AGLI Recortes de Prensa   Jueves 3  Diciembre  2020

El camino a la Tercera República
Francisco Marhuenda larazon 3 Diciembre 2020

No han tardado demasiado en concretar el chantaje para que el PP acepte una renovación del CGPJ de acorde a los intereses del gobierno socialista-comunista. Es verdad que los wiki-juristas tienen una idea clara sobre la cuestión y aplauden con un fervor inusitado la ofensiva de la izquierda para controlar el Poder Judicial. Les pareció muy bien que colocara a Lola Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Por ello, les parecerá normal que llene el Supremo y otras instancias con jueces devotos del uso alternativo del Derecho. Y, por supuesto, que los independentistas entren en el CGPJ. Por otra parte, se han vuelto tan sanchistas que quieren a Sánchez más, dicho irónicamente, que los de su propia familia e incluso que él a sí mismo. El fervor es lo que más gusta de los conversos. El presidente del Gobierno tiene una situación complicada y el antaño defensor del bipartidismo imperfecto ahora tiene que comulgar con el incómodo multipartidismo y mostrar su complacencia hacia Podemos, así como su aquiescencia por el apoyo de los independentistas y los herederos de ETA. Lo más sensato sería un Consejo despolitizado y con juristas independientes.

Los problemas que ha tenido el PP con la corrupción demuestran que no controla nada, algo que es lo razonable en un Estado de Derecho, por lo que no entiendo el empecinamiento de la izquierda y los periodistas afines en sus ataques a esta formación. Si hay algo que ha quedado demostrado es que la Justicia actúa con absoluta independencia y que no ha existido ningún trato de favor con el principal partido de la oposición, sino más bien todo lo contrario. Por tanto, una vez constatada esta evidencia y recordando que una sentencia sirvió para provocar la caída de un gobierno, lo que se dirime es algo mucho más transcendente como es la mutación del régimen constitucional como quieren los comunistas e independentistas. Lo que se persigue es la demolición de la Constitución y sentar las bases de un tránsito a la Tercera República.

Es cierto que no es a corto plazo, pero sí en un par de legislaturas. Las bases de este proceso se están construyendo con la debilidad frente al independentismo, la aceptación de las exigencias de Podemos, el control férreo de la Fiscalía y la cesión de la instrucción con la reforma de la Lecrim, la manipulación de RTVE, los futuros indultos, los ataques contra la Corona y, finalmente, el control de los jueces. Esto es lo que nos jugamos los españoles con la renovación del CGPJ.

Absoluta independencia
Nota de Editor 3 Diciembre 2020

Como el dicho gitano "tengas pleitos y los ganes, porque si encima los pierdes ---". Sin entrar en dolorosas y costosas experiencias personales con la "justicia", me saltan tres "asuntillos":  "goma-2", "ensoñación" y "Delcy alfombra voladora". Así que a ver si de una vez nos percatamos de que somos la merienda de la merienda de negros.

Lenguas indígenas de ambos hemisferios
Iván Vélez https://gaceta.es 3 Diciembre 2020

Gracias a una mayoría absoluta conformada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y los grupos minoritarios, el pasado 19 de noviembre se aprobó en el Congreso de los Diputados la Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), vulgo Ley Celaá. Frente a este bloque desnacionalizador o, por mejor decir, plurinacionalizador, fundamentalista democrático y ciegamente europeísta, se situaron PP, Ciudadanos y Vox, partidos que votaron en contra de una ley que entre otras cosas, elimina la obligación de que el español, denominado castellano, sea lengua vehicular de la enseñanza en toda España. La nueva ley, la séptima desde que se aprobó la Constitución de 1978, viene a blindar lo que, de facto, es una realidad en comunidades autónomas como Cataluña, región en la que el español prácticamente ha desaparecido de las aulas desde que José María Aznar se lanzara a los codiciosos brazos de Jordi Pujol en el célebre contubernio del Hotel Majestic celebrado el 28 de abril de 1996. La conversación mantenida en el Paseo de Gracia de Barcelona llevó a Aznar a La Moncloa, al imprudente precio de ceder a las sectas catalanistas y a sus émulos en otras regiones el 33% de la recaudación del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales. Además de esa entrega monetaria, fueron transferidas a Cataluña las competencias en tráfico, sanidad, justicia, empleo, medio ambiente, vivienda, agricultura y cultura. También la de educación, cesión que dejó el camino despejado para un adoctrinamiento hispanófobo apoyado por un importante y subvencionado aparato mediático que tiene eco exterior gracias a las mal llamadas embajadas catalanas donde hace fortuna una nutrida colonia de meritorios lazis. Un cuarto de siglo después los efectos de tan descabellada negociación son evidentes. Varias son las generaciones de españoles que, estabulados en sus terruños, reniegan de todo aquello que tenga que ver con España, comenzando, en muchas ocasiones por el propio idioma español.

