AGLI Recortes de Prensa   Domingo 6  Diciembre  2020

El pacto constitucional, en quiebra
Editorial ABC 6 Diciembre 2020

España celebra hoy el 42 aniversario de la Constitución bajo una preocupante atmósfera de crispación política y quiebra de la convivencia, con una amenaza a principios esenciales de la Carta Magna y, sobre todo, con la ofensiva para abrir un nuevo «proceso constituyente» basado en la destrucción de todo cuanto significó el advenimiento de la democracia. Hace mucho que la identificación del PSOE con el constitucionalismo dejó de ser una realidad. Una cosa es la aritmética parlamentaria y la necesidad de alcanzar acuerdos para poder aprobar leyes y gobernar -ese fue el mandato de los ciudadanos en las urnas y Pedro Sánchez está legitimado para ello-, y otra muy distinta es poner a España en almoneda, traficar con los valores fundamentales del Estado de Derecho, y revocar por decreto derechos y garantías de los ciudadanos. Estamos asistiendo a una demolición incontrolada del andamiaje constitucional con ataques directos a la unidad de la nación y a la lengua oficial del Estado, con restricciones severas e injustificadas de la libertad, y con la imposición del pensamiento único a través de una mecánica de adoctrinamiento social radicalizado. Lo mismo ocurre con el intento de destruir la separación real de poderes, con la pretensión de someter a los jueces, con la instauración de «comisiones de la verdad» frente a la libertad de información, y con un revisionismo mendaz para reinterpretar la historia a capricho de la izquierda.

La lealtad al pacto constitucional de un partido como el PSOE está en entredicho. Nada era esperable de Pablo Iglesias porque no mentía. Llegaba a la política para destruir el sistema, y lo avisó. Para ello se ha rodeado de partidos que desprecian a los españoles para todo salvo para arrancarles dinero y malversarlo en la ideación de naciones ilegales edificadas sobre un falso orgullo identitario. Peor aún, Sánchez se hace acompañar de los herederos de ETA, a los que pone alfombra roja para asumir «la dirección del Estado». Celebrar el aniversario de la Constitución bajo un estado de alarma y con Otegui brindando por el estado comatoso de la legalidad es la demostración de que lo más tóxico del Parlamento ha pervertido la democracia. El pasado, las bombas y la sangre, solo existen para tildar de ultraderechistas a la mitad de los españoles y blanquear a criminales.

La Transición, y con ella la Constitución, supuso un cambio de régimen real. España alcanzó el mayor grado de desarrollo de la historia reciente y suturó las heridas del guerracivilismo. Hoy nada de eso importa. El revanchismo ha anidado en el PSOE, que se ha alejado tanto de la socialdemocracia moderada que es ya irreconocible. Sánchez es el culpable de que España agonice hoy en manos de minorías separatistas que compran «libertades» a precio de saldo. La Constitución fue la solución y debe seguir siéndolo como instrumento de reconciliación y concordia. Sin embargo, el neocomunismo en nuestras vidas es un hecho. Se nos quiere hacer creer que la Constitución está desfasada, y que estamos ante una etapa de superación de éxitos caducos en busca del «progreso», como un santo grial que solo Sánchez e Iglesias pueden hallar. Pero esa es la excusa que una parte de la sociedad digiere de forma acrítica, y otra radicalizándose. Por eso, y con el ánimo de generar un debate de unidad en torno a la vigencia de la Constitución, ABC publica desde hoy una serie de entrevistas con destacadas personalidades de la Transición que alertan con decepción, pena y frustración de los peligros que se ciernen sobre la democracia. El principal desafío de nuestra sociedad hoy es evitar la quiebra del pacto constitucional.

Ayuso planta cara al ataque de Sánchez al castellano: Madrid será la capital mundial del español en 2021
Carlos Cuesta okdiario 6 Diciembre 2020

Pedro Sánchez ataca el castellano y lo relega de ser lengua vehicular en la educación. E Isabel Díaz Ayuso contesta convirtiendo a Madrid en 2021 en capital mundial del español. La presidenta madrileña tiene claro que “será la peor pesadilla” -como afirmó- de quienes desafían a España, a la Constitución y los derechos fundamentales de los españoles plasmados en la Carta Magna. Por ello, cada ataque tendrá respuesta por parte de la Comunidad de Madrid. Y el jaque al castellano, por supuesto, también será respondido desde el principal bastión del PP creando actos durante todo el año en defensa de la lengua española.

El programa está aún por definir. Pero literatos, embajadores del castellano en todo el mundo, artistas y demás ejemplos vivos del uso del español formarán parte de los actos de defensa de la lengua que hablan hoy cerca de 600 millones de personas en todo el mundo y a la que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha decidido declarar la guerra simplemente porque se lo han pedido los separatistas.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid trabaja ya en una cadena de actos culturales, de promoción y de defensa del español en los que pretende contar con gente de todos los países de habla hispana para reivindicar uno de los mayores activos de la marca España: su lengua.

Los actos, además, servirán como reactivo económico de congresos y turismo en un momento en el que el impulso económico será más necesario que nunca por la crisis generada por el coronavirus y la gestión del Gobierno socialcomunista.

Se trata del último golpe en la mesa de Díaz Ayuso. Uno más sobre la polémica Ley Celaá. Y uno que llega con el asalto fiscal de ERC lanzado contra Madrid aún fresco y abierto sobre la mesa.

La ley Celaá carga contra el uso del castellano como lengua vehicular, pero también lo hace atacando a la educación concertada y especial. Y ahí también habrá respuesta de la presidenta madrileña: Isabel Díaz Ayuso pretende bloquear esta limitación de la libertad educativa en su comunidad autónoma impulsando un proyecto de ley para blindar la educación especial y la concertada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid quiere que la futura ley blinde la libre elección del tipo de educación y garantice, por lo tanto, la educación especial y la concertada. El objetivo final del proyecto legislativo es garantizar la existencia de plazas suficientes atendiendo a la demanda de las familias. Justo lo que amenaza la ministra de Educación, Isabel Celaá, desde hace tiempo.

Firme apoyo a la educación especial
En este mismo proyecto de ley, el Gobierno autonómico de Ayuso va a mostrar su firme apoyo a la educación especial como modalidad de escolarización para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, modelo con el que, «bajo empecinados criterios dogmáticos, pretenden acabar», tal y como defiende la presidenta popular.

El proyecto de ley va a recoger en el ordenamiento de la Comunidad de Madrid la regulación de la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales, partiendo de los principios de normalización e inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

La futura normativa incluirá que la mejor garantía para normalizar y optimizar el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales, es la creación de centros escolares de calidad y adecuados a las necesidades de todos los alumnos, mientras que cuando estos manifiesten necesidades educativas especiales, que no pudieran ser satisfechas en los centros ordinarios, se garantizará su escolarización en centros de educación especial.

Hay que recordar que el compromiso del Gobierno socialista es primar el acceso a la educación pública pero restando las posibilidades de desarrollo de las plazas de educación concertada y especial, algo que va directamente en contra de la libre elección de centro educativo que ampara la Constitución.

Uno de los últimos capítulos de esta batalla lo han protagonizado el PSOE, Podemos y ERC pactando prohibir en el marco de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), conocido como ‘ley Celáa’ (debe su nombre a la ministra de Educación), que en la educación concertada no se puedan separar a los alumnos por sexo.

Concretamente, dicha modificación contempla la opción de retirar conciertos a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad.

En abril de 2018 el Tribunal Constitucional (TC) concluyó que los centros privados de educación diferenciada por sexos puedan acceder «al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos», al considerar que este modelo educativo «no causa discriminación» y «es respetuoso con la Constitución». Con estos argumentos, el Pleno del TC desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 2014 por el Grupo Parlamentario Socialista contra algunos preceptos de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) como los conciertos a la educación diferenciada.

Un aniversario triste

Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli  6 Diciembre 2020

Cuando esta columna vea la luz estaremos celebrando el cuadragésimo segundo aniversario de la aprobación por una mayoría abrumadora de la azarosamente vigente Constitución de 1978. Una efeméride sin apenas motivos de alegría, en plena crisis sanitaria, institucional y económica, con un Gobierno presidido por un forajido de la política que no tiene otra guía que su imagen en el espejo de su desmedida ambición.

