AGLI Recortes de Prensa   Viernes 13  Noviembre  2020

No es la lengua, es la cultura española
“Es indecente que el castellano deje de ser lengua vehicular para que ERC vote los PGE”
Editorial larazon 13 Noviembre 2020

Si hay algo a lo que el nacionalismo vasco nunca renunciará, pase lo que pase, es al concierto económico, el que le permite unas ventajas fiscales y hacienda propia. Según Jordi Pujol, en Cataluña, si a algo no se puede renunciar, es a la lengua catalana, no porque esté en peligro su implantación y uso, sino porque no se debe permitir que el castellano comparta siquiera el papel institucional que le correspondería: sólo es una lengua invasora. Ese es el hecho diferencial.

Hay dos ámbitos en los que no puede retroceder en nada, verdaderos pilares sobre los que se asienta el proyecto nacionalista. Por un lado, en los medios de comunicación públicos, con el mascarón sectario de TV3, donde el catalán es la única lengua y, por otro, en la educación y, sobre todo, en la llamada «inmersión lingüística». El catalán no tiene más peligro que el que el propio nacionalismo le ocasiona al convertirse en el medio de expresión del poder, utilizando siempre la lengua como arma excluyente. Sin embargo, paradójicamente, su uso en las instituciones públicas es total, absoluto y abusivo. Por lo tanto, cabe preguntarse por qué ERC ha conseguido imponer en la tramitación de la Ley Celaá que el castellano deje de ser lengua vehicular, no sólo en Cataluña, sino en el resto de comunidades que compartan dos lenguas oficiales. Y, lo que es todavía más grave, por qué el PSOE ha aceptado que esa sea la condición para que los independentistas aprueben los presupuestos.

Se produce, además, en un momento en el que el propio PSC había pedido «flexibilizar» la inmersión lingüística ante la constatación –informe PISA incluido– de que con dos horas a la semana de lengua castellana hay alumnos, fundamentalmente catalanohablantes, que tienen problemas para expresarse y escaso manejo de léxico... O precisamente por la confirmación de que ha sido un fracaso y que hay que seguir, forzando por lo tanto la doctrina integrista del manifiesto del Grupo Koiné que aboga por el catalán como única lengua oficial bajo el convencimiento de que «el régimen constitucional del 1978 ha reafirmado la continuidad de la imposición politicojurídica del castellano en Cataluña».

No es extraño que Pablo Iglesias esté detrás de este acuerdo. Ante las críticas desde las propias filas socialistas, el Ministerio de Educación matiza que «compensará las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas», algo que hay que poner en duda ya que hay una sentencia de TSJC que obliga a un 25% el uso lectivo del español, sin cumplirse. Lo que los socios de Pedro Sánchez quieren borrar no es tanto el castellano de Cataluña –una quimera etnicista–, como seguir esa funesta operación de limpieza, de «desespañolización», de su cultura, literatura, historia. Un grupo de históricos militantes del PSOE han lanzado un manifiesto denunciando el último atropello del sanchismo. Es necesario que más socialistas decentes tomen la palabra.

La Ley Celaá, un gran suspenso de Sánchez
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN ESP 13 Noviembre 2020

Sin consultar a la comunidad educativa, sin buscar consenso político, aprovechando que la pandemia tiene a la población sumida en otras preocupaciones, en medio del debate de Presupuestos y tramitando la norma con carácter de urgencia. Así es como lleva el Gobierno al Congreso su nueva ley de Educación (LOMLOE), la llamada Ley Celaá.

Por si fuera poco, la norma incluye disposiciones de abierta inconstitucionalidad, como la degradación del español en las aulas de Cataluña o la supresión del derecho de las familias a elegir la enseñanza que prefieren para sus hijos. EL ESPAÑOL publica hoy el último artículo de una serie de cinco en los que, de forma consecutiva, ha venido denunciando las faltas y deficiencias de la ley.

Borrar la condición de "lengua vehicular" del castellano supone dar carta blanca a la eliminación de la lengua común del Estado. Que, contrariamente a lo dictaminado de forma reiterada por los tribunales, la marginación del español sea algo habitual en las escuelas catalanas hace más onerosa la falta del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin Alta Inspección
Es significativo, en este punto, que la nueva ley destruya la Alta Inspección para que sean las Autonomías las que asuman el control de los contenidos curriculares. Dicho de otro modo, se ofrece barra libre al proselitismo en las aulas.

Pero la norma tiene otro objetivo claramente doctrinario: la paulatina erradicación de la escuela concertada, que hoy supone el 28% de la oferta educativa, con 3.500 centros en todo el país. En puridad, se violenta el artículo 27 de la Carta Magna, que consagra el derecho a la libertad de enseñanza, para otorgar el monopolio de la educación pública al Estado, corroborando así lo dicho en su día por la propia Isabel Celaá: "Los niños no pertenecen a los padres".

Por otra parte, la ley prevé que desaparezcan los centros de Educación Especial y que sus competencias la asuman los colegios ordinarios, lo que contraviene los más básicos principios de la Pedagogía. Se obliga de esta manera a que el alumnado que requiere de una enseñanza muy personalizada pierda calidad formativa. Padres y profesionales alertan de que estos alumnos pueden ser objeto de acoso y sufrir el estrés ambiental al verse a sí mismos como un estorbo para el resto de compañeros.

Fin a la meritocracia
Con la Ley Celaá se clava otro clavo más en el ataúd de la meritocracia al permitirse pasar de curso sin límite de suspensos. De momento, la Fiscalía investiga la orden ministerial que habilita a las Autonomías a decidir con cuántos suspensos puede avanzarse, hasta el ridículo, incluso, de obtener el título en ESO, Bachillerato y FP. Estamos ante una trampa muy perniciosa, pues al erradicar el esfuerzo del sistema se está degradando la función de ascensor social que tiene la Educación.

Ante tales desmanes, son casi millón y medio de ciudadanos los que han firmado en contra de esta ley, que bien puede decirse ya, es un gran suspenso de Sánchez. Se supone que la norma venía a corregir los defectos de la Ley Wert, y la empeora por goleada.

En menos de cincuenta años España ha conocido ocho leyes educativas diferentes, condenando a varias generaciones con sus errores pedagógicos y tics ideológicos. La Ley Celaá sigue esa línea, y por eso nacerá muerta.

¿Lengua vehicular?
Yo sostengo que el español no es nada más que un dialecto del Latín
Manuel Villegas diariosigloxxi 13 Noviembre 2020

El DRAE le da a la palabra vehicular, como verbo, el “servir de vehículo a algo”, o “transmitir, difundir o comunicar”, también a todo aquello que se refiere a los vehículos o medios de transporte. Para mí no deja de ser una cursilería o pedantería la expresión de “el Español lengua vehicular”. El Español es la herramienta lingüística que sirve para que nos comuniquemos casi 600 millones de seres humanos.

Los primeros vagidos que dio nuestra incomparable lengua fueron las jarchas que eran pequeñas composiciones líricas populares de la España musulmana escritas en hispanoárabe coloquial o en romance, después las glosas emilianenses y los mesteres de clerecía y el de juglaría, el primero más culto, y el segundo más popular.

