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Por una estrategia de victoria
Pedro de Tena Libertad Digital
23 Noviembre 2020
Si algo nos ha demostrado la historia reciente es que la izquierda y
el separatismo no respetarán jamás las reglas constitucionales de
juego, como no respetaron las reglas republicanas de juego sin
importarles si su conducta llevaba o no a una Guerra Civil. Unos no
querían ni quieren ninguna España y otros sólo querían y quieren una
España roja, aunque sea rota, impuesta a la otra España, la que
creyó en la transición y en la convivencia democrática. En este
propósito ya evidente, cuentan, unos y otros, con ayudas
internacionales e incluso oscuros apoyos en el seno de la Unión
Europea. ¿A quién interesa una España rota y roja, por qué y para
qué? Sólo se ven los síntomas y las tácticas, pero la estrategia de
ruptura del consenso constitucional es y quiere ser invisible.
Los últimos acontecimientos no hacen más que reforzar esta
sensación, que va mutándose en certeza insistente. La ocupación del
aparato del Estado, de la educación y de las lenguas, de la sanidad
(aprovechando una catástrofe, como es habitual), de los medios de
comunicación esenciales y la cooperación de los pilares básicos del
poder económico y las redes sociales, por dejarlo aquí, permiten
vislumbrar esa estrategia.
Ya es evidente para todo el que no siga obcecado en negar los hechos
más contundentes que la izquierda socialcomunista y el separatismo
no respetarán la democracia más que como trampolín para conseguir
sus objetivos y que la desnaturalizarán, falsificarán, pervertirán y
traicionarán cuando no sirva a sus propósitos. Nada nuevo. Siempre
fue así doctrinalmente en el marxismo. Llegó a su zénit durante el
marxismo leninismo, trotskismo, estalinismo, castrismo y maoísmo y,
paralelamente, llegó a máximos con los nacionalismos de corte
racista, fascista o nazi. El PSOE pudo ser sinceramente
socialdemócrata, pero no quiso.
Sean cuales sean las razones que están conduciendo a la vuelta del
totalitarismo, si las inconsecuencias, enfermizas partidocracias y
corrupciones de una democracia escasamente liberal, si la convicción
del capitalismo global de que será más fuerte sin naciones y aliado
con dictaduras como en China y Rusia (con Franco vivió mejor) o si
la desorientación de individuos y familias ante poderes inabarcables
e incontrolables, lo cierto es que aquello de “ganar mucho dinero,
tener ejércitos para defenderlo e iglesias bendiciéndolo todo”, que
decía Walter Cronkite, seguirá cumpliéndose. Ahora, con los
socialcomunistas y separatistas en el consejo de administración de
gobiernos convivientes con el capitalismo supraestatal.
Puede creerse que es mejor fertilizar una supuesta “tercera España”,
la España centrista, la España “moderada y modernizadora” se ha
dicho. Pero, ¿dónde está el centro entre la verdad y la mentira,
entre la dominación y la libertad, entre la nación y el
desmembramiento? Creo que lo que hay realmente es una estrategia en
marcha de disolución nacional y democrática que ejecuta
aceleradamente el actual gobierno socialcomunista ayudado por los
separatismos. A ello hay que oponer un frente democrático y
constitucional. No queda otra.
Pero, ¿dónde está el proyecto común que nutra la estrategia de
victoria de los defensores de España como unidad nacional y de la
Constitución? ¿Dónde está la estrategia de los defensores de la
democracia, de las libertades, de la veracidad y del respeto a las
personas y familias? No existe. Sólo hay un desierto político y
moral donde la división se acentúa, la resignación crece y la
rendición económica y social tienta cada vez a más ciudadanos.
Necesitamos convicción, unidad, rebeldía y defensa de lo mejor que
ha ocurrido en España desde las Cortes de Cádiz, con las reformas
constitucionales necesarias para que los totalitarios no se cuelen
de nuevo por las rendijas. Eso exige una estrategia general, una
dirección y, para todos sin excepción, una cesión de parte de la
libertad personal en aras de una organización que conduzca al fin
deseado: el restablecimiento de un proyecto democrático para España.
O eso, o adiós, España, adiós.
Clamor ciudadano contra la infame ley Celáa
EDITORIAL Libertad Digital
23 Noviembre 2020
Sánchez prosigue con esta ley su labor de demolición y la obligación
de la oposición es evitarlo utilizando todos los medios legítimos a
su alcance.
La reforma educativa aprobada el pasado jueves por el Ejecutivo
socialcomunista constituye un ataque sin precedentes al derecho
constitucional de los padres a elegir el tipo de educación de sus
hijos. La ley pergeñada por PSOE y Podemos acaba con los centros de
educación especial, socava gravemente el actual régimen de
conciertos educativos y, en una nueva genuflexión ante sus socios
separatistas, pone en bandeja a las comunidades con lengua propia
erradicar el español como lengua vehicular de la enseñanza.
Ninguna ley de educación desde 1970, y se han aprobado nada menos
que ocho, fue tan lesiva para la enseñanza española como lo va a ser
esta norma elaborada por el gabinete de la infausta Isabel Celáa,
una dirigente socialista que, como la práctica totalidad de sus
conmilitones, educó a sus hijos en colegios privados como los que
ahora pretende erradicar.
En respuesta a esta nueva reforma legal, aprobada sin debate público
y sin opción a que los sectores involucrados manifestaran su
criterio, las asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos
y demás colectivos del mundo de la educación se manifestaron ayer en
más de 30 capitales para mostrar su más firme rechazo a esta LOMLOE
que los socialcomunistas pretenden imponer a sangre y fuego. El lema
muy elocuente de esta movilización ha sido “Por el derecho a elegir
la educación que queremos”, una prerrogativa de todos los ciudadanos
recogida en nuestra Constitución, que los partidos que pretenden
abiertamente acabar con nuestro régimen de libertades pretenden
eliminar con una ley profundamente sectaria.
Pero el entreguismo de Sánchez e Iglesias a las comunidades con
gobiernos separatistas, a los que faculta para mangonear esta ley en
su provecho, encierra a su vez una oportunidad para poner a salvo de
este engendro liberticida a la población residente en las autonomías
gobernadas por el centro-derecha. Así lo han entendido los
principales partidos de la oposición, que ayer se sumaron a las
manifestaciones de protesta convocadas en toda España, y cuyos
dirigentes autonómicos ya estudian las diferentes vías para dejar
sin efecto los aspectos más lesivos de esta reforma unilateral
socialcomunista.
Sánchez prosigue con esta ley su labor de demolición para lograr un
cambio de régimen y la obligación de la oposición leal a España y su
Constitución es evitarlo utilizando todos los medios legítimos a su
alcance. No solo en los territorios donde gobierna, sino también y
muy especialmente en las autonomías en manos de la izquierda y el
separatismo, donde el desarrollo de esta ley amenaza con socavar aún
más los derechos de las familias que no pueden pagar a sus hijos una
educación privada de élite como hacen unos y otros.
Educación especial
Emilio Campmany Libertad Digital
23 Noviembre 2020
Aparte la prohibición de estudiar en español en Cataluña, el
disparate más grande de la ley Celaá es la desaparición de la
educación especial del sistema de enseñanza pública. Lo del español
en Cataluña ocurre en la práctica desde hace decenios y la norma de
la ministra ignara no hará más que certificarlo, pero en la práctica
significará poco. En cambio, la agresión a la educación especial es
un atentado repentino a uno de los aspectos más gratificantes de
nuestro Estado de bienestar. Un hijo discapacitado puede ser para su
familia una bendición. De hecho, lo es en muchos casos. Pero eso no
quita para que exija de abuelos, padres y hermanos una entrega muy
superior a la normal. En nuestra sociedad, donde el Estado se
incauta de casi la mitad de la riqueza que generamos, era al menos
en esto lo generoso que exigen las circunstancias ofreciendo a estas
familias la posibilidad de que sus hijos reciban con cargo al
presupuesto una enseñanza diseñada en función de sus minusvalías. El
objetivo no es otro que dotar a esos niños, en la medida de lo
posible, de las destrezas suficientes para tener en el futuro una
vida casi normal.
Ahora, el supuesto buenismo igualitario de socialistas y comunistas
pretende acabar con ese progreso dejando que esos niños se pierdan
en el sistema educativo ordinario, encomendándolos a profesores sin
las capacidades profesionales necesarias para hacerse cargo de ellos
y, en consecuencia, privándoles de la educación que necesitan. Se
supone que la idea es fingir que, para ser realmente iguales, esos
niños han de recibir la misma educación que los demás. Si a eso se
le añade que podrán ir pasando de curso, aunque por sus deficiencias
no puedan aprender nada en una clase “normal”, se da con el perverso
resultado al que este estúpido buenismo conduce y que está muy lejos
de la idea de igualdad que aparentemente le informa.
Esto es lo que parece, un resultado perverso provocado por algunos
bienintencionados, socialistas y comunistas, que desean acabar con
toda clase de desigualdad. Y sin duda algo de eso hay. Pero hay
muchos socialistas y comunistas que se dan cuenta del error y sin
embargo insisten, no por una mal entendida bondad, sino con la
inconfesable intención, que es por otra parte lo que informa toda la
política educativa de la izquierda, de rebajar la calidad educativa
general. El profesor que tenga a un niño necesitado de educación
especial en su clase tendrá que optar entre abandonarlo o dedicarle
a él buena parte de su esfuerzo en perjuicio de los demás. El
resultado será hacerlos a todos un poco más ignorantes, tanto los
que necesitan educación especial como los que no. Así conseguirán
que sean cada vez más los que, por deficiencias en su educación,
necesiten de la ayuda del Estado y se sientan en consecuencia
tentados en el futuro de votar al partido que más ayudas y subsidios
prometa. Este empeño en acabar con la educación especial no es una
manera más de empedrar el infierno con buenas intenciones. Es
también una ocasión de asfaltarlo con infames propósitos.
Sánchez aumenta la deuda en 3.193 euros por
persona desde que gobierna
José María Rotellar Libertad Digital
23 Noviembre 2020
El Banco de España ha publicado, como hace todos los meses, la
actualización de los datos de deuda de las administraciones
públicas. Una vez más, la deuda no frena en su incesante
crecimiento. No es una sorpresa que la deuda crezca, pues es
consecuencia del déficit y mientras éste exista, la deuda aumentará,
ya que el endeudamiento es el stock del flujo que resulta ser el
saldo presupuestario. La única posibilidad que cabe es que el
cociente no crezca, pero para ello debería aumentar más el PIB
nominal que el endeudamiento, cosa que no sucederá este año, pues
ambos caerán, con lo que la deuda tendrá un comportamiento todavía
peor en términos relativos que en términos absolutos, ya pésimo de
por sí.
