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El camino a la Tercera República
Francisco Marhuenda larazon 3 Diciembre 2020
No han tardado demasiado en concretar el chantaje para que el PP
acepte una renovación del CGPJ de acorde a los intereses del
gobierno socialista-comunista. Es verdad que los wiki-juristas
tienen una idea clara sobre la cuestión y aplauden con un fervor
inusitado la ofensiva de la izquierda para controlar el Poder
Judicial. Les pareció muy bien que colocara a Lola Delgado al frente
de la Fiscalía General del Estado. Por ello, les parecerá normal que
llene el Supremo y otras instancias con jueces devotos del uso
alternativo del Derecho. Y, por supuesto, que los independentistas
entren en el CGPJ. Por otra parte, se han vuelto tan sanchistas que
quieren a Sánchez más, dicho irónicamente, que los de su propia
familia e incluso que él a sí mismo. El fervor es lo que más gusta
de los conversos. El presidente del Gobierno tiene una situación
complicada y el antaño defensor del bipartidismo imperfecto ahora
tiene que comulgar con el incómodo multipartidismo y mostrar su
complacencia hacia Podemos, así como su aquiescencia por el apoyo de
los independentistas y los herederos de ETA. Lo más sensato sería un
Consejo despolitizado y con juristas independientes.
Los problemas que ha tenido el PP con la corrupción demuestran que
no controla nada, algo que es lo razonable en un Estado de Derecho,
por lo que no entiendo el empecinamiento de la izquierda y los
periodistas afines en sus ataques a esta formación. Si hay algo que
ha quedado demostrado es que la Justicia actúa con absoluta
independencia y que no ha existido ningún trato de favor con el
principal partido de la oposición, sino más bien todo lo contrario.
Por tanto, una vez constatada esta evidencia y recordando que una
sentencia sirvió para provocar la caída de un gobierno, lo que se
dirime es algo mucho más transcendente como es la mutación del
régimen constitucional como quieren los comunistas e
independentistas. Lo que se persigue es la demolición de la
Constitución y sentar las bases de un tránsito a la Tercera
República.
Es cierto que no es a corto plazo, pero sí en un par de
legislaturas. Las bases de este proceso se están construyendo con la
debilidad frente al independentismo, la aceptación de las exigencias
de Podemos, el control férreo de la Fiscalía y la cesión de la
instrucción con la reforma de la Lecrim, la manipulación de RTVE,
los futuros indultos, los ataques contra la Corona y, finalmente, el
control de los jueces. Esto es lo que nos jugamos los españoles con
la renovación del CGPJ.
Absoluta independencia
Nota de Editor 3 Diciembre 2020
Como el dicho gitano "tengas pleitos y los ganes, porque si encima
los pierdes ---". Sin entrar en dolorosas y costosas experiencias
personales con la "justicia", me saltan tres "asuntillos":
"goma-2", "ensoñación" y "Delcy alfombra voladora". Así que a ver si
de una vez nos percatamos de que somos la merienda de la merienda de
negros.
Lenguas indígenas de ambos hemisferios
Iván Vélez https://gaceta.es 3 Diciembre 2020
Gracias a una mayoría absoluta conformada por PSOE, Unidas Podemos,
ERC, PNV y los grupos minoritarios, el pasado 19 de noviembre se
aprobó en el Congreso de los Diputados la Orgánica de modificación
de la LOE (LOMLOE), vulgo Ley Celaá. Frente a este bloque
desnacionalizador o, por mejor decir, plurinacionalizador,
fundamentalista democrático y ciegamente europeísta, se situaron PP,
Ciudadanos y Vox, partidos que votaron en contra de una ley que
entre otras cosas, elimina la obligación de que el español,
denominado castellano, sea lengua vehicular de la enseñanza en toda
España. La nueva ley, la séptima desde que se aprobó la Constitución
de 1978, viene a blindar lo que, de facto, es una realidad en
comunidades autónomas como Cataluña, región en la que el español
prácticamente ha desaparecido de las aulas desde que José María
Aznar se lanzara a los codiciosos brazos de Jordi Pujol en el
célebre contubernio del Hotel Majestic celebrado el 28 de abril de
1996. La conversación mantenida en el Paseo de Gracia de Barcelona
llevó a Aznar a La Moncloa, al imprudente precio de ceder a las
sectas catalanistas y a sus émulos en otras regiones el 33% de la
recaudación del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos
especiales. Además de esa entrega monetaria, fueron transferidas a
Cataluña las competencias en tráfico, sanidad, justicia, empleo,
medio ambiente, vivienda, agricultura y cultura. También la de
educación, cesión que dejó el camino despejado para un
adoctrinamiento hispanófobo apoyado por un importante y
subvencionado aparato mediático que tiene eco exterior gracias a las
mal llamadas embajadas catalanas donde hace fortuna una nutrida
colonia de meritorios lazis. Un cuarto de siglo después los efectos
de tan descabellada negociación son evidentes. Varias son las
generaciones de españoles que, estabulados en sus terruños, reniegan
de todo aquello que tenga que ver con España, comenzando, en muchas
ocasiones por el propio idioma español.
