AGLI Recortes de Prensa   Lunes 9  Noviembre  2020

Todos los ataques a la libertad y a la democracia del Gobierno al amparo del coronavirus
El Ejecutivo aprovecha la segunda ola de la pandemia para atacar a la libertad, imponer el terror fiscal y someter a la educación.
Luis F. Quintero Libertad Digital  9 Noviembre 2020

Un estado de alarma de 6 meses, un "ministerio de la verdad" que persiga a los medios de comunicación que contradigan al Gobierno, un ataque a la educación concertada, aniquilar el español en Cataluña, una ley para consagrar el terror fiscal y el inmenso poder de imponer un arresto domiciliario y cierre obligatorio de empresas a placer. Todos estos poderes tiene, o va camino de tener, el Ejecutivo más extremista de la democracia.

Estado de alarma de seis meses
El pasado 25 de octubre, Pedro Sánchez, con los votos de los comunistas, golpistas, separatistas y amigos de los terroristas, además del apoyo de Ciudadanos y la complicidad del Partido Popular, aprobó en el Congreso la declaración de un nuevo estado de alarma por seis meses. El presidente del Gobierno no tendrá que rendir cuentas de la prórroga hasta dentro de dos meses y sin ninguna votación sobre la misma.

La Constitución fija la duración del estado de alarma en quince días, con aval del Congreso de los Diputados, que deberá autorizar una eventual prórroga de otra quincena.

Así lo ha señalado también el Tribunal Constitucional al precisar que la restricción de derechos fundamentales no puede ser un arma incontrolada en manos del Ejecutivo, sino que debe adoptarse por motivos tasados y durante el menor tiempo posible. Pero, tal y como está configurado, este estado de alarma no se podrá levantar, como pronto, hasta el 9 de marzo, tras cuatro meses de prórroga.

En esta situación, el Gobierno cuenta con seis meses en los que podrá limitar a placer los derechos de movilidad de los ciudadanos, decidir cuántas horas pueden permanecer en la calle, autorizar requisas de bienes, limitar el consumo de productos de primera necesidad o impartir órdenes sobre el abastecimiento de los mercados. En estado de alarma puede prohibir a la gente que salga a la calle bajo amenaza de sanción o intervenir y ocupar de forma transitoria fábricas, industrias, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, eso sí, con la excepción de domicilios privados.

Perseguir a los medios de comunicación
Quizá el principal problema que aqueja España es la gestión de la pandemia que está capitaneando el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias y que en términos relativos es de las peores, si no la peor, del mundo, con el peor balance de muertos por cada 100.000 habitantes, de sanitarios infectados y fallecidos, amén de los peores resultados económicos de los países desarrollados. Y todo eso después de aplicar las medidas más restrictivas de derechos de los países de la OCDE.

Pero al Gobierno no le gusta que los medios de comunicación pongamos negro sobre blanco este balance, igual que tampoco le gusta que señalemos aquellos países (Corea del Sur o Taiwán), y ahora también regiones (Madrid), que sí están actuando con efectividad contra la pandemia.

Ya se le escapó al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, en una comparecencia en abril, en pleno arresto domiciliario, cuando dijo que el Instituto Armado trabajaba para "minimizar el clima contrario a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno".

Ahora, ese trabajo que antes se encargó a la Benemérita, ahora se ha consagrado en el BOE sin publicidad, ni control parlamentario. Este pasado jueves, el Ejecutivo de PSOE y Podemos publicaba en el Boletín Oficial del Estado un "procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional". Se hacía mediante una orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de Carmen Calvo.

Ese procedimiento contará con la participación del Consejo de Seguridad Nacional que asiste al presidente del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia CNI o la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno que dirige Miguel Ángel Oliver.

Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital denuncian que este plan "es gravísimo y crea un Ministerio de la Verdad". Aunque el Gobierno justifica su orden en un plan de la UE, los expertos jurídicos sostienen que "la evanescencia de la norma, la falta de control al controlador y la falta de concreción en la definición de lo que se considera desinformación por parte del Ejecutivo supone una limitación al derecho fundamental a recibir información veraz que consagra la Constitución en su artículo 20".

Pero es que estos expertos añadían en LD que "no se deben perseguir las críticas al Ejecutivo o a un partido político ni siquiera cuando esas afirmaciones no sean ciertas, porque para eso están los tribunales de justicia". Tal y como está concebida esta orden "en ella caben muchas cosas. Hay que establecer procedimientos y elaborar regulación muy precisa y clara que indique qué límites no se deben traspasar".

El "lapsus" del general Santiago en abril, el intento de desacreditar a Libertad Digital y sus informaciones por parte de la Televisión Pública española, o la iniciativa aprobada por Podemos en el Congreso para perseguir las críticas al Gobierno, dan buena cuenta de cuáles son los peligros que esconde esta orden ministerial aprobada sin transparencia ni debate público.

Sometimiento de la educación
Pero el gusto del Gobierno por sesgar derechos fundamentales y limitar la capacidad de acción de los ciudadanos, saltándose directamente la Constitución, así como la desactivación de los contrapoderes de los que se dota todo Estado de derecho, democrático y de libertades, es apabullante. No sólo se ha dotado de poderes casi ilimitados con un estado de alarma de dudosa legalidad, o ha consagrado en el BOE la persecución a los medios de comunicación libres e independientes, sino que también ha lanzado un torpedo a la línea de flotación de la ya maltrecha educación en España.

Esta misma semana, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sacado adelante, con el apoyo de PSOE, Podemos y ERC, la enmienda que elimina al español como lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado.

Otra medida que cercena libertades fundamentales consagradas en la Constitución, que en su artículo 3 lo deja bien claro:

"El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla"
"Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".

Pero es que, además, esta ley educativa esconde un feroz ataque a la libertad de elección de la educación por parte de los padres y a una planificación total por parte del Estado de la educación en nuestro país, siendo el Estado y no los ciudadanos los que decidan a qué escuela tiene que ir nuestros hijos. El punto conflictivo está en el artículo 109, que señala a las administraciones como responsables de regular la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados para, dice el texto, "garantizar el derecho a la educación". En realidad, lo que hace es darle plenos poderes a las diferentes consejerías de educación para decidir a qué escuela deben ir los niños, sin tener en cuenta la demanda en centros privados concertados. Dicho de otro modo, aunque alguien quiera llevar a su hijo a un centro privado concertado, su admisión o no ya no dependerá de que sea aceptado por el centro, sino de que a la Consejería de Educación de turno le parezca bien. La norma primará a las escuelas públicas, por lo que condenará a muchos centros privados concertados a perder el concierto y convertirse en colegios privados.

Terror fiscal
En la deriva totalitaria del Ejecutivo no podía faltar el terror. Y la vía que han encontrado ha sido la fiscal. El Gobierno ha dado un paso más, que supera las advertencias del propio Tribunal Supremo al Fisco sobre su arbitrariedad en la aplicación de la norma fiscal y la indefensión e inseguridad jurídica en la que mantienen a los contribuyentes.

Ahora, Hacienda quiere consagrar la inseguridad jurídica que mantiene en el cobro de impuestos a ciudadanos y empresas, sumando la persecución a los contribuyentes en sus propios domicilios.

Esta misma semana el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, informó de que están preparando la normativa necesaria para permitir que el Fisco pueda entrar en las casas de los contribuyentes y en las sedes de las empresas sin previo aviso.

Control de jueces, policías, espías y fiscales
A todo esto hay que añadir escándalos que ya arrastramos desde antes de que impactara la pandemia, como colocar en la Fiscalía General del Estado a la que había sido hasta ese momento ministra de Justicia; el descarado intento de controlar los jueces con la renovación del CGPJ, y el cambio normativo para poder aprobar dicha renovación sin mayoría cualificada en el Congreso; la cacicada de Marlaska en la Guardia Civil contra el general Pérez de los Cobos; la normativa de Hacienda para premiar la delación entre los contribuyentes; el establecimiento del delito de conciencia a través del revisionismo histórico de una Ley de Memoria; la peligrosa presencia de Pablo Iglesias en el CNI, y la progresiva transformación del tejido productivo español en una red subsidiada, con la ministra de Trabajo presumiendo de haber llegado en el pico del la pandemia a los 6 millones de subsidios por desempleo.

Todo lo expuesto anteriormente configura un régimen de retroceso en la conquista de libertades que cada día se parece más al proceso iniciado por Chavez y rematado por Maduro que nuestro vicepresidente Iglesias contribuyó a afianzar en Venezuela. Puede parecer exagerado establecer un paralelismo con el país iberoamericano, pero tampoco allí pensaron que fuera posible acabar en dictadura. Lo que es innegable es que el Ejecutivo español se ha lanzado sin disimulo y con la única oposición frontal de Vox a cercenar derechos y libertades y establecer los sistemas de control necesarios para mantener los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y mediático en el gabinete de Moncloa. Sólo falta que los españoles se conviertan en una masa crítica adormecida y dependiente del subsidio estatal. Vamos camino de ello.

Edad del Odio
Pedro de Tena Libertad Digital 9 Noviembre 2020

Parece que estamos instalados ya en una nueva Edad del Odio. Lo ocurrido en EEUU es un síntoma. Lo que ocurre en España es otro.

No parece casual que Fernando del Rey, último Premio Nacional de Historia, abra su libro Retaguardia roja con una mención a la Edad del Odio que el influyente historiador de Harvard, Oxford y Stanford Niall Ferguson sitúa entre 1904 y 1953. O sea, que pudiera deducirse que nuestra guerra incivil (1936-39) queda enmarcada en tal período histórico como si hubiera sido circunstancia del destino. Pero no, no es así, como el libro ahora premiado desmenuza luego. Son muchos los elementos que conducen al estallido del odio.

Del Rey sitúa a las matanzas perpetradas en la zona republicana como consecuencia del golpe del 18 de julio, de la guerra que causó y de la revolución a que dio paso. Es la ya consabida tesis de que todo el odio desatado tuvo un único origen, la sublevación franquista, como si nadie, ni ideas ni partidos ni personas, hubiera cultivado el rencor y la malquerencia en los años y décadas anteriores. Como el mismo autor destaca con su mirada provincial detallada, desde 1931 tuvieron lugar muchos hechos terribles que avivaron ese odio. No es difícil rastrear otros más desde mucho antes.

Cuando Einstein pidió a Freud en 1931 que participara en una asociación de notables para combatir la guerra, el psicoanalista se mostró escéptico aludiendo a la existencia de una tendencia tanática en el ser humano a destruir y matar, como existe otra, la erótica, que conduce a conservar y unificar. Se lo dijo con estas palabras: “No hay posibilidad alguna de que logremos suprimir las tendencias agresivas de la humanidad”. Mejor aceptarlas. Poco científico, cierto. Pero ¿no sería mejor prepararse para la guerra que protestar contra ella?

Creo que el origen de la agresividad contra un sistema de convivencia y tolerancia como el que recoge la Constitución está en la pretensión totalitaria de ocupar todo el poder del Estado para ocupar después todo el espacio civil. Desde 1978, el nacionalismo totalitario, por las armas o por sus sucesivas imposiciones desde la legalidad, ha tratado de desbaratar el primer intento profundo de convivencia de la historia de España. Desde 1982, el socialismo español mostró con creces que su idea de la democracia era ocuparla, no ocuparse de su cuidado y exquisito mantenimiento. En Andalucía, Castilla- Mancha y Extremadura llegaron a consolidarse minirregímenes parecidos a los desarrollados en Cataluña y País Vasco. La llegada del comunismo bolivariano ha contaminado a un socialismo español que podría haber desembocado en una socialdemocracia realmente demócrata.

La educación, la justicia, la administración y otros elementos no se trataron nunca como piezas vertebrales de la convivencia democrática sino como territorios a penetrar y dominar para impedir la alternancia que la democracia exige. La misma confrontación política fue alimentada por el odio al adversario antes que por su consideración de elemento enriquecedor de la vida común. Recuérdese el episodio del dóberman.

Parece que estamos instalados ya en una nueva Edad del Odio. Lo ocurrido en EEUU es un síntoma. Lo que ocurre en España es otro. También hay señales en muchos otros países. Pasito a paso, granito a grano, poco a poco se está arrinconando entre nosotros a los defensores de la transición reconciliadora y de la mejor democracia que hemos conocido. Justicia, educación, libertades, lengua común, unidad nacional, medios de comunicación, redes sociales… todos ellos elementos vertebradores, sufren el acoso de los antidemócratas favorecidos por un estado de alarma que apuntala su impunidad.

