AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 11  Noviembre  2020

La ministra simiesca y la lengua
Vicente Torres Periodista Digital 11 Noviembre 2020

Las lenguas no tienen derechos, los tienen los ciudadanos. Conocer una lengua muy difundida en el mundo es una suerte, porque facilita mucho la vida; con una minoritaria, en cambio, resulta complicado moverse por el mundo.

Lo que pretende la ministra es dejar sin recursos legales a los padres que se oponen a la idiotización de sus hijos, teniendo en cuenta, además, que una vez instalada en la mente de alguien suele ser para siempre.

La gente habla, de forma instintiva, la lengua que más le conviene. Si le obligan a estudiar otra, lo hace de mala gana. Cuestión distinta es sirve para lograr trabajo, pero no hay para todos y ese es un problema grande al que se enfrentan los sinvergüenzas. Pretenden obligar a que para ser médico o profesor de filosofía sea indispensable hablar no sé qué dialecto.

Quieren imponer dos lenguas por la brava: el engendro de Pompeyo Fabra, que apenas hablan cuatro gatos, aunque los golfos inflan ilusoriamente la cifra, y otra que dicen que es heptamilenaria, aunque todo indica que han tirado por lo bajo, porque debe de tener muchos más miles de años, según se percibe en el enroscado de las boinas, cuya perfección no se puede lograr unos siete mil años de nada. El caso es que este lenguaje, heptamilenario por lo menos, también ha sido manoseado, puteado y manipulado según cuentan los que entienden del asunto.

Pero ahí está la ministra esta, haciendo de las suyas, como todos los de su gobierno, que no hay ninguno que tenga idea buena. Ha demostrado tener la cara tan dura como el más duro de los materiales, e incluso como los demás componentes de su gabinete, aunque las hay que la superan en burrera (jo, tía).

Pero, al contrario de lo que piensan algunos, lo que ha hecho esta gentuza no es un golpe mortal a la lengua española, que seguirá pujante durante mucho tiempo, incluso en España. El golpe se les da a los ciudadanos, muchos de los cuales son masoquistas.

Otro flagrante ataque a la Constitución
OKDIARIO 11 Noviembre 2020

La acusación popular es una figura reconocida en nuestro derecho y regulada en el artículo 125 de la Constitución que faculta tanto a personas físicas como jurídicas a personarse en un proceso judicial penal, aunque no se hayan visto afectadas directamente por el delito en cuestión. Es, en suma, una figura que no actúa por interés propio, sino en defensa de la legalidad. Es evidente que puede reformarse para hacerla más eficaz, pero lo que ahora pretende el Gobierno socialcomunista es, sencillamente, demolerla. Y lo hace para garantizarse el control de los procesos judiciales. Su intención es que ni administraciones públicas, ni partidos políticos ni sindicatos puedan ejercerla. Si, por un lado, controla a la Fiscalía -como reconoció abiertamente el presidente del Gobierno en una entrevista radiofónica- y por el otro liquida la acusación popular, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tendrá manos libres para allanar cualquier proceso judicial en el que se vean afectados, bien de forma directa o indirecta.

En suma, lo que pretende el Gobierno es quitarse del medio a todos los actores a los que la Constitución otorga un papel relevante en la defensa de la legalidad. Una tropelía, otra más, que revela que el socialcomunismo está dispuesto a triturar todos los diques de contención para hacer de su capa totalitaria un sayo. Si con la reforma que pretende el Ejecutivo sólo la Fiscalía puede ejercer la acusación y el Ministerio Público depende del Gobierno, ¿quién vela por la defensa de la legalidad?

El acoso al Poder Judicial, la ofensiva contra los medios de comunicación o el desprecio a los pronunciamientos del Constitucional al plegarse a los golpistas catalanes para que el español deje de ser lengua vehicular en Cataluña, son algunos ejemplos del nulo respeto que el Gobierno tiene a la Carta Magna, a la que quiere convertir en papel mojado. El artículo 125 de la Constitución es muy claro, tanto como las intenciones de un Ejecutivo reñido con el Estado de Derecho.

Vox pide a padres y profesores movilizarse contra la ley Celaá: “Es un ataque a las familias”
Redacción rebelionenlagranja.com 11 Noviembre 2020

El portavoz de la dirección nacional de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha llamado a alumnos, padres y profesores a movilizarse contra la reforma de la Ley de Educación, la conocida como ‘ley Celaá’, pues considera que es “un ataque a las familias”.

