AGLI Recortes de Prensa   Lunes 23  Noviembre  2020

Por una estrategia de victoria
Pedro de Tena Libertad Digital 23 Noviembre 2020

Si algo nos ha demostrado la historia reciente es que la izquierda y el separatismo no respetarán jamás las reglas constitucionales de juego, como no respetaron las reglas republicanas de juego sin importarles si su conducta llevaba o no a una Guerra Civil. Unos no querían ni quieren ninguna España y otros sólo querían y quieren una España roja, aunque sea rota, impuesta a la otra España, la que creyó en la transición y en la convivencia democrática. En este propósito ya evidente, cuentan, unos y otros, con ayudas internacionales e incluso oscuros apoyos en el seno de la Unión Europea. ¿A quién interesa una España rota y roja, por qué y para qué? Sólo se ven los síntomas y las tácticas, pero la estrategia de ruptura del consenso constitucional es y quiere ser invisible.

Los últimos acontecimientos no hacen más que reforzar esta sensación, que va mutándose en certeza insistente. La ocupación del aparato del Estado, de la educación y de las lenguas, de la sanidad (aprovechando una catástrofe, como es habitual), de los medios de comunicación esenciales y la cooperación de los pilares básicos del poder económico y las redes sociales, por dejarlo aquí, permiten vislumbrar esa estrategia.

Ya es evidente para todo el que no siga obcecado en negar los hechos más contundentes que la izquierda socialcomunista y el separatismo no respetarán la democracia más que como trampolín para conseguir sus objetivos y que la desnaturalizarán, falsificarán, pervertirán y traicionarán cuando no sirva a sus propósitos. Nada nuevo. Siempre fue así doctrinalmente en el marxismo. Llegó a su zénit durante el marxismo leninismo, trotskismo, estalinismo, castrismo y maoísmo y, paralelamente, llegó a máximos con los nacionalismos de corte racista, fascista o nazi. El PSOE pudo ser sinceramente socialdemócrata, pero no quiso.

Sean cuales sean las razones que están conduciendo a la vuelta del totalitarismo, si las inconsecuencias, enfermizas partidocracias y corrupciones de una democracia escasamente liberal, si la convicción del capitalismo global de que será más fuerte sin naciones y aliado con dictaduras como en China y Rusia (con Franco vivió mejor) o si la desorientación de individuos y familias ante poderes inabarcables e incontrolables, lo cierto es que aquello de “ganar mucho dinero, tener ejércitos para defenderlo e iglesias bendiciéndolo todo”, que decía Walter Cronkite, seguirá cumpliéndose. Ahora, con los socialcomunistas y separatistas en el consejo de administración de gobiernos convivientes con el capitalismo supraestatal.

Puede creerse que es mejor fertilizar una supuesta “tercera España”, la España centrista, la España “moderada y modernizadora” se ha dicho. Pero, ¿dónde está el centro entre la verdad y la mentira, entre la dominación y la libertad, entre la nación y el desmembramiento? Creo que lo que hay realmente es una estrategia en marcha de disolución nacional y democrática que ejecuta aceleradamente el actual gobierno socialcomunista ayudado por los separatismos. A ello hay que oponer un frente democrático y constitucional. No queda otra.

Pero, ¿dónde está el proyecto común que nutra la estrategia de victoria de los defensores de España como unidad nacional y de la Constitución? ¿Dónde está la estrategia de los defensores de la democracia, de las libertades, de la veracidad y del respeto a las personas y familias? No existe. Sólo hay un desierto político y moral donde la división se acentúa, la resignación crece y la rendición económica y social tienta cada vez a más ciudadanos.

Necesitamos convicción, unidad, rebeldía y defensa de lo mejor que ha ocurrido en España desde las Cortes de Cádiz, con las reformas constitucionales necesarias para que los totalitarios no se cuelen de nuevo por las rendijas. Eso exige una estrategia general, una dirección y, para todos sin excepción, una cesión de parte de la libertad personal en aras de una organización que conduzca al fin deseado: el restablecimiento de un proyecto democrático para España. O eso, o adiós, España, adiós.

Clamor ciudadano contra la infame ley Celáa
EDITORIAL Libertad Digital 23 Noviembre 2020

Sánchez prosigue con esta ley su labor de demolición y la obligación de la oposición es evitarlo utilizando todos los medios legítimos a su alcance.

La reforma educativa aprobada el pasado jueves por el Ejecutivo socialcomunista constituye un ataque sin precedentes al derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos. La ley pergeñada por PSOE y Podemos acaba con los centros de educación especial, socava gravemente el actual régimen de conciertos educativos y, en una nueva genuflexión ante sus socios separatistas, pone en bandeja a las comunidades con lengua propia erradicar el español como lengua vehicular de la enseñanza.

Ninguna ley de educación desde 1970, y se han aprobado nada menos que ocho, fue tan lesiva para la enseñanza española como lo va a ser esta norma elaborada por el gabinete de la infausta Isabel Celáa, una dirigente socialista que, como la práctica totalidad de sus conmilitones, educó a sus hijos en colegios privados como los que ahora pretende erradicar.

En respuesta a esta nueva reforma legal, aprobada sin debate público y sin opción a que los sectores involucrados manifestaran su criterio, las asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos y demás colectivos del mundo de la educación se manifestaron ayer en más de 30 capitales para mostrar su más firme rechazo a esta LOMLOE que los socialcomunistas pretenden imponer a sangre y fuego. El lema muy elocuente de esta movilización ha sido “Por el derecho a elegir la educación que queremos”, una prerrogativa de todos los ciudadanos recogida en nuestra Constitución, que los partidos que pretenden abiertamente acabar con nuestro régimen de libertades pretenden eliminar con una ley profundamente sectaria.

Pero el entreguismo de Sánchez e Iglesias a las comunidades con gobiernos separatistas, a los que faculta para mangonear esta ley en su provecho, encierra a su vez una oportunidad para poner a salvo de este engendro liberticida a la población residente en las autonomías gobernadas por el centro-derecha. Así lo han entendido los principales partidos de la oposición, que ayer se sumaron a las manifestaciones de protesta convocadas en toda España, y cuyos dirigentes autonómicos ya estudian las diferentes vías para dejar sin efecto los aspectos más lesivos de esta reforma unilateral socialcomunista.

Sánchez prosigue con esta ley su labor de demolición para lograr un cambio de régimen y la obligación de la oposición leal a España y su Constitución es evitarlo utilizando todos los medios legítimos a su alcance. No solo en los territorios donde gobierna, sino también y muy especialmente en las autonomías en manos de la izquierda y el separatismo, donde el desarrollo de esta ley amenaza con socavar aún más los derechos de las familias que no pueden pagar a sus hijos una educación privada de élite como hacen unos y otros.

Educación especial
Emilio Campmany Libertad Digital 23 Noviembre 2020

Aparte la prohibición de estudiar en español en Cataluña, el disparate más grande de la ley Celaá es la desaparición de la educación especial del sistema de enseñanza pública. Lo del español en Cataluña ocurre en la práctica desde hace decenios y la norma de la ministra ignara no hará más que certificarlo, pero en la práctica significará poco. En cambio, la agresión a la educación especial es un atentado repentino a uno de los aspectos más gratificantes de nuestro Estado de bienestar. Un hijo discapacitado puede ser para su familia una bendición. De hecho, lo es en muchos casos. Pero eso no quita para que exija de abuelos, padres y hermanos una entrega muy superior a la normal. En nuestra sociedad, donde el Estado se incauta de casi la mitad de la riqueza que generamos, era al menos en esto lo generoso que exigen las circunstancias ofreciendo a estas familias la posibilidad de que sus hijos reciban con cargo al presupuesto una enseñanza diseñada en función de sus minusvalías. El objetivo no es otro que dotar a esos niños, en la medida de lo posible, de las destrezas suficientes para tener en el futuro una vida casi normal.

Ahora, el supuesto buenismo igualitario de socialistas y comunistas pretende acabar con ese progreso dejando que esos niños se pierdan en el sistema educativo ordinario, encomendándolos a profesores sin las capacidades profesionales necesarias para hacerse cargo de ellos y, en consecuencia, privándoles de la educación que necesitan. Se supone que la idea es fingir que, para ser realmente iguales, esos niños han de recibir la misma educación que los demás. Si a eso se le añade que podrán ir pasando de curso, aunque por sus deficiencias no puedan aprender nada en una clase “normal”, se da con el perverso resultado al que este estúpido buenismo conduce y que está muy lejos de la idea de igualdad que aparentemente le informa.

Esto es lo que parece, un resultado perverso provocado por algunos bienintencionados, socialistas y comunistas, que desean acabar con toda clase de desigualdad. Y sin duda algo de eso hay. Pero hay muchos socialistas y comunistas que se dan cuenta del error y sin embargo insisten, no por una mal entendida bondad, sino con la inconfesable intención, que es por otra parte lo que informa toda la política educativa de la izquierda, de rebajar la calidad educativa general. El profesor que tenga a un niño necesitado de educación especial en su clase tendrá que optar entre abandonarlo o dedicarle a él buena parte de su esfuerzo en perjuicio de los demás. El resultado será hacerlos a todos un poco más ignorantes, tanto los que necesitan educación especial como los que no. Así conseguirán que sean cada vez más los que, por deficiencias en su educación, necesiten de la ayuda del Estado y se sientan en consecuencia tentados en el futuro de votar al partido que más ayudas y subsidios prometa. Este empeño en acabar con la educación especial no es una manera más de empedrar el infierno con buenas intenciones. Es también una ocasión de asfaltarlo con infames propósitos.

