la situación se deteriora tanto que jugamos a ver quién es más miserable, si los dirigentes empoderados o los ciudadanos descreídos. Lo del Comité de la Verdad dirigido por un mentiroso profesional representa la consagración de la desvergüenza.

Todo por seguir al precio que sea. El primer dirigente que dimita por coherencia habría de recibir un premio ciudadano. En el fondo, ninguno de ellos cree en las urnas ni en las elecciones, sino en cómo aguantar hasta que sea inevitable. Si de verdad piensan seguir así, dejarán la sociedad abierta en canal y mantenida a puñetazos. Trump es un ejemplo también para sus supuestos adversarios. El que miente con descaro domina la cancha; el resto consiste en resistir. Queda rebelarse o resignarse. Se ha restringido tanto el derecho al desprecio que cuando nos rebelemos pasaremos a la categoría de violentos para el Comité de la Verdad Gubernamental. Nunca desde la Transición hubo tantos motivos para denunciar la Gran Estafa que vivimos, pero tampoco nunca hubo tan pocas posibilidades para poder decirlo sin que te tapen la boca.

No hay que politizar la pandemia, dicen quienes juegan con estados de alarma y confinamientos. Paliativos todos para los monopolizadores de la política. Hay que esperar a los Presupuestos, hay que pactar otro Frankenstein en Cataluña. Eso que se traduce en cómo garantizar que seguiremos achicharrados por la pandemia, pero con tantos altos cargos como no existieron desde 1975, que ya es ir lejos. Al coronavirus lo han politizado desde el primer día. Cuando alguien les denuncia por trepadores incompetentes, ellos le pasan el marrón a “los científicos” y, si se les aprieta mucho, “a las autonomías”. Pero tienen buen cuidado en hacer de los científicos seres anónimos y negar que las autonomías son abrevaderos para rumiantes.

A la pandemia económica que galopa al unísono que la sanitaria no hay Presupuestos que la palíen. Que tenga que ser un director del Banco de España el que denuncia la desproporción de hacer ahora una subida a los funcionarios en general -y no sólo a los sanitarios, como sería de razón- es una burla a los trabajadores en precario que ahora son millones, entre obreros, servicios, autónomos y demás clases a las que habría que denominar, como antaño, “clases pasivas”. Nada depende de ellas salvo salir corriendo o pasar a la clandestinidad de la pobreza sobrevenida.

Pero la vida sigue, al menos para algunos y algunas. La esposa del presidente Sánchez será catedrática mientras lo mantenga el presupuesto. Va a dar un máster en la Complutense sobre tema tan fascinante como “Transformación Social Corporativa”, del que imagino saltarán chispas de inteligencia y que es la penúltima opción para acercarse a las ideas del poder; se empieza compartiendo cama y se acaba sentado en el sillón. Estos pasteles académicos siempre llevan su guinda y en este caso nos aclaran que se trata de “resetear el capitalismo”. Ahí es nada: Begoña Gómez “reseteando el capitalismo”. Sólo un dios puede ascender al olimpo a una sibila, y el que diga algo en contra habrá de asumir su machismo congénito, aquel que les hacía decir a los castellanos viejos “tira más pelo de coño que yunta de carreta”, que es reflexión más aguda que los chascarrillos descerebrados de Simón, ese payaso “científico” que han puesto para burlarse de la lengua, de las enfermeras y de la opinión pública. En el circo los chistes se dicen en serio; en el caso de este chisgarabís ocurre lo contrario: hace gracietas con doscientos muertos diarios y miles de afectados. Me temo que sobre “la curva” de Simón nos acaben ahorcando a todos.

No se desanimen, que tenemos a la vuelta de la esquina una Navidad cargada de novedades. Estén atentos a ese Ministerio de la Igualdad Femenina, lleno de mujeres gozosas llenas de ideas fructíferas. Aseguran que el color rosa es humillante para las niñas. Lamento que no recomienden colores, porque podríamos escoger entre el negro fúnebre o el gris cenizo.

Para animar la tristeza cotidiana, las chicas -valga el término tratándose de mujeres tan preparadas, cultas y rebeldes con causa a fin de mes-, han polemizado. Irene de Madrid, chulona arrebatada a la que vendría como anillo al dedo lo del pelo y la yunta pero que se juzgaría desconsideración para alguien flanqueado por la Brigada Femenina a la que cualquier insinuación se convierte en signo de fascismo machista (del que ninguna de ellas tiene idea si no se lo contaran al calor del hogar familiar). Y frente a esta verdulera de la palabra, su ex comilitante Teresa, de Cádiz la gracia. La puja se reduce a derechos y deberes de la mujer de baja por maternidad. ¿Te pueden despedir del cargo por baja maternal, sí o no? Depende. ¿De qué depende? De la voluntad del contratante. Como no podía ser menos, en esto, como en casi todo, una mujer ejecutiva es como un tiburón financiero. Pero Cádiz, chispa y salero, ha dejado una frase que deberían grabar en las paredes de los ministerios y asesorías de nuevo cuño. “Yo tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio”.

Como en las comparsas gaditanas, se puede decir más barroco, pero no más contundente. ¿Qué hará la sociedad con tanto funcionario sobrevenido? Tenemos larga experiencia. No haremos nada, como siempre. Nos quedaremos mirando desde el roquedal cómo el navío se mueve según las olas y las mareas. Cabe la opción de cambiarse de género. Si se puede de niño ¿por qué no de viejo? Hacerse “trans” en el último tramo de tu vida puede ser la última aportación al surrealismo de las trayectorias vitales sin horizonte. Aunque sólo sea para romper el silencio y de paso contemplar cómo nos estrellamos en los arrecifes de la basura y la estupidez.

Alcalá-Zamora (I): De la monarquía a la república
Jesús Laínz Libertad Digital 8 Noviembre 2020

Niceto Alcalá-Zamora nació en la localidad cordobesa de Priego en 1877. De acomodada familia de propietarios rurales y jurista de formación, ingresó por oposición en el Consejo de Estado. Simpatizante desde joven del Partido Liberal, salió elegido diputado por primera vez en 1906. Se distinguió por su capacidad oratoria y ejerció de ministro de Fomento en 1917-18 y de Guerra en 1922-23.

Opuesto a Miguel Primo de Rivera, renunció al puesto de consejero de Estado que le ofreció en 1928 por su condición de exministro. Le expresó por escrito su rechazo y aprovechó para recomendarle su dimisión y para acusar al rey de haber cometido perjurio al haber violado gravemente la Constitución. Se difundieron por toda España miles de ejemplares de la carta, lo que le procuró gran notoriedad. Esta coherencia le permitiría afear años más tarde al PSOE su oportunismo por no haber tenido inconveniente en gozar durante la dictadura del doble privilegio de haber sido el único partido tolerado y de que Largo Caballero hubiese ocupado un puesto en el Consejo de Estado.

El 13 de abril de 1930, sustituido Primo de Rivera por el general Dámaso Berenguer, Alcalá-Zamora pronunció un histórico discurso en Valencia en el que declaró la retirada de su apoyo a Alfonso XIII y reivindicó una república según el modelo francés, discurso que repitió en varias provincias y que, según su compañero de partido Miguel Maura, “acrecentó en progresión geométrica el entusiasmo popular por la república”.

Cuatro meses después participaría en el Pacto de San Sebastián en representación de Derecha Liberal Republicana, recién fundada por él y Maura. De aquella reunión salió como presidente del comité ejecutivo, antecedente del Gobierno provisional de la República que efectivamente presidiría tras la caída de la Monarquía el 14 de abril.

Tras el fracasado cuartelazo de Jaca en diciembre de 1930, los conspiradores republicanos fueron condenados a seis meses de prisión, leve pena inmediatamente sustituida por la libertad condicional. Pero antes de su liberación sucedió un hecho singular que demostró que la Monarquía ya estaba muerta. Pues José Sánchez Guerra, encargado por el rey de formar gobierno tras la destitución de Berenguer, se presentó en la cárcel Modelo para rogar a los golpistas presos que accediesen a ser sus ministros. Rechazado el ofrecimiento, al cabizbajo Sánchez Guerra sólo le quedó poner su cargo en manos del rey, que designó al almirante Juan Bautista Aznar como presidente del que sería el último gobierno de la Monarquía.