Los cumpleaños son ocasiones para el examen retrospectivo, la reflexión crítica y serena sobre el pasado y la preparación del porvenir. La preocupante situación que estamos atravesando, la peor sin duda desde los días esperanzados de la Transición, contiene muchas amenazas, pero la más destructiva es la de la desaparición de España como Nación. Una coalición siniestra de arribistas usurpadores por asalto de las centenarias siglas socialistas, de ultraizquierdistas dogmáticos y liberticidas, de separatistas subversivos y de herederos del terrorismo, ha trazado un plan de transformación de nuestra monarquía parlamentaria y democrática en una república confederal colectivizada, paso previo al despiece de España en nacioncillas inventadas de carácter totalitario. Esta catástrofe no se ha gestado recientemente, sino que tiene antecedentes que vienen de lejos. Se trata de un largo proceso de cuatro décadas que arranca en el momento mismo de final de la dictadura. Sin comprender la génesis del horror que ahora nos aflige, es imposible salir de él. Dado que los dos principales partidos nacionales nunca lo han entendido y siguen sin entenderlo, el optimismo al respecto queda descartado.

Tres han sido los errores que explican la nefasta marcha de los acontecimientos que nos han llevado desde la ilusión de 1978 al desánimo y la decepción actuales. El primer error ha sido de tipo político. A la muerte natural del general en su lecho, todo el mundo, salvo una minoría nostálgica y recalcitrante, estaba de acuerdo en que era necesaria la transformación del régimen autoritario surgido de la Guerra Civil en una democracia homologable con las del resto del mundo occidental. Para ello, se buscaron fórmulas en la nueva Constitución que diesen una salida razonable y equilibrada a cuatro de nuestros seculares conflictos, el religioso, el militar, el social y el de la forma de Estado. Para cada uno de ellos se encontró una solución aceptablemente satisfactoria que garantizaba a partir de la aprobación de la Ley de leyes de 1978 que sus posibles rebrotes fuesen leves y discurriesen por cauces pacíficos.

Sin embargo, para el quinto conflicto, el de los nacionalismos periféricos, que tan virulento se había manifestado desde finales del siglo XIX, se tomó el peor camino imaginable, el de una amplia e intensa descentralización política, lingüística, legislativa, cultural, institucional y simbólica. Un Estado centrípeto se convirtió en centrífugo y se fragmentó en entes subestatales dotados de parlamento, gobierno, presupuesto, lengua curiosamente denominada propia, bandera, himno, fiesta nacional e identidad diferenciada. En otras palabras, se articuló una estructura territorial perfectamente diseñada para que los nacionalismos separatistas catalán y vasco, equipados con potentes instrumentos financieros, educativos, culturales y de creación de opinión, se dedicasen con ahínco, tremenda eficacia y perseverancia incansable, a su particular nation-building, preparando aceleradamente la erección de un Estado propio separado de la matriz común. Si uno tiene en casa a un tigre de conocida fiereza, lo aconsejable es tenerlo en una jaula, no dejarle que campe a su gusto por la vivienda devorando a sus residentes. Pues bien, se decidió que lo mejor para apaciguar al tigre era abrirle la puerta y colmarlo de concesiones sucesivas y crecientes, hoy se comía a la abuela, mañana a los niños, pasado mañana al portero y como no había manera de tranquilizarlo se le entregaban más y más presas, pero, como era de esperar, nunca se satisfacía y el final era previsible. En estos momentos el manjar por el que ya saliva es nada menos que la Corona.

El segundo error ha sido de procedimiento. Una vez puesta en funcionamiento la nueva arquitectura constitucional, institucional, administrativa y política, se entró en una dinámica perversa en la que el partido nacional que quedaba en minoría mayoritaria en el Congreso se apoyaba en los nacionalistas para lograr la estabilidad de la legislatura pagando, eso sí, un precio progresivamente oneroso en competencias y recursos que aquellos utilizaban para ir reforzando su predominio electoral en sus Comunidades, siempre con el propósito de alcanzar la independencia. No es sorprendente que esta senda condujese al Estatuto de Cataluña dudosamente constitucional de 2006 y al estallido subversivo de 2017.

El tercer error ha sido de carácter moral y por ello el peor y el origen de los otros dos. Acomplejada tontamente la derecha por el largo período franquista y obnubilada la izquierda por un sentimentaloide compañerismo con los que percibía como parte de la oposición democrática, ambas otorgaron a los nacionalistas una legitimidad adicional y les admitieron como interlocutores plenos en el diseño del nuevo Estado y en el juego político ordinario posterior. No coligieron ni nunca han colegido que una doctrina política que sitúa la identidad étnico-lingüístico-cultural como el valor supremo de la jerarquía axiológica que ha de regir la vida colectiva, por encima de valores universales como la libertad individual, la igualdad ante la ley, la justicia, el Estado de Derecho y la solidaridad cívica, que sustituye la ciudadanía por el tribalismo, es éticamente inaceptable y que el gran problema no es su apaciguamiento, sino su neutralización en las urnas y en las mentes. Si hubieran conocido o interpretado correctamente la historia de España y de Europa del siglo XX y si hubieran tenido claros determinados conceptos de filosofía política elementales, no estaríamos los españoles abocados al precipicio como estamos.

Resulta increíble que una doctrina política que sembró Europa de decenas de millones de cadáveres en las dos Guerras Mundiales, que en Cataluña hace que sus adeptos atropellen los derechos lingüísticos de millones de sus conciudadanos y pretendan imponerles contra su voluntad una identidad ortopédica y que en el País Vasco hasta no hace mucho practicaba sistemáticamente el tiro en la nuca, el secuestro y la extorsión, haya sido y siga siendo objeto de deferencia reverente por parte de los dos grandes partidos nacionales, cuando no de colaboracionismo abyecto como sucede con el actual Gobierno de coalición socialista-comunista y con el PSOE de Cataluña, de Navarra y del País Vasco. La diversidad lingüística, cultural, de razas, de creencias o de folklore y costumbres no debe trocear Estados democráticos consolidados en tribus extrañas entre sí, sino prestarles cromaticidad y pluralidad enmarcadas en un orden constitucional, cívico y jurídico común. Mientras la Unión Europea demuestra que hemos aprendido a escala continental las lecciones del siglo pasado, no en vano definido como “de los horrores”, en España las elites políticas, empresariales y culturales siguen bebiendo con delectación ese veneno mortal.

No es aventurado augurar que estamos abocados a un desenlace traumático de este desgarro nacional y que, como en otras épocas de nuestra historia reciente, España no desaparecerá, pero que el coste de su supervivencia será muy alto en términos de violencia, inestabilidad y empobrecimiento material. Nada desearía más que equivocarme y desde luego no somos pocos los que seguimos luchando para que esta desgracia no suceda, pero si queremos lo mejor, preparémonos ya para lo peor.

Kamikazes en autobús
Benito Arruñada. vozpopuli  6 Diciembre 2020

Al contemplar la situación económica y política de España, abundan los motivos para ser pesimistas, incluso catastrofistas. Baste recordar que lideramos en nuestro entorno el impacto negativo de la pandemia, tanto en mortalidad como en derrumbe económico. Pero existe una razón sólida para el optimismo, la cual, además, encierra un diagnóstico y una guía de actuación. No me refiero a la evolución sanitaria. El final de la segunda ola está ya dando lugar a una miope relajación navideña que anticipa una tercera ola. Tampoco a la llegada de la vacuna. Aunque, con suerte, acabe resolviendo la crisis sanitaria, su final replanteará en toda su crudeza una crisis política que está más viciada que nunca; y no duden que lo harán en el peor momento, justo cuando se nos revele la profundidad de la crisis económica.

Me refiero al despegue espectacular que protagonizó la economía española desde finales de 2013. Bastaron entonces unas tímidas medidas liberalizadoras junto con la contención (que no recorte) del gasto público para que nuestras empresas empezaran a crecer y crear empleo como en ningún otro país europeo. Recuerden que aquellas reformas fueron introducidas a contrapelo, tan solo como fruto de la condicionalidad europea, y que tanto la reforma laboral como los recortes de gasto se quedaron muy lejos de lo que aconsejaba el consenso reformista. Ni los gobiernos de entonces querían adoptarlas ni muchos de sus propios votantes las secundaban. Lo importante es que, pese a que nos reformamos tarde y mal —lo mínimo para que siguieran prestándonos dinero y financiando nuestro nivel de vida—, el sector privado no solo creció rápido, sino que creció como casi nunca lo había hecho: de forma sostenible.