Culmina de este modo un largo proceso de «normalización lingüística»
larvado durante décadas cuyo efecto es la configuración de una
España en la que cada comunidad autónoma debe hallar, a la
picassiana manera –«yo no busco, yo encuentro»-, su cultura propia,
localista universo en el que destaca, por sus efectos
incomunicadores, la «lengua propia» que en ningún caso debe ser la
española, sustituida conceptualmente por el castellano para mejor
ajustarse a las fronteras de una plurinación plurilingüe en la que
sus ciudadanos, de asimétricos derechos, se comuniquen en la lengua
del terruño o en el globalizador idioma inglés.
Casi al mismo tiempo que esto ocurría en España, el pleno de la
Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad una reforma
constitucional para reconocer al español y a las lenguas indígenas
como lenguas nacionales de México. A partir de ahora, a falta de la
ratificación del Senado, según reza un nuevo artículo de la Carta
Magna, «El Estado promoverá una política lingüística multilingüe que
propicie que las lenguas indígenas alternen igualdad con el español
en todos los espacios públicos y privados». Culmina así un proceso
impulsado por instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (Inali), capaz de clasificar la gran diversidad
lingüística de los pueblos indígenas mexicanos.
En plena reforma no faltó la voz indigenista de Morena. De este
modo, la diputada Aleida Alavez pronunció estas palabras en un
cristalino español: «Hoy es un día en que el Estado mexicano
reivindica a todas las lenguas de los pueblos indígenas que, al
igual que el español, conforman las lenguas nacionales, sin
subordinación, con igualdad de trato». Así, por la vía jurídica se
pretende poner en pie de igualdad la lengua de Octavio Paz con las
habladas por pequeñas comunidades a las que ya nos hemos referido en
anteriores ocasiones. La cuestión no es nueva ni ideológicamente
neutra. Como es sabido, el interés por las lenguas indígenas del
Nuevo Mundo, definición de un continente solo tenido por tal desde
las coordenadas en las que se movían los hablantes de una lengua, la
española, capaz de incorporar ideas filosóficas como la de mundo,
metonimia del cofre en el que las novias anillos, collares y otros
efectos, fue muy temprano. La labor apostólica española se hizo, en
gran medida, en las «extrañas y peregrinas» lenguas en las que
hablaban unos naturales dejados de la mano de Dios. Guiados por el
anhelo misionero, aquellos hombres fueron capaces de confeccionar
gramáticas y diccionarios que, en algunos casos, se adelantaron a
los elaborados en Europa con lenguas nacionales.
No es, evidentemente, un afán religioso el que mueve a los políticos
españoles o mexicanos a fomentar lenguas locales, regionales o
indígenas, por emplear una terminología extensible a España, si se
tienen en cuenta los extravagantes y racistas intentos de conectar a
algunas de sus regiones con los arios o los celtas. El empeño, más
allá de ingenuos intentos de reparaciones históricas, es muy otro y
supone la destrucción de gran parte del legado del Imperio español:
las naciones políticas en las que se habla la lengua de Cervantes y
Rulfo. Un proyecto, el del fomento de las lenguas indígenas de ambos
hemisferios, que se ajusta al proceso de secularización del mito de
la Gracia, aquel que condujo a la cristalización de otro no menos
oscuro, el mito de la Cultura en el que se amparan unos dirigentes
que, sépanlo o no, trabajan a favor del imperialismo anglosajón
frente al que se alza la China que ha optado por el español como
idioma extranjero complementario al mandarín dentro un sistema
educativo que alcanza a cientos de millones de individuos.