Culmina de este modo un largo proceso de «normalización lingüística» larvado durante décadas cuyo efecto es la configuración de una España en la que cada comunidad autónoma debe hallar, a la picassiana manera –«yo no busco, yo encuentro»-, su cultura propia, localista universo en el que destaca, por sus efectos incomunicadores, la «lengua propia» que en ningún caso debe ser la española, sustituida conceptualmente por el castellano para mejor ajustarse a las fronteras de una plurinación plurilingüe en la que sus ciudadanos, de asimétricos derechos, se comuniquen en la lengua del terruño o en el globalizador idioma inglés.

Casi al mismo tiempo que esto ocurría en España, el pleno de la Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad una reforma constitucional para reconocer al español y a las lenguas indígenas como lenguas nacionales de México. A partir de ahora, a falta de la ratificación del Senado, según reza un nuevo artículo de la Carta Magna, «El Estado promoverá una política lingüística multilingüe que propicie que las lenguas indígenas alternen igualdad con el español en todos los espacios públicos y privados». Culmina así un proceso impulsado por instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), capaz de clasificar la gran diversidad lingüística de los pueblos indígenas mexicanos.

En plena reforma no faltó la voz indigenista de Morena. De este modo, la diputada Aleida Alavez pronunció estas palabras en un cristalino español: «Hoy es un día en que el Estado mexicano reivindica a todas las lenguas de los pueblos indígenas que, al igual que el español, conforman las lenguas nacionales, sin subordinación, con igualdad de trato». Así, por la vía jurídica se pretende poner en pie de igualdad la lengua de Octavio Paz con las habladas por pequeñas comunidades a las que ya nos hemos referido en anteriores ocasiones. La cuestión no es nueva ni ideológicamente neutra. Como es sabido, el interés por las lenguas indígenas del Nuevo Mundo, definición de un continente solo tenido por tal desde las coordenadas en las que se movían los hablantes de una lengua, la española, capaz de incorporar ideas filosóficas como la de mundo, metonimia del cofre en el que las novias anillos, collares y otros efectos, fue muy temprano. La labor apostólica española se hizo, en gran medida, en las «extrañas y peregrinas» lenguas en las que hablaban unos naturales dejados de la mano de Dios. Guiados por el anhelo misionero, aquellos hombres fueron capaces de confeccionar gramáticas y diccionarios que, en algunos casos, se adelantaron a los elaborados en Europa con lenguas nacionales.

No es, evidentemente, un afán religioso el que mueve a los políticos españoles o mexicanos a fomentar lenguas locales, regionales o indígenas, por emplear una terminología extensible a España, si se tienen en cuenta los extravagantes y racistas intentos de conectar a algunas de sus regiones con los arios o los celtas. El empeño, más allá de ingenuos intentos de reparaciones históricas, es muy otro y supone la destrucción de gran parte del legado del Imperio español: las naciones políticas en las que se habla la lengua de Cervantes y Rulfo. Un proyecto, el del fomento de las lenguas indígenas de ambos hemisferios, que se ajusta al proceso de secularización del mito de la Gracia, aquel que condujo a la cristalización de otro no menos oscuro, el mito de la Cultura en el que se amparan unos dirigentes que, sépanlo o no, trabajan a favor del imperialismo anglosajón frente al que se alza la China que ha optado por el español como idioma extranjero complementario al mandarín dentro un sistema educativo que alcanza a cientos de millones de individuos.