Pocas semanas después, Alcalá-Zamora protagonizaría su capitulación durante la histórica entrevista con Romanones en el despacho de Marañón, en la que exigió la salida del rey “antes de que se ponga el sol”. Aquel mismo día fue nombrado presidente del Gobierno provisional de la República, cargo que ejercería hasta octubre, cuando abandonó el gobierno por su desacuerdo con los artículos anticlericales de la Constitución.

En la primavera de 1936, recién sustituido en la jefatura del Estado por Manuel Azaña, escribió el ensayo Los defectos de la Constitución de 1931. Subrayó entre ellos su tendencia colectivista y socializante, el anticatolicismo feroz y la subordinación de la realidad nacional a los esquemas ideológicos izquierdistas:

“Se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos o intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España, como si ésta surgiese de nuevo, o la Constitución fuese a regir en otro país, o sea indiferente la condición de aquél que se la dé o vaya a practicarla. El criterio decisivo estaba en reaccionar contra lo que existiese (…) con propósito sistemático de hacer tabla rasa de cuanto fuera una realidad y una tradición política española”.

Su acusación más grave fue la voluntad izquierdista de convertir la Constitución en un trágala para “mortificar, agredir e injuriar” a la derecha, lo que, según él, convirtió la norma suprema en una invitación a la guerra civil. No en vano el diputado radical-socialista Álvaro de Albornoz declaró durante el debate constituyente que no había que concebir la Constitución como una transacción entre todos los partidos, sino como una imposición de la izquierda sobre la derecha, aun al precio de una posible guerra civil:

“No más transacciones con el enemigo irreconciliable de nuestros sentimientos y nuestras ideas. Si estos hombres creen que pueden hacer la guerra civil, que la hagan: eso es lo moral, eso es lo fecundo: el sello de nuestra Constitución y de nuestra República no puede ser otra cosa”.

Sobre estas palabras anotaría años después Alcalá-Zamora:

“¡Se hizo una Constitución que invoca a la guerra civil desde lo dogmático, en que impera la pasión sobre la sociedad justiciera! ¡No en vano en alguna discusión famosa, durante el debate constitucional, en nombre del partido que pesó más dañosamente para los rumbos de la política, se entonó lírico canto invocando, provocando, a la guerra civil!”.

A pesar de su desagrado por la Constitución, dos meses después de su dimisión como presidente del Gobierno provisional fue elegido presidente de la República. No comenzó con buen pie el nuevo régimen, ultrajado con sólo un mes de vida por la primera quema de iglesias y conventos. El presidente acusó a Azaña de haber sido el principal responsable por haber impedido el envío de la Guardia Civil para reprimir a los incendiarios con el famoso argumento de que “la vida de un republicano vale más que todos los conventos de Madrid”. Así describiría aquellos episodios en sus memorias:

“Para la República fueron desastrosos: le crearon enemigos que no tenía; quebrantaron la solidez compacta de su asiento; mancharon un crédito hasta entonces diáfano e ilimitado (…) Pero de momento los partidos de izquierda aprovecharon mezquinos para fines de provecho inmediato el odioso hecho, alegando que reflejaba indignaciones del sentimiento popular”.

Aunque consideró que la masonería no había sido responsable directa de los desmanes, deploró su desmesurada influencia a través de numerosos políticos sujetos a su obediencia –de los trece ministros del gobierno surgido tras las elecciones de febrero de 1936, nueve eran masones–, influencia que utilizó “para toda la inspiración funestamente sectaria en lo irreligioso, tanto de la Constitución cuanto de las las leyes que la desenvolvieron y la agravaron, todas ellas evidentemente de inspiración masónica”:

“En suma, la masonería ayudó muy poco, perturbó bastante y dañó mucho a la República. En su acción sobre los individuos, no creo que a nadie lo haya hecho mejor de lo que por sí ya fuese; y en cambio he visto varios casos de personalidad contradictoriamente desdoblada, en los cuales el hombre quería seguir siendo noble y leal, pero el masón resultaba falso e ingrato. Mi impresión resumida es la de una fuerza que en cuanto tiene de inofensivo no es seria y en lo serio no es inofensiva”.

José María Gil Robles
La Constitución le otorgó amplios poderes, lo que provocó frecuentes choques con los presidentes de los sucesivos gobiernos, especialmente con Lerroux y Azaña, por los que experimentó profunda antipatía. Siempre temeroso de que le acusaran de derechista y dispuesto a cualquier cesión con tal de ganarse las simpatías de la izquierda, desconfió de Gil Robles y de su CEDA por considerarlo un partido de dudosa fidelidad republicana. Por eso, a pesar de haber sido el partido más votado en las elecciones de noviembre de 1933, el presidente hizo todo lo posible por evitar que se hiciese cargo del Gobierno, dejándolo en manos del Partido Radical de Lerroux. Estas maniobras acabarían desembocando en la convocatoria anticipada de elecciones para febrero de 1936, lo que provocaría el triunfo fraudulento del Frente Popular y la cuesta abajo hacia la guerra. Así diagnosticó la enfermedad que acabaría provocando la caída de la República: la intención de la izquierda de considerarse la única legitimada para gobernarla:

“Se propendió desde el verano de 1931 y en los dos años siguientes a hacer de la República, más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha, con número limitado de accionistas y hasta con bonos privilegiados de fundador”.

Esa concepción patrimonial del régimen traería como consecuencia la inclinación de la izquierda a dar golpes de Estado cuando los resultados electorales no cumplieran sus deseos. Así sucedió cuando la derecha ganó las elecciones de 1933:

“Tan pronto como se conocieron los resultados del primer escrutinio, empezaron a proponérseme y a pedírseme golpes de Estado por los partidos de izquierda (…) Nada menos que tres golpes de Estado con distintas formas y un solo propósito se me aconsejaron en veinte días”.

El primero se lo propuso el radical-socialista Juan Botella, ministro de Justicia. El segundo, su camarada Félix Gordón, ministro de Industria, secundado por Azaña, Casares Quiroga y Domingo. Y el tercero, el socialista Negrín, que le aconsejó “un gobierno de extrema izquierda con disolución de las nuevas Cortes, pero aplazada mientras se elaboraba otra ley electoral que asegurase el triunfo de aquellos partidos”.

Un año más tarde, con motivo de la inevitable entrada en el gobierno del partido mayoritario, la CEDA, los socialistas desataron la revolución para hacerse violentamente con el poder. Como anotó el presidente, el proveedor de armas cortas fue el director general de Seguridad, Manuel Andrés, de la Acción Republicana de Azaña e íntimo amigo de Indalecio Prieto. En cuanto a las armas automáticas de largo alcance, habían sido adquiridas por el socialista Araquistáin aprovechando su embajada en Berlín.

A pesar de su insistente voluntad de equidistancia, Alcalá-Zamora no pudo dejar de subrayar la responsabilidad primordial de un PSOE que, tanto en 1934 como en 1936, había desatado una violencia que provocó la respuesta igualmente violenta del Gobierno republicano en el 34 y de los alzados en el 36. Estas líneas las anotó en su diario el 9 de febrero de 1936, una semana antes de las últimas elecciones republicanas:

“Entre tantas equivocaciones reaparece como fundamental la de octubre de 1934 (…) Parece increíble que, sobre todo los hombres cultos de izquierdas, no se den cuenta de cómo les alcanza y recae sobre ellos gran parte de la responsabilidad en los excesos de esa represión (…) [Las guerras civiles] son el mayor y más brutal desastre de pasiones, y por lo mismo, quien las hace explotar responde moralmente de cuanto ordena, de casi todo lo que se produce como obra de los suyos y de una parte muy considerable de la crueldad ajena, que como reacción provocan. La rebelión de 1934 suministra, con el vigor del contraste, enseñanza y demostración expresiva”.

Éstas, en su ensayo sobre los defectos de la Constitución de 1931:

“El PSOE es el único que por su fuerza, composición, número y tendencia puede elegir entre ser gubernamental o revolucionario…, y no sabe elegir, porque los dos impulsos, que le atraen, y las dos corrientes, que le dividen, le llevan a reclamar, mediante la revolución, el Gobierno y, a veces, a preparar desde el Gobierno la revolución”.