Ese potencial de crecimiento del sector privado sigue ahí, aunque hoy esté más desaprovechado que nunca, pero no por la pandemia. Esta no deja de ser una anécdota en los horizontes empresariales que, a diferencia del cortoplacismo de los políticos, se expresan en décadas. Sigue desaprovechado por una política económica que —en buena medida, gobierne quien gobierne— pone en peligro las expectativas y desanima la inversión y el empleo. Una política económica contradictoria e intrínsecamente inviable porque propone un estado de bienestar que solo podría sostenerse con un sector privado mucho más libre y potente. Sin embargo, incluso algunos siguen viendo al sector privado como una amenaza para sus delirios totalitarios. Otros, en el mejor de los casos, como una vaca a la que ordeñar; pero, como solo les interesa el corto plazo, sin preocuparse por su salud.

Por eso, desgraciadamente, seguimos avanzando en contradirección, aguardando —los unos, con esperanza; los otros, con temor— el choque con Europa. No estamos aún en 2013, sino en noviembre de 2008, cuando ZP lanza su infame “Plan E”. Tenemos un Gobierno como el de entonces, que, lejos de hacer reformas que potencien la actividad empresarial, pretende seguir aumentando el peso del Estado y el gasto público. Pero no culpen solo a este Gobierno: ¿podemos confiar en que hubiera sido muy diferente la política económica de los Rajoy, Montero & Guindos? Todos ellos obedecen a votantes que si nos peleamos mucho es solo porque nos parecemos demasiado. Los españoles viajamos en un autobús en contradirección, pero la ruta la hemos elegido los viajeros, no el conductor.

Mi optimismo es, por tanto, potencial, condicionado y hasta un tanto contradictorio: reside exclusivamente en la actividad privada, pero las circunstancias políticas y sanitarias aún favorecen la expansión del sector público. Pese a que el Estado carece de fondos y de capacidad de endeudamiento, nuestros vecinos europeos siguen, de momento, concediéndonos un crédito que no nos concede ningún otro acreedor (incluidos quienes más despotrican de “los mercados”). Además, subyace a ese optimismo una contradicción de fondo: tenemos un sector privado potencialmente muy fuerte, pero ya no el actual Gobierno sino todos nuestros gobiernos y la mayoría de los ciudadanos no se fía de él. Todos ellos prefieren confiar en un Estado al que no paran de criticar y al que tampoco se esfuerzan por mejorar.

La prima de riesgo
Se habla mucho de la ayuda europea para acometer nuevos proyectos de inversión, pero la verdadera ayuda es la que desde 2012 sostiene artificialmente nuestra deuda pública y, por tanto, nuestras pensiones y gasto público. Sin ella, nuestra prima de riesgo se dispararía y habríamos de aplicar recortes brutales. Es posible que, tarde o temprano, nuestros socios europeos condicionen ambas ayudas a la adopción de reformas estructurales. De seguir empeorando la situación sanitaria en otros países europeos, no sería incluso descartable que exigieran un replanteamiento radical de todo el paquete de ayudas, con el consiguiente cambio de sus prioridades y distribución. O que, tras negarnos los más favorecidos a aceptar ese cambio, optasen por reforzar la condicionalidad con el fin de bloquear las ayudas. Pero, en todo caso, la condicionalidad sustantiva es la que se activa a través de la prima de riesgo: la única a la que hicieron caso los gobernantes anteriores a Pedro Sánchez.

Las dudas que surgen son simples. Primera, ¿cuándo se agotará la paciencia de nuestros socios? Más en concreto, ¿cuándo considerarán que tensar la cuerda con el país más frívolo de Europa ya no compromete la estabilidad de la Eurozona? La segunda duda es qué hará en ese momento nuestro Gobierno. Dada su deriva en el último año, uno podría ponerse en lo peor, y pensar que sería capaz de plantear un órdago a los socios europeos. Tras perderlo, terminaría por sacarnos del euro, el desenlace que anhelan sus miembros más revolucionarios. La principal razón para el optimismo es lo mucho que la mayoría del Gobierno parece temer esa situación, motivo primordial —junto con su inveterado sectarismo— por el que ha sido relativamente tacaño con las ayudas públicas al sector privado (lo ha ayudado solo de forma selectiva y a la vez que le subía impuestos y cotizaciones sociales). Solo ha sido generoso, por el contrario, con su clientela de funcionarios y pensionistas, los únicos que estamos en verdad protegidos de los efectos económicos de la pandemia, y que incluso saldremos beneficiados si se confirman las expectativas de deflación. Es ese temor el que lleva al Gobierno a gastar menos que nuestros vecinos más endeudados. También mucho menos de lo que corresponde a su naturaleza. ¿Se imaginan lo que hubiera gastado este Gobierno si hubiera cogido el país con la deuda pública en el 40% del PIB, como en 2008, y no en el 96% que alcanzaba en 2019?

Cierres en empresas marginales
Ciertamente, en la medida en que esa tacañería selectiva esté condenando al cierre empresas rentables tendría consecuencias penosas. No obstante, dudo en qué medida está siendo así. El mercado tiene capacidad de distinguir entre problemas de liquidez y solvencia. Por tanto, tiende a financiar las meras crisis de liquidez empresarial, máxime en un contexto sin restricción de crédito. Creo también que, en buena medida, con razón o sin ella, el mercado está descontando que, cuando nos pidan que demos la vuelta al autobús, el Gobierno no se negará, amenazando con sacarnos del euro y causar una debacle económica. En suma, si estoy en lo cierto, la mayoría de los cierres se produce en empresas marginales, muchas de las cuales ya estaban condenadas y hubieran tenido escasas posibilidades de sobrevivir incluso sin pandemia. En consecuencia, si bien el reparto de ayudas es injusto (porque hace recaer todo el coste sobre el sector privado) ineficiente (porque, con la excusa de que son “estratégicas”, salva empresas que ya eran insolventes), los daños están relativamente contenidos.

Lo racional sería anticipar la condicionalidad. Una vez contrastado en cuestión de meses que los Presupuestos Generales del Estado son de todo punto inviables, nuestros vecinos europeos deberían exigirnos un cambio radical de dirección que incluyera reformas y recortes de gasto. El Gobierno —lo componga quien lo componga e incluso lo presida quien lo presida— podría entonces negociar un alivio en ese ajuste presupuestario, dedicando la totalidad de esas ayudas que hoy no sabemos ni cómo gastar a financiarlo, en vez de derrocharlas en proyectos de dudosa rentabilidad social.

Las ayudas están condicionadas a invertir en áreas muy queridas por nuestros chamanes intelectuales, pero hoy por hoy muy poco idóneas para nuestra realidad laboral y empresarial, como la transición ecológica y digital. Confirmando lo que los escépticos venimos diciendo desde el principio, las administraciones no solo no saben qué proyectos elegir, sino que se ven incapaces de gastar esos fondos. De ahí que hayan pedido ideas a todo tipo de buscadores de rentas, y que incluso hayan contratado consultoras especializadas para enseñarles a gastar. Si llegase a producirse, mucho de ese gasto no solo sería un derroche, sino que entrañaría graves riesgos de corrupción. Con todo, lo más grave es que, en vez de potenciar el sector privado productivo, favorecería la expansión del sector rentista, que es privado solo de nombre, pues vive de la subvención y el favor político: ese “estado de amiguetes” al que solo quienes aman la confusión insisten en llamar “capitalismo de amiguetes”.


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Los Presupuestos de ETA

EDUARDO INDA okdiario 6 Diciembre 2020

Uno puede enriquecerse de dos maneras: la honrada, que augura grandes complicaciones en el camino y casi nulas posibilidades de éxito, y la golfa, que pasa por ponerte la legalidad y la ética por montera para hacerte millonario lo más rápida y fácilmente posible. El ser humano es débil por naturaleza y el español genéticamente envidioso. Esto último no lo digo yo, lo han señalado ilustres seres made in Spain como Cervantes, Gracián, Unamuno o Machado . ¿Cuántas veces una pareja habrá cuchicheado por lo bajini “con lo que tú trabajas, tendríamos que vivir como ellos” en referencia a los padres del compañero de colegio de su hijo, a los vecinos del séptimo o a los peripuestos invitados de la cena a la que han sido invitados? Muchas veces sin saber que el triunfador o triunfadora envidiado ha acumulado un potosí con modos y maneras que desbordan claramente la legalidad: unos cobrando comisiones en empresas o en cargos públicos, otros consiguiendo recalificaciones urbanísticamente imposibles tras untar a todo pichipata, otros mercadeando con drogas y los últimos blanqueando dinero chungo.

