AGLI Recortes de Prensa   Viernes 20  Noviembre  2020

La empanada autonómica de toda la vida
Carmen Álvarez Vela gaceta.es

A estas alturas de siglo, de año, de mes y de día, me arriesgo a decir que el sistema autonómico no sólo conduce al caos, sino que es el caos en sí mismo. Esta afirmación, que no deja de ser una opinión más o menos acertada amparada por el derecho a la libertad de expresión -hay que recordarlo todo-, constituye, hoy en día, una herejía merecedora de auto de fe inmediato. La nueva inquisición democrática es implacable.

Así pues, es lícito que el vicepresidente del Gobierno de España eche espumarajos por la boca desde la tribuna del Congreso contra la monarquía parlamentaria y contra el rey, pero expresar en público que las autonomías son un desastre equiparable al de la muy cantonal I República y que te espeten un “vade retro, fascista, aléjate de mi democrática sensibilidad”, es todo uno.

La propuesta de la izquierda desde hace años es muy clara: un Estado federal, plurinacional, republicano y social (totum revolutum de manual). Y en eso están

Que hace 40 años a los padres —madres creo que no hubo ninguna— de la Constitución les pareciera una idea muy moderna organizar el Estado en 17 comunidades autónomas —haciendo gala unos de una ingenuidad digna de mejor causa y otros de una gran astucia—, no significa que no podamos ya hacer balance del resultado; no sin antes ponernos a cubierto porque, insistimos, cuestionar el modelo autonómico es cuestionar la democracia. Así, del tirón. Cualquier otra opción organizativa del Estado que no pase por un autonomismo destinado a convertirse en federalismo o más allá -este más allá es el proyecto, cuidado- es franquista. Siguiendo su argumento, la sacrosanta República Francesa no es democrática.

Inmerso en esta distorsión de ideas y conceptos -lo que de forma coloquial se llama empanada mental de toda la vida-, cuando el progre pata negra habla de federalismo, derecho a decidir de los pueblos o plurinacionalidad, alcanza el éxtasis democrático al más puro estilo Zerolo. En España ha cuajado la idea de que el federalismo es la solución de todos los males y las autonomías han sido el preludio necesario; ¿cómo pues atreverse a cuestionar tan loable propósito? La propuesta de la izquierda desde hace años es muy clara: un Estado federal, plurinacional, republicano y social (totum revolutum de manual). Y en eso están; caiga quien caiga y sea como sea. El fin justifica los medios.

El hecho de que el federalismo sea una forma más de organización y creación de un nuevo Estado, mediante el cual se unen comunidades diferentes y separadas entre sí, que ceden de manera voluntaria su soberanía -la cosoberanía no existe, idiota, que diría aquel- a un ente superior -el nuevo Estado- es un detalle menor.

En España proponemos el camino inverso: separamos lo que ya estaba unido desde hace siglos y que parió un Imperio, para federarnos; pero ni siquiera en términos de igualdad, sino siguiendo el invento de Pascual Maragall: el federalismo asimétrico. Es decir, un Estado con ciudadanos de primera, de segunda y de tercera en función de su lugar de nacimiento. Esta esperpéntica idea que en cualquier sitio del mundo se llamaría ultraderecha, en España se llama progresismo. Y al único partido que se opone a los privilegios de unos territorios sobre otros, se le denomina ultraderecha y se le hace cordón sanitario. Cosas veredes, Sancho, que non crederes.

Federalismo aparte y tomando las autonomías como mero ensayo, estamos en condiciones de decir que sus logros políticos son tan descriptibles como mejorables. Tenemos 17 miniestados centrifugando a mil revoluciones por minuto, disparando leyes ideológicas en todas direcciones trufadas de un identitarismo de alto voltaje —aquí el más tonto hace relojes y se saca un idioma de donde no lo hay si hace falta— y cuya aplicación es como el chiste: ¿Y de cara? Carísima.

La cohesión nacional —asociada también al franquismo, faltaría más— ha desaparecido, como es lógico, y ha sido sustituida por la desleal y cainita competencia entre regiones que se ha manifestado de forma dramática durante la pandemia. Llevamos nueve meses de descoordinación, confusión y letales errores que han hecho que los estragos del virus sean mayores. La cesión por parte del Estado de la competencia de Sanidad a las comunidades autónomas lo ha vaciado de la capacidad y estructura necesaria para ejercer el imprescindible mando único que las circunstancias requieren de forma eficaz en materia sanitaria. Si unimos a esta terrible falla estructural, el Gobierno más inepto y maligno que hemos sufrido en España en muchos años y los intereses políticos de las taifas con un virus mortal y desconocido, nos da como resultado una cifra de muertos que pasa de los sesenta mil. Hay motivos para pensar que la tragedia hubiera sido menor en otras condiciones.

El modelo autonómico constituye el mayor fracaso político de la democracia. Lo que podía haber sido un éxito de gestión descentralizada más ágil para el ciudadano y más eficiente para el Estado, se ha convertido en el cáncer de España: desigualdad manifiesta entre regiones, división entre españoles, gasto público inasumible, enormes redes clientelares creadoras de voto cautivo, propagación de nacionalismos, corrupción y, en suma, la balcanización de España.

Lomloe: el peor Gobierno, el peor ministro y una ley nefasta
EDITORIAL Libertad Digital 20 Noviembre 2020

Finalmente, la llamada Ley Celaá se ha aprobado tras una tramitación que ha hurtado a la ciudadanía un verdadero debate sobre un asunto fundamental: la educación.

El proyecto ha recibido el apoyo de los dos partidos del Gobierno, del grupúsculo de Errejón y de las dos formaciones nacionalistas que apoyan habitualmente al Ejecutivo, ERC y PNV, que, obviamente, están muy preocupadas por la calidad de la educación en un país en el que no creen y del que aspiran a separarse.

Son el tipo de apoyos que cabría esperar que recibiese un proyecto que es otro fruto tóxico del peor Gobierno de la democracia; proyecto capitaneado por Isabel Celaá, el peor ministro de Educación que imaginarse quepa.

La llamada Lomloe combina un sectarismo atroz con una vileza sin precedentes; y como guinda del putrefacto pastel están las cesiones que Sánchez siempre está dispuesto a hacer con tal de aprobar lo que sea o sacar adelante sus Presupuestos, es decir, con tal de seguir en la Moncloa.

No hay nada positivo en un texto que sólo logrará agravar aún más el calamitoso estado de la educación, haciéndola menos exigente hasta un punto ya directamente ridículo: no sólo será fácil aprobar, sino que se podrá promocionar con múltiples suspensos porque la repetición de curso será "excepcional".

Además, supone un ataque a la libertad educativa y al derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos, lo que perjudicará abrumadoramente a las clases medias y bajas, no a los privilegiados como la propia Celaá, que siempre podrán pagar una enseñanza de élite.

Para colmo, la Lomloe ha sido objeto de uno de los cambalaches tan del gusto de Sánchez, que ha consentido la desaparición del español como lengua vehicular en la enseñanza. Es cierto que en la práctica esto ya sucede en un tercio de España, pero aun así no es posible negar que se trata de una cesión imperdonable ante los nacionalistas hispanófobos.

Lo más miserable es la promesa de arramblar con la educación especial que subyace al articulado y el espíritu de la Lomloe, otro atentado contra la libertad de los padres y, sobre todo, contra el bienestar de unos niños y unas familias que se enfrentan a un sinfín de dificultades y para las que se había creado un sistema que funciona muy bien. El fanatismo ideológico se ha sumado a una arrogancia y una degradación moral infinitas para no escuchar a una miríada de familias desesperadas y angustiadas por el bienestar de sus hijos, gravemente amenazado por la banda de Celaá.