Así repudia la izquierda europea el impuesto de Patrimonio que Sánchez quiere subir y armonizar
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 3 Diciembre 2020

El socialismo europeo rechaza en bloque las propuestas que está barajando el gobierno de Pedro Sánchez en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio. Moncloa pretende reimplantar este tributo en Madrid a través de una armonización fiscal de dudosa legalidad y, además, plantea subir dicha tasa en todo el territorio nacional. Lejos de avalar este tipo de medidas recaudatorias, los socios comunitarios del presidente español apuestan por la eliminación completa de este gravamen, generalmente considerado una figura fiscal arcaica e ineficiente.

El mejor ejemplo del rechazo generalizado que provoca este gravamen entre los socialistas del Viejo Continente lo tenemos en los países nórdicos, que tradicionalmente han sido el modelo a seguir por la izquierda europea. Aunque los socialistas siguen dominando la escena política de dichas naciones, su programa económico da la espalda a estos impuestos, que de hecho fueron eliminados hace muchos años.

En Suecia, la decisión de abolir el Impuesto sobre el Patrimonio empezó a cobrar peso en los años 70. Tras la introducción de varias rebajas, deducciones y bonificaciones, en 2007 se produjo la eliminación definitiva del tributo. No hay que olvidar, por otro lado, que Suecia derogó el Impuesto de Sucesiones tres años antes, en 2004.

Más rápido aún fue el proceso de eliminación de dicho tributo en Dinamarca, donde el Impuesto sobre el Patrimonio fue reducido un 50% en 1989 y terminó siendo abolido en 1997. La incidencia de este tributo nunca llegó a ser muy generalizada en Dinamarca, puesto que solo afectaba al 2% de contribuyentes de mayor riqueza, pero las distorsiones ligadas a este gravamen fueron suficientes para provocar el rechazo generalizado a este impuesto.

Otro referente nórdico que también prescindió hace años del Impuesto sobre el Patrimonio es Finlandia, que eliminó por completo este tributo en el año 2006 y no ha vuelto a introducir ningún tipo de tasa sobre los activos de sus ciudadanos. De modo que los tres países de referencia de la izquierda en el Norte de Europa hicieron con Patrimonio todo lo contrario a lo que ahora propone Sánchez.

No es, en cualquier caso, una circunstancia que se limite al norte de Europa. De hecho, España es ya el único país del Viejo Continente en el que se aplica este tipo de imposición. Francia, que compartía ese dudoso honor con nosotros, optó por eliminar el gravamen sobre el patrimonio en 2017, de modo que el gobierno de España está completamente solo en su cruzada.

El espejo portugués en el que no se mira Sánchez
En Portugal nos encontramos con una situación parecida. Su primer ministro António Costa, líder de los socialistas en nuestro país vecino, gobierna con apoyo parlamentario de varias formaciones políticas de extrema izquierda. Sin embargo, el mix fiscal luso no incluye ni el Impuesto sobre el Patrimonio ni el Impuesto de Sucesiones, desmarcándose por completo de las intenciones de Sánchez.

No es este el único ejemplo de política económica en el que los socialistas portugueses muestran un talante muy diferente al de Sánchez. De hecho, como ha explicado este diario, la administración Costa se ha caracterizado por mantener en pie el grueso de las reformas liberales implementadas por el anterior gobierno, que encabezó el líder del centro-derecha luso Pedro Passos Coelho. Así las cosas, lejos de abrazar medidas orientadas a reducir la libertad económica, Portugal hace todo lo contrario y apuesta por el pragmatismo.

Sánchez, "la Ciencia" y la muerte
Pablo Planas Libertad Digital 3 Diciembre 2020

No hace mucho que Pedro Sánchez aseguró que las reuniones familiares en Navidad no podrían ser de más de seis personas, cifra que no había adoptado según dijo "a capricho" sino porque era la que determinaba "la Ciencia". Una Ciencia en mayúscula, como un valor absoluto, según se infería de la campanuda entonación del presidente del Gobierno. A las pocas horas salía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a decir que a lo mejor se podía ampliar el cupo familiar hasta las diez personas, cantidad también basada en "la Ciencia", que contra lo que pueda parecer no es trina sino una. "La Ciencia" en boca de Sánchez es una cosa tremenda, como la honradez explicada por los Pujol. En fin...

