AGLI Recortes de Prensa   Martes 10  Noviembre  2020

La economía española se desangra
José María Rotellar okdiario 10 Noviembre 2020

Escribía aquí, en Okdiario, la semana pasada que un nuevo cierre económico sería la puntilla para la economía española. Si entonces decía que no dejaban de oírse, cada vez con más intensidad, a muchas personas que piden que se repita de nuevo el encierro de primavera, de manera que quieren que, de nuevo, tengamos esa especie de arresto domiciliario a la que llamaron incorrectamente confinamiento, hoy tengo que decir que esas voces no disminuyen, sino que aumentan.

Varias CCAA han tomado la decisión de cerrar la actividad no esencial a horas muy tempranas -las seis de la tarde-, la última, Andalucía, y otras, como Asturias, Galicia, Castilla y León, Navarra y Murcia, han decidido cerrar por completo esa actividad no esencial, de manera que los ciudadanos pueden salir a la calle, pero no pueden ir prácticamente a ningún sitio. Al mismo tiempo, la ya mencionada Asturias, ha solicitado el mal llamado confinamiento domiciliario, junto con alguna ciudad autónoma, mientras otras regiones de las antes citadas solicitan tener la posibilidad de aplicarlo si lo consideran pertinente.

Todo ello es irracional. Parece mentira que no se den cuenta de que dicha dureza en el encierro no sirve de nada para erradicar la pandemia. Quizás para frenar algo los contagios, pero a un coste imposible de asumir, porque se llevaría por delante la economía. Incluso alguien sensato como el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid ha dicho que entendería dicho encierro domiciliario en las regiones que lo necesiten y apoyado en criterios técnicos. Se equivoca en esta ocasión: dichos criterios deben tener en cuenta también las alternativas y el quebranto económico que puede causar unas y otras, y el no dejar salir a las personas de sus domicilios no es tan efectivo desde el punto de vista sanitario -ahí están los datos: España, con el más duro encierro de todos los países cuenta con una de las peores cifras en relación con la pandemia en el contexto internacional-, y, además, hunde la economía.

La actividad económica española ha disminuido notablemente. Mientras el Gobierno de Sánchez trata de vender que esa especie de “Plan Marshall” será la panacea de todos los males, la realidad es bien distinta. En primer lugar, la ayuda europea no va a llegar de inmediato, sino que los primeros fondos pueden que se reciban en septiembre de 2021. En segundo lugar, tiene que haber capacidad para ejecutarlos. En tercer lugar, hay que intentar que no se pierdan sinergias si se intenta hacer un reparto regional. En cuarto lugar, debe lograr invertirse en proyectos que sean tractores del crecimiento estructural. Y en quinto lugar, no deben malgastarse alimentando partidas de gasto recurrente no necesario, porque sólo empeoraría las cosas. Junto a ello, como parte también de la realidad, de la cruda realidad, nos encontramos con un panorama empresarial desolador, donde más de 90.000 empresas (91.560, exactamente) han cerrado, según la Seguridad Social. Es algo que se puede comprobar en cada paseo que se dé por cualquier pueblo o ciudad. Estremece ver en una misma manzana un conjunto de locales cerrados, uno detrás de otro.

Con las nuevas restricciones, muchas empresas del sector comercial han anunciado que volverán a emplear la figura de los ERTE mientras duren las mismas, pero algunas que antes completaron el sueldo de sus empleados en esta situación hasta el 100% del salario ya no lo harán ahora, porque las cuentas ya no dan más de sí. En cuanto a las cafeterías, bares y restaurantes, muchas que cierren ahora por las restricciones en los lugares afectados no volverán a abrir, con la pérdida de puestos de trabajo que implica.

España no va a mejorar sanitariamente por cerrar más, sino por gestionar más eficientemente todo el plan sanitario. Hay una parte mayoritaria de la población a la que el virus no afecta de manera importante. Protejamos a los vulnerables y el resto, a trabajar. De esa manera, se podrá comenzar la recuperación, porque si se insiste en estos nuevos cierres, entonces, como digo, muchas empresas ya no volverán a abrir, amén de que muchas personas terminarán con enfermedades mentales o circulatorias. No se trata de salvar la campaña navideña, sino de salvar la economía, porque si ahora se para, las empresas no llegan a Navidad. Y salvar la economía es salvar la sanidad y la salud. Mientras no comprendan esto, mientras no se den cuenta de que con cada restricción envían a miles de familia a la miseria, no habremos iniciado el camino de la recuperación. Quienes hablan tan a la ligera de cerrar, deberían reflexionar sobre sus consecuencias, también en vidas humanas, pues una depresión económica provocará más muertes que el virus. La economía se está desangrando y, con las restricciones, en lugar de hacer un torniquete para taponar la hemorragia, están sajando la herida mientras muchas personas tienen verdaderos problemas para alimentar a sus familias.