Así repudia la izquierda europea el
impuesto de Patrimonio que Sánchez quiere subir y armonizar
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 3 Diciembre 2020
El socialismo europeo rechaza en bloque las propuestas que está
barajando el gobierno de Pedro Sánchez en relación con el Impuesto
sobre el Patrimonio. Moncloa pretende reimplantar este tributo en
Madrid a través de una armonización fiscal de dudosa legalidad y,
además, plantea subir dicha tasa en todo el territorio nacional.
Lejos de avalar este tipo de medidas recaudatorias, los socios
comunitarios del presidente español apuestan por la eliminación
completa de este gravamen, generalmente considerado una figura
fiscal arcaica e ineficiente.
El mejor ejemplo del rechazo generalizado que provoca este gravamen
entre los socialistas del Viejo Continente lo tenemos en los países
nórdicos, que tradicionalmente han sido el modelo a seguir por la
izquierda europea. Aunque los socialistas siguen dominando la escena
política de dichas naciones, su programa económico da la espalda a
estos impuestos, que de hecho fueron eliminados hace muchos años.
En Suecia, la decisión de abolir el Impuesto sobre el Patrimonio
empezó a cobrar peso en los años 70. Tras la introducción de varias
rebajas, deducciones y bonificaciones, en 2007 se produjo la
eliminación definitiva del tributo. No hay que olvidar, por otro
lado, que Suecia derogó el Impuesto de Sucesiones tres años antes,
en 2004.
Más rápido aún fue el proceso de eliminación de dicho tributo en
Dinamarca, donde el Impuesto sobre el Patrimonio fue reducido un 50%
en 1989 y terminó siendo abolido en 1997. La incidencia de este
tributo nunca llegó a ser muy generalizada en Dinamarca, puesto que
solo afectaba al 2% de contribuyentes de mayor riqueza, pero las
distorsiones ligadas a este gravamen fueron suficientes para
provocar el rechazo generalizado a este impuesto.
Otro referente nórdico que también prescindió hace años del Impuesto
sobre el Patrimonio es Finlandia, que eliminó por completo este
tributo en el año 2006 y no ha vuelto a introducir ningún tipo de
tasa sobre los activos de sus ciudadanos. De modo que los tres
países de referencia de la izquierda en el Norte de Europa hicieron
con Patrimonio todo lo contrario a lo que ahora propone Sánchez.
No es, en cualquier caso, una circunstancia que se limite al norte
de Europa. De hecho, España es ya el único país del Viejo Continente
en el que se aplica este tipo de imposición. Francia, que compartía
ese dudoso honor con nosotros, optó por eliminar el gravamen sobre
el patrimonio en 2017, de modo que el gobierno de España está
completamente solo en su cruzada.
El espejo portugués en el que no se mira Sánchez
En Portugal nos encontramos con una situación parecida. Su primer
ministro António Costa, líder de los socialistas en nuestro país
vecino, gobierna con apoyo parlamentario de varias formaciones
políticas de extrema izquierda. Sin embargo, el mix fiscal luso no
incluye ni el Impuesto sobre el Patrimonio ni el Impuesto de
Sucesiones, desmarcándose por completo de las intenciones de
Sánchez.
No es este el único ejemplo de política económica en el que los
socialistas portugueses muestran un talante muy diferente al de
Sánchez. De hecho, como ha explicado este diario, la administración
Costa se ha caracterizado por mantener en pie el grueso de las
reformas liberales implementadas por el anterior gobierno, que
encabezó el líder del centro-derecha luso Pedro Passos Coelho. Así
las cosas, lejos de abrazar medidas orientadas a reducir la libertad
económica, Portugal hace todo lo contrario y apuesta por el
pragmatismo.
Sánchez, "la Ciencia" y la muerte
Pablo Planas Libertad Digital 3 Diciembre 2020
No hace mucho que Pedro Sánchez aseguró que las reuniones familiares
en Navidad no podrían ser de más de seis personas, cifra que no
había adoptado según dijo "a capricho" sino porque era la que
determinaba "la Ciencia". Una Ciencia en mayúscula, como un valor
absoluto, según se infería de la campanuda entonación del presidente
del Gobierno. A las pocas horas salía el ministro de Sanidad,
Salvador Illa, a decir que a lo mejor se podía ampliar el cupo
familiar hasta las diez personas, cantidad también basada en "la
Ciencia", que contra lo que pueda parecer no es trina sino una. "La
Ciencia" en boca de Sánchez es una cosa tremenda, como la honradez
explicada por los Pujol. En fin...