El caso es que en la gestión de la pandemia el Gobierno se parapeta detrás de una ciencia que es la mezcla de un comité de expertos que no existe y los monólogos de Fernando Simón, humorista incomprendido. Y no hay más. La progresía asume y encaja la enfermedad como si se tratara de un castigo divino ante el que sólo cabe oponer una fe ciega en la ciencia, pero en "la Ciencia" sanchista. De ahí disparates como aquellas declaraciones de Carmen Calvo cuando situaba Nueva York, Madrid y Pekín en la misma longitud o las todavía más abracadabrantes de Teresa Ribera en las que atribuía el éxito portugués en la primera fase de la epidemia al hecho de estar más al oeste que España, Galicia al margen.

El único que ha guardado un prudente silencio es el titular del ramo científico, Pedro Duque, desaparecido desde que protagonizó con Simón un Barrio Sésamo en TVE sobre cómo ponerse las mascarillas. ¿Se acuerdan de Duque? Sí, el astronauta, ministro de Ciencia e Innovación que tuvo que ceder Universidades, la tercera pata del ministerio, para que pudiera ser nombrado ministro por Podemos Manuel Castells.

A toda esta izquierda que aplaude hasta con las orejas que los chinos construyan un hospital en dos meses y critican a Díaz Ayuso por hacer más o menos lo mismo les parece una fascistada hablar del virus chino. En cambio les resulta de lo más normal que se hable de la gripe española sin detenerse a explicar que lo de española viene porque la prensa de este país fue la única que informó sin censuras de la pandemia surgida en un campamento militar de los Estados Unidos.

Esa negativa a fijar en China el origen de la pandemia es una evidencia de ese pensamiento islámico de la izquierda. Islámico por lo que tiene de fanatismo religioso y porque seguro que les ofende menos que se les compare con un mulá que con un cura medieval que pudiera atribuir la peste china a una reacción de Dios ante la sodomía, la avaricia o el paganismo.

En lo que sí que ha sido realmente científico el Gobierno es en la ocultación de la muerte, empezando por el falseamiento de las cifras de fallecidos y pasando por la censura de cualquier imagen que pudiera sugerir el sufrimiento provocado por el virus, ya fuera un féretro, una unidad de cuidados intensivos con pacientes intubados o una cola para recoger alimentos. Por eso se habla mucho de cuántos individuos se pueden juntar en Navidad según "la Ciencia" de Perico Sánchez y nada de los más de trescientos muertos diarios de la segunda ola del coronavirus de Wuhan, China.

Iglesias pide cárcel para ‘los de abajo’
OKDIARIO 3 Diciembre 2020

Pablo Iglesias, el mismo que defendía los «escraches» por ser «el jarabe democrático de los de abajo», ha interpuesto una querella contra Miguel Frontera, un ciudadano que se viene manifestando delante de su chalet de Galapagar. Iglesias e Irene Montero le acusan de seis delitos -acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y, por último, otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente- que si son aceptados por la justicia podrían llevarle a la cárcel. No cabe mayor hipocresía: Iglesias y Montero ya no defienden a «los de abajo», sino que piden para ellos prisión. Es lo que tienen los nuevos burgueses.

El contenido de la querella no tiene desperdicio: Iglesias se queja de que le llaman «garrapata» y a su pareja, «analfabeta». El relato de los hechos, según el vicepresidente segundo, es, cuanto menos sugerente: «Miguel Frontera se persona a diario en el domicilio particular de nuestro representado, sito en la Urbanización de La Navata de Galapagar, hostigando y profiriendo improperios… no se trata de protestas políticas, sino de una «animadversión personal» y «odio». En la querella también se acusa a Frontera de saltarse el perímetro de seguridad que las Fuerzas de Seguridad han instalado alrededor del casoplón de Iglesias, así como de llevar la bandera carlista con la Cruz de la Borgoña usada en la Guerra Civil española y de poner «a un volumen muy elevado» el himno de España. En la querella se solicita que se notifique a la comandancia de la Guardia Civil en San Lorenzo de El Escorial para que presenten un vídeo que incautaron en el teléfono de Frontera en el que, según la defensa de Iglesias, se observa a este ciudadano «grabar la casa del vicepresidente del Gobierno por encima del muro de la vivienda».