En rueda de prensa en su sede, Buxadé ha censurado buena parte de los contenidos de la reforma educativa promovida por el Gobierno de coalición y que ha sido pactada en el Congreso con ERC.

Por un lado, asegura que la LOMLOE suprime el castellano como lengua de enseñanza en comunidades como Cataluña “como consecuencia de la componenda y la traición del Gobierno de Sánchez con partidos separatistas”.

También sostiene que la ley Celaá supone un “ataque tremendo a la educación especial”: “El gobierno tendrá que explicar ese casi odio que manifiestan a la educación especial”, ha añadido.

Además, se queja de la restricción de subvenciones a la educación concertada, lo que en su opinión supone “un nuevo ataque a las familias, especialmente a las menos favorecidas, que gracias al sistema de conciertos, pueden romper la estratificación de la sociedad”. “La izquierda prefiere imponer todos sus dogmas ideológicos para impedir que los españoles puedan ascender”, argumenta.

En ese contexto, Buxadé ha garantizado que su partido hará en el Congreso una “encendida defensa de la libertad frente a un Gobierno tiránico que quiere imponer su ideología”, pero también espera que los padres, alumnos y profesores “salgan a defender un sistema educativo de valores fuertes y que no permitan la desaparición”.

En esas movilizaciones, ha dicho, estará Vox, y no le importa que coincida con el PP y Ciudadanos: “Nosotros no vamos a las manifestaciones para hacernos fotos, sino para defender la libertad –ha señalado–. Estaremos encantados de hacernos fotos con los padres y niños que se manifiesten por la libertad”.

Lo que va de un cura vasco a Maximiliano Kolbe
Carmelo Jordá Libertad Digital 11 Noviembre 2020

Después de sus repugnantes declaraciones en la película Bajo el silencio, del gran Iñaki Arteta, el ya tristemente famoso párroco de Lemona profirió unas a modo de disculpas y el obispo de Bilbao, con buen criterio, le suspendió de sus funciones.

No esperaba yo que el castigo se prolongase mucho, que ya sabemos que la Santa Madre Iglesia es muy suya a la hora de castigar a sus pastores, pero por si acaso ya han salido tres plataformas tres de curas a defender al de Lemona y a decir que nada de disculpas, que muy bien dicho y que exactamente eso es lo que piensa "un amplio sector" de la sociedad vasca.

La primera pregunta que me surge es que para qué necesitará un cura más plataforma que su parroquia y sus feligreses, pero igual es que mis ideas sobre la Iglesia son un poco anticuadas y resulta que los sacerdotes lo que deben hacer no es dar consejo espiritual y repartir sacramentos, sino polítiquilla repugnante en plataformas, coordinadoras y colectivos. La verdad es que no se puede descartar nada en estos tiempos bergoglianos, en los que tanto y tan malo sale de Roma.

Pero no nos desviemos de lo que es el propósito de esta columna y analicemos lo que han dicho esas tres cuadrillas de seres ensotanados: la justificación a las palabras del párroco de Lemona es, como les decía, que un "amplio sector de la sociedad vasca" estaba de acuerdo en que sus vecinos se merecían la extorsión, los secuestros, los tiros en la nuca y las bombas lapa. Y es cierto: así de enferma estaba y está la sociedad vasca; como enferma estaba la sociedad alemana en los años 30 y 40, y a Maximiliano Kolbe no se le ocurrió justificar los crímenes nazis, sino que fue detenido por salvar a cientos de judíos y, una vez en Auschwitz, se ofreció para morir en lugar de un desconocido que iba a dejar varios huérfanos.

¡Qué diferencia con sus colegas en el País Vasco, que, desde el calor y el confort de la sacristía, animaban a los jóvenes a meterse en ETA, eran pieza fundamental en la estrategia de hostigamiento en tantos y tantos pueblos vascos y, para colmo, maltrataban a las víctimas, los más débiles, siempre que tenían la oportunidad!

La Justicia ya no les alcanzará, por desgracia, pero espero que algún día la historia cuente bien a las claras y todo el mundo sepa el repugnante papel que la inmensa mayoría de la Iglesia vasca –con el consentimiento o al menos el silencio de la Iglesia española– desempeñó durante todos los terribles años de ETA.