De nuevo, los datos de endeudamiento público, que recoge en sus
publicaciones el Banco de España, muestran la tendencia de
crecimiento exponencial que ha cobrado la deuda pública española
desde que el presidente Sánchez accedió al Gobierno de la nación,
tras la moción de censura al presidente Rajoy.
Lo decimos mes tras mes: parece haberse instalado en España la
sensación de que el gasto no es un problema, sino que éste se
soluciona con impuestos y si la recaudación de éstos no basta, se
cubre con deuda. Los gestores políticos no se paran a pensar que la
subida de impuestos genera distorsiones en la economía -y, además,
cuando los suben lo hacen en los impuestos directos, que son los que
más perjudican a la actividad económica y al empleo-. Tampoco
quieren caer en la cuenta de que el endeudamiento tiene un límite,
que estamos sobrepasando ya de manera muy importante. Nada los
frena, pues sólo quieren prometer, en todos los ámbitos, más y más
medidas que no nos podemos permitir por la sencilla razón de que el
gasto que suponen no lo podemos pagar.
Ese incremento vertiginoso y sin freno que tiene su base en esa
presión del gasto que es cada vez mayor en España, sitúa a la
economía española en una posición compleja, máxime cuando acaban de
ser vetados tanto el presupuesto de la UE como los fondos
reembolsables procedentes de Bruselas, con lo que como Pedro Sánchez
ya lo tiene presupuestado para gastar en 2021 (la parte
correspondiente, que asciende a 27.000 millones), si los fondos
europeos no se reciben entonces se generará un mayor déficit y una
mayor deuda, que se moverá entre dos y tres puntos de PIB
adicionales.
Tanto la caída de la actividad como el incremento del gasto y, con
él, del déficit y de la deuda, no puede atribuirse en exclusiva a la
situación excepcional que se vive derivada del coronavirus. Es obvio
que el impacto de la pandemia en la economía es notable, sobre todo
porque el Gobierno decidió cerrar completamente la actividad
económica por no haber tomado unas precauciones tempranas, como
cerrar en enero las fronteras con China, y porque ahora ha
abandonado por completo a la economía a su suerte. Ahora bien, antes
de la enfermedad, la economía ya se ralentizaba de manera cada vez
más intensa y el gasto no dejaba de crecer de forma rápida.
Como hemos venido recordando mes tras mes, con las medidas de los
reales decretos de los viernes se comprometió gasto estructural por
cerca de 10.000 millones de euros, en lugar de adoptar medidas de
austeridad que hubiesen permitido tener una mayor capacidad de
maniobra ante un retroceso económico, fuese uno como el presente o
de menor intensidad, como se preveía.
La pequeña reducción del cociente de deuda sobre el PIB que se había
producido hasta entonces, saltó por los aires. Con una deuda cercana
al 100% del PIB pero que había logrado ir descendiendo gracias al
impulso del crecimiento económico -pues la deuda en valores
absolutos seguía aumentando, al mantenerse las cuentas públicas en
déficit cada año- el Gobierno tomó la arriesgada decisión de
expandir el gasto de manera temeraria.
Ahora vemos las consecuencias de ello: una deuda creciente, que ha
pasado del 97,6% con el que cerró 2018, al 95,5% del cierre de 2019
y que ahora se eleva al 118,32% de septiembre de 2020, según los
datos de deuda del Banco de España y la previsión de crecimiento del
PIB nominal del ministerio de Economía plasmada en el plan
presupuestario 2021 enviado a Bruselas el quince de octubre de abril
(página 12 del informe).
En dicho cociente, ya está comenzando a operar el efecto negativo
tanto en el numerador como en el denominador, pues la deuda aumenta
en 119.577 millones de euros entre diciembre de 2019 y septiembre de
2020 y el PIB se estima que se reduzca en 139.474 millones de euros
de 2019 a 2020.
Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha
incrementado en 151.102 millones de euros. Durante el primer año,
aumentó en 38.688 millones, y al cabo de poco más de nueve
trimestres de mandato el incremento supera ya los 150.000 millones
citados anteriormente.
Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03
euros, en los más de dos años de mandato de Sánchez la deuda por
persona ha aumentado en 3.193 euros, casi cuatro veces el incremento
del primer año.
O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a
un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras algo más de
dos años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 177,14 millones de
euros cada día.
De esa manera, nos encontramos con un incremento exponencial del
gasto, una caída en picado de la recaudación y un descenso notable
del PIB. Todo ello, hará que la deuda española se sitúe este año
entre el 115% y el 125% del PIB, dependiendo de cuál sea la
intensidad final del movimiento de déficit y PIB (el gobernador del
Banco de España ha llegado a mencionar que incluso podría alcanzar
el 128,7% este ejercicio), siendo factible que supere el 130% en
2021. De hecho, el FMI estima que la deuda cerrará 2020 en el 123%
del PIB, para quedarse en el 118,8% en 2025, año que, además, subirá
de nuevo sobre 2024.
Urge un ajuste importante que sitúe a nuestra economía en el nivel
de gasto que se puede permitir. Nada es gratis y todo se financia
con los impuestos que pagan los contribuyentes, pero esos recursos
son finitos y los ciudadanos están ya extenuados, en medio de una
grave crisis económica, que reduce aún más su poder adquisitivo. Es
imprescindible acometer reformas que nos permitan aumentar el
crecimiento potencial de nuestra economía y que éste sea sostenible,
no sostenido artificialmente. O se logra hacer eso o el drama será
mucho peor cuando se vea que no se puede afrontar tanto gasto,
porque entonces el recorte habrá de ser mucho más intenso. No nos
cansaremos de repetirlo mes tras mes, aunque con escaso éxito, como
los datos muestran.
La 'factoría goebbeliana' de la Moncloa
César Calderón. vozpopuli
23 Noviembre 2020
Es difícil identificar el momento exacto, pero en algún punto de
este primer año de mandato sanchista que acabamos de cumplir, el
presidente del Gobierno y su entorno decidieron que, dada la enorme
complejidad de los retos a los que se enfrentaba nuestro país, su
única posibilidad de supervivencia no era ya encontrar soluciones a
los muchos problemas de la patria, sino embarrar de tal forma el
terreno de juego que fuera imposible discernir sus acciones,
prioridades y líneas estratégicas, impidiendo de esta manera
cualquier control efectivo por parte de la oposición; una labor que
dejaron en manos de la elefantiásica 'factoría goebbeliana' de
Moncloa.
Lo he llamado 'factoría goebbeliana' por Joseph Goebbels, ya saben,
el arquitecto del primer tratado de propaganda política del mundo
moderno, un papel breve en el que el ínclito ministro de propaganda
del Tercer Reich dejó escritos los once principios de la misma, el
séptimo de los cuales, el llamado “principio de renovación” tenía el
siguiente enunciado:
“Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a
un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya
interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de
poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones”.
Principio de renovación
Lo que nunca podría imaginar ni el mismísimo Goebbels es que su
maquiavélico principio pudiera también aplicarse a los escándalos en
serie de un gobierno, ni que su principio de renovación iba a servir
para ocultar los mismos exponiéndolos de forma tan pornográfica como
eficiente ante la ciudadanía en una orquestada sucesión en la que un
escándalo se tapa con otro mayor, que a su vez es escondido tras
otro más grande aún que los dos primeros.
No es nada fácil alcanzar el actual nivel de virtuosismo del
Gobierno a la hora de mentir, engañar y producir escándalos en
serie, pero cuando un ejecutivo es capaz de construir en solo un año
la factoría fordiana de la trola que ha levantado en los jardines
del palacio de La Moncloa, se produce un doble efecto en nuestra
dopadísima opinión pública, a saber:
- El primero es que dado su ingente volumen, solo los escándalos y
las angelicales explicaciones gubernamentales llenan las portadas de
los medios, dificultando que la oposición pueda fijar posición sobre
los mismos. No hay espacio para más. No caben.
- El segundo es que esta dinámica infernal lleva a la oposición a la
hipérbole permanente: solo las posiciones más radicales y explosivas
contra los escándalos del Gobierno encontrarán el premio de obtener
espacio en medios de comunicación y tertulias, una carrera que solo
pueden ganar los partidos con posiciones más extremas y
explicaciones más simplistas, esto es, los nacionalpopulistas,
eliminando así a los partidos moderados de cualquier ecuación que
les pueda otorgar los minutos televisivos necesarios para explicar
posiciones políticas elaboradas y necesariamente complejas.
La consecuencia es tan lineal como contraintuitiva. Las sucesiones
de escándalos y su tratamiento de estas goebbelianas maneras o bien
son nulas o bien tienden a beneficiar el relato gubernamental, ya
saben, el de las dos orillas ideológicas, ese según el cual el
actual Gobierno sería la última defensa contra el fascismo (fascismo
es cualquier posición política que no aplauda automáticamente y de
forma entusiasta los discursos de Sánchez), y quienes lo critican,
especialmente desde posiciones progresistas.
Así y mientras siga funcionando este constructo, los ciudadanos de
nuestro país vamos a poder seguir disfrutando atónitos de un
Gobierno capaz de producir centenares de escándalos que se van a ir
superponiendo, confundiéndose unos con otros y chocando a
velocidades de vértigo sin que realmente lleguen a afectar a la
intención de voto de los más fieles.
La noticia es que esta táctica cortoplacista también impide que la
intención de voto del Gobierno crezca más allá de sus límites
ideológicos y especialmente hacia los enormes caladeros del voto del
centro político, encerrándolo por el contrario en una posición cada
vez más radicalizada y defensiva de la que no le va a ser sencillo
salir.
Y eso no augura nada bueno para un Ejecutivo que, una vez cumplido
su primer año, debería estar en su apogeo político y que según las
encuestas, lejos de esto, habría perdido ya millón y medio de votos
a pesar de los ímprobos esfuerzos de la factoría 'monclovita' por
embarrar, confundir y generar escándalos políticos.
