AGLI Recortes de Prensa   Martes 1 Diciembre  2020

(Esta) izquierda y los impuestos
José Luis Feito. vozpopuli 1 Diciembre 2020

Subir impuestos, especialmente los directos, en medio de una severa depresión, es una aberración para cualquier economista con independencia de su ideología.

Keynes, venerado por la izquierda no comunista, lo manifestó claramente en su opúsculo de 1933 The Means To Prosperity (gutenberg.ca/ebooks/keynes-means, página 7): “No debería sorprender la idea de que los impuestos pueden alcanzar niveles que perviertan el objetivo (de recaudación) buscado y que, pasado un cierto tiempo, una reducción tiene más probabilidades de reducir el déficit que un aumento de los mismos”. Este fue el ensayo que introdujo el concepto del multiplicador, tan utilizado en la actualidad para justificar los aumentos del gasto público y que el economista británico aplica también a los recortes de impuestos porque consideraba que unos y otros se debían instrumentar simultáneamente para afrontar satisfactoriamente una depresión de gravedad inusitada. Keynes equiparaba la pretensión de aumentar los ingresos públicos mediante subidas de impuestos directosen mitad de una recesión, como hizo el Gobierno británico antaño y el Gobierno español hogaño, con una empresa que reaccionara subiendo precios ante caídas de sus ventas. Mediante esta política, aseveraba, en lugar de restablecer los ingresos lo que se terminaría produciendo sería la quiebra de la empresa.

En 1963, ante la primera recesión seria de la posguerra, Kennedyreaccionó con la mayor bajada de impuestos directos de la Historia de Estados Unidos. El magnicidio le impidió presenciar la ratificación del proyecto de Ley, que ocurrió el año siguiente bajo la presidencia de Johnson. Se recortaron los tipos impositivos sobre la renta en todos los tramos de renta y con especial intensidad en los más elevados (los de los más ricos), así como los impuestos sobre los beneficios empresariales. Detrás de estas medidas estaban sus asesores económicos, la flor y nata de los economistas keynesianos de aquella época (Galbraith entre otros), tan admirados por la izquierda socialdemócrata. La bajada de impuestos de Kennedy fue incluso superior a la de Reagan y sensiblemente mayor que cualquiera de las efectuadas por Bush (véase Tax Foundation, August 24,2004, Fiscal Fact No 15).

Los socialdemócratas escandinavos, alemanes y los de otros países centroeuropeos, gobernando solos o en coalición, así como el laborismo de Blair y Brown e incluso los socialistas portugueses también han realizado recortes de impuestos directos cuando la situación económica lo requería. En fin, como decían algunos economistas afines al PSOE en tiempo de Zapatero (acaso con más fundamento del que sospechaban y con menos predicamento hoy en su partido del que sería deseable que tuvieran) “bajar impuestos es de izquierdas”.

Pero la izquierda que hoy gobierna España está fuera de esa tradición socialdemócrata. Es la coalición de un nuevo PSOE, que dejó de ser socialdemócrata en su última refundación, con el populismo comunista de Podemos. La consecuencia es un radicalismo económico que no tiene parangón en Europa, exceptuando quizá el primer Gobierno de Tsipras. Esta es una realidad innegable, por mucho que se hayan consensuado acuerdos con la CEOE aprovechándose del síndrome de Estocolmo que comprensiblemente atenaza a buena parte de la clase empresarial española (me han cortado una pierna pero me han dejado la otra). Es impensable que Iglesias e incluso el núcleo duro del nuevo PSOE, y en todo caso el Gobierno, pueda, no ya bajar sino no subir impuestos a los “ricos” y a la mediana y gran empresa, como de hecho está haciendo y seguirá haciéndolo en lo que reste de legislatura. Esto no está ocurriendo en ningún país europeo donde gobierna la izquierda, ya sea en solitario o en coalición.

La ideología impositiva de este Gobierno se puede resumir en dos mantras. El primero de ellos es que han de pagar más (impuestos) los que más ganan. Es una lástima que la mayoría de ciudadanos no repare en que este principio se cumpliría escrupulosamente con impuestos proporcionales a la renta (por ejemplo, el que gana mil paga trescientos y el que gana cien paga treinta). Además, con el mínimo de renta exento de tributación, la escala fuertemente progresiva del IRPF y los elevados impuestos sobre la propiedad, por encima de los existentes en cualquier otro sitio, España es uno de los países donde los que más ganan o tienen pagan proporcionalmente mucho más que los que menos ganan o tienen. Así, aunque se bajaran los tipos impositivos e, incluso si se bajarán más a los hogares de mayor renta, en España seguirían pagando mucho más absoluta y proporcionalmente los que más ganan que los que menos tienen y ganan.

Sutilezas marxistas
El otro mantra es el latiguillo distributivo marxista de "a cada cual según sus necesidades, de cada cual según su capacidad". Vaya por delante que los padres fundadores del marxismo consideraban que esta regla distributiva no sería aplicable en la fase inicial del comunismo, también llamada fase socialista, sino solo en la fase última o utópica cuando el supuesto inmenso avance tecnológico habría hecho desaparecer la división del trabajo, el dinero y los mercados. Sutilezas marxistas aparte, este es el principio sobre el que la izquierda radical quiere levantar su nuevo modelo productivo y que el Gobierno utiliza indistintamente tanto para justificar aumentos de pensiones no contributivas y de las ayudas para pagar hipotecas, alquileres, electricidad, asistencia social etc., además del ingreso mínimo vital a quienes tengan una renta inferior al mismo, como subidas de impuestos a los individuos o empresas que ganan por encima de la media.

Debería ser evidente que los poderosos incentivos desplegados por esta política fiscal aumentarán el bando de los que quieren recibir según sus necesidades reduciendo el monto de donde se puede extraer según la capacidad, ensanchando la brecha presupuestaria hasta que sea imposible financiarla. A esta política fiscal se la puede saludar con una frase de la sabiduría perenne Mors certa sed hora incierta. Violando el aforismo, me atrevo a vaticinar que la hora llegará cuando se haya disipado la espesa niebla originada por la pandemia.

¿Hubo alguna vez un socialista moderado?
Jorge Vilches. vozpopuli  1 Diciembre 2020

La nueva generación socialista, forjada en el zapaterismo, piensa más en tomar el poder que en salvaguardar la democracia

Miquel Iceta, el dirigente de ese PSC que ahora marca la línea en el PSOE, que era justo lo que temía Rubalcaba, soltó sin vergüenza que no pactará con independentistas. Y lo dijo como si no lo hubiera hecho ya en multitud de ayuntamientos catalanes y, peor, como si el 'tripartito' de Pasqual Maragall no hubiera sido con ERC. Como dice el granMiquel Giménez: “Eso es tirar la piedra y esconder el separatismo”.

Estos días han coincidido en las librerías dos obras muy distintas. Antonio Caño presentó la biografía 'Rubalcaba: un político de verdad', en la que recuerda cómo fue el partido socialista de Felipe González. No hay nada perfecto, dice en una interesante entrevista de Jorge Bustos, pero entre aquellos dirigentes, en esa generación, hubo personas que tenían un sentido de Estado, que miraban a la Constitución con respeto, y que nunca hubieran aceptado un acuerdo con los herederos de ETA ni con los golpistas de Cataluña.

