AGLI Recortes de Prensa   Martes 24  Noviembre  2020

Resentimiento
Santiago Navajas Libertad Digital 24 Noviembre 2020

La nueva ley socialista de educación se basa en una de las pasiones venenosas: el resentimiento. Decía Unamuno que "entre los pecados capitales no figura el resentimiento y es el más grave de todos; más que la ira, más que la soberbia". Puede haber una ira justificada ante la injusticia y la soberbia es un delito contra uno mismo. Sin embargo, el resentimiento emponzoña las relaciones sociales propagando el odio y creando violencia. El resentimiento era la pasión tóxica tras los personajes más siniestros de Shakespeare, Yago en Otelo y Edmundo en el Rey Lear.

El resentimiento se esconde tras la caza de brujas contra los centros concertados. Un senador socialista, Miguel Ángel Heredia, ha insultado a millones de españoles que eligen estudiar en el sistema público concertado. "Ni hay que educar a pijos con dinero público. Ni hay que mantener los privilegios educativos de unos pocos con el dinero de todos".

Podría parecer paradójico que un político socialista llame "pijas privilegiadas" a la ministra Isabel Celaá y a sus hijas dado que eligieron un colegio no sólo concertado sino, además, católico. Pero lo que de verdad subleva a un socialista típico como Heredia no es que una millonaria como Celaá haga lo que quiera sino que lo haga alguien de la clase trabajadora, ya que consideran a los obreros como ganado y al Estado como su cortijo. Por ello, en su modelo educativo ideal únicamente quedarían un sistema público estatal y un sistema totalmente privado de modo que las clases medias no podrían escapar de su ansia adoctrinadora, su ética de gulag y su estética cutre (el senador debe de ser un cani dado el odio de clase que manifiesta a los pijos pero en Twitter viste un jersey de Tommy Hilfiger, suponemos que falso).

La exclusión del español que les han regalado los socialistas a los nacionalistas para "sus" sistemas educativos también obedece al resentimiento. Instalados en el odio hacia lo español, debido a su complejo de inferioridad de tribu perdedora, la única forma que conciben de ayudar a las lenguas particulares de sus comunidades es tratar de destruir a aquellos que eligen libremente usar el español, su otra lengua propia, como herramienta de expresión tanto en los medios como en la educación. Cuando recuerdan a Felipe V e, incluso, la Pragmática Sanción de 1567 para justificar sus actuales leyes liberticidas no están sino proyectando hacia el pasado sus actuales pulsiones de poder a través de la imposición de una hegemonía cultural y el control del lenguaje. Sobre ello advirtió Aldoux Huxley cuando profetizó que en las democracias liberales se obtendría el consentimiento de los esclavizados felices mediante drogas pero, sobre todo, por medio de la propaganda, minusvalorando la parte racional y apelando a los sentimientos más primitivos, los instintos tribales y las emociones más profundas -en suma, destruyendo la razón y privilegiando el inconsciente- justo como hace el nacionalismo en su alianza con el populismo.

De ahí también la constante apelación a la sesgada “memoria histórica” y a la ideologizada “educación para la ciudadanía”, un lastre de manipulación y venganza en la que chapotea el socialista habitual porque, explicaba Gregorio Marañón en su análisis del resentimiento: "El resentido tiene una memoria contumaz, inaccesible al tiempo". Terminaba el pensador madrileño: "El resentido es, en suma, allá en el plano de las causas hondas, un ser mal dotado para el amor; y, por lo tanto, un ser de mediocre calidad moral".

Por ello el resentido no puede sino parir medianías de acuerdo a su bajeza intelectual y moral. Por ejemplo, la ley Celaá.

Una armonización de impuestos contra Madrid
José María Rotellar okdiario 24 Noviembre 2020

El Gobierno del presidente Sánchez, está empeñado en conseguir acabar con el espacio de tributos bajos que tiene la Comunidad de Madrid. No es que Madrid tenga unas competencias que no posean Extremadura, o Castilla-La Mancha o cualquier otra comunidad autónoma, o que no poseyese Andalucía cuando allí gobernaban los socialistas, con Montero como consejera de Hacienda varios años. Lo que pasa es que el Gobierno de la nación, con Montero al frente, ha emprendido una especie de cruzada contra las regiones que bajan los impuestos a los ciudadanos.

Es cierto que no lo está teniendo fácil para argumentarlo, porque al principio dijo que Madrid recibía menos dinero del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) en la sorprendente -por inédita- actualización de las entregas a cuenta en la prórroga de octubre de 2019, debido a que Madrid había bajado el IRPF. Sin embargo, en el desglose Madrid recibía más fondos por IRPF (casi 89 millones) por haber incrementado la recaudación en esa figura tributaria gracias a una mayor actividad.

Después dijo que tiene que haber una fiscalidad justa porque las regiones ricas tienen que aportar para financiar los servicios esenciales de las regiones con peor marcha económica, pero ahí volvió a pinchar en hueso: Madrid es, de largo, la que más aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Esenciales, para que esas regiones con menor capacidad económica puedan prestar los servicios, sanitarios, educativos o sociales.

Es más, a través del tope establecido en la DT Séptima.8 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre del SFA, todos los años la Administración General del Estado se queda con entre 500 y 750 millones de euros que le corresponden a Madrid por el fondo de competitividad y que por dicho tope, establecido pensando en su día para que Madrid no lo recibiese, se queda el Gobierno central, con lo que Madrid es solidaria hasta con Montero y sus cuentas.

Y por último, ahora acusa a Madrid de “dumping fiscal” y de verse favorecida por el efecto capitalidad, pero, sin embargo, todas las regiones de régimen común -y las forales, más- tienen la misma capacidad que Madrid para subir o bajar impuestos; y en cuanto al efecto capitalidad, Madrid no siempre ha ocupado un lugar tan destacado como ahora, y, sin embargo, alberga la capital desde que Felipe II la situó en Madrid -con la excepción de los pocos años en los que Felipe III se llevó la Corte a Valladolid, para, luego, volver a situarla en Madrid-.

Por eso, ahora el Gobierno se sirve de los independentistas de ERC para volver a lanzar un ataque sobre la fiscalidad baja de Madrid, para tratar de que suba Patrimonio y Sucesiones, al querer imponer, según la enmienda presentada por los separatistas, una cuota tributaria nacional que opere en el caso de que una región mantenga exento el impuesto de Patrimonio. Se trata, por tanto, de una propuesta única y exclusivamente contra Madrid, para obligar a la región madrileña a que suba los impuestos.

No es nueva esta obsesión de un Ejecutivo central contra la Comunidad de Madrid, pues ya se vivió en el pasado, incluso con un Gobierno de distinto signo al actual del banco azul. Tampoco son nuevas las acusaciones falsas de “dumping fiscal”, y no sólo realizadas por regiones socialistas, pues en el pasado las realizaron también regiones del mismo signo político que el de Madrid -soy testigo directo, pues a mí se me dijo eso mismo por parte de un consejero de Hacienda y de una directora general de Presupuestos de una comunidad autónoma distinta a Madrid y entonces de la misma orientación política que Madrid-. Ahora bien, nadie ha llegado tan lejos como el Gobierno de Sánchez al intentar someter a Madrid: lo hemos visto en la gestión de la crisis sanitaria y lo vemos ahora en esta guerra tributaria.

En lugar de copiar a Madrid y bajar impuestos para incentivar la actividad y, con ella, el empleo, quieren que Madrid los suba. En lugar de que se pueda competir fiscalmente y procurar la corresponsabilidad fiscal, quieren que Madrid los ponga al mismo nivel que el resto, para que a nadie le saquen los colores. Y en lugar de aplaudir dicha corresponsabilidad y solidaridad de Madrid con el resto de autonomías, se acusa a la región madrileña de competencia desleal en términos tributarios.