Y estas últimas, en sus memorias redactadas en el exilio, donde volvió a acusar al PSOE de ser el principal culpable de la guerra, de su prolongación innecesaria y del saqueo de España en beneficio privado de sus dirigentes:

“En las terribles responsabilidades del desastre nacional y el republicano, las hay abrumadoras para los socialistas por su marcha hacia la revolución social, que provocaba a los otros fanáticos de la reacción, también deseosos de la guerra civil, y porque, prendida ésta, la prolongaron sin posibilidad de vencer, mientras subsistió la de sostenerla y procurarse algún seguro de emigración a costa de las reservas del Banco de España y del saqueo de éste”.

Precisamente fueron los dirigentes socialistas, junto con Azaña, los responsables de la confabulación que destituyó a Alcalá-Zamora antes de que concluyera su mandato. Azaña y Prieto acordaron desbancarle para ocupar respectivamente la jefatura del Estado y la del Gobierno. La excusa fue un absurdo debate sobre si el presidente ya había consumido las dos disoluciones de Cortes para las que le facultaba la Constitución o si, por el contrario, la primera no contaba por haberse tratado de las constituyentes, anteriores a la propia Constitución. Lo más farisaico del asunto fue que el método empleado por la izquierda para destituir al jefe del Estado fue declarar improcedente la disolución de las Cortes derechistas que había conducido precisamente al triunfo frentepopulista.

Casi todos (238 votos contra cinco) dieron la espalda al presidente: los izquierdistas porque les estorbaba en sus proyectos de radicalización y los derechistas, que se abstuvieron, porque no le perdonaban los obstáculos que puso a la entrada de la CEDA en el gobierno tras su victoria de 1933. Así recogió en sus memorias lo que calificó como “golpe de Estado parlamentario”:

“Era indudable que aguardando al fin de 1937 se habría producido ya el habitual bandazo electoral en sentido opuesto, otra vez hacia la derecha, acelerado y extremado por las violencias de la acción política; y por consiguiente en aquella fecha la elección de Azaña hubiera sido imposible (…) La paz del país, la consolidación del régimen, la fortuna patria, las vidas, todo el destino de España se pospuso, arriesgó y perdió por la carrera apresurada y ambiciosa, y aun por la impaciencia, de un solo hombre”.

Y para terminar este capítulo, el negro augurio del expresidente:

“La noche del 7 de abril, ya destituido, dije con la más fácil y dolorosa profecía que aquello podía ser para mí como para los míos la paz, pero que la República constitucional, democrática y de derecho había acabado y se iba hacia el desastre (…) Es indudable que mi cese desembocó en la guerra civil y era ello tan previsible que lo advertí al desleal gobierno en el último consejo; pero la responsabilidad es plena de quienes acordaron mi destitución, advertidos de sus peligros, y de quienes la aprovecharon, porque desde el otro lado deseaban la tragedia”.

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Alcalá-Zamora (II): Pucherazo y revolución
Jesús Laínz Libertad Digital 8 Noviembre 2020

Los últimos meses de la presidencia de Niceto Alcalá-Zamora no se vieron agitados solamente por su irregular destitución, ya que dos acontecimientos mucho más graves iban a descoyuntar el régimen hasta su derrumbe final.

El primero fue el fraudulento triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Tras la última crisis de gobierno de la coalición radicalcedista, el presidente y su amigo Portela Valladares calcularon que unas nuevas elecciones provocarían un crecimiento notable de los partidos centristas, acercándose al centenar de escaños y moderando la creciente crispación política. Pero se llevaron la sorpresa de que el centro siguió siendo irrelevante y que las listas más votadas fueron las frentepopulistas. O así lo pareció en un primer momento… Porque tanto en su diario como sobre todo en sus posteriores memorias, ya con más información, Alcalá-Zamora denunció el pucherazo con el que las izquierdas dieron la vuelta al resultado de las elecciones. Aunque en un principio dio por buena una estrecha ventaja de las candidaturas izquierdistas sobre las derechistas, no tardó en darse cuenta de las incontables irregularidades:

“[La hueste parlamentaria del Frente Popular] llegó a esa mayoría absoluta, y aun a la aplastante, en las etapas del sobreparto electoral, todas de ilicitud y violencia manifiestas (…) La fuga de los gobernadores y su reemplazo tumultuario por irresponsables y aun anónimos permitió que la documentación electoral quedase en poder de subalternos, carteros, peones camineros o sencillamente de audaces asaltantes, y con ello todo fue posible (…) Ya las elecciones de segunda vuelta, aunque afectaran a muy pocos puestos, fueron resultado de coacciones y pasó lo que el gobierno quiso. ¿Cuántas actas falsificaron? (…) El cálculo más generalizado de las alteraciones postelectorales las refiere a ochenta”.

Los culpables del inmenso pucherazo fueron los partidos izquierdistas y el PNV, que falsificaron los resultados en la comisión de actas del Congreso:

“En la historia parlamentaria de España, no muy escrupulosa, no hay memoria de nada comparable a la comisión de actas de 1936. Aprobó todos los atropellos que le convenían, anuló las actas de los enemigos más odiados y proclamó por sistema a sus favoritos vencidos, con arbitrariedad tal que para abrirles paso expulsaba no al último de los vencedores, cual hubiera sido lógico, y sí a aquel de los anteriores a quien juzgaba más antipático o más débil para estorbar el atropello (…) Llegó un momento en que se disponían a anular las proclamaciones de Gil Robles y de Calvo Sotelo. Entonces yo, aun tan injuriado por los dos, recordé al gobierno que expulsar a los dos jefes de la oposición equivaldría a suprimir el régimen parlamentario. El argumento detuvo el golpe”.

En un artículo publicado en el Journal de Genéve el 17 de enero de 1937, explicó a los lectores suizos una ley electoral española que consideraba “defectuosa, injusta y absurda” pues había permitido, por ejemplo, que en circunscripciones donde el Frente Popular había recibido 30.000 votos menos que las derechas, había conseguido, sin embargo, diez diputados de cada trece. Pero lo decisivo fue el fraude:

“[El Frente Popular] resultó la minoría más importante; pero la mayoría absoluta se les escapaba. Sin embargo, logró conquistarla, consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y conciencia. Desde la noche del 16, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados (…) desencadenó en la calle la ofensiva del desorden; reclamó el poder por medio de la violencia. Crisis: algunos gobernadores civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales; en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados. Segunda etapa: conquistada la mayoría de este modo, le fue fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de Validez de las actas, que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria, se trataba de le ejecución de un plan deliberado y de gran envergadura”.

Tras el pucherazo, se desató el caos revolucionario hasta extremos hoy difíciles de concebir. La ley desapareció, los agentes policiales y las autoridades gubernativas, lejos de prender a los delincuentes, los apoyaban en sus agresiones contra los ciudadanos pacíficos. Los partidos y sindicatos izquierdistas desataron la persecución de las derechas: personas, asociaciones, periódicos, sedes de partidos y hasta cafeterías, bibliotecas, clubes, teatros u otros lugares de ocio acusados de burgueses. Y por supuesto, el Ejército y la Iglesia.

Para defender el orden público el Gobierno decretó la suspensión de garantías constitucionales, pero en realidad dejó hacer, para desesperación del presidente:

“El Gobierno no gobernaba. El desorden era dueño de campos y ciudades, allí realizando robos y usurpaciones, aquí saqueos, incendios e incautaciones, sin detenerse ni en Madrid mismo y sin que nadie intentara evitarlo”.

A punto de ser destituido, quedó aislado en palacio, con el teléfono pinchado y desinformado de lo que sucedía, como lamentó en numerosas entradas de su diario:

“Las noticias que en España se ocultan, a mí más que a nadie, pero que los tachones de la censura facilitan conocer tardíamente, y que la prensa y la radio del extranjero divulgan y anticipan, son muy desoladoras acerca del orden público. Aunque el Consejo de ayer fue todo él dedicado a la política exterior, incidentalmente aludí yo al orden público, y como extrañándose, dijeron “no hay nada de particular”. Sin embargo por aquellos medios he sabido que la jornada del domingo y su continuación de ayer lunes fue desastrosa en incendios y homicidios, especialmente en Cádiz y Escalona, y con menos intensidad en las provincias de Badajoz, Palencia, Segovia, Logroño, Vizcaya, Oviedo, Granada y Huesca… que sepamos”.