Tras los jueces, la prensa: plan integral del Gobierno contra la democracia
OKDIARIO 10 Noviembre 2020

Va tomando cuerpo el siniestro «plan contra la desinformación» del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, obsesionado en «examinar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación». Bajo la excusa de la «alfabetización mediática», el Ejecutivo dispondrá de manos libres para decidir qué es noticia y qué no lo es. Hasta tal punto ha llegado el delirio censor del Gobierno que, para «fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las ‘fake news’», Podemos pretende llevar a todas las fases del sistema educativo cursos de formación para»impulsar una audiencia activa, crítica y participativa en unos medios de comunicación plurales». O sea, esta gente va en serio: no sólo quieren silenciar a los medios críticos, sino que pretenden inocular el virus de su sectarismo en las aulas. El partido de Iglesias nunca ha ocultado que modelar la audiencia es una de sus ambiciones. En suma, su proyecto es de largo alcance. Busca garantizarse el apoyo de las generaciones futuras por la vía del adoctrinamiento puro y duro en los colegios.

Moncloa ha justificado su pretensión de poner coto a los medios digitales con el argumento de que «es imprescindible establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España». Pero la composición del equipo censor del Ejecutivo no admite dudas sobre la intención última del plan. Serán el jefe del Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, quienes piloten el proyecto. Y contarán con el apoyo externo de grupos de expertos que elegirán de forma discrecional y cuyos nombres permanecerán en el anonimato.

Para controlar a los medios ya están los tribunales de Justicia, que en un Estado de Derecho son quienes imponen límites y sancionan en caso de traspasar la ley, pero en España, además, existen organismos independientes cuya misión es velar por el «autocontrol deontológico interno» de la profesión periodística: la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, que preside Rafael Mendizábal, que fue durante nueve años magistrado del Tribunal Constitucional, es un claro ejemplo. Su objetivo es «fomentar el periodismo ético desde la autorregulación independiente y responsable, a través de la mediación y el entendimiento». De modo que Sánchez no tiene excusa alguna para justificar su «plan contra la desinformación». Existen los tribunales y existen organismos independientes que velan por la deontología profesional. Y lo que sobra es un Gobierno que pretende amordazar a la prensa que no le baila el agua. Suma y sigue: tras los jueces, ahora les toca a los medios de comunicación. Todo un plan integral contra la democracia.

Alerta antifascista mundial
Jorge Fernández Diaz larazon 10 Noviembre 2020

Cuando hace escasamente 11 meses, el PSOE fue desalojado del Palacio de San Telmo en Sevilla, tras nada menos que casi cuarenta años de ejercer el poder autonómico en Andalucía, la reacción de Pablo Iglesias y los entonces suyos allí fue declarar una «alerta antifascista» que se materializó en todo tipo de desmanes y violencia en las calles. Algunos analistas comentaron que con ese llamamiento quería tapar su claro descenso electoral, pero los hechos son tercos. Ahora vuelve a declarar una nueva alerta, pero nada menos que de carácter internacional.

Con ocasión de la toma de posesión del presidente de Bolivia, aprovechó para sumarse a la delegación que acompañó al Rey, y promover desde La Paz un manifiesto alertando del peligro del «golpismo de la ultraderecha». Resulta conmovedor ver al «moderado, liberal y centrista» vicepresidente Iglesias, poner en guardia a la comunidad internacional de los riesgos de involuciones golpistas de la ultraderecha. Sin duda ese debe ser el motivo que explica su interés por ocupar el CNI y la creación de la «Comisión Orwelliana de la verdad»: prevenirnos de esas conspiraciones. Ignoramos el eco de esa alerta en nuestros vecinos europeos, pero a buen seguro habrán tomado nota. Lo que ya resulta muy evidente es la estrategia del «killer» Redondo: fagocitar a Podemos, aunque ello suponga convertir al PSOE socialdemócrata de González en el sanchista de Largo Caballero…, el que nos precipitó en la Guerra Civil. El precio a pagar va a ser muy caro: la vuelta a las dos Españas.

Diez síntomas preocupantes en un país en el que nunca pasa nada
Félix Madero. vozpopuli  10 Noviembre 2020

Primer síntoma. Pablo Iglesias se va a Bolivia y en una emocionada declaración asegura estar allí orgulloso de representar a España y a los españoles. Mentira, a España la estaba representando el Rey, y a los españoles también. Uno querría que dejaran en paz a Felipe VI, que le dejen hacer su trabajo. Y sobre todo, que le respeten. Uno querría, pero ya sé que no va a ser, no ver al Rey fotografiado al lado de alguien que dice representarme en Bolivia. A mí Pablo Manuel Iglesias no me representa, el Rey sí, desde luego.