Pastores que llevaban a lo mejor de su rebaño al matadero; chusma que arrastró por el fango y la sangre de inocentes sus sotanas y sus almas; gentuza que nunca contribuyó a la paz, tal y como exige su credo; socerdotes, que no sacerdotes, que merecerían que el infierno existiera, aunque sólo fuese para ellos.

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La inmersión catalana es única en el mundo
José García Domínguez Libertad Digital 11 Noviembre 2020

Que la inmersión lingüística obligatoria de los escolares castellanohablantes en la lengua catalana constituya un modelo de éxito, esa cansina cantinela recurrente que no se cansan de recitar sus publicistas profesionales a ambas orillas del Ebro, supone un aserto igual de indemostrable que la existencia real de los platillos voladores venidos de otras galaxias que tanto frecuentan los muy entretenidos espacios televisivos de Íker Jiménez. Y no se puede demostrar por la sencilla razón de que la Consejería de Educación de la Generalitat ha tenido sumo cuidado durante los últimos cuarenta años en que no exista ningún registro estadístico oficial donde conste la lengua materna de los escolares catalanes. De ahí que absolutamente nadie esté en disposición de poseer un conocimiento preciso de cuántos niños catalanes hablan en español con sus padres y cuántos lo hacen en catalán u otros idiomas. No se sabe porque, obviamente, no se quería que se supiese. A partir de ahí, pues, cualquier juicio de valor a cuenta de los resultados pedagógicos del sistema no deja de ser pura y simple charlatanería propagandística.

Pero, al margen de que la inmersión forzosa de la mitad de la población local en la lengua materna de la otra mitad haya constituido un éxito o un fracaso, lo indiscutible es que habrá constituido un éxito o un fracaso únicos en el mundo. Y es que en ningún otro país del planeta, en ninguno, rige a día de hoy un sistema oficial de inmersión escolar similar al vigente en Cataluña. Así, el extendido cuento chino de que en Quebec se practica la misma aberración docente no se compadece en absoluto con la verdad. En Quebec, bien al contrario, la inmersión en francés resulta ser voluntaria para los hijos de padres anglófonos, un grupo lingüístico que representa en torno al 20 por ciento de la población de la provincia. Nada que ver con las madrasas catalanas. Y en Finlandia, país tan celebrado por disponer del mejor sistema educativo del mundo, la minoría de lengua materna sueca recibe toda su instrucción escolar, desde la guardería a los cursos de acceso a la universidad, en el idioma sueco de sus padres. Menos aún que ver con los talibanes de la Plaza de San Jaime. Si Podemos y el Gobierno quieren en serio acabar con las noticias falsas, tienen por dónde empezar.

La inmersión, una estafa antisocial
Irene González. vozpopuli  11 Noviembre 2020

No se puede entender ni abordar la cuestión lingüística en España al margen de la cuestión social que implica la inmersión. En Cataluña las familias castellanohablantes, cuya renta es menor a la media, han sido los conejillos de indias de uno de los mayores proyectos de ingeniaría social, la Agenda 2000 de Jordi Pujol. El principal objetivo de la inmersión es identificar a la lengua catalana como la única legítima en Cataluña, expulsando al español de la vida pública. Quedaron así atrapados los castellanohablantes en una maquinaria nacionalista que entendía la lengua como objetivo político y no como enseñanza.

La inmersión no es un modelo de éxito para nadie que no tenga un chiringuito lingüístico. Tampoco para los catalanoparlantes. Avergüenzan y apenan, según el caso, las faltas de ortografía y las dificultades para expresarse en español de políticos nacionalistas. ¿Qué clase de necio puede creer que domina mejor una lengua, que apenas estudia una hora a la semana, que un niño de Zamora? Los exámenes de castellano los realizan en catalán, por cierto.

Afirma Joan Mena, diputado de Unidas Podemos-En Comú Podem, que “los castellanohablantes somos los principales interesados en el modelo de inmersión lingüística”. Dejando a un lado su exhibición de servilismo al nacionalismo más xenófobo de Europa, me recordó la campaña que se hizo en los colegios de Cataluña en los años 80 a las familias castellanohablantes: “Lo mejor para vuestros hijos es dejar el español para el ámbito familiar, se tienen que integrar”. Les hicieron creer que no estudiar en su propia lengua, el español, les abriría puertas. Padres de familias humildes asumieron que sus hijos adquirirían un mejor estatus social si hablaban en un buen catalán, con convicción, relegando todo rastro de español.