No se puede señalar un momento exacto del nacimiento del español, ya que este resultó del latín vulgar que hablaban las legiones romanas como una especie de lingua franca con la que se entendían los legionarios del Rin, con los establecidos en Egipto o en Hispania.

Yo sostengo que el español no es nada más que un dialecto del Latín, con las aportaciones de las distintas lenguas de los variopintos pueblos que se han asentado en nuestra España.

A mis alumnos de Latín, en la primera clase que les impartía les decía que no sabía qué hacía yo intentando enseñarle una lengua que ya conocían. Ante su asombro, les ponía en la pizarra la siguiente frase: “María cuando tu cantabas orabas”, y les hacía caer en la cuenta de que eso era tan Español como Latín. Tras los momentos de risa, reconocían que, en verdad, la bella lengua del Lacio tenía un hijo al que llamábamos Español.

¿A qué viene toda esta perorata? Simplemente al descabellado intento de esta nefasta y corrosiva ministra Isabel Celaá que ha declarado, sin rubor alguno, lo siguiente: “el objetivo es que todos los alumnos y alumnas concluyan sus estudios siendo plenamente competentes en el castellano, la lengua cooficial, si la hubiere, y alguna lengua extranjera, si es posible dos”, es decir, que equipara a cualquier otra lengua al Español, siendo así que el punto primero del Artículo 1 de nuestra constitución dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. O sea, que se establece como una obligación ineludible el conocimiento y uso el Español.

Las restantes lenguas, dónde las hubiere, no son de obligado cumplimiento, así que, si unos padres desean que sus hijos conozcan sólo la lengua constitucional, tienen derecho a exigirlo y a que se les proporcione su aprendizaje y conocimiento. No se les puede segregar como si fuesen apestados a aquellos que desean expresarse en Español, ya que ese deber y derecho lo ampara nuestra Constitución.

Personalmente considero que mientras mayor sea la cantidad de lenguas en las que una persona pueda expresarse, solo significa un cúmulo de riqueza con el que puede relacionarse con más individuos, pero lo que es ilegal es que haya inspectores en los recreos para ver y señalar a quienes hablen en Español.

El insólito caso del español en España
¿Cómo podemos permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez, entregado y sumiso frente al independentismo, les robe a varias generaciones de catalanes su derecho a conocer el español?
Edurne Uriarte. Sol Cruz-Guzmán. elconfidencial 13 Noviembre 2020

El español es el único idioma oficial de una democracia discriminado en su propio país. Más insólito aún, discriminado a partir del uso abusivo que han hecho los partidos nacionalistas de un sistema político descentralizado, el Estado de las autonomías, que no solo figura entre las democracias más descentralizadas del mundo, sino entre aquellas que con mayor claridad reconocen y protegen la pluralidad cultural de todo el territorio.

Una decisión política lamentable, el pacto del PSOE con ERC para eliminar la condición de lengua vehicular del español en la nueva Ley de Educación, acaba de empeorar esa realidad, que afecta desde hace muchos años en algunas autonomías a nuestro idioma común y al derecho de los españoles a conocerlo y usarlo. Si el nacionalismo ha exigido, y logrado, esa eliminación, es porque ello le facilitará seguir con su programa de inmersión lingüística para la exclusión total del español en los sistemas educativos de las autonomías que domina políticamente. De tal manera que desaparece en la práctica la pluralidad reconocida y protegida en la Constitución en su artículo 3, con la consideración del español como lengua oficial del Estado y con la cooficialidad de las demás lenguas en sus respectivos territorios.

De esta manera, los nacionalistas profundizan en su proyecto excluyente de construcción de naciones étnicas fundadas en una lengua única en la que los derechos de los hablantes son sacrificados en pos de un proyecto totalitario de nación. Un modelo educativo excluyente que impide el uso como lengua vehicular del idioma oficial del Estado y de la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos es instrumento fundamental de ese proyecto con el que ahora colabora de forma sorprendente el Partido Socialista. Con el resultado de que millones de ciudadanos españoles ven limitado o suspendido su derecho a recibir educación en la lengua oficial del Estado y en su lengua materna, en español.

Pero es que, además, lo que nadie debería olvidar es que el objetivo de los independentistas catalanes no es solo acabar con la educación en castellano en Cataluña. No, eso ya lo han conseguido los gobiernos nacionalistas y socialistas que han gobernado esa comunidad autónoma hasta llegar a la situación actual en la que en las escuelas solo se imparte el castellano la asignatura de Lengua Española. Es más, incluso, en muchos centros, se promueven campañas de aleccionamiento al profesorado para que ni siquiera hablen con sus alumnos en castellano cuando se dirijan a ellos en el recreo o en horario extraescolar. Esa es la triste realidad a la que nos han conducido en Cataluña las políticas nacionalistas, aplaudidas y respaldadas siempre por el Partido Socialista. Con esta nueva vuelta de tuerca del Gobierno de Pedro Sánchez lo que se pretende, ni más ni menos, es que no exista ningún impedimento legal para erradicar completamente el español de las escuelas catalanas.

Polémica por la ley Celaá en Cataluña
Claro que, aunque lo pretendan, no lo van a conseguir y, en ese empeño, se ha comprometido el Grupo Popular en el Congreso. Eliminar el derecho a la educación en español, no solo vulnera el derecho de todos los españoles que tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla, sino que ataca a otro importantísimo, el del acceso a la cultura recogido en el artículo 44 de nuestra Constitución. Sí, porque el español, es también vehículo de nuestra cultura, contemplada desde la extraordinaria diversidad de la realidad española, de forma que el catalán y el castellano se complementan y se enriquecen mutuamente cuando, como siempre ha ocurrido, se relacionan con la normalidad de las familias, de los amigos, de las relaciones entre bilingües que no intentan imponer al otro su lengua ni, mucho menos, erradicarla, como se pretende ahora.

Las lenguas son puentes de conocimiento que consiguen hacer avanzar a la sociedad, y no deben usarse para dinamitar los lazos que nos unen. Casi quinientos millones de personas tienen el español como lengua materna en todo el mundo, la segunda lengua materna después del mandarín. En el Reino Unido, el British Council aconseja el español como segunda lengua —Estados Unidos se convertirá en unos años en el segundo país hispanohablante del mundo, después de México— y en China el castellano ya es una lengua incorporada a los planes de estudio. Por supuesto, en Europa figura en Bachillerato como una asignatura consolidada. ¿Cómo podemos permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez, entregado y sumiso frente al independentismo, le robe a varias generaciones de catalanes su derecho a conocer el español, en contra del futuro y de su propia cultura e historia?

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, nombrado por este mismo Gobierno y de ideología reconocida, sostiene en las entrevistas que concede que el español tiene que convertirse en el siglo XXI en un referente universal como “la lengua de una cultura democrática”. “En el mundo en que vivimos, nuestras identidades corren el peligro de convertirse en una invitación al muro, a identidades que entiendan al otro como amenaza. Al ser un idioma que pertenece a 23 países y culturas diferentes sin centro de ningún tipo, el español debería aspirar en el siglo XXI a convertirse no en la lengua franca de los negocios, sino en una lengua de cultura democrática”. Lo insólito es que la misma izquierda a la que representa Luis García Montero quiera levantar muros para aislar al español dentro de la propia España, y todo esto, con el único motivo del favor de sus votos.