Segundo síntoma. El mismo representante de sí mismo, vicepresidente por obra y gracia de un presidente de un partido ya inexistente, firma un papel en contra de la extrema derecha golpista. Lo hacen justo ahora que acaban de echar a Trump. Y firma ese papel alguien cuyas desconcertantes relaciones con Venezuela e Irán son eso, desconcertantes hasta que no sepamos toda la verdad.

¿A qué se dedica Zapatero?
Tercer síntoma. Ese papel, con las firmas de Evo Morales, del griego Tsipras, el ecuatoriano Rafael Correa, o el insumiso francés Melenchón lleva también la de Rodríguez Zapatero, lo que hace que nos preguntemos por su presencia allí. ¿Qué hace el expresidente en este momento y en ese lugar? En una radio un tertuliano pronuncia la palabra: “Negocios”. Pero yo, caro Iván Redondo, no lo sé. Preguntar no es faltar, no me vayas a acusar de desinformar. La firma de Zapatero en un papel que además dice o sugiere la necesidad de controlar a los medios de comunicación resulta congruente con la situación de España. De aquellos polvos estos lodos.

Cuarto síntoma. Ese documento cargado de guiños populistas y antidemocráticos inaceptables lo firma Iglesias como gobernante, es decir como vicepresidente del Gobierno. Y a esta hora en La Moncloa nadie ha dicho nada. El silencio de los corderos habitual. Fiat volutas tua. Que se haga tu voluntad. La de Iglesias, claro.

Iglesias, el defensor de la democracia
Quinto síntoma. Que Iglesias hable con la tranquilidad y prosopopeya habitual de aquel que pronuncia las mayores sandeces, cuando no barbaridades, sin que le tiemblen los zarcillos en las orejas, y hable de la necesidad de defender la democracia me desconcierta, y hace que, una vez más, me pregunte en qué manos estamos.

Leo en ese papel que dice defender la democracia que “una corriente de extrema derecha expande a nivel global la mentira y la difamación sistemática de los adversarios”. Más aún: “La mayor amenaza para nuestros sistemas democráticos es la ultraderecha golpista y el comportamiento de determinados poderes mediáticos que desprecian la verdad”.

La verdad, oigan ustedes, en boca de este señor de extrema izquierda, un leninista de libro, que hace unos días amenazó:

-Ustedes, los del PP, no volverán a formar parte del Consejo de ministros.

Margarita Robles, de lo poco que hay con fuste en el Gobierno, y supone uno que con algo de vergüenza por compartir silla en el mismo Gabinete, ha intentado mediar afirmando que “el Gobierno no debe velar por lo que dicen los medios”. O sea, una nueva solemnización de lo obvio. Pero lo obvio aquí es ya un titular de portada. Menos es nada.

Sexto síntoma. El PSOE acuerda con los independentistas republicanos catalanes y la extrema izquierda podemita que el castellano deje de ser lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. Siempre pensó uno que desmontar la arquitectura del Estado necesitaba de indolencia, tiempo y sutilezas. Aquí, no. Entra el elefante en la planta de menaje de El Corte Inglés, pero, por lo que se ve, sólo la prensa lo ha visto.
 
El PSOE existe (y existió)
Esa prensa maldita que desinforma y que hay que controlar. Joaquín Leguina se enfada mucho cuando asegura que el PSOE no existe, que es sólo una sigla propiedad de un señor llamado Pedro Sánchez. Se equivoca. El PSOE existe, aunque no le guste al expresidente madrileño. Como existía cuando Largo Caballero colaboró con la dictadura de Primo de Rivera o cuando en el 34 su Comité Nacional dijo aquello de “asaltar el poder por los medios que sean”. Claro, que existe el PSOE. Este y el de Leguina, Corcuera, González y Rodríguez Ibarra -y unos poquitos más-, clamando en el desierto. Sucede, sin embargo, que la inefable Adriana Lastra, síntoma y despropósito del sanchismo, tiene más predicamento que la voz junta de estos cuatro veteranos socialistas. De estos que hablan y de los muchos que callan. En eso estamos.

Iván Redondo: esto es verdad, esto no
Séptimo síntoma. El de un país que ha dado por bueno que sea el lobo el que cuide a las ovejas. Imposible entender otra cosa si Iván Redondo, toda una factoría andante de desinformación, está llamado a presidir la Comisión contra la desinformación. Los periodistas, los que no escriben al dictado del que manda están para eso, para denunciar lo que no es verdad. Los que escriben al dictado y hablan en las tertulias a golpe de guasap que llega de los partidos, son otra cosa, amanuenses del sistema.

Supone uno que con el libelo que Iglesias le ha montado a la desmemoriada Dina Bousselham está en otra cosas. ¿O no? Nos dicen a qué hora tenemos que volver a nuestra casa, cuántos comensales podemos juntarnos en un almuerzo y ahora van a velar por lo que es o no verdad. Y esto en un estado de alarma que limita libertades fundamentales. ¿De verdad Iglesias ha firmado un papel para defender la democracia?