Como enuncia la que llaman ley dialéctica (marxista) de la transformación de la cantidad en calidad, pequeños cambios cuantitativos desembocan en un cambio cualitativo. Cuando el odio sembrado de forma sistemática estalle, acordémonos no sólo de la tempestad, sino de qué ideologías, qué partidos y qué personas sembraron los vientos que condujeron a ella.

Protestar está muy bien. Pero ¿no será mejor prepararnos para la defensa férrea de nuestra democracia?

Los tigres comen carne
Rosa Díez okdiario 9 Noviembre 2020

De buena mañana me llama un amigo de esos “de izquierdas de toda la vida” y me suelta así, sin preámbulos: “Oye… estoy asustado con estos…”. Le pregunto si ha pasado algo nuevo… Me dice que no, pero que “es que no paran…”.

Criatura… Pues claro; no pararán mientras tengan en su mano el BOE; mientras sigan controlando la prensa amiga (la pública y la concertada, que es prácticamente toda); no pararán mientras sigan sumando cómplices parlamentarios que les ayuden a hacer o a blanquear sus fechorías y mientras la oposición democrática esté desconcertada; no pararán mientras los ciudadanos no podamos salir a la calle a manifestarnos como dios manda; no pararán mientras millones de españoles tengan como prioridad poner un plato con comida en la mesa… Sánchez no parará mientras no le paremos, no cejará en su empeño de subvertir el orden constitucional actuando como un dictadorzuelo disfrazado de demócrata.

Los tigres comen carne; sólo comen hierba para purgarse, está en su naturaleza. Sánchez, el gran impostor, solo respeta las reglas democráticas cuando no le queda otro remedio; está en su naturaleza.

Definición de la RAE de Impostor/ra:

Que atribuye falsamente a alguien algo.
Que finge o engaña con apariencia de verdad.
Suplantador, persona que se hace pasar por quien no es.

Como ven, la definición del término se ajusta como un guante al comportamiento de Sánchez, de la misma manera que los rasgos de su personalidad están resumidos en lo que en psicología se denomina la Triada Oscura, un perfil que se determina por la combinación de tres factores: la psicopatía, entendida como una empatía muy limitada, propia de personas que no tienen remordimientos y para las que la moral y las normas éticas les son indiferentes; el maquiavelismo, que se caracteriza por tener actitudes cínicas y adoptar estrategias cuyo único fin es beneficiar sus propios intereses; y el narcisismo, que define al vanidoso, a quien fantasea con un poder ilimitado y cree merecer un estatus superior.

Esto es Pedro Sánchez, un tipo que miente tanto que ha perdido el sentido de lo que es la verdad. ¿Nos extraña que un tipo así quiera “perseguir” las noticias “falsas”? No, su comportamiento es muy coherente con su personalidad y con sus antecedentes; él hace lo propio de los impostores, atribuir falsamente a alguien algo. Fíjense si es coherente que la orden con la que imponen la censura es un fake en sí misma, pues afirma falsamente que se ampara en una norma europea.

Podríamos ir poniendo ejemplos de cómo se adecuan a esas dos definiciones que adornan a Sánchez (impostura y Triada Oscura) las decisiones que ha ido tomando desde que llegó a la Moncloa. Pero no nos distraigamos con el tipo de carne que come el tigre, vayamos a lo sustancial: el tigre come carne. Por eso y volviendo a lo nuestro, lo que debiera asustarnos de verdad es tomar conciencia de que lo verdaderamente peligroso de Sánchez no es lo que hace sino quién es, lo que es; y, a partir de ahí, la capacidad de hacer daño que tiene un tipo como él desde la Presidencia del Gobierno de España.

¿Qué podía salir bien desde el momento en el que Sánchez, para conseguir el poder, decidió pactar con los delincuentes condenados por dar un golpe contra la democracia, con los defensores de las dictaduras del pasado y del presente -calificados por los organismos democráticos europeos e internacionales como autores de crímenes de lesa humanidad- y con los orgullosos herederos de ETA?

¿Acaso se puede esperar algo bueno de quien elige a esa gentuza como compañeros de viaje? ¿Acaso nos puede extrañar que quien compadrea con los representantes de la banda que asesinó a 857 españoles -por ser españoles y ejercer como tal- quiera eliminar el castellano como lengua vehicular del Estado? ¿Acaso puede sorprendernos que quien gobierna con los que consideran bestias a los españoles pretenda excluir de la escuela la lengua común? ¿Acaso nos puede extrañar que quien pacta todas las leyes con el partido que promueve la quema de fotografías del Jefe del Estado quiera eliminar el derecho de los españoles a estudiar y comunicarse en la lengua común, la lengua del Estado? ¿Acaso nos puede sorprender que quien compadrea con los que quieren destruir la unidad de la Nación se apreste a destruir el vinculo que supone la lengua común?

¿Acaso nos puede extrañar que quiera acabar con la separación de poderes un tipo que compadrea con los golpistas que han prometido repetir el golpe?¿Acaso puede extrañarnos que Sánchez, que está vulnerando y/o suspendiendo la Constitución de forma continua, quiera acabar con la justicia independiente para asegurarse que en el futuro no haya un tribunal independiente que pueda juzgarle a él y a sus amigos por las nuevas fechorías que puedan cometer?

¿Acaso es de extrañar que quien se negó a tomar decisiones durante meses para prevenir la extensión de la pandemia, quien miente sobre el número de muertos, ponga a la Fiscalía a trabajar para evitar que le juzguen por sus presuntos delitos?

¿Acaso nos puede extrañar que quien ha hecho de la mentira su religión: (“las mascarillas son contraproducentes”, “las mascarillas son obligatorias”; “salgan a la calle, relaciónense, disfruten…, ya hemos vencido al virus”, “la situación es muy delicada, hay que quedarse en casa, sólo con un nuevo estado de alarma (ahora por seis meses) podremos enfrentarnos al virus …”; “ todas las decisiones las tomamos según las recomendaciones del comité de expertos”, «nunca ha existido un comité de expertos…» , quiera impedir por todos los medios que los periodistas y los ciudadanos libres –que aún quedan- contemos la verdad?

Los tigres comen carne; si nos descuidamos y permitimos que un tigre ande suelto por un lugar en la que hay personas indefensas, el tigre hará lo que le manda su naturaleza y comerá lo que encuentre para saciar su apetito. Si nos descuidamos y permitimos que se instale en el gobierno de un país un tipo sin escrúpulos, con una ambición sin límites, que sólo se mueve por interés y únicamente busca su beneficio personal, que se cree superior a los demás, que cree merecer un poder sin límites, que puedan condicionar sus decisiones, que considera que todo vale para conseguir sus objetivos… el resultado será letal para ese país. Porque el tipo, como el tigre, saciará todos sus instintos y no tendrá ningún tipo de remordimiento; está en su naturaleza.

Es lo que hay. Ahora bien, que digo yo que no estamos condenados a dejar que el tigre siga vagando libremente, ¿no? Pues eso: que tampoco estamos condenados a dejar que este individuo llamado Pedro Sánchez, en unión y comandita con todos sus cómplices –los permanentes y los temporales- nos roben los derechos y se carguen al país. O sea, que ya estamos tardando.

¡Más madera!
Enrique García-Máiquez. https://www.gaceta.es/ 9 Noviembre 2020

Me sorprendió mucho que los nacionalistas exigieran, a cambio de su apoyo a los presupuestos de Sánchez, una ley que certifique que el español dejará de ser vehicular en la educación. ¡Pero si no lo era ya en la práctica! ¿No ven que en el campo de los hechos consumados no van a ganar nada de nada? Y que, en cambio, al poner negro sobre blanco lo que hacen con los niños catalanes que tienen el castellano como lengua materna, están escandalizando a los despistados, dando pie a un probable pasmo internacional e incitando a la oposición a conjurarse para revocar esa ley, que, además, el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional en cuanto se sacuda su sopor. Vivimos tiempos intrigantes o, si prefieren recordar la maldición china que desea al enemigo vivir en tiempos interesantes, vivimos, ay, en tiempos tremendamente interesantes.

La única explicación de esa exigencia (que Sánchez se apresuró a satisfacer) era que el nacionalismo le pedía al presidente del Gobierno de España la libra de carne igual que el Shylock shakesperiano: para humillarlo, y más aún a Arrimadas. Sin embargo, pasa algo muy similar con la lucha del PSOE contra la educación concertada, que me hace sospechar de que estemos ante un patrón de comportamiento. ¿No tenían ya bien agarrada a la concertada, sobre todo en su autonomía educativa? Y el ataque de la ministra Celaá a la educación diferenciada, ¿a qué obedece? Los colegios con diferenciada son unos pocos casos aislados, sin apenas peso estadístico, y en claro retroceso, además. ¿Por qué no dejar que el tiempo corrosivo hiciese su trabajo, como venía haciéndolo, con la complicidad de tantos?

¿Y qué pasa, ojo, con la ley que prepara Hacienda para poder entrar sin autorización judicial en nuestras casas? ¿Hacienda no tenía ya bula y los medios informáticos más poderosos del Estado para estrechar el cerco al contribuyente? ¿Era necesaria esta vuelta de tuerca que colisiona tan directamente con la idea que tenemos de un Estado de Derecho?

Se ve más claro, si cabe, con la creación del «ministerio de la verdad» que se han montado en La Moncloa para censurar los medios y las redes. Es una iniciativa que mostrará a las claras las intenciones que se traen y escandalizará incluso a los más centristas. Por ejemplo, los ingenuos de la Unión Europea vuelven a estar con la mosca detrás de la oreja. Además, cualquier persona con dos dedos de frente se sentirá interpelado por la sospecha expuesta por el filósofo brasileño Olavo de Carvalho: «Ante estas pizpiretas campañas contra las “fake news“, una pregunta inevitable: ¿por qué los “propagadores de mentiras abyectas” defienden un debate franco y libre, mientras que los de “la pura y santa verdad” prefieren la censura de noticias, de testimonios y de documentos? ¿Eso no resulta muy rarito?»

¿Por qué Sánchez e Iglesias corren tantos riesgos si hasta ahora había una censura soft muy eficaz? El defensor de según qué ideas o posiciones era automáticamente tildado de impresentable, ridiculizado, sacado del debate público y tachado de las listas de invitados y de las de premios. ¿No le hacían el trabajo sucio de maravilla los mandamases de las redes sociales, el pensamiento dominante de los grandes medios, los que manejan el cotarro cultural y universitario y el famoseo?

Por lo visto no era suficiente. La explicación más elemental es que el poder, por su propia naturaleza ansiosa, es expansivo. ¿Tanto, que no le importa transparentar —si se suman una a una todas estas iniciativas, más los intentos de controlar a los jueces y el cerrojazo al Parlamento— la imagen de un sombrío y creciente perfil totalitario?

Hay sin duda algo más: en la sociedad aguanta un núcleo duro que se les resiste ahora y siempre a la invasión ideológica y moral como los del poblado de Astérix. Su poción mágica es la verdad. Inasequibles a la censura soft, capaces de encontrar resquicios para dar con sus lectores, empeñados (en los dos sentidos) en la educación libre de sus hijos, defensores de su propiedad y de su libertad, amantes de España en todos los territorios de la nación, etc.

Que el Gobierno, para neutralizar a ese puñado de personas, esté arrostrando con tanto descaro el riesgo de mostrar al mundo su cara más totalitaria debe darnos una enorme sensación de importancia. Cuando tengamos la tentación de sentirnos derrotados e insignificantes, pensemos en la de molestias que se toman y en los riesgos que corren para bloquear un tuit o un artículo, para evitar que una familia exija su derecho a la educación en español en un pueblo de Cataluña (o de Galicia o de Baleares) o para que unos padres no escojan el colegio de sus hijos. Además del virus chino, tenemos encima la maldición china de los tiempos interesantes. Más interesantes, si cabe, desde el mismo momento en que el Gobierno, con sus extravagantes sobreactuaciones, nos recuerda que podemos poderle.

