AGLI Recortes de Prensa   Domingo 15  Noviembre  2020

El Gobierno tiene 1.200 asesores contratados a dedo, la mayor cifra de la democracia
Francisco Núñez vozpopuli.es 15 Noviembre 2020

Los Presupuestos Generales para 2021, elaborados por el Ejecutivo tras varios años de prórrogas continuadas, son los más expansivos en la historia del gasto público con la ayuda de la espectacular inflación de asesores y ministerios. Es la consecuencia, en plena contracción económica y laboral, de la creación de una estructura administrativa desconocida hasta ahora en el primer Gobierno de coalición (PSOE y Podemos) con personas procedentes en muchos casos de los propios partidos que lo conforman o de compromisos particulares.

Se trata del personal de confianza que se elige por 'enchufe' (cesa cuando sale el alto cargo que le ha nombrado), que no ha realizado prueba ni oposición alguna y que no concurre en una valoración de méritos académicos o profesionales. Es más, no se conocen sus nombres (no son públicos), es el secreto mejor guardado, ni sus condiciones económicas.

La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado contempla que el Gobierno, incluyendo a los organismos autónomos y al resto de entidades públicas que cuelgan de los ministerios, dispondrá por primera vez de 1.212 asesores contratados a dedo frente a los 860 nombrados por el PP con los que se encontró Sánchez al llegar a La Moncloa en 2018 o los 950 que estimó el actual presidente del Ejecutivo en el primer presupuesto que realizó en 2019 y que fue rechazado por el Congreso (de 2020 no hay cifras oficiales). Lo que significa que desde 2019 la cifra ha crecido en un 27,6% y un 41% desde que Mariano Rajoy salió de la presidencia.

Su coste estimado alcanzará un nuevo récord de 65,4 millones de euros (un 18% más), lo que supone una media de unos 55.000 euros por contratado, frente a los 55 millones con que se espera cerrar 2020 y muy lejos de los 49 millones de 2019 (un 33% más en 2021) o los 44,8 millones de 2018 (un 45% más en el próximo año). El gasto de 2021 duplica el Presupuesto contemplado para estos cargos hace 15 años, antes de la crisis económica; fue de 33 millones en 2006 con 700 asesores (ahora hay un 73% más).

Desde principios de los años 2000, cuando se realizaron de golpe más de 2.000 transferencias del Estado a las autonomías, se ha multiplicado casi por tres el número de este personal en la Administración Central. En estas cifras no se computa el ingente número de asesores de que disponen otras instituciones públicas, como las autonomías y sus parlamentos, las diputaciones, los ayuntamientos, los organismos autónomos y administrativos o los asesores técnicos que contratan todas las empresas públicas. La cifra global podría superar los 20.000 en el conjunto de las Administraciones Públicas, según reconocen fuentes sindicales.

Replica el modelo de Zapatero
Con la nueva irrupción de la crisis económica provocada por el coronavirus, Sánchez está replicando el modelo de José Luis Rodríguez Zapatero de convertir la Administración en un refugio de empleo para unos cuantos conocidos cuando empeora la situación del mercado laboral en el sector privado. Lo que demuestra que los partidos políticos se han convertido de nuevo en una agencia de colocación para los suyos en muchos casos.

Ya en los primeros años de la crisis iniciada de 2007 se produjo un aumento exponencial de estos cargos, hasta llegar en 2011 a los 863 con un coste superior a los 42 millones. La llegada del PP al Gobierno, con el ajuste impuesto desde Bruselas, supuso un recorte que alcanzó su suelo en 2015 con 815 asesores, pero ya en los últimos años de su mandato se había producido un nuevo repunte (en 2018 había 860 asesores).

Solo el 55% de esos 1.212 asesores tiene estudios superiores
Al espectacular aumento actual ha contribuido la participación en el Ejecutivo del partido de Pablo Iglesias, Podemos, que ha elevado el número de ministerios hasta 22 y a casi una treintena las Secretarías de Estado. Y no se ha debido mirar mucho su cualificación profesional y académica porque solo el 55% (668) de esos 1.212 asesores tiene estudios superiores; un 13% (154) tiene titulación de grado medio; un 17% (210) el bachillerato; y el 15% restante (180) sólo alcanza el graduado escolar o el certificado de escolaridad.

El 'ejército' de asesores de Sánchez
Es la sección de Presidencia del Gobierno, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica la que más personal de confianza acumula y quien más ha aumentado su contratación. Es aquí, junto a los ministerios recién creados, donde se concentra la mayor parte de la subida de este personal. Este departamento dispone de 533 personas de confianza (un 55,8% más) frente a las 342 que figuraban inicialmente en los presupuestos de 2018 prorrogados en los años siguientes. Su coste es de 19,8 millones.

Sánchez cuenta con un ejército de asesores. Así, de los 679 empleados adscritos directamente a su Programa de Gasto, nada menos que 422 (un 62,2%) son personas de su confianza frente a las 245 (40%) con las que contaba Rajoy, quien disponía de 616 empleados totales en este Programa. Es decir, el actual Presidente del Ejecutivo tiene ahora un 72% más de asesores que su predecesor en La Moncloa.

La novedad es que Sánchez cuenta con menos funcionarios de carrera en detrimento de la contratación de más asesores, ya que dispone de 169 (y 73 laborales fijos) mientras que Rajoy disponía de 285 (y 74 laborales fijos). De esta forma, tiene el doble de personal contratado del exterior respecto al perteneciente a la función pública, lo que evidencia una falta de confianza en la profesionalidad del personal público. Se ha confeccionado su propia isla administrativa y política.

Duplica el gasto de asesores en Moncloa
En cuanto a la formación de este colectivo, ya que se supone que los presidentes deben estar rodeados de los mejores asesores procedentes del exterior, Sánchez ha elevado algo el listón: el 44% de estos cargos tiene una titulación universitaria frente al 32% del equipo de Rajoy.

Pero, en el otro extremo, hay un 33% de este personal de Sánchez que solo tiene el graduado escolar o el certificado de escolaridad frente al 31% del anterior presidente. El resto de los asesores dispone de titulación media o de bachiller (la proporción es casi similar en ambos dirigentes). Respecto al coste de este personal contratado a dedo, se ha duplicado con creces: los 422 asesores del actual presidente del Gobierno cuestan 15,2 millones frente a los siete millones presupuestados por Rajoy.

De la sección de Presidencia del Gobierno llama también la atención que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, que se ocupa del mantenimiento y gestión de los centros históricos, disponga de 45 asesores.

Los ministerios que más gastan
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública es el segundo departamento que más personal de confianza ha contratado fuera de las Administraciones pese a ser el encargado de la gestión de los empleados públicos. Dispone de 162, de los cuales 145 corresponden a la secretaría general de Coordinación Territorial. El gasto es de casi 6,7 millones.

También repunta el número de asesores en la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, siete más que en 2019 (un total de 29) o en la de Transición Ecológica, que suma tres más (hasta 58). Por su parte, Pablo Iglesias, nuevo vicepresidente del Gobierno y responsable de Derechos Sociales y de la Agenda 2030, se estrena con 25 asesores que generan 1,2 millones de gasto. Llama la atención también que el Consejo General del Poder Judicial tenga 68 asesores (tres más que en 2019) con un coste de 3,4 millones.

En estas cifras no aparecen los asesores de que disponen el Congreso de los diputados y el Senado ni otras instituciones como el Tribunal Constitucional. Según los datos de los propios departamentos, los 350 diputados cuentan con 317 asesores directos (la mitad son del PSOE). A esta cifra hay que añadir los 59 más que asigna la Cámara a los órganos directivos y a los presidentes de las distintas comisiones. Por tanto, el Congreso tiene al menos 376 personas nombradas a dedo, una cifra que supera en 21 el número de diputados. Por su parte, el Senado acumula 75. Este lote de 451 asesores cuestan 14,5 millones de euros frente a los 9,1 millones en los presupuestos prorrogados de 2018 y que han ido complementándose con habilitaciones de crédito en los siguientes años. Por su parte, el Tribunal Constitucional dispone de una decena larga de asesores con un coste de 1,1 millones.

Por tanto, si estas últimas cifras se suman a las secciones anteriores del Gobierno sale que hay un total de 1.675 asesores con un coste total presupuestario de 81 millones.

LA LISTA DEL SÉPTIMO DÍA
¿Es la Ley Celaá la peor ley educativa? 41 razones que prueban que sí
Ninguna de las ocho leyes educativas anteriores ha provocado tanto rechazo como el generado por la Lomloe entre padres, profesores, escuelas y sindicatos.
Cristian Campos ESP 15 Noviembre 2020

1.La Ley Celáa pretende cerrar las escuelas de educación especial donde son atendidos miles de niños españoles con distintos grados de discapacidad.

2. La ley obliga, además, a derivar a estos niños a colegios ordinarios. Colegios donde, según las asociaciones de padres afectados, "serán aparcados como muebles".

3. ¿Cómo pretende el Gobierno que un profesor que carece de formación en la atención de discapacitados atienda las necesidades de niños con discapacidades severas mientras da clase simultáneamente a otros 30 niños?

4. La Ley Celaá perjudica tanto a los unos como a los otros. Ni unos podrán avanzar con normalidad en su educación ni los otros serán atendidos como necesitan.

5. La ley, además, no detalla cómo financiará esa adaptación de los colegios ordinarios y de dónde saldrá el dinero. ¿Dónde está la memoria económica de la ley?

6. El concepto de igualdad de la Ley Celaá es ese que siempre ha criticado la izquierda. El que trata de forma igual casos radicalmente desiguales.

7. La Ley Celaá margina a los discapacitados y los sacrifica en el altar de los prejuicios ideológicos del socialismo más retrógrado existente hoy en Europa.

8. Lo hace en base a un informe de la ONU radicalmente parcial y que demostró desconocer cómo trabaja la red de escuelas de educación especial españolas o cuáles son las necesidades reales de los niños discapacitados.

9. La Lomloe también elimina la vehicularidad del español. En la práctica, autonomías como la catalana habían erradicado ya el español de las aulas frente a la pasividad de los distintos gobiernos del PP y del PSOE.

10. Pero la ley oficializa la discriminación de los niños castellanohablantes al privarles de asidero legal para reclamar su derecho a recibir al menos parte de su educación en español.

11. La Ley Celaá hunde aún más el ya subterráneo nivel de exigencia de las escuelas estatales españolas y permite a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos.

12. La Lomloe pone fecha de defunción a la escuela concertada. Una medida radicalmente anticonstitucional que será derogada por el Tribunal Constitucional en cuanto la ley llegue a sus manos.

13. La Ley Celaá confunde educación pública con educación estatal. Porque la educación pública incluye tanto las escuelas gestionadas por el Estado, mal conocidas como públicas, como las concertadas.

14. Las escuelas concertadas son tan públicas como las estatales, sólo que no son gestionadas por el Estado, sino por profesores, fundaciones u otro tipo de organizaciones.

15. Lo que pretende la Ley Celaá es acabar con la libertad de elección de los padres, así como con la libertad de enseñanza, para que la única educación pública posible en España sea la impartida directamente por el Estado.

16. En la práctica, lo que hace la Ley Celaá es reservar el privilegio de una educación de calidad sólo para aquellos alumnos que puedan permitirse pagar una escuela privada.

17. La distancia entre los alumnos de la privada y los que salgan de la pública va a ser tan amplia que la sociedad va a dividirse en dos. Una casta de élites privilegiadas, educadas de forma meritocrática en escuelas como esa a la que propia ministra Celaá llevó a sus hijas. Y una inmensa clase popular educada en lo que algunas asociaciones califican ya de "aparcaderos de niños".

18. La Ley Celaá, en fin, parece diseñada para eliminar cualquier tipo de competencia para los hijos de los altos funcionarios de un Estado que le ha declarado la guerra a la clase media.

19. Exactamente lo que ha ocurrido en Cataluña con la erradicación del español en las escuelas y que ha derivado en unas tasas de fracaso escolar de los niños de clases populares castellanohablantes mucho mayores que las de los niños catalanohablantes.

20. La Ley Celaá viola de forma flagrante el artículo 27 de la Constitución que reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban "la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

21. La Ley Celaá, plagada de concesiones a Podemos y ERC, permite a las autonomías nombrar a los inspectores educativos a dedo y sin que estos tengan que superar el examen de oposición al cuerpo. Una puerta de entrada al enchufismo y las presiones políticas en las escuelas.

22. La Ley Celaá también priva a la Alta Inspección de una de sus competencias más importantes. La que le permite denunciar casos de discriminación por motivos lingüísticos en las escuelas españolas.

23. El objetivo parece obvio. Que esos casos queden impunes, obligando a los padres que pretendan denunciarlos a pasar por un extenuante calvario judicial que sólo en el mejor de los casos será reconocido con una sentencia favorable por los tribunales.

24. Sentencia que posteriormente, y como ha ocurrido en todos los casos que se han dado hasta ahora, será desobedecida por la Generalidad y por otros gobiernos autonómicos que están siguiendo la hoja de ruta del nacionalismo catalán, como el de las Islas Baleares o el de la Comunidad Valenciana.

25. La Ley Celaá no ha sido consensuada con los sectores afectados. Y eso a pesar de que una de las excusas para su tramitación ha sido la de que la Ley Wert, su predecesora, nació sin consenso.

26. En realidad, la Ley Wert obtuvo bastante más consenso del que ha obtenido la Ley Celaá y se debatió con una buena parte de los sectores afectados. Cosa que no ha ocurrido en el caso de la Ley Celaá.