Caricatura del Frente Popular en una revista hispano-francesa (1937)

Pero las noticias que el Gobierno le ocultaba acababan llegándole por personas que le visitaban, por emisoras de radio extranjeras y por los pocos periódicos, sobre todo provinciales, que podían escapar de la censura, calificada por él como “la más rígida que España había conocido (…) tan intransigente, tan susceptible, que no permitía el menor ataque contra un acto o contra una palabra de los gobernantes”. Aunque hasta para esto hubo una excepción, así relatada en su diario:

“El tercer uso inaudito [de la suspensión de garantías] fue exceptuar del régimen de previa censura a un periódico, El Liberal de Bilbao, del que ya era propietario Indalecio Prieto, con el consiguiente privilegio editorial, anejo al monopolio político, que le llevó a extender su radio de reparto a regiones donde antes no penetraba, haciendo competencia insólita e insostenible al resto de la prensa. La protesta de los periódicos así perjudicados fue desoída y ahogada”.

La prensa derechista no fue solamente censurada, sino eliminada materialmente. Por ejemplo, los talleres de La Nación, órgano primorriverista, fueron saqueados e incendiados, paso previo al asesinato de la mayoría de sus operarios cuatro meses más tarde.

Los desmanes se contaron por miles, muchos anotados por Alcalá-Zamora directamente en su diario y posteriormente en sus memorias. Éstas son sus palabras textuales: manifestaciones delante del palacio presidencial, amenazando con “entrar con gritos, puños, cantos y demás liturgia moscovita”; incendios de casas y fábricas de enemigos políticos; asesinatos de guardias con empleo de sus mismas armas; despojo, profanación e incendio de iglesias y conventos, a veces llevados a efecto por los propios alcaldes; liberación de presos comunes; en Valencia, destitución tumultuosa del rector y casi todos los decanos; asalto al sanatorio de leprosos de Alicante, con la dispersión de aquellos desventurados; incendio de la cárcel de Bilbao; evasión de los presos de la cárcel de Gijón con la evidente colaboración de los guardianes; destitución a tiros y puñaladas de alcaldes derechistas; robos generalizados de cosechas en Andalucía; ocupaciones de casas y expulsión de sus propietarios; pánico que paraliza iniciativas, ahuyenta capitales y hace emigrar a la gente de pueblos a ciudades grandes; incautación de fábricas y talleres; ocupación de las minas de Almadén previa expulsión de directivos e ingenieros; terror y abandono durante la noche de sus moradas por muchos habitantes de Madrid, inquilinos de viviendas próximas a templos o conventos; número considerable de heridos en las clínicas; registro de domicilios y todo tipo de violencias a las personas de derechas; prohibición del culto religioso por varios ayuntamientos; asesinatos de dirigentes derechistas, como el exministro Alfredo Martínez; linchamientos de militares, guardias civiles y personas que salieran de iglesias; incendios, bombas (“el hecho de cada día y casi de cada hora”), altercados, asesinatos y tiroteos por toda España…

“Las cosas más enormes las refieren los testigos autorizados y veraces. Hay en los pueblos personas sobre quienes se cumplió la amenaza de arrancarles una oreja. Hay casos en que, al huir de un pueblo para librarse de una agresión y dirigirse a otro los amenazados, llega antes que ellos por teléfono la orden de recibirlos moliéndolos a palos”.

Especialmente significativa, como manifestación del fin del imperio de la ley, fue la complicidad de numerosos alcaldes y gobernadores con los delincuentes, dando órdenes a los agentes policiales de no intervenir e incluso auxiliando a aquéllos:

“He sabido de buen origen que varios de los gobernadores, algunos de ellos manifiestos forajidos, anunciaron al tomar posesión, y además casi todos lo practican, que a ellos les tenían sin cuidado las leyes cuando éstas se opusieran al interés o voluntad de los partidos que forman la mayoría (…) En Granada, el juez de instrucción pidió auxilio al capitán de la Guardia Civil para contener el incendio del juzgado, edificio de arte plateresco, y que, con arte o sin él, era el juzgado. El gobernador ha reprendido al capitán por prestar el auxilio y ha pedido que se le imponga un mes de arresto”.

El caos le alcanzó en persona, pues el hecho de que fuese el presidente de la República no le eximió del pago del “dinero por las buenas” que, como bandoleros surgidos de siglos pasados, exigían grupos de “gentes mal encaradas” por las carreteras de Andalucía, y con la aprobación expresa del gobernador. Además, sus tierras jienenses fueron saqueadas, y sus familiares, perseguidos por “las turbas, amparadas por la autoridad tumultuaria”. A estos hechos dedicó varias páginas de sus escritos:

“A raíz de la victoria electoral de las izquierdas, pocas horas después de conocerse, empezó la invasión y robo de nuestras fincas (…) Ni siquiera ha ido [el gobernador], y sí un delegado suyo, con camiones y fuerzas de asalto, quien llegando al pueblo, y sin duda para restablecer el orden, se llevó presos… ¡a treinta y siete personas de las más respetables de mi familia y amigos, con el párroco y los coadjutores a la cabeza, que no habían podido huir, y dejó tranquilos y dueños del pueblo a los alborotadores! (…) La de cal aquel día fue enviar un camión con guardias de asalto que dejaron a los revoltosos dueños de la ciudad y se llevaron presos a todos mis parientes y a sus amigos (…) En aquella ocasión logré, ya que no evitar tamañas humillaciones, salvarles la vida, pues el plan ya anunciado era el incendio nocturno del ayuntamiento-cárcel para quemar vivos a todos los detenidos. De no ser ello vana amenaza dará idea que luego fueron asesinados en el verano del mismo año cuatro de aquellos parientes: dos en las proximidades ferroviarias de Madrid, cuando fusilaron a la expedición de presos de Jaén, los otros dos llevados vivos al cementerio de Alcaudete para matarlos allí a navajazos. Los primeros eran entre sí hermanos y los últimos, padre e hijo; en presencia de éstos se discutió previamente cuál moriría primero, y con súplica por ambos de la trágica prelación, resolvieron los asesinos que fuese el padre quien presenciara antes de morir el asesinato del hijo”.

Manuel Azaña escribió a su cuñado Rivas Cherif párrafos parecidos:

“Hoy nos han quemado: siete iglesias, seis casas, todos los centros políticos de derecha y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete y en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño; el viernes, Madrid, tres iglesias. El jueves y miércoles, Vallecas… Han apaleado en la calle Caballero de Gracia a un comandante vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de artillería; en Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales… lo más oportuno. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias y conventos: ¡hasta en Alcalá!”.

De Azaña lamentó Alcalá-Zamora su inclinación a agarrarse a cualquier excusa para culpar de la violencia izquierdista a las derechas: una señora imprudente que provocó a los manifestantes, un cura belicoso, los fascistas…

El desorden frentepopulista alarmó a los socialistas franceses, preocupados porque su imagen podría verse comprometida para las próximas elecciones por el ejemplo español. Hasta el ministro de Exteriores soviético, Litvinoff, aunque regocijado, recomendó moderación a sus camaradas españoles por el espectáculo que estaban dando ante todo el mundo.

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******************* Sección "bilingüe" ***********************
Un país colapsado, una democracia en coma

Jesús Cacho vozpopuli.es 8 Noviembre 2020

Aravaca. Octubre de 2015. Francisco Rubio Llorente, catedrático de Derecho Constitucional, está sentado en uno de los bancos que la concejalía del distrito ha situado en la plaza de San Anacleto. Respira con dificultad y parece hallarse en un aprieto. El dueño de un establecimiento cercano se lo encuentra casi doblado, hecho un ovillo, y acude rápido en su ayuda, pero el aludido rechaza amablemente el acomodo que le ofrece. Uno de sus yernos está a punto de recogerlo para acercarlo al centro de salud más cercano. Víctor, vecino y amigo, intenta aliviar la espera sacando a relucir un tema de conversación:

-¿Y qué te parece el Pedro Sánchez este, Paco? ¿Qué opinas de él?