Celaá se mostraba este jueves "feliz" porque con el apoyo de los de siempre ha logrado aprobar su engendro; no debería: ahora sí que esta ley infame quedará para siempre unida a su nombre.

El fin de la educación libre en España
OKDIARIO 20 Noviembre 2020

La nueva ley de Educación del Gobierno socialcomunista representa el mayor ataque a la libertad de enseñanza, consagrada en el artículo 27 de la Constitución, desde el comienzo de la democracia. Eso es así porque se quiebra de raíz el punto tercero de un derecho fundamental, el que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones y porque limita gravemente el derecho, consagrado en el punto 6 del referido artículo, a la libertad de creación de centros docentes.

En realidad, estamos ante un proyecto educativo totalitario y excluyente en el que el Ejecutivo socialcomunista condena a la educación concertada -que es pública, no lo olvidemos, y es un pilar de nuestro sistema educativo- a pasar por el aro sectario del Gobierno. Asimismo, la ley pone en el punto de mira a la educación especial, amenazada de forma miserable bajo la excusa de que hay avanzar hacia una falsa integración. Pero, ¿qué daño hacen los centros especializados para que el socialcomunismo les considere un enemigo a batir? Miles de familias han encontrado en estos centros la ayuda y la dedicación que no encontraron en el resto de colegios por la sencilla razón de que esa falsa integración que pretende el Ejecutivo es imposible, al necesitar los niños una atención permanente que, por razones obvias, no pueden ofrecer los centros ordinarios. Pero, ¿cómo puede considerar el Gobierno que los centros especiales son un problema cuando han supuesto la solución para miles de familias? ¿En qué cabeza cabe?

Hay tanta ideología en esta ley, tanto prejuicio, que el Ejecutivo, con el apoyo de los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, ha desparramado todos los mantras de la izquierda en una norma que nace sin consenso y que ha sido utilizada como moneda de cambio para que los golpistas catalanes apoyen los Presupuestos de Pedro Sánchez. Un ejemplo es la ignominiosa renuncia a que el español sea lengua vehicular en las aulas de Cataluña, desafiando reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional. En suma, la libertad educativa ha sido conculcada de manera miserable.

Esto no es una ley de Educación, sino un proyecto infecto que pretende imponer el código de valores de la izquierda más rancia y doctrinaria.

Rebelión en España ante la ley educativa del Gobierno socialcomunista
'ES SECTARIA Y PELIGROSA'
Agustín Benito gaceta.es 20 Noviembre 2020

La Ley de Educación aprobada por el Gobierno socialcomunista de España con el apoyo de sus socios separatistas ha provocado una rebelión en la oposición y la comunidad educativa, que denuncia que la reforma elimine el castellano como lengua vehicular; invente un derecho a la educación pública; ataque a la Educación Concertada, un modelo ampliamente implantado en Europa, y a la enseñanza de la asignatura de Religión, imponiendo así un laicismo activo; y asfixie a los centros de educación especial.

La Concertada y la Privada han anunciado más movilizaciones contra la LOMLOE, que tildan de “partidista y segregadora”. Esta es la primera ley en la que no se ha permitido la participación del Consejo Escolar y no ha tenido en cuenta la opinión de los padres, y promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas, y atenta contra la pluralidad del sistema educativo, añaden.

Su principal argumento es que es una reforma que conduce “hacia el dominio sistémico del Estado” en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos. Por tanto, reduce la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En esta línea, alertan de que con la LOMLOE más de 160.000 profesores podrían perder su empleo y más de dos millones de alumnos tendrían que cambiar de colegio.

Así, Más Plurales, una plataforma que agrupa a más de una veintena de entidades, censura que la ley pretenda eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. “Intuimos nuevo ataque a las familias, que incluye el olvido de que el garante principal de los derechos de la infancia son los padres mediante la institución de la patria potestad, no el Estado”.

VOX: ‘Una ley lamentable, sectaria y peligrosa’
Desde VOX, formación que ejerce la oposición al Ejecutivo, han asegurado que la ley “certifica el final del papel de ascensor social de la enseñanza”, y ha acusado a PSOE y Podemos de “condenar a las clases sociales más desfavorecidas a recibir en la escuela una papilla infame que cercenará toda posibilidad de promoción social”.

“¿Pueden pueden explicar a los trabajadores catalanes, a las familias más humildes de Cataluña que tienen como lengua materna el español, en virtud de qué teoría pedagógica se les obliga a la inmersión lingüística en catalán?”, ha preguntado su portavoz en la comisión de Educación, Joaquín Robles, en la sesión en el Congreso en la que se ha debatido la ley.

En este sentido, el diputado ha denunciado que el separatismo tenga el objetivo de convertir la educación “en una fábrica de independentistas, en un instrumento para la secesión”. Y ha continuado: “No contentos con que, en la práctica, el español haya sido erradicado de la enseñanza (…) pretenden que “esta realidad vergonzosa adquiera certificado de legalidad, eliminando la condición de lengua vehicular del español”.

A juicio de VOX, esta ley da un plazo temporal para asfixiar lentamente los centros de educación infantil y especial. Se trata, por tanto, de una “ley lamentable, la más sectaria y, a la larga, la más peligrosa para nuestra nación” que “consagra todos los dogmas de la ideología progre al incluir hasta en primaria las absurdas teorías de género, de espaldas a la biología, a la antropología y al sentido común más elemental”.

Para el partido, el Gobierno ha abandonado con esta ley al pueblo español y se ha puesto al servicio de las oligarquías separatistas y globalistas. Pero VOX “alberga la esperanza” de que este pueblo, tantas veces indómito, se rebele contra el triste destino“.

La RAE pide al Gobierno «no poner en cuestión» el uso del español en la Ley Celaá
Juanan Jiménez okdiario 20 Noviembre 2020

La Real Academia Española (RAE) no quiere que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ponga en cuestión el uso del castellano en la educación. La RAE está dispuesta a «prestar el asesoramiento que se considere necesario» durante la tramitación de la Ley Celaá «sin perjuicio del análisis crítico final que en su caso proceda».

Este jueves, los miembros de la RAE han celebrado un pleno en el que se ha aprobado el comunicado que han hecho público tras la votación en el Congreso de los Diputados, en la que el Ejecutivo ha sacado adelante el nuevo texto normativo. Desde la RAE aseguran que han tomado esta decisión «dada la importancia que tiene para la nación española el español como lengua oficial, y los deberes de protección que la Constitución impone». La Ley Celaá contempla la eliminación del castellano como lengua vehicular, un acuerdo alcanzado con los independentistas de ERC.

La institución no tiene competencias para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad, pero muestran su «preocupación principal» y no es otra que «el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna».

En este sentido, ha resaltado la importancia de que los ciudadanos puedan acceder a través de su lengua materna «a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa».

Así, la RAE ha afirmado que sigue «atentamente» la deliberación que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados y continuará en el Senado sobre la nueva Ley Celaá y, «en especial, los pormenores que conciernen al uso de la lengua española en los diversos niveles de enseñanza».

Artículo 3 de la Constitución
«La RAE confía en que el legislador no se desviará de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar», ha añadido la institución.

«Formamos parte de una comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas con capacidad para utilizar el español y más de 485 millones que lo tienen como lengua materna. Esta circunstancia convierte al español en un bien de valor incalculable, que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza», ha destacado.

Por ello, la RAE entiende que esta situación «obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización». «En todo el universo hispanohablante se sigue con particular atención el trabajo que impulsa y lleva a cabo la Real Academia Española, con sus academias hermanas de todo el mundo, a favor de la unidad del español, de su cuidado y de su fortaleza», ha concluido.