Sirva esta metáfora para describir lo que está siendo el sanchismo en general y muy en particular el que gobierna España de enero a esta parte. Hay que partir de la base de que estamos ante el presidente con peores guarismos de diputados de la historia: menos aún que el otro Sánchez que ganó las elecciones de abril del año pasado. Aquellos 123 escaños se antojan una heroicidad al lado de los 120 que se anotó en los comicios del 10-N. Una reverenda porquería al lado de los 137 de Mariano Rajoy en 2016 o de los 186 que sumó el popular en 2011, de los 164 de Zapatero en 2004, de los 185 de Aznar en 2000 y no digamos ya si en el otro fiel de la balanza colocamos los 202 de Felipe González el 28 de octubre de 1982.

Vamos, que estamos ante el presidente con menos respaldo popular de todos los tiempos. Y con ese raquítico aval ciudadano se está convirtiendo en el inquilino de Moncloa que más poder tiene en sus manos: la mayoría de los medios está adquirido por convicción o por dinero, le pasan por alto sinvergonzonerías que a un presidente del PP le costarían el cargo —mismamente, la tesis—, ha conseguido que la oposición esté en una lucha fratricida que puede acabar como el rosario de la Aurora y España vive una suerte de proceso revolucionario del que nadie sabe a ciencia cierta cómo saldremos pero seguro que no precisamente bien.

¿Y cómo ha hecho Sánchez para tener más poder casi que el Felipe de los buenos tiempos? Pues como el dinero los millonarios malandrines: con malas artes, anteponiendo el deseo a la ética, echando mano del repugnante “aquí, vale todo”, haciendo bueno ese maquiavélico aserto que sostiene que “el fin justifica los medios”. En nuestra democracia había un acuerdo no escrito, respetado sistemáticamente por PSOE y PP, que pasaba por no pactar jamás con los herederos de ETA. Es decir, con Bildu, Sortu o como quiera que llamen a esa banda de malnacidos metidos a políticos. Lo viví en mis carnes en Navarra, donde las buenas artes de Rubalcaba y antaño Felipe González por un lado y de Aznar y Rajoy por otro impidieron que se tuviera que depender de los machacas de la dirección de ETA. Que el PSOE ganaba las autonómicas, pues UPN y PP le daban vía libre para gobernar en minoría; que quien se llevaba el gato al agua era UPN, pues el PSOE daba un paso al lado y permitía que fuera UPN quien rigiera los destinos de la comunidad. Un turnismo virtuoso que mantuvo históricamente a raya a esa gentuza.

Como también existía una entente cordiale que consistía en no pactar jamás de los jamases con partidos independentistas. Algo que llevó tanto a Adolfo Suárez, como a Felipe González y a Aznar a no fraguar un solo acuerdo de Gobierno con ERC, ya fuera a nivel nacional, autonómico o local por pequeño que fuera el municipio en cuestión. Los tres tuvieron meridianamente claro que con las cosas de comer no se jugaba. Y la unidad de España es una de esas cosas de comer que hasta Zapatero fueron intocables. La Constitución, ni más ni menos que el artículo 2, no se anda con rodeos al respecto: “La Carta Magna se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Zapatero, el gran culpable de la deriva que está teniendo lugar en España, un extremista de falsa sonrisa travestido de demócrata tolerante, fue el que rompió todos los consensos al alentar el tripartito catalán, en el que por primera vez el PSOE iba de la manita de ERC, un partido entonces manifiestamente separatista y ahora fehacientemente golpista. Sea como fuere, me llama poderosamente la atención que un diario como El País, históricamente socialdemócrata, ahora vendido al poder de turno con tal de que les salve su ya proverbial bancarrota, titulase en modo groupie el acuerdo con los malos: “Sánchez saca en los Presupuestos más votos que en la investidura”. El subtítulo no desmerecía del que se hubiera sacado de la chistera Arriba o El Alcázar para loar al dictador: “El Gobierno logra 188 apoyos a las cuentas de 2021 con el mayor gasto social de la historia para afrontar la peor crisis sanitaria”. Encabezamiento que tenía más pinta de estar mandatado desde Moncloa que otra cosa, ya sabemos cómo operan estos gurús del periodismo y la verdad que se creen que mean colonia.

Lo peor de todo es que, más que dar la sensación, los españoles tenemos la convicción que el vicedelincuente Iglesias tenía razón cuando afirmó que “Bildu está en la dirección del Estado”. Estos Presupuestos son, para empezar, una piñata de pasta a País Vasco y Cataluña (40.000 millones sumando inversiones directas y la gestión de las pensiones), y para terminar, el principio del final de la segunda nación más antigua de Europa con un sinfín de cesiones territoriales entre las cuales la del cuartel de Loyola es la más sangrante pero no la única. Vamos, que Sánchez compra su continuidad en Moncloa y en el Falcon con dinero de madrileños, andaluces, murcianos, castellanomanchegos, valencianos, castellanoleoneses, gallegos, asturianos, cántabros, aragoneses, extremeños, riojanos, baleares y canarios. La fiesta de Su Excelencia, Bildu, PNV y ERC la pagamos los españoles que no vivimos en el País Vasco, Navarra o Cataluña. De risa si no fuera para llorar a moco tendido.

Por no hablar de la inmoralidad supina que constituye el acercamiento al País Vasco de los asesinos de los Jiménez-Becerril, que dejaron huérfanos de padre y madre a tres niños de 9, 7 y 4 años, de los que se llevaron para siempre a Ernest Lluch o de ese Kantauri que ordenó que se privara de la vida a ese otro gran socialista que era Fernando Múgica. Y qué quieren que les diga de los beneficios penitenciarios concedidos a ese hijo de Satanás apodado Txapote, que mató a cañón tocante a Miguel Ángel Blanco y sin conmiseración a Goyo Ordóñez. Pues que me cisco en la calavera de quien los ha otorgado. Y no le echo mal de ojo porque carezco de esos poderes que, si no, lo hacía. Vaya si lo hacía.

Con todo, lo más infamante es que Sánchez e Iglesias escogieran como primer socio presupuestario a Bildu, el brazo político de ETA. Los obedientes políticos de una banda terrorista que ha asesinado a 856 compatriotas, ha secuestrado a decenas de personas, ha herido, mutilado y quemado a miles, ha extorsionado a decenas de miles y ha provocado el exilio de 250.000 vascos. Un grupo criminal que no es la “gente de paz” de la que hablan Zapatero o Iglesias cuando se refieren al jefe etarra Otegi sino más bien seres diabólicos que se han disuelto tan formal como falsariamente. ¿Cómo se puede mantener que “ETA ya no existe” cuando no se han arrepentido, no han pedido perdón, no han contribuido a resolver 300 asesinatos cuyos autores siguen siendo desconocidos y no han entregado las armas?

ETA y los golpistas de ERC gobiernan España, tal y como asegura con maldad pero estricto apego a la realidad Pablo Iglesias. Son los auténticos vencedores de esta película de terror llamada Presupuestos Generales del Estado. Y todo porque Sánchez antepone su egoísmo personal al bien nacional, al interés general. Jamás pude imaginar que nuestra democracia caería tan bajo, que estaríamos acercándonos a ese 36 de tan infausto recuerdo, que ese bendito turnismo que hemos vivido durante 40 años se esté yendo a tomar viento y que la Constitución sea ya poco menos que papel mojado. La siguiente ignominia la verán nuestros ojos: a los filoterroristas de Bildu y a los golpistas de ERC en el Consejo General del Poder Judicial. Qué añoranza de esos tiempos en los que dos partidos moderados y sensatos como PP y PSOE se alternaban en el poder con un común denominador: el respeto a esa Constitución que acabó —pensábamos que para siempre— con esa secular España a garrotazos retratada magistralmente por Don Francisco de Goya y Lucientes. Bastaría con que Sánchez y Casado se pusieran de acuerdo en los grandes acuerdos de Estado para que estas bestias regresasen a las madrigueras de las que nunca debieron salir. Soñar es gratis.

La Constitución está amenazada y Pedro Sánchez es el máximo responsable de ello
ESdiario 6 Diciembre 2020

La Carta Magna cumple 42 años atacada desde el propio Gobierno, por la irresponsabilidad de un presidente intervenido por los partidos que menos creen en España y más la despedazan.

La Constitución celebra su cuadragésimo segundo aniversario más debilitada, amenazada y denigrada que nunca. Y está así, sorprendentemente, por la actitud del Gobierno y de manea muy particular de su presidente, Pedro Sánchez, principal instigador por acción u omisión del ataque sistemático a la ley que simboliza lo mejor de la España democrática.