Octavo síntoma. Si el Gobierno mantiene contra viento y marea ante le descreimiento general de sindicatos, CEOE, Banco de España, la Unión Europea y la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española) que su presupuesto es fiable y sólido, ¿esto es desinformación, sí o no? Y si se enroca en que los muertos por la pandemia son 30.000 y no el doble como le dicen solventes organismos, ¿es desinformación o no?

¿Está por ahí Gila? Que que se ponga
Noveno síntoma. Lo bueno del humor fino e inteligente es que no pasa. Gila fue uno de los grandes, y además con gran capacidad para los pronósticos. Me manda un amigo una viñeta suya en la que un atribulado periodista frente a una máquina de escribir dice,

-Voy a escribir un artículo sobre la libertad de prensa.
A su lado, un señor vestido de negro le espeta,
-Bueno, yo te dicto.

Décimo síntoma. Ese ministro de aire y verbo municipal, orgulloso comunista que lleva explorando semanas la forma de bajar el IVA a las mascarillas sin dar con ella -buen trabajo, ministro-, acaba de asegurar que pese a la llegada de Biden la democracia está en peligro. Eso, que no sale uno de su apoteosis.

Y una simple conclusión. Es verdad que el equilibrio entre memoria y olvido es difícil y molesto, pero nunca como ahora es más urgente distinguir una cosa de la otra. Suceden tantas cosas a la vez que el olvido es una invitación permanente capaz de anular nuestra capacidad de sorpresa. Y de cabreo, también. Por ahí se cuelan aquellos que firman papeles en defensa de una democracia que sólo existe en sus cabezas.

Leo en el último libro de Andrés Trapiello, Madrid, -uno de esos libros que no se quiere terminar nunca-, que Ramón Gaya le decía que “si no se va a peor se va a mejor”. Y uno cree que Gaya tenía razón, pero según, dónde, cómo y con quién.

El problema, una vez más, es que vivimos en un país en el que los tres penaltis pitados al Real Madrid preocupan más que los sutiles movimientos de un Gobierno progresista apoyado en partidos nacionalistas, y del que forman parte antiguallas políticas y guerracivilistas a los que, por lo que vemos, el personal no termina de tomarse en serio. ¡Ay la España eviterna de la que hablaba Azorín, dónde estará si es que alguna vez estuvo! ¿Dónde?

Los “demócratas” de la II República
Francisco Marhuenda larazon 10 Noviembre 2020

Francisco Largo Caballero no fue, precisamente, un ejemplo de político democrático, dialogante y respetuoso con la oposición. No merece ninguna placa, estatua o reconocimiento en el callejero. Al igual que otros dirigentes de izquierda y derecha fue uno de los responsables del desastre de la Segunda República y la tragedia de la Guerra Civil. Es enfermizo que se trate ese periodo con esa irracionalidad partidista que persigue cambiar la Historia. Ahora ha irrumpido su nieta para defender su figura y ha enviado una «Carta abierta a la España libre y democrática» que, con el lenguaje guerra civilista de antaño, acusa de fascistas a los gobernantes de la ciudad de Madrid. Es la misma estrategia que siguieron entonces los socialistas, comunistas y anarquistas para deslegitimar a los políticos de derechas. Todos aquellos que no apoyaban la estrategia para acabar con una República que consideraban burguesa y defendieron la criminal Revolución de Octubre de 1934 acusaban a sus rivales de fascistas. Es triste que este término tan atroz se haya llegado hasta nuestros días para insultar a políticos elegidos democráticamente.

Es evidente que la nieta del «Lenin español» escribe esa colección de insultos y despropósitos movida por el fanatismo, el sectarismo y la ignorancia histórica. Largo Caballero fue un hombre de su época y un fiel representante del radicalismo que sufría la sociedad española. Es algo que ahora nos parece muy lejano y hay que insertarlo en el contexto de la Europa de entreguerras que estaba sometida a fuertes tensiones sociales, posiciones ideológicas que se enfrentaban con gran violencia e inmersa en una crisis económica brutal como consecuencia del crack del 29. La idealización de la Segunda República y sus protagonistas no aguantan un análisis histórico riguroso, aunque es cierto que ha encontrado buena prensa y mejores hagiógrafos entre un conjunto de historiadores que pasan los acontecimientos por el tamiz de su ideología izquierdistas. Es difícil justificar, desde un criterio académico, la quema de conventos, el asalto a las sedes de los partidos y los periódicos, la ley de Defensa de la República, la violencia de ambos lados hasta el golpe de estado del 18 de julio, la Revolución de Octubre, las irregularidades de las elecciones del 36 o la ilegal destitución de Alcalá Zamora. Y todo ello sin entrar en lo que sucedió durante de la Guerra Civil. Una nieta puede defender a su abuelo, pero no es necesario mentir e insultar.