*Edurne Uriarte es portavoz de Constitucional y Sol Cruz-Guzmán lo es de Cultura en el Congreso de los Diputados.

¡ Del Partido Polpular, protegedme señor !
Nota del Editor 13 Noviembre 2020

Que el Partido Popular, en sus últimos estertores, abandere la defensa del español, no deja de ser un insulto. Si en algún momento hubieran tenido intención de hacer algo positivo, lo tenian bien fácil en Galicia, pero desgraciadamente el español está tan perseguido como en las demás regiones donde también es lengua impropia. Desde que "centroman" hablaba catalán en la intimidad y afirmaba que los españoles podemos hablar español (sin especificar donde), siguen en su autodisolución por falta de principios, y traición a España: su ley de inmersión lingüística, fotocopia de la catalana, firmada por Gerardo Fernández Albor.

Genealogía del “terror rojo”

Así se autodenominó un régimen que, repartido por todo el mundo a lo largo del siglo XX, terminó con la vida de decenas de millones de personas
Fernando José Vaquero Oroquieta. Pamplona. larazon 13 Noviembre 2020

Bajo los dictados del orgullosamente autodenominado “terror rojo”, decenas de millones de personas fueron asesinadas por todo el mundo en el siglo XX; siendo imposible su cómputo. Pero, ¿cuáles son sus raíces? A finales del siglo XIX, diversas organizaciones rusas desarrollaron una estrategia terrorista, clandestina y contra-estatal, a partir de los “manuales” y experiencias anarquistas precedentes. De tal modo, entre 1900 y 1917 se produjeron unos veintitrés mil atentados con más de once mil muertos. Uno de aquellos terroristas fue José Stalin.

En el verano siguiente a su golpe de Estado de octubre de 1917, la Revolución bolchevique se asomaba al abismo. Su control de la inmensa Rusia era muy limitado: frentes militares abiertos por "ejércitos blancos" en el Don, Ucrania, y a lo largo de la ruta del Transiberiano; presencia de numerosas fuerzas extranjeras; más 140 revueltas de campesinos desesperados; tribus musulmanas del Cáucaso y Asia central en pie de guerra.

Lenin redactó, en agosto, diversos telegramas con los que ordenaba sofocar las revueltas mediante fusilamientos masivos de combatientes y sus familiares, requisas, campos de concentración, tomas de rehenes… El día 30 se produjeron dos atentados contra Lenin y el jefe de la policía secreta de Petrogrado. Inmediatamente, Pravda, anunció lo inevitable, incitando al exterminio de "contrarrevolucionarios", "guardias blancos" y "parásitos sociales".

El 5 de septiembre, el gobierno soviético emitió el decreto denominado "Sobre el terror rojo", institucionalizándolo con rango estatal. No se conoce con exactitud el número de ejecuciones que ocasionó, pero se calcula que, en los dos meses siguientes, superaría las 15.000. Únicamente fue la primera oleada, sucediéndose las "hambrunas" provocadas en Ucrania (Holodomor) y antiguos territorios cosacos, la "deskulakización", diversos ciclos represivos de la década siguiente, el "gran terror" desatado por Stalin que aniquiló a la "vieja guardia bolchevique", los gulags. Y todo ello, únicamente, en Rusia.

Desde sus mismos inicios saltó al exterior: primero en Mongolia, después en Hungría, Baviera, Finlandia, Polonia, España... Al término de la Segunda Guerra Mundial, los numerosos regímenes comunistas implantados por todo el mundo desplegaron férreas dictaduras, cobrándose un alto tributo en vidas humanas. De la mano de Mao, China alcanzó otro terrible hito… igualmente genocida. En la segunda mitad del siglo veinte nuevos genocidios fueron desatados por los comunistas: en Camboya, por parte del Khmer Rojo de Pol Pot, de nuevo en China con la excusa de una "Revolución Cultural" que deslumbró a tantos occidentales, en Etiopía, Vietnam…

Terrorismo clandestino y terror estatal, pese a su dispar dimensión cuantitativa y táctica, están unidos por una misma lógica: la eliminación, por cualquier medio, de todo aquel que sea percibido como enemigo. Fue Hannah Arendt quien advirtió en "Los orígenes del totalitarismo" que "si la legalidad es la esencia del gobierno no tiránico y la ilegalidad es la esencia de la tiranía, entonces el terror es la esencia de la dominación totalitaria".

Frente a tan extendidos tópicos de desmemoria histórica, como los que sufrimos en España, debemos recordar que todo el "terror" descrito, no fue obra de "desviacionistas" estalinistas alejados de la "auténtica revolución"; tal y como continúan justificando tantos santurrones progres. Pongamos los puntos sobre las íes: el terror a escala industrial empezó con un Lenin que sabía y quería todo lo que ordenó.

En plena guerra civil española, en mayo de 1937, el "terror rojo" se volvió, incluso, sobre algunos "compañeros de viaje" que habían contribuido a implantarlo. De tal modo, los trotskistas Nin, Maurín, y demás camaradas del POUM, fueron masacrados y hechos desaparecer por otros comunistas más resueltos, con menos escrúpulos y más apoyos: el PCE y sus asesores del NKVD ruso.

Entre tantas complicidades morales e intelectuales, no obstante, la conciencia moral de la humanidad viene abriéndose paso. Así, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el 25 de enero de 2006 la resolución 1.481 en la que se establece que "Los regímenes comunistas que existieron en Europa Central y Oriental –durante el pasado siglo– y que siguen existiendo en varios lugares del mundo se caracterizaron por violaciones masivas de los derechos humanos. Estas violaciones, variables según el país, la cultura y el período histórico, comprendían los asesinatos y las ejecuciones individuales o colectivas, las muertes en campos de concentración, la muerte por hambre, las deportaciones, la tortura, los trabajos forzosos, así como otras formas de terror físico colectivo, las persecuciones por motivos étnicos o religiosos, por la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión, por la libertad de prensa y la ausencia de pluralismo político".

Tales crímenes se justificaron, según afirma, “en nombre de la teoría de la lucha de clases y del principio de la revolución del proletariado”, pues “la interpretación de esos dos principios legitimaba la “eliminación” de personas nocivas para la construcción de una sociedad nueva”.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Los Presupuestos de ETA
EDITORIAL Libertad Digital 13 Noviembre 2020

Qué espectáculo bochornoso. Es la inmoralidad más absoluta.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves que la organización proetarra Bildu apoyará los Presupuestos Generales del Estado. Poco después, el líder de Sortu y parlamentario de EH Bildu Arkaitz Rodríguez ha afirmado que su partido acudirá a la capital a “tumbar definitivamente" el orden constitucional.

Lo cierto es que los herederos de ETA, los que siguen aplaudiendo y homenajeando a los asesinos, los que jamás han renegado de del historial de extorsiones, secuestros y asesinatos de la banda terrorista, siempre han sido sinceros respecto a sus intenciones: quieren acabar con España y con la democracia. Lo novedoso es que consideren que unos PGE son un paso adelante en ese camino.