Sánchez aumenta la deuda en 3.193 euros por persona desde que gobierna
José María Rotellar Libertad Digital 23 Noviembre 2020

El Banco de España ha publicado, como hace todos los meses, la actualización de los datos de deuda de las administraciones públicas. Una vez más, la deuda no frena en su incesante crecimiento. No es una sorpresa que la deuda crezca, pues es consecuencia del déficit y mientras éste exista, la deuda aumentará, ya que el endeudamiento es el stock del flujo que resulta ser el saldo presupuestario. La única posibilidad que cabe es que el cociente no crezca, pero para ello debería aumentar más el PIB nominal que el endeudamiento, cosa que no sucederá este año, pues ambos caerán, con lo que la deuda tendrá un comportamiento todavía peor en términos relativos que en términos absolutos, ya pésimo de por sí.

De nuevo, los datos de endeudamiento público, que recoge en sus publicaciones el Banco de España, muestran la tendencia de crecimiento exponencial que ha cobrado la deuda pública española desde que el presidente Sánchez accedió al Gobierno de la nación, tras la moción de censura al presidente Rajoy.

Lo decimos mes tras mes: parece haberse instalado en España la sensación de que el gasto no es un problema, sino que éste se soluciona con impuestos y si la recaudación de éstos no basta, se cubre con deuda. Los gestores políticos no se paran a pensar que la subida de impuestos genera distorsiones en la economía -y, además, cuando los suben lo hacen en los impuestos directos, que son los que más perjudican a la actividad económica y al empleo-. Tampoco quieren caer en la cuenta de que el endeudamiento tiene un límite, que estamos sobrepasando ya de manera muy importante. Nada los frena, pues sólo quieren prometer, en todos los ámbitos, más y más medidas que no nos podemos permitir por la sencilla razón de que el gasto que suponen no lo podemos pagar.

Ese incremento vertiginoso y sin freno que tiene su base en esa presión del gasto que es cada vez mayor en España, sitúa a la economía española en una posición compleja, máxime cuando acaban de ser vetados tanto el presupuesto de la UE como los fondos reembolsables procedentes de Bruselas, con lo que como Pedro Sánchez ya lo tiene presupuestado para gastar en 2021 (la parte correspondiente, que asciende a 27.000 millones), si los fondos europeos no se reciben entonces se generará un mayor déficit y una mayor deuda, que se moverá entre dos y tres puntos de PIB adicionales.

Tanto la caída de la actividad como el incremento del gasto y, con él, del déficit y de la deuda, no puede atribuirse en exclusiva a la situación excepcional que se vive derivada del coronavirus. Es obvio que el impacto de la pandemia en la economía es notable, sobre todo porque el Gobierno decidió cerrar completamente la actividad económica por no haber tomado unas precauciones tempranas, como cerrar en enero las fronteras con China, y porque ahora ha abandonado por completo a la economía a su suerte. Ahora bien, antes de la enfermedad, la economía ya se ralentizaba de manera cada vez más intensa y el gasto no dejaba de crecer de forma rápida.

Como hemos venido recordando mes tras mes, con las medidas de los reales decretos de los viernes se comprometió gasto estructural por cerca de 10.000 millones de euros, en lugar de adoptar medidas de austeridad que hubiesen permitido tener una mayor capacidad de maniobra ante un retroceso económico, fuese uno como el presente o de menor intensidad, como se preveía.

La pequeña reducción del cociente de deuda sobre el PIB que se había producido hasta entonces, saltó por los aires. Con una deuda cercana al 100% del PIB pero que había logrado ir descendiendo gracias al impulso del crecimiento económico -pues la deuda en valores absolutos seguía aumentando, al mantenerse las cuentas públicas en déficit cada año- el Gobierno tomó la arriesgada decisión de expandir el gasto de manera temeraria.

Ahora vemos las consecuencias de ello: una deuda creciente, que ha pasado del 97,6% con el que cerró 2018, al 95,5% del cierre de 2019 y que ahora se eleva al 118,32% de septiembre de 2020, según los datos de deuda del Banco de España y la previsión de crecimiento del PIB nominal del ministerio de Economía plasmada en el plan presupuestario 2021 enviado a Bruselas el quince de octubre de abril (página 12 del informe).

En dicho cociente, ya está comenzando a operar el efecto negativo tanto en el numerador como en el denominador, pues la deuda aumenta en 119.577 millones de euros entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 y el PIB se estima que se reduzca en 139.474 millones de euros de 2019 a 2020.

Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 151.102 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de poco más de nueve trimestres de mandato el incremento supera ya los 150.000 millones citados anteriormente.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de dos años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 3.193 euros, casi cuatro veces el incremento del primer año.

O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras algo más de dos años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 177,14 millones de euros cada día.

De esa manera, nos encontramos con un incremento exponencial del gasto, una caída en picado de la recaudación y un descenso notable del PIB. Todo ello, hará que la deuda española se sitúe este año entre el 115% y el 125% del PIB, dependiendo de cuál sea la intensidad final del movimiento de déficit y PIB (el gobernador del Banco de España ha llegado a mencionar que incluso podría alcanzar el 128,7% este ejercicio), siendo factible que supere el 130% en 2021. De hecho, el FMI estima que la deuda cerrará 2020 en el 123% del PIB, para quedarse en el 118,8% en 2025, año que, además, subirá de nuevo sobre 2024.

Urge un ajuste importante que sitúe a nuestra economía en el nivel de gasto que se puede permitir. Nada es gratis y todo se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes, pero esos recursos son finitos y los ciudadanos están ya extenuados, en medio de una grave crisis económica, que reduce aún más su poder adquisitivo. Es imprescindible acometer reformas que nos permitan aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía y que éste sea sostenible, no sostenido artificialmente. O se logra hacer eso o el drama será mucho peor cuando se vea que no se puede afrontar tanto gasto, porque entonces el recorte habrá de ser mucho más intenso. No nos cansaremos de repetirlo mes tras mes, aunque con escaso éxito, como los datos muestran.

La 'factoría goebbeliana' de la Moncloa
César Calderón. vozpopuli 23 Noviembre 2020

Es difícil identificar el momento exacto, pero en algún punto de este primer año de mandato sanchista que acabamos de cumplir, el presidente del Gobierno y su entorno decidieron que, dada la enorme complejidad de los retos a los que se enfrentaba nuestro país, su única posibilidad de supervivencia no era ya encontrar soluciones a los muchos problemas de la patria, sino embarrar de tal forma el terreno de juego que fuera imposible discernir sus acciones, prioridades y líneas estratégicas, impidiendo de esta manera cualquier control efectivo por parte de la oposición; una labor que dejaron en manos de la elefantiásica 'factoría goebbeliana' de Moncloa.

Lo he llamado 'factoría goebbeliana' por Joseph Goebbels, ya saben, el arquitecto del primer tratado de propaganda política del mundo moderno, un papel breve en el que el ínclito ministro de propaganda del Tercer Reich dejó escritos los once principios de la misma, el séptimo de los cuales, el llamado “principio de renovación” tenía el siguiente enunciado:

“Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones”.

Principio de renovación
Lo que nunca podría imaginar ni el mismísimo Goebbels es que su maquiavélico principio pudiera también aplicarse a los escándalos en serie de un gobierno, ni que su principio de renovación iba a servir para ocultar los mismos exponiéndolos de forma tan pornográfica como eficiente ante la ciudadanía en una orquestada sucesión en la que un escándalo se tapa con otro mayor, que a su vez es escondido tras otro más grande aún que los dos primeros.

No es nada fácil alcanzar el actual nivel de virtuosismo del Gobierno a la hora de mentir, engañar y producir escándalos en serie, pero cuando un ejecutivo es capaz de construir en solo un año la factoría fordiana de la trola que ha levantado en los jardines del palacio de La Moncloa, se produce un doble efecto en nuestra dopadísima opinión pública, a saber:

- El primero es que dado su ingente volumen, solo los escándalos y las angelicales explicaciones gubernamentales llenan las portadas de los medios, dificultando que la oposición pueda fijar posición sobre los mismos. No hay espacio para más. No caben.

- El segundo es que esta dinámica infernal lleva a la oposición a la hipérbole permanente: solo las posiciones más radicales y explosivas contra los escándalos del Gobierno encontrarán el premio de obtener espacio en medios de comunicación y tertulias, una carrera que solo pueden ganar los partidos con posiciones más extremas y explicaciones más simplistas, esto es, los nacionalpopulistas, eliminando así a los partidos moderados de cualquier ecuación que les pueda otorgar los minutos televisivos necesarios para explicar posiciones políticas elaboradas y necesariamente complejas.

La consecuencia es tan lineal como contraintuitiva. Las sucesiones de escándalos y su tratamiento de estas goebbelianas maneras o bien son nulas o bien tienden a beneficiar el relato gubernamental, ya saben, el de las dos orillas ideológicas, ese según el cual el actual Gobierno sería la última defensa contra el fascismo (fascismo es cualquier posición política que no aplauda automáticamente y de forma entusiasta los discursos de Sánchez), y quienes lo critican, especialmente desde posiciones progresistas.

Así y mientras siga funcionando este constructo, los ciudadanos de nuestro país vamos a poder seguir disfrutando atónitos de un Gobierno capaz de producir centenares de escándalos que se van a ir superponiendo, confundiéndose unos con otros y chocando a velocidades de vértigo sin que realmente lleguen a afectar a la intención de voto de los más fieles.

La noticia es que esta táctica cortoplacista también impide que la intención de voto del Gobierno crezca más allá de sus límites ideológicos y especialmente hacia los enormes caladeros del voto del centro político, encerrándolo por el contrario en una posición cada vez más radicalizada y defensiva de la que no le va a ser sencillo salir.

Y eso no augura nada bueno para un Ejecutivo que, una vez cumplido su primer año, debería estar en su apogeo político y que según las encuestas, lejos de esto, habría perdido ya millón y medio de votos a pesar de los ímprobos esfuerzos de la factoría 'monclovita' por embarrar, confundir y generar escándalos políticos.