Clamor contra la «ley Celaá»
Editorial ABC
23 Noviembre 2020
Las multitudinarias manifestaciones celebradas ayer en varias
ciudades españolas con decenas de miles de familias indignadas por
la aprobación de la controvertida «ley Celaá» fueron un clamor por
su derogación. Esas protestas, forzosamente realizadas en miles de
coches dadas las restricciones del estado de alarma que impiden
concentraciones ciudadanas al uso, son una obligación moral más allá
de un legítimo derecho a la libertad de expresión contra una norma
sectaria. La esencia de la «ley Celaá» es un ataque frontal a la
libertad de elección del modelo educativo al que los padres tienen
derecho, y es una agresión ideologizada contra la escuela
concertada, y desde luego contra toda la exitosa estructura de la
educación especial. Su puesta en marcha el próximo curso no afectará
solo al bolsillo de muchos ciudadanos por la negativa del Estado a
seguir sufragando parte del coste de la educación concertada, sino
también a la libre elección de centro escolar, y empezará a dejar
sin recursos especiales a niños cuyas específicas necesidades
neurológicas les impiden adaptarse como un escolar más a las aulas
comunes.
Es lógico que la oposición haya anunciado ya la presentación de
recursos de inconstitucionalidad contra la «ley Celaá» y contra la
arbitrariedad del Gobierno, que parece haber puesto velocidad de
crucero a una legislatura basada en la merma de garantías para los
españoles. La insensibilidad demostrada por el Ejecutivo con la
aprobación de esta ley, y con su silencio tras las protestas de los
últimos días, demuestra que nada va a hacerle cambiar de criterio en
su obsesión por fracturar a la sociedad. Solo el Tribunal
Constitucional podría devolver las cosas a su estado de normalidad
reactivando una legalidad que ahora se vulnera de forma flagrante.
Sin necesidad de entrar artículo por artículo en el análisis de la
ley, parece evidente que la erradicación del español como lengua
vehicular, para que las autonomías que así lo deseen la eliminen del
mapa educativo, es abiertamente inconstitucional. ABC lleva semanas
denunciando que esta norma es el precio impuesto por el nacionalismo
y el separatismo para que Sánchez pueda aprobar los Presupuestos
Generales y no se vea forzado a convocar elecciones. Pero el hecho
de que haya sido aprobada por el Congreso -por un único voto- no
implica que sea constitucional. Lo dramático es que cuando el TC
tenga a bien dictar sentencia, el independentismo habrá arrasado el
castellano para toda una generación. Por eso se antoja una necesidad
social inexcusable que los gobiernos regionales del PP arbitren
medidas para que al menos la concertada y la educación especial
sigan subsistiendo, y se garanticen así los derechos que el Gobierno
niega a cientos de miles de familias.
También tiene visos de inconstitucionalidad la fulminación de la
religión de las aulas, y su sustitución por un sucedáneo -«cultura
de las religiones»- que no tiene nada que ver con el carácter
aconfesional del Estado, sino con la obsesión de la izquierda por
ningunear a la Iglesia. Esta ley es el subterfugio con el que el
Gobierno pretende reducir a la nada el espacio público para la
enseñanza de la fe católica, apropiándose de un concepto perverso
del laicismo y vinculando la escuela pública solo a la izquierda
ideológica. Finalmente, y por simple estrangulamiento, se coartará
la libre elección de centros, lo cual presenta serios indicios de
ilegalidad. Sánchez tiene clara su prioridad: solo dividiendo a la
sociedad, fragmentándola en bloques ideológicos, se garantiza años
de poder. Dividir España en dos es su especialidad. Más aún, es lo
único que hace bien.
Moncloa abre su oficina del 3%
Álvaro Nieto. vozpopuli
23 Noviembre 2020
Estupefacción en Bruselas ante la última maniobra del Gobierno en el
BOE: España restringirá las inversiones de la UE hasta el 30 de
junio aprovechando el estado de alarma
Pasan tantas cosas en España, y a tal velocidad, que a menudo se nos
escapan cuestiones importantes en las que casi nadie repara. Y ya se
ha convertido en algo habitual que el Gobierno aproveche las
polémicas que van generando sus propias decisiones para colar de
tapadillo cuestiones relevantes que acaban pasando desapercibidas en
medio de la polvareda. El estado de alarma facilita esa forma de
actuar: basta con publicar un decreto ley en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) y aducir que se trata de una medida urgente relacionada
con la covid-19.
Eso es lo que sucedió el pasado miércoles, 18 de noviembre. El
Ejecutivo introdujo en el BOE otro atropello a las libertades, en
este caso a la libre circulación de capitales, que es uno de los
cuatro pilares fundamentales sobre los que se asienta el mercado
único de la Unión Europea. Se trata del Real Decreto-ley 34/2020,
titulado así: "De medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético".
El texto, de 35 páginas, es un bodrio del tamaño de la catedral de
Burgos. En teoría está diseñado para ayudar a las empresas, puesto
que extiende los avales del ICO y regula los procesos concursales
durante la pandemia. Sin embargo, también añade, bajo la burda
fórmula de "en otro orden de cosas", una modificación legal para
imponer un régimen de autorización previa por parte del Gobierno a
las inversiones procedentes de la Unión Europea.
Ese decreto estará en vigor, como mínimo, hasta el 30 de junio de
2021 y afectará a las operaciones que supongan la compra de al menos
el 10% o la toma de control de una compañía cotizada o un desembolso
de más de 500 millones en el caso de no estar cotizada. Además, se
someterán también a ese control excepcional las inversiones
realizadas en España ¡por empresas españolas! que estén participadas
en más de un 25% por capital extranjero.
En teoría, la medida sólo afecta a unos cuantos sectores económicos,
pero la redacción del decreto es tan deliberadamente ambigua, que en
realidad el Gobierno tiene manos libres para intervenir en todo
aquello que considere oportuno, pues en el texto se habla de
"salud", "orden público", "tecnologías", "energía", "defensa",
"medios de comunicación", "servicios estratégicos", "sectores con
acceso a información sensible"... y, para colmo, se abre la puerta a
la total discrecionalidad al decir que se vetarán las operaciones
"si existe riesgo grave de actividades delictivas o ilegales" por
parte del inversor.
Algo parecido ya fue aprobado por el Gobierno el 31 de marzo, pero
sólo para las inversiones procedentes de fuera de la UE. Ahora se
incluyen las operaciones europeas y las lanzadas por empresas
españolas con accionistas extranjeros. Además, se amplían los
sectores implicados hasta el punto de que no hay empresa del Ibex
que no encaje en alguna de las definiciones del párrafo anterior.
La medida en principio está creada para proteger las empresas
estratégicas en un momento en que la mayoría de ellas atraviesa por
una enorme debilidad. Sin embargo, en la práctica supone que el
Gobierno tendrá derecho de veto para decidir sobre cualquier
operación empresarial de relieve que se produzca en España de aquí
hasta el 30 de junio.
Una puerta para la corrupción
En medio de una crisis económica sin precedentes, y cuando más
necesita España que llegue inversión extranjera, el Gobierno no sólo
se permite el lujo de imponer una barrera más para la entrada de
capitales, sino que se arroga el derecho a decidir sobre todo
aquello que considere oportuno. A partir de ahora, por tanto, el
empresario extranjero que quiera entrar en España tendrá que pasar
antes por Moncloa, verse con la oficina económica de la Presidencia
del Gobierno, que depende del todopoderoso Iván Redondo, y tragar
con lo que le digan, si es que quiere tener éxito.
Semejante mecanismo de autorización previa es una intromisión en la
normal actividad empresarial de una democracia de libre mercado y
una puerta demasiado abierta a que se puedan producir todo tipo de
corruptelas: la arbitrariedad que permite la norma aprobada es una
magnífica invitación para pedir un porcentaje a cambio de la
autorización gubernamental. El viejo 3%, por ejemplo.
Pero, aparte de ello, la medida aprobada por el Consejo de Ministros
es ilegal, pues el Tratado de la UE prohíbe expresamente cualquier
restricción a la libre circulación de personas, bienes, servicios y
capitales entre los propios estados miembros. De hecho, esa fue la
razón por la que España y algún otro país tuvieron que eliminar hace
años la denominada 'golden share', que daba a los gobiernos ese
derecho de veto sobre determinadas inversiones extranjeras.
Eso es lo que ha provocado que en Bruselas hayan vuelto a saltar las
alarmas estos días, porque nadie se explica cómo es posible que el
Gobierno español se meta en un charco tan profundo, y más contando
entre sus miembros con personas que han pasado por la capital de la
UE y que conocen perfectamente el derecho comunitario, como la
propia ministra de Economía, Nadia Calviño, la de Exteriores,
Arancha González, o el de Agricultura, Luis Planas.
A la altura de Hungría
Es verdad que la UE recomendó proteger las empresas estratégicas
durante este complicado año, pero sólo de las inversiones
procedentes de países terceros y siempre que fueran impulsadas por
compañías de titularidad pública. Lo que acaba de hacer España
excede esa recomendación por tres motivos: 1) se extiende el veto a
las inversiones realizadas por ciudadanos europeos, 2) en vez de
limitar la medida a los sectores estratégicos se abre el abanico con
expresiones genéricas en las que cabe cualquier operación y 3) la
medida se amplía hasta el 30 de junio, tres meses después de la
fecha en la que acabará el estado de alarma. Dicen los expertos que
sólo hay dos países europeos con medidas tan excesivas: Italia y
Hungría.
Esta es la tercera vez este otoño que en Bruselas provoca
estupefacción algo aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Las
dos primeras fueron la proposición de ley presentada en el Congreso
de los Diputados para tomar el control del Poder Judicial, que
todavía no ha sido retirada, y la publicación en el BOE de la
comisión especial que se encargará de vigilar "el pluralismo de los
medios de comunicación".
Como contaban este domingo en Vozpópuli Ortín y Zarzalejos, el
decreto recién aprobado otorga al Ejecutivo el mayor poder jamás
visto en la España democrática en cuanto a inversiones se refiere. Y
si a eso añadimos que, como consecuencia de la crisis, el Estado
está empezando a tomar el control de empresas en apuros a través de
la Sepi: el retroceso del liberalismo en favor del intervencionismo
es más que evidente. ¿Se revertirá pronto esta tendencia? En verano
lo sabremos, pero, mientras tanto, conviene estar en guardia y con
un ojo pendiente del BOE.
¿Para cuándo un impeachment para Sánchez?
“Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la
suya” Paulo Coelho
Miguel Massanet diariosigloxxi 23 Noviembre 2020
No, no se adelanten a recordarme que en España ni en los países
europeos si exceptuamos el Reino Unido que tiene una suerte de
impeachment que data del Siglo XIV, no hay establecido un
procedimiento semejante para destituir al presidente u otros altos
cargos de la política. Lo cierto es que esta modalidad o
procedimiento para cesar a una figura importante del gobierno o las
instituciones existe en aquellos países de modelo presidencialista y
ha sido usada en varias ocasiones como en el caso del presidente
Nixon, en Norteamérica, que se vio obligado a dimitir a causa de un
gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos a
principios de la década de los setenta que, según las crónicas de
aquellos tiempos, surgió “a raíz de un robo de documentos en el
complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité
Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y el posterior
intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables
causa del famoso escándalo del Watergate”, que acabó con la
presidencia del señor Nixon.
En realidad, el hecho de que en América Latina sea corriente el
sistema presidencialista propicia esta figura que está vinculada al
impeachment del derecho anglosajón y al juicio de residencia del
derecho indiano. En España lo más parecido a este proceso de
destitución seguramente lo podríamos encontrar en la denominada
moción de censura en la Cámara baja o los posibles procedimientos de
desafuero iniciados por el poder judicial con el objeto de someter a
los aforados al juicio de los tribunales de justicia. Es por eso,
por lo que tiene de indefensión para la ciudadanía el hecho de que
se vote a un gobierno, presuntamente de carácter democrático, aunque
fuere de izquierdas, un gobierno cuyo presidente, el señor Pedro
Sánchez se postuló para ser elegido con la promesa de que no
pactaría con los comunistas de Podemos y después lo hizo o que
respetaría las normas constitucionales y el imperio de la ley
democrática y luego hemos podido comprobar que nada de todo ello ha
tenido lugar; antes bien, tanto él como todo los miembros de su
gobierno se han esmerado en encontrar subterfugios, martingalas,
recovecos legales y demás artificios para que, con el método de los
hechos consumados, los decretos leyes y el puentear las funciones de
las Cortes representativas de la voluntad popular, no solamente ha
vulnerado el espíritu de nuestra Carta Magna sino que
subrepticiamente ha ido introduciendo leyes netamente favorables a
sus intentos totalitarios.
Vean ustedes el caso bochornoso de la nueva ley educativa conocida,
para INRI de quién la ha confeccionado e impuesto, sin el apoyo de
la mayoría de la comunidad educativa, de las instituciones y, de
toda la oposición, que han visto en ella una cacicada de la señora
ministra y el traslado al texto de la norma del más puro sectarismo
y cerrazón ideológica de quien, más que buscar el interés del
alumnado, lo que ha intentado, y al parecer conseguido, es convertir
la enseñanza en un lugar de adoctrinamiento, reclutamiento y
restricción del pluralismo ideológico y de las libertades de padres
y alumnos para que, como dispone nuestra Constitución, puedan elegir
libremente el sistema de enseñanza, pública, privada o especial, sin
que sea el Estado el que pueda poner impedimento a estas facultades
fundamentales que concede nuestra Constitución del 78. Es evidente
que este engendro de ley, perpetrado por la ministra Zelaa,
contendrá una serie de disposiciones inconstitucionales que, con
toda seguridad, cuando sea recurrida ante el TC, que lo será sin
duda, van a obligar a quienes la dictaron a rectificar, a modificar
y, probablemente, a anular algunos de sus extremos más conflictivos,
si es que la legislatura y la realidad misma no obligan al mismo
Gobierno a modificarla para adecuarla a la realidad. En todo caso es
obvio que el mal que va a causar a una enseñanza descafeinada, con
posibilidades de que los alumnos pasen curso con diversas
asignaturas suspendidas o dejar al albur de los respectivos
profesores aplicar el criterio de quien pasa o quien no puede pasar,
lo que puede entenderse como una cuestión discriminatoria ya que,
según sea el criterio del profesor, en unas mismas circunstancias,
un alumno de una escuela pasará con varios suspensos, mientras que
otro de una escuela distinta valorado por otro profesor no podrá
pasar curso.
¿Cómo se puede consentir que el presidente del Gobierno de una
nación, democrática como es la nuestra o debería serlo, prometa una
cosa y luego, sin que hayan cambiado las circunstancia, haga lo
contrario? Pues esto es lo que viene haciendo nuestro actual
presidente una y otra vez sin que parezca que el pueblo se de
cuentas de que se le está ninguneando, engañando, estafando y, lo
que todavía se puede considerar más grave, ocultándole las
consecuencias gravísimas que, en todos los órdenes de la vida
nacional, van a tener las consecuencias de la epidemia del virus
Covid 19, junto a las graves equivocaciones y la deficiente
administración de los recursos nacionales, por parte de quienes nos
gobiernan y las repercusiones negativas, que ya se están notando en
nuestras empresas y comercios, en cuanto a sus posibilidades de
supervivencia y de estar en condiciones para poder competir con el
resto de empresas del resto de Europa que, al parecer, se encuentran
en mejores condiciones para poder resistir los embates de la crisis
que se avecina.
Cualquiera que revise la prensa diaria, quien tenga un mínimo
interés de estar al tanto de lo que ocurre con nuestras empresas y
quien sienta curiosidad por el desarrollo de nuestra economía, va a
ver que las noticias sobre los resultados de nuestras empresas
reflejados en los balances y en sus cuentas de pérdidas y ganancias
pueden poner como escarpias los vellos de su cuerpo al ir
constatando que, cada día y cada semana, son más numerosas las
empresas que tienen graves pérdidas, aquellas que disminuyen
sustancialmente sus beneficios en relación anteriores ejercicios, y
aquellas que se ven obligadas a convocar concurso de acreedores o,
sin más, declararse en quiebra y, ya no digamos en cuanto a los
autónomos que, hoy en día, más de 300.000 de ellos permanecen con la
persiana bajada por no poder aguantar los efectos de la crisis. Esto
no lo cuentan nuestros ministros ni lo menciona el señor Pablo
Iglesias y sus compinches. Miles y cientos de miles de puestos de
trabajo siguen amenazados por las restricciones que comporta la
lucha contra el coronavirus y otros miles se ven enfrentados a tener
que acudir a los ERTE y, en su caso, a los ERE, si no se consigue
atajar con medidas acertadas, no con el sistema de subsidios y
ayudas, con los cuales no se hace más que endeudar al Estado sin que
se pongan remedio a los defectos de una economía de tipo
intervencionista que nunca ha dado resultados satisfactorios en
aquellas naciones que han optado por semejantes mecanismos.
Y no olvidemos en ningún momento que la mayoría de izquierdas que
hoy domina nuestras Cortes no tiene ninguna solidez, no forman un
grupo homogéneo (si no es ir en contra de la derecha), ya que su
coordinación depende de la habilidad del señor Sánchez en ir
cediendo a los chantajes de cada una de las formaciones que le están
apoyando, simplemente por el miedo que todos tienen de un
resurgimiento de las derechas. Pero son demasiados a los que hay que
contentar y es evidente en que llegará un momento en el que el
Gobierno no pueda acceder a dar más concesiones a los
independentistas, más dinero a los del PNV, más incentivos y
facultades a las feministas o pagar la gran infraestructura de
funcionarios, asesores (ya cuenta, en la actualidad, con 1200
asesores a los que deberá pagar y suponemos que no con el salario
mínimo) y enchufados en las empresas públicas, lo que produce que el
gasto público resulte insostenible para un Estado que ya ha
sobrepasado con creces el 100% del PIB en lo que es su Deuda
Pública.
En cualquier otra nación civilizada y democrática el poner en
cuestión el uso del idioma oficial en cualquier ámbito que fuere,
oficial, privado, en la enseñanza o en cualquier medio de
información sería considerado como un delito de lesa majestad. En
España, por el contrario se acaba de aprobar una ley en la que se
suprime el castellano como lengua oficial en la enseñanza en favor
de otros idiomas que son considerados por la Constitución como
cooficiales pero siempre subordinados a la lengua oficial de Estado
que recordemos: todos tienen la obligación de saber y poder usar en
cualquier parte de nuestro país. Y nos preguntamos si en Francia,
recordemos su “grandeur” o en Alemania y ya no digamos del Reino
Unido alguien se atreviera a cuestionar sus respectivos idiomas o a
eliminarlo de la enseñanza o si en dichas naciones la chusma quemara
banderas del país.
Imaginemos a cualquier estadounidense quemando la bandera de las
franjas y estrellas en público ¿qué les parece que le sucedería? No
sería la policía ni el ejército el que se sentiría ofendido sino que
los propios conciudadanos serían con toda seguridad, los que
tomarían represalias en su contra. En España tanto en Cataluña como
en el País Vasco el quemar efigies del Rey y el pisotear y quemar
públicamente la bandera nacional se hace con plena impunidad, sin
que se considere delito sino, como parece que opinan los jueces, un
“ejercicio del derecho de libre expresión”. Y, así nos va.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie,
tenemos la impresión de que existen motivos sobrados, diríamos que
escandalosamente sobrados y suficientes para que, si tuviéramos el
impeachment reconocido en nuestra Constitución habría motivos más
que suficientes para que se encausara a todo este Gobierno y, en
especial, a nuestro presidente, señor Pedro Sánchez que tenemos por
sus actuaciones erróneas, manifiestamente contrarias al espíritu
democrático y constitucional que debe presidir las actuaciones de
todo gobierno que respete las libertades y el concepto de nación
como un ente único, indivisible, solidario, sin privilegios
regionales o comunitarios en el que todos estén regidos por las
mismas leyes sin excepciones, que garanticen la igualdad de derechos
de todos los españoles. Y quiero que recuerden aquella frase de don
Emilio Castelar: “La libertad es el instrumento que puso Dios en
manos del hombre para que realizase su destino.” ¿De verdad creen
que, este Gobierno, nos la va a garantizar?
Así fue la represión frentepopulista en el
País Vasco
José Luis Orella larazon
23 Noviembre 2020
En la Guerra Civil, el estudio de la represión en el País Vasco ha
sido poco estudiado al no tener la virulencia de otras regiones,
como Cataluña o Aragón. Sin embargo, este hecho ha favorecido la
imagen de que las provincias costeras (Vizcaya y Guipúzcoa)
estuvieron sin sufrir ningún tipo de represión sanguinaria.