Con su proverbial engolamiento de pega, José Luis Ábalos ha declarado sin vergüenza que es "incomprensible" que un partido político "esté en el Parlamento" y "no se normalice su actuación". En estos tiempos de tanta memoria histórica, llama la atención que la del secretario de Organización del PSOE sea tan magra: eso es lo que se ha hecho durante muchos años con los partidos proetarras, línea roja que ningún partido de Gobierno se había atrevido a cruzar y de la que el propio Sánchez se había alejado en anteriores ocasiones. En el colmo de la ignominia, Ábalos olvida que esa no normalización es el tratamiento que su partido y su Gobierno aplican a Vox, formación con un historial democrático inmaculado y que cuenta entre sus dirigentes y fundadores a notorias víctimas del terrorismo etarra.

Resulta inaudito y extraordinariamente preocupante que España se haya convertido en un país en el que hay que explicar que no se puede aceptar el crimen y que no se pueden tolerar ni la violencia política ni a los que un día la practicaron y no han mostrado el menor arrepentimiento. Pero así es y, aprovechándose de ello, el PSOE, el mismo partido que montó una banda terrorista desde el Gobierno para enfrentarse criminalmente a los crímenes de ETA, pacta ahora con sus herederos de la banda terrorista la dirección política del Estado y se embarca en el proyecto de demolición de la Nación y el orden constitucional que representa Bildu.

Parecen acciones diametralmente opuestas, pero en realidad tienen denominadores comunes: la falta absoluta de escrúpulos, de respeto por la Ley y por las normas morales básicas de una democracia, la sensación de impunidad total. En resumen: la inmoralidad más absoluta.

Una tropelía histórica de Sánchez exige una respuesta histórica también
ESdiario 13 Noviembre 2020

La aprobación de los peores Presupuestos de la historia no es, pese a todo, lo más grave. El objetivo ya en marcha es modificar la España democrática conocida por otra sectaria y troceada.

Pedro Sánchez perpetra en estos días su última tropelía política, en la línea de todas las cometidas desde que, en junio de 2018, alcanzó la presidencia con los mismos aliados que ahora le van a aprobar los Presupuestos.

No por coherente con esa alianza de dos años, resulta menos escandaloso que en el peor momento de la historia reciente de España se entregue a los partidos que, por distintas razones, menos creen en el Estado de Derecho y la Constitución que, pese a ellos, ha entregado el periodo de prosperidad más prolongado en siglos.

Donde debiera buscar pactos de Estado con otras fuerzas que representan a mayorías, Sánchez agudiza la decisión con un plan que excede en mucho la mera aprobación de unas cuentas públicas por lo demás funestas: aumentar el gasto público, gracias a transferencias efímeras de Europa, mientras se desploman los ingresos y crecen todas las variables definitorias de una quiebra, es simplemente suicida.

España en venta: Sánchez cruza todas las líneas para sobrevivir en Moncloa
Pero con ser eso grave, mucho más lo es aún lo que hay detrás: establecer de manera definitiva una sociedad que, a un precio insoportable, consolide la fórmula para alcanzar siempre 176 diputados, con un PSOE disminuido e irreconocible pero a la cabeza de un bloque conformado por Podemos y todo el separatismo.

Sánchez no solo aprueba los Presupuestos. Consagra una mayoría para años con un objetivo pernicioso: cambiar de arriba a abajo España o acabar con ella

Obviamente, a Sánchez no le sale ni le saldrá gratis esa lamentable manera de alcanzar y conservar el poder. Si sus socios se lo consienten es porque ven en ello la mejor posibilidad para conseguir sus objetivos, resumidos en uno que une a Podemos, ERC o Bidlu por distintas razones: el primero para avanzar en la refundación de la España constitucional; los segundos simplemente para acabar con ella.

Ese desafío, que incluye el acoso a la Corona, los indultos del procés; el asalto al Poder Judicial, la creación del "Ministerio de la Verdad" o la imposición de una ley educativa sectaria e ideología; pone a prueba la resistencia democrática e España y obliga a todos los descontentos a buscar una réplica eficaz.

Desde luego a los barones del PSOE, a los que observa la historia y se convertirán en cómplices de Sánchez si se limitan a una frugal queja. Y también al centroderecha, que tiene dos años por delante para organizarse y plantar cara electoral a este peligro consolidado: si PP, Cs y VOX no hacen el esfuerzo que sea para entenderse y traducir mejor sus apoyos en escaños; también tendrán responsabilidad en este enorme estropicio.

El desmantelamiento de la nación española
Amando de Miguel Libertad Digital 13 Noviembre 2020

Se dice que la nación, como sujeto político e histórico, se manejó por primera vez en la batalla de Valmy (1792). En la cual los ejércitos franceses acudieron a la refriega al grito de “¡Viva la nación!”, sustituto del tradicional “¡Viva el rey!”. Fue una observación de Goethe; eso fue lo que la hizo famosa. Pero la natio era un término de los romanos, manejado con profusión, para indicar el conjunto de habitantes de un territorio con una herencia racial o una cultura características. Los españoles (los antiguos hispanos) necesitaron cristalizar la idea de una nación política en época temprana, al tener que distinguirse de los moros vecinos, en secular conflicto.

Después de luengas vicisitudes, al superar la etapa franquista y concluir la transición democrática, la nación española comienza a resquebrajarse. En la parla pública de nuestro tiempo, la voz España se ve sustituida por “el Estado”. Asombra que tal monstruosidad léxica haya tenido tanto éxito popular. De forma paralela, la nación (referida a España), sin más, cede a términos tan poco expresivos como territorio o país. Por lo mismo, las regiones de toda la vida (equivalentes, en parte, a los antiguos reinos medievales) pasan a ser comunidades autónomas; en rigor, no son ninguna de las dos cosas.

En la España del siglo XX cunde la idea de que las naciones (algunas se reinventan) se distinguen por exhibir una lengua propia, etimológicamente, un idioma. El argumento resulta un tanto especioso, pues en Europa se hablan muchas más lenguas que Estados nacionales hay en ella. Cierto es que, en los comienzos del siglo XX, se independizaron algunas nuevas naciones europeas, cuyo factor diferenciador fundamental fue la lengua: el noruego, el irlandés, el finés, etc. Fue una oportunidad histórica para que Vasconia o Cataluña se independizaran de España como nuevas naciones. El proceso no se logró porque, a diferencia de otras situaciones parecidas en el mapa europeo, Vasconia o Cataluña no eran regiones marginadas o atrasadas, sino hegemónicas. Al menos, así era en el plano económico.

La paradoja es que, hoy, Vasconia o Cataluña ya no mantienen la privilegiada posición económica de hace un siglo, respecto al resto de España. Sin embargo, ambas refuerzan el ímpetu secesionista de las minorías que las gobiernan. Nótese que no hay otra circunstancia histórica que fundamente la secesión; por ejemplo, ninguna de las dos fueron reinos medievales. Por tanto, solo les queda el pobre argumento de una lengua propia para una parte de sus habitantes. De ahí el decidido propósito de conseguir que, en esas dos regiones, se erradique el castellano o español. Difícil empeño, pero que sigue su curso durante la última generación por parte de los que mandan. La paradoja es que, mientras tanto, el español se ha constituido en una de las pocas lenguas de comunicación internacional. De ese modo se definen las que se aprenden por millones de personas que no las tienen como lenguas familiares.