No se puede soplar y sorber a la vez. Pero eso es lo que hace Sánchez presentándose como incuestionable paladín de la Carta Magna y, a la vez, entregando la gobernación de España a quienes de manera más inequívoca, contundente y pública más la desprecian y más quieren acabar con ella.

Nunca han tenido ni más fuerza ni más influencia en el equilibrio institucional de España quienes más trabajan por su desequilibrio: Podemos y los partidos independentistas.

La formación de Pablo Iglesias, que ostenta una vicepresidencia, cuatro Ministerios y está en todas las instituciones del Estado; denigra la Transición, defiende la demolición del "Régimen del 78"; alimenta la deriva inconstitucional del separatismo y exige el fin de la Monarquía Parlamentaria.

Con el aval del PSOE
Y ERC o Bildu, dos partidos encabezados por líderes que están o han estado en la cárcel por delitos gravísimos contra la democracia; defienden eso mismo y además buscan la independencia forzada del País Vasco y de Cataluña.

En realidad, ninguno de esos tres partidos defiende nada distinto a lo que siempre han buscado. Lo que ha cambiado es el aval concedido por el PSOE a esos postulados, blanqueados y reforzados como nunca por las necesidades del presidente o, aún más, por sus preferencias: tenía otras alternativas para gobernar con una cierta estabilidad, pero eligió éstas.

De hecho, no se puede explicar la trayectoria de Pedro Sánchez sin vincularle, desde que interpuso la moción de censura, a esa amalgama nacionalpopulista: todo lo que ha logrado, lo ha logrado por ellos y con ellos. Y todo lo que a cambio paga España, lo paga para satisfacer una deuda que es exclusivamente suya.

La agenda soberanista y republicana, sustentada en el frentismo y en la división, están hoy más sobre la mesa que nunca. Y ninguno de los fines que alimenta y defiende, sea la caída del Rey o el troceamiento del país, han tenido nunca tantos visos de prosperar: lo que deberían ser exigencias trasnochadas y marginales son, en la actualidad, hipótesis probables.

Y eso es achacable a un presidente irresponsable e incapaz de entender las líneas rojas que nunca se deben cruzar, por mucho que la insoportable propaganda oficial intente dignificar una deriva inaceptable, escondiendo la realidad de que Moncloa está intervenida y de que sus copropietarios no han cambiado en nada sus objetivos. Al contrario, los ven más factibles que nunca.

El verdadero plan del Gobierno Frankenstein: controlar España hasta 2027
Lo extravagante es que, en este contexto, tengan que ser unos militares retirados quienes señalen la obviedad de que la Constitución se ha degradado como nunca. Como si esa denuncia fuera más típica de paladines del infausto ruido de sables que de simples ciudadanos preocupados por su país.

La inquietud que ellos reflejan es la misma que debería sentir y exponer la oposición en su conjunto, la sociedad civil y el resto de poderes del Estado. Sin excesos, por supuesto. Y sin dejar de aceptar, ni por un segundo, las reglas del juego democrático. Pero también sin ambages y con todas las energías y recursos legales e institucionales que esa misma Constitución zaherida recoge y reconoce.

La Constitución del 78, sus albaceas y sus sepultureros
Alfonso Merlos estrella digital 6 Diciembre 2020

El objetivo era muy claro, inaplazable; pero el proceso, al contrario, difícil y complejo. La Constitución del 78 se gestó con la vocación y la meta de consolidar la transición de la dictadura franquista a una moderna democracia, fue ratificada por una abrumadora mayoría de españoles en referéndum hace más de 40 años y su legado, en gran medida, residía en la propia capacidad de reflejar las esperanzas y las aspiraciones de nuestro pueblo, en su natural evolución

Aquel documento se redactó en un momento en el que un país entero estaba llamado a la reconciliación, y recogía por eso tantas y tan variadas expectativas en un momento histórico crucial, garantizando sin duda la unidad de la nación y el propio Estado de derecho. Sin ella, los movimientos secesionistas, especialmente en el País Vasco y Cataluña, habrían tenido un camino despejado para la consecución de sus objetivos ilegales. De la misma forma, las organizaciones de naturaleza criminal y terrorista no habrían tenido frente a ellas, comenzando por ETA, un muro policial y judicial que ha terminado, en circunstancias discutibles, pero por aplastarla.

Qué duda cabe que la Carta magna es un texto vivo y, por tanto, susceptible de cambios, como ha quedado patente en algunos momentos pretéritos, incluso recientes. Sin embargo, una cosa son las modificaciones bien estudiadas y canalizadas por su debido trámite parlamentario y, por el contrario, otra son aquellas que proponen partidos políticos desleales o comprensivos con la violencia que pasan por la demolición del sistema. Y he aquí el problema: que algunos de esos proyectos operan en sociedad limitada con el bigobierno Sánchez-Iglesias.

Producía verdadero sonrojo y hondo rechazo escuchar hace unas horas cómo el vicepresidente se derretía en elogios a Esquerra Republicana de Cataluña y a Bildu, mientras acusaba mendazmente al Partido Popular de hallarse fuera de la democracia (dime de qué presumes…).

Pero más allá de la insolente declaración, quedaba patente con esas palabras (en absoluto un desliz) su miseria ética, su vileza en términos morales por elevar a los altares a un grupo que tiene entre algunos de sus portavoces a condenados por colaborar con una organización asesina (Bildu), y a otro, con dirigentes encarcelados por atentar gravísimamente mediante diferentes delitos contra las libertades y los derechos de todos los españoles (Esquerra).

Hoy, cuando vuelve a pasar el calendario sobre la efeméride de la Constitución, se ve con más nitidez que nunca, y al tiempo con desgarro, cómo aquella obra imperfecta pero con sólidos cimientos tiene hoy sus ‘albaceas’, es decir, aquellos partidos, en la oposición, que velan por su adecuada ejecución y el aseguramiento de su herencia; y, por otro lado, sus ‘sepultureros’, encabezados en comandita por el aún jefe de Podemos, que se ha encomendado a sí mismo la despreciable labor de enterrar, cavando previamente la fosa con separatistas y antisistema, el féretro que recoge las esencias de nuestra convivencia y nuestra prosperidad. Sabiendo que no lo conseguirá, pero causando en la sociedad española unos daños y unos estragos simplemente imperdonables.

La vigencia del orden constitucional
Hay una operación de puerta trasera contra la democracia que no prosperará»
 larazon 6 Diciembre 2020

En torno a una formación política de extrema izquierda de reciente creación, Unidas Podemos, pero que, en realidad, apenas recoge el voto de las viejas formaciones comunistas, se está conformando una alianza contra el actual marco constitucional que no tendría mayor trascendencia de no ser porque la actual debilidad del socialismo español ofrece a estos teorizantes de la revolución una dimensión pública desproporcionada al peso de sus apoyos. De ahí que, enfrentados a las reglas del juego que se dieron los españoles hace ya 42 años, pretendan forzar la caída de lo que despreciativamente llaman el régimen de la Transición por la vía de los hechos en una estrategia que no conviene desdeñar, más si al frente del proceso se encuentran gentes directamente vinculadas con la imposición del modelo socialista bolivariano de Venezuela.

En este sentido, que todo un vicepresidente de un gobierno de España, como es Pablo Iglesias, se permita el desahogo de situar fuera de la democracia al principal partido de la oposición, no pasaría de ser una mera fanfarronada sino fuera porque reproduce, desde el poder político de turno, esa misma estrategia que denunciamos y que tiene en la deslegitimación del adversario y en la búsqueda del control del Poder Judicial dos de los movimientos tácticos obligados. Hay que insistir en ello, porque sólo desde la palanca que concede el Consejo de Ministros y, por ende, el Boletín Oficial del Estado, adquieren perniciosa influencia los partidos de corte separatista, como ERC y Bildu, cuyas reivindicaciones, por hallarse completamente fuera del pacto constitucional, estaban destinadas a chocar con el imperio de la Ley. Esa conjunción de la izquierda populista y los nacionalismos tienen la indeseada virtud de tensionar la vida pública española, enrareciendo la normal convivencia ciudadana, mientras se procura el debilitamiento de las altas instituciones y la deslegitimación del actual sistema democrático.

Pero una vez advertida esta operación de «puerta trasera», más falaz por cuanto se produce en unos momentos de tribulación nacional, es preciso recalcar la fortaleza de nuestra democracia, respaldada un por cuerpo social mayoritario y menos permeable a la propaganda de lo que esperan los promotores de esa especie de ruptura política sobrevenida. La vigencia de nuestro ordenamiento constitucional es evidente y, además, dispone de eficaces instrumentos para su preservación. España no es sólo una de las escasas democracias plenas que existen en el mundo, sino que ha demostrado que es capaz de defender las libertades de sus ciudadanos, incluso, en los peores embates del terrorismo y en las crisis sociales y económicas más graves. Y volverá a hacerlo.