Las consecuencias de la inmersión han sido bien distintas de aquellas promesas de prosperidad. Desde la Ley de normalización Lingüística de 1983, las familias castellanohablantes pudieron observar una doble realidad. Por un lado, los dirigentes convergentes y socialistas no utilizaban ese 'modelo de éxito' para sus propios hijos. Los escolarizaban en caros colegios privados que ellos jamás se podrían permitir. Estudiaban en español, catalán y otras lenguas extranjeras, adquiriendo y perpetuando las oportunidades de desarrollo profesional y personal que su renta les ofrecía y que sus hijos no tendrían.

Por otro lado, comprobaron cómo sus hijos tenían mayores dificultades de aprendizaje y peores notas que aquellos que estudiaban en su lengua materna, en catalán. Esto suponía una tasa de abandono escolar entre los castellanohablantes muy superior. La ideologización del catalán provoca que muchos niños se sientan inferiores o peor estudiantes que los catalanoparlantes, con las severas consecuencias que ello acarrea en su desarrollo. Muchos no accedieron a la Universidad o no lo hicieron en la carrera deseada por una media inferior en sus calificaciones. La inmersión, aceptada para que sus hijos tuviesen oportunidades en Cataluña, era en realidad la destrucción del único ascensor social que tiene alguien de familia humilde y trabajadora, la educación. Esto afecta también a las oportunidades en el resto de España. La inmersión supone una verdadera frontera lingüística.

Acoso sin compasión
La única perspectiva correcta a la hora de analizar la inmersión es tener en cuenta que detrás de este proceso, hay niños y familias con historias de injusticia y sufrimiento. Vidas destrozadas por defender los derechos lingüísticos de sus hijos, como la ocurrida en el pueblo leridano de Balaguer. En el 2015 y en una soledad absoluta y desamparo institucional estatal más clamaroso, una familia tuvo la osadía de solicitar educación en español para sus hijos. El acoso sufrido fue orquestado, asesorado y financiado desde la propia escuela, el Ayuntamiento y la Generalidad de Cataluña. El boicot a su negocio, el vacío social a sus hijos, las manifestaciones de los vecinos ante su casa y todo un despliegue de señalamiento por parte de la TV3. Ésta fue la reacción institucional, ejemplarizante para aquellas familias que quisiesen emprender el mismo camino, solicitar la aplicación de la STC 31/2010. La película Arde Mississippi en su versión catalana.

Las consecuencias de la inmersión se agravan cuando los niños tienen necesidades especiales. Aún recuerdo a esa familia catalana con un hijo sordomudo al que le negaron un logopeda en español. Sin compasión.

Lo trágico es que la supresión del español como lengua vehicular no cambia la realidad catalana. Supone dar un posible amparo legal a todos aquellos que no están cumpliendo la legalidad. También abre aún más las puertas al resto de las regiones con idiomas cooficiales para que imiten el modelo catalán.

Ana Losada, presidenta de Asamblea por un Escuela Bilingüe, acudió al Parlamento Europeo para explicar el estudio que su asociación había realizado sobre la realidad de las escuelas catalanas. Se analizó el 96% de los centros. Se descubrió que ninguna de ellas ofrece educación en español. En 126 colegios se impartía, además de la clase de lengua española, una asignatura en castellano, educación física. En el Parlamento Europeo quedaron estupefactos y alarmados.

Esta situación, para la secretaria de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, es un “avance garantista en plurilingüismo”. Acusa de 'derecha identitaria con fines de guerra cultural' a quien cuestione la eliminación del castellano como lengua vehicular.

Nadie del PSOE niega que dicha enmienda a la Ley de Educación ha sido aprobada en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con ERC. El PSC mostró una cierta sorpresa interna ante la medida. El motivo no es la discrepancia, sino la ventaja electoral que supone para su directo rival en las elecciones catalanas haber eliminado el español como lengua vehicular. Recuerdo que un supuesto motivo de Ciudadanos para apoyar con persistencia a Sánchez era alejarle de ERC. Más lejos y ofrecerán un ministerio a Rufián. Política útil, lo llaman. Pero, ¿para quién?.