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El PSOE, el bilingüismo escolar y la República
Alejandro Tercero cronicaglobal 10 Noviembre 2020

Artículo 50 de la Constitución de la II República Española (1931): “Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores. El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el extranjero y preferentemente en los países hispanoamericanos”.

Cada vez que un Gobierno de España constituido por partidos que se vanaglorian de ser “republicanos” da una vuelta de tuerca más a la discriminación lingüística de los catalanes castellanohablantes me viene a la cabeza este texto. Y la semana pasada ha sido una de esas ocasiones.

No es que la Lomce fuera la panacea para restablecer el bilingüismo en las escuelas catalanas --de hecho, el PP, con la ley Wert, se lavó las manos en esta cuestión, como es habitual cuando gobiernan--, pero la decisión de PSOE y Podemos de eliminar toda referencia a la obligatoriedad del español como lengua vehicular escolar --junto al resto de idiomas cooficiales-- es deplorable.

Sobre Podemos no vale la pena gastar ni una sola línea en este asunto porque en su ADN están grabados a fuego los argumentos de los partidos nacionalistas. Sin embargo, la posición de los socialistas es inexplicable.

La secretaria de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, ha tratado de justificarla en un artículo publicado la semana pasada. Pero ha estado muy desafortunada.

Dice la diputada que “la Constitución no habla de lengua vehicular en la enseñanza” y que “durante 35 años el plurilingüismo del 40% de la población española que vive con lenguas cooficiales no ha sido cuestionado en la escuela”, hasta que llegó la ley Wert. Se equivoca. La Constitución no habla de lengua vehicular en la enseñanza pero varias sentencias del Tribunal Constitucional (entre ellas, una de 1994 y la del Estatut, de 2010, que interpretan la Carta Magna) sí lo hacen. Y dejan claro que ambas lenguas --castellano y catalán-- deben ser vehiculares en proporciones razonables. También hay innumerables sentencias del Tribunal Supremo y del TSJC --sobre todo a partir de 2010-- que sí cuestionan el uso de las lenguas en las escuelas catalanas y que establecen que esa proporción razonable nunca puede ser menor del 25% de las asignaturas o del tiempo lectivo.

Expone Seijo que con la reforma promovida por el Gobierno “la enseñanza de la lengua y literatura española seguirá haciéndose en castellano”. Solo faltaría. Y añade que “aparte de otras materias que, en contextos bilingües, van combinando castellano y lengua cooficial con absoluta normalidad en las aulas”. Me parece que la dirigente socialista desconoce la realidad educativa en Cataluña. Combinar español y catalán en las aulas de esta comunidad es una excepción. Y encontrar alguna escuela pública que imparta un par de asignaturas --simplemente un par-- en castellano es una quimera.

La diputada insiste en que “el debate sobre la vehicularidad es ideológico y no puede solaparse al debate de lo principal: el de la competencia lingüística plena en contextos plurilingües”. Vuelve a equivocarse. El debate gira en torno al derecho a recibir una parte razonable de la enseñanza en una lengua oficial, como han reconocido los tribunales pero la Generalitat incumple sistemáticamente. Primero está ese derecho; después el objetivo de la competencia lingüística. Porque el fin no puede justificar los medios en una democracia. Para lograr un objetivo loable --el dominio de ambas lenguas-- no se puede limitar un derecho básico --el de recibir una parte equilibrada de la enseñanza en un idioma oficial--, como si se estuviera en un estado de alarma, excepción o sitio (en el que temporalmente se restringen derechos fundamentales, por ejemplo, con el objetivo de combatir una pandemia).

Seijo también alardea de que “este Gobierno jamás será advertido por el Consejo de Europa como ha pasado con el gobierno del PP en Galicia por incumplir la Carta Europea de Lenguas Minoritarias en diciembre de 2019 ante la desprotección de la lengua gallega”. Lo cierto es que el propio Consejo de Europa, en un informe de 2012 sobre la aplicación en España de la Carta Europea para las lenguas regionales o minoritarias felicitaba al Gobierno por su actitud para proteger las lenguas cooficiales pero también advertía a la Generalitat de Cataluña de que la promoción de la educación en catalán no debe suponer que esta "sea obligatoria para todos los alumnos"​ ni que "el 100% de las asignaturas han de ser en esa lengua", como ocurría y ocurre.

Es sorprendente que la dirigente del PSOE, para defender el actual modelo escolar y la modificación de la Lomce promovida por el Gobierno, señale que “los extremos identitarios que defienden el monolingüismo, sean del signo que sean, quedan fuera del marco acordado que es robusto y consensuado”. ¿Cómo es posible que Seijo acuse de monolingüismo precisamente a los que pretenden que la legislación deje negro sobre blanco que ambas lenguas oficiales deben ser vehiculares en la educación? ¡Pero si lo más parecido al monolingüismo es la inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán que rige ilegalmente en Cataluña!