No vamos hacia La República sino hacia las repúblicas
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 6 Diciembre 2020

Hay gente que no entiende que el proceso revolucionario en España no nos lleva a LA república, sino a LAS repúblicas. Y que antes de la que jamás sería española, sino antiespañola, porque vendría a liquidar el Estado Español, nacido Hispania, provincia de Roma, hace dos mil años, y luego independiente muchos siglos, lo que vendría primero, acaso último, serían las dos republiquetas nacidas de sus escombros: la república federal vasca, a la que etarras y peneuvistas uncirían Navarra, y la República Catalana, a la que la izquierda y los separatistas asociarían la Comunidad Valenciana, las Baleares y la parte de Aragón -Este de Huesca y Noreste de Teruel- que rendirían el baturro Lambán y el valenciano renegado de Teruel, qué triste.

El terror al virus, el Estado de Alarma, el control de las televisiones, la rendición de la izquierda ante el separatismo antiespañol y la estúpida y suicida división de la Derecha hacen posible la proclamación de esas dos repúblicas. Luego, Podemos, proclamaría, aprovechando unas elecciones en las que no se votase eso, pero los republicanos cantaran victoria, aunque perdieran, como las municipales de 1931, esa República Antiespañola cuya función primera es la de acolchar a las otras dos. Dado que la monarquía no es compatible con repúblicas en su seno, Sánchez aceptaría la presidencia para que en el extranjero los idiotas creyeran que aún existía un Estado Español.

No hay España con república ni con repúblicas
El jefe de este proceso revolucionario es Pablo Iglesias Turrión, que ha anunciado ante sus huestes, colocadas ya todas en cargos públicos o con expectativas de estarlo pronto: “la República llegará más pronto que tarde”. Un par de días antes reclamó para su Gobierno el ongi etorri de los restos de Julio Álvarez del Vayo, presidente del FRAP, la banda terrorista a la que perteneció su padre. Dudosa hazaña de la que él presumió mucho hasta que Cayetana Álvarez de Toledo le recordó su significado: ser “el hijo de un terrorista”. El cupulín del PP debe decidir ahora si también traiciona a la que fue su portavoz y se cisca en las víctimas del FRAP, que eso es lo que hicieron Meritxell Batet y el hijo del terrorista pro-FRAP. Les falta pisotear la sangre de sus víctimas para diferenciarse clara y definitivamente de Vox.

Pero hay que insistir en que no es posible proclamar LA república en España sin abolir el régimen constitucional y la monarquía parlamentaria; y ni la izquierda tiene fuerza suficiente, ni la derecha dejaría de rebelarse ni las instituciones armadas, Ejército, Guardia Civil y Policía, lo permitirían. El único camino es el desmembramiento del Estado, mediante el impulso centrípeto del Gobierno social-comunista y el nuevo golpe en Cataluña, que revestiría la forma de doble referéndum, junto al del País Vasco y Navarra. El triunfo separatista (de ser derrota, para eso se inventaron los pucherazos) daría paso a la proclamación de las dos repúblicas y de la confederal, que se presentaría como última forma de evitar la ruptura total de España. Al margen de la judicial, policial y militar, claro, que es lo que quieren evitar.

Declaración de militares leales a España
Anteayer conocimos una Declaración de casi trescientos oficiales retirados -exactamente 271- que explica por qué se ha aireado tanto un chat privado intrascendente de otros oficiales retirados, delatado por un “topo” de Julio “El Rojo”, ex-JEMAD que ahora sirve a Iglesias. El chat de los frívolos apareció para sabotear el manifiesto de los serios. Es tan clara la intoxicación que lo primero que han hecho es aclararlo: «Los firmantes de esta Declaración quieren manifestar su completa desvinculación y desagrado con cuanto se ha expresado en un ‘chat’ privado -difundido en diversos medios- ajeno a nuestro sentir y esencia de soldados».

Y declaran: «Si bien por edad no podemos ejercer nuestra vocación de soldados en Unidades, sí hemos recuperado los derechos fundamentales a los que renunciamos voluntariamente al abrazar la carrera de las Armas. Entre ellos la libertad de opinión y expresión que nos permite firmar esta declaración, que advierte de los riesgos a que están sometiendo a nuestra Patria los responsables de dirigir el futuro de España» (…) «como militares, que seguimos siendo aún en la situación de retirados, mantenemos activo el Juramento que prestamos en su día de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el orden constitucional, entregando la vida si fuera preciso».

No son los primeros en sentir preocupación por el destino de la nación; de hecho, dicen compartir «las mismas inquietudes» que la XIX Promoción del Ejército del Aire y de la XXIII de la Academia General Militar del Ejército de Tierra, expuestas en cartas al presidente del Parlamento Europeo y al Rey. Y entre lo inadmisible en la actuación de los responsables políticos, señalan: «los desprecios a España, las humillaciones a sus símbolos, el menosprecio al rey y los ataques a su efigie». (…) «permitir violentas algaradas independentistas y golpistas con petición de indultos a condenados por sedición, así como conceder favores a terroristas con el consiguiente menosprecio a sus víctimas». Y les preocupa que se orille «la legislación vigente» (…) «el sometimiento al Poder Ejecutivo del Poder Judicial, incluida la Fiscal General del Estado» y el intento de imponer «un pensamiento único» mediante leyes como la de Memoria Democrática.

La importancia de la Declaración militar
No hay nada nuevo en esta denuncia que no vengamos diciendo los defensores de la unidad nacional y el orden constitucional. La diferencia es, evidentemente, que esta denuncia civil la hacen los que aún conservan el uniforme militar. Y al cumplir su obligación moral como españoles y como militares que juraron defender a la Nación, su Declaración tiene una doble virtud: recuerda a los militares en activo -que no pueden hablar, pero deben pensar- el sentido último de su función: defender la integridad nacional y el orden constitucional, con el Rey a la cabeza. Y recuerda a los civiles, en particular a los políticos de la Derecha, cuya base social observa asqueada sus míseras peleas partidistas, que hay militares plenamente conscientes de los gravísimos peligros que acechan a la Nación y a la Libertad; y de que su profesión tiene una utilidad última, que es decisivamente constitucional.

Los republicanos antiespañoles del FRAP y de la ETA recurren a la fuerza de las pistolas nunca entregadas y al golpe institucional permanente para desmantelar el Estado. Es tan evidente que la subversión del orden constitucional está encabezada por el Gobierno -como dice la llamada de Vox a manifestarse hoy ante todos los ayuntamientos de España- y que ya no se respeta ni la ley ni la más mínima ética en la actuación de los que, desde el Poder Ejecutivo, asaltan el Legislativo y, sobre todo, el Judicial, que fatalmente deben producirse convulsiones en el tejido social español. Y esa convulsión, provocada por la subversión, alcanzará a civiles y militares. No puede ser de otro modo. O ya tendríamos encima a las tres repúblicas.

Día de la Constitución
Sánchez ‘celebra’ el Día de la Constitución entregando la legislatura a 4 socios que quieren liquidarla
Luz Sela okdiario 6 Diciembre 2020

Pedro Sánchez llega al Día de la Constitución sosteniendo su legislatura en el apoyo volátil de socios que ambicionan, precisamente, liquidarla. La reciente aprobación de los Presupuestos Generales en el Congreso ha confirmado la disposición del líder socialista de entregarse por completo a las demandas de quienes quieren romper el Estado. Empezando por Bildu y los partidos separatistas. Sánchez acude este año a los actos del 6 de diciembre arropado por aliados que su socio, Pablo Iglesias, ha encumbrado a la «dirección del Estado» y celebrando el «patriotismo» de proetarras e independentistas.

El jefe del Ejecutivo ha visto avalada su intención de acabar la legislatura gracias al balón de oxígeno de las cuentas públicas, que deberán ahora pasar por el Senado -un mero trámite- y regresar a la Cámara baja para su ratificación definitiva.

El Gobierno ha contado con el apoyo de 11 partidos para sacar adelante esos Presupuestos, que suman un total de 188 escaños. Además de Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, PdeCAT, PNV, Nueva Canarias, PRC y Teruel Existe. En contra ha tenido a PP, Vox, Ciudadanos, JxCAT, Coalición Canaria, UPN, BNG, Foro Asturias y CUP.