27. La afirmación del Gobierno es, lisa y llanamente, mentira. Por partida doble, además. Porque le niega el consenso a una ley que lo obtuvo, al menos parcialmente, y porque lo afirma de una que no lo tiene ni por parte de los sectores afines al Gobierno ni por parte de los no afines.

28. Los trámites para la aprobación de la ley se han quemado a toda velocidad e incluso algunos de ellos han sido programados en fechas imposibles, como la del 7 de enero, para que nadie pudiera objetar sus medidas más polémicas.

29. También se ha prescindido de los dictámenes necesarios y que deberían haber sido considerados obligatorios en una ley de tanta trascendencia como esta.

30. La Ley Celaá ha sido gestionada con oscurantismo y tratando en todo momento de que ni los sectores afectados ni la prensa pudieran informarse correctamente sobre ella.

31. Cuando el Gobierno no ha podido esquivar algún trámite que preferiría haberse ahorrado, el plazo para estudiar las medidas de la ley se ha reducido al máximo. También se ha forzado el calendario para que el tiempo de respuesta de la oposición, los sectores afectados y la prensa se redujera al mínimo.

32. La Ley Celaá no aspira a la permanencia. Su radicalismo ideológico es tal que, muy probablemente, será anulada en buena parte por los tribunales o por el próximo gobierno de signo contrario que llegue a la Moncloa.

33. La Lomloe no tiene como objetivo mejorar el paupérrimo nivel de la educación estatal española o reducir las estratosféricas cifras de abandono y fracaso escolar. Más bien parece diseñada para perpetuarlos.

34. La Lomloe ha sido utilizada como moneda de cambio en las negociaciones del PSOE con Podemos y ERC para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La educación de los alumnos españoles parece haber sido un factor no ya secundario, sino casi irrelevante, en su diseño.

35. Y de ahí que la ley sea poco más que un amontonamiento de parches que recogen, sin coherencia intelectual ni plan educativo concreto, las más disparatadas y radicales propuestas de Podemos, ERC, JxCAT, el BNG o Más País. Entre ellas, la de educar a los alumnos en empatía con los animales y las plantas.

36. El simple hecho de que alguien considere seriamente que la empatía puede enseñarse en una escuela, como si fuera el Código de Circulación, demuestra la oceánica ignorancia del Gobierno sobre la naturaleza humana.

37. Pretender que un alumno empatice con una planta por el hecho de que un profesor de ética le diga que eso es lo correcto es tan absurdo como enseñarle a que se enamore a la fuerza de la persona que el Estado escoja para él.

38. La Ley Celaá, en fin, degrada ideales nobles, como el del respeto hacia la naturaleza, y los convierte en una parodia de sí mismos. En meros mandamientos del programa moralista de un Estado intervencionista y mesiánico.

39. La Ley es simplista desde el punto de vista intelectual y refuerza la idea, tan celaanita, de que los niños no pertenecen a los padres, sino al Estado.

40. La Ley Celaá es un paso más en la deriva de tantos y tantos gobiernos occidentales, de derechas y de izquierdas, hacia un populismo de tintes autoritarios que pretende expandir el poder del Estado y hacerlo penetrar hasta en el último rincón de la esfera pública, pero también privada, de los ciudadanos.

41. Esta vez, a costa de la educación de los niños, convirtiendo las escuelas españolas en madrasas de la ideología de los partidos de la mayoría de Gobierno: PSOE, Podemos y sus socios nacionalistas y populistas.

Félix Ovejero: “Ninguna izquierda reaccionaria defiende el nacionalismo. Solo lo hace la española”
El filósofo y catedrático comparte con Vozpópuli algunas ideas sobre el contexto político español, marcado, asegura, por la pandemia y la deriva reaccionaria de la izquierda
Karina Sainz Borgo Vozpópuli 15 Noviembre 2020

El profesor de Filosofía Política de la Universidad de Barcelona Félix Ovejero ha dedicado cientos de páginas —entre libros, columnas y tribunas— para explicar lo que él considera el naufragio de la política y su incapacidad para ayudarnos a organizar nuestra vida compartida. En ocasiones pesimista, su realismo está vacunado contra cualquier ensoñación o autoengaño.

Es también doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, donde enseña Filosofía Política y Metodología de las Ciencias Sociales. Junto a Albert Boadella, Félix de Azúa, Arcadi Espada y Teresa Giménez Barbat formó parte de los fundadores de Ciudadanos hace ya más de una década.

Columnista habitual de El País, desde hace dos años publica sus análisis en el diario El Mundo. Su obra está formada por una veintena de ensayos, entre ellos: Proceso abierto: el socialismo después del socialismo (2005), ¿Idiotas o ciudadanos? el 15-M y la teoría de la democracia (2011), El compromiso del creador. Ética de la estética (2014), La seducción de la frontera (2016), La deriva reaccionaria de la izquierda (2018) y el más reciente Sobrevivir al naufragio(2020).

Sobre unos presupuestos posiblemente aprobados con los votos nacionalistas e independentistas y también sobre un mapa nacional donde las instituciones procuran resistir a las injerencias del Ejecutivo, Félix Ovejero comparte con Vozpópulialgunas ideas sobre el contexto político español, marcado, asegura, por la pandemia y la deriva reaccionaria de la izquierda.

‘Sobrevivir al naufragio’. Bien, ¿pero a cuál de todos?
Pues al que supone que decisiones importantes tengan que ser tomadas con los gobiernos más torpes y más deshonestos. Eso nos deja en las puertas de la pregunta más seria: ¿tenemos las mejores instituciones para esos retos con esa letal combinación? Quizá hasta ahora hemos vivido en una ficción y ahora las instituciones se ven sometidas a un test de estrés en la que se ponen en juego hasta los derechos de los ciudadanos.

Primero deben resistir las embestidas del Ejecutivo, ¿no le parece?
Los clásicos dirían que la última esperanza es el compromiso ciudadano para tratar de defender las instituciones, porque, sin el aliento ni la lealtad de los ciudadanos, están incapacitadas y por eso condenadas a volverse algo vacío y estéril. Yo confío poco.

La herramienta de la que disponen las personas es el voto. Pero en un contexto de polarización, la ciudadanía ha quedado travestida en gresca.

El diseño de las instituciones, que viene de los padres fundadores, está pensado para funcionar incluso con una ciudadanía inerme. Si la democracia funcionara muy bien, los ciudadanos que no son virtuosos (porque no tienen interés en lo público o son ignorantes) con sus elecciones escogerían al mejor. Pero todos sabemos que los ciudadanos somos miopes y preferimos un caramelo hoy, en lugar de cinco mañana. Con esos mimbres juegan los políticos. Frente a eso hemos diseñado unas instituciones como los bancos centrales o los tribunales constitucionales, que deben protegernos de las decisiones torpes que toma esa ciudadanía. Lo que pasa es que esas propias instituciones, y siento ser tan pesimista, son también permeables a los poderes del gobierno, como lo estamos viendo.

A eso hay que añadir que las propias circunstancias de la pandemia hacen poco probable que la gente salga a la calle. Tradicionalmente, quien tiene las terminales de la movilización social y política es la izquierda. Como ahora mismo la izquierda es la que gobierna, se produce la paradoja de que las políticas más de derechas las hace la izquierda, como ocurrió en el caso de Tsipras, sin nadie protestando. Si esta gestión le hubiera tocado al PP, la calle estaría ardiendo.

¿Las generaciones de relevo, tanto del PSOE como PP, renunciaron a los valores de la generación previa? ¿No hubo vocación de continuidad?
Percibo una cierta nostalgia en su tono. Quizá deberíamos prevenirnos de esa otra variante del sesgo retrospectivo. Si uno lee lo que escribían Felipe González y los demás cuando tenían 30 años, Mao era un tibio, lo que ocurre es que aprendieron después. Pero aquellas ignorancias se explicaban. Las de ahora, que son aquellas imbecilidades en nuevas variantes, son un enigma. En realidad, una deshonestidad intelectual. Pero es que los sistemas de selección de las clases políticas priman a los peores. Eso está razonablemente demostrado. Al final, quienes acaban pesando en el partido político, digas Lastra, Ábalos o el propio Sánchez, son personas sin ninguna formación intelectual y en ocasiones sin ningún tipo de escrúpulos. Lo único que han hecho es carrera política.

En la derecha, en el último gobierno del PP, al menos tenían un coste de oportunidad: no eran personas con una altura ideológica y con convicciones profundas, pero sí con una calidad técnica. Para esto hay explicaciones parciales: la democracia propicia la selección adversa, lo que se llama paradoja de Jünger: sabemos lo que hay qué hacer, lo que no sabemos es cómo salir elegidos si decimos lo que queremos hacer. Si quiere la explicación completa, acuérdese de lo que Taleb llama la ingratitud hacia el héroe silencioso: “Todo el mundo sabe que es más necesaria la prevención que el tratamiento, pero pocos son los que premian los actos preventivos”. No solo tenemos a los más inútiles sino a los más indecentes.

¿Puede dar un ejemplo específico?
Un político que previene una acción terrorista o una epidemia no la puede rentabilizar políticamente. En cambio, si hay alguien que dice que pueden venir problemas, como le pasó a Pizarro con Solbes, los ciudadanos no lo escuchan. La clase política, que era mala, ha pasado a ser peligrosa. Podemos poner como ejemplo al Partido Socialista Catalán (PSC). Es un partido sin convicciones. Si no las tiene, ¿qué vas a defender? Es oportunista. Pero ese ejemplo en concreto necesita explicación, una más detallada de la que puedo ofrecer en este momento.

Antes de degradarse la política, se degrada el lenguaje. Hemos cruzado esta frontera hace tiempo. ¿Puede empeorar en un entorno democrático como el de España?
Hace poco, bromeando con una amiga, le decía que si hace tres años, en Cataluña, esperábamos que el Gobierno de España nos protegiera de nuestros gobiernos, porque veíamos nuestros derechos en peligro, ahora confiamos en Europa para que nos salve del Gobierno. ¡Cuidado, que en el próximo paso solo nos quedará Dios! (Risas). Aquí la corrupción no se penaliza, dimite Cifuentes por unas cremas y otro que está condenado, hasta que no lo echen, no se va. O también, si algún ideólogo, como puede ser Pujol, confiesa que estuvo robando fiscalmente, pues la sociedad lo acepta. La degradación de la vida política es absoluta. Las descripción más apocalíptica siempre será contenida.

Nuestros mecanismos de balance dentro del sistema no funcionan. No me gustan esas calificaciones de bolivariano y ese tipo de cosas, me parecen parte de la retórica política urgente y precipitada, pero la verdad es que empieza uno a hilvanar lo que sucede con la Fiscalía, con el Consejo General del Poder Judicial, con Televisión Española y la nueva 'ley mordaza', pero también con los seis meses de manga ancha en el Parlamento renovando el estado de alarma sin dar explicaciones… La hipótesis que aglutina eso de modo más económico es la de una vocación totalitaria notable.

Eso podría hacerlo un dictador romano, que viene a sanear la república durante seis meses, pero es que aquí tenemos un personaje inquietante, su biografía está plagada de mentiras y fraudes. Nunca ha habido un político que una semana antes hubiese dicho un programa absolutamente contrario al que ya ha propuesto. Lo asombroso es que la gente, incluida una parte del gremio intelectual, la opinión pública y el periodismo en particular, no esté dispuesta a decir nada contrario a eso. Yo entiendo al periodismo de nómina, servil, incluso a los viejos serviles. No dan más de sí, pero que gente que piensa y son funcionarios estén pendientes doctrinalmente de Lastra…

Hay una serie de herramientas que han permitido convertir en pueriles algunos debates. Hablo del igualitarismo aplanador, el sentimentalismo y el victimismo. ¿Existe una predisposición ideológica a ese neopopulismo?
No todo es lo mismo: yo, que he escrito bastantes cosas en defensa del socialismo, soy radicalmente igualitario, se trataría de que cada uno tenga las mismas posibilidades reales de hacer sus planes de vida en libertad. Pero lo de ahora nada tiene que ver con esa tradición. Ni siquiera con la ilustrada. Es un nuevo oscurantismo, que veta las críticas, pura chatarra intelectual, que, además, están intentando convertir sus ideas en un cuerpo doctrinal. Es esto que yo mismo he calificado de izquierda reaccionaria. Es comparable con la religión: ideas sobre la vida de todos, sostenidas en principios doctrinales, incompatibles con la buena ciencia, y que además, cuando los criticas, se ofenden e imponen el silencio.

El problema es que enfrente no hay nada, porque nadie está dispuesto a explicarlo o rebatirlo. Y lo asombroso es que la mercancía averiada se impone porque enfrente no hay nadie. Basta con ver lo sucedido con las políticas de la identidad. Viejos argumentos de la más oscura historia intelectual de Europa repetidos por nuestra izquierda. La tradición y, aún peor, los privilegios. Algunos podemos hacerlo, pero insisto de nuevo en la falta del balance en el sistema. Suelo repetir que yo soy radicalmente igualitarista y no hay nada más discriminatorio que la política lingüística. No solo entre los catalanes, entre los pobres, más exactamente, cuya movilidad social se cierra. También, y aún más, entre españoles. El problema es que el resto de los españoles tiene vetado el acceso laboral en buena parte de su país.