Que esta iniciativa se haya aprobado en un contexto de negociación presupuestaria hace que sea triste e injustificable a partes iguales que Ciudadanos, partido que nació para defender a las víctimas de la inmersión, siga por ahora en la foto de los Presupuestos. Desluce el trabajo que llevan a cabo en Europa personas como Maite Pagaza o Jordi Cañas. “Lo hacemos para salvar vidas y empleos”—afirma Edmundo Bal. Proponen medidas anunciadas por el Gobierno hace meses, gasto sanitario y ayudas sociales. Con ese mensaje sólo contribuyen a difundir, punto por punto, la propaganda de Iván Redondo de identificar a Sánchez e Iglesias con “salvar vidas y empleos”, cuando es justamente lo contrario. “Se consiguen cosas estando cerca del poder”, añaden. Queda claro qué cosas no pretenden conseguir acercándose a Sánchez. Por ejemplo, evitar el abandono escolar de los niños castellanohablantes y sus familias que no pueden marcharse de Cataluña. Se puede estar de acuerdo o no, pero es indudable que resulta imposible salir indemne del abrazo a un monstruo. Sería bueno que al menos nos ahorrasen justificaciones inverosímiles llenas de soberbia. No ayuda a la ya maltrecha credibilidad de Inés Arrimadas. ¡Qué tristeza! ¿Sólo nos queda Europa?

La desinformación se llama Pedro Sánchez
Liberal Enfurruñada okdiario 11 Noviembre 2020

El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una Orden mediante la cual ha creado la Comisión Permanente Contra la Desinformación que manejarán entre Iván Redondo, jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, o sea, el gurú y el dircom de Pedro Sánchez, quienes recibirán la ayuda del imputado Juanma del Olmo, director de Comunicación y Estrategia de la vicepresidencia de Pablo Iglesias. El farragoso texto legal mezcla recomendaciones de la Comisión Europea previstas para la prevención de ataques por parte de terceros Estados, con planes del Parlamento Europeo contra la desinformación acerca de la COVID-19, para hacer un totum revolutum del que salen las excusas para crear el organismo dependiente directamente de “su persona” con el que va a controlar todo lo que se publique en los medios de comunicación y redes sociales españolas.

La Comisión contra la Desinformación que controlará Pedro Sánchez «establece cuatro niveles diferentes de activación» que van desde un primer nivel donde se detectarán lo que se consideren «campañas de desinformación», un segundo nivel que priorizará los esfuerzos, un tercero «en el que se adoptan decisiones y marcan objetivos de carácter político-estratégico con el objeto de hacer frente a una campaña de desinformación», hasta un cuarto y último nivel «de gestión política» desde el que se tomarán las decisiones coordinadas del Consejo de Seguridad Nacional. Si en realidad esto se utilizara para luchar contra el terrorismo informativo con el que se pueden producir ataques por parte de terceros Estados y contra la desinformación malintencionada acerca de la pandemia de la COVID-19, no habría nada que objetar. Pero cuando al frente de esta Comisión contra la Desinformación se pone a Iván Redondo, Miguel Ángel Oliver y el imputado Juanma del Olmo, tenemos que empezar a sospechar que algo no cuadra.

En el pacto suscrito entre PSOE y Podemos para la investidura de Pedro Sánchez, los socios ya avanzaban su intención de impulsar una estrategia nacional para «la lucha contra la desinformación», que incluiría la «elaboración de guías, mejores prácticas y cursos» para combatirla. Pablo Iglesias jamás ha ocultado su interés por controlar los medios de comunicación y en sus programas electorales ha propuesto la realización de campañas de formación en «todas las fases del sistema educativo» para «impulsar una audiencia activa, crítica y participativa en unos medios de comunicación plurales». Con la creación de esta nueva Comisión contra la Desinformación, dependiente directamente de Moncloa, serán Sánchez e Iglesias los que definan los contenidos y los fines con los que se llevarán a cabo esas campañas de «alfabetización mediática» que adoctrinarán sobre lo que es noticia y lo que no lo es.

Hace ya más de dos años que OKDIARIO publicó, en relación con la tesis doctoral del presidente del Gobierno, que “Sánchez y su ‘negro’ plagiaron párrafos enteros de informes del Ministerio de Industria”. Sánchez dirigió entonces un burofax a Eduardo Inda, director de este medio, conminándole a que se retractase y amenazándolo, si no lo hacía, con el ejercicio «de cuantas acciones me correspondan en Derecho, incluidas las del carácter penal». Dos años en los que Inda no sólo no se ha retractado, sino que OKDIARIO ha seguido publicando informaciones que han hecho que Sánchez se gane a pulso el apelativo de Cum Fraude. Y la denuncia no ha llegado, porque aún no existía esta nueva Comisión contra la Desinformación.