Otra cosa es el grupo que lideró Zapatero, que abrió la puerta a la ruptura constitucional al firmar el Pacto del Tinell para dejar al margen de la vida política al PP. La distancia entre el partido socialista anterior a 1996 y el del siglo XXI, es la diferencia entre los ataques de González a Sánchez, y la defensa cerrada que hace Zapatero del sanchismo. El viaje político ha sido importante: desde la socialdemocracia hasta el populismo y el apoyo a los separatistas.

Con el Rey
Entre medias, entre el felipismo y el desastre actual estuvo Rubalcaba, según explica Caño, que simbolizaba a su entender la sensatez y el extraño equilibrio entre el patriotismo español y el de partido. Sabemos que Rubalcaba desconfiaba de Sánchez, y que así lo dijo cuando pudo, pero que no hizo lo suficiente para pararlo. Juan Francisco Fuentes, en su obra 'Con el Rey y contra el Rey' (2016), coincide con Caño: quien sostuvo al PSOE en 2014 en la legalidad constitucional, en los marcos de la monarquía parlamentaria, fue Rubalcaba. Buena información, mala noticia.

En el fondo está el debate sobre el significado del PSOE en la historia de la democracia española. Y es aquí donde el libro de Federico Jiménez Losantos, titulado 'La vuelta del comunismo', entra como un mihura. Al periodista no le cabe la menor duda: el socialismo español ha traicionado siempre los principios democráticos, desde su fundación en 1879 hasta hoy. A su entender, es el partido más nocivo para la historia de España. De su mano, cuenta Federico, entró el comunismo en 1936, en sus filas se forjó el golpe del 34 porque no aceptaron el veredicto de las urnas, y jamás han pedido perdón por la represión en la retaguardia durante la Guerra Civil.

El PSOE de González tampoco sale bien parado. Primero, el autor le achaca la destrucción de la separación de poderes: “A España no la va a reconocer ni la madre que la parió”, que dijo Alfonso Guerra. Segundo, la apropiación del derecho a gobernar por encima de la derecha, salvo la nacionalista. Y luego, claro, el hundimiento de la educación pública, el control de los medios, la corrupción institucional, el terrorismo de Estado, y la permisividad con el rey Juan Carlos.

El mayordomo de La Moncloa
¿Es posible sacar de aquellos catorce años de hegemonía socialista con González algún rédito hoy, aunque sea para compararlo con el PSOE de Sánchez? Es cierto que el partido se ha convertido en el mayordomo del señorito de La Moncloa, sin más discrepancias que en la duración correcta de la genuflexión ante el líder. No sabemos si alguien de la dirección de Ferraz llama “Dios” a Sánchez como se le escapó a Txiki Benegas en referencia a González, pero falta poco. Ya se oye algún “Su Sanchidad”.

La situación del PSOE, y su perjuicio para España, proviene de su podemización, de que aceptara las formas e ideas del comunismo populista para encabezar la oposición al PP de Rajoy. La facilidad para esa asunción de las propuestas totalitarias y contrarias al orden constitucional y a su espíritu se debe a la etapa de Zapatero. La atmósfera autoritaria que se generó entonces, sublimando su complejo de superioridad moral, y elevando la traición al arte del Renacimiento, ha favorecido el asentamiento fácil del sanchismo.

Algún socialista lo vio venir, como Joaquín Leguina en 'Historia de un despropósito' (2014), que denunciaba el vaciamiento de la identidad socialista histórica en beneficio de un proyecto rupturista que abocaba al fracaso a la democracia española. Escribió: los zapateristas “metieron al país en una peligrosa dinámica destructora que puso al Estado democrático en trance de sucumbir a manos de los separatismos”.

La generación anterior, la que dejó la primera línea en 1996, echó a Sánchez e intentó impedir su vuelta apoyando a Susana Díaz en las primarias. Fracasaron y desaparecieron. En esa tesitura de elegir entre la lealtad al orden constitucional y el patriotismo de partido debieron reaccionar antes.

Vuelvo al principio. ¿Hubo algún socialista moderado? Sí, claro que sí, pero no hacen nada hasta última hora, cuando ya el mal se ha extendido y su partido está infectado por el comunismo y el populismo, por la ambición desmedida y la traición. Todos los moderados, al final, quedan como Julián Besteiro, sordo y ciego cuando el bolchevismo se hizo con el partido y estropeó la democracia, e impotente al final.

Vox convoca concentraciones este domingo en toda España en defensa de la Constitución y contra el "gobierno traidor"
El partido llama a los españoles a concentrarse frente a los ayuntamientos de toda España en actos en los que se leerán artículos de la Constitución.
Agencias Libertad Digital 1 Diciembre 2020

Vox ha convocado concentraciones en todos los ayuntamientos de España para el próximo día 6 de diciembre, Día de la Constitución. La formación llama a protestar contra el "gobierno traidor" de Pedro Sánchez que "atenta" contra el orden constitucional" y en defensa de España, el Rey y la libertad de los españoles.

El partido liderado por Santiago Abascal ha confirmado este lunes la convocatoria de concentraciones frente a los Ayuntamientos de toda España a las 12:00 horas del próximo domingo, fecha en la que se conmemora el referéndum de 1978 en el que se aprobó la actual Carta Magna.

Los actos, que contarán con la presencia del líder de la formación en Barcelona y del secretario general del partido, Javier Ortega Smith, en Madrid, incluirán la lectura de varios artículos de la Constitución que Vox considera amenazados por el actual Gobierno, así como de un manifiesto titulado "En defensa de la legalidad constitucional".

No al "nuevo régimen totalitario"
Vox advierte que no permitirá al "Gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Arnaldo Otegi" que "implanten su nuevo régimen totalitario" y acusa al Ejecutivo de coalición, "entregado al separatismo y a los sucesores de ETA", de buscar "destruir la Corona, símbolo de la unidad y permanencia de España, y nuestro sistema constitucional".

En el texto, la formación señala el "momento histórico" actual en el que "quienes tienen el deber de proteger la Constitución y la unidad de España, se han convertido en sus principales enemigos", a los que acusa de pretender "destruir la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo, valores que sostienen la Nación, para sustituirlos por el totalitarismo, la división y el pensamiento único".

El manifiesto recuerda que el 6-D se conmemora "la decisión soberana del pueblo español de dar continuidad a nuestra Historia y tomar la Monarquía Parlamentara como garantía de unidad, convivencia y prosperidad" para advertir que "todos esos pilares están amenazados por un gobierno traidor que, apoyado en separatistas y terroristas, pretende acabar con nuestro sistema constitucional para sustituirlo por un nuevo régimen".

Artículos de la Constitución
En los actos se leerán veintidós artículos de la Constitución contra los que, según la formación, el Gobierno atenta en su estrategia política. Entre otros hay artículos sobre las libertades fundamentales, la defensa, la figura del rey, el uso del español, las medidas adoptadas con motivo de la pandemia, la renovación de los órganos judiciales o en materia económica.