El caso es que en la gestión de la pandemia el Gobierno se parapeta
detrás de una ciencia que es la mezcla de un comité de expertos que
no existe y los monólogos de Fernando Simón, humorista
incomprendido. Y no hay más. La progresía asume y encaja la
enfermedad como si se tratara de un castigo divino ante el que sólo
cabe oponer una fe ciega en la ciencia, pero en "la Ciencia"
sanchista. De ahí disparates como aquellas declaraciones de Carmen
Calvo cuando situaba Nueva York, Madrid y Pekín en la misma longitud
o las todavía más abracadabrantes de Teresa Ribera en las que
atribuía el éxito portugués en la primera fase de la epidemia al
hecho de estar más al oeste que España, Galicia al margen.
El único que ha guardado un prudente silencio es el titular del ramo
científico, Pedro Duque, desaparecido desde que protagonizó con
Simón un Barrio Sésamo en TVE sobre cómo ponerse las mascarillas.
¿Se acuerdan de Duque? Sí, el astronauta, ministro de Ciencia e
Innovación que tuvo que ceder Universidades, la tercera pata del
ministerio, para que pudiera ser nombrado ministro por Podemos
Manuel Castells.
A toda esta izquierda que aplaude hasta con las orejas que los
chinos construyan un hospital en dos meses y critican a Díaz Ayuso
por hacer más o menos lo mismo les parece una fascistada hablar del
virus chino. En cambio les resulta de lo más normal que se hable de
la gripe española sin detenerse a explicar que lo de española viene
porque la prensa de este país fue la única que informó sin censuras
de la pandemia surgida en un campamento militar de los Estados
Unidos.
Esa negativa a fijar en China el origen de la pandemia es una
evidencia de ese pensamiento islámico de la izquierda. Islámico por
lo que tiene de fanatismo religioso y porque seguro que les ofende
menos que se les compare con un mulá que con un cura medieval que
pudiera atribuir la peste china a una reacción de Dios ante la
sodomía, la avaricia o el paganismo.
En lo que sí que ha sido realmente científico el Gobierno es en la
ocultación de la muerte, empezando por el falseamiento de las cifras
de fallecidos y pasando por la censura de cualquier imagen que
pudiera sugerir el sufrimiento provocado por el virus, ya fuera un
féretro, una unidad de cuidados intensivos con pacientes intubados o
una cola para recoger alimentos. Por eso se habla mucho de cuántos
individuos se pueden juntar en Navidad según "la Ciencia" de Perico
Sánchez y nada de los más de trescientos muertos diarios de la
segunda ola del coronavirus de Wuhan, China.
Iglesias pide cárcel para ‘los de abajo’
OKDIARIO 3 Diciembre 2020
Pablo Iglesias, el mismo que defendía los «escraches» por ser «el
jarabe democrático de los de abajo», ha interpuesto una querella
contra Miguel Frontera, un ciudadano que se viene manifestando
delante de su chalet de Galapagar. Iglesias e Irene Montero le
acusan de seis delitos -acoso, descubrimiento y revelación de
secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público
y, por último, otro delito contra los recursos naturales y el medio
ambiente- que si son aceptados por la justicia podrían llevarle a la
cárcel. No cabe mayor hipocresía: Iglesias y Montero ya no defienden
a «los de abajo», sino que piden para ellos prisión. Es lo que
tienen los nuevos burgueses.
El contenido de la querella no tiene desperdicio: Iglesias se queja
de que le llaman «garrapata» y a su pareja, «analfabeta». El relato
de los hechos, según el vicepresidente segundo, es, cuanto menos
sugerente: «Miguel Frontera se persona a diario en el domicilio
particular de nuestro representado, sito en la Urbanización de La
Navata de Galapagar, hostigando y profiriendo improperios… no se
trata de protestas políticas, sino de una «animadversión personal» y
«odio». En la querella también se acusa a Frontera de saltarse el
perímetro de seguridad que las Fuerzas de Seguridad han instalado
alrededor del casoplón de Iglesias, así como de llevar la bandera
carlista con la Cruz de la Borgoña usada en la Guerra Civil española
y de poner «a un volumen muy elevado» el himno de España. En la
querella se solicita que se notifique a la comandancia de la Guardia
Civil en San Lorenzo de El Escorial para que presenten un vídeo que
incautaron en el teléfono de Frontera en el que, según la defensa de
Iglesias, se observa a este ciudadano «grabar la casa del
vicepresidente del Gobierno por encima del muro de la vivienda».