A partir de ahora empezará a ser peligroso hablar sobre su tesis doctoral, recordarle sus promesas de que nunca pactaría con los populistas de Podemos ni mucho menos negociaría con los proetarras de Bildu: «Con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces, o veinte, con Bildu no vamos a pactar». Hasta puede ser un gran peligro difundir el vídeo en el que, en relación a lo ocurrido en Cataluña el 1-O, afirma que «clarísimamente ha habido un delito de rebelión». La persona más embustera y que menor respeto ha demostrado sentir por la verdad en toda su trayectoria política ahora dirige el nuevo Ministerio de la Verdad. Pues aquí nos tienes, Pedro, ahora que te has armado y no precisamente de razones, ya sabes qué puedes hacer con tus burofax, con tus amenazas y con tus mentiras. Nosotros seguiremos informando.

Y Madrid, ¿qué?
Emilio Campmany Libertad Digital 11 Noviembre 2020

Las demás comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, se niegan a imitar las políticas de Ayuso para no tener que admitir su éxito.

"¿Qué de qué?", contestaría el guindilla, devolviendo la pregunta con otra. Y la chulapa le volvería a preguntar: "Que qué de la impericia de Ayuso". Y el agente de la autoridad no tendría otro remedio que admitir: "De la impericia de Ayuso, na de na". "¿De na?". "Na", zanjaría el poli.

Prueba irrefutable del sectarismo que domina los medios de comunicación españoles es el trato dado a esta presidenta de comunidad autónoma que, teniendo que hacer frente a la pandemia en un territorio tan densamente poblado, fue expuesta al más cruel escarnio público cuando al principio de la segunda oleada su región arrojó las peores cifras absolutas de toda España. No quiso nadie tener en cuenta que, en términos relativos, los números no eran tan malos. Tampoco se quiso dar un margen de espera para ver si sus medidas daban algún resultado. Se aplaudió que el Gobierno se negara a negociar nada con ella y le impusiera una intervención que jamás se habría atrevido a implantar en Cataluña o el País Vasco. La mayoría de los medios rechazaron lo obvio, que los baremos para justificar la intervención habían sido fijados arbitrariamente porque eran los que Madrid incumplía en ese momento. Apenas se destacó que Navarra, gobernada por una socialista con el respaldo de los filoetarras, habría merecido mucho más una intervención de esa clase. Se tacharon de clasistas los confinamientos perimetrales por áreas que se basaban en los análisis de las aguas negras, que permiten determinar de forma muy temprana la extensión de la enfermedad por barrios y, si hubiera medios, por manzanas e incluso por comunidades de propietarios.

Hoy, las cifras de Madrid son de las mejores de España, no obstante tener la comunidad una alta concentración de población y padecer las facilidades que da al contagio el hacinamiento en los transportes públicos y en las calles de algunas zonas. Y encima es sin duda la comunidad que mejor ha sabido preservar su economía, hasta el punto de haber sido Madrid la que ha salvado las cuentas del tercer trimestre, que es lo que ha permitido al Gobierno sacar pecho frente a la UE. Más hiriente todavía es que esos mismos medios que arremetieron contra la eficiente presidenta se apresuren hoy a ponerle el micrófono a su inútil vicepresidente, Ignacio Aguado. Éste, con mascarilla de granito, aprovecha toda ocasión para atribuirse los éxitos de ella, a pesar de haber sido él el primero en desdeñar sus políticas y alentar una intervención del incompetente Illa. Encima, todas las demás comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, se niegan a imitar las políticas de Ayuso para no tener que admitir su éxito.

Todavía hay muchos españoles que siguen creyendo lo que los medios, de derechas y de izquierdas, dijeron de ella cuando la tildaron unas veces de estúpida y otras de loca. De hecho, siguen siendo pocos quienes le reconocen ser el único gobernante capaz de combatir el virus con cierta eficacia, a la vez que salva en lo posible la economía de su región. Y lo está haciendo sin apenas instrumentos legales y bajo el fuego que no cesa del Gobierno de Sánchez e Iglesias. Si esto no es desinformación, que vengan Iván Redondo y Carmen Calvo y lo vean.