Votación por la mínima
El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá, que ahora pasa al Senado en su recta final parlamentaria antes de poder convertirse en la octava ley educativa en democracia. Tras un bronco debate y entre enormes críticas de la oposición, el Gobierno de Sánchez e Iglesias saca adelante su polémica ley educativa con la que el castellano ya no será la lengua vehicular en las escuelas españolas.

El proyecto de ley con el que se quiere derogar la Lomce o ley Wert ha obtenido 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Lo que significa que el Gobierno saca adelante la ley en el Congreso con sólo dos votos. Los apoyos que ha recibido el Gobierno con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. Al tratarse de una ley orgánica, se necesitaba de una mayoría absoluta (176 de los 350 diputados de la Cámara Baja).

¿Quiénes degradan a los castellano-hablantes en Cataluña?
Editorial Estrella Digital 20 Noviembre 2020

La Ley de Educación, ya bautizada para su desdicha como Ley Celaá, presenta un sinfín de aspectos polémicos y retrógrados, pero sin duda uno de los más llamativos, por deleznables, es el menosprecio que intenta consolidar hacia el castellano en las aulas, convirtiéndolo en las regiones históricas poco menos que en una lengua que pasaba por allí, siendo la primera del Estado y una de las primeras -habladas y celebradas- del mundo, por méritos propios y enormes. ‘Mandahué’, como se dice en el mañanero programa de Alfonso Arús.

Es verdad que la propuesta del bigobierno PSOE-Podemos es todo un despropósito, amén de que seguramente resulta inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales, los consagrados en la parte alta de la Constitución. Es cierto que la titular del ramo se ha esforzado poco por explicar -tal vez porque no las tiene- las bondades de erradicar el carácter vehicular del castellano en determinados sistemas educativos autonómicos. Es una evidencia que el Partido Popular, en las legislaturas de Aznar y Rajoy, en absoluto defendió el español en Cataluña y a quienes lo hablan habitualmente no como se merecían sino como establecen nuestras leyes que hay que hacerlo.

Ahora bien, lo que no tiene un pase es que Celaá, reconociendo para más inri que anteriores presidentes del gobierno no actuaron debidamente en la promoción y salvaguarda del español en Cataluña, haya trazado un plan para terminar de incinerarlo, rematándolo a bocajarro. Es simplemente obsceno.

Los daños y destrozos sobre las empresas y las personas que ha producido década tras década, sorprendentemente en democracia, la discriminación ilícita e ilegítima -además de sangrante e impune- de quienes hablan nuestra lengua en una parte de nuestro país siguen sin ser reparados. Todavía más: seguiremos siendo cuestionados como un Estado fallido en la vieja Europa, y con razón, hasta que no tomen lo alto de nuestra nación, con agallas y principios, dirigentes que se apliquen la regla inamovible pero continuamente violada de que los españoles somos iguales ante la ley. Esos dirigentes, luctuosamente, ni están ni se les espera.

La hecatombe del comercio, el turismo y la hostelería
José María Rotellar Libertad Digital 20 Noviembre 2020

El turismo y la hostelería, así como el comercio, no dan mucho más de sí. Son las actividades más afectadas por las fuertes, duras y, en muchos casos, absurdas restricciones impuestas desde las administraciones por quienes en una gran mayoría de casos no saben bien qué es gestionar un negocio, pagar facturas y nóminas y trabajar duro. Amparados en la frialdad de los boletines oficiales y envueltos en la propaganda, las restricciones se suceden en una especie de competición por ver quién aplica una mayor dureza, arguyendo siempre que se hace en aras de la salud de los ciudadanos.

Eso hace que el turismo, la hostelería y el comercio se desangren. Sin entrar mucho en la efectividad de las medidas -como se ve, muy efectivas no parece que sean, pues con las restricciones más duras España es uno de los países más afectados por el virus- lo que sí podemos decir sin temor a equivocarnos es que dichas medidas, en ocasiones poco pensadas y cambiantes, siempre han sido de una dureza que ha ido mermando, una tras otra, las posibilidades de supervivencia de estos sectores.

Así, podemos ver cómo grandes almacenes o grandes tiendas de distribución se acogen de nuevo a los ERTE en zonas donde las restricciones son extremas y sólo permiten las llamadas actividades esenciales, sin poder ya completar el sueldo hasta el 100% a sus empleados. Es más, en comercio, turismo y hostelería se da un paso más en muchos de los casos y los ERTE y ERE se multiplican en el acumulado del año (agosto es el último dato disponible): hay 97,13 casos más de dichas situaciones en comercio, hasta llegar a los 276.624; en el caso de las actividades recreativas, se multiplican por 50,13 y suman 19.148 personas; mientras, en la hostelería, se multiplican por 47,18 y llegan a los 150.125 trabajadores.

Esas suspensiones o extinciones de contratos irán incrementándose de mantenerse o aumentar las restricciones actuales, pues son fruto del desplome de la actividad: las ventas en la hostelería se desploman un 50% de media, las del comercio un 8,2% y el número de turistas desciende un 65,8% en el acumulado y un 68,6% interanual.

Por un lado, atenazan su negocio al prohibirles realizar su actividad con normalidad pese a haber invertido cuantiosas cantidades en medidas de prevención y seguridad, y, por otro, con tanto cambio e información confusa, generan un pánico entre la población que hace difícil que vuelvan a recibir una cifra normal de clientes en un tiempo aun cuando se levanten las restricciones.

Sin embargo, mientras el Gobierno reparte subvenciones a diestro y siniestro, no elabora un plan de actuación para compensar, por pura justicia, a quienes está hundiendo con sus decisiones restrictivas, olvidándose, además, de la importancia de dichas ramas de actividad en la economía, de manera que si continúan cerrando y destruyendo empleo, el efecto cascada sobre el conjunto de la economía se intensificará, con lo que caerá el consumo e inversión de manera todavía más acelerada, que repercutirá en una caída global más intensa, tanto del PIB como del mercado laboral.

En lugar de tratar de mantener en pie el tejido productivo y emplear, así, los fondos de manera productiva, para salvaguardar el sector empresarial, que es el que genera empleo, el Gobierno opta por dar subsidios, cuando sería mejor evitar que se llegase a la situación de necesitar una prestación actuando en el inicio del problema: el mantenimiento de la actividad. Es la diferencia entre apostar por la actividad productiva, que es lo que se debería hacer, o por la economía subsidiada, que es lo que hace el Gobierno.

Quieren convertir a los jueces en monigotes
OKDIARIO 20 Noviembre 2020

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Ministerio de Justicia otorga a los fiscales la dirección de la investigación y, al tiempo, impidirá que partidos políticos, organizaciones públicas y sindicatos, como adelantó OKDIARIO, puedan ejercer la acusación popular. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga a los jueces el desempeño de un «rol de garantía»(meros monigotes), pero será el Ministerio Fiscal quien dirija la investigación de los hechos punibles y quien ejerza, casi en exclusiva, la acción pública penal, lo que significa que la figura de la acusación popular, reconocida en nuestro derecho y regulada en el artículo 125 de la Constitución, quedará gravemente limitada.

Cabe recordar que la acusación popular faculta tanto a personas físicas como jurídicas a personarse en un proceso judicial penal, aunque no se hayan visto afectadas directamente por el delito en cuestión. Si la ley sale adelante, el Gobierno, a través de la Fiscalía -«¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso»-, tendrá el control de los procesos judiciales y mucho más margen de maniobra para allanar aquellos casos en los que se vea afectado directa o indirectamente.