La pandemia con democracia
Editorial ABC 9 Noviembre 2020

La evolución de la pandemia de la Covid-19 en España está demostrando que el Gobierno somete sus reacciones a criterios políticos. Sus decisiones sobre medidas sanitarias, restricciones de movimientos, competencias autonómicas, imposición y prórroga del estado de alarma y, en general, mensajes a los ciudadanos generan más problemas que soluciones. El caso de la Comunidad de Madrid es paradigmático. Después de concentrar en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, toda la crítica política y técnica imaginable, el Gobierno se ha visto desautorizado por la eficacia de las medidas tomadas por el Ejecutivo madrileño. El estado de alarma hecho a la medida contra Díaz Ayuso y del puente de El Pilar, además de constituir una anomalía constitucional y una represalia por el revés judicial que sufrió el ministro de Sanidad, no ha aportado nada a la reducción de las cifras de la pandemia en Madrid. Los confinamientos por áreas básicas de salud se han revelado más útiles para mitigar la difusión del virus que los cierres del territorio autonómico. Esto no quiere decir que la situación en Madrid sea buena. Es mejor que hace unas semanas y mejor que en la mayoría del resto de las comunidades, pero sigue siendo muy grave.

En todo caso, el Gobierno ha vuelto a engancharse a Madrid, esta vez para eludir el debate sobre el confinamiento domiciliario que le han planteado varios gobiernos autonómicos. Ahora, la buena marcha de los datos en Madrid y, en menor medida, en Cataluña, permite a Sánchez mantenerse refugiado en la delegación de competencias a las comunidades prevista para el actual estado de alarma. Sin embargo, el decreto vigente prevé restricciones de movilidad, pero no confinamientos de los ciudadanos en sus domicilios. Es esta una medida extrema, con una carga económica evidente, pero también psicológica, porque no todos los ciudadanos pueden confinarse en condiciones adecuadas. El recuerdo del confinamiento general de marzo aún duele.

El Gobierno debería asumir este debate y darle una solución jurídica y política. El actual estado de alarma es un fraude constitucional, porque se halla en una prórroga de seis de meses desde hoy mismo. Si hubiera que confinar en domicilios, o el Gobierno aprueba un nuevo decreto de estado de alarma, derogando el actual, o lleva al Congreso una propuesta de modificación del vigente. La primera opción supondría la imposición de un confinamiento domiciliario sin control parlamentario hasta que se debatiera su prórroga. La segunda opción obligaría al Gobierno a pedir del Congreso la aprobación de las nuevas medidas. Es hora de exigir un verdadero control parlamentario y constitucional sobre las restricciones a las libertades individuales. Obligar a los ciudadanos a estar recluidos en sus casas es una medida excepcional en un Estado de Derecho y democrático. La dramática novedad de la pandemia en marzo pasado hizo que la sociedad mirara a otro lado ante medidas de limitación de derechos de constitucionalidad más que dudosas. En esta segunda oleada del virus, no se puede reaccionar igual. Por eso, es preocupante comprobar que el TC está llegando tarde a su cita con los derechos de los españoles a saber cuáles son los límites del estado de alarma y de los poderes del Gobierno.

El Parlamento y el TC no pueden ser partícipes de esta acumulación de decisiones políticas sobre las que se ha construido un sistema de imposiciones al ciudadano, sin una certeza clara sobre su constitucionalidad. A la falta de liderazgo, que correspondería al Gobierno, no debe sumarse la desactivación de los mecanismos de control constitucional al poder político. Este es el riesgo actual de España, el de una pandemia sin democracia.

La gran decepción
Marcel Gascón Barberá Libertad Digital 9 Noviembre 2020

El miércoles por la mañana, poco después de las nueve, me despertó una llamada de teléfono. Era mi amigo Constantino Navarro. Estaba eufórico y quería darme las novedades. Estábamos ganando. Trump se había llevado Florida. Ganaba con holgura en otros estados clave y muy mal le habían de ir las cosas para perder la reelección ante Biden. Han pasado varios días desde entonces, y a Trump le han ido las cosas tan mal como le podían ir.

Aunque cuando terminaba de escribir este artículo aún no se conocían los resultados finales, está bastante claro que el nuevo presidente será Joe Biden. Si la Justicia no lo remedia, invalidando estos resultados por las irregularidades que denuncia Trump, el magnate de Queens habrá de abandonar pronto la Casa Blanca, para solaz de sus poderosos enemigos en América y sus émulos en Europa y el mundo.

Para mí, personalmente, será una gran decepción. Estos cuatro años de Trump se han caracterizado por una exuberancia económica claramente atribuible a sus políticas de desregulación, justicia en la guerra arancelaria y apoyo desacomplejado a quienes trabajan, construyen y crean riqueza. Una exuberancia económica, por cierto, que ha resistido admirablemente hasta al tsunami del coronavirus.

Un país más próspero es, innegablemente, un país más libre y un lugar mejor en el que vivir para todos sus habitantes. Trump deja una América más próspera, que va camino de volver a los mínimos históricos de desempleo que registró el año pasado. Estos datos no han podido negarlos ni los medios que ahora, después de cuatro años de campaña contra el presidente, celebran ahora la victoria de Biden.

¿Y en quién tienen más impacto estos datos? En la gente que más difícil tenía encontrar trabajo. Los blancos pobres, sí, pero también los negros e hispanos de zonas marginales que esa prensa presenta como los grandes damnificados de la presidencia del racista Trump.

Además de los logros económicos (es decir, sociales), Trump nos deja un mundo mucho más ordenado que el que recibió en 2016 de su fotogénico predecesor Obama. Ya casi no nos acordamos del ISIS, y Corea del Norte parece más lejos que nunca de jugar a detonar bombas. Gracias a la capacidad negociadora del presidente, una parte importante del mundo árabe ha renunciado al señalamiento exclusivo de Israel como causante de todos los males del mundo (es decir, al antisemitismo como política de Estado) para sellar acuerdos hasta ahora impensables con el Gobierno de Netanyahu.

Y no nos olvidemos de China. Trump ha contribuido como nadie a abrir los ojos al mundo sobre la voracidad y las malas artes de la dictadura comunista china, aunque Bruselas necesitara una pandemia para empezar a darse cuenta.

Pero, más allá de estos éxitos concretos, gente como yo queremos a Trump por la rebelión que, él solo y con el ejemplo, representa en lo espiritual y lo filosófico. La rebelión contra la resignación de un mundo libre aburrido y en declive que suponen esos vídeos electrizantes, llenos del optimismo y la confianza que nos permitieron llegar hasta aquí y nuestros políticos han cambiado por una blandenguería estéril, gris, infantil, penitente y quejosa.

La rebelión que son su humor insolente y autoparódico y su puesta en escena en los mítines. La rebelión, también, y esto es muy importante, que hay en su reconocimiento de coches, trenes, fábricas, aviones, barcos, obreros, misiles y camiones como instrumentos necesarios de un progreso y un bienestar que no durarían ni un día si se dejaran en manos de los estetas y los teóricos que desprecian el trabajo físico y la técnica.

Y la rebelión que son discursos como el de este mes de julio en el Monte Rushmore. Allí Trump definió, como nadie lo ha hecho desde el poder, las cuestiones fundamentales de una época. Y defender, frente a las verdaderas fuerzas del odio y la reacción, la libertad, el arrojo y la justicia por encima de credos y razas que han hecho de los Estados Unidos la envidia y el ejemplo del mundo.

Trump ha perdido y sus denuncias de fraude se quedarán en pataleta si no es capaz de sustanciar las irregularidades mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora. Independientemente de que lo haga, de que logre también convencer a los jueces y de que los jueces se atrevan a certificar tamaño fracaso del sistema si se cumplen las otras dos condiciones, le estaré agradecido a Donald Trump.

Por qué detesto a Biden
Miguel Ángel Belloso okdiario 9 Noviembre 2020

Muchos creen que, con la derrota por la mínima de Trump, si así se confirma, se acaba una pesadilla. Mi opinión es que se refuerza otra insoportable: el dominio en el primer país del mundo de la dictadura progresista y la hegemonía de lo políticamente correcto, movimientos que han combatido con todas las malas artes al republicano, conculcando, por decirlo así, en el caso de instituciones emblemáticas, el ‘juramento hipocrático’, que es el de cumplir con el deber, ser neutrales y no faltar a la verdad. Todos los grandes medios periodísticos y las cadenas más importantes de televisión americanas lo han hecho. Hasta el punto de suspender la comparecencia de Donald Trump denunciando el sabotaje que eventualmente se habría producido en estados clave en los que repentinamente ganaba y luego parece que ha perdido.

Domingo Soriano ha escrito en Twitter que instituciones que considerábamos neutrales, porque se suponía que ayudaban a conformar una opinión, se han dedicado a la lucha partidista. El mundo de la Universidad, de la prensa, de la cultura han trabajado de forma denodada no ya para avanzar en una agenda ideológica sino para lograr un fin político: que escojas a sus candidatos pase lo que pase. La protección de la mayoría de los periodistas hacia Biden ha sido exagerada e indecente. Pero no crean que esta clase de manejos al margen de cualquier código deontológico les han creado problemas de conciencia. Se sienten impunes y están limpiando la profesión para sentirse más impunes.

Creen que hacen el bien y que su misión superior -que es educar al público que consideran que es muy inferior a ellos- es más relevante que los principios a los que en un momento se adhirieron, y no les importa mucho su reputación mientras piensen que están ganando. El drama es que estas instituciones -y me refiero a la prensa libre- son clave en una sociedad democrática. Que pierdan la confianza de la opinión pública causa un daño irreparable. Esta gentuza de los medios americanos, en otros tiempos al margen de cualquier clase de sospecha, hacen encuestas fraudulentas al estilo del señor Tezanos en España, que lisa y llanamente son campañas electorales que tratan de dirigir el voto con el dato que publican.

Si hubiera habido fraude electoral contra Trump, y hay evidencias de muchas irregularidades en algunos estados que tendrán que ser dirimidas por los tribunales, al 90% de los periodistas y de los medios les parecería bien. Su soberbia en el análisis, su desprecio acompañado del insulto por el adversario, no se ha producido jamás en la historia de América. Y esto no lo ha producido Trump. Parece ir en los genes de los izquierdistas y progresistas del planeta.

Pero a diferencia de lo que pronosticaba la mayoría de los periodistas perturbados de Estados Unidos –al igual que los españoles- la famosa ola azul, en referencia el color de los demócratas, no se ha producido. Trump ha obtenido tres millones de votos más que cuatro años antes. El ‘trumpismo’ continuará gracias a Dios. Hay que remontarse al siglo XIX para ver que un presidente americano gane una elección sin obtener la mayoría en las dos cámaras. En este caso, conviene aclarar que no sólo Biden ha visto reducida su mayoría en la Cámara de Representantes, sino que tendrá el Senado fuera de control. Y esto es una garantía de que, afortunadamente, tendrá las manos atadas desde el principio.

¿Y qué es lo que quiere hacer Biden? ¿Cuáles son las razones por las que lo detesto? Hay una de orden natural. Biden es un patricio presuntamente moderado rodeado de unas locas izquierdistas que debería estar ingresado en una residencia de ancianos como mis padres porque no aguanta un asalto, se expresa con dificultades evidentes y tiene la cabeza atormentada por la senectud. Trump es una persona sobrenatural que ha logrado superar el Covid en cuatro días y que se alimenta de hamburguesas, de pizzas y de coca colas. Cualquiera podría pensar que los bogavantes de Boston que acostumbra a tomar Biden proporcionan más energía y sentido común, pero los hechos demuestran lo contrario, para disgusto de los dietistas, de los ecologistas y de los preclaros investigadores del coronavirus.

Estoy hablando sin embargo de menudencias. Detesto a Biden por sus planes fiscales. Porque quiere subir los impuestos a los presuntamente más ricos, que son los que alimentan la prosperidad del país, porque quiere castigar a las empresas, que son el nervio de la nación, y porque quiere minar las ganancias del capital, que son la muestra más evidente de la eficacia de la inversión. En lo que respecta al medio ambiente, baste decir que Biden puso al frente del programa ecológico a Alexandra Ocasio-Cortez, una joven socialista radical que propugna acabar con la industria petrolera, regular drásticamente las emisiones en Estados Unidos y reincorporar al país al Acuerdo de París que con tanto acierto rechazó Trump.

En realidad, responder a la pregunta de por qué detesto a Biden es muy sencillo. Porque su victoria alegrará a China, a Rusia, a Irán, a Corea del Norte, a los antisemitas y a todos los enemigos de la civilización occidental que a partir de ahora podrán campar a sus anchas con un poder blando que no quiere líos en política internacional. Con esto estaría casi todo dicho, pero las cosas son un poco más complejas. Más grave todavía es que Biden y sus secuaces son los campeones del relativismo moral. El relativismo moral significa que todo el sistema de valores que hasta ahora ha impregnado la cultura occidental está en revisión y merece ser impugnado.