ETA: El nacionalismo vasco pretende blanquear su legado y reescribir la historia de terrorismo
Redacción rebelionenlagranja.com 11 Noviembre 2020

El proceso de reescribir la historia del terrorismo de ETA, de balancear el dolor causado, de hacer equidistancia entre el estado de derecho y una banda criminal y de criminalizar a las víctimas, ya ha comenzado. Al parecer, el nacionalismo vasco no ha llegado a superar aquella malformación intelectual y psicológica del “algo habrá hecho” (frase que el nacionalismo vasco utilizó durante muchos años para justificar los crímenes de ETA). Durante muchos años, las vícitimas y sus familias padecieron la indiferencia de los nacionalistas “moderados” del PNV y la inversión de la culpa. Pero no existe “moderación” posible cuando se incurre en la equidistancia entre víctimas y verdugos, sino complicidad en el relato.

La directora de Gogora-Intituto Vasco de la Memoria, Aintzane Ezenarro, ha afirmado este martes, en el que se celebra el Día de la Memoria, que la violencia de ETA debe tener un análisis específico, pero ha advertido que no se puede caer en hacer “distinciones entre víctimas”.

“Cada uno tendrá que explicar por qué no está donde antes sí ha estado en algún momento”, ha subrayado la directora del Instituto de la Memoria, en alusión al PP. En esta ocasión, tampoco se suman Ciudadanos –coaligado con los populares en el grupo parlamentario– ni Vox.

Aintzane Ezenarro cree que la violencia de ETA “exige un análisis específico”, que, según ha asegurado, ya se hace. “También requieren un análisis específico otras violaciones de derechos fundamentales, pero eso no nos puede llevar a hacer distinciones entre víctimas”, ha concluido.

Por su parte, el portavoz del PNV en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, Iñigo Iturrate, ha subrayado la importancia de “involucrar y acompañar” a las nuevas generaciones para que conozcan “el dolor y la división” causada por el terrorismo y la violencia en Euskadi. Además, ha reafirmado su compromiso con la exigencia de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, “sin exclusiones, equiparaciones ni justificaciones de la violencia”. Iturrate, que este martes ha participado en el acto del Parlamento Vasco con motivo del ‘Día de la Memoria’, ha considerado que los jóvenes vascos deben conocer “la reciente historia de dolor y su impacto en la sociedad vasca”, con el fin de “no olvidar y no repetir los errores del pasado”. Llamar “errores” a los asesinatos no deja de ser una curioso -y crudelísimo- fake, y el impacto en la sociedad vasca sigue consistiendo en una grave enfermedad moral: la cobardía de no atreverse a distinguir nítidamente víctimas de verdugos, de no atreverse a tomar partido por las primeras y de hacerse “asumibles” y comprensivos hacia los segundos.

El representante del PNV ha afirmado que, pese a la superación del “pasado violento”, es necesario construir una memoria crítica “que rechace toda legitimación del terrorismo”. “Hoy es un día para denunciar alto y claro la sinrazón de las vulneraciones de derechos humanos y para reclamar una memoria crítica que nos ayude a no repetir los errores del pasado”, ha afirmado. A su juicio, esto es algo que la sociedad “debe a todas las personas que han sufrido”.

Por su parte, la parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, ha defendido ante el monolito en memoria de las víctimas del terrorismo en Bilbao, que el Día de la Memoria debe ser un homenaje para las víctimas del terrorismo y para decir ‘no’ al “blanqueamiento” de ETA y no a “equiparar todo tipo de violencias como se ha hecho”, a su juicio, en la ceremonia institucional que se ha desarrollado en el Parlamento Vasco.

Vox ha querido mostrar su “desacuerdo” con este homenaje, en el que no han tomado parte’, con un acto “paralelo” ante el monolito por las víctimas del terrorismo, situado en el Parque de Doña Casilda de la capital vizcaína, y al que han asistido varias decenas de militantes y simpatizantes de la formación.

Tras guardar un minuto de silencio y depositar la parlamentaria un ramo de flores a los pies del monolito, Amaia Martínez ha afirmado que Vox ha querido celebrar este homenaje paralelo a las víctimas del terrorismo porque, en su opinión, “este 10 de noviembre debe ser un día para evocar la memoria de las victimas”.