Y entonces el exvicepresidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo de Estado, un socialista democrático, se levanta como sacudido por el rayo, la compostura recuperada de repente, las manos abiertas como platos y exclama indignado:

-Eso es lo peor que le ha ocurrido al PSOE en 135 años de historia, créeme, Víctor, una desgracia para el partido. Y otra cosa te digo, no traerá nada bueno como llegue a mandar.

Rubio Llorente falleció en Aravaca en enero de 2016, sin tiempo para ver los estragos que el personaje ha causado en un PSOE hoy reducido a cenizas y el destrozo de mayor cuantía que está provocando en la arquitectura institucional española y en la propia democracia, hoy gravemente amenazada por este sátrapa vocacional dispuesto a reinar sobre un montón de escombros. Desde este jueves, el castellano o español ha dejado de ser lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado. Es el resultado de la enmienda transaccional -cuarta y última ponencia de la Ley Celaá- que el pacto entre PSOE, Podemos y ERC sacó ese día adelante en el Congreso con el respaldo de Bildu y Más País. PP, Ciudadanos, UPN y Vox votaron en contra, mientras el PNV se abstuvo. El texto acordado deja en manos de las comunidades autónomas la enseñanza en castellano en los centros educativos de aquellas autonomías con lengua cooficial y no prevé ningún mecanismo para que, desde el Estado, el español pueda utilizarse como lengua vehicular, tal como establece el artículo 3 de la Constitución (“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”) y los tribunales han dictaminado de forma reiterada.

Comunistas, separatistas y demás socios que sostienen a Sánchez en la peana de Moncloa se cobran la educación en español como gran botín de su espurio respaldo, a cambio, esta vez, de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Con ser oneroso, el precio pagado por el socialista a sus socios no había hasta ahora traspasado una línea roja sin posible vuelta atrás. Esto es distinto. Esto, además de un atentado a derechos y libertades básicas reconocidos en la Carta Magna, es abrir la puerta a la destrucción del Estado democrático de Derecho tal como lo hemos conocido. El principio del fin de la unidad de España como nación. ERC lo explicaba con indisimulado júbilo en sus redes sociales: “Blindem la immersió lingüística! Forcem que el catalá sigui la llengua vehicular a Catalunya a la normativa estatal”. Chuleando al PSOE, por añadidura. La diputada Montse Bassa (“Personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España”, enero 2020) lo ha dejado claro por escrito: “No queremos que el castellano sea lengua vehicular, sino que se enseñe como cualquier lengua extranjera, como el inglés o el francés”.

No estamos ante una fechoría más de Sánchez, sino ante una agresión de extrema gravedad al acervo colectivo de los españoles. La lengua común, con todo el respeto a las lenguas minoritarias, es un símbolo de identidad y un vínculo que une a los ciudadanos en torno a un proyecto colectivo. Imposible encontrar en toda Europa un caso similar de país donde sea imposible educarse en la lengua oficial en determinadas regiones del mismo. Y no se trata, o no se trata solo, de que al final los niños catalanes terminen hablando y escribiendo correctamente en español, cosa difícil de asumir, se trata de que no se puede vulnerar el derecho de un niño a estudiar en su lengua materna en el país en que ha nacido. Es una cuestión de libertades básicas, clave del arco del “problema” catalán –la pobre calidad democrática o la ausencia de democracia en Cataluña-, y del derecho que a todo ciudadano libre asiste para oponerse a la dictadura de un nacionalismo reaccionario dispuesto a convertir a más de la mitad de los catalanes en ciudadanos de segunda clase.

Todo al servicio de los que sueñan con acabar con España. El camino lo inició el patriarca Jordi Pujol, conocido delincuente que a finales de los noventa marcó el camino con su “Agenda 2000”, algo que obligó a miles de maestros y profesores a abandonar Cataluña por culpa de la inmersión lingüística. Los resultados se vieron 15 años después: el procésy la ruptura de la sociedad catalana, la ruina económica y el enfrentamiento social. Un crimen contra la convivencia. Con lo aprobado el jueves en el Congreso, dentro de otros 15 años, quizá menos, los españoles verán completada la voladura de una nación tan insidiosamente perseguida por el nacionalismo como consentida por la criminal dejación de años de los Gobiernos de PP y PSOE. Los hoy niños hispanohablantes serán considerados extranjeros en Cataluña y/o habrán pasado a engrosar las filas de esa servidumbre identitaria que desde las mezquitas separatistas pregonan sus imanes a través de dos grandes altavoces consentidos: la escuela y unos medios de comunicación comprados por la Generalitat. Como escribe Juan Claudio de Ramón, “la exclusión forzosa y total del español como lengua vehicular es clave en la hegemonía nacionalista: hace saber a los catalanes que se sienten españoles (sea cual sea su lengua materna) que son clases subalternas. Se extranjeriza al español para extranjerizar España”.
Hacia la ruptura de la nación

Es la vía más rápida hacia la ruptura definitiva de la nación, porque detrás de Cataluña, hay pocas dudas, vendrán Baleares, la Comunidad Valencia, el País Vasco con Navarra (cuando el PNV quiera), Galicia (en cuanto Feijóo entregue el testigo), incluso Asturias con su bable… Es el ¡Viva Cartagena! de un país que parece dispuesto a suicidarse en silencio. Lo sabe bien ERC, culpable de tantas desgracias en la historia de España: controlar la educación para moldear las conciencias de las nuevas generaciones, de cara a ese 51% de respaldo social favorable a la secesión que tanto se les resiste. Y lo sabe también el PSC, la marca catalana del PSOE, que lleva décadas defendiendo la exclusión del castellano en Cataluña con más ahínco incluso que los propios separatistas. Lo aprobado este jueves es un intento de consolidar este atropello a la Ley Orgánica de Educación para protegerse de las sentencias de los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional al que van a acudir PP, VOX y Cs. Liquidar el español de Cataluña, en fin, es una ofensa que ningún español bien nacido debería perdonar nunca al PSOE. ¿Qué diría el jefe de la banda a los abuelos socialistas de Andalucía, de Murcia, de la ancha Castilla, de Aragón, si levantaran la cabeza? ¿Cómo les explicaría este crimen?

Y como lo han previsto todo, PSOE, Podemos y ERC acordaron también el jueves suprimir la oposición para acceder a la inspección educativa. A partir de ahora, los inspectores educativos, funcionarios públicos que se encargan de verificar el cumplimiento de las leyes en los colegios, solo necesitarán demostrar “su capacidad de liderazgo” para acceder al cuerpo, lo que equivale a decir que, a partir de ahora, los nuevos inspectores educativos serán militantes y/o simpatizantes del PSOE y/o Podemos. De “coladero para el enchufismo” lo ha calificado un sindicato, que es exactamente lo que este Gobierno pretende hacer, si le damos tiempo, con todas las oposiciones a los altos cuerpos de la Administración del Estado, empezando por las de acceso a la judicatura.

No ha sido el único atentado cometido esta semana por este Gobierno felón contra el Estado democrático de Derecho. El jueves supimos también que Moncloa se dispone a crear una especie de “ministerio de la Verdad” como el diseñado por Big Brother en la distópica y orwelliana 1984, encargado de decidir lo que de verdadero y falso publican los medios de comunicación, un asunto que, si no fuera una pieza más en el engranaje totalitario que se nos viene encima, sería casi una broma, porque broma macabra es que el Gobierno que más ha mentido, con diferencia, en la historia de España, se arrogue el derecho a determinar lo que es verdad o es mentira en los medios. “Unos tíos que tienen 20.000 muertos escondidos debajo de la alfombra te van a proteger de las noticias falsas”, ironizaba estos días el bloguero Pastrana en su cuenta de twitter. La demostración de la falta de vergüenza del descuidero que nos gobierna.