Ya sabemos que a la ministra Montero y a todo el Gobierno de Sánchez les gustaría que Madrid tuviese que aplicar un sistema casi confiscatorio, que es ni más ni menos que el sistema tributario que Montero tenía impuesto en Andalucía:

Un IRPF casi cinco puntos superior al de la Comunidad de Madrid.
Un Impuesto de Sucesiones confiscatorio hasta que tuvieron que suavizarlo para sacar adelante los presupuestos regionales, pero que seguía en tasas elevadísimas al sobrepasar el millón de euros, hasta la rebaja fiscal actual del PP.
Un Impuesto de Donaciones igualmente confiscatorio, con tipos muy elevados.
Un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuatro puntos superior al de Madrid.
Un Impuesto de AJD que era el doble que el de Madrid.
Un Impuesto de Patrimonio que llegaba a aplicar con los socialistas el 3% en Andalucía, frente a la completa exención en la Comunidad de Madrid.

Ése es el modelo que quiere imponer el Gobierno. Un modelo en el quieren gravar con fuerza las Sucesiones de personas que hayan trabajado duro y acumulado una vivienda en Madrid desde hace más de cincuenta años y unos ahorros conseguidos con esfuerzo a través de toda una vida laboral, con el agravante de que lo que ha permitido generar el hecho imponible habrá estado gravado antes hasta en dos ocasiones: por renta y por patrimonio.

Un modelo en el que quieren subir el impuesto de la renta a toda la clase media, que es la base sobre la que se sustenta la recaudación del impuesto.

Un modelo que querría gravar la compra de una vivienda de segunda mano cuatro puntos más, con un coste adicional de hasta 12.000 euros para una vivienda de 300.000 euros.

O el modelo al que le gustaría elevar el coste de AJD -que aunque Sánchez haya hecho sujeto pasivo a los bancos, termina siendo repercutido a los clientes, con lo que la subida del impuesto también lo pagarían los ciudadanos- al doble que el coste que supone ahora.

Y un modelo que, con la enmienda de ERC, hará que los madrileños paguen impuesto de Patrimonio, que es arcaico e injusto, pues nació como impuesto de control y ha acabado siendo confiscatorio, para satisfacer a los independentistas catalanes, que no son capaces de gestionar adecuadamente, que es el motivo por el que cada vez pierden más contribuyentes, no porque Madrid sea desleal.

Con ello, tratará de impedir que los madrileños puedan seguir ahorrándose una importante parte en impuestos, que les ha permitido hasta ahora destinar a mayor consumo e inversión, que ha hecho posible, así, contar con un mayor crecimiento económico y empleo y, a través de este mayor crecimiento de Madrid poder ser más solidario con el resto de regiones. Por tanto, la medida es también contraproducente para el resto de CCAA, porque si se empobrece Madrid con una subida de impuestos obligada, se empobrecerá el resto al tener menos fondos Madrid para repartir con las demás.

Con ese acoso fiscal a Madrid, cambiando la normativa para obligarle a subir impuestos, al tiempo que Sánchez suba todo lo que sea competencia estatal, hará que los madrileños tengan que pagar casi 1.900 euros más al año cada uno en impuestos, que se compone de los 1.150 euros anuales que se ahorra cada madrileño por las rebajas de impuestos regionales, más los 735 euros por el ahorro en el IRPF estatal producido por las rebajas aplicadas cuando el PP estuvo en el Gobierno de la nación.

Ese ahorro es notable, por ejemplo, en IRPF, respecto a lo que pagaría un contribuyente madrileño de aplicarse en Madrid el tipo nacional, más alto, que llega a suponer un ahorro del 49,61% sobre lo que supondría aplicar el tipo nacional para rentas inferiores a 27.686,64 euros.

Es decir, que los socialistas se quitan ya para siempre aquella careta impostada de Zapatero donde decía que “bajar impuestos era de izquierdas”, cosa que enseguida se vio que era falso, para aplicar la más rancia política intervencionista de derroche en el gasto, impuestos altos, déficit recurrente y creciente, deuda abultada y, con todo ello y con la intromisión en la actividad económica, poner, así, trabas al crecimiento económico.

Eso no tiene sentido: el modelo de Madrid funciona -ahí están todos los datos económicos y de empleo, que lo demuestran-. En lugar de obligar a Madrid a que suba los impuestos, deberían animar a las demás CCAA a que compitiesen con Madrid en mejores servicios, gasto eficiente e impuestos bajos. Es la base de la corresponsabilidad fiscal, pero parece que el Gobierno sólo quiere que las regiones utilicen su capacidad normativa tributaria en un sentido: el de subir impuestos.

Si el Gobierno hace eso, Madrid podría intentar buscar fórmulas de compensación bajando otros tributos o con algunas deducciones, pero resultaría muy difícil llevarlo acabo, porque es casi imposible de compensar, al ser hechos imponibles distintos y sujetos pasivos muy diferentes, y siempre cabría la posibilidad de que el Gobierno lo recurriese. La otra alternativa, contra la que el Gobierno no puede hacer nada, es que Madrid puede emplear el aumento de recaudación, si es que se da, que es mucho suponer, a obtener superávit y amortizar la deuda pública, para eliminar esa pesada carga a las generaciones futuras. Como la deuda son impuestos diferidos en el tiempo, eso también es bajar impuestos, aunque en el caso del impuesto de Patrimonio, ni eso podría hacer Madrid, porque la enmienda de ERC está diseñada para que los madrileños tengan que pagar los desequilibrios presupuestarios del Gobierno de la nación. Al final, parece que los que creen menos en el Estado de las autonomías y en la corresponsabilidad fiscal son este PSOE y los independentistas, al tratar de someter al que, en ejercicio de sus competencias, como Madrid, opta por una política económica distinta. Esto no debería tratarse de una cuestión ideológica, sino de pragmatismo y de respetar el Gobierno elegido para aplicar en su margen competencial la política tributaria que cree más útil, pero parece que no van a dejar que sea así.

El sanchismo prevalente
Amando de Miguel Libertad Digital 24 Noviembre 2020

¿Para qué nos vamos a engañar? La llamada “transición democrática” ha cumplido, silenciosamente, su larga singladura. Nunca se nos dijo cuál era el objetivo final hacia el que íbamos a transitar, transar o transir los españoles disciplinados. Si acaso fuera la democracia al modo occidental, cavilo que todavía faltaría un buen trecho. Pero el tránsito, que ha sido transitorio o transitivo, no ha dado más de sí. Los españoles nos hemos quedado transidos de lo caro que ha resultado el prolongado experimento.

Con una mirada histórica más generosa, a lo largo de la España contemporánea (el último siglo y medio, o sea, cinco generaciones) se percibe una trayectoria sinuosa, o al tresbolillo, de los regímenes. A un primer episodio con impulso democrático (D) le sucede otro con una querencia autoritaria (A). Todo comienza con la Restauración y el invento canovista del “turno pacífico” de los partidos (D). Sigue la efímera Dictadura de Miguel Primo de Rivera (A). Irrumpe la II República (D), dominada por la violencia, que desemboca en el inevitable fracaso de la miserable guerra civil. Le sucede el Franquismo (A), con varias fases internas, que desemboca, pacíficamente (con la excepción del terrorismo vasco), en la Transición (D). Es el periodo que ahora concluye con cierta desgana.