Es un nuevo oscurantismo, que veta las críticas, pura chatarra intelectual. Pretende convertir sus ideas en un cuerpo doctrinal

Usted estuvo entre quienes auparon a Ciudadanos. De cara a esta semana y del papel que intenta jugar con los Presupuestos, ¿qué pasó y qué pasa con los naranjas? ¿el híper liderazgo los descoyuntó?
¿Tienes el resto del día para hablar? (risas) Sobre eso quisiera yo hablar largo. Nosotros alentamos la aparición de un partido. No lo perfilamos ideológicamente por las propias diferencias que existían entre nosotros, pero el partido mal que bien recaló en una izquierda liberal, socialdemócrata o liberal en el sentido norteamericano, progresista, que es lo que falta en España. Ese espacio quedaba por cubrir. Cuando se lanza este proyecto, lo que ocurre es que en cierto momento, y esto son conjeturas, Albert cree que tiene la oportunidad de liderar la oposición e intenta ponerse a la cabeza de una de las tres derechas. Una vez que eso fracasa, se acaba Ciudadanos.

Yo insistía en que Ciudadanos debía continuar y apostar por la izquierda. De los que estábamos ahí, para entendernos, yo era el más rojo. Pero el asunto es que, una vez fracasado ese intento, no puede seguir. No puedes ir diciéndole a la gente: ahora soy de derechas, ahora izquierda liberal. La segunda parte de lo que ha ocurrido es un caso sociológico: Ciudadanos originalmente se nutre de gente que está en Cataluña batallando contra el nacionalismo y que tiene la experiencia del desprecio nacionalista. Cuando deciden convertirse en un partido nacional, y asoman otros mimbres humanos, con otros incentivos, Cataluña pasa a ser un asunto menor.

Si Ciudadanos comenzó en Cataluña como partido constitucionalista, ¿cómo puede apoyar a un Gobierno que pacta una mesa para la autodeterminación?
Eso no tiene ni pies ni cabeza. El truco de Sánchez ha sido escandaloso. Ciudadanos ha decidido jugar a la estrategia de ‘yo quiero algo a cambio de apoyarte los Presupuestos’. Pues bien, date cuenta de lo que se ha producido con la desaparición del español como lengua vehicular: Sánchez amenaza con algo más gordo todavía de lo que había hecho. Entonces los de Ciudadanos deponen sus peticiones, en lugar de conquistar algo. Al final se legitima lo que había, revestido como conquista. Se revestiría, porque ni siquiera se va a desandar camino.

En su Tribuna del pasado lunes plantea que las negociaciones con nacionalistas equivalían a comunicarse con un ciego con unas banderas. ¿Puede hablar más sobre eso exactamente?
No me refería a los nacionalistas, sino al Gobierno. La tesis fundamental del artículo es que Pedro Sánchez, y ya por derivación Pablo Iglesias, no comparten códigos morales convencionales que hacen posibles los debates y las críticas. Actúan como agentes estratégicos con los que se negocia en términos de fuerza y chantaje, que es lo único que conocen. Es como invocar a Dios ante un ateo. Hay un ejemplo magnífico: la parlamentaria nacionalista que dice que a ella el interés general, con perdón, se la suda. Con una persona así no cabe razonar. Y eso es hoy el PSOE. Hemos cambiado el territorio de la política al poder desnudo y la fuerza. De momento, lo único que nos libra es la ley, pero sólo de momento.

¿Existe algún ejemplo histórico en los últimos 200 años con el que pudiese compararse la situación actual?
Me costaría creerlo. La recomposición de la sociedad española es tan profunda... La historia es un saco enorme de acontecimientos en el que cada cual escoge los que quiere para montar sus cuentos. Todo ese rollo de “vuelven los comunistas” es un delirio. ¿La propiedad colectiva de los medios de producción? Si el Ibex aplaude al Gobierno. ¿Los sóviets? Yo a mis escasos amigos de Podemos les pregunto en broma si los círculos ya han votado tragarse la reforma laboral. No caben los paralelismos. España hoy, en el paisaje moral, parece la más progre: el matrimonio homosexual, la liberalidad de costumbres... Vamos, que en el Mayflower no se subiría ninguno de los españoles. No somos puritanos. Ha habido un proceso de decantación y tolerancia. Lo que ocurre es que, a su vez, eso ha servido para abonar el terreno de inanidad intelectual. Con la particularidad española, que es la gran singularidad: el proceso de desintegración.

Ninguna izquierda reaccionaria de las que ahora circulan, entre todas sus majaderías, incluye la defensa del nacionalismo. Solo lo hace la española, precisamente cuando España es más homogénea culturalmente. Mira los apellidos: Barcelona es una gota de agua con Madrid. Nunca se ha hecho más evidente que el nacionalismo invoca una realidad que se inventa. Y por eso no hay solución compatible con atender a sus demandas: el nacionalismo vive de los problemas que crea. Lo asombroso es que la izquierda acabe defendiendo la cochambre intelectual nacionalista, cuya trama fundamental es el pensamiento historicista alemán que reacciona contra la Revolución Francesa, la exigencia de participar en la identidad y el espíritu del pueblo para formar parte de la ciudadanía. Ciudadanos de mejor calidad que otros, según se aproximen al mito esencial. Nada más opuesto al ideal revolucionario inspirador de las revoluciones democráticas, que no contempla grados de pertenencia a la comunidad de ciudadanos: los derechos se tienen o no, no dependen de quintaesencias y conceptos culturales reaccionarios.

¿Qué papel jugaría el modelo autonómico en ese proceso?
Algún día habrá que evaluar en algún momento el Estado de las Autonomías, porque es la maquinaria perfecta para alentar este tipo de cosas. Tenemos que diseñar las instituciones para que esos comportamientos patológicos y desintegradores no sean reforzados. En nuestro caso, me temo, los han amplificado mediante un sistema de incentivos perversos. Y encima ineficaz, como se está viendo con la pandemia. Y ya no sirve el comodín de exigir lealtad. Los nacionalistas se definen porque no tienen ningún compromiso con la lealtad. Es como pedir contención sexual a un violador. La pregunta que nos tendremos que hacer es la responsabilidad del Estado de las Autonomías en nuestra situación actual. Quizá era un lujo de los tiempos de abundancia.

Agapito García Atadell, el chequista más sanguinario del invierno del 36
Fue el responsable de la checa que ocupó el palacio de los condes de Rincón, en la calle Martínez de la Rosa o calle de la “S”
Sara Izquierdo Álvarez larazon 15 Noviembre 2020

Uno de los nombres propios de la represión y el terror en Madrid durante los primeros meses de la Guerra Civil es el de Agapito García Atadell. Fue el responsable de la checa que ocupó el palacio de los condes de Rincón, en la calle Martínez de la Rosa o calle de la “S”: la checa socialista de las Milicias Populares de Investigación, con más de 50 asesinatos en su haber, a los que habría que sumar los de muchos detenidos en ella que fueron ejecutados en otro lugar.

Además de como sanguinario ha pasado a la historia como ladrón: los robos perpetrados por su checa le permitieron acumular un verdadero tesoro. Rosario Queipo de Llano, que padeció en sus propias carnes el paso por su checa, lo describe como “un hombre de unos 36 a 40 años, fofo y grasiento. Llevaba grandes gafas de imitación de concha. Su aspecto y su calmosa manera de hablar, no hacían sospechar los malvados instintos que se ocultaban bajo la capa hipócrita de aquel hombre perverso”.

La represión y las checas
Hablar de Agapito García Atadell implica referirse a las checas, centros facultados para realizar detenciones, requisas y asesinatos durante la Guerra Civil española en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. En Madrid, su actividad comienza en julio de 1936 y, en muchos casos, se prolonga hasta noviembre de ese mismo año, continuando algunas su actividad bajo otras formas. En esos meses, más de 1.000 chequistas sembraron el terror y asesinaron a cerca de 3.000 personas. Como reconoce Ángel David Martín Rubio, uno de los mayores especialistas en este tema, nunca será posible saber el número exacto de víctimas de las checas, ya que muchos de los detenidos eran sacados de sus domicilios y asesinados sin que los familiares pudieran saber qué organización era responsable del crimen.

Esta incertidumbre llega hasta nuestros días, pues todavía hoy son muchos los familiares que intentan averiguar qué fue de sus seres queridos y dónde están enterrados. En aras de la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil, la web checasdemadrid.HYPERLINK “https://iehistoricos.ceu.es/investigacion/proyectos/checas-de-madrid/”es ofrece una visión de las checas novedosa e inédita en muchos aspectos. Es el caso de su mapa con las 345 checas catalogadas, las cárceles oficiales y otros lugares de detención, una representación del alcance de represión del Frente Popular.

Semblanza de Agapito García Atadell
Agapito nace en Vivero en 1902. Siendo miembro de una orquesta que actúa en aldeas próximas conoce a Piedad Domínguez Díaz. Su familia, en un intento de poner fin a la relación entre ambos, envía a Piedad a Granada, Villanueva del Duque y Villanueva de Córdoba, a sendos centros de las religiosas de Cristo Rey. Y parece que no le faltaban motivos a la familia: entre el 17 de enero de 1922 y el 11 de septiembre de 1927 es detenido ocho veces e ingresa en prisión en varias ocasiones. En cuanto a Piedad, aunque no llega a profesar como religiosa su familia se refiere a ella como “la monja”.

Pero, lejos de olvidarse de Piedad, Agapito la “rescata”, se casa con ella por lo civil en Jove el 11 de junio de 1934, se encarga de que le sea restituida la dote de cerca de 80.000 pesetas que le correspondía por la muerte de su madre y se instala con ella en el número 25 de la madrileña calle Bravo Murillo, muy cerca de la Gráfica Socialista. Era una dirección muy conveniente para Agapito teniendo en cuenta que era socialista y tipógrafo: tras trabajar en el Heraldo de Vivero lo hace en la agencia Rostan y en los talleres de El Sol, La Voz y ABC, de donde es despedido por subversivo y agitador, escribiendo también en El Proletario y La Antorcha.

Agustín de Foxa se refiere a Agapito como “hombre extremadamente inteligente, sádico y refinado... un perfecto Marxista”. Pero ni en cuestiones políticas ni religiosas parece que Agapito y Piedad coincidan: Agapito pasa del socialismo al comunismo y de nuevo al socialismo y Piedad vota a Gil Robles (CEDA o Confederación Española de Derechas Autónomas). Por otro lado, Piedad se mantiene fiel a sus principios religiosos, asistiendo a misa diaria, en ocasiones acompañada por su marido hasta la puerta de la iglesia.

Tal y como consta en el Consejo de guerra, Agapito era “alto, de buena complexión” y tenía “buenas amistades”, como la de Indalecio Prieto. Piedad se enorgullecería de él por sus dotes dialécticas y los reconocimientos que publica la prensa: para El Heraldo de Madrid era “uno de los más esforzados defensores de la República” y, en concreto, su edición del 20 de agosto de 1936 dice que su brigada “ha adquirido gran fama por sus magníficos hallazgos de tesoros escondidos por el clero y la gente de derechas”.

Agapito se escribe con el ministro de Trabajo Juan Lluhí y se reúne con Javier Elola y Díaz Varela, magistrado de la audiencia territorial, así como con los embajadores de Rumania, Países Bajos e Inglaterra, y con el encargado de la Embajada de Francia. Sin embargo, pocos meses después cambian las tornas y lo que se escribe sobre él es muy distinto: “una de las vergüenzas de la República” (Luis Buñuel), “negro sujeto, sin entrañas ni corazón, que llenó de pavura todo el suelo madrileño”, “alimaña comunista”, “cobarde y desnaturalizado troglodita rojo” (Diario de Avisos). ¿Qué había cambiado?

Cuando Agapito sueña con hacer las Américas
A pesar de todo el poder y de los beneficios que le reporta a Agapito su actividad de chequista, en noviembre de 1936 huye de España con Piedad y sus colaboradores más directos, llevándose todo el dinero y las joyas que pudo. ¿Las razones de esta decisión? Largo Caballero quiere terminar con las actividades incontroladas como la suya; Toledo ha caído y las tropas nacionales se aproximan a Madrid; se repiten sus enfrentamientos con los comunistas, que quieren participar de sus robos y le acusan de salvar en embajadas a gente de la derecha. En el plan de huida, que se empieza a gestar a finales de septiembre, no falta la publicación de una noticia que anuncia su muerte cuando, teóricamente, debían estar lejos de España: la cuartada perfecta para dar carpetazo a su pasado y empezar una nueva vida.

Con documentación falsa, Agapito y Piedad embarcan el 12 de noviembre en Santa Pola en el crucero argentino 25 de Mayo rumbo a Marsella. Desde aquí viajan en tren a Saint Nazaire, en la costa atlántica, donde embarcan el 19 de noviembre en el Mexique. Tras hacer escala en Vigo y La Coruña, el día 24 atracan en Santa Cruz de La Palma, donde Agapito es detenido. Piedad sigue viaje hasta La Habana.

El 19 de diciembre Agapito es trasladado a la prisión de Sevilla. El 30 de junio de 1937 da consentimiento y poder de representación para contraer matrimonio religioso con Piedad, una “deuda pendiente” que tiene con ella. El 4 de julio, conocida su sentencia a muerte por rebelión militar, le escribe a Piedad, que para entonces reside en Francia: “Ya sabes, pues, mis intenciones. Si algo ocurriese te dejo la más completa libertad para que adoptes el estado que más convenga a tus inclinaciones y sentimientos”. Y Piedad opta por el matrimonio religioso in articulo mortis.