Conviene, sin embargo, no perderse en el laberinto. Sánchez veta el español en Cataluña como pago a los servicios de ERC, y pone en manos de Iglesias el agit-prop del nuevo régimen, la posibilidad de censurar toda publicación contraria a los intereses de la coalición peronista-bolivariana que nos gobierna, porque es el precio que Pablo ha exigido en pago al rol capital que Podemos juega como principal sostenedor de Sánchez, de modo que el aludido accede a publicar una Orden Ministerial por la que se establece una Comisión Permanente encargada de “luchar contra la desinformación”. Esa “Comisión” dependerá del secretario de Estado de Comunicación, cargo político que reporta a Iván Redondo, jefe de gabinete de Sánchez, y del control del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo secretario es otra vez el Rasputín de Moncloa, quien tendrá la última palabra a la hora de censurar aquello que pueda incomodar a su gran amigo Iglesias. “El control de los bulos por Moncloa, o cómo poner al lobo a cuidar de las ovejas” (Rubén Arranz, en Vozpópuli el pasado viernes).

Iglesias (“A mí dame los telediarios”) consigue así hacer realidad el sueño que venía persiguiendo desde que Sánchez le tentara por primera vez con formar Gobierno tras las generales de abril de 2019. “Yo creo que es crucial”, aseguraba este perfecto leninista en un vídeo realizado en 2014, “controlar los medios de comunicación privados porque son un privilegio de los ricos”. Y como el marqués de Galapagar es ya un rico comme il faut, no ha tardado en crear un panfleto especializado en las técnicas comunistas de desinformación intitulado 'La última hora'. “Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayoría de los medios de comunicación sean privados, e incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente”, sostiene este ángel de sabiduría y bondad.

Algunos se van a hacer muy ricos
El achatarramiento del país camina a pasos de gigante. La preocupación creciente de las familias por la salud, maldito covid, y la supervivencia ante el horizonte de crisis que nos atenaza minusvalora y difumina todo lo que no tenga que ver con esos dos grandes ítems por grave que sea. Impresión de sociedad anestesiada, despavorida ante las dimensiones de la catástrofe, económica y política, que se viene encima. Es la desertización en principios y valores sufrida por la sociedad española durante décadas, proceso cultivado interesadamente por los partidos del turno, lo que ahora ha cristalizado y está dando sus frutos más amargos. El goteo de decisiones políticas atentatorias contra los derechos y libertades se asume con la indiferencia del que ya lo ha perdido todo. La asfixia que la malhadada Ley Celaá quiere perpetrar contra la educación concertada, por ejemplo. La norma que prepara Hacienda según la cual la Inspección podrá entrar en los domicilios privados sin aviso previo. Hay que recaudar, amasar, pillar a trote y moche, que el Gobierno necesita recursos “para hacer política”, como decía el infausto Zapatero. Robar al prójimo para seguir alimentando ese “ministerio de la Abundancia” orwelliano que Pedro & Pablo quieren también regalarnos.

No sabemos si “saldremos más fuertes”, como asegura la propaganda oficial; lo que sí podemos sospechar es que ellos van a salir más ricos, algunos muy muy ricos. La oficina del presidente en Moncloa y la de su jefe de gabinete es un ir y venir de amigos y conmilitones preguntando “qué hay de lo mío”, y ofreciendo proyectos de chichinabo susceptibles de ser financiados con el dinero del fondo de rescate de la UE. Se van a poner hasta las talanqueras. El rescate de Air Europa es una de esas operaciones dignas de toda sospecha, que recuerda dislates como la privatización de Rumasa o la reconversión industrial de los ochenta. El crony capitalism vuelve por sus fueros con el socialismo. Y como hay que taparlo todo, conviene sacar a colación cada par de días un nuevo escándalo del Emérito, una nueva investigación de la Fiscalía sobre dineros ocultos de Juan Carlos I, que la Lola se va a los puertos Delgado sabe ganarse el sueldo dando gusto a sus amos. Echar mierda sobre el Emérito, que se lo ha ganado a pulso, y enviar al hijo a confraternizar con el nuevo régimen izquierdista de Bolivia en compañía de Iglesias. ¿Cabe mayor humillación? Como escribía en este diarioKarina Sainz Borgo el viernes, “en un siglo llamado a resolver y superar los conflictos y desmanes de su predecesor, la amenaza autoritaria se acentúa, así como el asedio de la propaganda y el auge de los extremismos que amenazan libertades que dimos por supuestas”. La alternativa es rendirse o seguir luchando por la libertad, “ese delicado fruto de toda civilización madura” que decía Lord Acton.

"El PSOE ya no existe": los críticos lamentan el pacto con ERC para blindar la 'inmersión linguística' en Cataluña
Gabriel Sanz vozpopuli.es 8 Noviembre 2020

!El PSOE ya no existe, es solo un aparato de poder al servicio de Pedro Sánchez". Este es el lamento escuchado esta semana a muchos socialistas críticos con el modelo “presidencialista” impuesto por su líder, tras comprobar que el partido ha aceptado, sin debate en la Comisión Ejecutiva o el Comité Federal, que el castellano no sea “lengua vehicular” en los colegios de Cataluña, facilitando así el modelo de inmersión lingüística en catalán.

Estos sectores del socialismo, de origen dispar, no entran en el fondo de la cuestión: si hay que enmendar o no la llamada LeyWert (2012) para evitar la “españolización” de los niños catalanes como pretendía el que fue ministro de Educación del PP; simplemente creen que semejante decisión “nunca” puede ser fruto de una cesión a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a cambio de que apoye los Presupuestos Generales del Estado 2021.

Ni siquiera consuela a estos socialistas de la vieja guardia cercanos a Felipe González, incluso los pertenecientes a períodos posteriores, que el asunto vaya a ser visto en última instancia por el Tribunal Constitucional (TC). Éste acabará “arreglando” la cuestión dentro de unos años, admiten, porque el PP o Vox, o los dos, recurrirán la Ley Orgánica de modificación de la LOE del PP (LOMLOE), ahora mismo en trámite parlamentario; pero la cuestión no es esa, insisten estas fuentes, sino que cesiones así “dinamitan” lo que fue el PSOE desde el inicio de la Transición y lo acercan al “plurinacionalismo” de Pablo Iglesias y Podemos.

No se niegan a modificar la ˋLey Wert´ para evitar adoctrinamiento, pero avisan: “la Generalitat lleva 30 años interpretando que el catalán es la única lengua vehicular y eso tampoco es de recibo”

Creen que fiarlo todo al TC no es solución. Primero, porque ya se vio con ocasión del famoso cepillado del Estatuto de Autonomía en la sentencia de 2012 que los independentistas no aceptan la legalidad del alto tribunal. Y, en segundo lugar, porque estamos hablando del derecho fundamental a la educación de los escolares catalanes, los cuales, según la Carta Magna tienen “el derecho y el deber” de conocer la lengua del Estado en paridad con el catalán.

“Este es el país al que nos ha conducido la incapacidad para forjar acuerdos entre partidos nacionales”, lamenta en conversación con Vozpópuli un importante presidente regional, partidario en su día de que Sánchez explorase su investidura como presidente de la mano de Ciudadanos y con la abstención del PP para evitar el denominado Gobierno Frankenstein con Podemos y los independentistas.

Es cierto, reconoce un ex alto cargo de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, que, como argumentó la ponente socialista en la LOMLOE, la diputada Mari Luz Seijo, la Constitución de 1978 no obliga a que el castellano tenga que ser “lengua vehicular” en la enseñanza -ese añadido se incluyó en la Ley Wert y por eso se elimina ahora-. “El problema es que la Generalitat lleva 30 años interpretando que el catalán es la única lengua vehicular, y eso tampoco es de recibo”, añade esta fuente, quien pone en solfa las medidas “garantistas” con la que Seijo justificó en el debate parlamentario el apoyo socialista a la enmienda.

Iceta no tuvo nada que ver; La decisión, ‘cocinada’ entre Moncloa, Lastra y Rufián, ha cogido a contrapié a un PSC en plena denuncia del independentismo por interpretar la ‘inmersión’ como un veto al castellano

Los críticos resaltan, para probar que la enmienda ni era necesaria ni oportuna en este momento de debate presupuestario, el hecho de que ni siquiera ha sido iniciativa del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, según reconoce él mismo a Vozpopuli. El asunto lo han llevado directamente la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y vicesecretaria del partido, Adriana Lastra, con el portavoz republicano, Gabriel Rufián, y la ministra de Educación, Isabel Celáa.