Así pues, el intento de secesión de Vasconia (rebautizada como Euskadi) y Cataluña se apoya en una falsificación histórica y en una decisión muy poco pragmática. No obstante, la izquierda que gobierna en España se apresta a colaborar en el proceso de secesión de Euskadi y Cataluña. El cual contagia, con variable éxito, a otras regiones con lenguas propias de una parte de su población.

El proceso de desmoronamiento de la nación española se acelera al compás de otros dos fenómenos destructivos: el azote de la epidemia del virus chino y la hecatombe económica. Añádase la persistente idea de la izquierda gobernante en España para liquidar la secular tradición monárquica e implantar un estrafalario régimen republicano de tipo federal. Al tiempo, se trata de un Gobierno, sedicentemente progresista, con crecientes tintes autoritarios, una especie de comunismo latinoamericano. Toda esta cafarnaúm (que diría Josep Pla) se ha puesto en marcha con pavorosa perseverancia, digna de mejores causas.

España en venta: Sánchez cruza todas las líneas para sobrevivir en Moncloa
Antonio Martín Beaumont esdiario 13 Noviembre 2020

El pacto con Bildu supera los limites que nadie más se atrevió a cruzar y confirma que, para Sánchez, nada es más importante que él mismo. Al precio que sea, su futuro es lo primero.

Fue un micrófono abierto el que, en 2005, captó al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, apurando a un asesor con la frase que luego se hizo viral: “Hay que cerrar un acuerdo como sea”. Se trataba de conseguir, a cualquier precio, un documento que clausurara la Cumbre Euromediterránea de Barcelona.

Pedro Sánchez, seguidor de ZP en tantas cosas y continuador de algunas de sus políticas (populismo antiamericano, blanqueamiento de ETA o despilfarro del dinero público), se dispone a recuperar aquel criticado “como sea”, en el peor momento para España, con el más decisivo instrumento que tiene un Gobierno: los Presupuestos Generales del Estado. Se juega seguir mandando.

Deberían ser estas unas cuentas públicas diseñadas para contener la sangría de paro y cierre de empresas que trae la pandemia. Servir de dique de contención para la catástrofe económica que prevén desde el FMI hasta el Banco de España, pasando por Bruselas. Unas cifras negociadas con agentes sociales y escuchando a expertos y analistas con experiencia.

El fundamentalismo de Sánchez heredado de Zapatero para arrinconar a Casado
Nada de eso. Sánchez va de cabeza, sumido en un mercado persa. Todo aquel que desfila por su despacho para ofrecer sus votos sale con el “zurrón lleno”. Repleto, eso sí, para sus intereses, nunca para los de todos los españoles. La debilidad hace del Gobierno un saldo.

Ni Sánchez tiene un programa fiable para salir de la crisis sanitaria, económica y social, ni ha buscado una orientación presupuestaria determinada por el interés general. Tal parece como si únicamente quisiera sumar los 176 síes necesarios en el Congreso. Que el país pueda quedar hecho jirones es “meramente” un daño colateral.

Solo así se entiende que el presidente haya cruzado líneas que nunca, ni siquiera con circunstancias de precariedad parlamentaria, se atrevieron a atravesar González, Aznar o Rajoy. Ni siquiera el propio Zapatero. La última, dinamitar la garantía de que el castellano sea accesible y vehicular en todas las comunidades de España.

Aunque, por desgracia, seguramente nos tocará vivir más cesiones inaguantables. Como la anterior de vaciar de etarras las cárceles del país para concentrarlos en el País Vasco, dándole a la vez al PNV la llave de sus celdas. Era el precio de Otegi.

Uno más de los pactos “que no se ven” del líder de Bildu y Pablo Iglesias. O la de rebajar el delito de sedición para que Junqueras, encarcelado por el “procés”, pueda estar satisfecho. Ya lo de instaurar un “Gran Hermano” gubernamental para censurar las críticas justo cuando se ha decretado, aprovechando la anestesia del virus, el estado de alarma cerrando de facto las Cortes, es harina de otro costal. Sánchez es un convencido del fin justifica los medios.

Sin respuesta interna
El poder tan absoluto que acapara Sánchez deja poco margen para la rebelión. Dentro del PSOE, aún menos: poco más que ese clamar en el desierto del presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, repudiando las cesiones a Rufián, y las del extremeño Guillermo Fernández Vara, al que le dan náuseas los pactos con los filoetarras.

Y fuera de las filas socialistas, es llamativa, por inane, la raya roja de Inés Arrimadas condicionando el voto de sus diez diputados a que la corrosiva enmienda de la “ley Celaá” contra el español no vea la luz.

No cabe llamarse a engaño con Pedro Sánchez. Hace tiempo que eligió y mostró sus preferencias: Él mismo. Pero, también sabe que a sus “costaleros” (populistas de izquierda, independentistas y regionalistas interesados) les debe su poder. Y desea sobre todo alargar su estancia en La Moncloa. Sí para ello debe ponerse España en almoneda… pues “como sea”.

Pedro Sánchez entrega la estabilidad de España a sus máximos enemigos
ESdiario 13 Noviembre 2020

En el peor momento del país en décadas, Sánchez se paga su supervivencia hipotecando su estabilidad, su dignidad y su viabilidad económica.

Los Presupuestos Generales de España, así como la mera existencia y viabilidad del Gobierno que los presenta, van a depender de los partidos que han hecho de la desaparición de la España constitucional su razón de ser, persiguiéndola por métodos ilegales, caso de ERC, o consintiendo que se logre con el terrorismo, caso de Bildu.

Ni el partido de Otegi ha condenado la violencia ni Junqueras ha renunciado a la independencia de Cataluña, lo que anula con estrépito el único argumento que Sánchez podría alegar para tratar de adecentar, sin éxito, un pacto nefando.

Nada bueno se puede construir en un país con quien quiere destruirlo y marcharse; pero ni siquiera se puede intentar sin una renuncia expresa a su pasado más nefando: Otegi es el líder de un partido íntimamente ligado a ETA, condenado personalmente por su pertenencia a la banda terrorista. Junqueras está en la cárcel por un grave delito de sedición. Y ninguno de los dos se arrepiente de nada.

¿Cómo va a salir del drama España entregando su estabilidad política y económica a sus enemigos?

Al contrario, respaldan a Sánchez porque refuerza sus planes, todos ellos alejados de la estabilidad que España necesita en su momento más dramático desde 1978. Que en lugar de responder a esa tragedia buscando consensos con la oposición, dispuesta a ello siempre; lo haga asentando una perversa agenda ideológica sustentada en la división y la ruptura; define al Gobierno y anticipa el desastre venidero.

Porque si los Presupuestos son un desastre contable que prolongarán la depresión económica ya vigente y la harán más grande y prolongada; el coste político que incorporan es insoportable. De un lado aumentarán la deuda y el déficit hasta extremos intolerables; pero de otro hipotecarán la supervivencia institucional de la España que conocemos.

Son unas cuentas para que Sánchez e Iglesias disimulen durante dos años, con dinero efímero de Europa, la ruina derivada de unas circunstancias muy adversas agravadas por su negligente gestión global. Y a cambio de ese triste beneficio coyuntural, hipotecan para largo tiempo la viabilidad económica de España y legitiman las aspiraciones de sus principales enemigos. Un desastre asegurado. Y un bochorno imborrable y humillante para las víctimas y el conjunto de los españoles.