Del mismo día es su rectificación pública por sus ataques a la Santa Madre Iglesia y a su ministerio. Una de sus últimas cartas se la dirige a Indalecio Prieto, diciéndole “Ya no soy socialista. Muero siendo católico”. El 15 de julio es ejecutado Agapito. Piedad vive exiliada 19 años, trabajando de cocinera y ama de llaves. Regresa a España en 1956 y muere en Burela en 2001.

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"Quien ha perdido el alma sólo piensa en salvar el pellejo"
Jesús Cacho. vozpopuli  15 Noviembre 2020

La frase pertenece al francés Georges Bernanos, autor de obras como el 'Diario de un cura rural' o 'Los grandes cementerios bajo la luna', un novelista y dramaturgo cuya vida estuvo de principio a fin infiltrada por la preocupación religiosa y en concreto por el eterno conflicto entre el bien y el mal, pelea reflejada a la perfección en la frase que encabeza este artículo y que viene como anillo al dedo a un Pedro Sánchez que esta semana ha dado un gran paso para aprobar los PGE de 2021 sobre la base de blanquear y vender su alma a Bildu, pagando el precio que los herederos de ETA le han exigido, como hace una semana pagó el que ERC le reclamó (la exclusión del castellano como lengua vehicular en Cataluña) por idéntico motivo. “Sánchez paga con sangre el alquiler de Moncloa”, ha llegado a escribir Rosa Díez. Al día siguiente del rechazo de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, el presidente dio el v/b para el traslado a cárceles vascas del asesino del concejal sevillanoAlberto Jiménez-Becerril y de su esposa Ascensión García, uno de los atentados más viles y que más profundamente conmovieron a la sociedad española.

Sánchez ha vendido su alma a Bildu y a todos los partidos con los que en los meses previos a las elecciones del 10 de noviembre de 2019 dijo que jamás pactaría. Acudir hoy a la hemeroteca para testar la dimensión de su traición a los principios que decía defender es un ejercicio tan aterrador como extenuante, capaz de hacer añicos cualquier prontuario de principios morales. La desfachatez del personaje a la hora de mentir rebasa lo llamativo para instalarse de plano en la esfera de lo inaudito. Conviene aclarar que estos no son los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino los Presupuestos Generales de Sánchez (PGS), porque en absoluto sirven a España sino únicamente a Sánchez y a su determinación por seguir en Moncloa a cualquier precio. El coste ya no es solo el entierro del régimen del 78 y de la Constitución que lo consagró, sino la voladura de España como Estado nación para ser sustituida por esa “república plurinacional” que estos días ha alabado el “copresidente” Pablo Iglesias sin que nadie en el Ejecutivo le haya desmentido.

Los PGS otorgan a su titular un salvoconducto para circular sin mayores sobresaltos por la legislatura en curso hasta su final, de la mano, naturalmente, de los enemigos de la nación. ¿Podría alguien imaginar en Francia a un Macron gobernando con los esbirros de la República empeñados en destruir no solo la República sino también Francia? La discusión parlamentaria de estos presupuestos ha sido, por eso, una batalla puramente ideológica desprovista de cualquier planteamiento de técnica económica y/o presupuestaria. Un ejercicio de ciencia ficción. Con una estimación de aumento del PIB del 7,2% sin incluir los fondos europeos y del 9,8% con ellos, España, según la voluntariosa Marisú Montero, registraría durante 2021una portentosa reactivación, la más intensa de todos los países de la OCDE, hasta el punto de salir de la recesión sufrida en este malhadado 2020 y dar inicio a un nuevo ciclo expansivo. El sueño de una noche de verano o de una borrachera de garrafón que no se compadece con unos indicadores de la economía real que apuntan a una pérdida de vigor de la actividad en el tercer y cuarto trimestres, tras el 'brote verde' registrado en julio, proceso acentuado por la segunda ola de la covid y sus consecuencias.

El edificio presupuestario se sustenta en la potencia expansiva del gasto público (196.097 millones, un 53,7% más que en 2020). Keynesianismo en estado puro, que traduce de manera automática los aumentos del gasto en mayor crecimiento económico. No hay ninguna otra variable en el diseño de las medidas de política económica que permita adivinar otra fuente impulsora del crecimiento. No hay reforma estructural alguna, salvo el anuncio de una “modernización” del sistema tributario que hay que entender como la amenaza del palo y tentetieso de la subida de impuestos. No se dice cómo se financiará ese aumento del gasto, no desde luego mediante las irrelevantes subidas impositivas hasta ahora anunciadas y tampoco a través de las ayudas europeas (el dinero del fondo SURE está destinado a financiar los ERTE y el del Fondo de Recuperación debe ser empleado en la agenda digital y verde). Un proyecto lleno de incongruencias, centrado en el gasto desbocado, al servicio de unas previsiones macro insostenibles, lo que se traduce en unos objetivos de déficit de muy difícil materialización. Con una recuperación débil en 2021, una manifiesta falta de voluntad para corregir el brutal endeudamiento proyectado, sin visos de un plan de ajuste capaz de poner orden en las finanzas públicas y sin ninguna reforma estructural a la vista, el Gobierno se verá obligado el próximo año a emitir deuda por importe de casi 300.000 millones. El corolario es claro: el andamiaje económico de este Gobierno en su viaje hacia la “república plurinacional” que abanderan Pedro & Pablo va a depender por entero del exterior.

Unas cuentas que sólo sirven a Sánchez
Unas cuentas que no sirven a los intereses del país, que no coadyuvan a una rápida salida de la crisis y a una recuperación vigorosa, que no ponen orden en el desbarajuste macro (déficit y deuda como grandes estrellas) y que no reman en pro de la estabilidad y el crecimiento, de la felicidad, en suma, de los españoles. Pero que sí sirven, mediante la exacerbación del caos económico, para hacer realidad ese viaje hacia lo desconocido en que están empeñados Pedro y su banda: la destrucción de la nación de ciudadanos libres e iguales que ha presidido los más de 40 años de una Transición merecedora de todos los reproches imaginables, pero acreedora también al elogio de una prosperidad nunca conocida sobre la piel de toro. La paz y la prosperidad que los españoles decidieron regalarse tras aquel dramático “paz, piedad, perdón” con el que Manuel Azaña aventuró en Barcelona la inminente derrota republicana en la Guerra Civil, contienda que ahora este rufián parece pretender reavivar.

Dividir a los españoles en dos bloques enfrentados y jugarse el futuro del país a la ruleta rusa con una pistola que maneja Pablo Iglesias, que estos días ha consolidado un bloque de poder con EH Bildu y ERC convertido en el primer soporte, también en la mayor amenaza a futuro para el jefe de la banda. Un Gobierno dentro del Gobierno, con sus medios de comunicación, sus apoyos en la judicatura, sus infiltrados en fuerzas y cuerpos de seguridad y su propia política exterior (como el escandaloso viaje a Bolivia como carabina del rey Felipe VI ha puesto en evidencia). Un copresidente que ha entronizado a los herederos de las pistolas como elemento central en la gobernación del Estado: “Vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen”. No cabe más diáfana declaración de intenciones. ¿Dónde está Pedro en el río revuelto de este golpe de Estado que desde el corazón del Estado persigue su destrucción? ¿En qué orilla de la corriente? Sin duda en la que más convenga a sus personales intereses, en el convencimiento cierto de que, si de permanecer se trata, no dudará en ponerse a la cabeza de la fiel infantería empeñada en el cambio de régimen. Quien ha perdido el alma sólo piensa en salvar su pellejo.

La única esperanza de evitar el desastre reside, suprema paradoja, en la economía. La supervivencia de Sánchez depende enteramente de la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que equivale a decir que pivota sobre la disposición del BCE a seguir comprando bonos soberanos españoles al ritmo en el que lo ha hecho en 2020. Christine Lagarde es, en el fondo, la clave del arco sobre la que descansa la suerte del bergante. Su riesgo es que dentro de un año, quizá menos, las economías de la zona euro, principalmente las de los países rectores de la Unión, Alemania y alrededores, empiecen a crecer con fuerza, mientras las del sur, particularmente España, se estanquen con un crecimiento muy pobre y unas cifras de déficit y deuda insoportables y sin visos correctores. En ese momento empezarían a sonar las alarmas del euro, al mismo ritmo que los inversores, Su Majestad el Mercado, comenzarían a exigir una alta prima de riesgo por adquirir la deuda española que el BCE empezaría a dejar de lado. La hipótesis de que Sánchez puede dormir tranquilo mientras el crecimiento del PIB sea superior al precio del dinero, porque ello asegura cumplir con el servicio de la deuda alejando el fantasma de la quiebra país, es jugar con un fuego cuyo control no está en nuestras manos. Tarde o temprano, el jefe de la banda se verá obligado a poner en marcha un severo plan de ajuste, momento en que la coalición saltará por los aires.

Zapatero en 2010
En cierta medida, Pedro & Pablo se encuentran en una situación similar a la que Rodríguez Zapatero, su mentor y maestro en el arte de hacer añicos una nación milenaria, se vio obligado a afrontar en 2010. El incremento del gasto en partidas como Sanidad, Educación, Dependencia, etcétera (y naturalmente la subida de sueldo a funcionarios y pensionistas que el FMI acaba de censurar) se consolida como gasto recurrente incorporándose a las cuentas de años sucesivos, lo que supone un aumento del gasto estructural, con su correlato de déficit, que acentúa la insostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo. Con un crecimiento capado y un paro en aumento, la economía española es incapaz de generar los recursos suficientes para hacer frente a la extensión de programas sociales con los que la pareja pretende hacer realidad la sociedad subvencionada con la que sueñan, esa República gobernada por las elites políticas locales, nuevos señores feudales, caciques redivivos, con un poder central jaleado por grandes empresarios adictos al capitalismo de amiguetes, con la pequeña y mediana empresa tirada en la cuneta víctima de un tsunami regulatorio e impositivo, y con una gran masa de gentes depauperadas dependientes del Estado benefactor.

Mientras tanto, la traición de Sánchez a los principios de la decencia política, tan laxa siempre ella, es tan brutal, tan obscena casi, tan insoportable, que en el cementerio del viejo PSOE donde no parecía posible advertir la existencia de vida ha empezado a crecer la hierba de la rebelión y la protesta. Hay vida más allá del truhan. El manifiesto de Nicolás Redondo Terreros es una muestra de honradez capaz de opacar la sistémica cobardía de los Lambán, García Page y demás a la hora de tirar la piedra y esconder la mano. A muchos honestos socialistas simplemente les avergüenza la disposición de Sánchez para edificar su iglesia sobre la sangre de los socialistas asesinados por ETA con la ayuda de sus herederos. Y a quienes nunca hemos sido socialistas, también.

Unos Presupuestos con capucha y una oposición centrada en esperar
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 15 Noviembre 2020

Gobierno y oposición, salvo Vox, han alumbrado unos presupuestos con capucha, hijos políticos de la ETA y Podemos y apadrinados por el PSOE.

Semana a semana, día tras día, la dictadura comunista avanza en España. No puede ser ya una tiranía como las de Lenin, Stalin o Mao, con métodos rudimentarios de expolio y represión, sino al estilo de las de Rusia o China, basadas en una represión episódica pero implacable y en el tácito consentimiento de una mayoría a la que se garantiza tranquilidad y cierta prosperidad económica mientras no ponga en peligro ni discuta la dictadura del partido único y el control absoluto de la información, que incluye los movimientos, la acción y la opinión de todos los súbditos de la tiranía roja. El rojo, no se discute.

El comunismo del Siglo XXI
El comunismo, es decir, el socialismo real del siglo XXI no es una dictadura tecnocrática, adaptada a una sociedad de creciente inteligencia artificial como pretendieron Daniel Bell y sus discípulos pekineses, sino el culto al marxismo-leninismo como esa “religión práctica” que Bertrand Russell adivinó en su encuentro con Lenin y asemejó perspicazmente al islamismo. Es una ideología religioso-ambiental, difusa y profusa, pero que inspira todas las actividades genuinamente políticas: expresión, reunión y manifestación. Todas toleradas, no legalizadas, si no cuestionan al Estado, que en realidad es el Gobierno, que en realidad es el Partido Comunista.

Putin y Xi venden esta mercancía como necesaria para que sus países sean potencias universales. Tal vez, después de cuatro generaciones bajo el comunismo, lo sea temporalmente, pero, por si acaso, nadie puede dudar de su perennidad. Así los regímenes comunistas, relegitimados, presumen de ser más eficaces que las democracias en la lucha contra el covid-19, aunque Taiwán y Corea del Sur desmientan a Pekín y nadie haya imitado a la hija de Putin cuando se puso la vacuna rusa, ni Maduro y su cartel se pongan la cubana, lástima.

Pero, como en los años 30, están ganando de forma abrumadora la batalla de la propaganda. El totalitarismo leninista, disfrazado de coaching emocional se recupera del descrédito tras la visión de los escombros que dejó la caída del Muro de Berlín. Y en lo que llamábamos Occidente, el descrédito de la democracia liberal crece de tal modo que, a cambio de la cáscara de un comunitarismo sentimental, el huevo de la libertad, que es el fuero, la yema de la Ley, se desprecia porque engorda. La emocracia de Ayan Hirsi Ali usa los medios de la democracia para acabar con su razón de ser: la libertad individual. Nunca los medios han sido tan de masas. Nunca las masas han sido tan de medios. Nunca fueron tan mediatizadas y tan demediadas, tan aduladas y nulificadas, tan cultivadas y hacinadas, tan fotografiadas y archivadas en la nube de la nada. Nunca tanto sirvió de tan poco.