OKDIARIO ya ha denunciado editorialmente la tropelía que pretende el Ejecutivo socialcomunista, dispuesto a quitarse del medio a todos los actores a los que la Constitución otorga un papel relevante en la defensa de la legalidad. En definitiva, es un paso más para demoler todos los diques de contención institucionales. Si con la reforma que pretende el Ejecutivo sólo la Fiscalía puede ejercer la acusación y el Ministerio Público depende del Gobierno, ¿quién vela por la defensa de la legalidad?

Esa es la clave. El artículo 125 de la Constitución es muy claro al otorgar a la acusación popular un papel relevante en defensa de la legalidad. Si se limita al máximo, como pretende Pedro Sánchez, y la Fiscalía, que depende del Gobierno, será quien ostente en monopolio la acción pública penal, el Ejecutivo tendrá el control sobre los procesos judiciales. Otra cacicada más.

Amenazas a la democracia en Europa, mito y realidad
Hermann Tertsch gaceta.es 20 Noviembre 2020

En España hay un Gobierno que liquida la libertad de enseñanza, prohibe la lengua común en parte del territorio nacional, desarma las garantías procesales de los jueces, impone la censura y controla las comunicaciones, amenaza abiertamente en el Congreso a la oposición con que jamás volverá al poder y a parte de ella con ilegalizarla.

En España, las amenazas a la oposición en el parlamento tienen tradición. Otro Gobierno compuesto como el actual por socialistas y comunistas cumplió hace más de 80 años sus amenazas de muerte contra la oposición y desencadenó así una guerra civil que duró tres años. En España pasan hoy cosas muy similares a las que pasaron entonces y que en la transición los españoles se prometieron que no volverían a pasar.

En España se cambian las leyes para favorecer retroactivamente a golpistas condenados y se dan facilidades, ventajas y liberaciones prematuras a presos terroristas con condenas de cientos de años por asesinatos aberrantes que no han mostrado arrepentimiento y por el contrario encubren a otros asesinos y hacen apología de sus crímenes. En España no se investigan casi 370 asesinatos terroristas sin aclarar porque se quiere proteger a unas direcciones políticas separatistas entre las que no es difícil adivinar a los autores de muchos de los crímenes.

En España, el tercer partido parlamentario, cuyo principal objetivo político es la defensa de España y su Constitución, no puede hacer una campaña electoral normal. Porque es objeto de agresiones prácticamente en todos los actos de campaña en la mayoría de las regiones por parte de partidos cuyo principal objetivo es la destrucción de España como estado y nación y que cuentan con pleno apoyo del Gobierno. En España, la compañía estatal de Correos se niega a distribuir las papeletas de ese partido y una vez obligada por la Junta Electoral a hacerlo y después de cobrar el servicio, retiene y “pierde” el 80% del correo electoral contratado del citado partido.

Todo eso pasa en España. Donde además parte del Gobierno ataca al Jefe del Estado y organiza con partidos enemigos de la Constitución actos en contra de la Constitución y de la monarquía parlamentaria. Donde además tienen ahora la guarida gran parte de los criminales y ladrones que han saqueado países iberoamericanos gracias a dictaduras y regímenes corruptos y delincuentes amigos del actual gobierno español. En España están muchos de los saqueadores venezolanos y españoles de Petroleos de Venezuela (PDVSA) en lo que probablemente ha sido el mayor expolio de la Historia por el tamaño del botín estimado en cientos de miles de millones de dólares.

En España se sienten cómodos los grandes agentes del narcotráfico de las FARC, del Cártel de los Soles venezolano, del ejército de Maduro y los servicios secretos cubanos y de tantos otros cárteles que funcionan en ese triángulo de Colombia, Venezuela y Bolivia y que están bien representados en la política española. Todos cómodos hoy, amparados por ese Foro de Sao Paulo cuyo mando real está en La Habana y que integra al inmenso entramado del “crimen progresista” o la gran mafia roja, de gobiernos de países como Cuba y Venezuela y ya de nuevo Argentina y Bolivia y multinacionales y grandes compañías legales y organismos legales y bandas ilegales, tráficos legales y clandestinos, de oro, piedras preciosas, prostitución, minerales estratégicos… Y sobre todo el inmenso y primer negocio —tras hundirse la producción de petróleo venezolana— que es el tráfico de cocaína a EEUU y a Europa.

Todo eso pasa en España. Pero eso no es un problema para Europa, según la Union Europea. En absoluto. El problema del Estado de Derecho no lo tiene Europa en una España que cada vez se acerca más al diagnóstico de estado fallido y de hospitalario santuario del crimen internacional. El problema no lo tiene con un Gobierno que trabaja todos los días en el desmantelamiento de las defensas de la Nación y el Estado y en la entrega de las armas para su destrucción a todos los enemigos de España.

No.

Según la Comisión Europea, el problema para la democracia en Europa son Polonia y Hungría.

También lo dicen todos los partidos mayoritarios de la hegemonía socialdemócrata en el europarlamento y los órganos de la Unión Europea, todos los del abanico que va desde el Partido Popular Europeo (PPE), en plena descomposición, pasando por socialistas y liberalios exquisitos hasta los verdes y comunistas, valga la redundancia. Dicen todos ellos que son los gobiernos nacionales de Hungría y Polonia, con políticas de derechas, con amplias mayorías varias veces renovadas en impecables elecciones generales, son un peligro para el Estado de Derecho. Entre otras cosas porque en Polonia quieren que el parlamento nombre a los jueces. ¿Como en España quizás y tantos otros países? Pues sí, más o menos así. ¿Con la poco sana intención de que los políticos puedan frenar y controlar a los jueces? Pues sí, como pasa en España y tantos otros países. En España eso sucede desde 1985. Un año más tarde, España era aceptada con aplausos en la UE. No hubo pegas. Hoy todos saben en España que los jueces de los órganos superiores de la judicatura son dependientes y obedientes a las presiones de los partidos. Nadie ha molestado a España por eso. En cambio si se lo propone Polonia es poco menos que la declaración de una dictadura.

También se acosa y amenaza a Polonia y Hungría con sanciones porque los dos países se niegan a abrir sus fronteras a la inmigración musulmana. No la quieren. No la quiere la población que ha votado a los partidos que le han prometido protegerla del terrorismo y de la invasión de una inmigración musulmana. Pues se la quieren imponer desde Bruselas donde hay barrios en los que rige la ley islámica. Se la quieren imponer a países como Hungria y Polonia sin terrorismo gracias a esa política y con un grado de homogeneidad cultural que revierte en seguridad y libertad. Y quienes quieren imponerla son los que han visto destruidas sus sociedades con una inmigración que es enemiga de todos los valores y costumbres que han hecho de Occidente la civilización más compasiva, libre, próspera, abierta y eficaz de la historia.

Hay más causas de la progresía globalista de la UE para llevar a la picota permanentemente a estos dos países. Y para amenazarlos con cortarles ayudas y subvenciones que les corresponden. Por eso han puesto los dos ahora pie en pared y han presentado su veto a los presupuestos y a la ayuda de reconstrucción por el covid, ese dinero que tanto espera el Gobierno de Sánchez para engrasar su proceso de cambio de régimen. Budapest y Varsovia han dicho que basta ya. Y hacen un favor histórico a toda Europa. También a España.