En este punto ha señalado que en Vox “no estamos muy de acuerdo con lo que se ha hecho hoy en el Parlamento Vasco”, porque entienden que esta fecha solo “debe ser un homenaje para las víctimas del terrorismo” y no servir para “equiparar, como están haciendo ahora, todo tipo de violencias”.

Amaia Martínez ha remarcado que “tenemos muy claro que nuestro mensaje siempre va a ser el mismo: un ‘no’ al blanqueamiento de ETA”, para lo que su formación trabajará desde todas las instituciones donde estén presentes.

Tras afirmar que considera “necesario” eliminar todos los ‘ongi etorri’ a presos de ETA porque son “algo horroroso”, ha recordado que PNV, PSE, Podemos y EH Bildu rechazaron la propuesta de Vox de debatirlo en el Parlamento Vasco.

Martínez ha añadido que son “algo a erradicar y es momento para luchar por ello”. Por ello, ha explicado que su partido “da un paso para que el resto de formaciones políticas vascas se puedan unir a este llamamiento de seguir diciendo ‘no’ al blanqueamiento de ETA y ‘sí’ a no defender la violencia y el terrorismo del que ETA hizo gala durante 40 años en Euskadi”.

En Barcelona
Fiscalía investiga el acoso a la dependienta de una panadería por atender en castellano a clientes catalanoparlantes
GERMÁN GONZÁLEZ El Mundo 11 Noviembre 2020

El servicio especializado en delitos de odio y discriminación abre diligencias tras una denuncia de Ciudadanos

Nueva investigación por un presunto caso de acoso por el uso del castellano en Cataluña. La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación por las coacciones que sufrió una dependienta de una panadería con cafetería de Barcelona por atender en castellano a clientes catalanoparlantes. La acción se hizo viral hace unas semanas cuando dos mujeres increparon a la trabajadora por usar el castellano para atenderlas. Tanto la empleada como las clientas grabaron el enfrentamiento, en el que una de ellas llegó a decirle a la víctima «yo no sé qué hacéis aquí, con lo grande que es España. Fascista».

Las clientas aseguraron que la empleada se negó a atenderlas cuando le pidieron la consumición en catalán y que tampoco quiso entregarles la hoja de reclamaciones, iniciándose una discusión.

Como es normal el incidente se difundió rápidamente por las redes sociales, lo que propició que usuarios independentistas y colectivos soberanistas pidieran a la empresa que despidiese a la empleada por no saber catalán. Incluso grupos organizados acudieron delante de la panadería el 24 de octubre pasado con banderas de 'Catalunya catalana' para preguntar si habían echado a la trabajadora "catalanófoba", como así difundieron por las redes sociales, en la cuenta de Defensa Catalunya, y añadieron que "intuimos que la habían cambiado a otra panadería" para concluir "defendemos lo que es nuestro, Cataluña en catalán".

La empleada también recibió numerosas entidades constitucionalistas como S'ha Acabat, que difundieron un vídeo, o Hablamos Español, que anunciaron acciones penales por este acoso. Sin embargo, Ciudadanos (Cs) presentaron una denuncia ante la Fiscalía, de la que ahora se ha hecho cargo el Servicio contra Odio y Discriminación del Ministerio Público, ya que consideran que se produjo un posible delito de coacciones con el agravante de incitación al ocio contra la trabajadora.

"El denominador común que habría motivado las coacciones consiste en la utilización del castellano, lengua oficial en toda España" señala la denuncia de Cs que añade que la trabajadora sufrió en octubre "unas primeras coacciones" cuando las clientas de forma "vejatoria y despreciativamente" la instaban a "marcharse de Cataluña". Añaden que a partir de este episodio difundido por las redes grupos de personas acudieron a la panadería días después «a reiterar las coacciones a la trabajadora y a promover y a incitar el odio y la discriminación del castellano».

«Mediante el señalamiento e insulto, la abierta e intencionada desconsideración y su pública y masiva difusión se pretende imponer a otro ciudadano el proceder ajustado a sus intolerantes opiniones que abiertamente predican sus autores, desposeyéndola así injustificablemente de su libertad», señala la denuncia que añaden que existe una "motivación ideológica" en la acción de estos grupos. También remarcan que estas conductas causan en la víctima el «temor de represalias laborales»

Ahora la Fiscalía empezará con las diligencias de investigación para determinar si existieron estas coacciones discriminatorias contra la empleada por no usar el catalán para atender a dos clientas y un posterior acoso por las redes cuando se hizo público el caso.

 


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