Cada uno de esos regímenes, más que afirmarse con un sentido positivo y original, se muestra como la negación del episodio anterior. Es una extraña dialéctica. Otra coincidencia es que el inicio de un nuevo régimen suele venir acompañado de una coyuntura económica adversa. Encima, en este final de ciclo, que ahora nos conturba, a la desazón económica se une la pandemia del virus corona (que ya no es solo de 2019; será también de los dos años siguientes). La lucha contra el virus chino ha sido una prueba negativa para demostrar la general ineficiencia del actual Gobierno y su vergonzosa política de comunicación.

Todos los regímenes de la España contemporánea han soportado una constante autoritaria, solo que, de forma más expresa y descarada, en los periodos que suceden a las etapas democráticas. El autoritarismo, propiamente dicho, se caracteriza por la divinización del poder personal de los caudillos (cabecillas) y por el intento de imponer la ideología de los que mandan a toda costa. Es el rasgo político más típico de la España contemporánea, aunque revista diversas variantes. Poco o nada tiene que ver con el desarrollo económico, la industrialización, procesos que han seguido adelante, mal que bien, en todos los regímenes.

La ideología prevalente es, hoy, lo que podríamos llamar “progresismo”, una etiqueta de raigambre histórica, que, como tal, significa poco. Podría ser tachada, también, como populismo o socialcomunismo. Se manifiesta por la exaltación del poder personal y por una mímesis de lo que se estila en algunos países del continente hispanoamericano de corte dictatorial. Puestos a identificarla con un nombre propio, bien podríamos hablar de “sanchismo”, aunque nos lleve al recuerdo de Sancho Panza. La verdad es que todavía no ha cristalizado quién pueda ser el epónimo para la posteridad: Sánchez o Iglesias. De momento, es el altivo y sinsorgo presidente del Gobierno quien ostenta el mando. Sin embargo, cunde la impresión de que es Iglesias el verdadero gerifalte del progresismo en marcha. Cuidado con él, porque es más inteligente y ambicioso que el doctor Sánchez. Lo asombroso es que la población española, escamada de tantos vaivenes políticos, acepte, más bien resignada, la hegemonía del progresismo. Que poco tiene que ver con el progreso y sí con el desprecio de ciertos valores tradicionales de la nación española.

Matrícula de honor en ingeniería social
Jorge Vilches. vozpopuli  24 Noviembre 2020

Leí hace un par de años un panfleto en el que un sociólogo progre hablaba de la superioridad moral de la izquierda. El prólogo lo firmaba un tal Íñigo Errejón, la versión naif de la filósofa Chantal Mouffe. Esa pretendida superioridad se debe, a su entender, a que la izquierda es abanderada de la justicia, la conciencia social, la cultura y la educación. La falsedad es tan grande que, tras comprobar que carecen, mancillan o manipulan esos cuatros elementos, habría que pensar justo lo contrario.

Ni siquiera son “progresistas”. La idea del progreso es la garantía de la libertad del ser humano, que es la esencia natural que da sentido a la vida. El progreso no es un Estado burocrático, omnipotente y omnipresente en manos de un Gobierno mesiánico que decide pensar por cada uno de nosotros. El progreso no es que el poder esté en manos de un puñado de ingenieros sociales que asumen la tarea de corregir, adoctrinar, prohibir, incautar y sacrificar nuestra libertad hasta que se cree el Hombre y la Sociedad nuevas, a imagen y semejanza de su ideología totalitaria.

Estamos gobernados por la peor izquierda posible, la más radical, populista, engreída y rupturista que hemos tenido desde la Guerra Civil. No consiguen disimular su pulsión totalitaria en nada de lo que hacen o dicen. A ningún Gobierno socialdemócrata europeo se le habría ocurrido pactar una ley de Educación, o cualquier otra, con el heredero político de una banda terrorista, o con quienes han dado un golpe de Estado y aún lo defienden. No hay en Occidente un Gobierno democrático que llame “facha” a todo aquel que, dentro de la ley, quiere controlar la acción gubernamental.

Este Gobierno socialcomunista intenta que pensemos que la democracia es la sumisión incondicional a los dictados del Gobierno. Eso en realidad es la definición del autoritarismo, porque lo democrático es la garantía de la libertad, del ejercicio de los derechos individuales, de la separación de poderes, y de la seguridad jurídica. Sin olvidar el derecho legítimo de la oposición a aspirar al poder para revertir la política de ese Gobierno.

La 'batalla de posiciones'
La tarea se plantea hoy muy difícil. No les basta con haber colonizado el Estado y hostigar a los partidos y las instituciones, incluida la Corona, que pueden ser obstáculo en su camino. Es preciso moldear las conciencias de las nuevas generaciones. Por eso la izquierda y sus socios nacionalistas quieren controlar la educación. Necesitan adoctrinar.

El marxista Max Adler escribió hace cien años que no hacía falta ninguna revolución violenta para tomar el poder para siempre. Bastaba con conformar la mentalidad de los niños. Fue mucho más sincero que el florido Gramsci, quien por la misma época habló de ganar la cultura y la educación para vencer en la política. Es lo que llamó la “batalla de posiciones” para la hegemonía.

Imaginemos. Si hoy los jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, ni lo que significó social y políticamente. Si piensan que ETA es una cosa del pasado, pero que la Guerra Civil está muy presente. ¿Qué van a pensar en diez o quince años con una Ley de Educación que elimina la libertad educativa y de elección de los padres? ¿Con una ley que se carga la Alta Inspección Educativa sustituyendo las oposiciones por la designación?

Un ejemplo son las nuevas hornadas de nacionalbolcheviques e independentistas en Cataluña: no saben nada de nada salvo el relato nacionalista, y carecen de cualquier costumbre democrática. El nacionalismo ha creado en 40 años dos generaciones de feligreses que votarán de forma mecánica al independentismo, que repudiarán lo español, y que aceptarán de buen grado el recorte de libertades en Cataluña con tal de llegar a la paradisíaca república propia.

La izquierda y sus socios nacionalistas quieren romper el alma del proyecto común de España, que es la cultura española. Todo lo español les será ajeno a las nuevas generaciones, frente a la propio, lo diferencial, lo que separa. Eso no es progreso. Eso es condenar a los jóvenes a la miseria cultural, primer paso de la pobreza económica.

Figura de autoridad
El otro gran crimen es la eliminación de la educación especial. Han sacrificado la libertad y la felicidad de esos niños y de sus familias al logro de su ideología. Lo llaman “evitar la segregación” y “conseguir la equidad”. Ninguno de esos dos conceptos tiene que ver con la educación, sino con el adoctrinamiento y la ingeniería social. Por eso son retrógrados, reaccionarios a los que la mayor felicidad posible del mayor número, como escribió Jeremy Bentham, es prescindible si no ayuda a la consecución de su objetivo ideológico.

Esta izquierda, la de la superioridad moral, cree que la instrucción pública es una fábrica de ciudadanos, no de profesionales o gente instruida. Piensa que la docencia tiene una función social: cambiar el mundo según su particular ideología, un dogma que traslada a las aulas y a las mentes de los chicos. El daño es considerable porque el docente es una figura de autoridad para el niño y no tiene derecho a usurpar el papel de los padres. Afortunadamente no todo el profesorado es así -soy profesor-, pero sí los que han perpetrado la fundamentación ideológica de la ley Celaá.

Cuando una ley de educación no sirve al interés general ni a su esencia con tal de obtener una contrapartida política es una perversión de la democracia y del mandato de servicio público. Una vez más este Gobierno socialcomunista saca matrícula de honor en ingeniería social autoritaria.