En concreto, se leerán a los artículos 1 (Principios básicos), 2 (unidad y autonomía), 3 (Idioma), 9 (Principios constitucionales), 14 (Principio de Igualdad), 15 (Derecho a la vida y a la integridad física y moral), 16 (Libertad ideológica, religiosa y de culto), 17 (Derecho a la libertad y seguridad), 19 (Libertad de residencia y circulación), 20 (libertad de expresión), 21 (Derecho de reunión), 27 (Derecho a la educación), 30 (Defensa de España), 31 (Principio de capacidad económica y no confiscatoriedad), 33 (Derecho a la propiedad privada y a la herencia), 35 (Derecho al trabajo), 43 (Protección de la salud), 50 (Pensiones), 56 (El Rey: funciones, título, inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad), 117 (Poder Judicial), 122 (Composición CGPJ) y 139 (Libertad de circulación y residencia).

Vox ya llamó a los ciudadanos a manifestarse en coche en todas las ciudades españolas el pasado 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, contra la "incompetencia" del Gobierno y sus medidas "totalitarias y absurdas" para hacer frente al coronavirus. "Por tu salud, por tu trabajo, por tu familia, por tu libertad", aseveraba la convocatoria de los de Santiago Abascal.

La eterna relación de las izquierdas con la violencia
LA HISTORIA DEMUESTRA QUE EL SOCIALISMO Y LA VIOLENCIA VAN DE LA MANO
Daniela Carrasco gaceta.es 1 Diciembre 2020

Antes de la revuelta del 18-O, ya era posible identificar que en la sociedad chilena la violencia política estaba siendo cada vez más validada. Esto quedó claro cuando, el pasado 25 de noviembre, fue rechazado un proyecto de ley que buscaba exigir a los partidos renunciar a la violencia como método de acción política. Las principales tiendas en restarse y rechazar la iniciativa fueron los diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio.

Este escenario es lamentable, pero no sorpresivo, dado que numerosos actores de la izquierda radical han usado la violencia no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Así también lo ha demostrado la historia, cuando los totalitarismos de izquierdas ―ya sean comunistas, nazistas o fascistas― han perpetuado sangrientos genocidios alrededor del mundo.

Por ejemplo, el fin de semana pasado, como cada 28 de noviembre, los ucranianos conmemoraron la memoria de todas las víctimas del Holodomor ―el exterminio de los ucranianos a través de la hambruna orquestada minuciosamente por Stalin―. Recordemos, también, cómo Che Guevara ―ícono de las poleras de los militantes de la nueva izquierda― creó campos de concentración para asesinar a homosexuales porque, según él, la revolución necesita de guerreros, no de peluqueros o cocineros.

Además, tenemos el caso de Mao Zedong, el mayor asesino del siglo XX, quien lideró la revolución comunista en China con la implementación del plan Gran Salto Adelante (1958-1962), terminando con la vida de 45 millones de personas debido a la hambruna y, posteriormente, con la Revolución Cultural (1966-1976) en que los chinos fueron enviados a granjas con el fin de reeducarse y así desprenderse de las influencias de una vida capitalista, dejando un saldo total de 78 millones de muertes.

Son numerosos los casos en este sentido. Chile también ha presenciado cómo las izquierdas radicales han validado la violencia como praxis política. La Unidad Popular bajo Salvador Allende propugnó la visión del Partido Socialista adoptada en el Congreso de Chillán de 1967, definiéndose marxistas-leninistas, apoyando la vía armada y la insurrección para alcanzar el poder y así instaurar una sociedad socialista.

Desde este contexto, surgieron numerosos grupos guerrilleros que han buscado instalar por la vía armada la lucha de clases. Los que volvieron a aparecer ―explícitamente― en la vía pública desde el 18-O, demostraron que desde el retorno a la democracia solo ingresaron a la clandestinidad y no se extinguieron, como se nos hizo creer.

Entre ellos, destaca el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) quienes asesinaron al senador Jaime Guzmán en 1991, y a la fecha no hay justicia. Incluso, el diputado Gabriel Boric (Frente Amplio) festinó en diciembre de 2018 con una polera estampada con el rostro del senador impactado por una bala.

El proyecto de ley rechazado ―ingresado y aprobado en general en el mes de octubre― buscaba una modificación a la ley N.° 18.603 de Partidos Políticos para que estos renunciaran “expresamente al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política”. Como tiene rango de ley orgánica constitucional, necesitaba la aprobación de un quórum de cuatro séptimos de los diputados en ejercicio, esto es, por lo menos 89 votos. Solo logró 80 votos favorables, 31 en contra y 11 abstenciones. El rechazo mayoritario fue de aquellos parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio.

¿Su razón? La propuesta sería innecesaria, pues ese principio ya está consagrado en la Constitución vigente. No obstante, es posible que en una nueva Carta Magna esto no esté asegurado.

En las distintas encuestas de los últimos años, el Congreso ha sido una de las instituciones peor evaluadas, junto a los partidos políticos. Por ejemplo, en la encuesta Cadem de la segunda semana de noviembre de 2020, el Congreso tuvo 30 puntos de aprobación (10 puntos más que en octubre pasado). Por otro lado, el partido político peor evaluado es el Comunista, seguido de partidos de izquierda, siendo los menos reprobados ―pero igualmente con un bajo puntaje― la coalición de gobierno, Chile Vamos (26 puntos).

No obstante, la revuelta e insurrección que el país continúa viviendo también ha ido desplazando a estas instituciones, ya que los actores de la insurgencia –tan heterogéneos– se posicionaron mucho más a la izquierda que el Partido Comunista o el Frente Amplio, pues han emergido espontánea y rizomáticamente, siguiendo modelos de asamblea y evadiendo todo tipo de jerarquías.

Y, a pesar de que la revuelta también busca desplazar a los partidos de extrema izquierda, estos, por el contrario, desde la institucionalidad han buscado proteger las praxis horizontales de la revuelta. Por ello no es extraño que hayan validado la insurrección y la anomia que Chile ha vivido desde octubre de 2019 y, por otra parte, ―salvo con pocas excepciones que prontamente han sido objetos de boicot― no han condenado la violencia.

Las izquierdas han demostrado, una vez más, que tienen una erótica relación con la violencia. No solo la usan como un medio, pues solo desean instaurar anomia, insurrección y polarización en las sociedades. Son expertas en instalar relatos seductores pero dañinos que apuntan en contra de toda dignidad humana.

Aleksandr Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura (1970) y autor de Archipiélago Gulag, desde su experiencia relató cómo la violencia puede llegar a extremarse y hacer perecer a sociedades completas, señalando que “la violencia sólo puede ser disimulada por una mentira y la mentira sólo puede ser mantenida por la violencia. Cualquiera que haya proclamado la violencia como su método está inevitablemente forzado a tomar la mentira como su principio”.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Como odian España, van a por Madrid
EDITORIAL Libertad Digital 1 Diciembre 2020

Si en la izquierda española quedara algún rastro de decencia, la actitud genuflexa de sus líderes ante la casta nacionalista que detenta el poder en el País Vasco y Cataluña habría provocado un auténtico terremoto político-social.

Pero no, ahí andan PSOE y Podemos pergeñando un pacto con golpistas y proterroristas para asfixiar tributariamente a los ciudadanos de Madrid... y condenar al resto de España. Tras hundir su región, los golpistas catalanes han puesto en la mira a la comunidad que más les deja en evidencia; comunidad a la que Pedro Sánchez desprecia cordialmente por las mismas razones. No es de extrañar que pacten: son, más que socios, semejantes.