En Guipúzcoa la situación después de aplastar la rebelión de los
cuárteles de Loyola, fue de un total descontrol a favor de los
milicianos del Frente Popular, dueños de la situación. La represión
se centrará en dirigentes y miembros de los diversos grupos de la
derecha. En su mayor parte carlistas, dirigentes de la URG
(monárquicos), DVA (CEDA), y del núcleo de estudiantes falangistas,
pero también sospechosos veraneantes de la costa. Estos civiles
serán los que alimenten los asesinatos revolucionarios en la
provincia. En Fuenterrabía, serán detenidos 140 personas, siendo el
fuerte Guadalupe, el tercero en importancia después de la cárcel de
Ondarreta (230 detenidos) y el Kursaal (168). En Tolosa, la ciudad
del interior, serán 81 personas las detenidas. Los asesinatos
masivos serán cometidos principalmente en represalia por los
bombardeos de los cruceros nacionales procedentes de El Ferrol.
Entre los últimos asesinados en el fuerte de Guadalupe de
Fuenterrabía, serán fusilados el 4 de septiembre: Honorio Maura
(redactor de ABC), Joaquín Beunza (exdiputado carlista), Leopoldo
Matos (ex ministro de trabajo), Félix Churruca (ten.cor. de
miqueletes), el conde de Llobregat y Antonio Elósegui (dirigente
carlista de Tolosa y dueño de la fábrica de boinas “Elósegui”).
Con respecto a Vizcaya, el 12 de agosto, se formó la Junta de
Defensa de Vizcaya, con mayor participación nacionalista que en
Guipúzcoa. Pero, en septiembre, las principales competencias pasaron
al naciente Gobierno vasco, al ser aprobado el estatuto autonómico
por las Cortes. El nacionalista José Antonio Aguirre fue proclamado
lehendakari de un gobierno mixto de nacionalistas y republicanos de
izquierda.
En Vizcaya, el orden público estuvo asegurado por la ausencia de
rebelión. Sin embargo, los muertos por represión fueron en su mayor
parte en unos pocos hechos que demostraron la incompetencia del
consejero nacionalista de orden público, Telesforo de Monzón. Se
calcula en 2.217 detenidos en la cárcel de Larrínaga, y las
habilitadas como tales en Casa Galera y los conventos de Ángeles
Custodios y Carmelo de Begoña. Por el gran número de presos, también
fueron habilitados como prisión, los buques mercantes “Cabo
Quilates”, “Altuna Mendi” y “Aránzazu Mendi”.
El 31 de agosto de 1936, Gregorio Balparda de las Herrerias, José
Larrucea Lambarri, Javier y Carlos Larrucea Samaniego fueron de los
primeros asesinados en el barco “Cabo Quilates”. En el caso de
Gregorio Balparda, antiguo alcalde de Bilbao, dirigente del partido
liberal progresista y famoso anticlerical, la razón de su asesinato
fue el haberse negado a servir de fiscal en los tribunales
revolucionarios que condenaban a los derechistas detenidos. Al poco
fue detenido y enviado al barco-prisón, donde días después sería
asesinado, colgado del cabo de una grúa y sumergido sucesivas veces
en el agua hasta morir ahogado.
El 25 de septiembre de 1936, se produciría una de las mayores
matanzas al ser asaltados los barcos prisión. En el “Cabo Quilates”
se asesinó en la cubierta e incluso se disparó dentro de la bodega,
pereciendo 41 presos. En el “Altuna Mendi”, los asesinados fueron 29
en esa ocasión. El 2 de octubre, marineros procedentes del acorazado
“Jaime I”, subieron al “Cabo Quilates”, donde dieron rienda suelta a
su instinto, matando a otros 38 presos.Sin embargo, la mayor matanza
fue realizada el 4 de enero de 1937. Ese día Bilbao sufrío un
bombardeo por parte de la Legión Condor, siendo derribado uno de los
aviones. De la tripulación, el piloto Adolf Hermann fue
materialmente descuartizado por la multitud. La misma que poco
después se dirigió al asalto de las prisiones situadas en la ciudad.
Durante dos horas, los presos estuvieron a la merced de los
asaltantes, las fuerzas de la policía enviada por Telesforo de
Monzón, no intervino hasta las 8 de la tarde. Había que evitar una
confrontación entre la policía vasca (nacionalista) y la multitud
(socialistas y anarquistas). El balance de víctimas ascendió a 224
asesinados, aunque el Gobierno vasco sólo llegó a reconocer
oficialmente a 205.
Los muertos fueron: 109 fueron asesinados en los Ángeles Custodios,
53 en la Casa Galera, 56 en Larrínaga y 6 en el Carmelo. Según José
Luis de la Granja, quien aportó los datos de un documento hallado en
el Archivo de Salamanca (serie Político Social de Madrid, carpeta
175). Se trata del expediente incoado en relación con el asalto de
los Ángeles Custodios. En él figuran los nombres y cargos de 48
procesados: 11 guardias del exterior de las prisiones (por abandono
de servicio) y 37 milicianos de la 2ª compañía del batallón UGT-7
“Asturias” (por sedición, insubordinación militar, asesinato y
robo). Cita también documentos encontrados posteriormente en el
citado Archivo (Tribunal Popular de Euzkadi, carpeta 14) en que
figuran otros 4 procesados: un funcionario de prisiones, un
miliciano del UGT-3 “González Peña”, un miliciano del batallón de
Izquierda Republicana “Capitán Casero” y el único encausado
anarquista conocido, el capitán del batallón “Malatesta” Román
Romaniega. En realidad, éste último era un pseudónimo, siendo su
verdadero nombre José Manuel Martínez Novoa. Entre los asesinados se
encontraron gran parte de los dirigentes de los partidos de derechas
vascos, como Bernardo Elío y Elío, delegado del carlismo para el
País Vasco; Juan Olazábal y Ramery, exdiputado a cortes y director
del periódico “La Constancia” de San Sebastián; José Luis Zuazola,
jefe del requeté de Vizcaya; Jose Antonio Careaga, de Renovación
Española; Adolfo Careaga, exalcalde de Bilbao; Juan Ramón González
Olaso, exjefe de la Unión Patriótica de Vizcaya; José María
Juarista, exdiputado a cortes, y presidente de las juventudes
carlistas de Vizcaya; Juan José Prado, exalcalde de San Sebastián;
Francisco Javier y José María Arellano Dihinx, hermanos del diputado
y dirigente carlista navarro Luis Arellano; Rafael Olazábal, jefe
del requete de Bilbao; José María Lezama Leguizamón, delegado del
carlismo en Vizcaya; Fernando Ibarra Revilla, marqués de Arriluce y
fundador del periódico “El Pueblo Vasco”; Fernando Ibarra Oriol;
Emilio Ibarra Zapata, entre otros muchos.
Con la ruptura del frente y la huída precipitada hacia Santander, el
16 de junio de 1937, en Las Arenas (Guecho) se fusiló a otro grupo
de presos. Álvaro de Arana, José María Sintes, Rafael María de
Zubiría, Pedro de Zubiría, Gabriel de Zubiría y su esposa Ana María
de Garnica (embarazada de ocho meses). Un par de días después, en
Bilbao, Felipe Abaitua. Por el perfil de los asesinados, muy pocos
se encontraban en edad militar. Sin embargo, como se pudo comprobar,
la mayoría eran dirigentes activos de los partidos de derechas, a
los que se procuró exterminar, especialmente a los carlistas, el
grupo de mayor implantación en la zona rural. En cuanto a la
repetición de apellidos, algunas familias eran simbólicas de la
imagen industrial de Vizcaya, como los Ibarra o los Zubiría. Otro
grupo a exterminar fueron los profesionales vinculados con los
grupos periodísticos: “La Gaceta del Norte” (Bilbao), “El Pueblo
Vasco” (Bilbao) y “La Constancia” (San Sebastián) quienes fueron
eliminados sin piedad. Con respecto al clero, aunque no lleguen a
las cifras de otras regiones, perecen asesinados, 60 sacerdotes y
religiosos, un número significativo para el poco tiempo en que duró
la guerra en Vizcaya. Dos tercios de los sacerdotes y religiosos
asesinados, lo fueron en los barcos prisión.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Grandes manifestaciones contra la Ley Celáa
Pablo Sebastián republica
23 Noviembre 2020
Sorprende que grandes medios nacionales, en vez de lanzar
editoriales en contra de la Ley Celáa, se hayan dedicado este
domingo a hacer entrevistas de propaganda a esta ministra que ha
destruido -con el apoyo del PSOE- el uso vehicular de la Lengua
Castellana en todo el territorio nacional, amén de dañar la libertad
de enseñanza.
La respuesta a la Ministra se la dieron ayer miles de ciudadanos en
las calles y en caravanas motorizadas ante la imposibilidad de
manifestaciones a pie.
No en vano, lo de prohibir manifestaciones contra el Gobierno era
uno si no el principal objetivo de los seis meses de ‘estado de
alarma’ que nos impuso Pedro Sánchez, temeroso de una cadena de
protestas por la avalancha del paro y la ruina de muchos sectores
productivos del país, desde el turismo al comercio, la hostelería y
la restauración.
Y preguntamos ¿Qué dicen de la Lengua Castellana estos barones del
PSOE que dan pellizcos de monja y se arrodillan ante su líder
Sánchez. ¿Dónde se han metido Vara, García Paje, Díaz, Lamban y los
demás dirigentes que no se atreven a plantarle cara a Sánchez como
debieran?
Pues todo ellos y sus medios de comunicación, como El País,
permanecen asustados y escondidos bajo la cama, porque le temen a
Sánchez más que a un viejo fantasma y todos están acomodados y a ver
venir el paulatino desguace y la destrucción del Régimen de la
Transición.
A sabiendas todos que lo de la Lengua Castellana es un pago
anticipado a ese partido separatista y golpista que es ERC y con el
que Pablo Iglesias, que es ahora el que manda, pretende aprobar los
PGE de 2021.
Y a lo que pronto se sumará la reforma del delito de sedición y los
indultos a los golpistas condenados y presos, mientras que el
ministro de interior no cesa en dar ventajas penitenciarias a los
más sanguinarios presos de ETA para que los de Bildu se sumen al
festejo de los PGE. Que son lo único que le interesa a Sánchez para
mantenerse en el poder hasta el final de esta tan desastrosa
legislatura.