Unos presupuestos etarras, comunistas y kirchnerianos
España, siempre singular, no sigue la evolución habitual en las dictaduras de izquierdas, que tras tomar el poder por la fuerza se apropian de los que Gramsci, Althusser y otros llamaron “aparatos de Estado” o “superestructura”: la Justicia, la Educación o los medios de comunicación. Gramsci ya teorizó la conquista de la “hegemonía” como un paso alternativo al golpe de Estado leninista, sobre todo por la complejidad de las sociedades occidentales salvo que hubiera alguna “excepcionalidad” que acelerase o invirtiera los términos del proceso. El comunismo gramsciano seguía la tradición secular, a menudo masónica, de los maestros concebidos como apóstoles de la Ilustración, a los que rebautizó como “ingenieros de almas”. En el fondo, se trataba de extirpar la religión como molde ideológico, que, en el llamado “socialismo científico”, incluía también la “moral burguesa”. Desde Washington a Madrid, vivimos el apogeo de esa liquidación de una moral por imposición de otra, con una ferocidad sin precedentes en ninguna democracia.

La Izquierda, gramsciana antes de Gramsci, se hizo en la segunda parte del XIX con buena parte del control de la Educación, sobre todo a través de la Educación Pública que, según el modelo francés, no sólo era laica sino rabiosamente anticatólica. No obstante, el catolicismo siguió manteniendo o creando instituciones que mantenían la continuidad de la tradición del dogma y un alto nivel cultural. Los jesuitas fueron el símbolo de ese prestigio y del odio que suscitaba. Sin embargo, el carácter ultracatólico del carlismo, la influencia masónica en una institución tan liberal en España como el Ejército y el laicismo en la escuela, cuya versión superior fue la Institución Libre de Enseñanza, fueron arrinconando el prestigio popular de la religión y crearon en la derecha los famosos y perniciosos complejos ante la Izquierda que duran hasta hoy.

Aunque agravados en la Transición por el miedo de la derecha a ser tachada de franquista por los hijos de Lenin y de Negrín, que tiene delito, esos complejos eran visibles ya en la Restauración, sobre todo tras la crisis del 98 y el antipatriótico regeneracionismo de los nuevos sacerdotes, los intelectuales, que tanta responsabilidad tuvieron en el descrédito de lo nacional, unos coqueteando con el terrorismo y casi todos en la llegada de la II República, estúpidamente presentada como remedio para todos los males de España, y que en 1931 el monarquismo suicida les regaló. Ortega, el más importante, nunca hizo el balance moral de su responsabilidad en ese proceso. Tampoco Unamuno. Pero entonces había una altura intelectual desde la que caer. Ahora, ni eso. A la Agrupación al Servicio de la República, “la masa encefálica” de las Cortes republicanas, le suceden hoy bandas de descerebrados y una banda de descerebradores, los etarras, admitidos por los socialistas como una banda más.

Así las cosas, estas Cortes ilegítimamente cerradas por Gobierno y oposición, salvo Vox, han alumbrado unos presupuestos con capucha, hijos políticos de la ETA y Podemos y apadrinados por el PSOE. Para Domingo Soriano, son técnicamente argentinos, o, más precisamente, kirchnerianos. naturalmente, son una chapuza, como producto de incompetentes que aspiran a gastar lo que no se tiene y a no pagar lo que se debe. Toda la inversión real dependerá del dinero que llegue de la UE. Pero el efecto en la economía, al subir ferozmente los impuestos ante la mayor crisis económica de nuestra historia, será hundir por mucho tiempo, acaso para siempre, la empresa privada.

Quedarán, como en Argentina, las grandes empresas cotizadas, siempre al socaire del Gobierno, totalmente ecosostenibles y con puertas giratorias velocísimas, para fingir que se mantiene la propiedad, pero, en realidad, los propietarios serán cada vez menos y más pobres, los autónomos y pequeños empresarios irán desapareciendo, y el sector público e improductivo se irá convirtiendo en la ventanilla única de las nóminas de cada mes. Con menos propiedad y cercada por el Fisco, habrá menos autonomía personal y mucha menos libertad.

Inés votó con los encapuchados
Que un Gobierno socialcomunista que llegó al Poder con la moción de censura a Rajoy y gracias al apoyo de etarras, separatistas y golpistas, haga unos presupuestos para destruir la propiedad privada y el Estado es natural. Que un partido que se proclama liberal y aún se llama Ciudadanos vote lo mismo que los etarras, porque sólo a los etarras se les puede dar el pésame como hizo Sánchez por el suicidio en la cárcel de uno de los suyos, muestra el descerebramiento total de la oposición ante los descerebradores.

Inés Arrimadas, cuyas luces teóricas son todavía inferiores a las de Rivera aunque puede componer la figura y vender humo tanto como él, se inventó para la prensa bidenita o enajenada, un centro dizque liberal que se sitúa “entre los socialdemócratas del PSOE y los conservadores del PP”. La tercera fuerza nacional, Vox, ya no existe: la mató Casado en el discurso de Caín Berialejos. No sé en qué se basará ahora el poder territorial del PP y del propio partido de Arrimadas, ayer naranja y ahora ámbar, ese color del semáforo que invitaba a la prudencia pero que, con los nuevos y poderosos coches, invita sobre todo a la duda: a pasar o no pasar, a frenar o acelerar, a jugársela y, por audaz, pegársela; o que por cauto, te la peguen por detrás.

Lo peor del centrismo, aparte de la repelente superioridad moral que exhiben los ni-ni que habitan esa entelequia geométrica y que no son ni socialistas ni conservadores, ni radicales en un sentido ni en el otro, gente finísima, de más calidad que unos y que otros (dígase “hunos y hotros”) es que forzosamente polarizan la vida política, porque para que el centro sea necesario deben existir una derecha y una izquierda incapaces de coexistir. Eso contradice la lucha contra los males del bipartidismo que ayer vendían. El bipartidismo era malo porque no estaban ellos para evitar la corrupción, sobre todo la peor, la judicial, pero cuando se presentan los presupuestos del PSOE, la ETA y Podemos, Ciudadanos ha votado junto a ellos el no a las enmiendas a la totalidad. Y unos presupuestos con capucha hay que enmendarlos por completo, negarlos del todo, condenarlos en su totalidad.

Casado: tras el puñal, la espera
Creo que lo peor en esta deriva hacia el comunismo por la andrajosa senda kirchneriana es la espera, política a la que el PP se ha abonado por tres años. Ojalá al suicidio de Casado eligiendo luchar por el centro en vez de aliarse con la derecha no responda Abascal rompiendo los pactos con el PP y Cs. Si derriba la Junta de Andalucía, además de los andaluces, la gran víctima sería Vox, que en vez de heredar al PP, lo rescataría de su traición, igual que Casado rescató a Vox del error de la moción con su vil puñalada.

Pero la puñalada estaba lista antes de la moción, que sólo aceleró los plazos. El análisis detrás de esa traición personal y política es que no hay nada que hacer, o que el PP no debe hacer nada ante el Gobierno socialcomunista, etarra y golpista hasta las próximas elecciones. En esa espera basa su esperanza. Pasteleando jueces y rompiendo con Vox para acercarse a Bildu cree Casado que formará gobierno en tres años. Para entonces, no quedarán Gobierno, Estado, propiedad ni libertad. Y del PP, los escombros.

Los presos de ETA, en la agenda del PSOE
Editorial ABC 15 Noviembre 2020

El acercamiento de presos etarras al País Vasco es un eslabón más de una larga cadena de movimientos orientados a la agrupación de la izquierda. La decepcionante sumisión con la que Grande-Marlaska ejecuta este plan revela el estado amoral del PSOE, que se ha desprendido de los escrúpulos democráticos necesarios para repeler pactos con quienes siguen sin condenar los asesinatos cometidos por ETA. Para Sánchez y los suyos, pasar página es mirar hacia otro lado y dar por descontadas a las víctimas del terrorismo en un escenario que diseñó Rodríguez Zapatero. Sánchez no está innovando nada, sino culminando la agenda que abrió Jesús Eguiguren con Arnaldo Otegui en un caserío, en el año 2000. La historia, desde entonces, demuestra que, mientras Zapatero firmaba con el presidente Aznar el pacto antiterrorista de 2001, su hombre de confianza negociaba con uno de los dirigentes del frente político de ETA. Tampoco son ajenas a este viejo y nuevo escenario las propuestas que el propio PSE hizo por aquel entonces, cuando, en 2004, su secretario general, Patxi López, defendía convertir el País Vasco en «comunidad nacional» y hacer una «relectura» de la Constitución, entreabriendo puertas a pactos con la extinta Batasuna.

La radicalización del PSOE provocada por Zapatero se ha consolidado, y ahora Sánchez encuentra en EH Bildu la oportunidad de cerrar el círculo de izquierdas en España. Los proetarras han sido agentes activos en el afianzamiento de Sánchez. Pactaron con los socialistas el Gobierno foral de Navarra, la derogación de la reforma laboral a cambio de sus míseros votos para la prórroga del estado de alarma y, ahora, el apoyo a unos Presupuestos con los que el PSOE quiere agotar la legislatura. La cesión a la izquierda proetarra es esta victoria política de Otegui, larvada desde sus encuentros clandestinos con Eguiguren. Solo era cuestión de tiempo.

Que el Gobierno trate a los defensores de ETA como interlocutores válidos para la «dirección del Estado» es un éxito político que ni el más conspicuo de los fundadores de la banda terrorista habría imaginado. Se equivoca García-Page cuando afirma que es Unidas Podemos quien marca la agenda del Gobierno. Esta agenda de pactos con el brazo político de ETA está escrita por el PSOE desde hace muchos años, y solo se ha vista retrasada por la propia naturaleza criminal de los terroristas y la oposición de las víctimas y la sociedad española. Pablo Iglesias se limita a poner las palabras al silencio taimado de Sánchez.

El PSOE es el barco nodriza de las izquierdas declaradamente antiespañolas, como EH Bildu o ERC. Viajan cómodamente en los pactos que les ofrece Sánchez y se nutren de la legitimidad que los socialistas les regalan y con la que están socavando la estabilidad y continuidad del Estado. El acercamiento de presos no es un acto humanitario; es un mensaje político de cómo van a cambiar las cosas en España si el PSOE y Unidas Podemos siguen gobernando con el apoyo de proetarras y separatistas. Es un error pensar que la democracia española es suficientemente fuerte para soportar y doblegar esta política anticonstitucional del PSOE. No hay democracia que resista a un Gobierno formado o apoyado por partidos cuyo objetivo explícito es «tumbar el régimen». En los pactos del PSOE con EH Bildu y ERC no hay más virtud que la de consumar el «cordón sanitario» del Pacto del Tinell. Ni EH Bildu ni ERC han renunciado a ninguno de sus objetivos a cambio de participar en la «dirección del Estado», porque no van a dirigirlo, sino a desestabilizarlo en su revancha histórica contra la Transición y el pacto constituyente de 1978.

Bildu y las náuseas
Vicente Vallés larazon 15 Noviembre 2020

El presidente de la Junta de Extremadura, médico de profesión, ha decidido esta semana recetarse a sí mismo un antiemético. Necesita frenar las náuseas y los vómitos que empezó a sufrir la mañana en la que escuchó a Arnaldo Otegi anunciar el apoyo de EH Bildu a los presupuestos generales del Estado que Pedro Sánchez ha llevado al Congreso.

Más dosis del antiemético debió tomar conforme avanzaban las horas y los días, al confirmar algo que Guillermo Fernández Vara ya sabía que iba a ocurrir: nadie en el Gobierno de la nación ni en la alta dirección del Partido Socialista (si es que hay dirección al margen del propio secretario general) ha puesto en cuestión la conveniencia de tener cerca a EH Bildu.

La democracia española es tan generosa que permite al partido heredero de una banda terrorista estar en las instituciones. Y esa presencia institucional es el pretexto de la hinchada gubernamental: nada impide llegar a acuerdos con un partido legal. Nada, salvo un mínimo sentido del pudor que podría aconsejar que se establezca alguna distancia con determinados agentes políticos, como ya hacen el Gobierno y sus socios con Vox, por ejemplo. EH Bildu está en las instituciones, pero no es obligatorio pactar con Arnaldo Otegi. El ejercicio del terrorismo o su justificación es la última frontera. O lo era. Y vernos en la necesidad de explicar obviedades como esta dice mucho de hasta dónde hemos llegado.

Así lo pensaba también Pedro Sánchez en otros tiempos, cuando se mostraba extraordinariamente firme en una entrevista en televisión: «Con Bildu no vamos a pactar. Se lo repito. Con Bildu no vamos a pactar. Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española. Creo que estoy siendo bastante claro. Perdone, pero le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quiere lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar». También Sánchez le dijo a Carlos Herrera hace unos años que «producen náuseas las cosas que dice Otegi» –como le ocurre ahora a Fernández Vara– y, contradiciendo a José Luis Rodríguez Zapatero y a Pablo Iglesias aseguró que Otegi «no es un hombre de paz».

Como en cierta ocasión dijo el líder de Podemos, «hacer política es cabalgar contradicciones». Y eso es comprensible, así en la política como en la vida. Pero, de la misma forma, hay que asumir el coste de la contradicción. Y, de momento, esta segunda parte no se produce.