Que la razón y la ciencia han dejado de ser los puntos de referencia. Que el género es un acto de voluntad acompañado de los derechos correspondientes, que el aborto es libre, que nada de lo que la humanidad ha considerado hasta ahora como valores que preservar y proteger, entre otros asuntos la familia tradicional, está a resguardo. Y que, por supuesto, la historia que todos hemos estudiado hasta la fecha ha de reinventarse, previa quema de las estatuas de Colón o de Fray Junípero Serra, porque hay que hacer cualquier cosa para acomodarse al pensamiento contemporáneo, que es líquido, banal, repugnante.

La guerra cultural, que tiene una importancia muy superior a todas las vividas hasta la fecha, está en marcha, y la izquierda planetaria -en América de la mano de Biden- está completamente determinada a librarla, ahora empoderada y con más ventaja si Trump es desalojado del poder. Ahora con más fuerza si el republicano hortera y grosero, pero en el fondo genuino, es definitivamente derrotado. El pensamiento débil, liviano, líquido, todas las mierdas progresistas y de izquierdas ganarán un peso enorme frente a los sagrados valores defendidos por Trump con su manera tan desvergonzada como eficaz.

Trump perderá, pero lo suyo ha sido una epopeya. Habrá sido derrotado por la mínima, solo contra todos los elementos, a pesar del impacto venenoso del Covid, que auguraba un fracaso mayor. Pero lo más interesante es que la victoria de Biden es pírrica, por la sencilla razón de que las encuestas que pronosticaban su ascenso imparable y apoteósico han fallado una vez más. Esto demuestra de nuevo que el Partido Demócrata está muy lejos de representar al pueblo norteamericano, tan apegado a los valores tradicionales y desconfiado de los patricios de la coste Este, de las élites, de Wall Street, y de los grandes conglomerados industriales y tecnológicos a los que tanto ha defendido Trump pero finalmente desagradecidos, porque son y se sientes progres y no soportan a un grosero devorando hamburguesas en Washington, aunque sea un grosero sobrenatural dotado de enormes intuiciones políticas que ha cosechado el mejor registro conocido en política económica.

Biden habrá ganado, pero no tiene un mandato, no ha sabido interpretar el espíritu genuino del pueblo americano, se lo tiene que hacer mirar y, sobre todo, no está en condiciones políticas ni morales de imponer una agenda que rechaza la mitad del país: ni de aumentar el gasto público ni de subir drásticamente los impuestos ni de romper los lazos afectivos que han hecho de Estados Unidos la patria de la libertad y la nación más grande, próspera y ejemplar del planeta.

Fraude por el bien del mundo
Hermann Tertsch https://gaceta.es 9 Noviembre 2020

Me van a perdonar, pero sí, soy de los que creen que le han robado las elecciones a Donald Trump.

Creo sinceramente que desde hace mucho tiempo se había tomado la decisión de que no se podía dejar al buen albur, es decir, al electorado, el resultado de 2020 por miedo a que Trump, pese al mucho humo y ruido generado, repitiera la victoria de 2016.

Creo que cuando Florida y Texas cayeron en manos del presidente quedó claro que no habría un tsunami azul. Se disparaba el peligro de que los estados del norte, del Rust Belt, inclinaran otra vez la balanza a favor del odiado personaje.

Sospecho que fue entonces cuando saltó la alarma y entró en funcionamiento un plan preparado ya meses cuando no años antes. Y que son la causa de los masivos llamamientos al voto por correo cuyo aumento cubriría bien, con su absurda y siempre distinta regulación, las alegrías operativas preparadas en los puntos de recuento en estos estados frágiles. Las leyes electorales tienen todas el denominador común de invitar literalmente al fraude.

Obviamente no tengo ninguna prueba y si Donald Trump y su equipo legal no las tienen y no las consiguen, no servirá de nada que él y 40, 50 o 70 millones de norteamericanos compartan mi opinión. Entonces será presidente Joe Biden, un manso, corrupto y rijoso personaje que ha flotado confortablemente durante casi medio siglo en “la pomada política” de Washington, incluida la vicepresidencia con el gran falsario Barack Obama, que participó desde el primer momento en la conspiración permanente del equipo de Obama y Clinton para acabar con Donald Trump.

Las conjuras para acabar con el mal sueño que era la presidencia de Trump para “el establishment” habían comenzado nada más superarse la conmoción de la derrota en noviembre de 2016. Para la fecha de la toma de posesión ya planeaban acciones para acabar con el mandato aun no comenzado. Para la historia quedan todas las tramas, escándalos, leyendas y fabricaciones producidas por la administración contra el presidente al que debían lealtad y servicio.

Lo importante, más allá de la larga lista de felonías y falsedades inventadas para las diferentes y siempre fracasadas operaciones con el fin de que Donald Trump no terminara su primer mandato, es entender la diferencia esencial de este choque de trenes con las pugnas políticas del pasado en Washington, en esa capital de la primera potencia mundial, en la que se dirimía el control del sistema por distintas familias del sistema. Ha habido hijos más o menos díscolos del sistema. Y alguno pagó con la vida por intentar estafar al sistema. Pero nunca nadie ha dirigido el sistema siendo tan ajeno al mismo como Donald Trump.

Y ha sido precisamente este intruso el que ha desenmascarado la profunda transformación del sistema que ya está prácticamente conquistado por una Nueva Clase, parafraseando a Milovan Djilas en su denuncia de 1957 sobre la Nomenklatura comunista. El sistema de poder en Washington, es decir ese “lodazal” o “pantano” que Trump prometió drenar y que es el que intenta destruirle a él desde 2016, está ya en poder de las elites surgidas de las universidades neomarxistas que son ya casi todas también en EEUU.

Es la realización del sueño de Gramsci, aquel comunista italiano que marcó el camino de la penetración cultural de las sociedades capitalistas desarrolladas como la forma más eficaz y consistente de la toma de poder comunista. Es la fértil y ya triunfante siembra de aquellos profesores alemanes que desarrollaron los nuevos talleres del pensamiento comunista y que llegaron a EEUU huyendo del nazismo. Con nombres como Horckheimer, Adorno, Marcuse, Fromm o Pollock, fueron los que impusieron esa mezcla de filosofía marxista y freudiana que conquistó todos los campus. Celebrada décadas más tarde como Escuela de Frankfurt, volvió a Europa después de 1945 y también conquistó las universidades europeas.

Medio siglo después de lo que algunos creen su fracaso con el mayo francés del 1968 han llegado a su mayor éxito con la penetración total del sistema capitalista norteamericano y europeo. En EEUU son sus discípulos prácticamente todas las personalidades que desde los 70 salen de las universidades de elite. Obama fue su primer presidente, James Comey su primer jefe del FBI y Kamala Harris será su primera presidente.

Hoy, toda unidad de la administración norteamericana, como todas las grandes compañías, los grandes medios, las redes, las multinacionales tecnológicas, el mundo cultural, tienen sus cuadros dirigentes licenciados de las universidades de elite. Son marxistas aunque no se proclamen como tales y comunistas porque asumen que se ha de utilizar el poder para imponer un sistema igualitarista. Creen en un final de la historia, desprecian el hecho religioso, consideran al hombre un animal receptivo y transformable, en el que todo es producto de acción química o exterior y por tanto modificable.

Estamos ante la confirmación del éxito de ese proyecto filosófico, político y social que fracasó en sus formas más violentas bolcheviques. Pero que se va imponiendo en todo el mundo, medio siglo después del abandono de las vías revolucionarias y del comienzo de la conquista de la supremacía cultural marxista y el poder político en Occidente. Ahora ya con la violencia muy medida para las necesidades de la coacción e intimidación y de forma en general pacífica, subrepticia y paulatina, ganando para su supuesta moderación a fuerzas supuestamente defensoras de la libertad, de las naciones y de la verdad.

Solo un fenómeno tan extraordinario como Donald Trump podía sorprender a este movimiento que avanza sin fisuras y sin pausa por las escuelas, universidades, medios, publicaciones, películas, teatro. Carente de miedo y pudor y con una voluntad personal colosal, Trump puso patas arriba la cacharrería del sistema cuando se está concluyendo el traspaso de poderes de las elites tradicionales a las izquierdistas en el corazón del poder de los EEUU. Nada simboliza mejor esa transición en el sistema que el tándem Biden-Harris.

Sea presidente o no, Biden está con un pie en el asilo. Kamala, la brillante representante de esas elites marxistas, tiene ya el mando.

Lo cierto es que la gran operación canónica globalista contra el hereje Trump no ha respetado nada. Hasta el 14 de diciembre, impugnados al menos siete recuentos, Biden no es más que el elegido de los medios que han sido en todo momento la vanguardia de la agresión a los resultados de 2016. Imaginen si Trump se hubiera declarado vencedor en unas elecciones con siete estados aún en disputa. Habrían ardido todas las ciudades norteamericanas arrasadas por las masas incendiarias y saqueadoras.

Los medios, que han mentido sobre Trump durante cuatro años sin pausa, son quienes han proclamado a Biden y Harris, y el poder socialdemócrata globalista lo ha aceptado sin más con total desprecio al Derecho, a los procedimientos y al sentido común. Nadie excluya una sorpresa catastrófica para todos los precipitados.

Trump los ha sacado de quicio porque ha logrado movilizar a la nación, la identidad, la religión y la tradición, los elementos que hacen único al individuo y por ello celoso de su libertad. No contaban con ello en 2016. Pero ahora no les ha pillado ya por sorpresa y estaban preparados por si Trump lograba la gesta. Y la logró, vaya si la logró. Cuatro años con todos en contra, el presidente Trump ha mejorado significativamente no solo la vida de los norteamericanos sino del mundo. Y ha mostrado claramente dónde están las amenazas para la libertad, en China y en Washington.

Europa está en las mismas manos de los discípulos de la Escuela de Frankfurt que mandan en Bruselas. Decididos a aplastar la reacción nacional que surge en todos los países europeos. Que sienten la amenaza de esta deriva que ha vaciado las democracias, asfixia toda discrepancia e impone desde un centro formas de vida e ideología que nadie ha votado ni elegido. En EEUU está ahora el gran pulso para esas fuerzas que quieren cambiar no solo el mundo, sino al hombre mismo.

Confieso por tanto que yo estoy convencido de que estas fuerzas que quieren imponernos un mundo feliz, como siempre han querido los comunistas y el marxismo en general, han perpetrado fraudes electorales en diversos Estados. Para que no triunfara el mal que encarna Donald Trump. No lo puedo demostrar.

Tampoco puedo demostrar con pruebas que fueron esas mismas fuerzas en su versión más primitiva las que trajeron a España a su actual situación de deriva totalitaria al colocar en 2004 a la cabeza del gobierno a Rodríguez Zapatero. Y que lo hicieron por medio de unas cabezas de turco moras, muchas bombas en unos trenes, 192 muertos y dos mil heridos.

¿Quién ganará el pulso mundial entre la civilización y la utopía/distopía marxista? Eso es algo tan incierto como lo es hasta el día 14 de diciembre el pulso que van a librar quienes pretenden imponer hechos consumados y quienes quieren contar los votos, todos los legales, hasta el final.

La violencia pasiva del Partido Demócrata que hay detrás de la ‘victoria’ de Biden
Luis Anchondo. https://gaceta.es 7 Noviembre 2020

Esperaba que en la noche del 3 de noviembre se decidiera si los Estados Unidos quedaban en manos de alguien que quiere que sigan siendo una gran nación o en manos de alguien que pretende vender el país a empresas extranjeras, permitir la violencia de grupos radicales de extrema izquierda y hacer de la corrección política una religión supervisada por un comité inquisitorial eliminando toda libertad de expresión.

Pero todavía no sabemos quién ha sido el ganador, y ya han pasado más de cinco días, por la “genial” idea del Partido Demócrata de permitir las votaciones por correo fuera de plazo razonable. Votos que llegaron por este medio tan desconfiable que facilita la ilegitimidad de los conteos. Sea cual sea el caso, soy consciente de que quizá Kamala Harris gane las elecciones presidenciales. No, no es un error. La que contiende para la presidencia es Kamala.

Así que mejor de escribir sobre lo que toda la Prensa está escribiendo en estos momentos: elucubraciones sobre quién será al final el vencedor, hablaré de lo que he decidido llamar “la violencia pasiva demócrata”.

Cientos de millones de personas alrededor del mundo juzgan a Donald Trump como alguien de carácter agresivo. Confunden una actitud de determinación, de dureza y honestidad, con un actitud violenta. En una generación “políticamente correcta” donde reina la doble moral como en la que vivimos actualmente, la figura de Donald Trump resulta para muchos incómoda ya que carece de la hipocresía estadounidense. Dicho sea de paso, gente realmente allegada a él, sobre todo mujeres que trabajan en su Gabinete, cuentan que es todo un caballero… pero eso es “harina de otro costal”.