Proteger lenguas o proteger hablantes
Aurora Nacarino-Brabo elespanol 24 Noviembre 2020

El problema de someter las políticas educativas al estrés centrífugo de la polarización es que impide abordar nada con un mínimo de rigor, elimina la posibilidad del matiz y arrasa el espacio de encuentro donde podría alcanzarse un acuerdo de mínimos que sirviese, al menos, a una generación de estudiantes. Lamentablemente, la última preocupación de los partidos parece ser el alumnado: antes de referirse a él, los políticos esgrimen las libertades de los padres y hasta los derechos de las lenguas.

Sucede, sin embargo, que los alumnos son ciudadanos y el Estado debe velar por sus derechos educativos. Digo el Estado y digo bien, aunque algún minarquista arquee una ceja: al menos desde Stuart Mill, el liberalismo ha predicado que sin formación no puede haber autonomía personal. La instrucción es, pues, una premisa de la libertad que el Estado debe proveer. Bajo este principio del derecho a la educación, me gustaría hacer algunas observaciones acerca de la eliminación de la vehicularidad del castellano en Cataluña.

El castellano no es vehicular en Cataluña desde hace décadas, y eso sucede porque así lo han permitido los sucesivos gobiernos de PSOE y PP. Es la constatación de que se ha impuesto el modelo hegemónico nacionalista, que señala al castellano como lengua impropia y persigue su expulsión de Cataluña. Incluso cuando se quiere combatir este modelo homogeneizador, se hace dentro del marco argumental impuesto por los nacionalistas, tratando la cuestión bajo el prisma de la necesaria protección de las lenguas cooficiales. Y no son las lenguas lo que las administraciones deben proteger, sino los derechos de sus hablantes.

Así, en términos generales, lo que se vulnera en Cataluña son los derechos de los castellanoparlantes, y, para el caso particular de la educación, se lesionan los derechos del alumnado cuya lengua materna es el castellano. El nacionalismo ha conseguido establecer un falso debate por el cual la idoneidad de la inmersión ha de evaluarse en términos de supervivencia de las lenguas.

Nadie duda que el castellano es una lengua pujante que se abrirá camino por encima de cualquier plan de ingeniería social, pero no se trata de que los alumnos puedan consumir televisión en español; sino de que se reconozca su derecho a que el castellano sea también lengua de cultura y prestigio en la que puedan adquirir plenas competencias intelectuales.

Luego está la cuestión de clase. Los debates de clase casi han desaparecido de la política actual, fundamentalmente porque quien los abanderaba, la izquierda, se ha pasado ahora al postmaterialismo de la identidad cultural. Y en ese viaje, claro, se ha alineado con el nacionalismo.

Resulta asombroso que ningún partido se atreva a esgrimir, en la discusión sobre la vehicularidad del castellano, que la inmersión plantea un obstáculo en su formación a quienes tienen como lengua materna el castellano, que son, además, las clases socioeconómicas más vulnerables, y que tener como lengua materna el castellano es un predictor de una mayor probabilidad de fracaso o abandono escolar temprano.

En último término, el debate sobre la lengua en la escuela revela un problema de desigualdad de oportunidades cuyas consecuencias tienden a perpetuarse: basta echar un vistazo a los nombres de los cargos más relevantes en las instituciones y las direcciones empresariales para constatar que están copadas por una élite de apellidos catalanes, pese a que los apellidos más frecuentes en Cataluña son los mismos que en el conjunto de España.

Así que no: el debate sobre la vehicularidad no tiene nada que ver con la obsesión conservacionista de la protección de las lenguas, sino con garantizar los derechos lingüísticos y educativos de una parte de la población catalana a la que se trata como ciudadanía de segunda ya desde la escuela, y en aras de un proyecto excluyente de hegemonía cultural nacionalista.

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Infames
Miquel Giménez. vozpopuli 24 Noviembre 2020

Lástima no vivir en aquella Roma en la que la infamia conllevaba la pérdida del honor, la reputación, el poder acceder a un cargo de elección popular o votar en los comicios. Sólidos tiempos en los que a los infames se les cortaba la nariz, metiéndolos en un saco con ratas para arrojarlos al Tíber. La infamia es maligna en cualquiera, pero cuando habita en la silla oficial se convierta en algo más repugnante. Una vez instalada, ya no se puede evitar caer más y más bajo por esa pendiente que conduce al infierno según Virgilio. Descender es fácil, pero volver a ver el cielo es imposible.

No creo en la redención del Gobierno de Sánchez. Han bajado demasiados escalones con harta rapidez hacia el abismo como para poder ser salvados. Sus infamias han de quedar como uno de los capítulos más negros en la reciente historia de España. Porque es infame blanquear a ETA a costa de mirar hacia otro lado cuando de asesinados se trata. Porque es infame hablar, siquiera para preguntarle la hora, con Otegi, y mucho menos pactar. Porque es infame renegar de tu propia lengua e impedir que sea de uso común en la escuela, quedando en manos de enanos resentidos darle una patada a España, la que nunca tuvieron valor de dar, mediante la negación del español en la enseñanza. Porque es miserable, máxime cuando de un pretendido Gobierno de izquierdas se trata, que el noventa por ciento de las personas que solicitaron el ingreso mínimo vital o el pago del ERTE no lo hayan recibido y, por si fuera poco, se cambien los requisitos cada dos por tres. Porque es miserable la pasividad ante la invasión marroquí en Canarias sin que el Gobierno movilice a la Armada para defender nuestras costas, convirtiendo un territorio turístico en un solar.

Porque es infame el nivel de ignorancia y chulería de quienes ostentan responsabilidades en el Gobierno. Porque es infame que quienes más hablan de igualdad tengan a sus cónyuges enchufadas. Porque es infame hacer uso de un avión oficial de manera abusiva. Porque es infame que la negligencia unida a la incompetencia hicieran ver que no pasaba nada con el virus hasta que fue tarde. Porque es infame bloquear el portal de transparencia para que no podamos saber con quién y a qué precio se negociaba con la salud de los españoles.

Porque es miserable como se ha abandonado a los constitucionalistas en Cataluña, en las tierras vascas, en Asturias, en Galicia, dejándonos en manos de la derecha más casposa y rancia que existe en toda Europa, la que discrimina por haber nacido aquí o allí. Porque es infame mantener una agenda oculta que busca subvertir el orden constitucional desgastando a sus principales instituciones, singularmente la Corona, el Parlamento y el poder judicial.

Porque todo esto es una infamia y quienes la cometen son el PSOE, Podemos, los separatistas vascos y catalanes y los etarras, además de algunos espontáneos que acabarán pagando carísima su ambición, hay que decirlo. Para que la historia no tenga solamente la versión almibarada de RTVE o TV3. Que sepan que en España se primó la propagada antes que la sanidad, se colocó en cargos importantísimos en momentos muy delicados a auténticos incompetentes, que fue más importante repetir la consigna del líder que tener una buena formación universitaria, que pesaba más la relación personal con el cabeza del partido que la valía intelectual. Que palabras como España, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, igualdad ante la ley, justicia social, patria u honor fueron ridiculizadas, cambiándolas por Estado plurinacional, cultura feminista, sostenibilidad, heteropatriarcado, por el odio hacia quien supo destacar en lo económico como Amancio Ortega o en lo artístico como Pitingo. Que conozca la historia hasta qué punto fue miserable este tiempo y sus gobernantes.

Porque eso es lo que son, si nos atenemos a la definición de la RAE. Son descrédito, deshonra, maldad o vileza. Acta deos numquam mortalia fallunt, decía Ovidio. Sí, las acciones mortales nunca engañan a los dioses. A muchos mortales, tampoco.