Clamor contra la «ley Celaá»
Editorial ABC 23 Noviembre 2020

Las multitudinarias manifestaciones celebradas ayer en varias ciudades españolas con decenas de miles de familias indignadas por la aprobación de la controvertida «ley Celaá» fueron un clamor por su derogación. Esas protestas, forzosamente realizadas en miles de coches dadas las restricciones del estado de alarma que impiden concentraciones ciudadanas al uso, son una obligación moral más allá de un legítimo derecho a la libertad de expresión contra una norma sectaria. La esencia de la «ley Celaá» es un ataque frontal a la libertad de elección del modelo educativo al que los padres tienen derecho, y es una agresión ideologizada contra la escuela concertada, y desde luego contra toda la exitosa estructura de la educación especial. Su puesta en marcha el próximo curso no afectará solo al bolsillo de muchos ciudadanos por la negativa del Estado a seguir sufragando parte del coste de la educación concertada, sino también a la libre elección de centro escolar, y empezará a dejar sin recursos especiales a niños cuyas específicas necesidades neurológicas les impiden adaptarse como un escolar más a las aulas comunes.

Es lógico que la oposición haya anunciado ya la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la «ley Celaá» y contra la arbitrariedad del Gobierno, que parece haber puesto velocidad de crucero a una legislatura basada en la merma de garantías para los españoles. La insensibilidad demostrada por el Ejecutivo con la aprobación de esta ley, y con su silencio tras las protestas de los últimos días, demuestra que nada va a hacerle cambiar de criterio en su obsesión por fracturar a la sociedad. Solo el Tribunal Constitucional podría devolver las cosas a su estado de normalidad reactivando una legalidad que ahora se vulnera de forma flagrante. Sin necesidad de entrar artículo por artículo en el análisis de la ley, parece evidente que la erradicación del español como lengua vehicular, para que las autonomías que así lo deseen la eliminen del mapa educativo, es abiertamente inconstitucional. ABC lleva semanas denunciando que esta norma es el precio impuesto por el nacionalismo y el separatismo para que Sánchez pueda aprobar los Presupuestos Generales y no se vea forzado a convocar elecciones. Pero el hecho de que haya sido aprobada por el Congreso -por un único voto- no implica que sea constitucional. Lo dramático es que cuando el TC tenga a bien dictar sentencia, el independentismo habrá arrasado el castellano para toda una generación. Por eso se antoja una necesidad social inexcusable que los gobiernos regionales del PP arbitren medidas para que al menos la concertada y la educación especial sigan subsistiendo, y se garanticen así los derechos que el Gobierno niega a cientos de miles de familias.

También tiene visos de inconstitucionalidad la fulminación de la religión de las aulas, y su sustitución por un sucedáneo -«cultura de las religiones»- que no tiene nada que ver con el carácter aconfesional del Estado, sino con la obsesión de la izquierda por ningunear a la Iglesia. Esta ley es el subterfugio con el que el Gobierno pretende reducir a la nada el espacio público para la enseñanza de la fe católica, apropiándose de un concepto perverso del laicismo y vinculando la escuela pública solo a la izquierda ideológica. Finalmente, y por simple estrangulamiento, se coartará la libre elección de centros, lo cual presenta serios indicios de ilegalidad. Sánchez tiene clara su prioridad: solo dividiendo a la sociedad, fragmentándola en bloques ideológicos, se garantiza años de poder. Dividir España en dos es su especialidad. Más aún, es lo único que hace bien.

Moncloa abre su oficina del 3%
Álvaro Nieto. vozpopuli  23 Noviembre 2020

Estupefacción en Bruselas ante la última maniobra del Gobierno en el BOE: España restringirá las inversiones de la UE hasta el 30 de junio aprovechando el estado de alarma

Pasan tantas cosas en España, y a tal velocidad, que a menudo se nos escapan cuestiones importantes en las que casi nadie repara. Y ya se ha convertido en algo habitual que el Gobierno aproveche las polémicas que van generando sus propias decisiones para colar de tapadillo cuestiones relevantes que acaban pasando desapercibidas en medio de la polvareda. El estado de alarma facilita esa forma de actuar: basta con publicar un decreto ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y aducir que se trata de una medida urgente relacionada con la covid-19.

Eso es lo que sucedió el pasado miércoles, 18 de noviembre. El Ejecutivo introdujo en el BOE otro atropello a las libertades, en este caso a la libre circulación de capitales, que es uno de los cuatro pilares fundamentales sobre los que se asienta el mercado único de la Unión Europea. Se trata del Real Decreto-ley 34/2020, titulado así: "De medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético".

El texto, de 35 páginas, es un bodrio del tamaño de la catedral de Burgos. En teoría está diseñado para ayudar a las empresas, puesto que extiende los avales del ICO y regula los procesos concursales durante la pandemia. Sin embargo, también añade, bajo la burda fórmula de "en otro orden de cosas", una modificación legal para imponer un régimen de autorización previa por parte del Gobierno a las inversiones procedentes de la Unión Europea.

Ese decreto estará en vigor, como mínimo, hasta el 30 de junio de 2021 y afectará a las operaciones que supongan la compra de al menos el 10% o la toma de control de una compañía cotizada o un desembolso de más de 500 millones en el caso de no estar cotizada. Además, se someterán también a ese control excepcional las inversiones realizadas en España ¡por empresas españolas! que estén participadas en más de un 25% por capital extranjero.

En teoría, la medida sólo afecta a unos cuantos sectores económicos, pero la redacción del decreto es tan deliberadamente ambigua, que en realidad el Gobierno tiene manos libres para intervenir en todo aquello que considere oportuno, pues en el texto se habla de "salud", "orden público", "tecnologías", "energía", "defensa", "medios de comunicación", "servicios estratégicos", "sectores con acceso a información sensible"... y, para colmo, se abre la puerta a la total discrecionalidad al decir que se vetarán las operaciones "si existe riesgo grave de actividades delictivas o ilegales" por parte del inversor.

Algo parecido ya fue aprobado por el Gobierno el 31 de marzo, pero sólo para las inversiones procedentes de fuera de la UE. Ahora se incluyen las operaciones europeas y las lanzadas por empresas españolas con accionistas extranjeros. Además, se amplían los sectores implicados hasta el punto de que no hay empresa del Ibex que no encaje en alguna de las definiciones del párrafo anterior.

La medida en principio está creada para proteger las empresas estratégicas en un momento en que la mayoría de ellas atraviesa por una enorme debilidad. Sin embargo, en la práctica supone que el Gobierno tendrá derecho de veto para decidir sobre cualquier operación empresarial de relieve que se produzca en España de aquí hasta el 30 de junio.

Una puerta para la corrupción
En medio de una crisis económica sin precedentes, y cuando más necesita España que llegue inversión extranjera, el Gobierno no sólo se permite el lujo de imponer una barrera más para la entrada de capitales, sino que se arroga el derecho a decidir sobre todo aquello que considere oportuno. A partir de ahora, por tanto, el empresario extranjero que quiera entrar en España tendrá que pasar antes por Moncloa, verse con la oficina económica de la Presidencia del Gobierno, que depende del todopoderoso Iván Redondo, y tragar con lo que le digan, si es que quiere tener éxito.

Semejante mecanismo de autorización previa es una intromisión en la normal actividad empresarial de una democracia de libre mercado y una puerta demasiado abierta a que se puedan producir todo tipo de corruptelas: la arbitrariedad que permite la norma aprobada es una magnífica invitación para pedir un porcentaje a cambio de la autorización gubernamental. El viejo 3%, por ejemplo.

Pero, aparte de ello, la medida aprobada por el Consejo de Ministros es ilegal, pues el Tratado de la UE prohíbe expresamente cualquier restricción a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre los propios estados miembros. De hecho, esa fue la razón por la que España y algún otro país tuvieron que eliminar hace años la denominada 'golden share', que daba a los gobiernos ese derecho de veto sobre determinadas inversiones extranjeras.

Eso es lo que ha provocado que en Bruselas hayan vuelto a saltar las alarmas estos días, porque nadie se explica cómo es posible que el Gobierno español se meta en un charco tan profundo, y más contando entre sus miembros con personas que han pasado por la capital de la UE y que conocen perfectamente el derecho comunitario, como la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, la de Exteriores, Arancha González, o el de Agricultura, Luis Planas.

A la altura de Hungría
Es verdad que la UE recomendó proteger las empresas estratégicas durante este complicado año, pero sólo de las inversiones procedentes de países terceros y siempre que fueran impulsadas por compañías de titularidad pública. Lo que acaba de hacer España excede esa recomendación por tres motivos: 1) se extiende el veto a las inversiones realizadas por ciudadanos europeos, 2) en vez de limitar la medida a los sectores estratégicos se abre el abanico con expresiones genéricas en las que cabe cualquier operación y 3) la medida se amplía hasta el 30 de junio, tres meses después de la fecha en la que acabará el estado de alarma. Dicen los expertos que sólo hay dos países europeos con medidas tan excesivas: Italia y Hungría.

Esta es la tercera vez este otoño que en Bruselas provoca estupefacción algo aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Las dos primeras fueron la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados para tomar el control del Poder Judicial, que todavía no ha sido retirada, y la publicación en el BOE de la comisión especial que se encargará de vigilar "el pluralismo de los medios de comunicación".

Como contaban este domingo en Vozpópuli Ortín y Zarzalejos, el decreto recién aprobado otorga al Ejecutivo el mayor poder jamás visto en la España democrática en cuanto a inversiones se refiere. Y si a eso añadimos que, como consecuencia de la crisis, el Estado está empezando a tomar el control de empresas en apuros a través de la Sepi: el retroceso del liberalismo en favor del intervencionismo es más que evidente. ¿Se revertirá pronto esta tendencia? En verano lo sabremos, pero, mientras tanto, conviene estar en guardia y con un ojo pendiente del BOE.