La manifestación de la Ley Celáa no servirá para nada, aunque
muestra que el nivel de indignación de la sociedad española sube sin
cesar. Lo que Pedro Sánchez cree que apaciguará con las vacunas y
los fondos de la UE que, ya se verá, no irán ni vendrán tan rápidos
como lo pregona, mintiendo otra vez, el Gobierno.
Y que en todo caso no lograrán que las empresas y familias que se
han arruinado recuperen lo que han perdido para siempre -como los
que han perdido sus vidas que sin cerca de 70.000 españoles- por
culpa de un Gobierno incapaz de ofrecer una gestión eficaz y una
respuesta solidaria de unidad nacional.
La Ley Celaá moviliza a España como no lo
ha hecho ni la pandemia
ESdiario
23 Noviembre 2020
La cacicada de la LOMLOE provoca una multitudinaria respuesta de la
gente normal, sin banderas políticas, que abre una vía contra el
Gobierno de profundas consecuencias.
Lo que no ha logrado ni la nefasta gestión de la pandemia, puede
conseguirlo la Ley Celaá: catalizar la enorme indignación de una
parte muy relevante de la sociedad española contra el Gobierno que
más fracasa en sus tareas elementales y, a la vez, más impone
medidas coercitivas en materia de libertades individuales y
colectivas.
Frente a otras protestas estigmatizadas y ridiculizadas como las de
los "cayetanos", a los que se adjudicaba una filiación inexistente a
VOX; la réplica a la LOMLOE no puede ser señalada de manera tan
burda: no hay ningún partido detrás y los afectados son millones de
personas de todas las edades, condición y procedencia que se siente
invadidas en su espacio más íntimo.
Porque eso es la ley de Sánchez, la octava de la democracia: una
imposición unilateral y antisocial de un modelo liberticida que
ataca a la escuela concertada, denigra la educación especial,
consagra la pereza y excluye al español de las aulas allá donde la
lengua se utiliza como herramienta de confrontación con España.
El 25% de los alumnos españoles acude a un modelo educativo que no
solo es complementario con el netamente público, sino que libera al
Estado de soportar más de 3.000 millones de euros anuales y permite
que el sistema disponga, por tanto, de más recursos para el conjunto
de la sociedad. Entre otras cosas, porque a la disminución del coste
de esos estudiantes para el erario, se le añade el pago de impuestos
de sus padres para mantener el Estado de Bienestar.
No existe razón económica, pedagógica ni social que explique el
ataque a la concertada, creada en su día por el PSOE y utilizada por
buena parte de los actuales gobernantes, incluido el propio Pedro
Sánchez. La única explicación es ideológica, pues, y nace del mismo
impulso que otras propuestas sectarias de un Gobierno incapaz de
atender los verdaderos problemas de España pero dispuesto a desviar
la atención siempre excavando trincheras inaceptables.
Porque la Ley Celaá surge del mismo ánimo censor que el asalto al
Poder Judicial, los pactos con Bildu, el Ministerio de la Verdad, la
memoria histórica de parte, la eutanasia, la sexualidad y tantas
otras medidas destinadas a imponer un canon ideológico desde el
maniqueísmo y la confrontación.
La masiva y sincera reacción de los afectados, que incluye a miles
de trabajadores también, puede encauzar y simbolizar tantas otras
que no han prosperado por las circunstancias especiales del país. Y
derribar el muro que, entre confinamientos y restricciones, ha
levantado el Gobierno para tapar una evidencia: la media España a la
que desprecia está cansada. Y empieza a demostrarlo.
Para que nadie se quede atrás
Agustín García okdiario
23 Noviembre 2020
Leo en varios medios que España será el único país de Europa que
subirá impuestos, que, con la que está cayendo, han subido la cuota
de autónomos, y que seremos el país con menos ayudas frente a la
pandemia por PIB.
Qué desastre, nos vamos al precipicio, pienso; pero enseguida oigo a
Sánchez decir eso de que este Gobierno no va a dejar a nadie atrás y
ya me tranquilizo. Yo ya me lo creo, y si ustedes no, lean, lean.
De momento, para que sus amigos no se queden atrás les ha buscado
trabajos cienmileuristas y a su mujer una cátedra ni más ni menos. Y
como el gobierno es muy grande han contratado a dedo a 1.200
asesores. Nunca ha habido tantos y doblan el presupuesto, pero lo
importante es que los amigos de los amigos no se queden atrás. Ni
siquiera por carretera, que para eso gastarán 100 millones en coches
oficiales.
Tampoco se quedará atrás el vice, que para eso ha cambiado las
normas de retribuciones del partido; que el jardín, la depuradora y
los niños son mucho gasto y eso no lo sabía. Se entiende. Y si la de
Sánchez dirige una cátedra, la del vice es ministra. Eso sí que es
no quedarse atrás.
Y menos aún se van a quedar atrás los amigos de quienes dejaron un
rastro de huérfanos y viudas. Sánchez los ha integrado “en la
dirección del Estado”; normalidad democrática, nos dice Adriana
Lastra.
Y hablando de Lastra, ya no se van a quedar sin título escolar los
que suspendan, ha dicho Celaá. Ni tampoco van a dejar atrás a tantos
niños cuyos padres podían elegir colegio. Ahora, los nuevos
inspectores nombrados a dedo (otra vez lo del dedo, ¡cuánto les
gusta!) elegirán por esos padres, no vayan a equivocarse.
Solo se quedarán atrás los hijos de los ricos, pobrecillos, ellos
podrán seguir eligiendo y los inspectores no podrán salvarles de su
error. Gracias Celaá, menos mal.
Y para no quedarse atrás, tampoco debemos mirar atrás, no vaya a ser
que alguno cuestione cómo ha hecho las cosas este gobierno que tanto
nos cuida. Por eso es mejor ocultar al Parlamento los protocolos e
informes habidos antes de la pandemia y tantas otras cosas. La Ley
de transparencia sí que se ha quedado atrás.
Además, si miramos atrás, que sea a lo grande, 80 años por lo menos.
que para refrescarnos la Memoria Carmen Calvo tendrá 11 millones de
euros. Ni Franco se va a quedar atrás.
Ya lo ven, ni Franco, ni esposas, amiguetes, golpistas o filoetarras
se van a quedar atrás. Quizá miles de autónomos cierren la persiana
para siempre, los inversores huyan y se llenen las oficinas del
paro, pero lo importante es que usted se crea que nadie se queda
atrás.
Y por si alguien aún no se lo cree ahí están, para convencernos de
nadie se queda atrás, RTVE y el CIS, donde tampoco veremos al PSOE
quedarse atrás en las encuestas, eso jamás.
Educación con minúsculas
ENRIQUE OSSORIO El Mundo
23 Noviembre 2020
Los alumnos de nuestro sistema educativo tienen una ventaja
indiscutible frente a los de otros muchos países al aprender y
estudiar en un lenguaje tan rico como el español. Nuestra lengua
vehicular es el tercer idioma más hablado del planeta, lo que
permite a nuestros estudiantes eliminar fronteras en un mundo cada
vez más global. Esta ventaja comparativa era cierta hasta hoy, pero
el gobierno de la nación ha decidido, de forma irracional, eliminar
este extraordinario idioma como lengua vehicular de nuestro sistema
educativo. Con la Ley Celaá se consagra una situación absurda que ha
venido ocurriendo en algunos territorios de nuestro país, donde el
modelo educativo de inmersión lingüística sepultó el español en
favor de las lenguas cooficiales; una anomalía que la LOMCE quiso
revertir pero que ahora el PSOE pretende perpetuar e incrementar
para contentar a sus amistades peligrosas. En paralelo, y también
para socavar la unidad de España, el proyecto normativo de Sánchez e
Iglesias pretende acabar con el sistema educativo único y, para
ello, quieren desmembrarlo en diecisiete partes, rebajar el nivel de
la inspección educativa y anular la alta inspección.
Tras esta triste hazaña, la segunda línea estratégica de la Ley
Celaá consiste en menospreciar a las familias de diversas formas. En
primer lugar, mediante la extensión de la mediocridad entre el
alumnado, elevando a los altares los suspensos y los aprobados
generales e ignorando que cuando los padres llevan a su hijo a un
centro educativo quieren que reciba una educación de calidad. En
segundo, porque las familias tienen, además de la obligación de
educar a sus hijos, el derecho a elegir el tipo de educación, y la
LOMLOE quiere reducir esa libertad dando el máximo poder a las
Administraciones Públicas en la escolarización, poniendo trabas a la
concertada y eliminando la Educación Especial.
Ante esta triste realidad, la maquinaria del Gobierno y sus
terminales mediáticos están poniendo su empeño en "blanquear" estos
aspectos de la Ley Celaá, porque les avergüenzan, mientras la norma
sigue su frenética tramitación parlamentaria, salpicada por
continuas concesiones a los partidos del conglomerado Frankenstein:
Podemos, ERC y Bildu. Pero, aunque se esfuerzan, no pueden ocultar
que la Comisión Europea ya ha dado un importante "tirón de orejas"
al Gobierno al afirmar que esta reforma educativa carece de consenso
político y social y que, por eso, duda de que tenga éxito en el
futuro.
Otro de los aspectos que ha escandalizado a las familias, y que no
hay forma de esconder, es la delirante idea de acabar con los
centros de educación especial, con la excusa de una pretendida
educación inclusiva. No puede haber mayor inclusión que esforzarnos
para que los alumnos con necesidades específicas del aprendizaje
desarrollen al máximo sus capacidades mediante sistemas
individualizados de enseñanza. En la Comunidad de Madrid, el 91,7%
de estos alumnos están escolarizados en centros educativos
ordinarios y sólo el 8,3%, aquellos cuyas necesidades no se pueden
atender en los centros ordinarios, se encuentran en los centros de
educación especial. Esto es la verdadera educación inclusiva, no nos
engañemos. Gobernando el PSOE en España, se aprobó el Real Decreto
334/85 del 6 de marzo, de Ordenación de la Educación Especial, cuya
conceptualización y pautas de actuación han sido el punto de partida
de toda la legislación que después se ha dado en materia de
integración escolar. Solo la deriva radical de esa formación
política, que ahora están en las manos de Pedro Sánchez y sus
peculiares socios, pueden explicar semejante cambio de opinión.