No dejar títere con cabeza
Cayetano González Libertad Digital 24 Noviembre 2020

Con este gobierno social-comunista –hasta Iglesias ya lo denomina así- vamos a susto por semana. Ni la situación creada por la pandemia, tanto en su vertiente sanitaria como en la de la crisis económica que lleva aparejada, supone un freno para esta pareja de gobernantes irresponsables que forman Sanchez e Iglesias. Ellos están a lo que están: a destruir el sistema constitucional del 78 y a construir una nueva sociedad inspirada en sus sectarios y excluyentes principios ideológicos.

La relación de atropellos llevados a cabo, sólo en las últimas semanas, por este Gobierno es simplemente estremecedora: puerta abierta al indulto a los políticos presos catalanes que intentaron un golpe de Estado; propuesta de modificación del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición pensando en Cataluña; pacto en el Congreso de los Diputados con los herederos de ETA para modificar la reforma laboral llevada a cabo por los gobiernos de Rajoy; pacto con los herederos de ETA para aprobar los Presupuestos Generales del Estado; propuesta de modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que suprima la exigencia de mayoría de 3/5 del Congreso para llevarla a cabo; creación del “Ministerio de la Verdad” dirigido por dos funcionarios del gobierno para controlar a los medios de comunicación que osen criticar al ejecutivo; supresión del castellano como lengua vehicular en toda España. Y como remate, ataque directo a la enseñanza concertada y a la educación especial con la ley Celaá ¿Hay quien dé más en tan poco espacio de tiempo?

El Gobierno se aprovecha de la situación tan atípica que estamos viviendo desde marzo por mor de la pandemia para llevar a cabo su plan ideológico. Saben –como se vio este pasado sábado en diversas ciudades de España con las manifestaciones en coche contra la ley Celaá- que en condiciones normales la gente saldría a la calle de forma masiva para manifestar su rechazo a muchas de esas decisiones que atentan contra el sistema constitucional, contra derechos y libertades básicas recogidos en el texto de la Carta Magna aprobada por la inmensa mayoría de los españoles hace casi cuarenta y dos años.

¿O es que Sanchez y su gurú Iván Redondo ignoran que en una situación de normalidad, cientos de miles de ciudadanos se echarían a la calle, por ejemplo, para clamar contra el pacto de PSOE con Bildu, los herederos políticos de ETA? Claro que lo saben, y por eso aprovechan la situación de confinamiento atenuado en la que estamos viviendo para avanzar paso a paso en su proyecto de tumbar el régimen, en plena coincidencia con lo expresado la pasada semana por el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, desde la tribuna del Parlamento Vasco.

Sólo cabe esperar que los ciudadanos –todos aquellos que no estén ya infectados o anestesiados por el virus del sectarismo ideológico radical que caracteriza a una parte de la izquierda- tomen buena nota de todo lo que está sucediendo en España desde que Sánchez e Iglesias se instalaron en el poder y que en las próximas citas electorales voten en consecuencia.

Mientras tanto, tampoco estaría de más que la oposición se aplicara a la tarea de construir una alternativa consistente y atractiva a este gobierno social-comunista. La intervención de Casado contra VOX y Abascal en el debate de la moción de censura no invita al optimismo y cada día que pasa se confirma el tremendo error que cometió el actual líder del PP con ese discurso rupturista, inspirado o no por antecesores suyos en la presidencia del partido. Ciudadanos es algo que camina hacia la extinción y VOX debería poner todo el empeño posible en ir consolidando un proyecto político, con ideas, programas y equipos que sean capaces de atraer a más votantes de los que actualmente tienen, que siendo ya bastantes pueden seguir creciendo, sobre todo si el PP se dedica a conjugar conceptos como el centro, la moderación y la modernidad.

Atreverse a hablar español en público

Pablo Planas Periodista Digital 24 Noviembre 2020

El éxito del separatismo en su campaña contra España es innegable. Son años de trabajo de zapa cuya guinda es una ley orgánica elaborada a su gusto.

La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), más conocida como la ley Celaá en honor de la ministra de Educación y Formación Profesional, ha desatado a los talibanes de las lenguas regionales de España, quienes sin disimulo ni recato se disponen a enterrar el español por la vía de aplicar el truño legislativo al pie de la letra. Así, al perder su condición de vehicular, el español queda a expensas del arbitrio de los mandarines autonómicos de Educación, que en el caso del País Vasco, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia, son gente que sin distinción de partido tienden a legislar y a actuar en contra del idioma común.

A la ministra Celaá le suda un pie. En el mejor de los casos debe ser porque ignora el sentido del término vehicular y le parece que una palabra más o menos no importa. Ella sostiene que el español no se va a perder en la escuela. Y en eso tiene razón porque en Cataluña, por ejemplo, ya se ha perdido en las aulas. Sobrevive en los patios de los colegios, donde los niños hablan una mezcla de español y catalán que a los comisarios lingüísticos de la Generalidad les pone de los nervios, como decir y escribir Gerona o Generalidad.

Lo de que una lengua sea vehicular o no tiene su enjundia, como muy bien saben en la Plataforma per la Llengua, un grupo de delatores lingüísticos vocacionales financiados por la administración autonómica de la región catalana que se dedican a acosar a quienes incumplen las rígidas normas impuestas por el nacionalismo. De hecho, se jactan en su último comunicado de ser los autores de la enmienda de ERC que elimina la condición de vehicular del español. Con ello se evitará que los tribunales fallen a favor de los padres que solicitan que sus hijos también reciban formación en español y no sólo en catalán, como es el uso generalizado.

El éxito del separatismo catalán en su campaña contra España y su idioma es innegable. Son años de trabajo de zapa cuya guinda es una ley orgánica especialmente elaborada a su gusto y que les permitirá exterminar la lengua española sin trabas judiciales. Se cumple así un viejo objetivo separatista imprescindible para la secesión.

Prueba del éxito catalanista es que sus criterios lingüísticos son ya de uso generalizado en las comunidades con dos lenguas oficiales. Ahí está el esférico ejemplo de la "normalizadora" de la Junta de Galicia, Alicia Padín, una señora que dirige una entidad financiada por la administración regional gallega y que acaba de declarar a La Voz de Galicia lo siguiente: "Hoy en día, ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público castellano".

Esa es la clave de la acción lingüística de los separatistas, el punto de xenofobia supremacista, la característica identitaria, el rasgo definitorio, el uso de la lengua como una contraseña tan extendida en entornos sectarios o mafiosos. Lo escribió Salvador Sostres en el diario independentista "Avui" (Hoy) antes de saltar a la prensa española: "En Barcelona es muy hortera hablar español, yo sólo lo hablo con la criada y con algunos empleados". El artículo se titulaba "Parlar espanyol és de pobres", según recoge una breve nota que no tiene desperdicio de su actual diario, el ABC.

Sánchez, un hombre fascinado por el mal
Rosa Díez okdiario 24 Noviembre 2020

Corría el año 2004 cuando Batasuna- organización disuelta por los tribunales españoles y europeos tras probarse que formaba parte del entramado de la banda terrorista ETA y que está en la lista europea de organizaciones terroristas- , convocó un mitin en el velódromo de Anoeta de San Sebastián.

El escenario estaba plagado de iconografía etarra, carteles de Batasuna, banderas de Batasuna, logotipo de la organización ilegal en el atril de los oradores… En el transcurso del mitin se proyectaron videos sobre la detención de terroristas, concentraciones a favor de los asesinos presos, comunicados de ETA. El acto finalizó con gritos del público asistente coreando “Gora ETA militarra” y “ETA, herrira zurekin” (el pueblo está contigo).