Se da la circunstancia de que Frontera no es el único ciudadano que ha sido denunciado por Iglesias y Montero por protestar frente a su vivienda, también lo fueron las vecinas Claudina y Ascensión, que tuvieron que enfrentarse a un juicio rápido por caminar cerca del famoso chalet. La juez archivó el caso.

Analfabetos y provincianos: el futuro de los jóvenes catalanes
Editorial. rebelionenlagranja.com 3 Diciembre 2020

El nacionalismo, ya se sabe, se cura viajando. Viajando y leyendo. Leyendo y estudiando. Se cura…porque es una enfermedad, una desviación patológica de la atención, una jibarización de la personalidad y un ejercicio puramente tribal. Somos los mejores porque somos nosotros. Yo soy de los nuestros y, en consecuencia, soy de los mejores. Ese es el cuento. La realidad, sin embargo, es que ese cuento no es más que el instrumento político para mandar cada vez más en un sitio cada vez más pequeño, más insignificante y más atroz.

La enseñanza es el laboratorio perfecto de ese ejercicio de domino absoluto sobre las mentalidades.

Al parecer, en Cataluña, los jóvenes bachilleres solo estudian la Historia de España desde 1875 (Cánovas fue un político sin duda inteligente, pero nunca pensó que llegaría a tanto). Según el plan de estudios diseñado para esos pobres estudiantes, las referencias históricas de España no llegan más allá de 1803. Antes, España no existe. O mejor, no debe existir. Esa es la cosa.

Todos nos hemos echado ingenuamente las manos a la cabeza: ¡Ignorantes, analfabetos! ¿Y la España medieval? ¿Donde están el Reino Visigodo, Alándalus, La Reconquista, ¡Los Reyes Católicos!, el Emperador Carlos I, los Austrias, la Guerra de Sucesión o la Ilustración? Pero no; no es por desprecio hacia España que a esos estudiantes se les hurta del conocimiento. Es por temor a que a los chicos les acabe gustando la impresionante realidad histórica de España, más allá de los tópicos políticos y de los sectarismos.

No es baladí que de la Historia de España se les robe a los jóvenes de Cataluña lo mejor: la reconquista, el renacimiento, el barroco, la ilustración, la aventura americana, la hispanidad…el ser de España. Tampoco es casual que el programa se regodee en el fracaso del siglo XIX, en la guerra civil (contada, claro está, plagada mentiras) y en el catalanismo político (un invento del proteccionismo comercial del que nadie fuera de España ha oido nunca hablar).

La oligarquía independentista ha raptado la Historia de España de las aulas. Mal asunto. Van a crear, intencionadamente, claro, generaciones de analfabetos fanatizados y provincianos. Serán más pobres. Serán más cortos. Serán más ignorantes. Serán ceniza y no tendrán sentido.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Objetivo: el Estado de Derecho
Editorial ABC 3 Diciembre 2020

A la impunidad del golpismo separatista que pretende Iglesias se unió ayer una proposición de ley con la que quieren evitar que el CGPJ siga nombrando magistrados del Supremo

Los compromisos políticos asumidos por Unidas Podemos con ERC, a cambio de su apoyo a los Presupuestos, son una amenaza directa al Estado de Derecho. No hay antecedentes de un gobierno que, como el de Pedro Sánchez, haya puesto la estabilidad del Poder Judicial tan al borde de la quiebra. Por eso, aunque sea Pablo Iglesias la voz cantante de las ofensivas contra la independencia de los jueces, el autogobierno del Poder Judicial y la impunidad del golpismo, es el presidente del Ejecutivo quien debe ser señalado como responsable de esta fractura institucional.