La otra polémica que la izquierda quiere ocultar es el ataque a la
escuela concertada, objetivo para el que se introducen cambios
sustanciales en su regulación para que esta red educativa, tan
valorada por las familias, se convierta en subsidiaria de la pública
y si es posible eliminarla. Justifica este propósito el Gobierno
Socialista tratando de convertir en realidad lo que solo es un
mantra trasnochado, la idea de que en los colegios concertados se
impide el acceso de niños sin recursos. Todos sabemos que es falso,
en Madrid no se impide el acceso a alumno alguno a cualquier centro
educativo gracias a la libertad de elección y al distrito único, que
permite que las familias puedan escolarizar a sus hijos fuera del
barrio donde residen, algo que la Ley Celaá quiere eliminar,
obligándolas a matricularles en función de su distrito postal. Los
datos son tozudos, y es una evidencia que hay más plazas concertadas
que públicas en barrios con una menor renta per cápita como Usera,
Carabanchel, Puente de Vallecas, Latina o Moratalaz. Es más, la
realidad es que esto se repite en 14 de los 21 distritos de la
capital.
La Comunidad de Madrid defiende un sistema en el que convivan los
tres modelos de educación, pública, privada y concertada, y en la
que el concepto de demanda social, que quiere suprimir la Ley Celaá,
se respete en aras de garantizar la libertad de elección de los
padres. Gracias a ello, en Madrid, el 94% de las familias lleva a
sus hijos al centro que eligió en primera opción, independientemente
de donde residan.
En definitiva, la Ley educativa que quiere imponer el Gobierno de
Sánchez e Iglesias es un engendro ideológico, que no respeta la
libertad de elección, la voluntad de las familias, ni la opinión de
todos los actores del sector. Es una norma que empobrece
intelectualmente e iguala por abajo, margina nuestro idioma, huye de
la cultura del esfuerzo y solo persigue contentar a una parte de la
clase política, dentro de la cual están aquellos que quieren
dinamitar el régimen del 78, la concordia y la unidad. Sin duda,
estamos ante una ley muy dañina y sectaria que promueve,
desgraciadamente, una educación con minúsculas.
*Enrique Ossorioes Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad
de Madrid.
Prisa y el combate por las libertades
Jesús Cacho. vozpopuli
23 Noviembre 2020
“Polanco es un poder fáctico pluridimensional, equivalente a lo que
en épocas pretéritas representaron, juntos o por separado, la
Iglesia, la banca o el Ejército (...) Cualquier españolito puede
educarse con los libros de texto de Santillana, bailar al ritmo de
Los 40 principales, estar informado leyendo El País o escuchando la
SER, invertir su dinero con la ayuda de Cinco Días, seguir los
avatares de su equipo con el diario As, aficionarse a la literatura
con los libros de Alfaguara, salir de viaje con las guías El
País-Aguilar, tomarse unas vacaciones en los hoteles de la Cadena
Tropical, regalar discos comprados en Crisol, animarse los viernes
noche con el porno de Canal Plus o ver una película producida por
Sogetec en uno de los multicines de Lusomundo. En España es posible
cruzar desde la infancia hasta al senectud sin abandonar un solo día
la senda marcada por Jesús del Gran Poder Polanco Gutiérrez. Un
poder ciertamente formidable. Y una capacidad no menos vigorosa para
moldear el pensamiento de millones de españoles”. El párrafo
transcrito pertenece al capítulo 3 de 'El negocio de la libertad',
editorial Foca (1998), y resume ajustadamente la importancia que el
imperio mediático creado por Polanco ha tenido en los últimos 40
años de vida española.
Un imperio cuya importancia terminaría rebasando con mucho a su
creador, porque, incluso en la época del esplendor en la yerba del
editor, Prisa fue y ha sido siempre mucho más que Jesús Polanco.
Prisa, en efecto, ha sido Polanco y lo más granado del capitalismo
patrio. Prisa ha sido los Botín, los March, los Ybarra, los
Albertos, los Fainé, los Isidoros, los Florentinos… no pocos de los
cuales se sentaron en su consejo de administración. Ellos y el
conjunto de intereses que se mueve en su derredor. Si a ello
añadimos la especialísima relación que siempre ha unido al grupo con
el PSOE, llegaremos a la conclusión de que Prisa ha sido la
quintaesencia del Sistema, la columna vertebral del Régimen del 78:
la banca, las grandes fortunas, la Corona perfectamente acoplada con
el socialismo, el PP, el PSOE, la derecha nacionalista en Cataluña y
País Vasco y naturalmente el único poder fáctico que realmente ha
existido en las últimas cuatro décadas: el Grupo Prisa de Jesús
Polanco. Un sistema que ha pivotado en torno a un eje formado, de
abajo arriba, por Polanco, Felipe González y Juan Carlos I. El trío
que hizo de la libertad un negocio, además de un estilo de vida
ligado a una serie de valores que, con el paso del tiempo, se fueron
diluyendo en el ácido de una corrupción galopante.
En realidad, a Prisa solo le faltó durante la Transición contar con
una funeraria para poder decir que era muy capaz de monitorizar la
vida de cualquier ciudadano desde la cuna a la tumba. No la habrá
tenido, pero el grupo ha pretendido enterrar a mucha gente en vida,
ha “matado” civilmente a muchos que se resistieron al rodillo de un
grupo (“el que me echa un pulso lo pierde”, “en este país no hay
cojones para negarme a mí una televisión”) fuera del cual parecía no
haber vida inteligente. La llegada a Moncloa de José María Aznar en
1996 supuso un choque de difícil digestión para un Polanco,
falangista en su juventud, convencido de que el PP era “franquismo
puro y duro”, que se convertiría en la única oposición real al
Gobierno de la derecha. Los miedos del editor terminaron siendo
infundados, porque Aznar no había venido dispuesto a levantar
ninguna alfombra y mucho menos a abordar el saneamiento radical de
unas instituciones ya entonces muy tocadas por la corrupción
felipista. Lo del PP fue puro continuismo o la vuelta al sistema del
“turno”, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, y a vivir que
son dos días chupando tutti insieme del erario público.
De aquel gran grupo que, como el III Reich, iba a durar mil años, no
quedan a estas alturas más que las raspas. El responsable de tan
espectacular deriva tiene nombre y apellido, Juan Luis Cebrián, uno
de los indiscutibles protagonistas de la Transición, un franquista,
el último, convertido en demócrata, el primero en cuanto venteó el
final del franquismo, que a la muerte del editor, julio de 2007, se
hizo con las riendas del negocio como consejero delegado bajo la
presidencia, puramente nominal, de Ignacio Polanco, que es sabido
que el mayor problema de la empresa familiar suele ser la familia.
Como mandamás del grupo, la academia sueca premió a Cebrián con el
Nobel de Economía y Finanzas cuando, a finales de 2007, con la
burbuja de las subprime a punto de estallar en EEUU, decidió lanzar
una OPA sobre el 100% de Sogecable con la acción en máximos
históricos, una decisión que catapultó la deuda del grupo por encima
de los 5.000 millones, poniendo en grave riesgo su sostenibilidad.
Los 28 euros por acción ofrecidos equivalían a un PER de 62 veces
los beneficios de 2007. Una auténtica barbaridad teniendo en cuenta
que el PER histórico de la Bolsa española ronda 14 veces los
beneficios. A partir de entonces todo han sido miserias para el
grupo.
Tarde de copas en el Arahy
Lo que no ha cambiado un milímetro ha sido la servidumbre del
imperio hacia el Partido Socialista o viceversa, porque nunca se ha
sabido bien la naturaleza de las relaciones entre Prisa y el PSOE,
quién es el verdadero capo de quién. La era Aznar pasó como pasan
las glorias de este mundo, aunque esta vez con un baño de sangre. La
venganza, ese plato que se sirve frío, llegó para Prisa con ocasión
de los atentados del 11-M (2004): un Pérez Rubalcaba exigiendo “un
presidente que no mienta” y una SER dando pelos y señales del
terrorista hallado muerto en los trenes “con tres capas de
calzoncillos”. Aquel audaz golpe de mano provocó un terremoto
electoral que tres días más tarde auparía a la presidencia a
Rodríguez Zapatero tras unas elecciones que tenía ganadas Mariano
Rajoy. Triunfador en las generales del 20-N de 2011, el de
Pontevedra, uno de los personajes más lamentables, por vago y
pusilánime, que han desfilado por la derecha española, se apresuró a
devolver el favor rescatando a Prisa de la quiebra, Soraya al
aparato, mediante la capitalización de gran parte de la deuda que el
grupo mantenía con la banca, al punto de que, en la última década,
Santander, Caixabank y Telefónica han sido los arbotantes que han
sostenido ese tambaleante edificio. Mariano y Soraya hicieron más:
contribuyeron decisivamente a crear el duopolio televisivo de
Atresmedia y Mediaset, hoy fervorosamente entregado a la causa del
sanchismo, alimentaron en La Sexta al monstruo que es hoy Podemos y
terminaron regalando la presidencia a Pedro Sánchez tras una
tarde-noche loca de copas en el restaurante Arahy.
Curiosamente, tales avatares coincidieron con la etapa más centrada
del grupo y de su estandarte, El País, bajo la dirección de Antonio
Caño, cuyo posicionamiento editorial resultó capital para superar el
envite que el separatismo planteó al Estado en octubre de 2017 a
cuenta del procés, incluida la implantación del artículo 155 de la
Constitución en Cataluña, una oportunidad inmediatamente después
malgastada por el mendaz Rajoy. Todo se vino abajo con el golpe de
mano auspiciado en la calle Miguel Yuste, junio de 2018, por un
Pedro Sánchez que se acababa de hacer con la presidencia del
Gobierno con la ayuda de los enemigos de la nación de ciudadanos
libres e iguales. Pedro y su banda. Con el aliento del ala más
radical de la redacción, capitaneada por Sol Gallego–Díaz y Joaquín
Estefanía, Sánchez se vengaba de aquellos tremendos editoriales que
Caño le había dedicado en el otoño de 2016, cuando el sujeto resultó
despedido de Ferraz con una patada en el culo: “Sánchez ha resultado
no ser un dirigente cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no
duda en destruir el partido que con tanto desacierto ha dirigido
antes que reconocer su enorme fracaso”, editorial 'Salvar al PSOE.
El cese inevitable y legítimo de Pedro Sánchez es la única salida
para el partido'. Todo el equipo de Caño, entre ellos Álvaro Nieto,
director adjunto de Vozpópuli, fue fusilado al amanecer del 11 de
junio de 2018, incluido un Pérez Rubalcaba, toda una institución en
la casa, que durante años había formado parte del Comité Editorial.