Podemos y el «candado del 78»
En mayor o menor grado, seis de los partidos que apoyan a Sánchez han cuestionado abiertamente la Constitución. Los hay que pretenden reformarla casi por completo y otros que, directamente, quieren suprimirla.

En 2014, un «emergente» Pablo Iglesias sentaba en su primer discurso como secretario general de Podemos las bases de la nueva formación. Entre los propósitos de quien hoy es vicepresidente del Gobierno de España estaba iniciar «un proceso constituyente para abrir el candado del 78». Es decir, no modificar la Constitución, sino crear una nueva.

En dicha intervención, clarificadora, Iglesias presentaba a Podemos como «una alternativa frente a un régimen que se derrumba», en alusión al pacto constitucional y apostaba por extender el «derecho de decidir» de los ciudadanos a todos los ámbitos, desde el económico al territorial. Un propósito para el que creó incluso una secretaría propia, de Proceso Constituyente y Programa, al frente de la cual puso a Juan Carlos Monedero.

En el camino, Iglesias ha ido maquillando aquellas ambiciones. Ahora apuesta por una reforma para eliminar aforamientos, blindar derechos sociales, eliminar la inviolabilidad del Rey o modificar el modelo territorial. Todo ello, a través de un referéndum, que permitiría a Podemos ampliar los cambios en la Carta Magna.

Durante el debate de Presupuestos en el Congreso, el líder podemita llegó a asegurar que ERC o Bildu «comprenden mucho mejor el espíritu social de la Constitución» que la «bancada de la derecha».

«Tumbar el régimen»
ERC que, con PDeCAT y Junts per Catalunya -también convertidos en socios presupuestarios- pasó por encima de la Constitución para llevar a cabo un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña. Bildu, formación que no ha condenado la violencia etarra y que sueña con la «república vasca», como el propio Arnaldo Otegi ha advertido en la negociación con el Gobierno.

El partido proetarra no ha ocultado sus intenciones, digeridas sin aparente problema por Sánchez, y ha avisado sin ambages, y por si quedaba duda, de que la principal razón para apoyar los Presupuestos del socialista es «tumbar definitivamente el régimen».

Otros socios de Sánchez también han cuestionado la Constitución. Desde Compromís, por ejemplo, se la calificó de «texto baldío y obsoleto». El apoyo a la Carta Magna genera, no obstante, tensiones en la formación valenciana que tiene entre sus propuestas modificar el Título II «para que la figura del jefe de Estado sea decidida por los ciudadanos».

Por su parte, el PNV también ha censurado el principio mismo de la Constitución, la unidad de España, en su defensa del «derecho a decidir». Los peneuvistas critican las «imposiciones» territoriales, al tiempo que recurren a la Carta Magna para blindar sus privilegios y «singularidades». Consideran, incluso, que no sería ni siquiera necesaria una reforma constitucional para acoger la posibilidad de celebrar un referéndum de ruptura.

Maestro de los argumentos inéditos, Sánchez ha encontrado también uno para responder a quienes le critican su acuerdos. «El PSOE se siente comprometido con el pacto constitucional en todos los sentidos», aseguró sin ruborizarse hace unos días. «La Constitución ampara derechos sociales amplios que queremos hacer efectivos y reconoce y ampara la pluralidad nacional en las que creemos», prosiguió en su defensa.

Con igual determinación, felicitó esta semana a ERC y Bildu por haber «arrimado el hombro» en las votaciones presupuestarias.

«El Congreso da luz verde a los Presupuestos Generales del Estado, los Presupuestos más renovadores y sociales para responder a la peor crisis en un siglo. España dice adiós a otro tiempo y avanza decidida a un futuro de progreso. Gracias a todos los que han arrimado el hombro para sacar al país adelante», escribió el socialista en la red social Twitter.

Mientras, el Gobierno prosigue con nuevos acercamientos de presos etarras y prepara la reforma del delito de sedición para sacar a los separatistas de la cárcel.

El golpe de los "allegados"
Javier Somalo Libertad Digital 6 Diciembre 2020

Batasuna fue ETA, ERC fue Terra Lliure y estuvo en el golpe de la Generalidad y Podemos fue Chávez y presumió del FRAP.

No hace falta que Illa o Simón nos intenten explicar qué es un “allegado” con vistas a la Navidad. Ni siquiera es necesario el diccionario de la RAE o un sobreesfuerzo didáctico de Carmen Calvo. Allegado, lo que se dice allegado es Arnaldo Otegi, Gabriel Rufián o Pablo Iglesias. Y las consecuencias de esa filiación son nuestro principal problema.

Gabriel Rufián dice que estamos ante “una nueva era”. Se acabó el pactar con los nacionalistas de derechas catalanes y vascos —ese es uno de los orígenes de todos nuestros males— porque ahora para gobernar España hace falta, en sus palabras, “pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán”, el mismo problema de antes, agravado si cabía. Ahí está la prueba de que la guerra civil también se daría en el paraíso independiente. Echenique, Pablo Iglesias, Rufián y Otegi hablan ya en términos finales: esto ha cambiado del todo y ya no volverá a hacerlo porque han llegado al poder y eso ellos lo hacen para quedarse. No mienten, es su objetivo, su Transición hacia algo distinto a la democracia y que, desde luego, omite a mucho más de la mitad de los españoles.

Pablo Echenique pide a la derecha que “deje de rabiar” porque esto no ha hecho más que empezar y les queda mucho por sufrir. De modo que diez millones y medio de votantes españoles están condenados a resistir sin más los desmanes de un Gobierno que ya anuncia sin ambages que no gobierna para todos sino contra ellos. En noviembre votaron casi 26 millones y medio de españoles. Dudo que de los ocho millones que votaron PSOE todos lo hubieran hecho de saber quién iba a gobernar y quién lo haría posible. Así que, como bien ha dicho Isabel Díaz Ayuso, se gobierna, no para media España, sino contra media España. Lo malo del brillante discurso de Ayuso es que sus enemigos están de acuerdo con su diagnóstico y gobiernan para evitar que prospere el remedio.

Arnaldo Otegi dejó claro que necesita “una España rota” porque “la unidad de España es la clave para mantener procesos de dominación”. El reciente mensaje iba dirigido a Podemos, al que quiso devolver aquella visita de Iglesias a una herriko taberna en 2013 donde el podemita dijo de sí mismo: “Qué pelotas tienes de irte a una herriko con una bandera española a dar una charla”. La bandera la lucía en el cuello de un polo y era la tricolor. Muchas pelotas, sí. Por eso luego dijo que “es la bandera de los españoles que defendemos el derecho de autodeterminación”. Esta misma semana, el partido de Otegi y de las herriko de Iglesias —la charla de 2013 fue en Pamplona—­ cree que ha llegado la hora de la anexión de Navarra al País Vasco para formar una “república vasca confederal”. Y que rabie la derecha, o sea, los millones de ciudadanos que no estén de acuerdo, agrupados en un gueto con forma de extrema derecha diseñado por Pedro Sánchez e Iván Redondo.

Los allegados del Gobierno son los que son. Allegados del golpismo de octubre, del terrorismo de ETA y de Terra Lliure, del comunismo chavista y del FRAP. Allegados de mucho crimen, porque cada uno procede de donde procede aunque pretenda negarlo o borrarlo de la Historia con el consentimiento de unos y otros. Entre el tiempo indefinido y el presente median la censura y la querella pero Batasuna fue ETA, ERC fue Terra Lliure y estuvo en el golpe de la Generalidad y Podemos fue Chávez y presumió del FRAP. Ahora son nuestro Gobierno y ya avisan de un punto final.

Cayetana como problema o solución
En estos tiempos complejos no albergo duda de dónde está el problema principal, párrafos más arriba. Pero la complejidad de una ecuación siempre requiere solucionar antes incógnitas intermedias que a veces se enredan, y una de ella está en Génova 13, no en el PP. Lo que sucedió en el Congreso de los Diputados cuando Cayetana Álvarez de Toledo denunció en defensa propia y colectiva la herencia de Pablo Iglesias ha llegado al Tribunal Constitucional y sigue su curso. La diputada popular pidió amparo ante la decisión de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de borrar su alusión, y el Tribunal, preceptivamente, ha solicitado alegaciones a la Mesa del Congreso. Pues la noticia hoy es que el trámite parece causar más insomnio en las filas institucionales del PP que en ninguna otra.