Las “reuniones discretas del arte de la política”
Editorial. https://rebelionenlagranja.com 13 Noviembre 2020

Pablo Iglesias es un político mediocre que dirige un partido de mediocres, es miembro de un gobierno de mediocres y se desenvuelve con soltura en un mundo político-mediático, el español, colonizado, como nunca antes, por la más lamentable mediocridad. El gran mediocre va en un cochazo oficial, vive como un rico, va disfrazado de hipster y habla con solemnidad de las cosas más simples. Simplicius Simplicíssimus.

Pero el señor inquisidor es además un político cursi, que vive obsesionado con pasar a la posteridad por sus frases pretendidamente “brillantes”, y va soltando citas, a ver si quedan prendidas en los diccionarios; la última, para referirse a su pacto con los legatarios de ETA.

Lo que no tiene justificación, tiene una cita.
Cuando el vicepresidente Iglesias habla de “reuniones discretas del arte de la política” se está refiriendo a que ha vendido -un pícaro mediocre- el honor de las víctimas de ETA. Ya decía Orwell que lo primero que hay que hacer para llegar al totalitarismo perfecto es crear una neolengua. Iglesias ha tomado nota, pero en fondo no hace otra cosa que concluir un proyecto que viene de lejos y que consiste en legitimar políticamente el ideario de Otegui y sus secuaces, en reescribir la historia del crimen terrorista y en lograr los objetivos ideológicos de los batasunos. Tumbar la concordia española para derribar el régimen constitucional.

A eso ha venido Iglesias. Ya lo avisó en una Herriko Taberna cuando habló del “candado de la Constitución del 78” y elogió de forma repugnante la visión política de ETA.

Ahora, le ha prometido a Otegui que van tener tanta influencia en Madrid como el PNV; le ha entregado los presos sanguinarios, acercándolos indiscriminada e injustificadamente; le ha entregado el honor de las víctimas; le ha entregado el relato, y le ha entregado, sobre todo, el futuro de España, porque el proyecto del señor vicepresidente del gobierno es llevar a cabo una segunda transición que lleve a nuestro desdichado país exactamente a los objetivos de ETA: socialismo y autodeterminación.

Pablo Iglesias no llegó a la política para defender a los pobres, a los desfavorecidos, a los humillados, a los desposeídos de este mundo, sino para llevar el proyecto político de ETA a las instituciones. Ahora ha dicho que gracias a esas “reuniones discretas del arte de la política” va a meter a los herederos de ETA en el Estado, para hacerlo saltar por los aires, claro.

Pasará a la historia, pero no por sus fatuas frases, sino por el daño causado.

Otegi, nuevo ministro de Desmembración Territorial y Humillación de Víctimas
El Azotador. esdiario 13 Noviembre 2020

El líder de Bildu se convierte en hombre clave de un un Gobierno que Sánchez prometió no sustentar nunca en los herederos de Batasuna. Se frota las manos.

Lo mismo ahora se entiende del todo por qué Sánchez dio el pésame a Bildu por el suicidio de un etarra. Esa muerte le dolió bastante más al parecer que las más de 30.000 de víctimas del coronavirus a las que ni siquiera reconoce.

O lo mismo se entiende mejor también por qué se le escapó llamar “lucha armada” al terrorismo de ETA. O por qué ha trasladado cerca de casita a más etarras que nadie en menos tiempo, con delitos de sangre. El último, ayer mismo, el asesino de Alberto Jiménez Becerril.

Ya tienen la respuesta, por si había algún despistado que no se daba cuenta aún de lo que Sánchez lleva haciendo desde el principio con los amigos, socios y en muchos casos colaboradores de ETA: Bildu le va a aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Sánchez solo quiere conservar el Falcon para creerse Kennedy en el Air Force One. Pero no pasa de "Aterriza como puedas"

Arnaldo Otegi será el ministro 23 del Gobierno de Sánchez. Ocupará la cartera de Desmembración Territorial, Humillación a las Víctimas y Ruina Asegurada. Sin renunciar a nada de lo que defiende. Sin pedir perdón. Sin condenar el terrorismo.

En el Falcon
Al contrario, la nueva Batasuna blanquea su currículo y refuerza sus objetivos. Que nadie se engañe más con Sánchez: ninguno de los pactos que firma endereza a Podemos, Bildu o ERC. Hace que todos ellos tengan más fácil lograr su botín: sea acabar con el “Régimen del 78” o acercar la independencia del País Vasco o de Cataluña.

Nadie nunca ha puesto en juego tantas cosas sagradas como Sánchez en apenas dos años. España, en plena ruina sanitaria y económica, se entrega a sus mayores enemigos, con los peores planes, para que Su Excelencia conserve el Falcon. Él se cree Kennedy en el Air Force One. Pero no pasa del delirante protagonista de “Aterriza como puedas”.

Preside Iglesias. ¿Por cuánto tiempo?
Emilio Campmany Libertad Digital 13 Noviembre 2020

Los comunistas quieren dirigir la política del Gobierno y el PSOE de Sánchez les está dejando.

El Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas ha superado con éxito el primer escollo de las enmiendas a la totalidad a su proyecto de ley de presupuestos. En España damos mucha importancia a esta ley anual porque en los sistemas parlamentarios occidentales es el momento en que el Gobierno, más allá de mociones de censura y cuestiones de confianza, demuestra tener suficiente apoyo parlamentario para poder gobernar. Sucede sin embargo que en realidad aquí no es tan importante. La prueba es que nunca un presidente del Gobierno ha dejado de serlo por no ser capaz de sacar una ley de presupuestos. Se prorrogan los del año anterior y a otra cosa. De hecho, el objetivo de Sánchez no es aprobar unos presupuestos para 2021. Su idea es aguantar toda la legislatura con los que ahora saque a base de sucesivas prórrogas.

Entonces, ¿tiene algún significado que el Gobierno sea capaz de superar una votación como la de este jueves? Claro que lo tiene, pero no es económico. Gobernando con los presupuestos del PP, Sánchez ha sido capaz mal que bien de sacar adelante una política económica de izquierda radical sin apenas obstáculos. El significado es político. Es evidente que Sánchez goza de apoyos suficientes para gobernar. Pero la naturaleza de las cesiones que ha tenido que hacer para ganar la primera votación no tienen nada que ver con los presupuestos. Es el caso de la prohibición del español en las aulas catalanas o el acercamiento de los presos etarras al País Vasco. Y no es que las haya aceptado porque no tenía otra salida. Ciudadanos, con su actitud de vuelo rasante, ha servido para demostrar que no era necesario hacer esas cesiones. Por lo tanto, lo que el PSOE demuestra rindiéndose a un chantaje que no tiene por qué aguantar es algo que no deja de ser terrible por obvio. Si acepta someterse a él no es porque necesite a golpistas y filoetarras. Es porque necesita a Podemos, que comparte con la extrema izquierda nacionalista su propósito de destruir la España que entre todos levantamos en 1978.