La izquierda dice querer armonizar la fiscalidad nacional... pero dejando al margen a los territorios gobernados por la tremendamente insolidaria y antiigualitaria mafia nacionalista, despropósito aberrante que debería llevar a sus votantes a estallar de indignación. No se puede ser más traidor a unos postulados que esta siniestra izquierda que tenemos empotrada en la Moncloa. Una izquierda que pacta con la hez hispanófoba para imponer a la Nación la desigualdad ante la ley por razones de territorialidad. Puro Orwell.

En la base de esta fechoría está el odio feroz de socialistas y comunistas al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. El éxito de la Comunidad de Madrid en el control de la pandemia y su agenda económica pro liberal están sacando de quicio a Sánchez, Iglesias y sus cómplices, que no se detienen ni ante el pavoroso ridículo de abogar por una política fiscal centralista y, desde el comunismo más recalcitrante, por tratar de manera privilegiada al País Vasco en detrimento de, por ejemplo, Extremadura.

Es de todo punto imprescindible activar todos los resortes cívicos y políticos para poner freno a estos miserables. El socialista Sánchez y el comunista Iglesias pueden arrastrarse cuanto deseen ante sus colegas proetarras y golpistas, pero no a costa del bienestar y hasta de la supervivencia de la Nación.

El desgaste de Sánchez
Cayetano González Libertad Digital 1 Diciembre 2020

Muy poco a poco, muy lentamente, el presidente del Gobierno empieza a experimentar en sus propias carnes el desgaste personal y político que lleva aparejado su Gobierno social-comunista con Podemos, sus pactos con los herederos de ETA y con los independentistas catalanes, sus políticas para acabar con el régimen constitucional del 78, Monarquía incluida, sus iniciativas cargadas de un profundo sectarismo ideológico, como la recientemente aprobada Ley Celaá.

Antes de que algún amable lector piense que me he dejado llevar por un optimismo sin fundamento al apuntar a ese desgaste presidencial, enumeraré algunas señales que lo justifican. Por ejemplo, en las últimas semanas, cada vez que Sánchez ha pisado la calle –en contadísimas ocasiones, y todas muy medidas por su equipo de propaganda– ha recibido abucheos y gritos en contra por parte del público.

Sucedió en la Fiesta Nacional en la explanada del Palacio de Oriente; sucedió hace tres semanas en Pamplona, cuando visitó la sede de la Presidencia del Gobierno de Navarra, y volvió a suceder el pasado viernes, cuando, ocho meses después del confinamiento por el covid-19, tuvo a bien pisar por primera vez un hospital, en este caso el de La Paz, en Madrid, eso sí, eligiendo perfectamente el día para no ser acompañado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Diaz Ayuso, que se encontraba de viaje oficial en Aragón. Y así seguirá sucediendo en las próximas salidas de la Moncloa, que, en vista de lo que ha pasado, serán muy medidas y absolutamente controladas.

Sánchez y Redondo saben perfectamente que hay una parte importante de la sociedad que está profundamente irritada con muchas de las cosas que está haciendo este Gobierno. El entendimiento del Ejecutivo y, de una manera más específica, del PSOE con los herederos políticos de ETA es algo que muchos españoles no tragan, porque los crímenes de la banda terrorista están todavía muy presentes en la memoria y en el recuerdo. Ver al líder de Bildu, Arnaldo Otegui, pavonearse de su apoyo al Gobierno social-comunista de PSOE y Podemos porque así se avanza en la construcción de la República vasca es algo demasiado indigesto incluso para una parte del electorado socialista. Lo mismo se puede decir de algunas manifestaciones del independentismo catalán, como las de Gabriel Rufián poniendo a Madrid en la diana.

Ese malestar ciudadano también se produce cuando se asiste a los ataques a la Corona, a Felipe VI, por parte, no ya de los independentistas, sino de miembros del propio Gobierno de la Nación, sin que su presidente no sólo no desautorice y destituya a esos ministros, sino que los respalde. Y la guinda, de momento, a este dislate ha sido la Ley Celaá, que supone un ataque directo a la educación concertada y a la educación especial.

Si estuviéramos en una situación normal, sin este confinamiento light en el que vivimos, los motivos para manifestarse en la calle contra el Gobierno serían continuos. Ya se vio hace unos días, cuando en bastantes ciudades la gente salió con sus coches a protestar contra la sectaria Ley de Educación. ¿Tiene Sánchez alguna duda de que si se pudieran convocar manifestaciones en toda España por su pacto y blanqueo de los herederos políticos de ETA, las cifras de asistencia dejarían pequeñas a las que se produjeron cuando Zapatero negoció con la banda terrorista?

Los ciudadanos están lógicamente preocupados por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Pero lo positivo es que esa ciudadanía todavía tiene una capacidad de indignación, de rebelarse contra las tropelías del Gobierno, cuyo máximo responsable es Pedro Sánchez, no Pablo Iglesias. Todo tiene un límite, y este ya ha sido sobrepasado por el actual inquilino de la Moncloa. Él e Ivan Redondo lo saben, pero si albergaran alguna duda, que se atrevan a hacer una prueba: que Sánchez pise más la calle. Será interesante ver con qué se encuentra.

Armonización, sí, claro... pero no solo fiscal
Alejandro Tercero cronicaglobal 1 Diciembre 2020

Resulta fascinante comprobar que la mayor parte de los que han puesto el grito en el cielo con la baja fiscalidad de la Comunidad de Madrid en relación al resto de CCAA sean los mismos que acostumbran a defender con uñas y dientes la descentralización. Una descentralización entendida como un modelo de Estado en el que las comunidades tengan la máxima autonomía posible --y creciente hasta no se sabe cuánto ni cuándo-- para hacer lo que les plazca en todo tipo de competencias.

Hombre, hombre, hombre... aclárense, señores, porque descentralización y autonomía significa justo lo que hace la Comunidad de Madrid: aprovechar sus competencias para situar el impuesto de patrimonio al mínimo que le permite el marco general. Es el precio de la descentralización.

De todas formas, no les falta razón a los que piden la armonización fiscal de las CCAA. No tiene sentido que el impuesto de sucesiones y donaciones --tomen nota porque es el próximo objetivo de los supuestos descentralizadores-- o el de patrimonio tributen a tipos o en condiciones diferentes según el lugar de España en el que uno viva.

Sin embargo, mucho más grave que estos impuestos es el asombroso régimen fiscal del País Vasco y de Navarra --y, si me apuran, de Canarias, Ceuta y Melilla, aunque en el caso del archipiélago, a 1.500 kilómetros de la península, tendría más sentido una excepción--.

Si lo que se pretende es implementar una verdadera armonización fiscal, empecemos por suprimir el concierto económico de las provincias vascas y el convenio navarro, un privilegio sin parangón en Europa que eleva la insolidaridad interterritorial a cotas inauditas.

Atacar el régimen fiscal madrileño y a la vez salvaguardar la injustificable excepcionalidad vasco-navarra es de tal incoherencia que solo puede responder a motivaciones políticas espurias e inaceptables.