La coalición paralela liderada por Iglesias, con ERC y EH Bildu, tiene unos precios que el vicepresidente segundo quiere que el Gobierno pague sin demora. Los votos de los republicanos catalanes tienen el precio de unos indultos inmediatos, sin demora, para todos los presos condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el golpe separatista del 1-O. Iglesias pretende que el Gobierno indulte a Oriol Junqueras y sus compañeros de asonada sin esperar a los informes preceptivos del tribunal sentenciador y de la Fiscalía, lo cual, además de una ilegalidad, es un insulto a ambas instituciones. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tendrá que dejar de comportarse como si no pasara nada y asumir que él es el responsable político inmediato de la tramitación de esos indultos, por tanto, el que tiene que trasladar a la Fiscalía y al TS los papeles que Iglesias les quiere hurtar.

Por burda que sea la pretensión de Iglesias, el presidente del Gobierno queda ya emplazado para dar una respuesta, porque el chantaje de votos por indultos lo lidera su propio vicepresidente, no un golpista encarcelado. Hasta este nivel ha llegado la degradación democrática del Gobierno, aunque para Iglesias no es suficiente con los indultos. También presiona a Sánchez para que la reforma a la baja del delito de sedición sea una realidad antes de fin de año, con la opción de introducirla incluso en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, para que se tramite con las restricciones parlamentarias propias de las cuentas públicas anuales. De esta manera, el Gobierno se ahorraría los informes de los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el CGPJ. Sería un fraude constitucional sin paliativos que el TC ha denunciado en más de una ocasión. Además, la reforma del delito de sedición está basada en tres mentiras: no es un delito decimonónico, porque fue regulado en el Código Penal de 1995; no lo exige la UE, que ya ha declarado que es un asunto interno de cada país; y en absoluto es un delito castigado levemente en el resto de países europeos.

A la impunidad del golpismo separatista que pretende Pablo Iglesias se unió ayer otro asalto al CGPJ, con una proposición de ley con la que el PSOE y Podemos quieren evitar que este órgano siga nombrando magistrados del TS mientras no se renueve. El planteamiento de ambos partidos, además de un atajo para evitar otra vez los informes de los órganos consultivos al no tener carácter de proyecto del Gobierno, es una arbitrariedad absoluta, que no persigue más que la congelación de las vacantes en las Salas del Supremo con la esperanza de que el nuevo CGPJ tenga una mayoría izquierdista y sectaria que se haga con ellas. Esa UE en la que tanto se escuda Sánchez para disfrazar sus falsedades ya le ha dicho al Gobierno que lo tiene en el foco por amenazar la independencia judicial. Esta proposición de ley es una vuelta de tuerca más en la guerra sin cuartel de la izquierda contra el Estado de Derecho.

Triple asalto social-comunista al Poder Judicial
EDITORIAL Libertad Digital 3 Diciembre 2020

Frente a un Gobierno de esta naturaleza es exigible una oposición mucho más combativa.

Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona no han podido ser más oportunos al presentar este miércoles dos iniciativas en el Congreso para “blindar la Justicia en España”. El objetivo es desactivar la peligrosísima reforma con la que el Gobierno social-comunista pretende que la Fiscalía –órgano que depende jerárquicamente de una fiscal general del Estado nombrada a dedo por el presidente del propio Gobierno– pase a hacerse cargo de la instrucción de las causas penales y despolitizar el CGPJ frente a la aún más inadmisible pretensión del Ejecutivo de que sus miembros sean elegidos, no por una vasta mayoría de 3/5 del Parlamento, como hasta ahora, sino por mera mayoría absoluta.

El acierto de Vox al llamar la atención de la opinión pública ante este asalto al Poder Judicial se ha visto refrendado, apenas unas horas después de que el partido de Abascal inscribiera sus iniciativas, por la nueva pretensión del Gobierno de anular las competencias del CGPJ –entre las que se cuenta el nombramiento de jueces– mientras se mantenga en funciones.