¿Para cuándo un impeachment para Sánchez?
“Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya” Paulo Coelho
Miguel Massanet diariosigloxxi 23 Noviembre 2020

No, no se adelanten a recordarme que en España ni en los países europeos si exceptuamos el Reino Unido que tiene una suerte de impeachment que data del Siglo XIV, no hay establecido un procedimiento semejante para destituir al presidente u otros altos cargos de la política. Lo cierto es que esta modalidad o procedimiento para cesar a una figura importante del gobierno o las instituciones existe en aquellos países de modelo presidencialista y ha sido usada en varias ocasiones como en el caso del presidente Nixon, en Norteamérica, que se vio obligado a dimitir a causa de un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de la década de los setenta que, según las crónicas de aquellos tiempos, surgió “a raíz de un robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables causa del famoso escándalo del Watergate”, que acabó con la presidencia del señor Nixon.

En realidad, el hecho de que en América Latina sea corriente el sistema presidencialista propicia esta figura que está vinculada al impeachment del derecho anglosajón y al juicio de residencia del derecho indiano. En España lo más parecido a este proceso de destitución seguramente lo podríamos encontrar en la denominada moción de censura en la Cámara baja o los posibles procedimientos de desafuero iniciados por el poder judicial con el objeto de someter a los aforados al juicio de los tribunales de justicia. Es por eso, por lo que tiene de indefensión para la ciudadanía el hecho de que se vote a un gobierno, presuntamente de carácter democrático, aunque fuere de izquierdas, un gobierno cuyo presidente, el señor Pedro Sánchez se postuló para ser elegido con la promesa de que no pactaría con los comunistas de Podemos y después lo hizo o que respetaría las normas constitucionales y el imperio de la ley democrática y luego hemos podido comprobar que nada de todo ello ha tenido lugar; antes bien, tanto él como todo los miembros de su gobierno se han esmerado en encontrar subterfugios, martingalas, recovecos legales y demás artificios para que, con el método de los hechos consumados, los decretos leyes y el puentear las funciones de las Cortes representativas de la voluntad popular, no solamente ha vulnerado el espíritu de nuestra Carta Magna sino que subrepticiamente ha ido introduciendo leyes netamente favorables a sus intentos totalitarios.

Vean ustedes el caso bochornoso de la nueva ley educativa conocida, para INRI de quién la ha confeccionado e impuesto, sin el apoyo de la mayoría de la comunidad educativa, de las instituciones y, de toda la oposición, que han visto en ella una cacicada de la señora ministra y el traslado al texto de la norma del más puro sectarismo y cerrazón ideológica de quien, más que buscar el interés del alumnado, lo que ha intentado, y al parecer conseguido, es convertir la enseñanza en un lugar de adoctrinamiento, reclutamiento y restricción del pluralismo ideológico y de las libertades de padres y alumnos para que, como dispone nuestra Constitución, puedan elegir libremente el sistema de enseñanza, pública, privada o especial, sin que sea el Estado el que pueda poner impedimento a estas facultades fundamentales que concede nuestra Constitución del 78. Es evidente que este engendro de ley, perpetrado por la ministra Zelaa, contendrá una serie de disposiciones inconstitucionales que, con toda seguridad, cuando sea recurrida ante el TC, que lo será sin duda, van a obligar a quienes la dictaron a rectificar, a modificar y, probablemente, a anular algunos de sus extremos más conflictivos, si es que la legislatura y la realidad misma no obligan al mismo Gobierno a modificarla para adecuarla a la realidad. En todo caso es obvio que el mal que va a causar a una enseñanza descafeinada, con posibilidades de que los alumnos pasen curso con diversas asignaturas suspendidas o dejar al albur de los respectivos profesores aplicar el criterio de quien pasa o quien no puede pasar, lo que puede entenderse como una cuestión discriminatoria ya que, según sea el criterio del profesor, en unas mismas circunstancias, un alumno de una escuela pasará con varios suspensos, mientras que otro de una escuela distinta valorado por otro profesor no podrá pasar curso.

¿Cómo se puede consentir que el presidente del Gobierno de una nación, democrática como es la nuestra o debería serlo, prometa una cosa y luego, sin que hayan cambiado las circunstancia, haga lo contrario? Pues esto es lo que viene haciendo nuestro actual presidente una y otra vez sin que parezca que el pueblo se de cuentas de que se le está ninguneando, engañando, estafando y, lo que todavía se puede considerar más grave, ocultándole las consecuencias gravísimas que, en todos los órdenes de la vida nacional, van a tener las consecuencias de la epidemia del virus Covid 19, junto a las graves equivocaciones y la deficiente administración de los recursos nacionales, por parte de quienes nos gobiernan y las repercusiones negativas, que ya se están notando en nuestras empresas y comercios, en cuanto a sus posibilidades de supervivencia y de estar en condiciones para poder competir con el resto de empresas del resto de Europa que, al parecer, se encuentran en mejores condiciones para poder resistir los embates de la crisis que se avecina.

Cualquiera que revise la prensa diaria, quien tenga un mínimo interés de estar al tanto de lo que ocurre con nuestras empresas y quien sienta curiosidad por el desarrollo de nuestra economía, va a ver que las noticias sobre los resultados de nuestras empresas reflejados en los balances y en sus cuentas de pérdidas y ganancias pueden poner como escarpias los vellos de su cuerpo al ir constatando que, cada día y cada semana, son más numerosas las empresas que tienen graves pérdidas, aquellas que disminuyen sustancialmente sus beneficios en relación anteriores ejercicios, y aquellas que se ven obligadas a convocar concurso de acreedores o, sin más, declararse en quiebra y, ya no digamos en cuanto a los autónomos que, hoy en día, más de 300.000 de ellos permanecen con la persiana bajada por no poder aguantar los efectos de la crisis. Esto no lo cuentan nuestros ministros ni lo menciona el señor Pablo Iglesias y sus compinches. Miles y cientos de miles de puestos de trabajo siguen amenazados por las restricciones que comporta la lucha contra el coronavirus y otros miles se ven enfrentados a tener que acudir a los ERTE y, en su caso, a los ERE, si no se consigue atajar con medidas acertadas, no con el sistema de subsidios y ayudas, con los cuales no se hace más que endeudar al Estado sin que se pongan remedio a los defectos de una economía de tipo intervencionista que nunca ha dado resultados satisfactorios en aquellas naciones que han optado por semejantes mecanismos.

Y no olvidemos en ningún momento que la mayoría de izquierdas que hoy domina nuestras Cortes no tiene ninguna solidez, no forman un grupo homogéneo (si no es ir en contra de la derecha), ya que su coordinación depende de la habilidad del señor Sánchez en ir cediendo a los chantajes de cada una de las formaciones que le están apoyando, simplemente por el miedo que todos tienen de un resurgimiento de las derechas. Pero son demasiados a los que hay que contentar y es evidente en que llegará un momento en el que el Gobierno no pueda acceder a dar más concesiones a los independentistas, más dinero a los del PNV, más incentivos y facultades a las feministas o pagar la gran infraestructura de funcionarios, asesores (ya cuenta, en la actualidad, con 1200 asesores a los que deberá pagar y suponemos que no con el salario mínimo) y enchufados en las empresas públicas, lo que produce que el gasto público resulte insostenible para un Estado que ya ha sobrepasado con creces el 100% del PIB en lo que es su Deuda Pública.

En cualquier otra nación civilizada y democrática el poner en cuestión el uso del idioma oficial en cualquier ámbito que fuere, oficial, privado, en la enseñanza o en cualquier medio de información sería considerado como un delito de lesa majestad. En España, por el contrario se acaba de aprobar una ley en la que se suprime el castellano como lengua oficial en la enseñanza en favor de otros idiomas que son considerados por la Constitución como cooficiales pero siempre subordinados a la lengua oficial de Estado que recordemos: todos tienen la obligación de saber y poder usar en cualquier parte de nuestro país. Y nos preguntamos si en Francia, recordemos su “grandeur” o en Alemania y ya no digamos del Reino Unido alguien se atreviera a cuestionar sus respectivos idiomas o a eliminarlo de la enseñanza o si en dichas naciones la chusma quemara banderas del país.

Imaginemos a cualquier estadounidense quemando la bandera de las franjas y estrellas en público ¿qué les parece que le sucedería? No sería la policía ni el ejército el que se sentiría ofendido sino que los propios conciudadanos serían con toda seguridad, los que tomarían represalias en su contra. En España tanto en Cataluña como en el País Vasco el quemar efigies del Rey y el pisotear y quemar públicamente la bandera nacional se hace con plena impunidad, sin que se considere delito sino, como parece que opinan los jueces, un “ejercicio del derecho de libre expresión”. Y, así nos va.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la impresión de que existen motivos sobrados, diríamos que escandalosamente sobrados y suficientes para que, si tuviéramos el impeachment reconocido en nuestra Constitución habría motivos más que suficientes para que se encausara a todo este Gobierno y, en especial, a nuestro presidente, señor Pedro Sánchez que tenemos por sus actuaciones erróneas, manifiestamente contrarias al espíritu democrático y constitucional que debe presidir las actuaciones de todo gobierno que respete las libertades y el concepto de nación como un ente único, indivisible, solidario, sin privilegios regionales o comunitarios en el que todos estén regidos por las mismas leyes sin excepciones, que garanticen la igualdad de derechos de todos los españoles. Y quiero que recuerden aquella frase de don Emilio Castelar: “La libertad es el instrumento que puso Dios en manos del hombre para que realizase su destino.” ¿De verdad creen que, este Gobierno, nos la va a garantizar?

Así fue la represión frentepopulista en el País Vasco
José Luis Orella larazon 23 Noviembre 2020

En la Guerra Civil, el estudio de la represión en el País Vasco ha sido poco estudiado al no tener la virulencia de otras regiones, como Cataluña o Aragón. Sin embargo, este hecho ha favorecido la imagen de que las provincias costeras (Vizcaya y Guipúzcoa) estuvieron sin sufrir ningún tipo de represión sanguinaria.