¿No habíamos quedado que se trata de corregir una situación fiscal injusta y desigual? ¿Acaso hay mayor injusticia y desigualdad fiscal que la generada por el concierto y el convenio?

En cualquier caso, si el objetivo es combatir todas las desigualdades, parece razonable revisar algunas competencias transferidas a las CCAA. Armonizarlas, vamos, como ahora defienden los descentralizadores.

¿Alguien considera sensato que el tiempo de espera para operarse en la sanidad pública dependa de la comunidad en la que se viva? ¿De verdad nos parece normal que, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, el tiempo medio de espera para operarse en un hospital público en Cataluña sea de 223 días pero en Madrid solo de 42?

¿Cómo es posible que en la Comunidad Valenciana --con dos lenguas oficiales, español y valenciano (o catalán, que es lo mismo)-- los alumnos de la enseñanza pública puedan recibir una parte razonable de su educación en castellano pero en Cataluña --también con dos lenguas oficiales, español y catalán, además del aranés en el Valle de Arán-- sea inviable?

¿Entienden adecuado que, por culpa de los diferentes déficits o deudas, los ciudadanos de una comunidad dispongan de peor protección social que en otra?

¿Creen que es correcto que el nivel de las infraestructuras de un territorio dependa de la mejor o peor gestión de los gobiernos autonómicos, o que una comunidad esté repleta de autopistas de peaje y otra disfrute de autovías gratuitas?

¿Les parece normal que si se casan en Madrid --y no realizan capitulaciones matrimoniales-- se les aplique un régimen de gananciales, pero si lo hacen en Barcelona rija la separación de bienes?

¿A alguien le puede parecer apropiado que la Generalitat, acogiéndose a sus competencias penitenciarias, aplique diferentes criterios en el trato a los presos que en el resto del país?

¿Se puede justificar de algún modo que el Gobierno autonómico catalán tenga a su cargo 17.000 policías --los Mossos d’Esquadra-- y cuando se enfrentan al mayor desafío de su historia --el 1-O-- se pongan de perfil y dejen en pelotas a la Guardia Civil y la Policía Nacional?

En definitiva, ¿quién puede estar de acuerdo con que los derechos y los servicios públicos de los que disfrutan los ciudadanos españoles difieran en función de la comunidad autónoma en la que vivan y dependan del gobierno autonómico de turno?

Descentralización legislativa es sinónimo de desigualdad. Sorprende que algunos se hayan dado cuenta ahora al observar el régimen fiscal de Madrid. Pero más sorprendente aún es que esos mismos no se atrevan a reconocer, enmendar y armonizar las asimetrías en derechos y obligaciones que ha generado nuestro Estado autonómico.

El PSOE agita la campaña catalana
Editorial ABC 1 Diciembre 2020

Que nadie espere de Sánchez un giro a la moderación tras la aprobación de los Presupuestos. Con su claudicación ante ERC y Bildu, solo busca otro tripartito en Cataluña

La recta final para la aprobación de los Presupuestos el próximo jueves solo ha reafirmado que la apuesta real de Pedro Sánchez para dar cobertura a su legislatura no es el constitucionalismo, sino el bloque de «partidos Frankenstein» -expresión acuñada por Alfredo Pérez Rubalcaba-, que utilizan al PSOE a capricho para desarrollar su proyecto independentista, su ofensiva fiscal contra Madrid y, en definitiva, un plan profundamente antidemocrático con el que enfrentar a los ciudadanos. Si días atrás fue Felipe González quien rechazó que la actual dirección del PSOE pretenda silenciarle, y quien arremetió contra el error de entregarse en brazos de ERC y de Bildu, ayer fue José Luis Rodríguez Zapatero quien acudió en auxilio del presidente del Gobierno para agitar la precampaña de Cataluña y reivindicar a Sánchez como el fedatario de su herencia política. Zapatero se arrogó el fin de ETA sin citar el trabajo de jueces, fiscales o policías, contribuyó a amplificar la estrategia de blanqueo sistemático de Bildu, y apeló indirectamente a la concesión de indultos para los líderes separatistas condenados. Es esa táctica «apaciguadora» tan del gusto de Sánchez para poner la «política» por encima de la ley e impulsar una renuncia claudicante del Estado de Derecho frente a quienes quisieron violarlo con una declaración unilateral de independencia, o frente a quienes secuestraban y asesinaban. Ese es hoy uno de los principales pecados capitales del socialismo: desapoderar al Estado de su capacidad coercitiva para luchar contra el golpismo, anular las decisiones judiciales por la vía de los hechos consumados, y garantizarse la legislatura, que es, por encima de los principios, la única prioridad real de Sánchez. Por eso, el candidato socialista Miquel Iceta no es creíble cuando afirma que jamás pactará con el independentismo, y por eso el ministro de Justicia hace ostentación de su reforma penal para desactivar el delito de sedición, de manera que la excarcelación de los condenados, incluso sin indulto, se produzca en cuestión de semanas.

Los mensajes que emite el PSOE son alarmantes porque Sánchez ya ha diseñado la «triangulación» de la legislatura de la mano de quienes quieren suplantar la ley vigente con una legalidad alternativa, por más que se disfracen ahora de «armonizadores» fiscales imponiendo directrices inconstitucionales. Ya demostró el socialismo catalán con dos tripartitos junto a ERC y con una reforma estatutaria ilegal que es irrelevante lo que diga ahora Iceta, quien por cierto llegó a apelar en su programa electoral a una regulación del derecho de autodeterminación. Sánchez, sus ministros, Iceta, Ferraz y los barones regionales del PSOE ya han apostado, y su objetivo es la Comunidad de Madrid. Cinco semanas han trascurrido desde que Pablo Casado telefoneó a Sánchez, y aún no hay respuesta de La Moncloa. Su único propósito era cerrar su acuerdo con el nacionalismo rupturista y jamás hizo el más mínimo intento de negociar con el PP. Ayer se sumaron a esta reedición de Frankenstein cuatro diputados más surgidos de la implosión del PDECat, que se enrolan en la guerra fiscal abierta por Sánchez contra la bajada de impuestos en las autonomías del PP. Resueltos los Presupuestos, que nadie espere de Sánchez un giro al socialismo moderado. A sus ojos, los constitucionalistas seguirán siendo esa «ultraderecha» cuya división tantos réditos otorga a la izquierda. El PSOE solo busca la manera de condicionar el nuevo Gobierno catalán que surja en febrero para formar parte de él junto a ERC y Podemos, mientras ríe las gracias a Arnaldo Otegui. El resto, a Sánchez le es indiferente.

Mentiras sobre Madrid
Pablo Planas Libertad Digital 1 Diciembre 2020

El Gobierno y sus aliados políticos y mediáticos han puesto en marcha una vasta campaña contra la Comunidad de Madrid cuya sustancia es extender la especie de que la política fiscal de la región es el principal peligro para la unidad y cohesión de España. Así es que en el país de los privilegios fiscales y económicos del País Vasco y Navarra y del golpe de Estado en Cataluña, el problema es Madrid. Tal cual.