Si alguien ha tenido la culpa de proyectar una imagen hostil del presidente ha sido la Prensa en su mayoría comprada por el Partido Demócrata. Es ahí dónde empieza la violencia pasiva de dicho partido, “la violencia demócrata”. La Prensa se ha encargado de crear en los ciudadanos un odio irracional no sólo hacia el presidente sino a las personas que lo apoyan. Se lo digo por experiencia propia. No importa cómo seas de buena persona, el apoyar al presidente te convierte en presa fácil para recibir un manojo de insultos sin fundamento. Eso sí, proferidos por personas que se sienten muy educadas, modernas y liberales.

Otra manifestación de la “violencia demócrata” se da gracias a grupos que bajo el estandarte de llevar a cabo una “reforma de justicia social” no hacen sino promover la violencia en las calles como es el caso del ya célebre Black Lives Matter totalmente avalado por el Partido Demócrata. Cuando el presidente Trump se refiere a ellos cuenta algo que describe muy bien la retórica de este grupo. Según el presidente, la primera vez que se encontró con esta organización —fundada en 2013— sus integrantes gritaban (refiriéndose a la Policía): Pigs in a blanket, fry them like beacon! (Puercos en una manta, ¡fríanlos como tocino!).

No es casualidad que ciertos miembros de este grupo, muchos de ellos de izquierda radical, hayan sembrado el terror en ciudades con gobernadores demócratas quienes permiten sus crímenes, desmanes y fechorías porque desestabilizan al país y por lo tanto a la Ley y Orden que Trump ha mantenido durante su mandato. Recordemos que el presidente no puede intervenir si los gobernadores no lo permiten. Los demócratas han usado la violencia desatada en las calles para contrarrestar el noble poder de Trump. Se podría decir que esas organizaciones llevan a cabo “el trabajo sucio” que los demócratas —los que ante las cámaras se nos presentan como personas de paz, prosperidad y progreso—, no quieren hacer. Recordemos el primer debate presidencial en el que Biden se negó a pronunciar las palabras Law and Order, en español Ley y Orden, y a condenar el vandalismo que algunos miembros de estos grupos propagan en las calles.

En lugar de señalar a estas organizaciones, los demócratas han creado fondos para pagar las fianzas de los vándalos que destrozan estatuas, saquean negocios, entre otros actos delictivos, según ellos llevando a cabo un acto de “justicia social”. Algunas de las fundaciones sustentadas en parte por los demócratas que se dedican a liberar a aquellos participes de lo que la prensa se empeña en llamar “protestas pacíficas” son National Bail Fund Network, The Bail Project, Brooklyn Bail Fund, Philadelphia Bail Fund, Minnesota Freedom Fund entre muchas otras, todas ellas con millones de dólares destinados a pagar las fianzas de estos delincuentes.

Es increíble cómo la Prensa a lo largo de la historia se ha encargado de promocionar a los demócratas cómo los buenos de la película cuando ha sido el partido más racista y que más ha discriminado tanto a los hispanos como a los afroamericanos. Poca gente conoce el dato o ni se imagina que Barack Obama ha sido el presidente en toda la Historia de los Estados Unidos que más hispanos ha deportado. Sólo entre el 2009 y 2015 se deportaron a dos millones y medio de personas, algo que no va con la imagen del mandatario progre, justo y políticamente correcto que la Prensa nos muestra. Estas acciones migratorias se llevaron a cabo con la ayuda de Joe Biden, su vicepresidente, el cual en el último debate presidencial no quiso responderle a Trump quién había fabricado las jaulas en las que se tenían a los niños antes de ser deportados. Prisiones infantiles que, por supuesto, la Prensa atribuyó injustamente a Trump, como era de esperar, una vez que se hicieron públicas fotos de los centros de detención.

La violencia hacia los afroamericanos también ha sido propagada en gran medida por el Partido Demócrata. No hay que ir muy lejos, hasta 1994, para ver aquel Proyecto de Ley Judicial desarrollado por el propio Joe Biden que encarceló a miles de afroamericanos. Por el contrario, el Partido Republicano ha sido el que a lo largo de la historia más ha hecho por la gran raza negra de este país. Por recordar algunos ejemplos conocidos: Abraham Lincoln, el presidente que acabó con la esclavitud en 1863, era republicano. La Decimotercera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que pone definitivamente fin a la esclavitud fue redactada por los republicanos. La Decimocuarta Enmienda que les da a los afroamericanos la misma protección civil que tienen los blancos fue llevada a cabo por los republicanos. La Decimoquinta Enmienda que otorga a los afroamericanos el derecho a voto fue implementada por los republicanos. El primer senador afroamericano fue republicano. George Bush padre, también republicano, nominó al primer juez afroamericano de la Suprema Corte de Justicia y así podría seguir no sin dejar de mencionar la cantidad de empleos que Trump creo para nuestros hermanos negros y los fondos que dio para apoyar a las universidades afroamericanas de los Estados Unidos.

En conclusión, no sé a quién tendremos de presidente cuando este artículo vea la luz. Si tenemos a Biden/Harris será en parte responsabilidad de esa violencia “pasiva” de su partido, la que no se ve ante las cámaras. Esa “violencia demócrata” como la que se desató en las calles este año que desestabilizó al país y preparó el terreno para su victoria.

Sin embargo, si tenemos a Donald Trump de vuelta no fue solo por poner orden a este caos en las ciudades permitido por los gobernadores demócratas, sino sobre todo porque la gente no se olvida del desarrollo económico bajo su mandato. Y aquí incluyo su manejo de la pandemia: con la frente en alto y siempre protegiendo el sustantivo que define, o definía, a los Estados Unidos, la libertad. No confinando a sus ciudadanos sino dándoles las herramientas necesarias para seguir una vida normal y segura sin destruir la economía.

Sánchez, Redondo y la estrategia de la rana
El Gobierno sigue aplicando a rajatabla y sin pausa un guión que incluye hasta tres escándalos por semana. ¿Adónde vamos? A ningún lado bueno, eso seguro.
Álvaro Nieto vozpopuli.es 9 Noviembre 2020

El Gobierno de Pedro Sánchez va camino de batir todos los récords de la democracia española. El pasado 3 de febrero, cuando la coalición apenas llevaba un mes en vigor, escribimos aquí un artículo titulado "Dos escándalos por semana", poniendo de manifiesto la inusual rapidez con que el Ejecutivo se metía en todo tipo de charcos en sus primeros días de vida. Pasados ya diez meses, los escándalos no sólo no han remitido, sino que han cogido un ritmo de tres por semana.

Sánchez tiene prisa, eso es indudable. Ha pisado el acelerador con firmeza y no se detiene ante nada ni ante nadie. ¿Adónde nos lleva? Hay dos teorías para responder a esa pregunta. Los benévolos creen que los escándalos son fruto de la improvisación y de la estrategia del "partido a partido" en la que el principal asesor del presidente, Iván Redondo, es especialista. Y luego están los malévolos, que ven un plan perfectamente organizado para cambiar de régimen a medio plazo.

Que el Gobierno aproveche la legislatura para hacer cosas normalmente debería ser algo elogiable, pero hay tres factores que impiden reconocer como virtud esa hiperactividad: 1) las decisiones que se están adoptando no iban incluidas en el programa electoral con el que el PSOE se presentó a las elecciones, 2) buena parte de las medidas van dirigidas a garantizar la supervivencia de Sánchez, no a mejorar el bienestar de los ciudadanos, y 3) muy poco de lo aprobado va encaminado a resolver los dos principales problemas que ahora mismo tiene España, la pandemia del coronavirus y la crisis económica.

Prisas, según para qué
Y eso es precisamente lo más desalentador de este Gobierno: demuestra una enorme diligencia para todo aquello que le interesa, pero arrastra los pies cuando se trata del interés general. Así, le faltó tiempo para nombrar a una ministra al frente de la Fiscalía, ha puesto sobre la mesa una reforma para asaltar el Poder Judicial, le ha dado una vuelta de tuerca a la ley de la memoria histórica, se está cambiando de arriba abajo la educación forzando todos los plazos en el Parlamento (hacía años que no se veían tantas prisas para tener lista una ley en la Carrera de San Jerónimo), se acercan presos de ETA al País Vasco cada semana y se acaba de crear una 'comisión' para vigilar la "desinformación" y garantizar el "pluralismo" de los medios de comunicación.

Por el contrario, la lucha contra la pandemia no está entre sus prioridades. Aparte de haberse quitado del medio en una inaudita elusión de responsabilidades, hemos visto cómo el Ejecutivo ha sido incapaz en seis meses de modificar las leyes para buscar una alternativa legal que evitase declarar otro estado de alarma. Y el ejemplo más exasperante de su desidia está en ese supercontrato de material sanitario que anunció en agosto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que, aún hoy, sigue parado, por lo que las autonomías, hartas de esperar, se han visto obligadas a abastecerse por su cuenta, como ha contado Vozpópuli este domingo.

Hay quien achaca esto último a la incompetencia del Gobierno. Y podría ser verdad si no fuera por todo lo enumerado en el párrafo inmediatamente anterior, es decir, que el Ejecutivo cuando quiere sí se da prisa y es capaz de tomar decisiones. Por tanto, más bien se trata de una estrategia deliberada. Mientras España está distraída con el coronavirus, Sánchez aprovecha para avanzar en su propia agenda.

El síndrome de la rana hervida
Por eso cada día cobra mayor verosimilitud que el Gobierno esté aplicando la estrategia de la rana hervida, popularizada hace unos años por el escritor suizo Olivier Clerc. Esa teoría sostiene que si a una rana la metes en una cazuela con agua caliente, inmediatamente saltará fuera para tratar de salvarse. Pero, por el contrario, si el agua está fría al principio y la vas calentando muy lentamente, al final la rana morirá abrasada porque, cuando se quiera dar cuenta de que está en peligro, ya no tendrá ni siquiera fuerzas para saltar de la olla.

Con eso es con lo que podrían estar jugando en estos momentos en La Moncloa. Con tres escándalos por semana desde el principio de la legislatura, el Gobierno ha conseguido que nos acostumbremos a un vertiginoso ritmo de decisiones infumables, que cualquier cosa nos parezca normal. El último escándalo tapa y supera el anterior, el agua de la olla se va calentando, pero todo es tan progresivo que no nos damos ni cuenta de lo que está ocurriendo en realidad. Mientras los españoles están preocupados por no morir de covid y por sobrevivir a la crisis, el Gobierno aplica con determinación una serie de reformas que por sí mismas no serían tan graves pero que, acumuladas y con el paso del tiempo, pueden suponer un vuelco en la democracia española.

Con miles de muertos y millones de parados, ¿quién narices va a protestar por la erosión paulatina del Estado de Derecho? Y menos aún si el Gobierno cuida todos los detalles para tener anestesiados a amplios espectros de la sociedad: subida de salarios para los funcionarios y los pensionistas, ingreso mínimo vital para los más humildes, nuevo subsidio para los que dejen de cobrar el paro, renovación de los ERTE 'sine die'... Y que no falten tampoco ayudas para tener contentas a las televisiones (Vozpópuli ha desvelado este fin de semana que el Gobierno permitirá emitir toda la publicidad que deseen en horario de máxima audiencia).

Saltos al vacío
Algunos califican ya abiertamente a Sánchez de "dictador". Y, obviamente, eso es a día de hoy una exageración. Pero conviene no restarle importancia a cada una de sus 'ocurrencias', porque nunca se sabe dónde podemos acabar. De hecho, este presidente del Gobierno está yendo mucho más lejos que cualquiera de sus predecesores. Hasta ahora aceptábamos como algo consustancial con el poder la toma partidista de RTVE o la Fiscalía, pero ahora se están dando saltos al vacío tan inquietantes como que el Congreso de los Diputados renuncie voluntariamente a su labor de control al Gobierno durante seis meses.

Hay quien dice que los que estamos dando la voz de alarma vemos demasiados fantasmas, pero algunas de las últimas decisiones tienen un tufillo tan autoritario que hasta la Comisión Europea ha tenido que llamar la atención al Gobierno dos veces en apenas un mes: primero por la proposición de ley para controlar el Poder Judicial y luego por la creación de esa 'comisión' para vigilar los medios.