En el aparato de la UE y en la mayoría socialdemócrata bienpensante de los partidos y del aparato de Bruselas, esa que siempre tiene excusas para los abusos en Irán, en Cuba o China, produce furiosa indignación que estos dos países tampoco quieran aplicar políticas de hostilidad al cristianismo y de promoción del homosexualismo y adoctrinamiento LGTB en los colegios para menores. Pues no quieren y lo dicen muy claramente. En ningún tratado de la UE está escrito que los países tienen que aceptar clases LGTB, inmigración musulmana ni otras regulaciones específicas sobre la judicatura. Pero la Comisión y los partidos mayoritarios han creado una causa general contra estos dos países que en realidad es una causa ideológica y sectaria contra todas aquellas naciones que pudieran atreverse a votar a opciones de la derecha conservadora con principios cristianos y convicción y decisión para la firme defensa de la libertad y de los pilares de nación, familia, persona sagrada y vida humana.

De lo que se trata es de utilizar a Bruselas como un comisario político que imponga con todos los mecanismos de chantaje y coacción que blindan las estructuras y el poder económico de la UE. Para que en la UE no haya en el futuro más que gobiernos que obedezcan malamente todos los postulados de la izquierda y sus nuevos mitos del multiculturalismo, feminismo, género, radicalismo ecológico, animalismo, en suma globalismo. Se trata de esto, plena sumisión a los preceptos de la izquierda, vote lo que vote la población. Hasta que la nación no tenga opciones más que una sola política, la socialista, igualitarista, atea, globalista. De eso se trata.

Para ello tienen por supuesto que acabar con las naciones como el continente esencial de la democracia. Para que las sociedades europeas no puedan resistirse a las imposiciones de una burocracia y un poder anónimo no elegido y no recusable que practica una ingeniera social implacable desde las alturas inalcanzables e incontestable. Que para sí habrían querido algunos teóricos comunistas del pasado. El Green Deal (Acuerdo Verde) es un inmenso, colosal proyecto de ingeniería social que gastará ingentes sumas de dinero público y privado en crear una nueva realidad de total dependencia e injerencia del Estado. Cuyos dictados se impondrán hasta el último rincón de la empresa, la familia, la granja, el individuo y la moral y conducta privadas. En realidad, es el paso fundamental para, con el pretexto del mito de la emergencia climática, esa que a diferencia de la emergencia social no existe, imponer en toda Europa un régimen ya puramente globalista en el que las naciones nada puedan decir y las democracias hayan quedado absolutamente vacías de contenido.

Se ven las auténticas intenciones de esa mayoría supremacista izquierdista en que se ha convertido la UE con la entrega total de fuerzas como la CDU alemana de Angela Merkel y esa masa maleable francesa que voto a Emmanuel Macron. Con los postulados ideológicos de la izquierda quieren acabar con la nación, con las democracias y con todo lo que suponga nuestra identidad, desde sus raíces cristianas y la historia real de las naciones occidentales a los valores, los hábitos de las relaciones interpersonales, los derechos de la persona, identidad cultural y demás señas. Nos quieren hacer intercambiables con los chinos. Y hay que temer que a nuestras autoridades también.

De ahí que la lucha de Polonia y Hungría, a la que se ha adherido Eslovenia y que goza con muchas simpatías en todos los países europeos, es una lucha por la soberanía, la libertad, la democracia y la civilización. No es por tanto solo un agravio escandaloso de la obscena diferencia de trato de la UE hacia Budapest y Polonia por un lado y por otro el que otorga a un gobierno abiertamente antidemocrático, abusador y delincuente como el español. Es una batalla de inmensa importancia en la guerra de supervivencia de la Civilización Occidental ante este nuevo proyecto totalitario igualitarista que por vías inicialmente incruentas, pero no menos brutales y coactivas, pretende la socialdemocracia y el globalismo.

La aprobación de la Ley Celaá
La RAE muestra su "preocupación" por la situación del español con la ley Celaá y se pone "a disposición" del Gobierno para "asesorar"
Agencias República 20 Noviembre 2020

La Academia expresa su preocupación por que la nueva norma educativa "promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna"

La Real Academia Española ha manifestado este jueves su "preocupación" por que el futuro texto legal de la llamada ley Celaá "no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna".

Así lo señala el comunicado emitido tras el pleno celebrado por sus miembros a última hora de la tarde del jueves, poco después de la aprobación también en el Congreso de los Diputados de la reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá, la cual incluye como puntos más polémicos que el castellano deja de ser lengua vehicular en la enseñanza.

La RAE, que se reconoce no competente "para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad", ha manifestado que "sigue atentamente" lo concerniente a este respecto en la Cámara Baja y que "continuará en el Senado", donde la reforma emprende su recta final parlamentaria antes de convertirse en la octava ley educativa en democracia.

"La RAE confía en que el legislador no se desviará de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar", afirma.

En defensa de su postura, el comunicado incide en que el español conforma una "comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas" y que "más de 485 millones lo tienen como lengua materna".

"Esta circunstancia convierte al español en un bien de valor incalculable, que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza, y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización", insiste la RAE, que "se pone a disposición del Gobierno y del legislador para prestar el asesoramiento que se considere necesario".
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El Gobierno acaba con la libertad de educación
Editorial ABC 20 Noviembre 2020

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la octava ley educativa durante la democracia, conocida como «ley Celaá», con la previsión de que sea remitida de inmediato al Senado, y devuelta a la Cámara Baja sin modificación alguna para ser aplicada el próximo curso escolar. Con esta ley, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias consagra la demolición de la educación concertada, perfila la desaparición en diez años de los centros de educación especial, deroga la obligatoriedad de utilizar el castellano como lengua vehicular en las aulas, diseña la progresiva erradicación de la religión, y cultiva la ley del mínimo esfuerzo, de modo que la superación de cursos incluso con asignaturas suspendidas sea una constante. Pero ante todo, con esta normativa el Gobierno incurre en una transgresión de la libertad.

La conculcación de libertades no solo deja a los padres sin opción de elegir el centro escolar que deseen para sus hijos, o de disfrutar de un concierto económico que fue diseñado precisamente por el PSOE en 1985, sino que todo en esta ley rezuma sectarismo político y adoctrinamiento ideológico. Se trata del enésimo proyecto de ruptura con el que este Gobierno, empeñado en enfrentar a media España contra la otra media, pretende radicalizar a la sociedad en lugar de encontrar puntos de encuentro para un modelo de enseñanza útil que en ningún caso supone un menosprecio a la educación pública. Esa es la coartada más falsa con la que Sánchez ha pretendido justificar un atropello a las garantías constitucionales y a los derechos de cientos de miles de familias. Alardes de ingenuidad aparte, nadie en España confiaba en que, con Sánchez, la izquierda fuese a promover un pacto de Estado por la educación con la oposición. Pero tampoco era imaginable que llegara tan lejos con una norma que ofende el sentido común y perjudicará la calidad de nuestro ya maltrecho sistema educativo.

En democracia, cada norma tiene un valor singular. Pero del mismo modo que las leyes de presupuestos generales son las más relevantes en toda legislatura porque condicionan el presente económico de un país, cada ley de educación condiciona el futuro. Es la base moral sobre la que se asienta el porvenir de una nación, la que forma a sus niños y jóvenes, y la que inculca -o debería inculcar- los principios inherentes a una democracia. Sin embargo, la «ley Celaá» tiene trazas de inconstitucionalidad desde sus propios pilares. Por eso resulta forzoso que la oposición la impugne con urgencia ante el TC el mismo día en que se publique en el BOE. Es la raíz del proyecto ideológico de Sánchez para España: una sociedad de doctrina única, incapaz de pensar por sí misma, revanchista, y dirigida por ministerios de una «verdad absoluta» impuesta con los criterios exclusivos de la izquierda. Su plan para la transformación de España pasa así por una involución democrática desde los colegios a través de una compleja trama de ingeniería social que maquille como un canto a las libertades lo que no es sino su vulneración sistemática. El Gobierno lo está intentando con la separación de poderes, con el acoso a la independencia judicial, y ocultando su gestión real contra la pandemia pese a los reproches y la preocupación de Europa. Y además, sin consensuar nada con nadie, salvo con sus socios nacionalistas e independentistas, o con Bildu, ya dramáticamente incorporado a la «dirección del Estado», en palabras de Pablo Iglesias.