Sin duda, que el órgano de gobierno de los jueces lleve con su mandato caducado más de dos años resulta lamentable. Pero el máximo responsable es el PSOE, tanto por su negativa a que los vocales del mismo pasen a ser elegidos por los propios miembros de la carrera judicial como por su empecinamiento en que el PP acepte un acuerdo de nombramientos que incluya a vocales designados por la extrema izquierda podemarra. Así las cosas, tan inconstitucional resulta la pretensión del Gobierno de renovar el CGPJ reduciendo la mayoría parlamentaria necesaria de 3/5 a la mitad más uno de los diputados y senadores –inconstitucionalidad que han denunciado asociaciones de jueces y fiscales y la Union Europea– como la de vaciar de competencias al Consejo mientras permanezca en funciones. Y es que, de promulgarse una ley así, al Gobierno de turno le bastaría con negarse a llegar a un acuerdo que aglutinase a las tres quintas partes del Parlamento para asumir directamente las funciones que competen al CGPJ. Eso, o mantener en funciones a los jueces que han de ser relevados por el CGPJ con la excusa de que los vocales de este están en funciones. Se mire como se mire, un auténtico disparate.

Así las cosas, resulta deprimente que Vox parezca ser la única formación constitucionalista en percatarse de que el asalto al Poder Judicial forma parte prioritaria y decisiva del proyecto social-comunista de dinamitar el orden constitucional para transitar a un régimen tiránico como el que impera en Venezuela. En este sentido, no puede ser más decepcionante la reacción del PP de Casado –supuesto líder de la oposición– de tratar esta tercera vía de asalto al Poder Judicial como una simple maniobra de distracción o un mero “globo sonda para que no se hable del paro”.

Evidentemente, no será Libertad Digital quien maquille los datos –ciertamente desastrosos– de la situación económica. Pero esto no es sólo incompetencia. Nos enfrentamos a un Gobierno con pulsiones totalitarias que persigue un proyecto ideológico que pretende pulverizar el orden constitucional y la democracia liberal, denostada por los comunistas como engañifa burguesa. Y frente a un Gobierno de esta naturaleza es exigible una oposición mucho más combativa.

Bildu y Vox
José Manuel Sánchez Fornet okdiario  3 Diciembre 2020

Todos los gobiernos, desde Felipe González, dijeron a los asesinos de ETA que, haciendo política, sin necesidad de matar, podrían defender la independencia del País Vasco. El más explícito fue Aznar, dejando en libertad a 56 presos con largas condenas desde 1999 a 2004, entre ellos a Iñaki Bilbao (preso del 06/07/83 al 28/09/2000, siendo ministro Mayor Oreja, que asesinó al concejal socialista Juan Priede 2 años después). Los criminales dejaron de matar y ahí está Bildu. Hoy se mantiene la dispersión para quienes siguen defendiendo la lucha armada, acercándose los demás en cumplimiento de la ley general penitenciaria. La competencia en prisiones será transferida pronto al País Vasco.

De esto debieron hablar Zapatero y Fernández Díaz cuando nada más acceder al cargo lo visitó en el Ministerio de Interior. Los presos que se acercan firman su renuncia a la lucha armada y piden perdón a los familiares de las víctimas, lástima que los muertos sean irreversibles. Lo que no estaba previsto y está quedando sucio es recibir con homenajes como héroes a los asesinos, que hablen en la universidad, y desde la llegada de UPodemos, que el Gobierno de España alterne comprensión con los asesinos, con pésame de dolor por su suicidio a la familia, con desprecios a las víctimas que murieron por defender el Estado, la libertad y la democracia.

Han confundido aceptar el fin de ETA y que un partido político que expresamente renuncia a la violencia sea legalizado, con darle un trato como si no tuviesen pasado. Y lo tienen. Manchado de sangre por complicidad con los asesinos. Una democracia sólida los tendría siempre en la orilla del sistema y nunca aceptaría sus votos para impedir la contaminación moral que ello supone. Hoy forman parte del núcleo que apoya al Gobierno de la nación. Quienes no han condenado los asesinatos son escoria y quienes pactan con ellos, también. Defender relaciones normales con Bildu, cómplices de los asesinos, y considerar ultraderecha y aislar a Vox, los que eran asesinados, es una perversión de nuestra partitocracia cada día más inmoral.

El Gobierno, sus partidos afines y los medios del pensamiento único hacen cordones aislantes contra Vox mientras reciben con naturalidad a los cómplices de los asesinos, que quieren acabar con la Constitución, la democracia y el Estado-nación que es España. Cualquiera que se opone a sus ideas defendiendo España como nación es un fascista. Defender nuestro idioma en Cataluña es fascista. No es necesario ser de Vox. Antes de nacer Vox, PP y Cs eran atacados con violencia en algunos territorios acusados de fascistas.