Seguramente todavía es pronto para asegurar que Sánchez y Redondo pretenden instaurar en España un régimen a la turca o a la rusa, donde hay una democracia aparente, con elecciones cada cierto tiempo que siempre gana el mismo. Pero no hay que bajar la guardia, no vaya a ser que el día menos pensado queramos saltar de la cazuela y ya sea demasiado tarde.

¿Qué quiere decir que el español es "vehicular" y qué consecuencias tendrá la Ley Celaá?
La desaparición de la consideración del español como lengua vehicular resta apoyo legal al derecho a recibir un 25% de la enseñanza en español.
Cristian Campos elespanol 9 Noviembre 2020

Las 5 falacias del Gobierno para justificar la retirada del español como lengua vehicular en España

El fin del español como lengua vehicular en la enseñanza ha provocado las críticas de PP, Ciudadanos y Vox. También de asociaciones civiles catalanas, baleares y valencianas que temen que la Ley Celaá derive en la desaparición del español en las escuelas de sus autonomías. Una parte de la comunidad educativa, de los sindicatos de la enseñanza y de las asociaciones de padres se han sumado al descontento.

El Gobierno ha defendido el acuerdo alcanzado esta semana por PSOE, Podemos y ERC con el argumento de que la Lomloe, más conocida como Ley Celaá, sólo oficializa lo que es ya una realidad en algunas comunidades. Es decir, la consideración del español como una lengua secundaria en el sistema educativo de esas autonomías.

El objetivo de PSOE, Podemos y ERC con la Lomloe ha sido blindar la inmersión lingüística, un sistema educativo inexistente en el resto de naciones europeas –con la sola excepción de las Islas Feroe– y de cuyos resultados en la práctica no existen pruebas fehacientes dado que todos los datos relativos a la competencia de los alumnos catalanes en el uso del español están filtrados por la Generalidad.

Según el Gobierno, la ley pretende que sean las comunidades autónomas las que decidan qué lengua es vehicular en su territorio, al mismo tiempo que se garantiza la enseñanza del castellano. La Lomloe no especifica, sin embargo, cómo se pretende garantizar esa enseñanza si el español pierde la consideración de lengua vehicular.

ERC, por su parte, se ha vanagloriado del acuerdo y ha presumido en sus redes sociales de haber "forzado" que el catalán sea la única lengua vehicular en Cataluña.

Lo hizo en una serie de tuits, entre ellos este de Gabriel Rufián, en el que el diputado falsea, con un relato edulcorado, la verdadera historia de cómo el pujolismo impuso la inmersión lingüística en los barrios obreros del cinturón rojo de Barcelona antes de extenderla al resto de la comunidad.

La inmersión comenzó en Sta.Coloma. Trabajadores andaluces, murcianos, gallegos, extremeños...se dejaron la piel porque sus hijas e hijos aprendieran y amaran juntos la lengua de la tierra q pisaban. Y siempre tuvieron al fascismo y al clasismo enfrente.

La ambigüedad de la fórmula utilizada por PSOE, Podemos y ERC ha provocado de inmediato dudas sobre su constitucionalidad:

Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable.

Se elimina, por tanto, la frase de la Ley Wert previa que dice que "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares".

¿Pero hasta qué punto es relevante la consideración del español como lengua vehicular? Es más. ¿Es este un concepto jurídico o meramente descriptivo?

Podemos, por boca de su portavoz parlamentario Pablo Echenique, ha defendido que la consideración del español como lengua vehicular "se lo inventa el PP en la Lomce (la Ley Wert) y lo saca adelante sin hablar con la comunidad educativa".

Pero Echenique miente primero y falsea la realidad después. En primer lugar, porque no es el PP el que habla primero de lengua vehicular, sino los tribunales españoles a raíz de la erradicación progresiva del español en el sistema educativo catalán por parte de la Generalidad.

En segundo lugar, porque tampoco la Ley Celaá ha sido debatida con la comunidad educativa, como esta ha denunciado de forma reiterada a lo largo de los últimos días.

Luego, Echenique reproduce en un segundo tuit la propaganda habitual de la Generalidad que dice que los alumnos catalanes dominan mejor el español que los de muchas otras comunidades. Una afirmación que obvia el hecho de que las pruebas PISA son diferentes en cada comunidad y que estas, que son menos exhaustivas en Cataluña que en el resto de España, se realizan en catalán y no en español.

La Generalidad, de hecho, se ha opuesto de forma reiterada a que las pruebas de evaluación general del diagnóstico, que sí podrían dar una idea aproximada de la competencia de los alumnos catalanes en español, sean iguales en todo el país.

Por otro lado, las obvias dificultades de algunos consejeros y altos cargos catalanes para expresarse en un español correcto han sido esgrimidas por partidos y asociaciones civiles constitucionalistas como prueba de la falsedad de las afirmaciones de la Generalidad.

Lenguas maternas distintas
Lo primero que hay que tener en cuenta en este debate es que el término lengua vehicular tiene poco que ver con su significado original, que es sinónimo de lengua franca. De acuerdo a ese sentido original, la lengua vehicular es la lengua común utilizada por dos interlocutores que tienen lenguas maternas distintas.

Sin embargo, el término lengua vehicular se ha utilizado en el contexto español como sinónimo de "lengua utilizada en el sistema educativo". La confusión de la Justicia acerca de cuál debería ser el modelo real del sistema educativo catalán –el de conjunción lingüística o el de inmersión– sólo ha hecho que añadir dudas al respecto.

El punto de partida legal de este debate es el artículo 3 de la Constitución, que establece de forma muy clara un tratamiento diferenciado para el español y las distintas lenguas y dialectos regionales. Dice ese artículo que el español es la lengua oficial del Estado y que los españoles tienen "el deber de conocerla y el derecho a usarla".

Luego, el artículo 3 habla de las "demás" lenguas españolas, de las que dice que serán cooficiales en sus territorios, pero de las que no se deriva un derecho a conocerlas ni a usarlas.

Como ha defendido el magistrado del TC Eugenio Díaz Eimil, "ese tratamiento diferenciado se introduce en la Constitución de manera plenamente consciente y deliberada, según acreditan los antecedentes y trabajos preparatorios del citado art. 3, en los que se discutió y rechazó la enmienda núm. 106, que proponía el reconocimiento expreso del deber de conocimiento de las lenguas oficiales distintas de la del Estado".

La realidad, sin embargo, ha caminado en España por caminos muy diferentes al determinado por la Constitución.

Centro de gravedad
El fin de la consideración del español como lengua vehicular a raíz del acuerdo entre PSOE, Podemos y ERC parece contradecir resoluciones de tres tribunales distintos: el Constitucional (TC), el Supremo (TS) y el Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La última sentencia al respecto es una del TSJC del 26 de junio de este año en la que el tribunal se limita a reiterar la doctrina del TS en este tema. Es decir, la de que, sin perjuicio de la consideración del catalán como "centro de gravedad" del sistema educativo, se debe hacer efectiva "la presencia vehicular del castellano en una proporción razonable".

Esa proporción, según la sentencia del TSJC, no debe ser "ilusoria" o "constituir un artificio de mera apariencia de la obligada utilización del castellano como lengua vehicular". En la práctica, la proporción mínima establecida por el TS es de un mínimo de un 25% de la horas lectivas impartidas en español.

Conjunción lingüística o inmersión
Otras sentencias del TSJC, y entre ellas cinco emitidas entre octubre de 2017 y febrero de 2018, hablan de un modelo de "conjunción lingüística" en el que convivan como lenguas vehiculares el español y el catalán, sin menoscabo de la consideración de este último como "centro de gravedad" del sistema educativo.

Y de ahí el derecho del alumno a recibir un mínimo de un 25% de las clases en español. Derecho que es inherente al alumno, no al centro educativo, y que no puede depender del modelo de dicho centro educativo. Dicho de otra manera. Si un solo alumno lo solicita, el centro debe asegurar ese 25% para todo su alumnado.

Pero las presiones a las que son sometidas las familias que lo solicitan obliga a estas a un largo periplo judicial para que se reconozca su derecho. En muchos casos, que han sido recogidos por la prensa, estas familias han renunciado a ejercer su derecho una vez reconocido por los tribunales o se han acabado marchando de Cataluña.

La alusión de las cinco sentencias del TSJC mencionadas a un modelo de "conjunción lingüística" ha puesto en duda la legalidad del modelo de inmersión. Pero la política de hechos consumados de la Generalidad, unido a la dificultad y el alto coste del proceso judicial al que se fuerza a las familias reclamantes, ha conducido a la consolidación de la inmersión como modelo educativo dominante.

Sentencia del Estatuto
Han sido muchas las sentencias que a lo largo de los últimos años han reiterado una y otra vez la consideración del español como lengua vehicular del sistema educativo catalán. El centro neurálgico de esa obligatoriedad es la sentencia del Estatuto de Autonomía catalán de 2006, la 31/2010, que afirma que "el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza".

El Tribunal Constitucional ha seguido su propia doctrina en reiteradas ocasiones. Es decir, la de que español y catalán han de considerarse como lenguas de igual importancia en el sistema educativo, sin que una de ellas prevalezca o se imponga sobre la otra. El diablo, como suele ocurrir, está en el detalle de qué se considera "prevalencia" o "imposición".

También el TS ha seguido esa línea en varias sentencias. Entre ellas, una de 2015 en la que insistía en ese porcentaje mínimo de un 25% de clases en español. En la práctica, las escuelas catalanas apenas imparten en español la asignatura de lengua española.

Un derecho inexistente
Pero otras sentencias han caminado, aunque sea parcialmente, en sentido contrario.

En 2018, el TC acabó anuló la disposición adicional 38 de la Ley Wert, que obligaba a las comunidades autónomas a conceder una ayuda a los padres que hubieran solicitado el 25% de las clases en español, pero que se hubieran visto obligados a buscar un centro privado ante la inexistencia de colegios públicos o concertados que respeten la ley.

Es decir, anuló la obligación de las administraciones a garantizar, financieramente, la enseñanza de un mínimo de un 25% de las clases en español. La pregunta, obvia, es qué camino le queda entonces a las familias que no encuentran un sólo colegio público o concertado en Cataluña que garantice ese 25%.

La sentencia del TC 337/1994 de 23 de diciembre dice, por su parte, que "existen suficientes apoyos en el texto constitucional para considerar que existe un derecho a la elección de la lengua vehicular de la enseñanza".

Sin embargo, niega después que ese derecho pueda ser invocado directamente por los ciudadanos si no existe antes una ley que lo habilite:

Más de ninguno de los preceptos invocados puede desprenderse inequívocamente un reconocimiento del pretendido derecho, sino que este, a lo más, puede existir como fruto de una decisión del legislador; en otras palabras, se trata de un derecho de configuración legal del que el legislador puede hacer uso o no dentro del margen de libre determinación de que dispone.

La conclusión es obvia. Dado que el Estado no ha configurado ese derecho, y la Generalidad sí, los ciudadanos no tienen derecho a exigir una educación para sus hijos en la que el español sea la lengua vehicular predominante. Sí lo tienen a exigir un 25% de las horas lectivas en español. Algo que, por otra parte, tampoco se cumple en Cataluña.

Ahora, con la Ley Celaá, la Generalidad ni siquiera deberá preocuparse por las consecuencias legales del incumplimiento de las sentencias de la Justicia española puesto que, como derecho "de configuración legal", la posibilidad de exigir un 25% de las clases en español ha sido privado de uno de sus soportes legales más claros: la condición de vehicular de ese idioma.

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El izquierdismo no da resultados
Editorial larazon 9 Noviembre 2020

Se cumple una año de las elecciones del 10-N, aquellas que, desde la República, es la primera coalición de izquierdas, decían sus precursores; ahora entendemos por qué poniendo más el acento en lo de republicana que ni siquiera en lo de izquierdas. De aquello hace ya una eternidad, como tantas cosas ha arrastrado la pandemia del coronavirus. De aquellas negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, dos enemigos declarados, dos políticos que no se fiaban el uno del otro, ha quedado un Gobierno masificado para dar cabida a las peticiones familiares –políticas y afectivas– del socio principal, inoperante, incapaz de marcar una dirección precisa de su acción política y trapicheando con partidos que se jactan de querer acabar con el orden constitucional a patadas (ERC), incluso a balazos (EH Bildu).