¿Cómo es posible que, ahora que el PSC había empezado a moderar su posición frente a la inmersión, el PSOE los vuelva a empujar a la oscura cueva de la intolerancia? ¡Qué oportunidad perdida para Iceta a escasos meses de las elecciones catalanas!

No tiene sentido que la responsable de Educación del PSOE apele al “plurilingüismo”, a la “cohesión” y a la “tolerancia” para, en realidad, arremeter contra los que precisamente defienden un modelo de convivencia o de conjunción de ambas lenguas. Como ya tampoco es creíble el comodín de cargar contra la “derecha identitaria”, erigirse como adalid contra la “recentralización”, ni presentarse como el último bastión contra la “lucha ideológica” o “política” en la enseñanza, ni contra la “guerra cultural” en las escuelas.

Los padres que defienden el bilingüismo equilibrado en las escuelas catalanas no son nada de eso, por mucho que así los quiera caricaturizar la señora Seijo, de forma indirecta, al atacar los tímidos avances legislativos que habían conseguido.

No son fachas, ni ultraderechistas, ni luchan contra el catalán. Solo quieren ejercer sus derechos civiles. Solo quieren recibir un trato igualitario y justo. Como el que ya se disponía de forma detallada en la Constitución de la II República Española.

Y más le vale al PSOE que se vaya haciendo a la idea de que la contestación ciudadana al atropello que sufren numerosas familias en Cataluña no desaparecerá por mucho que intenten ignorarlo o esconderlo debajo de la alfombra.

Cómo vender la burra ciega de la inmersión
José García Domínguez Libertad Digital 10 Noviembre 2020

Proscribiendo el castellano en el colegio, la calificación media de ese idioma sube. ¿Es así, Echenique?

A pesar de los muchos años transcurridos desde que Pujol y González empezaron con esa vaina, vender la burra ciega de la inmersión lingüística obligatoria a la opinión pública es empresa que siempre requiere de ingentes toneladas de imaginación creativa. Un esfuerzo que estos días están sufriendo en sus propias seseras los publicistas al servicio tanto del Gobierno como de la Esquerra, los dos artífices del pacto de la vergüenza gramática por el que se ansía elevar a rango de ley la marginación del castellano en tanto que lengua vehicular de la enseñanza.

Que se lo pregunten si no al pobre Echenique, que suda tinta a diario para colocarles esa mercancía tarada a los compañeros de los círculos. Y de ahí que los esforzados fabricantes de noticias falsas (como no soy inglés, no lo escribo en inglés) anden ahora mismo recitando de nuevo la conocida trola de la Selectividad, ese cuento chino según el cual los catalanes obtienen por norma una nota media en Lengua castellana y Literatura española superior a las de sus iguales en Madrid, Navarra, La Rioja o Galicia. Los chavales de los pueblos de Manresa, Vich y Reus, según nos aseguran, manejan el idioma de Cervantes mucho mejor, con más fluidez, corrección fonética, riqueza de vocabulario y pericia sintáctica que los de Salamanca, Valladolid o Toledo. Y las vacas vuelan.

Rahola y la mafia en TV3
Pablo Planas Libertad Digital 10 Noviembre 2020

El gran error de ese tándem nefasto que formaban Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría fue no aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución de manera indefinida. De ahí cuelga otro lamentable fallo: no haber cerrado TV3 o no haber convertido esa televisión autonómica en un canal dedicado al cine del Oeste. Por razones relativas a la ignorancia en materia de comunicación, los antecitados debían de pensar que TV3 era una televisión normal, un medio con espacios informativos y de entretenimiento en vez de un canal dedicado a la manipulación, el adoctrinamiento y la desinformación que destila odio a España hasta en los concursos. El PP dice en su descargo que no clausurar esa cadena fue una de las condiciones que impuso el PSOE para apoyar el 155 desnaturalizado.

Cerrar TV3 no hubiera supuesto un golpe contra la libertad de expresión e información, sino un considerable ahorro para los ciudadanos residentes en Cataluña y una gran aportación a la higiene mental de la sociedad catalana. Dada la orientación estrictamente nacionalista del ente, lo coherente sería que tal televisión la pagaran los partidos de la cuerda independentista y quienes libremente quisieran contribuir a su sostenimiento, no aquellos que son insultados, despreciados y marginados en todos y cada uno de los programas de la parrilla autonómica. Y eso si es que una televisión que miente, desinforma y extiende el odio contra España y los españoles puede considerarse legal y mantenerse abierta.