Se da la circunstancia de que Frontera no es el único ciudadano que
ha sido denunciado por Iglesias y Montero por protestar frente a su
vivienda, también lo fueron las vecinas Claudina y Ascensión, que
tuvieron que enfrentarse a un juicio rápido por caminar cerca del
famoso chalet. La juez archivó el caso.
Analfabetos y provincianos: el futuro de
los jóvenes catalanes
Editorial. rebelionenlagranja.com 3 Diciembre 2020
El nacionalismo, ya se sabe, se cura viajando. Viajando y leyendo.
Leyendo y estudiando. Se cura…porque es una enfermedad, una
desviación patológica de la atención, una jibarización de la
personalidad y un ejercicio puramente tribal. Somos los mejores
porque somos nosotros. Yo soy de los nuestros y, en consecuencia,
soy de los mejores. Ese es el cuento. La realidad, sin embargo, es
que ese cuento no es más que el instrumento político para mandar
cada vez más en un sitio cada vez más pequeño, más insignificante y
más atroz.
La enseñanza es el laboratorio perfecto de ese ejercicio de domino
absoluto sobre las mentalidades.
Al parecer, en Cataluña, los jóvenes bachilleres solo estudian la
Historia de España desde 1875 (Cánovas fue un político sin duda
inteligente, pero nunca pensó que llegaría a tanto). Según el plan
de estudios diseñado para esos pobres estudiantes, las referencias
históricas de España no llegan más allá de 1803. Antes, España no
existe. O mejor, no debe existir. Esa es la cosa.
Todos nos hemos echado ingenuamente las manos a la cabeza:
¡Ignorantes, analfabetos! ¿Y la España medieval? ¿Donde están el
Reino Visigodo, Alándalus, La Reconquista, ¡Los Reyes Católicos!, el
Emperador Carlos I, los Austrias, la Guerra de Sucesión o la
Ilustración? Pero no; no es por desprecio hacia España que a esos
estudiantes se les hurta del conocimiento. Es por temor a que a los
chicos les acabe gustando la impresionante realidad histórica de
España, más allá de los tópicos políticos y de los sectarismos.
No es baladí que de la Historia de España se les robe a los jóvenes
de Cataluña lo mejor: la reconquista, el renacimiento, el barroco,
la ilustración, la aventura americana, la hispanidad…el ser de
España. Tampoco es casual que el programa se regodee en el fracaso
del siglo XIX, en la guerra civil (contada, claro está, plagada
mentiras) y en el catalanismo político (un invento del
proteccionismo comercial del que nadie fuera de España ha oido nunca
hablar).
La oligarquía independentista ha raptado la Historia de España de
las aulas. Mal asunto. Van a crear, intencionadamente, claro,
generaciones de analfabetos fanatizados y provincianos. Serán más
pobres. Serán más cortos. Serán más ignorantes. Serán ceniza y no
tendrán sentido.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Objetivo: el Estado de Derecho
Editorial ABC 3 Diciembre 2020
A la impunidad del golpismo separatista que pretende Iglesias se
unió ayer una proposición de ley con la que quieren evitar que el
CGPJ siga nombrando magistrados del Supremo
Los compromisos políticos asumidos por Unidas Podemos con ERC, a
cambio de su apoyo a los Presupuestos, son una amenaza directa al
Estado de Derecho. No hay antecedentes de un gobierno que, como el
de Pedro Sánchez, haya puesto la estabilidad del Poder Judicial tan
al borde de la quiebra. Por eso, aunque sea Pablo Iglesias la voz
cantante de las ofensivas contra la independencia de los jueces, el
autogobierno del Poder Judicial y la impunidad del golpismo, es el
presidente del Ejecutivo quien debe ser señalado como responsable de
esta fractura institucional.