Llegó la pandemia y en vez de organizar un mínimo gabinete de crisis, se dedicaron a preparar una estrategia de comunicación para no verse salpicados por un inevitable descontento social. Sánchez ha desaparecido en tareas de control de los poderes del Estado e Iglesias ha elegido a la Monarquía parlamentaria como objetivo a batir, precisamente cuando el país estaba sufriendo por la crisis sanitaria y económica. Todo pasa factura. Para confirmar que este corto periplo de un año no tiene los efectos esperados para los que manejan todos los hilos del poder, los sondeos empiezan a indicar que no puede capitalizar su paso por La Moncloa. En una encuesta de NC Report que publicamos hoy, el PSOE se queda estancado en el 26,8% y Unidas Podemos apenas crece 0,8 puntos. Incompresible que esta última formación, que ha acumulado un poder que no había soñado hace unos años, no consiga la confianza de nadie más que la de sus propios votantes, ni con vicepresidencia segunda y ministerio de corte ideológico como el de Igualdad, dirigido por Irene Montero, a la sazón, segunda en la jerarquía de Podemos. Demasiado poder en tan poco espacio, ni aún disponiendo Iglesias de todo el tiempo para dejar su marca personal en el Ejecutivo, que de eso sí que sabe.

Por su parte, Sánchez sobrevive controlando el mayor número de resortes de poderes del Estado, aún forzando al país a un frentismo que puede agotar hasta a los suyos. De este escenario no se podía librar ni la oposición, así que el Partido Popular ha dedicado este año a recomponerse, definir cómo hacer frente a un Gobierno dispuesto a todo. Pablo Casado planteó en la moción de censura de Vox cómo entendía un partido de centro-derecha, es decir, abiertamente contrario al populismo de izquierdas y de derechas, lo que es pronto para saber qué efecto electoral puede tener, pero, de momento, ha sabido estabilizar su posición, encontrar un lugar, lo que no es poco. Lo fundamental es que la coalición de izquierdas es ya una deriva izquierdista y populista de libro que, de momento, no da resultados.

Cervantes, el extranjero en su patria
Carlos Mármol cronicaglobal 9 Noviembre 2020

Fernando Savater, uno de los indiscutibles sabios de este país, acostumbra a decir que una de las características del desastre español, ese fantasma que creíamos muerto y enterrado, pero que cada cierto tiempo resucita para desmentirnos, es que cada gobierno que alcanza el poder cambia, sin dudarlo un punto, la ley de educación implantada por su inmediato antecesor. Da lo mismo si la pragmática –usamos aquí el noble término cervantino– es buena o mala, bienintencionada o sencillamente estéril. No importa: se altera porque se trata de una ley ajena, hecha por otros, incurriendo en lo que podemos calificar como una reforma sectaria.

El fenómeno, constante desde la reinstauración de la democracia, acaso ilustre sobre la extrañísima devoción que sienten los políticos españoles por el adoctrinamiento escolar. Al contrario de lo que sucede en otros países europeos, donde las columnas vertebrales de la organización social no se tambalean según quien mande, en el nuestro no hay prócer que no aspire a convertir en ideología la educación, convirtiendo los colegios en sus madrasas. “Desde el final de la dictadura”, dice el filósofo vasco, “en España ningún alumno logra completar su etapa educativa sin que no haya cambiado la ley en vigor”. No deberían extrañar nuestros índices de fracaso escolar: la escuela española, más que educar, predica un evangelio variable. Sobre todo desde que el Estado cedió la educación a las autonomías.

Contagiadas en mayor o menor grado por la emulación de los principios nacionalistas, que lastran la modernización de España desde el siglo XIX, cada región impone en sus aulas una visión particular de la historia, la cultura y el mundo que, en vez de ser general –léase cosmopolita–, insiste en una mirada aldeana que enaltece lo inmediato e ignora lo universal. La nueva legislatura, condicionada por la alianza del gobierno de Sánchez e Iglesias con los nacionalistas, no iba a ser una excepción: la ley Celáa, recién acordada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC, elimina la condición de lengua vehicular –más correcto sería decir instrumental– del español, la lengua común, en favor de la ingeniería social de la inmersión lingüística, practicada con distintas intensidades en Euskadi, Valencia, Baleares Galicia o Cataluña.

No se trata aquí de defender o proteger lenguas minoritarias –que lo son por un hecho objetivo: el escaso número de hablantes–, sino de arrinconar al español dentro de España. Un proceso demencial de empobrecimiento cultural, impulsado únicamente por interés político, que comienza con la exigencia del requisito lingüístico para trabajar en la correspondiente administración autonómica, continúa con la prohibición de rotular comercios en castellano y culmina, en un hecho sin precedentes, en la fórmula transnacional que impedirá –de nuevo– a cualquier familia que sus hijos puedan escolarizarse en la lengua de Quevedo o Góngora.

En lugar de permitir a cada uno la libertad para elegir una u otra lengua en los territorios bilingües, que es lo razonable, los nacionalistas obtienen del gobierno en minoría el aval legislativo para marginar el español en los colegios de buena parte del país. Las leyes, asombrosamente, se utilizan en este caso para restringir oportunidades profesionales, en lugar de ensancharlas, y en favor de unas identidades ficcionales que, lejos de enriquecernos, nos limitan. Resulta cínico decir que el español no está en peligro en Cataluña o que convive con el catalán en estrictos términos de igualdad. Si fuera cierto, no debería existir miedo –o directamente pánico– a que cada cual eligiera el idioma en el que desea ser escolarizado.

La imposición denota el carácter espurio de la decisión: a cambio de aprobar los presupuestos del Estado, y otorgar unos meses más de oxígeno a la coalición entre socialistas y podemitas, ambos (junto a los independentistas) lesionan el derecho de miles de ciudadanos a aprender en español, que no va a dejar de existir aunque la correspondiente tribu acuerde lo contrario. La lengua es el territorio de la libertad, pero la España oficial, que tiene la suerte de hablar segundo idioma global, prefiere renunciar a este patrimonio en favor de lenguas regionales. Los tribunales se han manifestado en este litigio en favor del equilibro entre las lenguas en conflicto. Pero los políticos, que son quienes legislan, burlan una y otra vez sus sentencias y la Constitución, sin que tal actitud tenga consecuencias. Parecemos un Estado de deshecho.

Ninguna autonomía nacionalista va a incentivar el uso del español –más bien, al contrario– porque sus respectivos proyectos políticos pretenden limitar su expansión con la coartada de favorecer su lengua propia. Un dislate. Basta ver cómo se expresan o escriben en castellano muchas de las generaciones educadas con la inmersión. El gobierno no busca el equilibro ni la cohabitación. Promueve la segregación lingüística. Conviene dejarlo claro para entender ante qué estamos: un ejecutivo capaz de negar que la tierra es redonda si así perdura en el poder. Aunque el precio a pagar sea tratar a Cervantes, padre de la lengua que hablan 577 millones de personas, como un extranjero en su propia patria.

La infame Ley Celaá
Jorge Fernández Diaz larazon 9 Noviembre 2020

El PSOE ha conmemorado sus 140 años de historia como lo hiciera en 1979, con ocasión de las primeras elecciones municipales celebradas tras la aprobación de la Constitución. Entonces, y lo sigue haciendo ahora, se atrevió a definirse nada menos que como «el partido de los 100 años de honradez»… a los que diez años después se hizo viral el añadido «y diez de ayuntamientos». A ese eslogan hoy se podrían agregar muchos más calificativos, pero ninguno podrá superar el derivado de la felonía a España, pactando con ERC y Bildu su apoyo a los presupuestos a cambio de suprimir en la infame Lomloe –o Ley Celaá– la consideración del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo junto a las lenguas cooficiales, donde éstas existan. Que se produzcan pactos de ese tipo con un partido separatista –gracias al cual el PSOE obtuvo el Gobierno y en él sigue y que, además, tiene a sus dirigentes cumpliendo condena de cárcel por delito de rebelión, entre otros, mientras proclama que lo «volverán a hacer»–, nos indica que una parte no menor de la sociedad está bajo el efecto del «síndrome de la rana hervida»: sin pulso vital ni capacidad de reacción frente a semejante tropelía.

Pero la cosa no acaba ahí: tras pretender someter por ley nuestra memoria a lo que el PSOE considere democrático, ahora quiere subyugar los medios a su control, para censurar lo que juzga falso. El actual PSOE sanchista supera lo que novelara Orwell.

El Gobierno crea una KGB en España, y otros comentarios
“Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo9 por medio de una constitución. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y sólo la Constitución es inmutable” Juan Bautista Alberdi
Miguel Massanet diariosigloxxi 9 Noviembre 2020

Aquí, señores, como parece que se ha convertido algo habitual para quienes gobiernan España, otra vez se va a dar el caso de que se ponga a los lobos a vigilar las ovejas. Y es que nuestra democracia parece que poco a poco, pero cada vez más velozmente, ha entrado en un momento de plena disgregación, de profunda crisis y de lo que se podría considerar como de una peligrosa desviación hacia un tipo de totalitarismo que nos recuerda, desgraciadamente, a otros demasiado conocidos de los establecidos en Sudamérica, respecto a los cuales algunos de los partidos que nos gobiernan, no han sido ajenos a su instauración y desarrollo.

La viceprimer ministra señora Carmen Calvo, esta señora de gesto huraño, cara de pocos amigos y conocido sectarismo de izquierdas, parece que ha decidido dar suelta a sus instintos más antidemocráticos para, junto a la ministra de Cultura, otra de estas que parece que han sido rescatadas de aquella famosa Oficina Siniestra de la revista La Codorniz, magistralmente dirigida por aquel entrañable periodista, el señor Álvaro de la Iglesia, por su lúgubre aspecto y su evidente tendencia a ignorar las normas constitucionales, para dar libertad a sus instintos más autocráticos y sus tendencias egocéntricas, para pergeñar una ley de Educación que parece salida de la mano del más obtuso y cerrado miembro de la Kominform soviético. Esta última, responsable de un engendro legislativo conocido como la Ley Celáa que, en su redacción ha sido incapaz de tener un respeto por nada, ni por la Constitución, ni nada por atender a las advertencias del colectivo de profesores y catedráticos, nada de consideración por los derechos de los padres claramente especificados en la Carta Magna, nada de reconocimiento de la enseñanza privada y de las escuelas concertadas, olvido absoluto de los problemas inherentes a las enseñanzas especiales para alumnos diferentes, que precisan de una atención especial y nada, pero nada, que tenga que ver con el más elemental sentido común, interés por hacer de la ley un trabajo consensuado por todos quienes tienen que ver con la enseñanza, padres y profesores, con el objetivo de crear, por fin, una ley que pudiera tener una duración superior a las que hemos tenido hasta ahora, que siempre han estado condicionadas por los partidos que han gobernado y sus formas de enfocar el problema; lo que ha ocasionado que sólo se hayan mantenido en vigor el tiempo que han estado en el poder cada uno de ellos.

La señora Calvo ha querido aprovechar, como en general han estado haciendo este gobierno de socio-comunistas que padecemos, para colarnos de matute otra de estas leyes “especiales” hechas a la medida del intervencionismo absolutista de Podemos Unidas, que el Gobierno se está sacando de la manga para dejar convertida en una filfa, sin valor alguno, nuestra Constitución de 1978, a base de continuas infracciones, trucos, artimañas y falsas interpretaciones ad hoc, según le haya convenido a este ejecutivo que, en lugar de centrarse, como sería su obligación en momentos de tanta consternación ciudadana, en enfrentarse con eficacia y buscando el apoyo del resto de partidos de la oposición a la pandemia, se ha dedicado a poner trabas a las actuaciones de las autonomías del PP, en ocasiones modificando la normativa sobre la marcha, para mantener la presión sobre la comunidad madrileña, mientras ha dejado, con una faz de granito, que otras gobernadas por ellos o los nacionalistas catalanes y vascos hicieran de su capa un sayo, sin que hayan tomado medidas punitivas contra ellas.

Evidentemente que la señora Calvo no ha visto ni ve con buenos ojos que determinados medios de información (los menos, por supuesto, porque la mayoría siguen sus órdenes como perritos falderos) les saquen las vergüenzas, critiquen sus errores, resalten sus cacicadas, denuncien sus irregularidades, adviertan de sus ilegalidades y se hagan eco de las reacciones del pueblo llano, para que lleguen a conocimiento de toda la ciudadanía. Como era de esperar en una fanática socialista, como es ella, no podía consentir que la opinión pública fuese informada de algo que ellos están interesados en mantener en el más absoluto secreto: su proyecto de que, con el apoyo que tienen convenido con Podemos, convertir a España en una república de izquierdas a semejanza de la que, ya los de Podemos ayudaron a poner en marcha, existe en Venezuela, cuyas consecuencias políticas, económicas, sociales, sobre las libertades, la vida de las personas y, en general, desde todos los elementos que forman parte de una democracia sana, como cualquiera de las europeas, serían inadmisibles.