Una televisión de partido cabe perfectamente en el ordenamiento mediático español. De hecho, los grandes grupos de comunicación responden perfectamente a la lógica de los Gobiernos de turno, que son el anunciante de mayor poderío. Sin embargo, lo de TV3 no tiene comparación posible ni límite alguno. Una de las conversaciones interceptadas por orden judicial a David Madí, componente del llamado estado mayor del proceso (la cúpula del golpe separatista), corresponde a una charla con Pilar Rahola, musa del proceso y propagandista de Puigdemont en La Vanguardia y TV3. Rahola se queja de que le quieren restar protagonismo en la televisión pública, que dicha televisión está en manos de los "estalinistas de ERC", que los encargados de ejercer el control en TV3 por parte de Junts per Catalunya (cita a un tal Francesc Pena y al diputado Albert Batet) son unos incompetentes y que al director de la cadena, Vicent Sanchís, se lo tienen que hacer pagar. Hasta la mafia cuida más las formas que los independentistas que se disputan el control de TV3, una auténtica fábrica de mentiras y manipulación.

Rahola alega en su descargo que la conversación con Madí era de carácter privado. Cierto, pero se trataban asuntos públicos como el sesgo y la dirección de una televisión que, insistimos, pagan todos los ciudadanos de Cataluña sin distinción. Además, esa misma Rahola no ha lamentado jamás sino que ha aplaudido hasta con las orejas cuando se han difundido conservaciones de políticos del PP o de ERC. En esos casos le ha parecido siempre estupendo, un ejercicio de puro periodismo, el colmo de la profesionalidad y una aportación imprescindible al debate público.

Ahora se trata exactamente de lo mismo, una conversación de dos personajes públicos que ilustra sobre cómo funciona TV3 y los planes de Junts per Catalunya para arrebatar el control de la cadena a ERC. Sólo falta saber cuánto cobra doña Pilar. Se estima que unos sesenta mil euros al año sin contar la paga de la productora de Buenafuente, ahora en manos de Roures, que tarifa al margen del control público. Y todo, como dice ella, por diez minutos dos días a la semana.

'Bajo el silencio'
Cayetano González Libertad Digital 10 Noviembre 2020

No es nada descartable, más bien es muy probable, que en Ajuria-Enea veamos dentro de pocos años de lehendakari a Arnaldo Otegui con el apoyo del PSOE y de Podemos.

El último documental de Iñaki Arteta, Bajo el silencio, pone de manifiesto la grave enfermedad moral que sufre una parte de la sociedad vasca, por mor de 50 años de terrorismo de ETA. A lo largo de los 153 minutos que dura este magnífico trabajo se constata el daño que el terrorismo ha causado, y que no se limita, aunque sea la parte más trágica y dolorosa para las víctimas, al asesinato de 857 personas.

A diferencia de Patria, donde la ficción se acerca mucho a la realidad, en Bajo el silencio todo es realidad: desde las reflexiones profundamente equivocadas del cura de Lemona a los testimonios confusos de un bertsolari, un escritor en euskera, el director de una ikastola, por no hablar de unas jóvenes estudiantes de un instituto de bachillerato que el único atentado de ETA que recuerdan es el de Carrero Blanco, porque es lo único que han estudiado en los libros de historia reciente.

Casi todos los testimonios recogidos en Bajo el silencio destilan ese relativismo moral que es uno de los daños más profundos que ha causado el terrorismo y que se condensa en esa terrible frase, expresada en algunos casos, pensada en otros, durante bastantes años tras un atentado: “Algo habrá hecho”. Una forma de retorcer el principio ético y moral de “el fin no justifica los medios”, que debe regir la vida de las personas y las sociedades.

El problema es que esa batalla por que se conozca la verdad de lo que ha pasado en esta etapa trágica de nuestra historia reciente se está perdiendo, si es que no se ha perdido ya. Ese sentimiento que refleja perfectamente Bajo el silencio de que lo de ETA es ya historia pasada, que quizás estuvo mal, pero que en cualquier caso hay que pasar página y mirar al futuro con esperanza, es algo que está muy instalado en el imaginario colectivo de la sociedad vasca.

Con esos parámetros, es lógico que los herederos políticos de ETA se encuentren fuertes, se sientan vencedores y miren el futuro con optimismo, en términos de poder llegar al poder dentro de no mucho tiempo. Si además en esa tarea son ayudados por el Gobierno de España, que pacta con ellos, les considera interlocutores válidos, les blanquea, pues miel sobre hojuelas. No es nada descartable, más bien es muy probable, que en Ajuria-Enea veamos dentro de pocos años de lehendakari a Arnaldo Otegui con el apoyo del PSOE y de Podemos.

Un País Vasco donde al final manden los que apoyaban, por acción o por omisión, a ETA no puede tener un futuro esperanzador. Debería ser la propia sociedad vasca la que se diera cuenta y reaccionara, pero si no lo hizo durante los años en que el tiro en la nuca y los coches bomba estaban a la orden del día, ¿por qué hay que esperar a que lo haga ahora, cuando ETA ya no mata y se puede vivir con más tranquilidad?