La coalición paralela liderada por Iglesias, con ERC y EH Bildu,
tiene unos precios que el vicepresidente segundo quiere que el
Gobierno pague sin demora. Los votos de los republicanos catalanes
tienen el precio de unos indultos inmediatos, sin demora, para todos
los presos condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por
el golpe separatista del 1-O. Iglesias pretende que el Gobierno
indulte a Oriol Junqueras y sus compañeros de asonada sin esperar a
los informes preceptivos del tribunal sentenciador y de la Fiscalía,
lo cual, además de una ilegalidad, es un insulto a ambas
instituciones. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tendrá
que dejar de comportarse como si no pasara nada y asumir que él es
el responsable político inmediato de la tramitación de esos
indultos, por tanto, el que tiene que trasladar a la Fiscalía y al
TS los papeles que Iglesias les quiere hurtar.
Por burda que sea la pretensión de Iglesias, el presidente del
Gobierno queda ya emplazado para dar una respuesta, porque el
chantaje de votos por indultos lo lidera su propio vicepresidente,
no un golpista encarcelado. Hasta este nivel ha llegado la
degradación democrática del Gobierno, aunque para Iglesias no es
suficiente con los indultos. También presiona a Sánchez para que la
reforma a la baja del delito de sedición sea una realidad antes de
fin de año, con la opción de introducirla incluso en la ley de
acompañamiento de los Presupuestos, para que se tramite con las
restricciones parlamentarias propias de las cuentas públicas
anuales. De esta manera, el Gobierno se ahorraría los informes de
los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, el Consejo
Fiscal y el CGPJ. Sería un fraude constitucional sin paliativos que
el TC ha denunciado en más de una ocasión. Además, la reforma del
delito de sedición está basada en tres mentiras: no es un delito
decimonónico, porque fue regulado en el Código Penal de 1995; no lo
exige la UE, que ya ha declarado que es un asunto interno de cada
país; y en absoluto es un delito castigado levemente en el resto de
países europeos.
A la impunidad del golpismo separatista que pretende Pablo Iglesias
se unió ayer otro asalto al CGPJ, con una proposición de ley con la
que el PSOE y Podemos quieren evitar que este órgano siga nombrando
magistrados del TS mientras no se renueve. El planteamiento de ambos
partidos, además de un atajo para evitar otra vez los informes de
los órganos consultivos al no tener carácter de proyecto del
Gobierno, es una arbitrariedad absoluta, que no persigue más que la
congelación de las vacantes en las Salas del Supremo con la
esperanza de que el nuevo CGPJ tenga una mayoría izquierdista y
sectaria que se haga con ellas. Esa UE en la que tanto se escuda
Sánchez para disfrazar sus falsedades ya le ha dicho al Gobierno que
lo tiene en el foco por amenazar la independencia judicial. Esta
proposición de ley es una vuelta de tuerca más en la guerra sin
cuartel de la izquierda contra el Estado de Derecho.
Triple asalto social-comunista al Poder
Judicial
EDITORIAL Libertad Digital 3 Diciembre 2020
Frente a un Gobierno de esta naturaleza es exigible una oposición
mucho más combativa.
Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona no han podido ser más
oportunos al presentar este miércoles dos iniciativas en el Congreso
para “blindar la Justicia en España”. El objetivo es desactivar la
peligrosísima reforma con la que el Gobierno social-comunista
pretende que la Fiscalía –órgano que depende jerárquicamente de una
fiscal general del Estado nombrada a dedo por el presidente del
propio Gobierno– pase a hacerse cargo de la instrucción de las
causas penales y despolitizar el CGPJ frente a la aún más
inadmisible pretensión del Ejecutivo de que sus miembros sean
elegidos, no por una vasta mayoría de 3/5 del Parlamento, como hasta
ahora, sino por mera mayoría absoluta.
El acierto de Vox al llamar la atención de la opinión pública ante
este asalto al Poder Judicial se ha visto refrendado, apenas unas
horas después de que el partido de Abascal inscribiera sus
iniciativas, por la nueva pretensión del Gobierno de anular las
competencias del CGPJ –entre las que se cuenta el nombramiento de
jueces– mientras se mantenga en funciones.