La premisa es tan descabellada, disparatada y falsa que es probable que cuaje. Les funcionó a los separatistas catalanes, que durante años fueron capaces de envenenar la convivencia con el mantra "España nos roba", basado en la supremacista teoría de que andaluces, extremeños, murcianos y madrileños vivían sin pegar palo al agua gracias a los impuestos que pagaban los sufridos y laboriosos catalanes.

Ahora se trata de sostener la tesis de que en Madrid es un paraíso fiscal donde los ricos no pagan impuestos y se tocan el níspero a dos manos protegidos por una Administración autonómica desleal que esquilma patrimonios y empresas de otras regiones y amenaza gravemente el equilibrio territorial y, lo que es peor, la igualdad de derechos y oportunidades de los españoles.

Medios como La Vanguardia sostienen sin ambages ni medias tintas que la política fiscal de los Gobiernos populares de Madrid es el primer problema territorial español. Sí, el diario de Godó, el medio que amparó los desmanes de Pujol, los disparates de Mas y los desvaríos de Puigdemont y Junqueras, dice ahora que no es España sino Madrid quien roba, y no sólo a los catalanes sino a todos los españoles. Con un par.

El mencionado diario y ERC no han abandonado de la noche a la mañana sus ambiciones separatistas. En todo caso las han aplazado y ahora están en otra guerra, la que Sánchez e Iglesias libran contra Madrid, cuyo modelo fiscal deja en evidencia el sistema de rapiña extractiva del Gobierno y de la Generalidad catalana.

El caso de la Administración regional de los separatistas es directamente alucinante. Durante años han agudizado la inseguridad jurídica, generado inestabilidad política y económica a chorros, demonizado y sancionado a pequeñas y grandes empresas por utilizar el idioma español, amenazado y coaccionado a quienes rehusaban someterse a los dictados de la supuesta nación catalana, masacrado a impuestos a empresas y particulares, expulsado a la banca local, a la industria de la automoción, a la hotelera... Y ahora, después de los estragos del Procés, el problema es que la Comunidad de Madrid, sin incumplir ninguna ley, con absoluto respeto por el marco autonómico y las normas constitucionales, haciendo un uso estrictamente legal de sus competencias, sin soflamas contra España ni chantajes al Gobierno, aplica una política fiscal menos lesiva para sus ciudadanos que la siempre leal Cataluña.

Mientras la deuda per cápita en Madrid es de 5.000 euros, en Cataluña supera de largo los 10.000; mientras Madrid gestiona tres tributos propios, Cataluña dispone de 18; mientras la deuda pública total en Madrid es de 33.500 millones, en Cataluña rebasa los 79.000. Eso sí, Cataluña tiene una red de embajadas en el extranjero que ya querrían para sí muchos Estados independientes más poblados, está montando una agencia espacial, registra un desvío de más de cinco millones de euros en las obras de una línea de metro a mayor gloria de los trincones del 3% y hasta se permite el lujo de sostener un presidente "legítimo" en Waterloo y otro en funciones en Barcelona. Pero el problema es Madrid.

La excusa de la armonización fiscal que aduce Sánchez sería creíble si tal armonización incluyera el País Vasco y Navarra, pero, claro, no es el caso. De lo que se trata es de aniquilar el modelo de éxito madrileño y brear sin alternativa a todos los españoles, en un esfuerzo fiscal tendente a soportar el peso cada vez más asfixiante del Gobierno y los gobiernillos regionales.

Hermanos de sangre

OKDIARIO 1 Diciembre 2020

El PSOE pretende hacernos creer que el acuerdo presupuestario del Gobierno socialcomunista con Bildu es algo coyuntural, pero los hechos desmontan esos argumentos y revelan que estamos ante un pacto de amplio espectro y voluntad de perdurar. Bildu ya cuenta con el apoyo de los socialistas en Navarra para impulsar los presupuestos locales, pero, como informa OKDIARIO, las juventudes navarras de ambas formaciones han sellado un gran acuerdo de entendimiento y hermanamiento con el pretexto del coronavirus. El pacto incorporó el mensaje de que, a partir de ahí, debía construirse un entendimiento duradero a medio y largo plazo entre ambas formaciones. Hermanos de sangre. Tremendo.

Las organizaciones juveniles del PSN (Juventudes Socialistas de Navarra), Geroa Bai (Gazteok Bai), EH Bildu (EH Bildu Gazteak) y Podemos (Rebeldía Navarra) decidieron dar un paso rotundo hacia la colaboración e hicieron expreso en sus pactos que ese hermanamiento debía perdurar «en el futuro». El pacto plantea, de hecho, una «unidad de acción» entre los cuatro partidos, lo mismo que han hecho -casualmente- Arnaldo Otegi, Gabriel Rufián y Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados para mantener una agenda común en materia «social y económica». Las formaciones firmantes del pacto navarro se comprometen a caminar juntas hacia «la justicia social y la igualdad de oportunidades».

Así que de acuerdos puntuales nada: lo que los socialistas navarros han tejido con los proetarras es una alianza estratégica. Que es la misma que Pedro Sánchez está ensayando con Arnaldo Otegi a nivel nacional. Los proetarras no sólo se han convertido en el apoyo estrella de los socialistas a nivel nacional, sino que ese pacto compromete al Partido Socialista para que apoye a los de Arnaldo Otegi salvando sus presupuestos municipales en las localidades navarras. Por ejemplo, Huarte y Ansoáin. Si a eso le añadimos el acercamientos de presos, la conclusión es que PSOE y proetarras han alcanzado un pacto indigno que removerá las tripas de los familiares de todos aquellos socialistas que fueron víctimas de la violencia asesina de ETA. Su memoria ha sido vilmente traicionada por Pedro Sánchez. PSOE y Bildu son ya hermanos de sangre. Brutal.

Congreso de los Diputados
Sánchez da a Bildu datos para su ofensiva contra policías, guardias civiles y prisiones
Luz Sela okdiario 1 Diciembre 2020

El Gobierno, a través de distintas respuestas por escrito en el Congreso de los Diputados, ha revelado a Bildu información para alimentar sus campañas contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las prisiones, dos símbolos del Estado que la formación proetarra combate con ataques y descalificativos.

Así, en sucesivas contestaciones, el Ejecutivo desvela datos acerca de «presuntas torturas» en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, denuncias de los presos por supuesto maltrato en las cárceles o, incluso, miembros de las Fuerzas Armadas de baja por motivos psiquiátricos o maniobras realizadas por el Ejército.

Torturas
En una pregunta reciente, el diputado de la Bildu Jon Iñarritu, requirió por ejemplo información al Ejecutivo sobre «cada una de las denuncias presentadas por torturas» en los centros penitenciarios de Castellón II, Huelva, Madrid VII, Puerto III y Sevilla II. Cárceles que, recogía Iñarritu, «destacan por el gran número de denuncias de torturas y malos tratos presentadas por parte de los internos». El diputado se interesaba además por «el relato de los hechos de cada una de ellas» y el resultado.

Interior ofrece una pormenorizada respuesta, indicando los hechos relatados por los internos en cada una de las denuncias -«torturas, porrazos, puñetazos, reducción a golpes, asfixia», «malos tratos por protestar porque una cabina de teléfono estaba estropeada», «malos tratos porque tenía una cuchilla de afeitar en su poder»-, el lugar en el que se producen los hechos denunciados, la instancia judicial que se ocupa del caso y el resultado de la investigación interna.