Evidentemente, los comunistas ya no se conforman con pisar moqueta y que les dejen salir a dar ruedas de prensa a decir sandeces. Eso ya no les basta. Quieren dirigir la política y el PSOE de Sánchez les está dejando. Por lo menos hasta que se aprueben los presupuestos. El momento crucial llegará después. ¿Se verá Pablo Iglesias lo suficientemente fuerte como para amenazar con romper la coalición si no se ponen en práctica sus letales políticas? ¿Será capaz de cumplir su amenaza si el PSOE no le hace caso? ¿Seguirá Sánchez humillándose ante el chantaje de comunistas y nacionalistas? ¿O preferirá arriesgar la coalición antes que seguir sometido a ellos? La situación se resolverá conforme a la teoría de juegos. Los dos quieren seguir gobernando, pero necesitan colaborar para seguir haciéndolo. La cuestión es resolver quién manda. Si no se ponen de acuerdo en esto, la baraja se romperá. El caso es que, hoy por hoy, y hasta que se aprueben los presupuestos, el presidente es Iglesias. Luego, ya veremos.

Los votos de la infamia

Esta Nueva Normalidad Política me parece detestable. La ética debería ser consustancial a la política y ahora no lo es
Francisco Marhuenda. La Razón.  13 Noviembre 2020

Nunca dude que Sánchez sacaría adelante los Presupuestos Generales. Hacerlo sería no conocer la perseverancia y tenacidad del presidente del Gobierno. Ha superado el primer trámite con una enorme holgura gracias a los votos de la infamia. Una amplia mayoría de 198 diputados apoyó al gobierno social-comunista y tumbó la devolución del proyecto de ley. El PSOE sella sin ningún rubor su alianza con los independentistas y los herederos de ETA que nunca han pedido perdón por los asesinatos, extorsiones y violencia de todo tipo que cometieron durante varias décadas.

Se trata de grupos que quieren acabar con España, pero al PSOE de la Nueva Normalidad no le importa nada, porque el fin justifica los medios. No se trata de un apoyo coyuntural, sino de una alianza sólida y profunda que busca conseguir una estabilidad sin importar las concesiones que se tengan que realizar para mantenerse en el poder a cualquier precio. Otros apoyos son comprensibles, porque nunca han escondido su carácter oportunista. A cambio de partidas presupuestarias y otros presentes, conocidos o desconocidos, su voto favorable siempre está dispuesto sin importar las ideologías.

En cambio, el giro de Ciudadanos es indigno, aunque ya nada podemos esperar de quien está convirtiendo el oportunismo en su seña de identidad. Lo es porque ha cogido sus principios, su historia y los permanentes insultos recibidos para meterlos en la trituradora de la supervivencia personal. La actitud del PSOE es sintomática de la nueva realidad política que nos toca vivir. Es un partido que pagó un duro tributo de sangre de manos de ETA por defender la Constitución.

La banda asesinó a numerosos militantes y hubiera querido matar a muchos más. No es una cuestión baladí. Esta idea de pasar página e incluso ver a Otegi como un hombre de paz es un auténtico despropósito. No hay que olvidar que Bildu dijo ayer que «hoy empieza todo y vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen».

Por tanto, ¿qué tiene que suceder para que el PSOE recobre la cordura y la dignidad?, ¿qué es necesario para que Sánchez vuelva a ser el socialdemócrata que conocía?, ¿dónde ha quedado arrumbada la historia de ese gran partido que fue uno de los grandes protagonistas de la Transición y la conversión de España en una de las naciones más importantes del mundo? Esta Nueva Normalidad Política me parece detestable. La ética debería ser consustancial a la política y ahora no lo es.

España. Nueva ley de Educación
Celaá blinda en su ley que padres, docentes y alumnos sean adoctrinados en Memoria Histórica

Luz Sela okdiario 13 Noviembre 2020

La ministra de Educación, Isabel Celaá, blinda la Memoria Democrática en la próxima ley educativa, en toda su extensión. Este viernes, se celebrará la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados en la que los grupos votarán el informe final de la ponencia que, entre otros puntos polémicos, recoge la enmienda pactada por PSOE, Podemos y ERC para eliminar el español como lengua vehicular.

Pero, además, el texto de la ‘Ley Celaá’ incluye una especial consideración a las políticas de Memoria Histórica (Memoria Democrática para el Gobierno de Pedro Sánchez), obligando «a la comunidad educativa» -es decir, además de profesores y alumnos, a los padres y madres y el personal de administración y servicios de cada centro-a tener un «conocimiento profundo» de la historia «desde sus orígenes hasta la actualidad».

«El estudio y análisis de nuestra memoria democrática permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico», señala el informe de la ponencia, que advierte, además, que «el estudio de la memoria democrática deberá plantearse, en todo caso, desde una perspectiva de género, haciendo especial hincapié en la lucha de las mujeres por alcanzar la plena ciudadanía».

El Gobierno sigue adelante con sus planes para aprobar cuanto antes la llamada ley de Memoria Democrática, que vendrá a sustituir a la ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero y que entraría en vigor en los primeros meses del próximo año.

La imposición de su propia versión de la Guerra Civil y la dictadura franquista, con sanciones que llegan a los 150.000 euros. El anteproyecto de ley, aprobado el pasado 15 de septiembre en el Consejo de Ministros, recoge además el «cierre temporal, por un período de seis meses y un día a dos años, de los locales o establecimientos públicos donde se realicen actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil, de la Dictadura o de sus dirigentes».

La ‘Ley Celaá’ también impondrá la «educación emocional» y en «justicia fiscal» durante la etapa de Primaria.

El documento propone una reordenación de las áreas de Educación Primaria, incorporando en el tercer ciclo un área de Educación en Valores cívicos y éticos -la nueva ‘Educación para la ciudadanía’ que pretende el PSOE- en la cual, se dice, «se prestará especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la función social de los impuestos y la justicia fiscal, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico, la cultura de paz y no violencia y el respeto por el entorno y los animales».

Golpe al español
Aunque sin duda la parte más polémica del dictamen es la relativa a la consideración del español, que dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza tras la enmienda pactada entre PSOE, Podemos y ERC, con el apoyo de Bildu y Más País y la abstención del PNV.

La enmienda suprime de la ley educativa la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado». El texto queda finalmente así: «Las Administraciones educativas garantizarán el el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas co-oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».

De este modo, la enmienda pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo. PP, Cs y Vox ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

Se recoge que «se impulsarán la adopción por parte de los centros de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».

Además, la ‘Ley Celaá’ recoge que «aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas co-oficiales que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora».

La ley actual destaca que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas co-oficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable».

El castellano, la concertada y la educación especial, en juego hoy con la votación del dictamen de la «ley Celaá»
Josefina G. Stegmann ABC 13 Noviembre 2020

Hoy se vota en la Comisión de Educación del Congreso el dictamen de la «ley Celaá», así como las enmiendas que quedaron fuera de él (llamadas «vivas»).

Este informe, elaborado por la Ponencia de la Cámara Baja, contiene el texto original de la ley con todas las polémicas enmiendas que se han ido aprobado en las últimas semanas: la que ataca al castellano y lo elimina como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado; la que elimina a la concertada como garantista del derecho a la educación; la que propone una asigntura de « Cultura de las religiones» para acabar con la Religión o la que facilita la promoción de curso.