Con El País convertido en un panfleto al servicio del “insensato sin
escrúpulos” y su proyecto totalitario, nada ha cambiado, sin
embargo, en la cuesta abajo por la que se desliza un grupo
financieramente quebrado (182,3 millones perdidos en 2019, menos, en
todo caso, que los 269,3 de 2018) y artificialmente sostenido por
sus acreedores bancarios. El pasado 19 de octubre, la sociedad
anunció la venta de la parte española de Santillana por 465
millones, así como la refinanciación de 1.148 millones de deuda con
vencimiento a marzo de 2025 y coste medio del 7% durante la vida del
contrato. La operación permite al consejero delegado, Manuel Mirat,
contar con gasolina para abordar la separación de las actividades de
la compañía en dos grupos, Educación y Media. La parte del león
estará en el negocio latinoamericano de Santillana, el único
operador global de educación presente en todos los países del
subcontinente, incluido Brasil, con 30 millones de alumnos en 22
países. La pata pobre será el negocio de Media, con El País y la SER
como estrellas menguantes. Una segregación que hay que entender como
una declaración de intenciones de la gerencia: el deseo de poner a
la venta los activos de medios (Prisa Noticias, editora de El País
entre otras cabeceras, registró un ebitda negativo de 17 millones a
30 de septiembre, cifra que era de 6,2 millones negativos en Prisa
Radio).
En esto ha quedado el gran imperio creado en su día por Jesús
Polanco, perfecto paradigma de la aventura vital recorrida por
España tras la muerte de Franco. El régimen del 78 y el grupo Prisa
nacieron a la vez, a la vez se fueron pudriendo con la corrupción
dineraria y la otra, las más peligrosa, la más letal, la de los
valores, y ambos han llegado hasta aquí arrastrando sus miserias en
un paralelismo aterrador por esta España que se cae a pedazos. Antes
de que la compañía lleve a cabo el split anunciado y aclare qué
parte de la deuda corresponde a cada una de las divisiones del
negocio, el antiguo empresario lechero asturiano y hoy perejil en
todas las salsas que se cocinan en la capital, Blas Herrero, lanzó
esta semana una oferta por los activos editoriales del grupo por
importe de 200 millones que este viernes fue rechazada de plano por
su Consejo. Un ridículo histórico o quizá no tanto, porque el
lechero podría haber sido la liebre lanzada por algún listo para
fijar precio, al menos precio mínimo, aunque hay quien lo reduce
todo al intento del aludido, que había pasado por el despacho de
Iván Redondo en Moncloa, de hacer un favor a Sánchez. Con una
capacidad para generar cash muy limitada, el negocio de los media es
hoy apenas terreno abonado para pillos, oportunistas y cazadores de
recompensas, además de especialistas en tráfico de influencias, más
o menos en la estela de un Polanco que nunca fue un editor
vocacional –algo de lo que siempre ha carecido nuestro país-, sino
un hombre dispuesto a hacer negocios variopintos a la sombra de los
ricos del lugar y a rebufo de la importancia creciente –y del miedo
que inspiraba entre el patriciado- de su “cañón Bertha”.
Batalla por la supervivencia
En la crítica situación por la que atraviesa España, con un
presidente decidido a gobernar para media España con el respaldo
parlamentario de grupos y partidos empeñados en la ruptura de la
nación (aterrador el vídeo de Arnaldo Otegui que ayer circuló por
redes sociales: “Los independentistas vascos y vascas estamos
dispuestos a colaborar en la democratización del Estado (…) pero ese
proceso no se va a dar (…) por eso le quiero pedir a esos sectores
que hoy articulan la nueva izquierda que sean honestos (…) y el día
que se demuestre que esa democratización es imposible, sumaros a los
independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha
procesos constituyentes (…) porque para que algún día España sea
roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar antes rota”),
el control de El País –que sigue siendo el diario más influyente en
español- y de la SER, con su potente red de emisoras, se antoja
pieza clave en la batalla política que se avecina por la
supervivencia de la nación. Y en la actual correlación de fuerzas,
esa pieza jamás se le escapará a Pedro y su banda; en modo alguno
Pedro & Pablo (que piensa lo mismo que Otegui en lo que a la España
“roja y rota” atañe) permitirán que esos medios viren hacia el
constitucionalismo y la pluralidad democrática.
Hace tiempo que se viene hablando de una operación patrocinada por
Redondo, el Rasputín de Moncloa, dirigida a concitar una oferta por
El País y la SER que estaría comandada por José Miguel Contreras y
sus amigos (lanzados en su día al estrellato por Zapatero), con
dinero de un fondo de inversión que les permitiría comprar los
paquetes de Telefónica (9%), Santander (4%) y el fondo Amber del
armenio Joseph Oughourlian (29%), una solución que contaría con las
bendiciones del soviet periodístico que controla la redacción de El
País. Miel sobre hojuelas. Intrascendente en términos
económico-financieros, lo que ocurra con los medios de Prisa será,
sin embargo, asunto de la mayor importancia política con vistas al
resultado de esa partida a cara de perro en la que España se va a
jugar su supervivencia entre las naciones libres del mundo. Lo acaba
de decir Emmanuel Macron, implicado en otra dura guerra, esta contra
el islamismo radical, en una larga entrevista concedida a Le grand
continent: “El combate de nuestra generación en Europa será un
combate por nuestras libertades”. Un combate que en España ya
estamos librando y que vamos perdiendo por goleada.
PSOE y Bildu: de la justificación al piropo
Editorial Estrella Digital
23 Noviembre 2020
Ni será la primera ni la última política entregada, a destiempo, a
justificar lo injustificable. La vida pública, por desgracia en
España, está repleta de esa clase de ejemplos: “donde dije digo,
digo Diego”.
Aún más deleznable: no es que tal o cual dirigente esté acostumbrado
a desdecirse, a propinarse patéticamente un ‘autozasca’ y, por
tanto, a reducir a escombros el valor de su palabra. Es que con cada
añadido impertinente hay representantes de todos los ciudadanos que
empeoran lo que, en su torpeza y sus carencias, pretendían malamente
arreglar.
Es un fenómeno que hemos padecido en las últimas horas en el verbo
de la hasta ahora semi-desconocida parlamentaria del PSOE, Carmen
Baños. ¡Y vaya forma de irrumpir en la escena!
Dice su señoría que “los diputados de Bildu son personas
maravillosas”. Y el resto sin percatarnos en nuestra miopía.
Probablemente si ETA hubiese asesinado o amenazado a alguno de los
familiares de la señora Baños, el concepto que tendría de los
proetarras sería bien distinto, incluso opuesto. Porque lo que no
parece haber bastado, ni a ella ni a muchos de sus correligionarios,
es que la organización terrorista haya acabado con las vidas de
numerosos socialistas, arruinando el futuro y destruyendo por
completo a sus familias, como a tantos y tantos compatriotas.
Ya constituía de por sí la quintaesencia de la insensibilidad que el
primer partido del gobierno se entregara a argumentar una alianza
tan bajuna con unos individuos cuya talla ética sigue estando en el
subsuelo. Pero es de aurora boreal, deprimente, que haya políticos
que -por mantener la poltrona, pisando principios y valores-
pretendan hacer comulgar a los españoles con ruedas de molino.
Está el país para pocas bromas, y desde luego, no pare que el pueblo
llano se deje groseramente engatusar con gratuitas y vomitivas
‘reflexiones’.
Pedro Sánchez, el bombero pirómano que lo
incendia todo y luego saca la manguera
El Azotador esdiario
23 Noviembre 2020
Al presidente solo le parece "fatal" que se homenajee a etarras,
pero está encantado de pactar con sus amigos lo que haga falta. Ése
es el retrato del inquilino de Moncloa.
Cualquiera que escuchara el domingo a Pedro Sánchez se diría que el
G20 lo había organizado él. Que la vacuna la había inventado él y
que, gracias a él, todos los males del mundo iban a tener antídoto:
sea la pandemia sanitaria o la crisis económica, el discurso del
pirómano ejerciendo de bombero fue, una vez más, legendario.
Es muy difícil encontrar un caso similar en todo el mundo de un
dirigente que mienta tanto, durante tanto tiempo y con menos pudor
que Sánchez. Ha encontrado la fórmula perfecta para soltar las
mayores trolas sin miedo a las consecuencias: cuando una empieza a
indignar… suelta otra más gorda. Y cuando ésta queda en evidencia,
suelta otra todavía peor….
En su “Aló Presidente” dominical tras la reunión del G20 en
Argentina dio una clase magistral de esa combinación de falacias,
falta de escrúpulos y arrogancia que le caracteriza. Para empezar se
negó a explicar sus pactos con Bildu.
El impactante lapsus de Pedro Sánchez desde Moncloa: "Congreso de
los Dicta..."
Todo lo más dijo que le parecían “fatal” los homenajes a etarras.
Hombre, “fatal” es que te suspendan una comida. O que te deje la
novia. O perder el tren. Que te asocies con los tíos que reciben en
sus pueblos como héroes a los asesinos de Blanco, Ordóñez o Múgica
está algo peor que “fatal”.
Es una vergüenza. Un presidente decente no pactaría con los
organizadores de la fiesta. Un presidente decente no ignoraría los
avisos del Parlamento Europeo contra estas humillaciones a las
víctimas. Y un presidente decente no tendría la caradura, a la vez,
de homenajear en su aniversario a Ernest Lluch mientras se mete en
la cama con los amigos de sus asesinos.
A Sánchez solo le parece "fatal" que se homenajee a etarras, pero no
pactar con sus aliados de toda la vida
Y para terminar, Sánchez denigró ayer a la oposición y sacó pecho
por tener a punto unos desastrosos presupuestos gracias a 198
diputados. Y presumió de representar a la mayoría que han querido
los españoles. Y esto es otra “fake news”. Él se presentó a las
Elecciones y pidió el voto comprometiéndose a no pactar ni con
Podemos ni con ERC ni desde luego con Bildu.
Los españoles no han votado eso. Aunque a Sánchez le da exactamente
igual. Si él tuviera que pactar con el Estrangulador de Boston, lo
haría y afirmaría que da unos masajes estupendos en el cuello. Quizá
por eso le traicionó el subconsciente y se le escapó la única frase
cierta de todo su discurso, ésa en la que se vanaglorió de tener
controlado el “Congreso de los Dicta…”.
Todos sabemos terminar su frase, presidente.
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