Sin duda, que el órgano de gobierno de los jueces lleve con su
mandato caducado más de dos años resulta lamentable. Pero el máximo
responsable es el PSOE, tanto por su negativa a que los vocales del
mismo pasen a ser elegidos por los propios miembros de la carrera
judicial como por su empecinamiento en que el PP acepte un acuerdo
de nombramientos que incluya a vocales designados por la extrema
izquierda podemarra. Así las cosas, tan inconstitucional resulta la
pretensión del Gobierno de renovar el CGPJ reduciendo la mayoría
parlamentaria necesaria de 3/5 a la mitad más uno de los diputados y
senadores –inconstitucionalidad que han denunciado asociaciones de
jueces y fiscales y la Union Europea– como la de vaciar de
competencias al Consejo mientras permanezca en funciones. Y es que,
de promulgarse una ley así, al Gobierno de turno le bastaría con
negarse a llegar a un acuerdo que aglutinase a las tres quintas
partes del Parlamento para asumir directamente las funciones que
competen al CGPJ. Eso, o mantener en funciones a los jueces que han
de ser relevados por el CGPJ con la excusa de que los vocales de
este están en funciones. Se mire como se mire, un auténtico
disparate.
Así las cosas, resulta deprimente que Vox parezca ser la única
formación constitucionalista en percatarse de que el asalto al Poder
Judicial forma parte prioritaria y decisiva del proyecto
social-comunista de dinamitar el orden constitucional para transitar
a un régimen tiránico como el que impera en Venezuela. En este
sentido, no puede ser más decepcionante la reacción del PP de Casado
–supuesto líder de la oposición– de tratar esta tercera vía de
asalto al Poder Judicial como una simple maniobra de distracción o
un mero “globo sonda para que no se hable del paro”.
Evidentemente, no será Libertad Digital quien maquille los datos
–ciertamente desastrosos– de la situación económica. Pero esto no es
sólo incompetencia. Nos enfrentamos a un Gobierno con pulsiones
totalitarias que persigue un proyecto ideológico que pretende
pulverizar el orden constitucional y la democracia liberal,
denostada por los comunistas como engañifa burguesa. Y frente a un
Gobierno de esta naturaleza es exigible una oposición mucho más
combativa.
Bildu y Vox
José Manuel Sánchez Fornet okdiario
3 Diciembre 2020
Todos los gobiernos, desde Felipe González, dijeron a los asesinos
de ETA que, haciendo política, sin necesidad de matar, podrían
defender la independencia del País Vasco. El más explícito fue
Aznar, dejando en libertad a 56 presos con largas condenas desde
1999 a 2004, entre ellos a Iñaki Bilbao (preso del 06/07/83 al
28/09/2000, siendo ministro Mayor Oreja, que asesinó al concejal
socialista Juan Priede 2 años después). Los criminales dejaron de
matar y ahí está Bildu. Hoy se mantiene la dispersión para quienes
siguen defendiendo la lucha armada, acercándose los demás en
cumplimiento de la ley general penitenciaria. La competencia en
prisiones será transferida pronto al País Vasco.
De esto debieron hablar Zapatero y Fernández Díaz cuando nada más
acceder al cargo lo visitó en el Ministerio de Interior. Los presos
que se acercan firman su renuncia a la lucha armada y piden perdón a
los familiares de las víctimas, lástima que los muertos sean
irreversibles. Lo que no estaba previsto y está quedando sucio es
recibir con homenajes como héroes a los asesinos, que hablen en la
universidad, y desde la llegada de UPodemos, que el Gobierno de
España alterne comprensión con los asesinos, con pésame de dolor por
su suicidio a la familia, con desprecios a las víctimas que murieron
por defender el Estado, la libertad y la democracia.
Han confundido aceptar el fin de ETA y que un partido político que
expresamente renuncia a la violencia sea legalizado, con darle un
trato como si no tuviesen pasado. Y lo tienen. Manchado de sangre
por complicidad con los asesinos. Una democracia sólida los tendría
siempre en la orilla del sistema y nunca aceptaría sus votos para
impedir la contaminación moral que ello supone. Hoy forman parte del
núcleo que apoya al Gobierno de la nación. Quienes no han condenado
los asesinatos son escoria y quienes pactan con ellos, también.
Defender relaciones normales con Bildu, cómplices de los asesinos, y
considerar ultraderecha y aislar a Vox, los que eran asesinados, es
una perversión de nuestra partitocracia cada día más inmoral.
El Gobierno, sus partidos afines y los medios del pensamiento único
hacen cordones aislantes contra Vox mientras reciben con naturalidad
a los cómplices de los asesinos, que quieren acabar con la
Constitución, la democracia y el Estado-nación que es España.