Uno de los protagonista principales de ese mitin fue Arnaldo Otegi. Cuando, años más tarde, Otegi al ser juzgado en la Audiencia Nacional fue preguntado si el partido socialista estaba al tanto de que iba a celebrarse ese acto su respuesta fue un rotundo “sí”. Y añadió que su propuesta ”fue valorada incluso por el presidente del Gobierno”… y que si bien “no existía un acuerdo previo con nadie, pero existía un contexto de conversaciones en que cada parte se comprometía a determinados pasos…”. Mientras ese acto se celebraba el Presidente del Gobierno de España era José Luis Rodríguez Zapatero.

En su defensa Otegi adujo ante el Tribunal que el objetivo del mitin de Anoeta no era exaltar al terrorismo sino “hacer pública una solución pacífica al conflicto entre Euskalherria y el Estado español”.

Recordemos cómo escenificó Otegi su “solución” aquel 14 de noviembre. Parsimoniosamente cubrió el atril del orador con una kufiya palestina en recuerdo del Yassir Arafat, fallecido tres días antes, y parafraseando la metáfora acuñada por el rais (“Hoy vengo aquí con mi fusil de combatiente de la libertad en una mano y una rama de olivo en la otra. No dejéis que la rama caiga de mi mano”), dijo: “La izquierda abertzale se presenta hoy aquí con un ramo de olivo en la mano. Que nadie deje que se caiga al suelo”. Sus propios antecedentes y lo que Arafat hizo explícito cuando habló ante la ONU el 11 de noviembre de 1974 hicieron innecesario que Otegi explicara lo qué él llevaba en la otra mano.

Han transcurrido dieciséis años desde que Otegi concluyera aquella intervención en Anoeta agradeciendo a los presentes su asistencia «a un acto ilegal, con un portavoz ilegal de una formación ilegalizada”. La degeneración democrática del PSOE ha llegado a tal extremo que hoy ni siquiera tienen que justificar sus cesiones a los terroristas apelando a la necesidad de evitar que dejen caer el olivo para levantar la pistola o lanzar la bomba; a Sánchez le basta con apelar a los presupuestos para justificar ante “sus bases” (y quizá ante sus votantes, ya veremos) el pacto con Otegi, alias el Gordo, el “hombre de paz” de Zapatero.

Los del olivo y la pistola ya no son “ilegales”; ahora son “legales” porque una mayoría del PSOE en el TC los legalizó en una cerrada votación seis a cinco. Ya no son ilegales porque los sucesivos gobiernos se negaron a iniciar un procedimiento de ilegalización amparado en la sentencia del TC que en su punto 15 desarrolla un catalogo de supuestos por los que un partido político declarado constitucional puede ser ilegalizado: la humillación a las víctimas, las actitudes que frente a ellas pudieran ser consideradas un apoyo o reconocimiento de la actividad terrorista, la ambigüedad en la condena del terrorismo, los actos de exaltación de los terroristas o la equiparación del sufrimiento de las víctimas con el de los presos. Desde que se publicó la sentencia del TC solo se ha ejecutado la parte que legaliza a los terroristas.

Y como todo lo que puede empeorar, empeora, llegó Sánchez, el gran traidor, un hombre tan fascinado por el mal que en vez de aplicar la doctrina del Constitucional para proteger a la democracia se abrazó a Otegi y le entregó el Gobierno de Navarra y el futuro de España.

Y aquí estamos. De los años de cobardía y sumisión llegaron los de infamia e ignominia. El PSOE ha muerto, sí, pero a la vista está que quiere morir matando, llevarse a la tumba a la democracia.

Bildu lo tiene claro: tras el pacto, el chantajeº
OKDIARIO 24 Noviembre 2020

Si alguien pensó que el acuerdo de los proetarras de Bildu con Pedro Sánchez se limitaría a los Presupuestos Generales del Estado se equivoca. Los herederos políticos de ETA tienen claro que el pacto con el Gobierno debe funcionar como catapulta para incrementar su influencia en el País Vasco, porque lo que les interesa es ganarle el pulso al PNV. Y por ello, ya le han comunicado a Pablo Iglesias que informe a Pedro Sánchez que uno de los siguientes pasos será exigir la negociación de los futuros gobiernos municipales y autonómicos en el País Vasco con el PSOE-PSE.

Es sencillo de entender: Bildu quiere sustituir al PNV como socio preferente del Gobierno, algo que cuenta con el beneplácito de Podemos, porque tanto la formación morada como los proetarras creen que ha llegado el momento de dar paso a nuevos tiempos de «gobiernos progresistas». La solución de Bildu y Pablo Iglesias es también compartida por la líder del PSOE-PSE en el País Vasco, Idoia Mendia, que no ve con malos ojos ir a una gobernabilidad con Bildu y sin PNV, en caso de que los resultados de futuras elecciones en el País Vasco lo permitan.

A nadie se le oculta que para Pablo Iglesias las negociaciones con el PNV son un problema, porque sus discrepancias en materia económica son enormes. Cierto es que Iglesias tiene que tragar, porque los votos del PNV son absolutamente necesarios, pero eso no quita -más bien fuerza- para que Podemos busque un aliado permanente en los proetarras, que también quieren acabar con la rentabilidad política que el PNV obtiene cada vez que con sus votos se erige en instrumento clave para la gobernabilidad de España.

Esa hegemonía de los nacionalistas vascos es algo que incomoda a los de Arnaldo Otegi, de modo que están dispuestos a jugar ese papel de sustento del socialcomunismo. Su objetivo es arrebatar al PNV el cartel de «negociador» ante el Gobierno central y retirarle el activo más vendido por el PNV ante sus votantes, el de que es el partido que capta inversiones, fondos y demás prebendas nacionales para el País Vasco.

Conclusión: a Pedro Sánchez, Podemos y Bildu, con el apoyo de los golpistas de ERC, le están montando un frente populista-proetarra-separatista bajo el mantra de que España necesita explorar una vía puramente progresista. Y como Sánchez no tiene escrúpulos con tal de mantenerse en el poder, no es en absoluto descartable que el verdadero poder político en España lo ejerzan, precisamente, los enemigos de España.

Nacionalismo insaciable... y envalentonado
Alejandro Tercero cronicaglobal 24 Noviembre 2020

"La ONG del catalán insta a los gobiernos catalán, valenciano y balear a tomar de manera inmediata todas las medidas efectivas y necesarias para garantizar la competencia en lengua catalana de todo el alumnado y, por tanto, un refuerzo profundizado y renovador del programa de inmersión lingüística, que incluya ámbitos educativos como el patio, el comedor y las actividades extraescolares".

Así de contundente se pronunció Plataforma per la Llengua la semana pasada nada más conocerse la aprobación de la ley Celaá en el Congreso. En un comunicado, la subvencionada entidad además alardeaba de que "la nueva ley educativa estatal incorpora la enmienda propuesta por la Plataforma per la Llengua que elimina la vehicularidad del castellano".

La posición de la organización ultra apunta a dos conclusiones incuestionables: el nacionalismo es insaciable y cada vez está más envalentonado.

Y no son los únicos elementos que nos llevan a esa evaluación. EH Bildu, tras flirtear con el Gobierno, presume de que va a Madrid a “tumbar definitivamente el régimen” (esto es, destruir nuestro sistema de libertades e igualdad); la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC) --condenada por sedición-- les aplaude; el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ya no se esconde y obedece abiertamente la estrategia de JxCat para aplazar las elecciones autonómicas del 14F (las encuestas dicen que es mejor para ellos ganar tiempo); los independentistas montan un show en el Parlament por la imposible comparecencia de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Salvador Illa (en otro ejercicio de victimismo sin límites); Laura Borràs y Josep Costa --peones de Puigdemont-- hacen un llamamiento a “ensanchar la grieta” con el resto de España; linchan a Colau en las redes sociales --en una jauría promovida por gurús independentistas-- por usar el español en un vídeo difundido en Twitter; tertulianos de TV3 recuperan impunemente el “puta España” y llaman a “quemar” Hacienda; el nuevo rector de la UAB, Javier Lafuente, minimiza los ataques y hostigamientos a universitarios constitucionalistas, ¡y hasta Jordi Pujol se atreve a reaparecer para reivindicar su legado e impartir lecciones morales!