Se trata de una norma destinada a “atajar la desinformación”. Si, señores, tiene la cara de cemento de hablar de “desinformación”, como si los que denuncian las mentiras del Gobierno fueran los que desinformaran. Pues que nos digan lo que ha hecho el señor Fernando Simón desde el inicio de la pandemia del coronavirus con sus continuos engaños a los españoles acerca del peligro de la epidemia, de los contagios, de las muertes (siguen diciendo que apenas llegan a poco más de las 40.000 personas fallecidas, cuando es de común conocimiento para todas las instituciones y medios informativos, españoles y extranjeros, que superan largamente los 60.000 muertos.) O ¿qué fue lo que dijo el mismo señor Pedro Sánchez apenas unos días antes de las pasadas elecciones legislativas de noviembre?, recuérdenlo: “ni en sueños puede pensar en un acuerdo con los comunistas de Pablo Iglesias”, a los pocos días se abrazaban ambos líderes confirmando la entrada en el gobierno del señor Iglesias. Claro que en esto tampoco se ha quedado corta la señora Arrimadas, de Ciudadanos, que juró y perjuró que no pactaría con los socialistas si estaban en el pacto los comunistas o los separatistas catalanes y ahí la tienen comiéndose los sapos, dispuesta a apoyar los presupuestos convenidos anteriormente entre Sánchez y Podemos.

Y es que, para nuestro Gobierno, los ciudadanos deben “tener acceso a una información veraz y diversa” Totalmente de acuerdo, pero ¿quién va a determinar que la que dé el Gobierno sea veraz? Y ¿quién nos asegura a los ciudadanos que, los que decidan lo que son fake news o no, los encargado de “velar” por la seguridad de los ciudadanos (el Consejo de Seguridad Nacional, Ni el departamento la Secretaría de Estado de Comunicación y la Comisión Permanente contra la desinformación), todos ellos a las órdenes del Gobierno, estén en condiciones de actuar sin estar presionados por el Gobierno, si es evidente que estos señores no estarán vigilados por los tribunales ni, al parecer, por las Cortes.? No formarán parte de estos censores ni el departamento de ciberseguridad ni militar, ni similares.

El Gobierno además se atribuye la posibilidad de continuar haciendo propaganda a su favor con la excusa de las fake news con la idea de “contrarrestarlas” mediante campañas de comunicación. Lo que hacía el señor Fidel Castro en Cuba, se hizo con el control de las radios y la TV (¡Ay, señora Rosa Mateo, a usted ni con unas tenazas de dentista la van a sacar de su cubil en la TV1) y fue capaz de mantener su revolución a base de arengas interminables que se tragaban los infelices cubanos, mientras su familia se hacía millonaria, apareciendo en la lista Forbes.

¿Será esta Ley constitucional?, por supuesto que no, pero ellos van ganando tiempo para implantar sus régimen comunista a pasos agigantados, mientras el TS, el TC y la derecha parece adormilados, sin capacidad de reacción y tan lentos en sus actuaciones que, cuando deciden ponerse en marcha ya el mal no tiene remedio. Por ejemplo: ¿qué hace el TC con los recurso sobre el aborto que duerme el sueño de los justos o sobre el tema de las adopciones por los homosexuales y tantos otros recursos que yacen enterrado en las mazmorras de ineficacia y de negligencia de quienes tienen sobre sí la posibilidad de que la Constitución sea tenida en cuenta y aceptada por todos aquellos que han hecho, de su incumplimiento, bandera para dar alas a qu9ienes tienen interés en derrocarla?

O así es como, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no puede menos que chocar que la señora Calvo, tan diligente ella y tan expeditiva, nos hable la “información falsa que quiere influir en la sociedad”, a la vez que aboga por “fortalecer la libertad de expresión examinado la libertad y pluralismo de los medios de comunicación”, ¿de todos?, ¿de los pocos con los que cuenta la oposición y de los independientes? O ¿de los afectos al separatismo catalán como La Vanguardia, El Correo Catalá, Avui, Cataluña Radio o la TV3? En realidad, señora Calvo, ¿no se trata de una nueva Inquisición en la que el Gobierno, constituido en un nuevo Torquemada, intenta implantar una nueva “Ley mordaza” como aquella que, con menos pretensiones y menos alcance, se promulgó en la legislatura anterior, la del PP, y que tan denostada y repudiada fue por socialistas y comunistas? Ahora parece que, por salir de la fábrica socio-comunista, todos los que apoyaron a Sánchez en su moción de censura, la consideran adecuada ¡Vivir para ver! Y una frase para digerir la información, en esta ocasión de Francisco de Quevedo que dijo: “Todos los que parecen estúpidos lo son y, además también lo son la mitad de los que no lo parecen”

Educación
Más presión catalanista para blindar la inmersión en Baleares en plena ofensiva del Gobierno contra el castellano en las aulas
MAYTE AMOROS. Palma. El Mundo 9 Noviembre 2020

Nace el Movimiento por la escuela en catalán para luchar "contra el entorno castellanizado de los alumnos" mientras Celaá aniquila el español de la educación pública y concertada. PP, Cs y Vox en contra de la polémica enmienda de PSOE, Podemos y ERC que suprime el español como lengua vehicular: "Va contra la Constitución".

Las presiones desde grupos catalanistas para suprimir el castellano de la enseñanza pública balear van en aumento. Desde distintos sectores han puesto la quinta marcha para reivindicar el uso exclusivo del catalán en las aulas. Si hace unas semanas era la propia universidad balear (UIB) quien alertaba del "dominio" del castellano en la docencia, según una encuesta propia sobre usos lingüísticos en el campus, ahora nace el Movimiento por la escuela en catalán para denunciar "el entorno fuertemente castellanizado de los alumnos" y blindar la inmersión lingüística en las aulas.

El Movimiento por la escuela en catalán lo componen la Plataforma per la Llengua, la Obra Cultural Balear de Formentera, el Institut d'Estudis Eivissencs, el Moviment Menorca Edu21, los sindicatos independentistas STEI y Unió Obrera Balear Ensenyament, así como Alternativa Sindicat Docent .

La plataforma se ha unido para "lanzar un grito de alerta" y "cambiar la situación actual que sufre el uso de la lengua catalana en los entornos educativos y juveniles de Baleares". Por ello, interpelará a los diferentes partidos políticos para hacer los "cambios necesarios" para imponer el catalán dentro y fuera de la escuela.

El Movimiento por la escuela en catalán considera que la lengua autóctona no tiene suficiente presencia en la escuela" y ve "especialmente grave" que se pueda percibir "que es sólo la lengua de una parte de la sociedad y no del conjunto".

Se queja también de que los alumnos no son lo suficientemente competentes en lengua catalana, "ni muchos de ellos la sienten como su lengua propia". Sostiene que los datos prueban que "la lengua mayoritaria entre compañeros de estudio es el castellano, idioma que también se usa en muchos intercambios alumno-profesor dentro y fuera del aula".

Castellano inexistente
Precisamente la asociación de profesores PLIS. Educación, por favor, que reivindica la escuela como lugar de aprendizaje y sin politización, ha hecho requerimientos a 291 centros educativos de Baleares para que usen el castellano como lengua vehicular y den al menos un 25% de las clases en la lengua oficial del estado.

La petición de PLIS surge tras constatar que en estos colegios se usa el castellano como una lengua extranjera. Según un estudio de PLIS, en el 93% de los centros de infantil de las islas, el castellano no existe; y en el 80% de los de primaria, queda reducido a la asignatura de Lengua Castellana, exactamente lo mismo que en inglés.

Las presiones para blindar el catalán llegan en un momento proclive en el que el gobierno de Pedro Sánchez con Unidas Podemos y ERC han dado luz verde a suprimir el español como lengua vehicular, un derecho fundamental de padres y alumnos a estudiar en su lengua materna.

PSOE, Unidas Podemos y ERC han pactado también retirar de la Ley Celaá la parte en la que se hace mención al castellano como lengua oficial del Estado. Así lo recogen en su polémica enmienda transaccional a la disposición adicional 38ª, que fue aprobada este jueves en el Congreso.

Derecho a elegir
El presidente del PP balear, Biel Company, considera que esta modificación es "una nueva concesión del Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos nacionalistas que va en contra de la Constitución".

Desde el PP balear defienden "una educación en la que convivan escuela pública, concertada y privada, una educación garantista y el derecho a elegir el modelo educativo que quieren los padres para sus hijos, una educación que premie el esfuerzo y la superación del alumno y una educación bilingüe, sin inmersiones, en la que nuestras dos lenguas oficiales convivan en las escuelas de manera equilibrada, sin dogma ni imposiciones".

El PP defenderá el próximo martes en el Parlament una interpelación en relación con la modificación de la ley educativa, ya que considera que "la ley Celáa es el claro ejemplo de que estamos ante un Gobierno sectario e impositivo, que no practica ni el diálogo ni el consenso, ya que no ha negociado con la comunidad educativa ni atiende a las necesidades del país".

Cero transparencia
Para Ciudadanos Baleares, la nueva ley educativa nace con "cero transparencia" y "cero implicación con los partidos y la comunidad educativa". La portavoz de la formación, Patricia Guasp, defiende que ha de garantizarse el castellano como lengua vehicular. "Nosotros no queremos el monolongüismo lingüístico sino que puedan ser las dos lenguas vehiculares", ha recalcado.

Guasp recuerda que el mes de julio Ciudadanos exigió la comparecencia de la jefa de la Alta Inspección Educativa, Irene García Sureda, para que explique por qué el Goven no está cumpliendo con las sentencias del Tribunal Supremo que dicen que se tienen que dar al menos el 25% de las horas lectivas en castellano y al menos una asignatura troncal".

'No cambia nada'
Por su parte, desde Vox Baleares han afirmado que la modificación de la ley educativa no va a cambiar nada en la práctica, ya que "el español lleva más de 20 años erradicado como lengua vehicular en la escuela pública balear, imponiéndose en la práctica la inmersión lingüística obligatoria en catalán".

Para el presidente de Vox Baleares, Jorge Campos, el problema radica en que la competencia de educación está transferida a las comunidades autónomas. Afirma que tanto la izquierda como el PP han legislado en contra de la lengua oficial del estado. "En Baleares, la inmersión obligatoria en catalán se impone gracias la legislación aprobada por el PP cuando ha gobernado en diferentes ocasiones, como la Ley de Normalización Lingüística en 1986 y el decreto de 1997 que regula la lengua en la enseñanza".

Vox considera que hay que devolver la competencia de educación al Estado, garantizar el uso del español en toda España, y regular el uso de las lenguas cooficiales en un régimen de libertad lingüística "para acabar con la actual discriminación lingüística".

Recientemente, Vox presentó una propuesta de resolución en el Parlamento balear para derogar la actual normativa lingüística y aprobar otra basada en la libre elección de lengua en todas las etapas educativas. Dicha propuesta fue rechazada por todos los partidos del arco parlamentario balear, incluidos el Partido Popular y Ciudadanos que se abstuvieron.

Desamparo
Desde las entidades civiles como PLIS trasladan su más absoluto rechazo a la aprobación de esta enmienda "que acepta los postulados del separatismo más excluyente" al eliminar el castellano como lengua oficial y vehicular en la enseñanza. "El PSOE, con su pacto con Podemos y ERC, deja desamparados los derechos constitucionales de todos los partidarios del pluralismo y de la libertad individual. Es una vuelta más de tuerca para bendecir la imposición y la exclusión". PLIS reivindica una enseñanza "como fuente de educación y nunca como instrumento de educación".

Hablamos Español ha apelado al Defensor del Pueblo para que recurra la exclusión del español por "por ser dudosamente acorde con la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional". Recuerda que en todas las CCAA bilingües, en mayor o menor medida, se están vulnerando los derechos de las familias que prefieren educación en español, amparados en "leyes nefastas" que lo relegan a un uso anecdótico y equiparable al de una lengua extranjera.

Foro Baleares alerta de que la 'Ley Celaá' asesta un golpe de gracia al español como "pago por los "servicios prestados" a los partidos políticos separatistas y deja patente el "odio a España" del Ejecutivo de Sánchez. Recuerda que el artículo 3 de la Constitución establece que el español es la lengua oficial del Estado, por lo que "no cabe ambigüedad posible" en reconocer el derecho del ciudadano a conocer y usar su lengua. "La cesión de Sánchez consiste en programas de adoctrinamiento, inmersión lingüística y menosprecio del español", denuncia.


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