El Gobierno informa de que «todas y cada una de las denuncias por malos tratos son investigadas y, como resultado de la investigación, ningún funcionario de esos centros ha sido sancionado en vía administrativa ni condenado judicialmente por las denuncias presentadas» y aclara que «el Ministerio del Interior no tolera este tipo de conductas, siendo perseguidas tanto penal como administrativamente».

El Ejecutivo también resuelve sobre una pregunta relativa «a los expedientes por denuncias de supuestas torturas en los ámbitos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil» o «el número de agentes de la Policía y la Guardia Civil que han estado de baja médica por motivos psicológicos o psiquiátricos en los últimos 20 años», así como el número de consultas realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas a este tipo de servicios. También se informa del número de agentes que se han suicidado.

Beneficios a etarras
El Gobierno, en cambio, se muestra más ‘cauteloso’ en los asuntos relativos a ETA y sus víctimas. Así, el Ministerio del Interior oculta al Congreso de los Diputados los expedientes administrativos tramitados por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para decidir los acercamientos y beneficios penitenciarios a presos de la banda, así como los criterios aplicados para autorizarlos.

Vox remitió más de 50 preguntas interesándose, uno a uno, por medio centenar de terroristas beneficiados por el Gobierno de Sánchez, mediante traslados o progresiones de grado. En dichas preguntas, la formación de Santiago Abascal requería al Ejecutivo información, por ejemplo, sobre la petición de «perdón expreso a las víctimas», por parte del recluso, el reconocimiento del daño causado o la colaboración con la Justicia.

Sin embargo, el Gobierno responde con una contestación predeterminada, remitiéndose a una intervención del ministro, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso, el pasado 24 de junio, en la que se limitó a defender la «aplicación de la Ley General Penitenciaria» que, dijo, «prevé la necesidad de progresar, determinar y clasificar en grados al conjunto de los internos y siempre de forma individual, que es lo que hacen las juntas de tratamiento y bajo control judicial».

«La dispersión fue un instrumento importante que se utilizó para luchar contra la organización terrorista ETA» pero, consideró Marlaska, «la organización terrorista ETA fue vencida en el entorno del Estado de derecho» y, por ello, «estamos en otro momento histórico».

Desde Vox se reprochó la intención de «poner fin a la actual política de dispersión penitenciaria» y se denunció un «proceso de negociación indirecta con los presos a través de Bildu» para una «excarcelación encubierta generalizada».

Archivos de la Guardia Civil
Bildu ha planteado en las últimas semanas más cuestiones acerca de las Fuerzas de Seguridad, que esperan aún respuesta. El partido de Otegi reclama información, por ejemplo, sobre «el nombre de cada uno de los archivos, sistemas o bases de datos que tiene la Guardia Civil» y «los tipos de datos que se archivan en cada uno de ellos», además de las «unidades que tienen acceso» a los mismos.

También han requerido información sobre «personas que hayan tenido lesiones permanentes como resultado de actuaciones policiales».

Miquel Buesa: “Podemos quiere un sistema totalitario y se alía por ello con Bildu y ERC”
Publica “Abuso de poder. El coronavirus en España. Incompetencia y fracaso de la gestión de la crisis” y asegura que “el Gobierno se ha aprovechado del desconocimiento general para establecer un sistema proclive al autoritarismo”
C. S. Macías larazon 1 Diciembre 2020

Antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma en la primera ola de la pandemia, Mikel Buesa ya empezó a observar la curva de contagios. Vio que haciendo una proyección a siete días ésta se multiplicaba por decenas de miles. De ahí surgió «Abuso de poder. El coronavirus en España. Incompetencia y fracaso en la gestión de la crisis» (Marcial Pons. Ediciones jurídicas y sociales) donde desgrana los errores de la gestión y sus consecuencias. Destaca el «eficacísimo» papel de las Fuerzas Armadas en la primera ola y cree que deberían también contar con ellos para auxiliar en la vacunación.

–¿Cuál fue el abuso de poder más importante que se cometió durante la pandemia?
–La falta de respeto a los derechos fundamentales que reconoce la Constitución a los españoles. Esto se hizo mediante el estado de alarma que no es lo previsto para esa finalidad y con ello se llegó demasiado lejos. Se tendría que haber empleado otra figura: el estado de excepción, pero tiene unas restricciones de control parlamentario más potentes mientras que el Congreso cerró sus actividades y el sistema judicial también.

–¿Por qué se actuó tan mal?
–He procurado ser generoso con los casos de incompetencia. Pero destaco en el libro algunos que huelen a corrupción: comisiones excesivas pagadas siempre a empresarios catalanes, sobreprecios inexplicables... No hablo de corrupción como tal porque no tengo pruebas, pero huelen fatal. En la situación actual también las cosas se están haciendo mal. Sánchez ha abandonado el asunto epidémico mientras ahora va de salvador con eso de que quiere vacunarnos a todos, y si pudiera lo haría él personalmente.

–¿Se ha utilizado la pandemia para cambiar el régimen o perpetuarse en el poder?
–Es evidente. El no evaluar, dejar que las cosas discurran es una manera de capturar poder restringiendo los derechos de los ciudadanos y eso a algunos les está causando la ruina. Se captura poder. En el caso concreto del Gobierno lo que se está proponiendo como política no es más que un proceso estatalizador de la economía que se justifica en la idea falsa de que estamos ante una guerra. Pero la economía epidémica no se parece en nada a la economía de una guerra porque en la guerra hay destrucción de vidas y material. Pero aquí tenemos una destrucción de vidas limitada y ninguna destrucción material. La economía de guerra justifica la estatalización de la economía. Esta es su raíz ideológica que además incluyen en los PGE. Esto puede conducir a situaciones peores desde el punto de vista económico. También lo aprovecha el Gobierno para desarrollar ese proyecto ideológico que está reflejado en la «Ley Celaá», en los PGE y otras normas jurídicas aprobadas sin discusión pública. Se ha tragado por lo que sea para que el Gobierno tenga las manos libres para hacer lo que le dé la gana.

–¿Se emplea la pandemia como arma ideológica?
–Así es, se utiliza la pandemia como un arma ideológica porque ninguno somos expertos en este asunto. Algunos presumen de saber mucho, como Don Simón, pero no saben nada. Y el Gobierno se aprovecha del desconocimiento general para establecer un sistema proclive al autoritarismo.

–¿Le sorprendió la inclusión de Bildu como un actor principal?
–No me sorprende de este Gobierno nada. El planteamiento de los PGE es demencial. Está habiendo contrapartidas políticas a los terroristas o proto terroristas de Bildu y a los nacionalistas que no tienen nada que ver con la política económica. Pero, además, los propios presupuestos no tienen nada que ver con la naturaleza de la crisis que tenemos que enfrentar. En esas cuentas la inversión ha desaparecido, solo se habla de aumentar el gasto corriente de la administración y todo lo fían al dinero de Europa, pero me temo que cuando llegue acabarán derrochándolo de una manera apreciable.