Porque, igual que ocurrió con la promesa de no formar coalición de gobierno con Podemos, la pérdida de sueño que pudiera provocarle a Pedro Sánchez un acuerdo con EH Bildu ha dejado de ser un problema de salud política. Otegi es un integrante más de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno. Business as usual. Y, como consecuencia, el Gobierno Sánchez-Iglesias es más fuerte.

El sector PSOE de la coalición está siendo abducido por el sector Podemos. Pablo Iglesias corretea con desparpajo y con plena libertad dentro y fuera del hemiciclo, metiendo en el saco todo voto disponible en la izquierda y el independentismo. Y ya quedan pocos que no se hayan unido al club: después de sumar a EH Bildu, solo faltan los representantes de Puigdemont y los diputados de la CUP. Impresiona la tolerancia con la que algunos estómagos aceptan determinados ingredientes. Sin náuseas ni vómitos.

Parafraseando a Adolfo Suárez, Pedro Sánchez intenta elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de Pablo Iglesias es simplemente normal. Y se produce con la aquiescencia de una parte importante del sector social al que representaban los socialistas, que ahora parece apreciar más la permanencia en el poder –sin mirar el precio–, que la propia esencia del PSOE como institución más que centenaria. Porque las voces de Fernández Vara, Lambán o García-Page están amortiguadas por su fidelidad, por eso que se dio en llamar el patriotismo de partido. De hecho, sus críticas sirven para que la alta dirección disponga de un relato autojustificativo de que los viejos principios no se han diluido, a pesar de todo.

Pero la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha convertido en escena común fotografiarse con los diputados de Bildu, y el ministro José Luis Ábalos asegura que incluir a Bildu en la lista de partidos satélites del PSOE es equivalente a la actitud que mantuvieron el 23-F el general Gutiérrez Mellado y el líder comunista Santiago Carrillo.

A esa misma hora, el diputado de EH Bildu en el Parlamento vasco Arkaitz Rodríguez –antiguo miembro de ETA– decía que «vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen». Nadie debe sorprenderse. Tal y como se cuenta en la famosa fábula de la rana y el escorpión, está en su naturaleza.

Bildu o la legitimación del crimen político
Editorial larazon 15 Noviembre 2020

Más de trescientos asesinatos cometidos por la banda etarra están sin resolver, de ahí que no parezca descabellada la pregunta, terriblemente dolorosa, que se hace el padre de una de esas víctimas, el diputado Antonio Salvá, cuando mira hacia la bancada de Bildu en el Congreso: «¿Habrá participado alguno de ellos en la muerte de mi hijo?» Su mero enunciado, no nos cabe duda, moverá a la indignación de los aludidos, pero basta con un sencillo ejercicio de empatía, de ponerse en el lugar del otro, para comprender hasta qué punto hiere a buena parte de la sociedad española, sin distinciones ideológicas, la impunidad y la jactancia que exhiben muchos de los antiguos terroristas. Porque Bildu, y lo que representa, es una anomalía en la política democrática europea, una indignidad que ni puede disimularse ni se cauteriza con un pretendido borrón y cuenta nueva.

Era perfectamente consciente de ello el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando rechazaba con ademán sobrado la posibilidad de negociar con los herederos de la banda, como lo son todavía muchos dirigentes socialistas que se declaran entre la náusea y el hartazgo ante el espectáculo de un Arnaldo Otegui blasonando de su sobrevenida influencia en los mecanismos de dirección del Estado. No es moral ni políticamente aceptable la legitimación del crimen como supuesto resultado inevitable de un conflicto entre dos bandos, como se pretende desde el nacionalismo vasco. No es eso lo que ocurrió por más que los intereses del corto plazo aconsejen al inquilino de La Moncloa mirar hacia otro lado. La banda etarra fue, al final, derrotada sólo cuando la gran mayoría de la sociedad española se negó a seguir aceptando esa dialéctica falaz del terrorismo y sus justificaciones de la violencia. Cuando se desnudó la retórica pseudomarxistoide de unos asesinos sin alma, que pretendieron imponerse por el terror sobre la vida y la libertad de los españoles.

No es posible desandar el camino ni borrar tanto daño causado. El sufrimiento de los asesinados, de sus familiares y amigos, de quienes tuvieron que abandonar sus casas bajo amenazas de muerte, de los que fueron extorsionados en sus bienes, de los injuriados por los cómplices objetivos de los pistoleros. Y no lo será mientras no se produzca el reconocimiento del daño causado, se pida perdón y se colabore en el esclarecimiento de los crímenes, algunos horrendos, que siguen sin resolverse. El ejemplo, muy equívoco, ciertamente, del IRA puede dar una pista a Otegui y sus compañeros. No sólo se pidió perdón a las víctimas, sino que se reconoció la legitimidad de la Justicia británica y de los poderes del Estado, de la democracia, en suma, contra la que actuaron.

Una apuesta de largo recorrido
Un gesto como el de Ábalos normalizando a Bildu solo se explica si la complicidad con los pro etarras va a ser una apuesta de largo recorrido
Luis Herrero ABC 15 Noviembre 2020

No llevo la cuenta de los pinchos de tortilla que he perdido en las apuestas de esta columna pero tengo muy claro que la llegada de Bildu y ERC a la orilla presupuestaria del Gobierno me ha salido por un ojo de la cara. Tan pronto como ha visto en lontananza la vuelta del hijo pródigo a la casa del padre, Sánchez ha colmado de besos a los indepes y ha mandado al cuarto oscuro a Inés Arrimadas. Doy por hecho que ya no hay marcha atrás. Algunas gargantas profundas me susurran al oído que aún pueden cambiar las parejas de baile durante la tramitación de las enmiendas, pero yo creo que son pamplinas. El verdadero estratega de esta operación ha sido Pablo Iglesias. Él es, sin duda, el amo del cotarro. Si ha conseguido lo más difícil -darle a Ciudadanos un portazo en las narices atrayendo al redivivo espíritu de Frankenstein a los separatistas vascos y catalanes- pensar que el éxito se le vaya a escapar de las manos en el último suspiro es un acto de ingenuidad pregateante.

Solo sería imaginable si Sánchez estuviera dispuesto a dar un golpe en la mesa, empujado por el aluvión de alaridos de espanto que, dentro y fuera del partido, saludaron el anuncio de Otegui de sumarse -Iglesias dixit- a la dirección del Estado. Pero el presidente no parece dispuesto a hacer tal cosa. Lo que le digan los barones díscolos (mucho me temo que más para salvar la cara que para ejercer una influencia efectiva que no tienen) a Sánchez le entra por un oído y le sale por el otro. Igual que los mensajes que le hacen llegar, sin retórica mediática de por medio, media docena de ministros, algunos mandatarios europeos y no pocos empresarios indígenas. Frente a ese coro de voces moderadas, Iglesias ha ganado la partida de calle. Su ascendiente sobre el mandamás de Moncloa es, literalmente, acojonante. ¿Pero alguien sabe por qué? Hasta ahora creíamos que era una pura cuestión de aritmética de poder, un tributo necesario para seguir en Moncloa. Ahora no está tan claro.

Si la tozudez de Arrimadas de seguir con la mano tendida sirve para algo es para que Sánchez no pueda decir que no tenía alternativa. Pudiendo elegir una mayoría de gobierno implementada por Ciudadanos, menos corrosiva para la imagen del PSOE como partido de Estado, el presidente ha optado por echarse en brazos de quienes quieren tumbar definitivamente el Régimen constitucional (lo dijo el jueves el bilduetarra Arkaitz Rodríguez en el parlamento vasco sin cortarse un pelo) y romper en pedazos la idea de España. El hecho de que esa insólita elección sea voluntaria y no venga impuesta por ninguna apretura parlamentaria que conlleve el riesgo de perder el poder da nuevas pistas sobre las verdaderas intenciones del inquilino monclovita. Según parece no solo quiere seguir siendo el archipámpano mayor del reino, sino también el artífice de la revolución radical que cacarea Podemos. De otro modo no se entiende nada de lo que ha hecho. Le está disputando el liderazgo a Iglesias en su propio terreno.

Algunos espías paraguayos, con acceso a la sala de mapas del centro de mando, sostienen que una vez tenga aprobados los presupuestos volverá a marcar distancias con sus socios. Su tesis es que esta era la vía menos arriesgada para garantizar la estabilidad de la legislatura sin tensar la cuerda de la relación con Podemos más de lo razonable. Con ERC dispuesto a colaborar (lo de Bildu es una imposición innegociable de Junqueras), Iglesias no habría entendido que Sánchez le hubiera impuesto la cohabitación obligatoria con Ciudadanos. Ahora -dicen-, una vez inhalado el elixir de la durabilidad, el discurso presidencial volverá a su cauce. Yo no me lo creo. Si solo se trataba de una escaramuza táctica, ¿por qué mandó salir a José Luis Ábalos con la prédica vomitiva de que normalizar a Bildu es bueno para la democracia? Un gesto así solo se explica si la complicidad con los proetarras va a ser una apuesta de largo recorrido. Pincho de tortilla y caña a que esta vez no me equivoco.

Los hijos de ETA y la gobernación de España
Alfonso Merlos estrella digital 15 Noviembre 2020

No todo vale en política, como tampoco en la vida misma. Y desde luego España se haría un gran favor a sí misma si buena parte de sus dirigentes no alcanzasen el poder investidos por la mentira como arma electoral.

Sería injusto reprochar al presidente Sánchez haber seguido este patrón en exclusiva, porque ni ha sido el primero ni será el último en trabajarlo. Por desgracia, es un método que funciona y, con frecuencia, el engaño a los votantes tiene premio o, al menos, no tiene como castigo el innegociable repudio.

Sin embargo, hay grados y grados. Ya de por sí resultó obsceno y triste que los herederos políticos de la banda terrorista ETA, bajo la marca Bildu, fuesen una pieza fundamental para, a través del mecanismo de moción de censura, dar la llave del gobierno al PSOE y cortocircuitar la legislatura de Rajoy. Pero más terrible si cabe resulta -llueve sobre mojado- que el jefe del gobierno se disponga a sacar adelante la ley más importante del Estado con el apoyo indisimulado de los proetarras.

Han sido demasiados muertos, heridos y mutilados durante demasiados años, incluidos tantos dirigentes socialistas y sus familias destrozadas para siempre. Y han sido escasísimas las muestras de arrepentimiento, ha estado ausente el perdón general a quienes vieron sus vidas rotas, sepultadas precisamente bajo las bombas o por los tiros de los amigachos de Bildu.

Hay pocos ejercicios más execrables que el de blanquear a un criminal. Menos, cuando quienes han estado de su lado, justificando sus crímenes, explicándolos, argumentándolos… hasta celebrándolos, continúan su camino vil de amenazas abiertas al Estado democrático, teniendo como propósito su humillación y destrucción.

La política muestra cada día menos, con cuentagotas, su cara noble, su rostro ético… deja entrever apenas los principios y los valores, con mayúsculas. Y esta penosa dinámica se hace especialmente hiriente, se consolida y cristaliza, cuando un país entero observa atónito al primer representante de toda una nación haciendo acuerdos serviles -en realidad concesiones- con quienes simbolizan, incluso desde las instituciones, lo bastardo y lo abyecto de la vida pública y los proyectos que desde ella se defienden.

presidente@estrelladigital.es

14 de febrero: fatiga de materiales
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli 15 Noviembre 2020

En principio, salvo accidentes imprevistos, el próximo 14 de febrero se celebrarán elecciones autonómicas enCataluña, las décimo terceras desde las inaugurales de 1980. Las anteriores vieron un acontecimiento insólito y esperanzador: un partido constitucionalista, comprometido inequívocamente con la unidad de España, la defensa de los derechos individuales y el pluralismo frente al totalitarismo secesionista se alzó con la victoria por primera vez en cuarenta años y fue la fuerza más votada y con mayor número de escaños. Sin embargo, este relámpago de racionalidad y libertad fue efímero y la enorme ilusión que despertó fue del mismo calibre que la decepción subsiguiente. El traslado a Madrid de la carismática líder de Ciudadanos, azote parlamentario de los separatistas y encarnación de la posibilidad de un cambio real en una parte de España prisionera del fanatismo, del nacionalismo supremacista y de la violencia subversiva, fue un devastador golpe moral a la parte aún sana de la sociedad catalana, sólo comparable al que sufrió un cuarto de siglo atrás con el desmantelamiento por José María Aznar del PP catalán.

El electorado constitucionalista en Cataluña ha sufrido un período tan largo de abandonos, renuncias y traiciones por parte de las fuerzas políticas que debían representarlo y defenderlo que de cara al 14 de febrero se encuentra en un estado de desánimo, desilusión y desmotivación muy notorio. Aunque el separatismo está dividido por luchas intestinas y el fugado de Waterloo ha perdido fuelle durante su largo exilio, no hay duda de que si los golpistas consiguen formar una mayoría en el Parlament se unirán contra el que perciben en sus delirios como el enemigo común, la España democrática, constitucional y plural. Si el resultado en las urnas les acompaña, no vacilarán en repetir la intentona fallida del 1 de octubre de 2017, sobre todo animados por el hecho de que en el Gobierno central cuentan con aliados dispuestos a facilitarles el camino hacia la ruptura.