En los momentos más intensos del procés, en otoño de 2017, eran habituales las reflexiones de influyentes analistas de todo el arco constitucionalista que se preguntaban cómo se había llegado a aquella rebelión generalizada. Y la conclusión más frecuente era que, una vez capeada la tormenta, había que afrontar sin complejos el problema del nacionalismo para evitar que un alzamiento similar contra el Estado de derecho pudiese repetirse.

Sin embargo, parece que no hemos aprendido nada de lo ocurrido.

Como un gas, el nacionalismo tiende a ocupar cualquier espacio que se deje libre. Y esa parece ser, de nuevo, la estrategia que nuestros gobernantes han retomado: recular frente a los intolerantes renunciando a plantarles cara.

En vez de poner límites a los extremistas, se les entrega más sitio en la escuela para que campen a sus anchas imponiendo sus proyectos excluyentes; en vez de dejarles claro que los golpes contra el Estado tienen consecuencias, se abarata el precio de su insurrección cocinando lentamente los indultos, preparando una reforma del delito de sedición y evitando recurrir la absolución de actores nucleares del procés como el mayor Trapero; en vez de marcar distancias con Junqueras --el copiloto del intento de secesión unilateral e ilegal, por el que cumple condena de cárcel--, se negocian los presupuestos del país con el partido que preside...

Dentro de unos años, cuando lo vuelvan a hacer, que nadie se eche las manos a la cabeza. Que nadie se sorprenda hipócritamente. Las cesiones que el constitucionalismo concede hoy a los radicales son las armas con las que el nacionalismo mañana se revolverá contra todos nosotros.

¡Oigo, patria, tu aflicción!
Fernando Sánchez Dragó https://gaceta.es 24 Noviembre 2020

Dejé de ser un patriota hace ya bastantes años, pero en aras de lo que ahora sucede estoy volviendo a serlo. Lo había sido de pequeño y en mi primera adolescencia, cuando cantaba en coro el himno del colegio en el que cursé durante once años, paradisíacos, los estudios de enseñanza primaria y de bachillerato, en los que si no aprobabas, no pasabas. Era nada menos que el Pilar: un nombre mítico en la historia de la docencia al que debo buena parte de lo que soy. Los dos primeros versos de aquel himno decían: «Españoles, hidalgos, valientes, / con la edad nos queremos mostrar». Yo lo cantaba a pleno pulmón y creía en lo que cantaba. No habría suscrito y ni siquiera entendido entonces la conocida frase del doctor Johnson, que en realidad era un patriota, lo que no le impidió escribir que «el patriotismo es el último refugio de los canallas». James Boswell, su no menos legendario biógrafo, se creyó obligado a aclarar que la persona por él retratada “no se refería al verdadero y generoso amor por su país, sino a ese falso patriotismo que tantos, en toda época y en todo lugar, han exhibido para ocultar sus intereses”. Ambas frases pueden y deben ser aplicadas en su literalidad a quienes en nuestro actual gobierno invocan el nombre de España para perpetrar en beneficio propio —el de mantenerse en el poder con las narices tapadas, sordos los oídos, los ojos vendados y sin mirar a quién— toda suerte de crímenes contra ella.

El más flagrante, recién salido del horno de unas Cortes que son cada vez menos patrióticas, es el de la infame Ley Celaá, acaso la más nociva, por su radio de acción social y su largo alcance cronológico, de cuantas se han concebido y a veces promulgado desde que el Gobierno Frankestein se alzó del lecho de Procusto podemita y salió de la cámara de los horrores postelectorales. Con esa ley se actualiza aquel dictum, en realidad apócrifo, más no por ello menos significativo, que al decir de la leyenda sirvió de rumbo pedagógico a la política universitaria del Rey Felón: «Lejos de nosotros el feo vicio de leer y la funesta manía de pensar“».

¡Bingo, señora ministra de Educación! Ha conseguido usted cercenar de un solo tajo el futuro de los aún santos inocentes que algún día, por ley de edad y, quizá, de gobierno, pero no de saber, empuñarán el timón de una España más invertebrada, por babélica y hecha trizas, que nunca. Seguro que los de Bildu, los de Ezquerra, los del Bloque Nacionalista Galego, los podemitas y otras malas hierbas del rampante separatismo y antiespañolismo le enviarán no pocas cestas en las inminentes navidades que a causa de los virus (excusatio non petita) no vamos a celebrar. Pecaría yo, señora ministra, de un espíritu dudosamente navideño si formulase aquí el deseo de que se le indigesten las ofrendas. El contenido de las mismas, por razones de nutrición, suele ser malo para la salud. No lo haré, aunque ganas no me falten. Me contengo. Disfrútelas en compañía de los suyos a condición de que no sean ustedes más de seis o de los que la extraña pareja formada por su colega Illa y por el chevalier servant Fernando Simón tengan a bien imponer.

Le aviso, eso sí, de que los Reyes Magos, provistos de mascarillas con IVA (¡faltaría más!), así boguen en cayucos y pateras aguas arriba del Manzanares, van a traerle una tonelada de carbón de Asturias, pues ha incurrido usted en un pecado de parricidio metafórico.

¿Parricidio? Sí, pues parricida es, según el tumbaburros (no se dé por aludida) de la Academia, cuyo director, por cierto, ya se ha llevado las manos a la cabeza, todo aquel que da muerte a un pariente próximo y, en especial, al padre o a la madre. Y a sus hijos y nietos, por extensión, añado yo.

Judicialicemos todavía un poquito más la política…Todos los indicios racionales de criminalidad apuntan, señora Celaá, al delito mencionado, que no por ser metafórico deja de ser delito. Patria remite a padre, o viceversa, y también suele hablarse de madre patria y de lengua madre. Y para colmo, aunque eso ya sólo me afecte a mí y a unos cuantos como yo, la lengua es la verdadera patria de los escritores. Un país, cualesquiera que sea, sólo llega a ser nación cuando sus habitantes tienen un idioma común, oficial y obligatorio, lo que no es óbice para que coexistan con él otros que comunes no serán, pues su localización será regional (catalán, vascuence, gallego) o, incluso, en nuestro caso, étnica (caló o romaní ibérico), pero cooficiales y voluntarios sí. ¿Tan difícil de entender es algo que hasta el jumento de Sancho Panza, entre rebuzno y rebuzno, entendería?

Permita que le ponga un ejemplo, Ministra. Imagine usted que se juntan, por la razón que sea, un catalán, un vasco, un gallego y un gitano. ¿En qué idioma se entenderían? Ya lo dijo Berceo: «Quiero fer una prosa en román paladino en qual suele el pueblo fablar con so vecino”.

Y, de propina, otra cita, que viene al pelo, señora, por ser de un poeta de su cuerda: Blas de Otero, comunista. Es de un libro titulado Pido la paz y la palabra, que apareció en 1955, y dice esto: «Pero tú, Sancho Pueblo, / pronuncias anchas sílabas, / permanentes palabras / que no lleva el viento».

¿Sancho Panza (manchego), Berceo (riojano), Blas de Otero (bilbaíno)? Nombres de españoles, todos ellos, que ni siquiera sonarán a las futuras víctimas de su ley.

Retírela, señora. Aún está a tiempo.