Sánchez ha utilizado la educación como moneda de cambio para comprar la estabilidad de su legislatura para cuatro años. Y lo ha hecho con una tramitación exprés y sin consensuar un solo artículo con ningún colectivo afectado, algo inédito. Esas son las maneras excluyentes de un Gobierno sumiso ante el chantaje y entregado a que Iglesias y el nacionalismo minoritario controlen España. El sometimiento del PSOE a Sánchez resulta alarmante porque nunca se actuó con tanto desprecio contra la comunidad educativa. Sin embargo, no es de extrañar. El socialismo, muchos de cuyos dirigentes llevan a sus hijos a colegios concertados, ya apuntaba maneras desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo de ahora es solo la última fase de aquel proyecto revisionista de nuestra historia para iniciar uno nuevo. Tras la «ley Celaá» llegará la aprobación de la eutanasia, una vuelta de tuerca al aborto libre, la restricción de la libertad religiosa, falsas interpretaciones de la igualdad y la sexualidad que rechazan hasta los colectivos feministas, el intervencionismo absoluto en los hábitos de consumo, un control fiscal del ciudadano cuasi-soviético, la reescritura de la historia… Y para entonces el PSOE habrá conseguido que el español deje de existir en algunas autonomías. Cuestión de pocos años. Sánchez ya no se contenta con recortar libertades por un solo voto. Las deroga, y de ahí el grito de la oposición exigiendo «libertad». En el fondo, a millones de familias les hurtaron ayer otra porción de libertad.

Una ley contra la educación
«Es un castigo de Podemos a la concertada y de ERC al castellano en Cataluña»
Editorial larazon 20 Noviembre 2020

La Ley Celaá, la octava que se acomete en España en democracia, tiene una característica que la diferencia del resto: no afecta en nada a lo realmente importante, a los planes de estudios y, en definitiva, a garantizar una educación de mayor nivel formativo, adecuada a las exigencias actuales o que subsane males endémicos como el fracaso escolar. En este sentido, la ley es innecesaria, como muchos agentes del sector ya han destacado; sólo ha demostrado una obsesión ideológica por los temas clásicos de la izquierda más dogmática y de sus socios de conveniencia a los que no ha importado entrar en vergonzosa contradicción entre lo que predican y luego hacen.

¿Cómo explicar que PNV y los nacionalistas catalanes, acérrimos protectores de la educación privada y concertada en sus comunidades, voten una ley que la relega, aun suponiendo el 30% de la educación en España? Esto sí, la Ley Celaá es abusivamente intervencionista en cuestiones que afectan directamente a derechos y libertades, incluso en aspectos que no tendrán recorrido legislativo alguno, aunque complazcan a Unidas Podemos, partido que está actuando como un verdadero «comisario político» en esta y en otras medidas del Gobierno.

Un sólo ejemplo: por más que lo diga Pablo Iglesias, nada puede impedir a un ayuntamiento entregar suelo público para acometer una ampliación de un centro escolar, público o privado, algo que prohíbe la nueva ley. El Gobierno ha creado de nuevo un debate artificial sobre una cuestión medular en estos momentos en el que la sociedad española se pregunta –sin recibir respuesta– cómo salir de la crisis de la manera que nos asegure un futuro mejor. No era este el objetivo de Celaá, del Gobierno y de Podemos, que ha cortejado a los partidos independentistas para forjar esa mayoría de la que se jacta Sánchez para aprobar unos presupuestos «de país» –que Bildu y ERC están empeñados en borrar del mapa– y llevarles a «dirección del Estado».

La erradicación del castellano como lengua vehicular en Cataluña –en Galicia y País Vasco o existe en modelo de «inmersión»– no es una medida para mejorar la calidad de la enseñanza, ni en catalán ni en castellano, sino como pago a los votos de ERC. Desde este punto de vista, su aceptación apuntala el programa del ultranacionalismo catalán de erradicar el castellano de la educación y el texto de la ley será difícilmente recurrible ante el TC porque en ningún sitio está escrito que el castellano sea lengua vehicular, por lo que, según la doctrina aplicada hasta ahora, es correcto si no se incumplen los derechos con ella. Perdida la edad de la inocencia con el nacionalismo, si ni siquiera han cumplido la sentencia que dice que se debe impartir un 25% del castellano, no lo hará ahora. El PSOE es responsable de un ataque sin media al español y la convivencia o, algo peor, el uso de la lengua de los españoles, para que Sánchez siga en La Moncloa.

La Ley Celaá y el triunfo de Esquerra
Cristina Losada Libertad Digital 20 Noviembre 2020

Ley histórica, dicen. Lo será si por histórico se entiende que una Ley de Educación tenga por objetivo principal el de asegurarle al Gobierno la aprobación de sus Presupuestos. Ni siquiera se ha fingido, en esta ocasión, que se escuchaba a los sectores concernidos y a los expertos, como tampoco se ha simulado el intento de alcanzar el mayor consenso posible. Ya es norma que en cuanto el Gobierno cambia de color, cambie la ley que ha de regir la enseñanza, pero no se había visto de forma tan evidente la subordinación de la norma educativa al empeño de garantizar los apoyos necesarios para la supervivencia de un Ejecutivo.

Será ley histórica, sí, pero de resultas de que un partido como Esquerra Republicana la exhiba como trofeo, porque a través de esa ley ha conseguido blindar la inmersión lingüística en Cataluña. Cierto que allí la inmersión, ese sistema único en la Europa democrática, se venía aplicando haciendo caso omiso de las sentencias de los tribunales. Pero la eliminación del español como lengua vehicular de la enseñanza es, en efecto, un triunfo del separatismo montaraz y una derrota de la libertad y la igualdad de los españoles. No iba a privarse Esquerra de celebrar todo eso en público. Como celebrará que el blindaje de la inmersión blinde las desventajas académicas y económicas que conlleva para los alumnos que tienen el español como lengua materna.

La ley no ataca a la libertad, sino al privilegio, dicen sus promotores. Los efectos de las leyes educativas que han emanado del bondadoso corazón igualitario son, sin embargo, conocidos. La pérdida de calidad de la enseñanza pública, ya lograda con leyes precedentes salidas del mismo tronco, no afecta a los privilegiados, sino a aquellos que no se pueden permitir el circuito alternativo de colegios privados y universidades extranjeras. Lo que promete esta Ley Celaá es continuar socavando la calidad de la pública y, de ese modo, la igualdad de oportunidades. Y, en la tradición de rebajar el nivel para asegurar la igualdad de resultados, va a garantizar una nueva devaluación de los títulos, al disponer la posibilidad de conseguirlos con suspensos.

La ministra está feliz, no obstante. En la agitada historia de nuestras leyes de educación no había, aún, un cambalache de estas características. Era lógico pensar que no se podía hacer peor. Celaá ha demostrado que sí, se puede. Todo un hito.

"¡Qué triunfo para etarras, catanazis, vagos, ricachos y acémilas!"
Losantos: «177 bípedos implumes con alma de cuadrúpedos aprobaron la atrocidad de Celaá»
"Lo votado y mugido por los zurupetos en el poder tiene el dudoso honor añadido de oficializar diversas agresiones"
Juan Velarde Periodista Digital 20 Noviembre 2020

Visto bueno a la enésima reforma educativa en España, un ataque en toda regla a la libertad de elección de los padres y al idioma que vehicula a cerca de 50 millones de personas que viven aquí.