Estas enmiendas forman parte de un polémico texto que también quiere acabar con la educación especial con una disposición adicional (la cuarta) que alude, en un texto ambiguo, a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en el plazo de diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los centros de educación especial se quedarían solo para casos «de atención muy especializada», es decir, alumnos con muy graves discapacidades. Es el mismo texto que (en cuyo redactado original) también permite obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa y que ahora flexibiliza la promoción de curso, a través de una enmienda pactada con Bildu, que permite los alumnos repetir como máximo dos veces a lo largo de toda la enseñanza obligatoria.

Solo seis días
El dictamen será votado nuevamente en el Pleno del Congreso la próxima semana, concretamente, el jueves 19 y no el 26, como estaba planteado anteriormente (allí se le volverá a dar una oportunidad a las enmiendas rechazadas hasta el momento). Esto quiere decir que los grupos parlamentarios tendrán solo seis días (con el fin de semana en el medio) para analizar el dictamen del proyecto de ley educativo. El Pleno es el último paso en la Cámara Baja antes del salto de la norma al Senado.

Pero ya para hoy también se espera una dura jornada ya que tendrán que votarse a partir de las 9.30 de la mañana todas las enmiendas no incluidas hasta ahora, además del dictamen, que se dejará para el final. Para los grupos parlamentarios esto supone una gran dificultad ya que tienen solo un día para discutir más de 1.000 enmiendas (las incluidas en el dictamen y las que no entraron en él).

La preocupación de la oposición se centra, sobre todo, en si durante la votación se incorporará alguna de las enmiendas que Podemos presentó en solitario, pese a que Mari Luz Martínez Seijo, secretaria general de Educación y Universidades del PSOE, le prometió a la concertada en una reunión que no lo haría, asegura el sector. Esta promesa ya se rompió con la aprobación de una enmienda del grupo morado que impide la entrega de suelo municipal por parte de los ayuntamientos para la construcción de centros concertados. El texto dice ahora que «los municipios cooperarán con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos». El texto original de la ley vigente, es decir, la Lomce (la Lomloe no lo toca) no especificaba el tipo de centro.

Manifestación y entrega de firmas
La concertada se concentrará hoy en el Congreso en contra de la «ley Celaá» y entregará las más de 1.385.000 firmas que se han recogido para frenar su tramitación en el Congreso.

El sector se ha unido, junto a otras asociaciones, por ejemplo, de defensa de la educación especial, bajo la Plataforma Más Plurales. A través de la misma han organizado una serie de acciones para frenar la ley, si bien su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, reconoció cuando se lanzó la campaña, el pasado 28 de octubre, que «esto resulta improbable pero nuestras miras son las máximas siempre». Además de concentraciones en el Congreso, colocaron lazos naranjas en las fachadas en contra de la ley y prevén realizar una caravana de coches en toda España. Priego aclaró que la campaña no es únicamente de la concertada, sino que es en defensa de la libertad de enseñanza por lo que invitó también a la educación pública a sumarse.

Éste es el tributo de sangre del PSOE que pisotea Pedro Sánchez con su pacto con Bildu
Luz Sela okdiario 13 Noviembre 2020

Pedro Sánchez ha confirmado a Bildu como interlocutor del Gobierno y aliado preferente. Su socio, Pablo Iglesias, lo ha colocado incluso en la «dirección del Estado». La connivencia del Ejecutivo socialcomunista con la formación proetarra se ha evidenciado con el apoyo de sus cinco diputados a los Presupuestos Generales.

Una circunstancia que choca con el dramático legado de la banda. El PSOE sufrió la tragedia de la violencia terrorista en varias ocasiones. Once militantes fueron asesinados por ETA desde el inicio de su actividad.

Germán González López, fotógrafo de profesión, fue la primera víctima mortal socialista de ETA. El 27 de octubre de 1979, González López fue asesinado a tiros en Villarreal de Urrechua (Guipúzcoa) por los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), una escisión de los comandos armados de ETA.

La segunda víctima mortal socialista fue el senador Enrique Casas Vila, que fue asesinado a tiros también por los CAA el 23 de febrero de 1984 cuando se encontraba en su domicilio de San Sebastián. Ese mismo año, el 17 de octubre, la banda terrorista ETA abatió tras varios disparos a Vicente Gajate Martín, agente de la policía municipal y militante del PSE-EE, en Rentería (Guipúzcoa).

El 6 de febrero de 1996, los comandos de ETA asesinaron a tiros a Fernando Múgica Herzog, uno de los históricos militantes del PSOE vasco, en San Sebastián.

Cuatro años después, el 22 de febrero de 2000, el parlamentario y secretario general del PSE-EE Fernando Buesa Blanco perdió la vida junto a su escolta por la explosión de un coche bomba en Vitoria.

Juan María Jáuregui Apalategui, el último gobernador civil socialista de Guipúzcoa, fue la siguiente víctima mortal de ETA después de que recibiese dos disparos en la cabeza el 29 de julio de 2000 cuando se encontraba en un bar de Tolosa (Guipúzcoa). También ese mismo año, el 21 de noviembre, el ex ministro socialista de Sanidad Ernest Lluch Martín perdió la vida tras recibir dos tiros en la cabeza cuando se encontraba en el garaje de su domicilio de Barcelona.

Froilán Elespe Inciarte, teniente alcalde y concejal del PSE-EE en Lasarte (Guipúzcoa), fue asesinado por un disparo en la cabeza de un miembro de la banda terrorista ETA cuando se encontraba en el interior de un establecimiento el 20 de marzo de 2001.

El 21 de marzo de 2002, Juan Priede Pérez, concejal socialista en Orio (Guipúzcoa), recibió un tiro en la nuca cuando se encontraba en un bar de la localidad guipuzcoana y recibió otros dos más cuando cayó al suelo.

Joseba Pagazaurtundúa Ruiz, el que fuera jefe de la Policía Municipal de Andoáin (Guipúzcoa) y militante del PSE-EE, fue asesinado por ETA el 8 de febrero de 2003 tras recibir cuatro cuatro tiros a bocajarro en la cabeza, el hombro y el estómago cuando se encontraba un bar de la localidad guipuzcoana.

El último militante socialista asesinado por ETA fue Isaías Carrasco Miguel el 7 de marzo de 2008. El concejal del PSOE vasco en Mondragón (Guipúzcoa) perdió la vida tras recibir varios disparos cuando se metió en su coche aparcado al lado del portal de su casa para ir a trabajar. Carrasco optó por no llevar escolta por decisión personal.

Reunión PSOE-Bildu
El historial sanguinario de ETA es extenso: 864 asesinatos, 3.500 atentados y 7.000 víctimas. Entre las bajas mortales se encuentran 32 políticos del PP y del PSOE. A pesar de eso, dirigentes socialistas se han reunido este martes en el Congreso de los Diputados con representantes de EH Bildu, la formación sucesora del brazo político de ETA, la ilegalizada Batasuna.

Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso y Rafael Simancas, secretario general del grupo socialista en la Cámara Baja, han mantenido un encuentro con Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, portavoz adjunto, y Gorka Elejabarrieta, portavoz de la formación proetarra en el Senado.

El objetivo de esta reunión han sido tratar de recabar los apoyos del partido liderado por el condenado Arnaldo Otegi de cara a la investidura de Pedro Sánchez. En esta ronda de contactos, los socialistas también se han reunido este martes con dirigentes de ERC, JxCAT, la CUP, Compromís y Más País.

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