Que quienes defienden dictaduras comunistas desde el Gobierno tachen de ultra a quien defiende la Constitución, el régimen del 78 y la Corona, por muy radicales que sean algunas posiciones en otras materias, es propio de una sociedad ignorante, fanatizada y sectaria. No sé quién decide que Vox es extrema derecha, pero que nadie llame extrema izquierda a quienes defienden dictaduras comunistas los califica. No he visto a Vox cuestionar la democracia, la Constitución ni la nación, y si en materias de derechos individuales tiene propuestas muy radicales, es tan legítimo como que UPodemos, Bildu, JxCat o ERC defiendan la ruptura de la nación o el fin de la democracia.

Esto está ocurriendo en un gobierno del PSOE cuyo presidente no tiene límite ético alguno para mantener su cargo. El PSOE se está suicidando por anteponer el ego de su líder mesiánico al interés de la nación y su ciudadanía. Si se suicidara el partido sería solo su problema. Hacerlo desde el Gobierno de España nos afecta a todos.

Vox acusa al Gobierno de protagonizar «un asalto al más puro estilo bolivariano» con su reforma del CGPJ
El partido registra dos proposiciones no de ley para garantizar la independencia judicial
Juan Casillas Bayo. Madrid ABC 3 Diciembre 2020

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y la secretaria general de su grupo parlamentario, Macarena Olona, han acusado al Gobierno «socialcomunistarra» de protagonizar «un asalto al más puro estilo bolivariano» con su nueva proposición de ley para modificar el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El PSOE y Unidas Podemos han registrado hoy una iniciativa en el Congreso con la que pretenden impedir que un CGPJ en funciones haga nombramientos, como sucede ahora, con el mandato del órgano de gobierno de los jueces caducado hace dos años.

El bloqueo en la renovación del CGPJ, ante la negativa del PP a pactar un reparto en el que participe Podemos, llevó ya a los dos partidos del Gobierno a proponer un cambio legislativo el pasado octubre para reducir la mayoría necesaria para nombrar a doce de los veinte vocales del Consejo de la cualificada de tres quintos (210 diputados) a una absoluta (176 escaños).

Las críticas arreciaron desde la oposición, las asociaciones de jueces y fiscales e incluso la Unión Europea, y, aunque PSOE y Podemos no retiran la iniciativa anterior, registran otra distinta ahora, en la que solo se contempla interrumpir la capacidad de nombrar jueces del CGPJ mientras esté en funciones. Un elemento de presión más para el PP, al que intentan forzar a pactar.

PP y Ciudadanos (Cs) ya se han posicionado esta mañana en contra de la nueva iniciativa del Gobierno, y esta tarde los diputados de Vox han cargado contra ella con dureza. Espinosa de los Monteros ha acusado al Ejecutivo de coalición de buscar «un asalto al régimen del 78» impidiendo al CGPJ realizar nombramientos.

Dos proposiciones no de ley
«Es un asalto al más puro estilo bolivariano», ha añadido el portavoz de Vox, quien se ha referido al Gobierno como «socialcomunistarra» por su pacto con EH Bildu -coalición heredera de Batasuna, brazo político de la banda terrorista ETA- para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Espinosa de los Monteros ha prometido a los jueces su respaldo y ha apostado por un sistema en el que los propios magistrados sean quienes elijan a doce de los veinte vocales del CGPJ. Una postura reivindicada por Cs hace años, que ya vio en septiembre cómo PSOE y Podemos tumbaban su proposición de ley encaminada a ello.

Olona ha anunciado hoy el registro de dos proposiciones no de ley -iniciativas no vinculantes legislativamente, pero que suponen un termómetro para calcular la voluntad del Congreso- encaminadas a garantizar «la independencia judicial».

Una de ellas pide al Gobierno que detenga su reforma legal para trasladar la instrucción penal a la Fiscalía, en vez de al juez instructor, como hasta ahora. La otra, reclama una mayor transparencia en el nombramiento de los jueces para evitar la «discrecionalidad» con la que, según Vox, se acometen ahora.
Recortes de Prensa   Página Inicial