Cualquiera que se opone a sus ideas defendiendo España como nación
es un fascista. Defender nuestro idioma en Cataluña es fascista. No
es necesario ser de Vox. Antes de nacer Vox, PP y Cs eran atacados
con violencia en algunos territorios acusados de fascistas.
Que quienes defienden dictaduras comunistas desde el Gobierno tachen
de ultra a quien defiende la Constitución, el régimen del 78 y la
Corona, por muy radicales que sean algunas posiciones en otras
materias, es propio de una sociedad ignorante, fanatizada y
sectaria. No sé quién decide que Vox es extrema derecha, pero que
nadie llame extrema izquierda a quienes defienden dictaduras
comunistas los califica. No he visto a Vox cuestionar la democracia,
la Constitución ni la nación, y si en materias de derechos
individuales tiene propuestas muy radicales, es tan legítimo como
que UPodemos, Bildu, JxCat o ERC defiendan la ruptura de la nación o
el fin de la democracia.
Esto está ocurriendo en un gobierno del PSOE cuyo presidente no
tiene límite ético alguno para mantener su cargo. El PSOE se está
suicidando por anteponer el ego de su líder mesiánico al interés de
la nación y su ciudadanía. Si se suicidara el partido sería solo su
problema. Hacerlo desde el Gobierno de España nos afecta a todos.
Vox acusa al Gobierno de protagonizar «un
asalto al más puro estilo bolivariano» con su reforma del CGPJ
El partido registra dos proposiciones no de ley para garantizar la
independencia judicial
Juan Casillas Bayo. Madrid ABC 3 Diciembre 2020
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y
la secretaria general de su grupo parlamentario, Macarena Olona, han
acusado al Gobierno «socialcomunistarra» de protagonizar «un asalto
al más puro estilo bolivariano» con su nueva proposición de ley para
modificar el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ).
El PSOE y Unidas Podemos han registrado hoy una iniciativa en el
Congreso con la que pretenden impedir que un CGPJ en funciones haga
nombramientos, como sucede ahora, con el mandato del órgano de
gobierno de los jueces caducado hace dos años.
El bloqueo en la renovación del CGPJ, ante la negativa del PP a
pactar un reparto en el que participe Podemos, llevó ya a los dos
partidos del Gobierno a proponer un cambio legislativo el pasado
octubre para reducir la mayoría necesaria para nombrar a doce de los
veinte vocales del Consejo de la cualificada de tres quintos (210
diputados) a una absoluta (176 escaños).
Las críticas arreciaron desde la oposición, las asociaciones de
jueces y fiscales e incluso la Unión Europea, y, aunque PSOE y
Podemos no retiran la iniciativa anterior, registran otra distinta
ahora, en la que solo se contempla interrumpir la capacidad de
nombrar jueces del CGPJ mientras esté en funciones. Un elemento de
presión más para el PP, al que intentan forzar a pactar.
PP y Ciudadanos (Cs) ya se han posicionado esta mañana en contra de
la nueva iniciativa del Gobierno, y esta tarde los diputados de Vox
han cargado contra ella con dureza. Espinosa de los Monteros ha
acusado al Ejecutivo de coalición de buscar «un asalto al régimen
del 78» impidiendo al CGPJ realizar nombramientos.
Dos proposiciones no de ley
«Es un asalto al más puro estilo bolivariano», ha añadido el
portavoz de Vox, quien se ha referido al Gobierno como
«socialcomunistarra» por su pacto con EH Bildu -coalición heredera
de Batasuna, brazo político de la banda terrorista ETA- para aprobar
los Presupuestos Generales del Estado. Espinosa de los Monteros ha
prometido a los jueces su respaldo y ha apostado por un sistema en
el que los propios magistrados sean quienes elijan a doce de los
veinte vocales del CGPJ. Una postura reivindicada por Cs hace años,
que ya vio en septiembre cómo PSOE y Podemos tumbaban su proposición
de ley encaminada a ello.
Olona ha anunciado hoy el registro de dos proposiciones no de ley
-iniciativas no vinculantes legislativamente, pero que suponen un
termómetro para calcular la voluntad del Congreso- encaminadas a
garantizar «la independencia judicial».
Una de ellas pide al Gobierno que detenga su reforma legal para
trasladar la instrucción penal a la Fiscalía, en vez de al juez
instructor, como hasta ahora. La otra, reclama una mayor
transparencia en el nombramiento de los jueces para evitar la
«discrecionalidad» con la que, según Vox, se acometen ahora.
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