Según Iceta, la enmienda a la LOMLOE no aporta nada porque “el día a día de los colegios ni cambió con la Ley Wert ni va a cambiar ahora”. Entiende el revuelo causado fuera de Cataluña, pero asegura que “ninguno” de los barones del partido se ha dirigido a él para pedirle explicaciones, entre otras razones, porque la iniciativa no ha sido del PSC. Y lanza una pregunta a quienes acusan al líder socialista de usar este asunto para reforzar su situación: “¿Qué quieren, que el secretario general del PSOE deje de serlo?”.

Lo cierto es que los socialistas catalanes llevaban meses denunciando que la Generalitat, en manos del independentismo, usa la inmersión en catalán en las escuelas como un “veto” en la práctica al castellano y ahora su viceprimer secretaria, Eva Granados, ha tenido que salir a apagar el incendio que les ha montado Ferraz pactando con ERC a tres meses de las elecciones del 14 de febrero.

Nadie duda, ni en el socialismo catalán ni en muchas de las federaciones del PSOE, que lo acontecido con la LOMLOE es un regalo a los republicanos para que apoyen los presupuestos. Se cuestiona en los ámbitos críticos el “cortoplacismo” de la dirección federal y la ausencia de principios. Y en algunos ámbitos crece la crítica, también, a unos barones que en otro tiempo dieron la batalla orgánica a Pedro Sánchez y ahora se han recluido en sus federaciones y no rechistan.

Particularmente llamativo es el caso de la todavía secretaria general de Andalucía, Susana Díaz, que fuera gran rival del hoy líder socialista en las primarias de 2017, y hoy intenta sobrevivir en silencio a las maniobras de Ferraz y los sectores más Sanchistas del PSOE-A para defenestrarla en el próximo congreso regional a celebrar en 2021.

No es el caso de los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o Aragón, Javier Lambán, que no han dudado en criticar ciertas decisiones y silencios de Sánchez en asuntos como los ataques de Podemos a la Monarquía; o del extremeño Guillermo Fernández Vara, que la semana pasada marcaba distancias con el Gobierno por su rechazo a los confinamientos perimetrales de las autonomías que defiende el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Un exdirigente de la época de Zapatero, muy crítico con la deriva del PSOE tras la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General lo resume así: “¿Y qué van a hacer los barones?... salvar sus gobiernos y poco más. Pedro comprendió pronto que no iban a respetarle, así que decidió que le temieran”.

Así se ha gestado, paso a paso, la expulsión del castellano en las escuelas catalanas
Muchas familias llevan años batallando en los tribunales para que sus hijos puedan recibir clases en su lengua materna. La nueva reforma educativa amenaza con dificultar todavía más sus derechos
Javier Gallego. Barcelona larazon 8 Noviembre 2020

Desde el aterrizaje de Jordi Pujol en la Generalitat hace 40 años, el nacionalismo catalán ha usado la lengua como piedra angular de su «proyecto nacional». La historia de Ana Martínez, una catalana de 45 años que vive en el municipio de Vilaseca (Tarragona), permite atestiguar cómo el catalán ha ido apartando al castellano en la educación en Cataluña hasta residualizarlo y cómo esta cuestión se ha ido convirtiendo en fuente de polémica y enfrentamiento político. Martínez, que dispuso de total libertad durante su etapa escolar para escoger la lengua que quisiera, ahora es una de las muchas madres que se ha visto obligada a recurrir a los tribunales para que sus hijos puedan recibir un mínimo de clases en castellano, aunque, aun habiéndole dado la razón un juez, se ha topado con un centro educativo que le niega ese derecho a una hija.

«Cuando yo estudiaba había libertad para escoger la lengua materna, que era lo pedagógicamente más bueno para el niño. Cada profesor explicaba en el idioma que le era más sencillo. Y el alumno se expresaba en el idioma que más dominaba», recuerda Martínez, que, además, resalta que en bachillerato escogió literatura catalana, dando así a entender que nunca ha tenido ningún tipo de rechazo al catalán. Sin embargo, ahora, el escenario ha cambiado y se rebela contra la imposición del catalán. «Antes no me lo imponían y hablaba en catalán. En cambio, ahora no quiero hablar en catalán porque me lo están imponiendo. Me están diciendo que mi lengua materna es inferior a la otra», aduce.

Su laberinto comenzó cuando fue a matricular a su hijo mayor hace unos años ya y se dio de bruces con una realidad totalmente distinta a cuando ella estudiaba: «Me quedé sorprendida cuando me dijeron que solo les darían las clases en catalán». De ahí, tras hacer ver a los responsables del centro escolar que estaba disconforme y tratar de negociar una solución, se puso en manos de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) –entidad de referencia en la defensa del castellano en la educación en Cataluña–, que le prestó ayuda jurídica ante los tribunales para que tanto su hijo como su hija pudieran recibir clases en castellano.

Y es que el castellano, más allá del cambio normativo previsto en la «Ley Celaá», tiene ya una presencia residual en la educación catalana. Un estudio elaborado recientemente por la AEB arroja una fotografía clara: de los 2.214 centros escolares analizados (de todas las etapas educativas) –un 95% del total de centros que hay en toda Cataluña–, tan solo 126 dan algún año en algún curso escogían una asignatura en castellano, además de Lengua Castellana. Y de esas 126 escuelas, un 95% escogían educación física o artes plásticas para dar en castellano. El resto de asignaturas, todas se impartían en catalán.

En el caso de los hijos de Martínez, los tribunales, como en todos los recursos que ha interpuesto la AEB hasta ahora –más de 70 desde 2014, aunque en cada recurso puede haber incluidos más de dos niños–, les dieron la razón y obligaron al centro educativo a impartir un 25% de las clases en castellano. Es decir, además de Lengua Castellana, también tenían que dar otra asignatura troncal. En el caso de su hijo, tuvo la fortuna de dar con un profesor que da Tecnología, Física y Química en castellano –procede de otra parte de España, aunque de habla catalana–. Mientras que, en el caso de su hija, el curso pasado recibió Matemáticas en castellano, pero, como era su último curso en la educación primaria, este año ha cambiado de centro para ir al instituto y el nuevo centro le niega las clases de castellano que le corresponden.

Así, se encuentra de nuevo ante la necesidad de acudir a pedir ayuda a la AEB y recurrir a los tribunales. Martínez, casada con un británico, muestra su desesperación ante esta situación: «Lo hacen para alargar el proceso. Le están negando un derecho a mi hija», protesta, y recuerda incluso que tuvo más facilidades para hablar en castellano durante los cinco años que vivió en Filadelfia (Estados Unidos) que ahora en Cataluña: «Podías encontrarte en centros universitarios todos los carteles traducidos al castellano o podías sacarte el carnet de conducir en castellano porque había una gran comunidad de latinos», asegura, y critica también «el bajo nivel de castellano» de algunos profesores en Cataluña, que se expresan «con catalanadas, como ‘comenzamiento’».

«El sistema educativo en Cataluña está viciado», reflexiona Ana Losada, portavoz de AEB. Por un lado, considera que los directores de los centros escolares llegan al cargo gracias a sus afinidades políticas y, por otro lado, cree también que el profesorado está muy condicionado por dos motivos: el primero es que es «un sistema cerrado a profesores de otras partes de España» porque exigen el nivel C de catalán; el segundo es que hay una importante presencia de profesores interinos que se juegan su puesto año tras año ante los directores de los centros porque «las oposiciones se convocan con pocas plazas». Además, afirma que los inspectores de educación son «cargos de confianza nombrados por la consellería de Educación».

Además de estas circunstancias, la capacidad que tienen algunos colectivos, como Plataforma per la Llengua –bautizada como ONG del catalán–, para presionar en pro del catalán es muy alta. De hecho, cada vez que alguien ha liderado alguna iniciativa para favorecer al castellano, sea quien sea, ha tenido que recular: el PSC lo tuvo que hacer cuando en su último Congreso se planteó flexibilizar la inmersión lingüística; o, el conseller de Educación (ERC), Josep Bargalló, también cuando estudió la posibilidad de aumentar las horas de castellanos en lugares de mayoría catalanohablante. Ahora, también, TV3 está recibiendo furibundas críticas cada vez que permite algún espacio en castellano.