En Guipúzcoa la situación después de aplastar la rebelión de los cuárteles de Loyola, fue de un total descontrol a favor de los milicianos del Frente Popular, dueños de la situación. La represión se centrará en dirigentes y miembros de los diversos grupos de la derecha. En su mayor parte carlistas, dirigentes de la URG (monárquicos), DVA (CEDA), y del núcleo de estudiantes falangistas, pero también sospechosos veraneantes de la costa. Estos civiles serán los que alimenten los asesinatos revolucionarios en la provincia. En Fuenterrabía, serán detenidos 140 personas, siendo el fuerte Guadalupe, el tercero en importancia después de la cárcel de Ondarreta (230 detenidos) y el Kursaal (168). En Tolosa, la ciudad del interior, serán 81 personas las detenidas. Los asesinatos masivos serán cometidos principalmente en represalia por los bombardeos de los cruceros nacionales procedentes de El Ferrol. Entre los últimos asesinados en el fuerte de Guadalupe de Fuenterrabía, serán fusilados el 4 de septiembre: Honorio Maura (redactor de ABC), Joaquín Beunza (exdiputado carlista), Leopoldo Matos (ex ministro de trabajo), Félix Churruca (ten.cor. de miqueletes), el conde de Llobregat y Antonio Elósegui (dirigente carlista de Tolosa y dueño de la fábrica de boinas “Elósegui”).

Con respecto a Vizcaya, el 12 de agosto, se formó la Junta de Defensa de Vizcaya, con mayor participación nacionalista que en Guipúzcoa. Pero, en septiembre, las principales competencias pasaron al naciente Gobierno vasco, al ser aprobado el estatuto autonómico por las Cortes. El nacionalista José Antonio Aguirre fue proclamado lehendakari de un gobierno mixto de nacionalistas y republicanos de izquierda.

En Vizcaya, el orden público estuvo asegurado por la ausencia de rebelión. Sin embargo, los muertos por represión fueron en su mayor parte en unos pocos hechos que demostraron la incompetencia del consejero nacionalista de orden público, Telesforo de Monzón. Se calcula en 2.217 detenidos en la cárcel de Larrínaga, y las habilitadas como tales en Casa Galera y los conventos de Ángeles Custodios y Carmelo de Begoña. Por el gran número de presos, también fueron habilitados como prisión, los buques mercantes “Cabo Quilates”, “Altuna Mendi” y “Aránzazu Mendi”.

El 31 de agosto de 1936, Gregorio Balparda de las Herrerias, José Larrucea Lambarri, Javier y Carlos Larrucea Samaniego fueron de los primeros asesinados en el barco “Cabo Quilates”. En el caso de Gregorio Balparda, antiguo alcalde de Bilbao, dirigente del partido liberal progresista y famoso anticlerical, la razón de su asesinato fue el haberse negado a servir de fiscal en los tribunales revolucionarios que condenaban a los derechistas detenidos. Al poco fue detenido y enviado al barco-prisón, donde días después sería asesinado, colgado del cabo de una grúa y sumergido sucesivas veces en el agua hasta morir ahogado.

El 25 de septiembre de 1936, se produciría una de las mayores matanzas al ser asaltados los barcos prisión. En el “Cabo Quilates” se asesinó en la cubierta e incluso se disparó dentro de la bodega, pereciendo 41 presos. En el “Altuna Mendi”, los asesinados fueron 29 en esa ocasión. El 2 de octubre, marineros procedentes del acorazado “Jaime I”, subieron al “Cabo Quilates”, donde dieron rienda suelta a su instinto, matando a otros 38 presos.Sin embargo, la mayor matanza fue realizada el 4 de enero de 1937. Ese día Bilbao sufrío un bombardeo por parte de la Legión Condor, siendo derribado uno de los aviones. De la tripulación, el piloto Adolf Hermann fue materialmente descuartizado por la multitud. La misma que poco después se dirigió al asalto de las prisiones situadas en la ciudad. Durante dos horas, los presos estuvieron a la merced de los asaltantes, las fuerzas de la policía enviada por Telesforo de Monzón, no intervino hasta las 8 de la tarde. Había que evitar una confrontación entre la policía vasca (nacionalista) y la multitud (socialistas y anarquistas). El balance de víctimas ascendió a 224 asesinados, aunque el Gobierno vasco sólo llegó a reconocer oficialmente a 205.

Los muertos fueron: 109 fueron asesinados en los Ángeles Custodios, 53 en la Casa Galera, 56 en Larrínaga y 6 en el Carmelo. Según José Luis de la Granja, quien aportó los datos de un documento hallado en el Archivo de Salamanca (serie Político Social de Madrid, carpeta 175). Se trata del expediente incoado en relación con el asalto de los Ángeles Custodios. En él figuran los nombres y cargos de 48 procesados: 11 guardias del exterior de las prisiones (por abandono de servicio) y 37 milicianos de la 2ª compañía del batallón UGT-7 “Asturias” (por sedición, insubordinación militar, asesinato y robo). Cita también documentos encontrados posteriormente en el citado Archivo (Tribunal Popular de Euzkadi, carpeta 14) en que figuran otros 4 procesados: un funcionario de prisiones, un miliciano del UGT-3 “González Peña”, un miliciano del batallón de Izquierda Republicana “Capitán Casero” y el único encausado anarquista conocido, el capitán del batallón “Malatesta” Román Romaniega. En realidad, éste último era un pseudónimo, siendo su verdadero nombre José Manuel Martínez Novoa. Entre los asesinados se encontraron gran parte de los dirigentes de los partidos de derechas vascos, como Bernardo Elío y Elío, delegado del carlismo para el País Vasco; Juan Olazábal y Ramery, exdiputado a cortes y director del periódico “La Constancia” de San Sebastián; José Luis Zuazola, jefe del requeté de Vizcaya; Jose Antonio Careaga, de Renovación Española; Adolfo Careaga, exalcalde de Bilbao; Juan Ramón González Olaso, exjefe de la Unión Patriótica de Vizcaya; José María Juarista, exdiputado a cortes, y presidente de las juventudes carlistas de Vizcaya; Juan José Prado, exalcalde de San Sebastián; Francisco Javier y José María Arellano Dihinx, hermanos del diputado y dirigente carlista navarro Luis Arellano; Rafael Olazábal, jefe del requete de Bilbao; José María Lezama Leguizamón, delegado del carlismo en Vizcaya; Fernando Ibarra Revilla, marqués de Arriluce y fundador del periódico “El Pueblo Vasco”; Fernando Ibarra Oriol; Emilio Ibarra Zapata, entre otros muchos.

Con la ruptura del frente y la huída precipitada hacia Santander, el 16 de junio de 1937, en Las Arenas (Guecho) se fusiló a otro grupo de presos. Álvaro de Arana, José María Sintes, Rafael María de Zubiría, Pedro de Zubiría, Gabriel de Zubiría y su esposa Ana María de Garnica (embarazada de ocho meses). Un par de días después, en Bilbao, Felipe Abaitua. Por el perfil de los asesinados, muy pocos se encontraban en edad militar. Sin embargo, como se pudo comprobar, la mayoría eran dirigentes activos de los partidos de derechas, a los que se procuró exterminar, especialmente a los carlistas, el grupo de mayor implantación en la zona rural. En cuanto a la repetición de apellidos, algunas familias eran simbólicas de la imagen industrial de Vizcaya, como los Ibarra o los Zubiría. Otro grupo a exterminar fueron los profesionales vinculados con los grupos periodísticos: “La Gaceta del Norte” (Bilbao), “El Pueblo Vasco” (Bilbao) y “La Constancia” (San Sebastián) quienes fueron eliminados sin piedad. Con respecto al clero, aunque no lleguen a las cifras de otras regiones, perecen asesinados, 60 sacerdotes y religiosos, un número significativo para el poco tiempo en que duró la guerra en Vizcaya. Dos tercios de los sacerdotes y religiosos asesinados, lo fueron en los barcos prisión.

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Grandes manifestaciones contra la Ley Celáa
Pablo Sebastián republica 23 Noviembre 2020

Sorprende que grandes medios nacionales, en vez de lanzar editoriales en contra de la Ley Celáa, se hayan dedicado este domingo a hacer entrevistas de propaganda a esta ministra que ha destruido -con el apoyo del PSOE- el uso vehicular de la Lengua Castellana en todo el territorio nacional, amén de dañar la libertad de enseñanza.

La respuesta a la Ministra se la dieron ayer miles de ciudadanos en las calles y en caravanas motorizadas ante la imposibilidad de manifestaciones a pie.

No en vano, lo de prohibir manifestaciones contra el Gobierno era uno si no el principal objetivo de los seis meses de ‘estado de alarma’ que nos impuso Pedro Sánchez, temeroso de una cadena de protestas por la avalancha del paro y la ruina de muchos sectores productivos del país, desde el turismo al comercio, la hostelería y la restauración.

Y preguntamos ¿Qué dicen de la Lengua Castellana estos barones del PSOE que dan pellizcos de monja y se arrodillan ante su líder Sánchez. ¿Dónde se han metido Vara, García Paje, Díaz, Lamban y los demás dirigentes que no se atreven a plantarle cara a Sánchez como debieran?

Pues todo ellos y sus medios de comunicación, como El País, permanecen asustados y escondidos bajo la cama, porque le temen a Sánchez más que a un viejo fantasma y todos están acomodados y a ver venir el paulatino desguace y la destrucción del Régimen de la Transición.

A sabiendas todos que lo de la Lengua Castellana es un pago anticipado a ese partido separatista y golpista que es ERC y con el que Pablo Iglesias, que es ahora el que manda, pretende aprobar los PGE de 2021.

Y a lo que pronto se sumará la reforma del delito de sedición y los indultos a los golpistas condenados y presos, mientras que el ministro de interior no cesa en dar ventajas penitenciarias a los más sanguinarios presos de ETA para que los de Bildu se sumen al festejo de los PGE. Que son lo único que le interesa a Sánchez para mantenerse en el poder hasta el final de esta tan desastrosa legislatura.

La manifestación de la Ley Celáa no servirá para nada, aunque muestra que el nivel de indignación de la sociedad española sube sin cesar. Lo que Pedro Sánchez cree que apaciguará con las vacunas y los fondos de la UE que, ya se verá, no irán ni vendrán tan rápidos como lo pregona, mintiendo otra vez, el Gobierno.