Federico Jiménez Losantos, en su tribuna de El Mundo, se desata este 20 de noviembre de 2020 contra la llamada ‘Ley Celaá’. No alberga la menor duda de que el proyecto de la ministra de Educación del Gobierno socialcomunista terminará por crear una fábrica de auténticos ignorantes a los que no se les habrá exigido esfuerzo alguno en las aulas:

Hay engendros legales que tienen la virtud mostrenca de declarar obligación lo que siempre fue agresión. La atrocidad Celaá, porque lo ayer votado y mugido por los zurupetos en el poder no es ley sino atrocidad, tiene el dudoso honor añadido de oficializar diversas agresiones, todas anticonstitucionales, pero que los bartolos del TC tardarán años en revocar, si revocan.

Uno de los puntos que más indigna al periodista turolense se refiere a la educación especial y como el Ejecutivo pretende erradicarla:

La más cruel es la perpetrada contra los niños que necesitan educación especial, y a los que se condena a vivir peor y morir antes, gracias a esa pedagogía típicamente comunista que impone que todos seamos iguales, aunque todos –menos ellos, que ya encontrarán medios de evitarlo– salgamos perjudicados. A los padres, cerca de 40.000, que tienen a sus hijos encomendados a un grupo excepcional de profesores y cuidadores, motivado y con experiencia, no se les ha hecho ni caso. Ante todo, tenía que quedar claro quién manda. Y así ha quedado: 177 bípedos implumes con alma de cuadrúpedos, mayormente del género mular y asnal.

Comenta el caso de Cataluña respecto al español, oficializando una persecución atroz del idioma:

Sánchez Tortosa escribió ayer un excelente artículo sobre el crimen contra los pobres que representa la prohibición legal de lo que hasta ahora era persecución real de la lengua española y del derecho de sus hablantes a ser educados en ella. Es una herramienta esencial para competir con los demás españoles en el acceso a cargos públicos o simplemente para ganarse la vida, mejorando la heredada si su talento y esfuerzo lo permiten, que es a menudo.

Asevera que la educación pública no puede desligarse de algo tan esencial como es el mérito:

La educación pública sólo tiene sentido si se cultiva el mérito. Lo contrario es crear contenedores de ignorancia general, tarea que empezó un niño de Oxford, José María Maravall, hijo del sabio José Antonio, que en la presentación de una de las invenciones de Gallego y Rey, allá por los primeros 80 del siglo pasado, quiso convencerme de la bondad de meter a los jóvenes parados en la escuela para evitar que anduvieran por la calle.

Y concluye con el vaticinio de lo que serán las próximas generaciones de niños salidos de las escuelas con esta ‘ley Celaá’:

Yo estudié con beca desde los 10 años en la excelente enseñanza pública franquista y me indigna la condena de los hijos de los pobres a esa mediocridad llamada «inclusión». Sin suspensos ni inspectores, pronto todos los niños serán titulados en burricie y doctores de saldo; salvo en las familias del régimen social-comunista, que se eternizarán.

Prohibir el español en la enseñanza es prohibir España y robársela a los pobres. Qué triunfo para etarras, catanazis, vagos, ricachos y acémilas.

La 'ley Celaá' permite perseguir el castellano en el patio, el comedor y las extraescolares
Laura Fàbregas vozpopuli.es 20 Noviembre 2020

El Congreso ha aprobado este jueves el dictamen final de la la reforma educativa, conocida como ley Celaá, con los votos de la mayoría de investidura. La polémica enmienda para suprimir el castellano como lengua vehicular de las escuelas de las regiones con lenguas cooficiales ha protagonizado el debate. Sin embargo, su tercer punto ha pasado inadvertido y abre la puerta a fiscalizar el uso del catalán en todos los ámbitos educativos, como son “el patio, el comedor o las actividades extraescolares”.

Así lo defiende Plataforma per la Llengua, en conversación con Vozpópuli. La autodenominada ‘ONG del catalán’ fue quien propuso a ERC la polémica enmienda que finalmente ha salido adelante con los votos de PSOE y Unidas Podemos y que, explican, permitirá por primera vez “intervenir” en todos los espacios de la comunidad educativa -más allá de las aulas- donde los alumnos suelen expresarse libremente en otras lenguas, como es el castellano.

El punto tres de la disposición adicional 38 esgrime que se impulsará la adopción "por parte de los centros" de las “medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas”. Y, según la entidad, “representa una novedad respecto a la normativa aprobada por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero” al incluir que las administraciones educativas -en el caso de Cataluña, el Ejecutivo catalán- puedan impulsar “instrumentos de control, evaluación y mejora que permitan garantizar la competencia comunicativa en las distintas lenguas cooficiales”. En consecuencia, instan al Govern a "impulsar políticas educativas" de "expresión oral" fuera de las clases regladas.

Aunque la ley es lo suficientemente ambigua para incluir todas las lenguas con carencias, en la práctica se traducirá en reforzar únicamente el idioma que se presupone débil. En el caso de Cataluña, el catalán. Al menos así lo han interpretado los propios impulsores de la enmienda.

El Ministerio de Educación, por su parte, no concreta si estas "medidas" para "compensar las carencias" podrán abarcar el recreo de los niños, entre otros. "No hacemos comentarios sobre interpretaciones", se limitan a contestar a instancias de este medio.

La entidad ha enviado este jueves un comunicado en el que se congratulan de este tercer punto porque permite “introducir programas de inmersión lingüística que no se limiten a la lengua catalana como lengua vehicular de las clases”, sino que también los alumnos dispongan de “ambientes reales de práctica de la oralidad de la lengua catalana”. “Estos elementos se pueden trabajar si, además de las horas estrictamente lectivas, se dinamizan actividades en catalán en espacios que forman parte del proceso educativo de los alumnos”. Y, entre estos espacios, enumeran “el patio, el comedor y las actividades extraescolares”.

Estas medidas podrían extenderse a las Islas Baleares y Valencia, explican desde Plataforma per la Llengua. Desde su óptica se trata de un plan para fomentar la “normalización” del catalán en todo el espacio educativo, pero las asociaciones a favor del bilingüismo sostienen que abre la puerta a “perseguir el castellano” en los momentos de recreo cuando muchos alumnos usan esta lengua libremente para comunicarse.

Visión catastrofista del catalán
La entidad elaboró en 2019 un informe, titulado ‘Estudio sociolingüístico en los patios de las escuelas e institutos de las zonas urbanas de Barcelona’, que suscitó la controversia al considerar que se había espiado a los alumnos en sus horas de recreo. La entidad infiltró observadores en escuelas públicas y concertadas sin comunicarlo a los alumnos con el fin de evitar distorsiones en el resultado.

Las conclusiones de ese informe revelaron, a su juicio, una situación catastrófica del catalán, en especial en esas zonas de mayor presión migratoria. Los resultados llamaron la atención de TV3, que hizo un reportaje con los datos del estudio y aseguraban que “el catalán había perdido la partida en los patios de los colegios”.

Durante la presentación del informe, el presidente, Óscar Escuder, hizo lo que, con la perspectiva del tiempo, se ve como una declaración de intenciones al afirmar que “el estado de la lengua requiere que nos activemos desde todos los frentes posibles".

Uno de esos frentes ha sido convencer al Gobierno de coalición, a través de ERC, de aprobar esta enmienda que puede tener efectos indeseados como que, en nombre del catalán, se persiga el castellano en recreos, comedores y extraescolares.