La AVT se niega a «blanquear» a Sánchez y lo acusan de llevar años ignorándoles
El Gobierno anunció el lunes una reunión con las víctimas pero hoy ha reconocido un error en la convocatoria, por lo que sigue sin reunirse con ellas
Juan L. Fernández-Sordo. Madrid ABC

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha anunciado que no participará en la reunión convocada erróneamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes de La Moncloa confirman que hubo un fallo en el enunciado de la convocatoria, informa Víctor Ruiz de Almirón.

En un principio, la agenda del presidente recogía erróneamente que la reunión era con el Patronato de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, organismo que reúne a distintas asociaciones de víctimas; pero finalmente el encuentro es con el Patronato del Centro Memorial de para las víctimas de terrorismo, una fundación del sector público estatal y cuyo patronato esta presidido por el presidente del Gobierno.

En el comunicado difundido por la AVT, la asociación se desmarcan del encuentro «que solo busca blanquear» al presidente, al que acusan de ignorarles durante años. Según informan, desde el inicio de la legislatura, han solicitado varias veces reunirse con Sánchez, llegando a pedírselo a su jefe de Gabinete, Iván Redondo, el pasado 21 de octubre.

Su respuesta, según la AVT, fue que «no se podía llevar a cabo ningún encuentro», a pesar de que se le prometió por carta en julio de 2018, hace más de dos años.

Pedirían al Gobierno romper con Bildu
Aún con ello, desde la AVT señalan que, en un hipotético encuentro con Sánchez, tendrían muy claros los puntos a tratar: la política penitenciaria de este Gobierno, los homenajes a etarras y la elección como socio de Bildu.

En opinión de la asociación, son conscientes de que los acercamientos son legales, pero desearían «trasladar el dolor» de las familias de las víctimas ante estas actuaciones. Recuerdan que un 30 por ciento de las familias a las que les anuncian el acercamiento de alguno de los presos requiere de ayuda psicológica, y piden que se «suba el listón» para asegurar que los terroristas «salen de prisión mejor que lo que entraron», evitando que se aprovechen de la legalidad penitenciaria «para vaciar las cárceles».

Respecto a los homenajes a etarras, instan al Gobierno a «reformar las leyes» para que no se produzcan; y sobre Bildu, le exigen que rompa todos los pactos con ellos mientras «no condenen la violencia ejercida por ETA y reconozcan que ninguno de sus atentados tienen justificación alguna».

Terminan su comunicado insistiendo en desmarcarse del encuentro y señalan que no tienen claro si el presidente «sabe exactamente con quién» va a reunirse. En cualquier caso, dejan claro que «no, las víctimas del terrorismo no estamos representadas en este organismo».

Un grupo de historiadores desmonta el relato independentista
García Cárcel y Pérez Samper desarman junto a otros profesionales la dialéctica nacionalista en la obra ‘Catalanes en la Historia de España’
Manel Manchón cronicaglobal 24 Noviembre 2020

Volver a resituar el debate, contextualizar los sucesos históricos y mostrar “Cataluña en España”, rechazando esa oposición que defiende el independentismo entre Cataluña y España. Es lo que ha querido mostrar un grupo de historiadores que desmonta el relato del movimiento soberanista de los últimos años y que recupera personajes históricos determinantes en la historia de España y, por tanto, de Cataluña.

Ese es el trabajo que han impulsado Ricardo García Cárcel y María Ángeles Pérez Samper, con el concurso de un grupo de historiadores, profesores y profesionales de distintos ámbitos, como Manuel Peña Díaz, Fernando Sánchez Costa, Óscar Uceda, Anna Caballé, Joaquim Coll, Pere Molas Ribalta, Federico Martínez Roda, José María Serrano Sanz, Jordi Canal, Valentí Puig, Ramón Tamames y Francesc de Carreras. Se trata del libro Catalanes en la Historia de España (Ariel).

La obra es el resultado de 14 conferencias que se desarrollaron en Can Golferichs, organizada por Historiadors de Catalunya, dedicadas a personajes históricos catalanes en el marco de la historia de Cataluña. La idea central es que el papel de Cataluña ha sido “trascendental “en el largo proceso de construcción de la España moderna y contemporánea.

De Estefanía de Requesens a Carceller
El mensaje, a través de la vida y la obra de esos personajes, es que no tiene sentido oponer España con Cataluña, porque han estado íntimamente relacionadas. Lo señalan García Cárcel y Pérez Samper: “La primera lección que puede extraerse, pues, del análisis de estos personajes es la extraordinaria utilidad de la colaboración Cataluña-España y lo que ha significado históricamente. No tiene ningún sentido el mito del botiflerisme, la etiqueta humillante vertida por catalanes que creen tener el monopolio de la catalanidad sobre los supuestos traidores, los ‘malos catalanes’, cuyo delito es mirar a España más allá de su ombligo”.

Uno de los personajes clave y más desconocidos es Estefanía de Requesens, (1501-1549), que desarrolló su vida en el marco del final del reinado de los Reyes Católicos, el reinado de Carlos V y el de Felipe II, y que fue un enlace destacado entre Cataluña y la monarquía de los Austrias. También se aborda el papel de José Buenaventura Güell y Trelles, que fue un magistrado catalán en la cúspide del Consejo de Castilla en el siglo XVIII. Y le siguen otros destacados personajes como Capmany, Agustina de Aragón, Jaime Balmes, Pi i Margall, Prim, Victor Balaguer, Laureano Figuerola, Francesc Cambó, Josep Pla, Demetrio Carceller, López Rodó o los catalanes en la Transición. Se trata de un mosaico que muestra la interrelación constante, lo que lleva a García Cárcel a hablar de Cataluña “en España”.

Fuga "de la realidad"
Uno de los mitos que persiste en el imaginario independentista es el de 1714. Sirvió para impulsar el movimiento en los últimos años y se llegó a organizar un conjunto de actos en 2014 para celebrar el “tricentenario”. En los partidos del FC Barcelona se ha gritado todos esos años “independencia” en el minuto 17:14.

García Cárcel señala que se trató de un conflicto sucesorio, entre austracistas y los partidarios de los Borbones, con intereses cruzados. Esa Guerra de Sucesión resultó una trampa para Cataluña que, pese a haber llegado a un acuerdo, plasmado en el Tratado de Utrecht, decidió tirarlo todo por la borda. “La fuga de la realidad por parte de Cataluña arranca ya en 1712, en las primeras negociaciones europeas previas a Utrecht”. Y reitera que “a última hora, Barcelona optó por la vía de meter la cabeza bajo el ala, soñar inútilmente con un apoyo europeo que nunca llegó, y entrar en una dinámica de histeria religioso-fanática que llevaría a sufrir el terrible sitio de 1713-1714”.

España y Cataluña se conjugan "en singular"
Hubo divisiones internas en todos los campos. “La división interna entre los propios austracistas fue una constante, lo que reflejaría Rafael de Casanova, el héroe (que en realidad nunca quiso ser) del 11 de septiembre de 1714 en su correspondencia de abril de 1728 con críticas muy duras hacia el antiguo conseller Salvador Feliu de la Peña, uno de los grandes postuladores de la defensa numantina de Barcelona”.

El libro muestra, a través de todos los personajes escogidos, una realidad distinta a la que ofrece el independentismo, que ha logrado imponer un relato en el que se señala una disyuntiva, una oposición sistemática.

Esa oposición que ha planteado el nacionalismo catalán no se sostiene. “Siempre desde la convicción de un presunto hecho diferencial, que se ha rastreado a lo largo del tiempo obsesivamente cuando en realidad Cataluña y España nunca deberían conjugarse en singular”, remacha García Cárcel.

 


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