Y que en todo caso no lograrán que las empresas y familias que se han arruinado recuperen lo que han perdido para siempre -como los que han perdido sus vidas que sin cerca de 70.000 españoles- por culpa de un Gobierno incapaz de ofrecer una gestión eficaz y una respuesta solidaria de unidad nacional.

La Ley Celaá moviliza a España como no lo ha hecho ni la pandemia
ESdiario 23 Noviembre 2020

La cacicada de la LOMLOE provoca una multitudinaria respuesta de la gente normal, sin banderas políticas, que abre una vía contra el Gobierno de profundas consecuencias.

Lo que no ha logrado ni la nefasta gestión de la pandemia, puede conseguirlo la Ley Celaá: catalizar la enorme indignación de una parte muy relevante de la sociedad española contra el Gobierno que más fracasa en sus tareas elementales y, a la vez, más impone medidas coercitivas en materia de libertades individuales y colectivas.

Frente a otras protestas estigmatizadas y ridiculizadas como las de los "cayetanos", a los que se adjudicaba una filiación inexistente a VOX; la réplica a la LOMLOE no puede ser señalada de manera tan burda: no hay ningún partido detrás y los afectados son millones de personas de todas las edades, condición y procedencia que se siente invadidas en su espacio más íntimo.

Porque eso es la ley de Sánchez, la octava de la democracia: una imposición unilateral y antisocial de un modelo liberticida que ataca a la escuela concertada, denigra la educación especial, consagra la pereza y excluye al español de las aulas allá donde la lengua se utiliza como herramienta de confrontación con España.

El 25% de los alumnos españoles acude a un modelo educativo que no solo es complementario con el netamente público, sino que libera al Estado de soportar más de 3.000 millones de euros anuales y permite que el sistema disponga, por tanto, de más recursos para el conjunto de la sociedad. Entre otras cosas, porque a la disminución del coste de esos estudiantes para el erario, se le añade el pago de impuestos de sus padres para mantener el Estado de Bienestar.

No existe razón económica, pedagógica ni social que explique el ataque a la concertada, creada en su día por el PSOE y utilizada por buena parte de los actuales gobernantes, incluido el propio Pedro Sánchez. La única explicación es ideológica, pues, y nace del mismo impulso que otras propuestas sectarias de un Gobierno incapaz de atender los verdaderos problemas de España pero dispuesto a desviar la atención siempre excavando trincheras inaceptables.

Porque la Ley Celaá surge del mismo ánimo censor que el asalto al Poder Judicial, los pactos con Bildu, el Ministerio de la Verdad, la memoria histórica de parte, la eutanasia, la sexualidad y tantas otras medidas destinadas a imponer un canon ideológico desde el maniqueísmo y la confrontación.

La masiva y sincera reacción de los afectados, que incluye a miles de trabajadores también, puede encauzar y simbolizar tantas otras que no han prosperado por las circunstancias especiales del país. Y derribar el muro que, entre confinamientos y restricciones, ha levantado el Gobierno para tapar una evidencia: la media España a la que desprecia está cansada. Y empieza a demostrarlo.

Para que nadie se quede atrás
Agustín García okdiario 23 Noviembre 2020

Leo en varios medios que España será el único país de Europa que subirá impuestos, que, con la que está cayendo, han subido la cuota de autónomos, y que seremos el país con menos ayudas frente a la pandemia por PIB.

Qué desastre, nos vamos al precipicio, pienso; pero enseguida oigo a Sánchez decir eso de que este Gobierno no va a dejar a nadie atrás y ya me tranquilizo. Yo ya me lo creo, y si ustedes no, lean, lean.

De momento, para que sus amigos no se queden atrás les ha buscado trabajos cienmileuristas y a su mujer una cátedra ni más ni menos. Y como el gobierno es muy grande han contratado a dedo a 1.200 asesores. Nunca ha habido tantos y doblan el presupuesto, pero lo importante es que los amigos de los amigos no se queden atrás. Ni siquiera por carretera, que para eso gastarán 100 millones en coches oficiales.

Tampoco se quedará atrás el vice, que para eso ha cambiado las normas de retribuciones del partido; que el jardín, la depuradora y los niños son mucho gasto y eso no lo sabía. Se entiende. Y si la de Sánchez dirige una cátedra, la del vice es ministra. Eso sí que es no quedarse atrás.

Y menos aún se van a quedar atrás los amigos de quienes dejaron un rastro de huérfanos y viudas. Sánchez los ha integrado “en la dirección del Estado”; normalidad democrática, nos dice Adriana Lastra.

Y hablando de Lastra, ya no se van a quedar sin título escolar los que suspendan, ha dicho Celaá. Ni tampoco van a dejar atrás a tantos niños cuyos padres podían elegir colegio. Ahora, los nuevos inspectores nombrados a dedo (otra vez lo del dedo, ¡cuánto les gusta!) elegirán por esos padres, no vayan a equivocarse.

Solo se quedarán atrás los hijos de los ricos, pobrecillos, ellos podrán seguir eligiendo y los inspectores no podrán salvarles de su error. Gracias Celaá, menos mal.

Y para no quedarse atrás, tampoco debemos mirar atrás, no vaya a ser que alguno cuestione cómo ha hecho las cosas este gobierno que tanto nos cuida. Por eso es mejor ocultar al Parlamento los protocolos e informes habidos antes de la pandemia y tantas otras cosas. La Ley de transparencia sí que se ha quedado atrás.

Además, si miramos atrás, que sea a lo grande, 80 años por lo menos. que para refrescarnos la Memoria Carmen Calvo tendrá 11 millones de euros. Ni Franco se va a quedar atrás.

Ya lo ven, ni Franco, ni esposas, amiguetes, golpistas o filoetarras se van a quedar atrás. Quizá miles de autónomos cierren la persiana para siempre, los inversores huyan y se llenen las oficinas del paro, pero lo importante es que usted se crea que nadie se queda atrás.

Y por si alguien aún no se lo cree ahí están, para convencernos de nadie se queda atrás, RTVE y el CIS, donde tampoco veremos al PSOE quedarse atrás en las encuestas, eso jamás.

Educación con minúsculas
ENRIQUE OSSORIO El Mundo  23 Noviembre 2020

Los alumnos de nuestro sistema educativo tienen una ventaja indiscutible frente a los de otros muchos países al aprender y estudiar en un lenguaje tan rico como el español. Nuestra lengua vehicular es el tercer idioma más hablado del planeta, lo que permite a nuestros estudiantes eliminar fronteras en un mundo cada vez más global. Esta ventaja comparativa era cierta hasta hoy, pero el gobierno de la nación ha decidido, de forma irracional, eliminar este extraordinario idioma como lengua vehicular de nuestro sistema educativo. Con la Ley Celaá se consagra una situación absurda que ha venido ocurriendo en algunos territorios de nuestro país, donde el modelo educativo de inmersión lingüística sepultó el español en favor de las lenguas cooficiales; una anomalía que la LOMCE quiso revertir pero que ahora el PSOE pretende perpetuar e incrementar para contentar a sus amistades peligrosas. En paralelo, y también para socavar la unidad de España, el proyecto normativo de Sánchez e Iglesias pretende acabar con el sistema educativo único y, para ello, quieren desmembrarlo en diecisiete partes, rebajar el nivel de la inspección educativa y anular la alta inspección.

Tras esta triste hazaña, la segunda línea estratégica de la Ley Celaá consiste en menospreciar a las familias de diversas formas. En primer lugar, mediante la extensión de la mediocridad entre el alumnado, elevando a los altares los suspensos y los aprobados generales e ignorando que cuando los padres llevan a su hijo a un centro educativo quieren que reciba una educación de calidad. En segundo, porque las familias tienen, además de la obligación de educar a sus hijos, el derecho a elegir el tipo de educación, y la LOMLOE quiere reducir esa libertad dando el máximo poder a las Administraciones Públicas en la escolarización, poniendo trabas a la concertada y eliminando la Educación Especial.

Ante esta triste realidad, la maquinaria del Gobierno y sus terminales mediáticos están poniendo su empeño en "blanquear" estos aspectos de la Ley Celaá, porque les avergüenzan, mientras la norma sigue su frenética tramitación parlamentaria, salpicada por continuas concesiones a los partidos del conglomerado Frankenstein: Podemos, ERC y Bildu. Pero, aunque se esfuerzan, no pueden ocultar que la Comisión Europea ya ha dado un importante "tirón de orejas" al Gobierno al afirmar que esta reforma educativa carece de consenso político y social y que, por eso, duda de que tenga éxito en el futuro.

Otro de los aspectos que ha escandalizado a las familias, y que no hay forma de esconder, es la delirante idea de acabar con los centros de educación especial, con la excusa de una pretendida educación inclusiva. No puede haber mayor inclusión que esforzarnos para que los alumnos con necesidades específicas del aprendizaje desarrollen al máximo sus capacidades mediante sistemas individualizados de enseñanza. En la Comunidad de Madrid, el 91,7% de estos alumnos están escolarizados en centros educativos ordinarios y sólo el 8,3%, aquellos cuyas necesidades no se pueden atender en los centros ordinarios, se encuentran en los centros de educación especial. Esto es la verdadera educación inclusiva, no nos engañemos. Gobernando el PSOE en España, se aprobó el Real Decreto 334/85 del 6 de marzo, de Ordenación de la Educación Especial, cuya conceptualización y pautas de actuación han sido el punto de partida de toda la legislación que después se ha dado en materia de integración escolar. Solo la deriva radical de esa formación política, que ahora están en las manos de Pedro Sánchez y sus peculiares socios, pueden explicar semejante cambio de opinión.