En esta coyuntura tan difícil, los partidos constitucionalistas, Cs, PP y Vox, deben examinar con cuidado y dando primacía al interés general, fórmulas de colaboración que conduzcan a obtener el máximo número posible de papeletas y de escaños. Las posibilidades son varias, desde la más rotunda de una candidatura de unidad con un programa compartido hasta la más leve basada en un pacto de no agresión, la fijación de unos pocos puntos básicos a sostener como telón de fondo de la campaña y la exclusión de vetos en un eventual acuerdo post-electoral. Otro elemento que Carlos Carrizosa, Alejandro Fernández e Ignacio Garriga, así como las direcciones nacionales de sus formaciones, tendrían que considerar seriamente es la incorporación a sus listas de personas sin adscripción partidista conocidas y reconocidas del activismo social opuesto al separatismo que acumulan ya una larga trayectoria de combate ideológico, jurídico y cultural. Tampoco han de ignorar la existencia en Cataluña de organizaciones políticas de izquierda patriótica y constitucional que son hoy extraparlamentarias, pero que poseen un considerable arraigo en amplios sectores de la población y a las que habría que sumar a las candidaturas que se formen.

Horizonte partidista
Sería imperdonable que los tres partidos situados en el espacio de la legalidad, de las libertades y de la cohesión nacional actuasen en esta ocasión electoral como si las circunstancias fuesen normales y cada uno buscase su exclusivo beneficio particular que, por legítimo que sea, no es suficiente para responder a la amenaza existencial que gravita sobre Cataluña y sobre España en su conjunto. Los potenciales votantes constitucionalistas han experimentado demasiados desaires en el pasado para acudir a los colegios electorales con fe y entusiasmo. Si el mensaje que reciben es que aquellos que han de ser los garantes de sus derechos, libertades e intereses, afrontan el 14 de febrero enfrentados entre sí, atentos solamente a su estrecho horizonte partidista y todo ello en una disposición de business as usual, la desmovilización y la consiguiente abstención pueden alcanzar cotas alarmantes.

Los problemas exigen soluciones al nivel de su gravedad y los desafíos respuestas del calado de su peligrosidad. La historia de los grandes partidos nacionales en Cataluña no ha sido ejemplar, millones de catalanes se sienten abandonados, su determinación y su voluntad experimentan una corrosiva fatiga de materiales y hay que devolverles el tono vital y la convicción de que se ha aprendido de los errores pretéritos. España se encuentra inmersa en un proceso de autodestrucción y la batalla de Cataluña del 14 de febrero ha de ser un punto de inflexión en esta senda hacia el abismo.

Buscando constitucionalistas
Nota del Editor  15 Noviembre 2020

Es curioso, aparte de Vox, no se ve por ahí a constitucionalista alguno. Y los pocos que defendemos a Vox, no tenemos mas remedio que echar pestes contra un texto absolutamente irracional y aún peor, que ha sido destrozado por el tc, ante el mas adormecido rebaño de ciudadanos de séptima clase.

Educación
La asignatura de Lengua Cooficial pasará a llamarse Lengua Propia en la Ley Celaá
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. El Mundo 15 Noviembre 2020

Es una concesión del PSOE y Unidas Podemos al PNV, que rehúye del concepto de "lengua cooficial" porque implica reconocer que hay dos lenguas y así se invisibiliza el castellano

La asignatura de Lengua Cooficial y Literatura va a pasar a llamarse Lengua Propia y Literatura. Es una de las concesiones que PSOE y Unidas Podemos hicieron ayer al PNV en la Comisión de Educación del Congreso que dictaminó el proyecto de la Ley Celaá. Los nacionalistas vascos insistieron mucho en la importancia del concepto de «lengua propia», avalado por el Estatuto de Gernika, porque dicen que «confiere al euskera la signficación de lengua vehicular de la enseñanza».

La enmienda aprobada ayer únicamente le cambia el nombre a la asignatura, que se denominaba Lengua Cooficial y Literatura desde los tiempos de la LOE del PSOE, pero da cuenta de hasta qué punto hilan fino los nacionalistas y cómo, poco a poco, van ganando la batalla de las palabras. Rehúyen el concepto de «lengua cooficial», porque implica reconocer que hay dos lenguas, y tratan de que se sustituya en el imaginario colectivo por el de una única «lengua oficial» en donde se invisibiliza el español.

Las 10 horas que duró la Comisión de Educación sólo sirvieron para incidir en este tipo de diferencias. Cada diputado insistió en lo suyo y no hubo lugar para acercar posturas. Ni siquiera se hizo alusión al comodín del pacto de Estado, que se ve más lejos que nunca. Hay diputados que ni se hablan. Se han roto todos los puentes. El dictamen de la ponencia fue aprobado por 20 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones. A un lado, los partidos del Gobierno de coalición, Más País y sus socios nacionalistas. A otro, PP, Ciudadanos, Vox y UPN.

El PSOE rechazó las dos ofertas del partido de Inés Arrimadas, que ha condicionado su apoyo a los Presupuestos a la retirada de la enmienda que borra la mención al castellano como lengua oficial del Estado y vehicular de la enseñanza. Le propuso que o bien en la ley se recupere lo tachado o bien se blinde que el 25% de las clases se impartan en español en las comunidades con lengua cooficial, como dicen los tribunales. Pero el PSOE votó en contra de las dos propuestas y no salieron adelante.

No prosperó la alianza entre el PNV y ERC para vaciar de contenido a la Alta Inspección del Estado, pero la aprobación del dictamen implica que este órgano ya no va a poder «velar por el cumplimento de las normas» sobre el uso de las lenguas en las escuelas. Esta función ha desaparecido. Las familias que pidan más castellano ya no tendrán ninguna puerta del Estado a la que llamar.

«No hay nada más garantista que lo que recoge esta ley», proclamó ayer la diputada del PSOE Mari Luz Martínez Seijo, argumentando que la polémica disposición adicional 38ª hace mención a la Constitución. Pero la norma deja en manos de las CCAA garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, y la Generalitat de Cataluña -que también se refiere al catalán como «lengua propia»- se niega a asegurarlo.

La octava ley educativa de la democracia cede más competencias a las autonomías en otras cuestiones, como darles más capacidad para determinar los contenidos que estudian los alumnos. La Selectividad también ha perdido para siempre el rango de «única», un logro del que presumió ERC. Pero la norma se escabulle de lo esencial. No ha querido entrar a fondo a regular la profesión docente, asunto que tampoco quiso tocar el PP porque incomoda a los profesores. Tampoco fija ratios de alumnos por aula ni refuerza el aprendizaje de asignaturas como las Matemáticas.

Sin límite de suspensos
El texto que será votado el jueves en el Pleno del Congreso reduce la repetición de curso a la mínima expresión, da el título de Bachillerato con suspensos y permite pasar en la ESO sin límite de materias pendientes. PP y Vox advirtieron que ésta es una «traición» a los alumnos en desventaja socieconómica, porque «se rompe la labor de la educación como ascensor social».

Sergio Sayas, diputado de UPN, recalcó que la asfixia a la concertada va también «en contra de la igualdad de oportunidades, porque hace que sólo puedan ir a determinados colegios aquellos alumnos que tengan dinero para pagárselo».

No hubo avances este viernes respecto a la concertada y se consolidó un modelo que elimina la demanda social, considera que la pública es «el eje vertebrador» de la escuela, contempla una programación donde el aumento de plazas sea sólo para la pública, elimina la cesión de suelo municipal a los concertados y prevé repartir a los alumnos por los centros sin tener en cuenta la elección de las familias, ya que lo decidirá una comisión de escolarización que «velará» por la presencia equilibrada del alumnado «en situación desfavorecida».

La educación especial fue el centro de los momentos más tensos del debate de la primera ley educativa que se tramita sin dar voz a sus protagonistas inmediatos. De la retirada del concierto a la educación que separa por sexos se habló poco porque todos asumen que esa guerra se librará en los tribunales.

No prosperó la propuesta de Podemos, ERC, Bildu y Más País para sacar la Religión del currículo. A cambio, se aprobó una enmienda de ERC para crear un área aconfesional de Cultura de las Religiones, una idea copiada de la Loce de Pilar del Castillo (PP). La Religión seguirá dentro del horario escolar, aunque ya no contará su nota para la media ni para pedir becas ni tendrá una asignatura alternativa, tal y como estaba en la LOE.

A cambio, todos los alumnos estudiarán contenidos de «Memoria Democrática» y una asignatura de Valores Cívicos y Éticos donde se aprenderá la Constitución Española.

"Empatía hacia los animales"
Belén Rueda declara, por primera vez y a miles de kilómetros, su amor por Javier ArtimeEl Mundo
La pesadilla de Yuyee, ex mujer de Frank Cuesta: 6 años y medio en una cárcel de Tailandia por llevar 5 miligramos de cocaínaEl Mundo

PSOE y Unidas Podemos escenificaron ayer sus discrepancias en torno a la materia de Ética, que los morados pedían incluir en 4º de la ESO. Les respaldaron PP y Vox en una insólita alianza, pero los socialistas respondieron que ya había muchas asignaturas y que, si quería incluir ésta, habría que quitar otra. Podemos no quiso aceptar la transaccional de sus socios de Gobierno y ello provocó que su propuesta no prosperara.

Más acuerdo hubo con los nacionalistas catalanes y gallegos y Más País al incluir que los alumnos de la ESO se formen en «empatía hacia los animales» -para «fortalecer sus capacidades afectivas con el planeta y los demás seres sintientes», según JxCAT- y en «conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad». Habrá educación afectivo-sexual ya desde Primaria y los colegios tendrán que fomentar en 4º de la ESO «la presencia equilibrada de ambos sexos en las diferentes ramas de estudio». Es decir, se intentará que no haya tantos chicos en Tecnología ni tantas chicas en Biología.

EL CONSEJERO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ALTO Y CLARO EN CONTRA DE LOS PACTOS CON INDEPENDENTISTAS Y PROETARRAS
Enrique López: «Fulminar el español y acercar etarras a cambio de los PGE es una infamia y una vergüenza»
"Tras el apoyo de Bildu a los presupuestos, se puede decir sin lugar a duda que estos no solo estarán manchados de déficit y ruina, sino de ominoso oprobio y lo que es peor, de sangre"
Juan Velarde Periodista Digital 15 Noviembre 2020

No da crédito a lo que ha sucedido en esta semana del 9-15 de noviembre de 2020 en el Congreso.

Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, aún no sale de su asombro, tal y como refleja en su tribuna de La Razón, al comprobar como el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido capaz de pisotear todas la líneas rojas con tal de tener aprobados sus Presupuestos Generales del Estado para 2021:

Tras el apoyo de Bildu a los presupuestos, se puede decir sin lugar a duda que estos no solo estarán manchados de déficit y ruina, sino de ominoso oprobio y lo que es peor, de sangre. Oír en boca de uno de los líderes de Bildu, condenado por graves delitos de terrorismo, que «lleva toda la vida hablando con el PSOE» remueve y causa dolorosas náuseas. Bildu ha pasado el filtro de la legalidad tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional con una mayoría de seis a cinco magistrados, pero ello no obliga a concederle el rol de corresponsable de grandes decisiones como las cuentas públicas del estado, que, en este caso, constituyen unos presupuestos contra el Estado.

Resalta que la maniobra del presidente del Gobierno para seguir en Moncloa es un pecado capital que acabará con él, más tarde o más temprano, fuera del poder:

Pactar con los enemigos el estado y del orden constitucional tan solo para mantenerse en el poder, es un pecado capital en política, que merece el castigo no solo de la pérdida del gobierno, que ocurrirá, sino de la permanente ignominia de aquel que permitió que el independentismo enemigo de España y los estertores de ETA-Batasuna hayan puesto sus sucias manos en los presupuestos, las sucias manos de los que odian a España.

Asevera que esos acuerdos van a hundir a España en un crisis de caballo:

Esta anacrónica versión de un frente popular de siglo XXI no solo va a sumir a España en su peor crisis social, económica y constitucional, sino que además nos llena a muchos de un sentimiento de insoportable vergüenza por estar gobernados por quienes estamos gobernados, que no solo comprometen el futuro de generaciones de españoles, sino y, además, comprometen la propia existencia de España tal cual la concebimos la inmensa mayoría de españoles.

Se le pasan por la cabeza una larga lista de adjetivos para definir el esperpento al que Sánchez ha llegado:

Observar cómo se fulmina el español de la educación en Cataluña, soportar como asesinos de ETA son acercados a cárceles próximas o sitas en el País Vasco por un puñado de euros, convierte a estas cuentas en el símbolo de una larga lista de sinónimos que no me resisto a utilizar, humillación, afrenta, agravio, deshonra, baldón, deshonor, ignominia, injuria, vilipendio, infamia, vergüenza. Pocas son estas palabras para describir lo que está ocurriendo a manos de este gobierno, el peor gobierno de nuestra moderna democracia, un gobierno imposible, un gobierno fallido que se remueve en sus propios intersticios a costa del dolor y sufrimiento de los españoles.

Enrique López tiene claro que el desprecio a las víctimas del terrorismo va a tener sus merecidas consecuencias:

Como decía Antonio Machado «En el análisis psicológico de las grandes traiciones encontraréis siempre la mentecatez de Judas Iscariote» y recordemos que mentecatez no es más que la falta de juico o la necedad, a lo que en este caso se le añade la soberbia y la desvergüenza del que se siente más cerca y acerca a los verdugos, y desprecia a las víctimas del terrorismo. Despreciar a las víctimas del terrorismo es despreciar a todos los españoles porque son lo mejor que tenemos. Coincidiendo con el apoyo de Bildu a los presupuestos, casi el mismo día, el cobarde Javier García Gaztelu, Txapote, coautor en los asesinatos de Fernando Múgica, Gregorio Ordóñez, o Miguel Ángel Blanco, en este caso apretando él mismo el gatillo, ha abandonado el merecido módulo de aislamiento en el que cumplía su condena. Todo esto tendrá merecidas consecuencias.