Este último documental de Arteta –persona a la que hay que agradecer su valentía, determinación y constancia para llevar a cabo, contra viento y marea, estos trabajos fundamentales para preservar la Memoria, Dignidad y Justicia de las víctimas del terrorismo– debería ser emitido por las principales cadenas de televisión y visto, sobre todo, por muchos dirigentes políticos y sociales que piensan de una forma ingenua pero ignorante que ETA ha sido derrotada.

EL VETO AL ESPAÑOL
El Hipercor en el que atentó ETA en Barcelona en 1987 excluye al español y sólo rotula en catalán
El PSOE consuma el golpe al castellano: vota con ERC suprimirlo como lengua vehicular en las aulas
Andrea Aguado Robles okdiario 10 Noviembre 2020

El menosprecio al español continúa en Cataluña. El emblemático Hipercor de Meridiana, donde se perpetró el atentado de la organización terrorista ETA el 19 de junio de 1987 en Barcelona con un coche bomba -causando la muerte de 21 personas y heridas a otras 45-, excluye al español y sólo rotula en catalán en su sección de alimentación. Una imagen a la que no nos tenía acostumbrados el grupo de distribución, que por primera vez excluye de su cartelería el idioma que hablan a diario miles de catalanes.

Así lo ha denunciado la Asociación Hablamos Español en conversaciones con OKDIARIO y han asegurado que «no hay ni rastro del español en los pasillos de alimentación del Hipercor de Meridiana en Barcelona, ya que sólo se pueden apreciar rótulos en catalán». Además, destacan que esta imagen se repite en las secciones de pescadería, frutería, charcutería, carnicería y panadería, donde la red de hipermercados española, perteneciente al grupo El Corte Inglés, no rotulan en castellano.

Los clientes que acudan al Hipercor de Meridiana se encontrarán que todos los carteles que indican dónde están los productos de cada sección están exclusivamente en catalán, como es el caso de la zona de pescadería. Una exclusión a la que se suman los rótulos de los productos catalanes, que aparecen señalados con la bandera de la comunidad autónoma.

No cambiará la cartelería
Varios clientes se han puesto en contacto para con El Corte Inglés -grupo al que pertenece Hipercor- con el objetivo de transmitir a la compañía su descontento con la rotulación del supermercado y esta ha sido su respuesta: «Confirmamos que siempre señalizamos tanto en español como en catalán en cada una de nuestras tiendas en Cataluña, además de ciertos idiomas en zonas turísticas. Le invitamos a comprobar presencialmente y estamos a su disposición para que no quede ninguna duda de nuestra vocación de servicio para lograr que nuestros centros sean fácilmente accesibles al mayor número de personas que nos visitan».

Las imposiciones de la Generalitat
Una situación que se produce porqué la Generalitat catalana obliga a las empresas a rotular en catalán pero no prohibe hacerlo en español. Las compañías pueden imprimir su cartelería en catalán y castellano, pero en este caso el coste económico es mucho más elevado, ya que muchos empresarios catalanes también incluyen otros idiomas por el potencial turístico que tiene la ciudad condal.

El Gobierno de Cataluña lleva desde 2010 imponiendo sanciones muy elevadas a los comercios que no utilizan el catalán en letreros, menús u ofertas de negocios. Lo hace a través de la Agencia Catalana del Consumo (ACA), organismo encargado de hacer cumplir el código de consumo de Cataluña.

Se trata de una ley que se redactó en la recta final del último Gobierno de Jordi Pujol, tomó forma con la llegada del tripartito a la Generalitat y el actual mandato mantiene como uno de los factores de vital importancia. La suficiente como para que la ACA defienda estas multas como una manera de «establecer la protección de los derechos e intereses lingüísticos de las personas consumidoras» y se basa en la legislación vigente, que tipifica como infracción, precisamente, vulnerarlos.

Adiós al español como lengua vehicular
En un contexto en el que los diputados de PSOE, Unidas Podemos y ERC han aprobado este jueves una enmienda impulsada por los separatistas para la eliminación del castellano como lengua vehicular en las aulas, según el resultado de la votación -celebrada a puerta cerrada-. Por su parte, el PNV se ha abstenido, mientras que PP, Vox, Ciudadanos y UPN se han pronunciado en contra. Se trata de la primera votación de este polémico texto antes de ser elevado al Pleno de la cámara baja.

La iniciativa, impulsada por ERC, se enmarca dentro de las negociaciones de apoyos que Pedro Sánchez ha iniciado para sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) y con el objetivo de avanzar en el Gobierno frankenstein. Esta enmienda posibilitaría que comunidades como Cataluña, País Vasco, Navarra o Galicia eliminaran por completo la educación en castellano en sus territorios.

Ahora, la redacción queda así tras la supresión de 19 palabras clave: «Las Administraciones educativas garantizarán el derechos de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».
 


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