La otra polémica que la izquierda quiere ocultar es el ataque a la escuela concertada, objetivo para el que se introducen cambios sustanciales en su regulación para que esta red educativa, tan valorada por las familias, se convierta en subsidiaria de la pública y si es posible eliminarla. Justifica este propósito el Gobierno Socialista tratando de convertir en realidad lo que solo es un mantra trasnochado, la idea de que en los colegios concertados se impide el acceso de niños sin recursos. Todos sabemos que es falso, en Madrid no se impide el acceso a alumno alguno a cualquier centro educativo gracias a la libertad de elección y al distrito único, que permite que las familias puedan escolarizar a sus hijos fuera del barrio donde residen, algo que la Ley Celaá quiere eliminar, obligándolas a matricularles en función de su distrito postal. Los datos son tozudos, y es una evidencia que hay más plazas concertadas que públicas en barrios con una menor renta per cápita como Usera, Carabanchel, Puente de Vallecas, Latina o Moratalaz. Es más, la realidad es que esto se repite en 14 de los 21 distritos de la capital.

La Comunidad de Madrid defiende un sistema en el que convivan los tres modelos de educación, pública, privada y concertada, y en la que el concepto de demanda social, que quiere suprimir la Ley Celaá, se respete en aras de garantizar la libertad de elección de los padres. Gracias a ello, en Madrid, el 94% de las familias lleva a sus hijos al centro que eligió en primera opción, independientemente de donde residan.

En definitiva, la Ley educativa que quiere imponer el Gobierno de Sánchez e Iglesias es un engendro ideológico, que no respeta la libertad de elección, la voluntad de las familias, ni la opinión de todos los actores del sector. Es una norma que empobrece intelectualmente e iguala por abajo, margina nuestro idioma, huye de la cultura del esfuerzo y solo persigue contentar a una parte de la clase política, dentro de la cual están aquellos que quieren dinamitar el régimen del 78, la concordia y la unidad. Sin duda, estamos ante una ley muy dañina y sectaria que promueve, desgraciadamente, una educación con minúsculas.

*Enrique Ossorioes Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid.

Prisa y el combate por las libertades
Jesús Cacho. vozpopuli  23 Noviembre 2020

“Polanco es un poder fáctico pluridimensional, equivalente a lo que en épocas pretéritas representaron, juntos o por separado, la Iglesia, la banca o el Ejército (...) Cualquier españolito puede educarse con los libros de texto de Santillana, bailar al ritmo de Los 40 principales, estar informado leyendo El País o escuchando la SER, invertir su dinero con la ayuda de Cinco Días, seguir los avatares de su equipo con el diario As, aficionarse a la literatura con los libros de Alfaguara, salir de viaje con las guías El País-Aguilar, tomarse unas vacaciones en los hoteles de la Cadena Tropical, regalar discos comprados en Crisol, animarse los viernes noche con el porno de Canal Plus o ver una película producida por Sogetec en uno de los multicines de Lusomundo. En España es posible cruzar desde la infancia hasta al senectud sin abandonar un solo día la senda marcada por Jesús del Gran Poder Polanco Gutiérrez. Un poder ciertamente formidable. Y una capacidad no menos vigorosa para moldear el pensamiento de millones de españoles”. El párrafo transcrito pertenece al capítulo 3 de 'El negocio de la libertad', editorial Foca (1998), y resume ajustadamente la importancia que el imperio mediático creado por Polanco ha tenido en los últimos 40 años de vida española.

Un imperio cuya importancia terminaría rebasando con mucho a su creador, porque, incluso en la época del esplendor en la yerba del editor, Prisa fue y ha sido siempre mucho más que Jesús Polanco. Prisa, en efecto, ha sido Polanco y lo más granado del capitalismo patrio. Prisa ha sido los Botín, los March, los Ybarra, los Albertos, los Fainé, los Isidoros, los Florentinos… no pocos de los cuales se sentaron en su consejo de administración. Ellos y el conjunto de intereses que se mueve en su derredor. Si a ello añadimos la especialísima relación que siempre ha unido al grupo con el PSOE, llegaremos a la conclusión de que Prisa ha sido la quintaesencia del Sistema, la columna vertebral del Régimen del 78: la banca, las grandes fortunas, la Corona perfectamente acoplada con el socialismo, el PP, el PSOE, la derecha nacionalista en Cataluña y País Vasco y naturalmente el único poder fáctico que realmente ha existido en las últimas cuatro décadas: el Grupo Prisa de Jesús Polanco. Un sistema que ha pivotado en torno a un eje formado, de abajo arriba, por Polanco, Felipe González y Juan Carlos I. El trío que hizo de la libertad un negocio, además de un estilo de vida ligado a una serie de valores que, con el paso del tiempo, se fueron diluyendo en el ácido de una corrupción galopante.

En realidad, a Prisa solo le faltó durante la Transición contar con una funeraria para poder decir que era muy capaz de monitorizar la vida de cualquier ciudadano desde la cuna a la tumba. No la habrá tenido, pero el grupo ha pretendido enterrar a mucha gente en vida, ha “matado” civilmente a muchos que se resistieron al rodillo de un grupo (“el que me echa un pulso lo pierde”, “en este país no hay cojones para negarme a mí una televisión”) fuera del cual parecía no haber vida inteligente. La llegada a Moncloa de José María Aznar en 1996 supuso un choque de difícil digestión para un Polanco, falangista en su juventud, convencido de que el PP era “franquismo puro y duro”, que se convertiría en la única oposición real al Gobierno de la derecha. Los miedos del editor terminaron siendo infundados, porque Aznar no había venido dispuesto a levantar ninguna alfombra y mucho menos a abordar el saneamiento radical de unas instituciones ya entonces muy tocadas por la corrupción felipista. Lo del PP fue puro continuismo o la vuelta al sistema del “turno”, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, y a vivir que son dos días chupando tutti insieme del erario público.

De aquel gran grupo que, como el III Reich, iba a durar mil años, no quedan a estas alturas más que las raspas. El responsable de tan espectacular deriva tiene nombre y apellido, Juan Luis Cebrián, uno de los indiscutibles protagonistas de la Transición, un franquista, el último, convertido en demócrata, el primero en cuanto venteó el final del franquismo, que a la muerte del editor, julio de 2007, se hizo con las riendas del negocio como consejero delegado bajo la presidencia, puramente nominal, de Ignacio Polanco, que es sabido que el mayor problema de la empresa familiar suele ser la familia. Como mandamás del grupo, la academia sueca premió a Cebrián con el Nobel de Economía y Finanzas cuando, a finales de 2007, con la burbuja de las subprime a punto de estallar en EEUU, decidió lanzar una OPA sobre el 100% de Sogecable con la acción en máximos históricos, una decisión que catapultó la deuda del grupo por encima de los 5.000 millones, poniendo en grave riesgo su sostenibilidad. Los 28 euros por acción ofrecidos equivalían a un PER de 62 veces los beneficios de 2007. Una auténtica barbaridad teniendo en cuenta que el PER histórico de la Bolsa española ronda 14 veces los beneficios. A partir de entonces todo han sido miserias para el grupo.

Tarde de copas en el Arahy
Lo que no ha cambiado un milímetro ha sido la servidumbre del imperio hacia el Partido Socialista o viceversa, porque nunca se ha sabido bien la naturaleza de las relaciones entre Prisa y el PSOE, quién es el verdadero capo de quién. La era Aznar pasó como pasan las glorias de este mundo, aunque esta vez con un baño de sangre. La venganza, ese plato que se sirve frío, llegó para Prisa con ocasión de los atentados del 11-M (2004): un Pérez Rubalcaba exigiendo “un presidente que no mienta” y una SER dando pelos y señales del terrorista hallado muerto en los trenes “con tres capas de calzoncillos”. Aquel audaz golpe de mano provocó un terremoto electoral que tres días más tarde auparía a la presidencia a Rodríguez Zapatero tras unas elecciones que tenía ganadas Mariano Rajoy. Triunfador en las generales del 20-N de 2011, el de Pontevedra, uno de los personajes más lamentables, por vago y pusilánime, que han desfilado por la derecha española, se apresuró a devolver el favor rescatando a Prisa de la quiebra, Soraya al aparato, mediante la capitalización de gran parte de la deuda que el grupo mantenía con la banca, al punto de que, en la última década, Santander, Caixabank y Telefónica han sido los arbotantes que han sostenido ese tambaleante edificio. Mariano y Soraya hicieron más: contribuyeron decisivamente a crear el duopolio televisivo de Atresmedia y Mediaset, hoy fervorosamente entregado a la causa del sanchismo, alimentaron en La Sexta al monstruo que es hoy Podemos y terminaron regalando la presidencia a Pedro Sánchez tras una tarde-noche loca de copas en el restaurante Arahy.

Curiosamente, tales avatares coincidieron con la etapa más centrada del grupo y de su estandarte, El País, bajo la dirección de Antonio Caño, cuyo posicionamiento editorial resultó capital para superar el envite que el separatismo planteó al Estado en octubre de 2017 a cuenta del procés, incluida la implantación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, una oportunidad inmediatamente después malgastada por el mendaz Rajoy. Todo se vino abajo con el golpe de mano auspiciado en la calle Miguel Yuste, junio de 2018, por un Pedro Sánchez que se acababa de hacer con la presidencia del Gobierno con la ayuda de los enemigos de la nación de ciudadanos libres e iguales. Pedro y su banda. Con el aliento del ala más radical de la redacción, capitaneada por Sol Gallego–Díaz y Joaquín Estefanía, Sánchez se vengaba de aquellos tremendos editoriales que Caño le había dedicado en el otoño de 2016, cuando el sujeto resultó despedido de Ferraz con una patada en el culo: “Sánchez ha resultado no ser un dirigente cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir el partido que con tanto desacierto ha dirigido antes que reconocer su enorme fracaso”, editorial 'Salvar al PSOE. El cese inevitable y legítimo de Pedro Sánchez es la única salida para el partido'. Todo el equipo de Caño, entre ellos Álvaro Nieto, director adjunto de Vozpópuli, fue fusilado al amanecer del 11 de junio de 2018, incluido un Pérez Rubalcaba, toda una institución en la casa, que durante años había formado parte del Comité Editorial.