Sánchez pisotea a 3 niños: Ascen, Alberto y Clara
EDUARDO INDA okdiario

—Nuestra patria es España y por nuestra patria este partido que usted conoce bien, y que a usted le conoce muy bien, ha pagado un tributo de sangre que pisotean personas como usted—.

Andaba en mi despacho haciendo mil cosas cuando escuché en la tele de refilón esta frase de Pablo Casado en el debate de la desafortunada moción de censura presentada por Vox. “Menudo derechazo le ha metido al indeseable de Pedro Sánchez”, cavilé alabando en mi cabeza la por otra parte descomunal oratoria del jefe de la oposición. Cuál sería mi sorpresa cuando salí para indicar que titularan por ahí el directo que estábamos emitiendo y los redactores jefe me corrigieron: “No, no, no iba por Sánchez, el dardo envenenado era para Abascal”. Flipé teniendo en cuenta que el presidente de Vox va con escolta desde los 19 años y que uno de sus militantes más insignes, José Antonio Ortega Lara, toda una referencia moral, pasó 532 días bajo tierra secuestrado por un hijo de Satanás llamado Bolinaga al que, cosas veredes, soltaría 15 años después el Gobierno de Rajoy alegando que le quedaban “tres semanas de vida” cuando en realidad no expiró hasta dos años y medio más tarde. Muerte, por cierto, que yo no lamento como sí haría nuestro presidente del Gobierno.

Y que conste que Pablo Casado, ante todo una buena persona, tiene cien mil veces más moralidad que un Pedro Sánchez que no sabe o no quiere distinguir entre el bien y el mal. Mi duda es si estamos ante un inmoral, es decir, ante alguien que en la alternativa entre el bien y el mal se ha inclinado por lo segundo, o ante una persona que incurre permanentemente en el mal porque no sabe distinguirlo del bien. Me inclino por la primera opción. Lo del líder del PP fue un error, lo del presidente roza lo delictivo e incurre directamente en la infamia ética más elemental.

Si Alfredo Pérez Rubalcaba, que detestaba al personaje, resucitase y contemplase la deriva de su partido, montaría el pollo padre e irrumpiría en Ferraz cual Jesucristo en el templo invadido por los mercaderes. El drama es que tan sólo Antonio Miguel Carmona y Emiliano García-Page se atreven a cantarle las cuarenta al pájaro. El primero no se corta un pelo, entre otras razones, porque no depende de la mamandurria para tener aseguradas las lentejas. El segundo opta por un tono más institucional pero está en la línea de la decencia. La línea de ese PSOE de Felipe González que ganó más elecciones que nadie porque era más transversal que ninguno. Ya ni siquiera el más que aceptable Lambán se atreve a moverse no vaya a ser que, como diría el Guerra (don Alfonso), no salga en la foto.

Ascen Jiménez-Becerril, de 8 años, y su hermano Alberto de 7 fueron los únicos de los tres vástagos del concejal sevillano del PP que se enteraron de la muerte de sus padres aquel 30 de enero de 1998 de infausto recuerdo. La tercera, Clara, tenía 4 años, carecía de uso de razón y, por tanto, no podía discernir con claridad qué estaba ocurriendo aquella madrugada en un hogar invadido por los sollozos y los gritos de padres, hermanos, tíos y amigos. Consecuentemente, no recuerda a las personas que la trajeron al mundo. Los Jiménez-Becerril García sí comparten un común denominador: tres grandísimos malnacidos, Mikel Azurmendi, José Luis Barrios Martín y Maite Pedrosa, les privaron de crecer con normalidad, con la presencia de un padre y una madre, como cualquier niño en circunstancias normales. Aquella gélida noche hispalense de hace 22 años Azurmendi se aproximó a Alberto y a Ascen García Ortiz acompañado de un etarra de vasquísimos apellidos, Barrios Martín, y los asesinaron por la espalda. Primero cayó él, milésimas de segundo después ella. Al él le disparó Azurmendi, a ella Barrios.

Ascen portaba tres claveles rojos para sus hijos que acababa de comprar a una vendedora ambulante cuando fue abatida por los pistoleros del comando Andalucía. Los huérfanos eternos que son los Jiménez-Becerril al menos crecieron con el consuelo de que estos seres despreciables se pasarían media vida en prisión y lejos de sus familias. Hasta esta semana cuando contemplaron, impotentes, cómo nuestro miserable presidente del Gobierno había ordenado el acercamiento al País Vasco de Azurmendi y Pedrosa en cumplimiento de un pacto demoniaco: yo, Pedro Sánchez, doy trato vip a tus reclusos, y tú Arnaldo Otegi, ex jefe de ETA, me votas los Presupuestos. La macromaldad no quedaba ahí: el presidente socialista se cargaba de facto esa política de dispersión implementada por Felipe González que tan buenos resultados proporcionó en la lucha antiterrorista, al punto de constituir uno de los ingredientes esenciales del cóctel legal que provocó el fin de la banda.

Dicho y hecho: estos malnacidos tendrán más facilidades que nunca, trato vip en las prisiones vascas y sus familias podrán verles con habitualidad. Cosa que nunca podrán hacer Ascen, Alberto y Clara con sus padres, que se fueron para siempre hace 22 años. El cómplice de etarras y proetarras que es Pedro Sánchez ha blanqueado a los correligionarios de los asesinos de los Jiménez-Becerril metiéndolos en la institucionalidad. No lo digo yo, lo afirmaba esta semana con delectación el vicedelincuente, Pablo Iglesias: “La disponibilidad de Bildu para votar sí a los Presupuestos es una buena noticia. Demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas. El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado”. Vamos, que los proetarras y ETA forman ya parte de la dirección del Estado. Más claro, agua.

Por si acaso no queríamos caldo, dos tazas. El siguiente guiño de Sánchez a sus aliados etarras y proetarras es tan o más repugnante si cabe. Esta mismita semana ha sacado del módulo de aislamiento de la cárcel de Huelva y ha trasladado a otro ordinario a uno de los pistoleros más sanguinarios: Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Este otro malparido tiene en su haber decenas de crímenes pero si hay uno que destaca sobre los demás es el de Miguel Ángel Blanco, al que puso de rodillas tras 72 horas de secuestro que mantuvieron en vilo a toda España y al que, acto seguido, descerrajó un tiro en la cabeza a cañón tocante. También segó la vida de Goyo Ordóñez delante de la inigualable María San Gil y la del socialista Fernando Múgica, hermano de otro grande, Enrique, y luchador antifranquista de los de verdad, no de boquilla.

Nuestro indigno presidente y nuestro no menos indecente ministro del Interior han otorgado ya 175 beneficios penitenciarios a los presos de ese mal absoluto que es ETA. Y encima ayer Grande-Marlaska se permitió el lujo de grabarse un vídeo vomitivo en el que salía participando en la carrera virtual de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Hace falta ser cínico y mala gente para hacerte propaganda a costa de los muertos de todos cuando acabas de hacer de Rey Mago con seres tan viles como Azurmendi o Txapote. Como apuntaba estos días ese niño que no pudo ser Alberto Jiménez-Becerril júnior, lo que está claro es que a Sánchez le importan más los asesinos que dos personas inocentes. Bueno, que muchas más. Tantas como las 856 que asesinó ETA, entre ellas 11 socialistas, las 5.000 que hirió y/o mutiló, las decenas de miles cuyos sueños pulverizó y las 250.000 a las que obligó a emprender el camino del exilio.

En la vida, cuando no te sitúas inequívocamente del lado del bien, estás posicionándote, por omisión, con el mal. El problema es que Pedro Sánchez se ha puesto por acción en el lado del mal. Si hace dos años siquiera, cuando okupó Moncloa en un sospechoso blitz político-judicial, me llegan a vaticinar que un día un presidente español se aliaría con el brazo político de ETA, habría tomado a mi pitoniso por loco carioco, le habría enfundado una camisa de fuerza y lo habría remitido al frenopático más próximo. El piernas de Sánchez no se ha aplicado precisamente la antológica recomendación de Churchill: “Si pasas por el infierno, sigue adelante”. Nuestro lamentable protagonista ha decidido comprarse un palacio en el averno tras pactar con Belcebú y quedarse a vivir allí. Así se está escribiendo nuestra historia.

Más de 130.000 firmas apoyan el manifiesto a favor del español como lengua vehicular en la enseñanza
OKDIARIO 15 Noviembre 2020

Más de 130.000 personas han mostrado ya su apoyo al manifiesto publicado en la plataforma «change.org» en defensa del carácter vehicular del idioma español en la enseñanza. El manifiesto ha sido impulsado por los dirigentes socialistas Antonio Miguel Carmona y Zenón Jiménez Ridruejo.

«El español es el idioma de todos y cada uno de los españoles, la base de nuestra cultura, diversa y plural, la principal garantía de la unidad cuya capacidad vehicular nos enriquece. El acervo literario y lingüístico pertenece a todos los españoles. Y a 600 millones de hispanoparlantes cuyas raíces comparten el orgullo de hablar y escribir la lengua de Cervantes», comienza el manifiesto, que a primera hora de la tarde contaba con el respaldo de 132.300 firmas.

Un texto que surge como respuesta a una enmienda propuesta y aprobada por PSOE, Unidas Podemos y ERC sobre el contenido de la nueva ley de educación, LOMLOE, en la que se suprime del texto que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares», una enmienda que, según los impulsores, «consagra un error histórico».

«Hacer país es sumar, nunca restar. Defender lo que nos une. En la historia y en el porvenir», añade el manifiesto.

Entre los firmantes, se encuentran socialistas como el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, los ex presidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo; el ex secretario general de la Seguridad Social Adolfo Jiménez; el ex secretario general de UGT Cándido Méndez; la decana Lidia Falcón; ex ministros desde César Antonio Molina hasta José Barrionuevo y el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, entre otros.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja clara la interpretación de la Constitución que establece que «cualquier lengua cooficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular, pero eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla. Al hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer», explican los firmantes.

Por otra parte, el manifiesto afirma que «corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado».

En este sentido, los firmantes cuestionan las circunstancias y las razones que han llevado al Gobierno a modificar el texto mediante una enmienda acordada entre los grupos políticos PSOE, Podemos, ERC y Bildu.

Los independentistas han declarado: “No nos oponemos a que se estudie el español como lengua, como lo puede ser el inglés o el francés, pero en ningún caso vehicular”.

«Sin duda las exigencias de la aprobación del proyecto de Presupuestos, presentado días pasados, han debido ser relevantes a la hora de tomar dicha decisión. Si tal es el caso, el derecho y el deber de conocer y utilizar en el sistema educativo el idioma español no debería ser objeto del debate de Presupuestos dado que pertenece a un ámbito superior, el de los derechos básicos de los ciudadanos y el de la responsabilidad de las instituciones»

Por todo ello, los firmantes reclaman finalmente que «se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución».

Gloria Lago: «La exclusión del español como lengua vehicular en cualquier parte de España es inconstitucional»
Luis Balcarce Periodista Digital 15 Noviembre 2020

«Una ley que excluya al español como lengua vehicular sería claramente inconstitucional. La doctrina del TC es muy clara al respecto».

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, la presidente de la Asociación Hablamos Español, Gloria Lago, recuerda que en Cataluña y en otros lugares de España, se ha estado consintiendo que ni siquiera ese sistema discriminatorio y perjudicial, que es la enseñanza con solo un 25% el español se cumpla. Seguiremos reclamando la única vía para acabar con este problema, la elección de lengua vehicular tal y como se aplica en las democracias con cooficialidad lingüística»

«En Cataluña, la situación es la que es, en Valencia van a más y en Baleares el español practicamente ha desaparecido casi de la educación. En País Vasco el modelo de elección de lengua se boicotea sistemáticamente y en Galicia tenemos ese sistema hipócrita, que en teoría es trilingüe y en la realidad el español solo sirve para las matemáticas, física y química. En cuánto hay una asignatura para pensar, redactar o reflexionar (historia, filosofía…) siempre es en gallego obligatoriamente».

«Si recurre al TC, se debería tumbar pero lo más probable es que hará una interpretación sui generis donde, como no dice literalmente que el español deja de ser lengua vehicular, no hay que pensar que eso vaya a ser así necesariamente. Pero la realidad es que se elimina al español como lengua común. Y en este movimiento participan ciertas asociaciones supuestamente constitucionalistas que actúan como caballo de Troya. El sistema funciona de una manera muy ladina»

«A nosotros nos ha venido muy esta polémica para poder tener visibilidad, porque tenemos mucha información. Pero sí es verdad que en varios ámbitos estamos vetados por los medios»

«Ellos crean una necesidad como es exigir el conocimiento de gallego o euskera para entrar en la Administración Pública»

«Cuando tú interiorizas un tema en tu lengua, lo haces mejor que si lo tienes que hacer en una lengua que no es la tuya»

«Lo que ha ocurrido en Mislata (Valencia) es una muestra de cómo funcionan los partidos políticos. Se votaba una ordenanza en la que todo lo que hubiera en el Ayuntamiento sea en las dos lenguas cooficiales. Y el concejal del PP competía con el Compromís en nacionalismo»
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