La Ley Celaá permitirá también a las comunidades imponer lenguas no oficiales en perjuicio del español
Las claves de la Ley Celaá: golpe al español, a la concertada y a la educación especial
Luz Sela okdiario 20 Noviembre 2020

La polémica Ley Celaá, que vendrá a sustituir a la actual ley educativa, plantea un panorama incierto para la enseñanza en español. Además de la enmienda pactada entre PSOE, Podemos y ERC para suprimir el carácter vehicular de la lengua común, se abre también la puerta a que los gobiernos autonómicos puedan imponer lenguas que no tienen ni siquiera la consideración de oficial.

«Aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora», se recoge en el texto.

El PSOE busca así fomentar, además de las lenguas co-oficiales, aquellas que ni siquiera son consideradas como tales, ni compartidas en todo el territorio de una comunidad autónoma, como el caso del bable en Asturias. El Principado ya desarrolló un plan piloto, en 2017, para impartir una asignatura, en parte, en asturiano. La anterior ley, la LOMCE, establecía que esas lenguas se podrían ofrecer «en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica».

Polémicas
El Gobierno ha acabado imponiendo la Ley Celaá por una ajustada mayoría parlamentaria, y pese a las críticas recibidas por parte de la oposición, las propias asociaciones de padres y madres y colectivos de docentes. El debate en el Congreso, este jueves, acabó con gritos de «¡Libertad, libertad, libertad!» desde las bancadas de PP, Vox y Ciudadanos.

Los principales puntos de polémica se refieren al español, pero también a la educación concertada y especial. Con respecto al primero, se suprime la consideración de lengua vehicular, con un redactado que otorga el poder a las comunidades autónomas para decidir qué contenidos se imparten en la lengua común.

«Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable», se indica.

Aunque se señala que «al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente», el Estado no tendrá mecanismos para asegurarlo, sino que serán las correspondientes administraciones educativas las que apliquen los «instrumentos de control» que consideren. Además, corresponderá a los centros «impulsar las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».

Constitución
La ley plantea dudas sobre su constitucionalidad -la oposición ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional- en la medida en que la Carta Magna avisa, en su artículo 3, que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

Distintos pronunciamientos judiciales, además, han recordado la obligación de que el español sea lengua vehicular. En 2010, el Constitucional ya instó a la Generalitat a «adoptar medidas» para ello. Y distintos fallos han ido en la misma línea, determinado además la obligación de ofrecer al menos el 25% de las horas semanales de clase en la lengua común de todos los españoles.

El Gobierno ha conseguido de manera ajustada sacar adelante la reforma en la votación en el Congreso, con 177 votos a favor (uno más que la mayoría absoluta) por 148 en contra y 17 abstenciones. Lo han apoyado ERC, el PNV, Más País y Compromís, mientras que JxCat y Bildu se han abstenido junto al BNG y Teruel Existe. PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, el PRC y la CUP lo han rechazado.

El trámite sigue ahora en el Senado, y después volverá al Congreso, donde tendrá que ser aprobada de manera definitiva, algo que se prevé para principios del próximo año.

Otras medidas
Además de liquidar la enseñanza en español, la Ley Celaá supone un duro golpe para la educación concertada y especial. Así, se determina que «en ningún caso» podrán los centros públicos o concertados «percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito» o imponer «la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica» por parte de las familias de los alumnos.

Además, se establece que «el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (…), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

Los alumnos podrán pasar de curso cuando el equipo docente estime que las materias suspensas le permiten seguir con éxito el curso siguiente. Repetir se considerará algo excepcional y sólo se podrá permanecer en el mismo curso una vez y dos como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

Se prohíbe la segregación por sexo y se impone la enseñanza de la Memoria Histórica, la visión sesgada del Gobierno sobre la Guerra Civil y la dictadura. También se propone la educación afectivo-sexual desde Primaria, o, como informó OKDIARIO, en «educación emocional» y «justicia fiscal».

El ‘anticristo’ para el separatismo
Sergio Fidalgo okdiario 20 Noviembre 2020

Los separatistas catalanes presumen, falsamente, de ser “pacíficos” y “tranquilos”, pero hay “algo” que consideran un “virus” y que les saca de sus casillas. No lo pueden remediar, todo su montaje de que son “buena gente” que defiende sus postulados sin alterarse, se desmorona cuando ven una bandera de España. Es aparecer una rojigualda en su campo de visión y comienzan a transformarse en un Mr. Hyde sediento de sangre dispuesto a romper lo que haga falta. Es el auténtico ‘anticristo’ para ellos, porque saca todos los demonios del independentismo.

OKDIARIO mostró esta semana el vídeo de la patética puesta en escena de los diputados de la CUP en el Congreso. En una comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa lo primero que hicieron los diputados antisistema fue apartar la rojigualda para que no saliera en el tiro de cámara. Es algo instintivo, es verla y necesitar quitarla de en medio. La bandera europea la dejaron, por mucho que los ‘cuperos’ también abominen de las instituciones comunitarias a las que consideran esbirros del capitalismo más neoliberal y salvaje. Pero la bandera nacional tuvieron que arrinconarla, no fuera que a sus secuaces en Cataluña les diera un patatús al ver su ‘magnífica’ intervención en televisión con el símbolo común a todos los españoles al lado.

Los ataques a constitucionalistas en Barcelona por llevar nuestra bandera en forma de gorro, bufanda, pin o en cualquier otro formato ya forman parte de las costumbres del separatismo más agreste. De hecho, llevar un emblema rojigualda en barrios barceloneses como el de Gracia, o por los pueblos llenos de lazos amarillos con alcaldes secesionistas es sinónimo de llevarse unos cuantos insultos y, posiblemente, algún guantazo. Es superior a sus fuerzas y no lo pueden disimular. Recuerden como ejemplos más salvajes la banda de forajidos que apalizaron a dos chicas por montar un tenderete de apoyo a la selección nacional de fútbol, o la profesora que agredió a una niña de diez años por pintar la bandera de España. Pero no son casos aislados, forman parte de un ambiente de amedrentamiento creado por el independentismo. No pueden evitar señalar pisos en cuyos balcones luce la rojigualda, o increparte si la luces en la solapa.

Cuando los separatistas atacan a las Fuerzas Armadas, e insultan a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias por desinfectar instalaciones, o critican a los militares por hacer maniobras en Cataluña, no lo hacen por un pacifismo sincero. En la mayoría de los casos no les molesta ni los fusiles, ni los carros de combate, ni los helicópteros. Les ofende que en sus uniformes esté bordada la rojigualda, y que sean soldados de España. De ahí que muchos de los que piden la erradicación del Ejército en esta comunidad autónoma preparen planes para formar un cuerpo bélico catalán, e incluso fantaseen con que forme parte de la OTAN. Más que sean “militares”, odian que sean “españoles”.

Los ayuntamientos que controlan los secesionistas buscan cualquier vericueto legal para que la bandera de España no ondee en los edificios consistoriales. Primero intentan no colgarla, cambiándola por la ‘estelada’. Como son una panda de cobardes, cuando tras las denuncias de constitucionalistas que buscan que se respete la ley les llegan las multas y las amenazas de inhabilitación, comienzan con las excusas como que “está en la lavandería”, “que la han robado” o, directamente, ponen una enseña más pequeña en un rincón de la fachada. Si hubiera vampiros secesionistas, al estilo del Comte Draculat –que sin duda sería ‘diputat’ de ERC por Girona-, no haría falta recurrir ni a los ajos, ni a las estacas, sólo mostrándoles una rojigualda se convertirían en cenizas.

 


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