Con El País convertido en un panfleto al servicio del “insensato sin escrúpulos” y su proyecto totalitario, nada ha cambiado, sin embargo, en la cuesta abajo por la que se desliza un grupo financieramente quebrado (182,3 millones perdidos en 2019, menos, en todo caso, que los 269,3 de 2018) y artificialmente sostenido por sus acreedores bancarios. El pasado 19 de octubre, la sociedad anunció la venta de la parte española de Santillana por 465 millones, así como la refinanciación de 1.148 millones de deuda con vencimiento a marzo de 2025 y coste medio del 7% durante la vida del contrato. La operación permite al consejero delegado, Manuel Mirat, contar con gasolina para abordar la separación de las actividades de la compañía en dos grupos, Educación y Media. La parte del león estará en el negocio latinoamericano de Santillana, el único operador global de educación presente en todos los países del subcontinente, incluido Brasil, con 30 millones de alumnos en 22 países. La pata pobre será el negocio de Media, con El País y la SER como estrellas menguantes. Una segregación que hay que entender como una declaración de intenciones de la gerencia: el deseo de poner a la venta los activos de medios (Prisa Noticias, editora de El País entre otras cabeceras, registró un ebitda negativo de 17 millones a 30 de septiembre, cifra que era de 6,2 millones negativos en Prisa Radio).

En esto ha quedado el gran imperio creado en su día por Jesús Polanco, perfecto paradigma de la aventura vital recorrida por España tras la muerte de Franco. El régimen del 78 y el grupo Prisa nacieron a la vez, a la vez se fueron pudriendo con la corrupción dineraria y la otra, las más peligrosa, la más letal, la de los valores, y ambos han llegado hasta aquí arrastrando sus miserias en un paralelismo aterrador por esta España que se cae a pedazos. Antes de que la compañía lleve a cabo el split anunciado y aclare qué parte de la deuda corresponde a cada una de las divisiones del negocio, el antiguo empresario lechero asturiano y hoy perejil en todas las salsas que se cocinan en la capital, Blas Herrero, lanzó esta semana una oferta por los activos editoriales del grupo por importe de 200 millones que este viernes fue rechazada de plano por su Consejo. Un ridículo histórico o quizá no tanto, porque el lechero podría haber sido la liebre lanzada por algún listo para fijar precio, al menos precio mínimo, aunque hay quien lo reduce todo al intento del aludido, que había pasado por el despacho de Iván Redondo en Moncloa, de hacer un favor a Sánchez. Con una capacidad para generar cash muy limitada, el negocio de los media es hoy apenas terreno abonado para pillos, oportunistas y cazadores de recompensas, además de especialistas en tráfico de influencias, más o menos en la estela de un Polanco que nunca fue un editor vocacional –algo de lo que siempre ha carecido nuestro país-, sino un hombre dispuesto a hacer negocios variopintos a la sombra de los ricos del lugar y a rebufo de la importancia creciente –y del miedo que inspiraba entre el patriciado- de su “cañón Bertha”.

Batalla por la supervivencia
En la crítica situación por la que atraviesa España, con un presidente decidido a gobernar para media España con el respaldo parlamentario de grupos y partidos empeñados en la ruptura de la nación (aterrador el vídeo de Arnaldo Otegui que ayer circuló por redes sociales: “Los independentistas vascos y vascas estamos dispuestos a colaborar en la democratización del Estado (…) pero ese proceso no se va a dar (…) por eso le quiero pedir a esos sectores que hoy articulan la nueva izquierda que sean honestos (…) y el día que se demuestre que esa democratización es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes (…) porque para que algún día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar antes rota”), el control de El País –que sigue siendo el diario más influyente en español- y de la SER, con su potente red de emisoras, se antoja pieza clave en la batalla política que se avecina por la supervivencia de la nación. Y en la actual correlación de fuerzas, esa pieza jamás se le escapará a Pedro y su banda; en modo alguno Pedro & Pablo (que piensa lo mismo que Otegui en lo que a la España “roja y rota” atañe) permitirán que esos medios viren hacia el constitucionalismo y la pluralidad democrática.

Hace tiempo que se viene hablando de una operación patrocinada por Redondo, el Rasputín de Moncloa, dirigida a concitar una oferta por El País y la SER que estaría comandada por José Miguel Contreras y sus amigos (lanzados en su día al estrellato por Zapatero), con dinero de un fondo de inversión que les permitiría comprar los paquetes de Telefónica (9%), Santander (4%) y el fondo Amber del armenio Joseph Oughourlian (29%), una solución que contaría con las bendiciones del soviet periodístico que controla la redacción de El País. Miel sobre hojuelas. Intrascendente en términos económico-financieros, lo que ocurra con los medios de Prisa será, sin embargo, asunto de la mayor importancia política con vistas al resultado de esa partida a cara de perro en la que España se va a jugar su supervivencia entre las naciones libres del mundo. Lo acaba de decir Emmanuel Macron, implicado en otra dura guerra, esta contra el islamismo radical, en una larga entrevista concedida a Le grand continent: “El combate de nuestra generación en Europa será un combate por nuestras libertades”. Un combate que en España ya estamos librando y que vamos perdiendo por goleada.

PSOE y Bildu: de la justificación al piropo
Editorial Estrella Digital 23 Noviembre 2020

Ni será la primera ni la última política entregada, a destiempo, a justificar lo injustificable. La vida pública, por desgracia en España, está repleta de esa clase de ejemplos: “donde dije digo, digo Diego”.

Aún más deleznable: no es que tal o cual dirigente esté acostumbrado a desdecirse, a propinarse patéticamente un ‘autozasca’ y, por tanto, a reducir a escombros el valor de su palabra. Es que con cada añadido impertinente hay representantes de todos los ciudadanos que empeoran lo que, en su torpeza y sus carencias, pretendían malamente arreglar.

Es un fenómeno que hemos padecido en las últimas horas en el verbo de la hasta ahora semi-desconocida parlamentaria del PSOE, Carmen Baños. ¡Y vaya forma de irrumpir en la escena!

Dice su señoría que “los diputados de Bildu son personas maravillosas”. Y el resto sin percatarnos en nuestra miopía. Probablemente si ETA hubiese asesinado o amenazado a alguno de los familiares de la señora Baños, el concepto que tendría de los proetarras sería bien distinto, incluso opuesto. Porque lo que no parece haber bastado, ni a ella ni a muchos de sus correligionarios, es que la organización terrorista haya acabado con las vidas de numerosos socialistas, arruinando el futuro y destruyendo por completo a sus familias, como a tantos y tantos compatriotas.

Ya constituía de por sí la quintaesencia de la insensibilidad que el primer partido del gobierno se entregara a argumentar una alianza tan bajuna con unos individuos cuya talla ética sigue estando en el subsuelo. Pero es de aurora boreal, deprimente, que haya políticos que -por mantener la poltrona, pisando principios y valores- pretendan hacer comulgar a los españoles con ruedas de molino.

Está el país para pocas bromas, y desde luego, no pare que el pueblo llano se deje groseramente engatusar con gratuitas y vomitivas ‘reflexiones’.

Pedro Sánchez, el bombero pirómano que lo incendia todo y luego saca la manguera
El Azotador esdiario  23 Noviembre 2020

Al presidente solo le parece "fatal" que se homenajee a etarras, pero está encantado de pactar con sus amigos lo que haga falta. Ése es el retrato del inquilino de Moncloa.

Cualquiera que escuchara el domingo a Pedro Sánchez se diría que el G20 lo había organizado él. Que la vacuna la había inventado él y que, gracias a él, todos los males del mundo iban a tener antídoto: sea la pandemia sanitaria o la crisis económica, el discurso del pirómano ejerciendo de bombero fue, una vez más, legendario.

Es muy difícil encontrar un caso similar en todo el mundo de un dirigente que mienta tanto, durante tanto tiempo y con menos pudor que Sánchez. Ha encontrado la fórmula perfecta para soltar las mayores trolas sin miedo a las consecuencias: cuando una empieza a indignar… suelta otra más gorda. Y cuando ésta queda en evidencia, suelta otra todavía peor….

En su “Aló Presidente” dominical tras la reunión del G20 en Argentina dio una clase magistral de esa combinación de falacias, falta de escrúpulos y arrogancia que le caracteriza. Para empezar se negó a explicar sus pactos con Bildu.

El impactante lapsus de Pedro Sánchez desde Moncloa: "Congreso de los Dicta..."

Todo lo más dijo que le parecían “fatal” los homenajes a etarras. Hombre, “fatal” es que te suspendan una comida. O que te deje la novia. O perder el tren. Que te asocies con los tíos que reciben en sus pueblos como héroes a los asesinos de Blanco, Ordóñez o Múgica está algo peor que “fatal”.

Es una vergüenza. Un presidente decente no pactaría con los organizadores de la fiesta. Un presidente decente no ignoraría los avisos del Parlamento Europeo contra estas humillaciones a las víctimas. Y un presidente decente no tendría la caradura, a la vez, de homenajear en su aniversario a Ernest Lluch mientras se mete en la cama con los amigos de sus asesinos.

A Sánchez solo le parece "fatal" que se homenajee a etarras, pero no pactar con sus aliados de toda la vida

Y para terminar, Sánchez denigró ayer a la oposición y sacó pecho por tener a punto unos desastrosos presupuestos gracias a 198 diputados. Y presumió de representar a la mayoría que han querido los españoles. Y esto es otra “fake news”. Él se presentó a las Elecciones y pidió el voto comprometiéndose a no pactar ni con Podemos ni con ERC ni desde luego con Bildu.

Los españoles no han votado eso. Aunque a Sánchez le da exactamente igual. Si él tuviera que pactar con el Estrangulador de Boston, lo haría y afirmaría que da unos masajes estupendos en el cuello. Quizá por eso le traicionó el subconsciente y se le escapó la única frase cierta de todo su discurso, ésa en la que se vanaglorió de tener controlado el “Congreso de los Dicta…”.

Todos sabemos terminar su frase, presidente.
 


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