–¿Por qué Bildu?
–Porque en el proyecto del Gobierno de Sánchez hay dos elementos; PSOE y Podemos. Los objetivos de Podemos son instituir un sistema totalitario y para eso usan las armas de ponerse de acuerdo con los que quieren lo mismo: ERC o Bildu, y están chantajeando a la parte socialista con que, si no sale adelante, no se aprueban las cuenta. Sánchez está tragando porque su único objetivo es sostenerse en el poder. Tiene vocación de autócrata.

–¿Qué papel ha jugado la mentira?
–Recojo múltiples situaciones en las que se ha mentido descaradamente. El Gobierno lo que les ha dicho a los españoles es que las decisiones que toma son porque se lo dicen unos expertos que se ha reconocido que no existían. Luego están los expertos tipo D. Simón, que de expertos no tiene nada; basta con ver sus intervenciones públicas. En lo único que es experto es en decir amén y doblar el espinazo delante del ministro de Sanidad y justificar cualquier cosa que le llegue desde el poder. También dijeron que se habían comprado millones de mascarillas y el primer contrato se firma 20 días después. Cosas así han ocurrido de manera continua. La mentira se ha convertido en una técnica del Gobierno.

–¿El Gobierno intentaba ayudar al ejecutivo madrileño o derrocarlo?
–El Gobierno ha tenido en la presidenta de la comunidad de Madrid un enemigo frontal al que ha intentado tumbar y no lo ha logrado. No sé si por su mayor eficacia o porque también hay otras circunstancias que han favorecido a la reducción paulatina de los casos. Entre ellos creo que en algunas zonas de Madrid se ha llegado a la inmunidad de rebaño.

–¿Por qué llegamos tan tarde?
–Mientras en China avanzaba la epidemia, decían que no iba a llegar a España y si llegaba sería menos que una gripe. También recojo estas declaraciones de los asesores del Gobierno que son unos incompetentes. Este es otro aspecto de la incompetencia. Ha habido un interés político en todo ello porque el primer proyecto importante del Gobierno nada más formarse era una ley que reconoce las tesis del «feminismo queer», un proyecto de ley que no se tramitó después, pero que iba a ser presentado el 8-M con motivo del día de la mujer. Esta lo consideraba fundamental Podemos y PSOE.

Redondo Terreros pone a Iglesias en su sitio: «En la derrota del terrorismo él andaba alabando a ETA»
Juanan Jiménez okdiario 1 Diciembre 2020

El ex dirigente del PSOE vasco Nicolás Redondo Terreros ha puesto en sus sitio al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que este lunes, ha presumido de que «es un éxito de la democracia» que Bildu forme parte de las instituciones. Redondo Terreros ha contestado al líder de Podemos con una frase lapidaria: «El éxito de la democracia fue derrotar a ETA» y ha añadido que en la derrota del terrorismo no estaba Iglesias, que en esos momentos «estaba en las Herriko-Tabernas alabando a la banda terrorista y a sus cómplices».

Felipe González, Alfonso Guerra, Antonio Miguel Carmona… importantes ex dirigentes del PSOE se han pronunciado en contra de la rendición mostrada por Pedro Sánchez ante los proetarras de Bildu. Un puñado de votos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que han removido al ‘viejo’ PSOE frente a las dádivas de Ferraz amparadas y fomentadas por Podemos.

Nicolás Redondo Terreros ha cargado con dureza contra el dirigente comunista en un comunicado, después de haber escuchado a Pablo Iglesias ponerse medallas por haber puesto a Bildu en el epicentro del debate político equiparando a los proetarras con el resto de fuerzas políticas y blanqueando el apoyo a la historia de ETA y sus más de 800 asesinatos.

El socialista ha pedido que las declaraciones de Iglesias no confundan a la ciudadanía, que podría creer que la presencia del podemita en el Ejecutivo también es un éxito de la democracia, ha dicho en tono irónico. Nicolás Redondo Terreros considera que es «un grave peligro» que Pablo Iglesias forme parte de este Gobierno.

El presidente de ‘La España que Reúne’ ha considerado que el verdadero triunfo de la democracia se producirá «si Iglesias vuelve a la oposición sin que sus fantasías revolucionarias se hayan cumplido».

Pedro Sánchez se ha metido en un terreno pantanoso por convertirse en preso de sus decisiones propiciando una dependencia de los proetarras de Bildu bastante peligrosa. Todo esto demuestra, asegura Redondo Terreros, el «fracaso de la capacidad de acuerdo y negociación» por parte del líder socialista.

Eso sí, ha apuntado que no habla de su ilegalización ya que «su legitimidad legal es símbolo de la derrota de ETA», aunque la necesidad de ellos para gobernar, a su juicio, es un fracaso político. También lo es moral porque «el Gobierno se apoya en un partido que sigue reivindicando la historia de «sangre y fuego» de ETA.

El ex dirigente socialista no cuestiona la legitimidad representativa de Bildu, pero cree que el éxito es decir que ‘no’ a los chantajes de los proetarras. Nicolás Redondo Terreros asegura sobre Pablo Iglesias que «no tiene catadura moral para decir qué es un éxito o un fracaso para la democracia española» y ha argumentado que éste «prefiere la democracia venezolana de Maduro» porque «la democracia social-liberal necesita un mínimo de concordia y él es un predicador de odios y divisiones».

Así, ha concluido diciendo que mientras pacta con Bildu, el Gobierno «margina a Ciudadanos o clama por aislar al PP». «Alaba a Bildu e insulta a dirigentes democráticos como Arrimadas o Casado… en él vemos siempre como impone su ideología neocomunista a los principios morales sobre los que sobrevive una ciudadanía libre e igual ante la ley», ha zanjado.

Revuelta socialista
Las voces dentro del socialismo que realmente combatió al terrorismo y sabe el precio que se pagó, incluso con la vida de dirigentes del PSOE, se han rebelado contra el pacto de Sánchez con Bildu. Voces autorizadas, como el ex presidente del Gobierno Felipe González, han mostrado su desaprobación a la rendición ante Bildu. «Yo no pactaría con ERC y Bildu porque buscan el desguace de España», aseguró González.

La respuesta de Ferraz, para acallar a los críticos y reforzar el apoyo a Sánchez, fue despreciar estas declaraciones, haciendo ver que procedían de dirigentes cuyo tiempo ya había pasado. Una de las críticas con González –recordemos que fue presidente durante cuatro legislaturas y con tres mayorías absolutas– ha sido Adriana Lastra.

Pero Felipe González no ha sido el único ex dirigente del PSOE que, como Nicolás Redondo Terreros, ha sacado los colores al Gobierno socialcomunista por sus ‘amistades peligrosas’.

Antonio Miguel Carmona lanzó una plataforma en defensa del castellano, tras constatar que el apoyo de ERC a los Presupuestos de Sánchez pasaba por eliminar el español como lengua vehicular en las aulas. A esa plataforma contra la Ley Celaá se unieron otros socialistas como el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. De nuevo, el ‘viejo PSOE’ se pronunció sobre el desastroso acuerdo de Sánchez con ERC.

Entre los firmantes de la platagorma de Antonio Miguel Carmona se encuentran socialistas como el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, los ex presidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo; el ex secretario general de la Seguridad Social Adolfo Jiménez; el ex secretario general de UGT Cándido Méndez; la decana Lidia Falcón; exministros desde César Antonio Molina hasta José Barrionuevo y el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, entre otros.

 


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