¿Y cómo se ha llegado a la situación actual, de expulsión del castellano en las aulas catalanas? Hay que remontarse a 1983, cuando se promulgó la Ley de Normalización Lingüística, que dio cobertura a la inmersión lingüística –dos años antes (1981) se habían traspasado las competencias en educación a la Generalitat–. Pujol optó por estrenar la inmersión en el curso 1984-1985 en 19 escuelas de Santa Coloma de Gramenet, un municipio colindante con Barcelona con una población mayoritariamente castellanohablante. Diez años más tarde, el 75% de las escuelas ya habían asumido el modelo de inmersión lingüística.

El modelo de inmersión lingüística, como recoge la experta en la materia Mercè Vilarrubias en su libro «Por una Ley de Lenguas» (Deusto), es único en toda Europa. Vilarrubias desgrana los dos modelos que se usan para integrar las lenguas oficiales del país o región: por un lado, que es el mayoritario, está el de la doble red escolar a partir del cual los ciudadanos escogen en qué idioma quieren educar a sus hijos; por otro lado, que es más minoritario, está el de la educación multilingüe. En Cataluña, el primer modelo se rechazó bajo el argumento de «no separar a los niños por razón de lengua».

Esta situación ha abocado a las familias que quieren una educación bilingüe para sus hijos a acudir a los tribunales. La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de junio de 2010 se erigió en un punto de inflexión ya que dio la base legal para marcar que el 25% de las clases se tenían que dar en castellano. Hasta entonces, se presentaban pocos recursos y los tribunales obligaban a los profesores a dar una «atención individualizada» a los alumnos –explicar al alumno aparte en castellano–.

El párroco que sí plantó cara a ETA (y tuvo que exiliarse)
Jaime Larrinaga vive solo a seis kilómetros del cura sancionado por justificar a los terroristas, pero entre ellos hay un abismo: él necesitó escolta
J. Beltrán larazon 8 Noviembre 2020

«¡Cómo no le voy a conocer! Si es el cura de pueblo de al lado. Estuve concelebrando misa con él hace mes y medio». Juntos en el mismo altar, en la mesa de la comunión, con la distancia sanitaria exigible. Aunque el trecho que separa su visión de la realidad vasca parece mayor. Entre uno y otro distan seis kilómetros, los que llevan por la Nacional 240 de Lemona a Yurre. A un lado, Mikel Azpeitia, el párroco que hace una semana dejó de serlo, sancionado por el Obispado de Bilbao, después de justificar a ETA en un documental. En el otro extremo, Jaime Larrinaga, que también tuvo que abandonar su puesto. Ahora ha vuelto a su localidad natal alavesa después de media vida en el exilio por dar precisamente un paso al frente contra el terrorismo y el nacionalismo.

Cuando se le menciona a Azpeitia, Jaime se contiene. Punto en boca. Para que de sus labios no salgan palabras que echen más leña al fuego. No porque luego se tenga que confesar, que también. «No quiero levantar más polvareda. Respeto a los amigos y a los enemigos, a quien piensa como yo y a quien opina diferente. No condeno a nadie ni quiero que me condenen a mí». Se frena, aunque no puede controlar el dolor que le remueve por dentro, por el mero hecho de saber que diariamente el polémico cura se cruza por las calles de Lemona con la viuda y los hijos de una víctima de ETA.

Durante más de treinta años como párroco de la localidad vizcaína de Maruri no tuvo problema alguno. Como cualquier otro cura euskaldún, «en las misas alternaba el uso del castellano y el vascuence, y en las homilías buscaba no herir sensibilidades. A nadie le puse nunca un veto para entrar. Es más, por allí iban y venían curas de Herri Batasuna». Pero el asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después. Sintió que había que mover ficha ante el silencio del clero.

En 2001, de la mano de los jesuitas Antonio Beristain y Fernando García de Cortázar, dio un paso al frente. Crearon El Foro El Salvador junto a un grupo de católicos, entre ellos Iñaki Ezquerra: «Simplemente denunciábamos algo tan cristiano como los asesinatos de ETA y solo pedíamos que dejara de matar. Sentíamos que la Iglesia tenía que tener una palabra y no mirar para otro lado». Fue su Getsemaní. «De un día para otro pasé de ser el mejor cura de la zona a ser un apestado». Comenzaron entonces las presiones de sus colegas sacerdotes, el rechazo del PNV «primero en abstracto y luego en concreto», el buzoneo en el pueblo presentándole «como peligroso y enemigo del País Vasco»…

Aguantó todas estas intimidaciones estoicamente. Pero todo se precipitó con la detención de un comando en la comuna francesa de Tarbes. Su nombre apareció entre los papeles como posible objetivo de la banda. «Como tantos amenazados, me acostumbré a mirar todos los días debajo de mi coche para ver si había una bomba y a ir con escolta a dar clase en Getxo». Al cura profesor no le dejaban ni a sol ni a sombra. «En la iglesia se quedaban vigilando en el pórtico o en la sacristía», rememora sobre la tensión reinante.

El entonces obispo de Bilbao, hoy cardenal Ricardo Blázquez, le ofreció marcharse a Madrid, Salamanca o Roma porque se temía por su vida. Optó por la capital para lo que en principio sería un año sabático. Pero poco aguantaría quieto. Conoció el proyecto de unas religiosas en la gran sabana venezolana y allí se plantó. En Wolken, en el Estado de Ciudad Bolívar. «Nunca creí que tuviera vocación misionera, pero allí fui durante nueve años, a una región pobre y miserable donde solo llegaba el obispo una vez al mes en avioneta». Aquello fue más que una terapia para él. «Junto a los indios he vivido mis mejores años de sacerdocio».

A los 80 años, Jaime está jubilado de sus tareas pastorales. No por voluntad propia. «Vivo pidiendo la amnistía, como los presos», deja caer. «¡Qué se le va a hacer! Por aquí hay muchas pedanías sin sacerdote y yo podría ayudar, pero no es posible, no lo ven conveniente, me han cerrado las puertas de algunas iglesias». De hecho, no se acaba de sentir con libertad para ejercer en los alrededores de su casa. «Con todo sufrimiento me escapo los fines de semana a celebrar en Bilbao, para cumplir como sacerdote del Pueblo de Dios, participando como un cristiano más en la eucaristía. Por lo demás, me dedico a leer, a celebrar bodas, bautizos…». Y a acompañar a las víctimas del tiro en la nuca. Así, no hay responso en memoria de Gregorio Ordóñez donde Jaime no pronuncie una oración en su memoria. Ahora, con la tranquilidad de saber que nadie le interrumpirá ni le insultará. Como sí ocurría hasta hace nada.

Con toda la metralla abertzale a sus espaldas, se reafirma en todo lo dicho y hecho por ellos: «Si de algo me arrepiento es de no haber alzado la voz antes. Durante mucho tiempo me pregunté cómo podía celebrar la eucaristía entendida como sacramento del amor cuando ya se estaba matando a hermanos nuestros solo por el hecho de ser político o policía».

Que no quiera entrar al trapo sobre el caso Lemona no significa que haya rebajado un ápice su condena de la violencia. «Hay que escoger: o estás con los asesinos o estás contra los asesinos. En otras cuestiones puede haber matices, pero ahí no hay punto intermedio. El mayor pecado es matar a una persona, porque es matar a Dios, matar a Cristo», sentencia Jaime. «Ahora ETA no mata, pero se está educando en el odio a España. No tengo más que salir a la calle para ver carteles a favor de los terroristas, a los que se presenta como ‘gudaris’, como héroes y patriotas», lamenta sobre un nacionalismo al que considera que se ha convertido en una religión: «Están idolatrando el concepto de Euskadi».

Para el sacerdote, «la dictadura del terror no desaparece de un día para otro, sigo viendo a familiares con miedo, que se sienten señalados como si fueran ellos los culpables, como si molestaran con su dolor». Desde ahí, considera que «las víctimas del terrorismo siguen con la herida abierta porque sienten que la Iglesia no se ha portado bien con ellos». Aunque reconoce el esfuerzo que se hace en favor de la reconciliación, cree que urge una petición eclesial pública de perdón más sonora y firme. «Ahora que se habla de reconstruir la convivencia, las víctimas tienen que estar en el centro», asevera.


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