Cayetana llevó a su discurso de marras lo que para Pablo Iglesias era un orgullo: que su padre militó en el FRAP, una organización terrorista. La manipulación eterna, siempre de guardia, de la Historia de España nos quiso convencer de que, en realidad, Javier Iglesias “sólo” militó en el Comité Pro-FRAP. En el libro de Federico Jiménez Losantos La vuelta del comunismo puede leerse con documentos que ese Comité se atribuyó sin ambages y con escabrosos detalles el primer derramamiento de sangre del grupo: no eran un prólogo idealista o despistado sino la ebullición necesaria, el acto fundacional. Y no fue Cayetana sino el propio Pablo Iglesias el que descubrió la militancia de su padre. Pero el padre, animado por el hijo, interpuso una querella contra Cayetana por unas palabras que, según la presidenta de la Cámara, nunca pronunció. Lo razonable es que lo dicho quede y que se demuestre quién dice la verdad. Así debería dejarse documentada la historia.

Teo Uriarte, Juan María Bandrés o Mario Onaindía fueron de ETA y así lo asumieron. Si militaron donde militaron no fue para pegar carteles y si fuera sólo por eso, pegaron los carteles que pegaron. Pero, con ese reconocimiento, pasaron al lado de la democracia militante cuando de verdad tocaba hacerlo, condenando el terrorismo y ayudando a combatirlo. El pasado no es un problema salvo que se presuma de él. Y eso fue lo que hizo Pablo Iglesias con su padre en un cínico obituario a Santiago Carrillo.

Ahora el problema está, como decía, en que el Constitucional pida alegaciones a la Mesa del Congreso y ésta, por unanimidad casi preceptiva, las acepte. Esto quiere decir que los miembros de esa Mesa, en la que están PP y Vox, expondrán su versión de los hechos, lo que no significa necesariamente que estén en contra del recurso de Álvarez de Toledo. ¿Cuáles serán esas versiones? Supongo que la de Vox salvará el atrevimiento de Cayetana pinchando en lo posible al PP, pero ¿y el PP? ¿Qué tiene pensado hacer? Resulta complicado defender a la expulsada, medio aplaudida entonces por una bancada sin brújula política que, poco después arrojó también a Santiago Abascal, tan “allegado”, a las filas que chapotean en no sé qué charcos. Mientras Rufián, Otegi, Iglesias y Echenique presumen del Nuevo Régimen, el PP de Génova, el de la 13 Rue de Génova, que no es todo el PP, anda como pollo sin cabeza buscando qué decir y hacer con su primera víctima de la nueva normalidad. La ocasión es providencial, para bien o para mal. Han forrado la sede del partido con artículos de la Constitución, cosa que celebro. Así que ellos sabrán.

Los allegados muertos no cuentan
Y más que allegados, habrá familiares que no estarán con nosotros en Navidad aunque el Gobierno lo permitiera por consejo de la “expertitud” de los funcionarios expertos que son expertos por el hecho de serlo, como balbucea Carmen Calvo. Familiares tan cercanos como padres, hermanos, hijos o parejas que hace tiempo que no se sientan a una mesa familiar ni lo harán jamás. Otegi es uno de los que conoce a ciencia cierta la causa de estas ausencias. También Daniel Portero, que lo ha explicado en Libertad Digital. Han bajado mucho los precios de alquiler del Palacio de La Moncloa en los últimos años. Muchísimo.

A otras personas, con familiares y allegados de verdad, jamás los visitó en el hospital el presidente del Gobierno. Hoy, unos están vivos y otros no. Ni siquiera pisó Sánchez aquella morgue de hielo de la primavera negra del virus. Y el ministro de Sanidad —sí, el de Sanidad— no quiso visitar un hospital para pandemias —sí, sí, un hospital para pandemias en plena pandemia—porque lo inauguró un gobierno que no es el suyo ni es “allegado”. Ambos, presidente y ministro, prefirieron visitar el de La Paz aprovechando que Ayuso estaba en Cataluña. Al alcalde de Madrid lo tuvieron que avisar corriendo porque se iban sin él. Los abucheos fueron tan merecidos como insuficientes.

Guste o no la Navidad ­—a mí, sí— todos nos quedaremos sin ver a alguien que queremos por culpa del Gobierno, por el trágico azar de la vida o por lo que sea. Pero, tengan el parentesco que tengan, si los queríamos o queremos es porque son familia. Lo de los “allegados” lo dejo para los que han conseguido llevar a La Moncloa a nuestro peor presidente. Son los que nos anuncian su nueva normalidad antidemocrática sin complejo alguno. Que nadie se queje de no saberlo.

Los que quieren destruir la Constitución
No les sirve, como es lógico, en la sectaria obsesión revolucionaria de unos y el deseo irracional de destruir España de los otros.
Francisco Marhuenda larazon 6 Diciembre 2020

España ha tenido una historia constitucional atormentada desde que se aprobó la mitificada Constitución de 1812, donde muchos de los que la glorifican no se la han leído y menos estudiado. Es un texto que responde a una época concreta y nunca se llegó a aplicar plenamente, porque España estaba en guerra contra el invasor francés y Fernando VII la derogó en 1814 a su llegada después de haber estado retenido por Napoleón tras las abdicaciones de Bayona. El «rey deseado» es uno de los más vilipendiados de la Historia de España en la misma medida que son exaltados los liberales que se representaban a sí mismo y poco más. Hablar de opinión pública y de lo que quería el pueblo en la primera mitad del siglo XIX carece de rigor. El Trienio Liberal, que sirvió para que desapareciera cualquier oportunidad de impedir la independencia de los virreinatos, llegó con la reivindicación de recuperar la Constitución de 1812 y el rey tuvo que jurarla el 9 de marzo de 1820. El texto olía a naftalina y era evidente que había que elaborar uno nuevo.

No he dado ninguna importancia a la carta otorgada en Bayona, porque fue impuesta por el emperador de los franceses y, por tanto, era ajena a España. Nunca la he considerado una constitución como no puede hacerse con un texto promulgado por un país ocupante. A este tema, a la Constitución de 1812 y al sistema de estados satélite napoleónicos dedique mi tesis doctoral en Historia Contemporánea. España no es ajena a los convulsos procesos constitucionales que se vivieron en el resto de países de nuestro entorno. Francia pasó de la Revolución a la reacción contrarrevolucionaria del Directorio y el Consulado para alumbrar el Primer Imperio que fue un híbrido entre el Antiguo Régimen y la modernidad decimonónica, por supuesto, dirigido por un dictador militar. En el resto del siglo tenemos la primera y breve Restauración borbónica, el imperio de los Cien Días, la segunda Restauración, la burguesa Monarquía de Julio de Luis Felipe, otra vez la república con su presidente, Luis Napoleón, convertido luego en emperador y, finalmente, otra vez la República. Las convulsiones que vivió nuestro país vecino, los textos constitucionales aprobados y las guerras que provocó o sufrió hasta la pérdida de su imperio colonial son tantas que relatarlas ocuparían miles de páginas. He utilizado este ejemplo para mostrar que no existe tal excepcionalidad o singularidad como a veces se esgrime desde concepciones historiográficas marxistas o por algún que otro aficionado con más voluntad que esfuerzo investigador. La historia europea de los dos últimos siglos es tan convulsa como apasionante.

Hasta que se aprobó en 1876 la Constitución de la Restauración, los diferentes textos que entraron en vigor no tuvieron ninguna voluntad de buscar el consenso, sino que reflejaron, simplemente, la victoria de unos sobre otros como sucedió con los de 1837, 1845 y 1869. Uno de los ejemplos de consecuencias más trágicas fue la de 1931 donde la izquierda impuso sus posiciones. Este visceral frentismo hizo imposible que la Segunda República pudiera representar realmente a todos los españoles. Es cierto que buena parte de los profesores dedicados a la Historia Contemporánea participan gozosos del fraude intelectual que es la Memoria Democrática así como de la interpretación sesgada e idealizada de la Segunda República y la Guerra Civil. Su izquierdismo les ha hecho perder la objetividad que sería exigible a un investigador.

Hoy celebramos todo lo contrario. El pueblo español ratificó el 6 de diciembre de 1978, por medio de un referéndum, la vigente Constitución, que fue el resultado de un amplio y generoso consenso que permitió alumbrar el texto más longevo de nuestra historia. No solo eso, sino que todavía mantiene su vigencia, aunque sería positivo introducir algunas modificaciones, si bien no demandan ninguna urgencia. Ha permitido alumbrar una etapa de fructífero crecimiento social, económico e institucional. La Transición y la Constitución de 1978 son referentes de un proceso exitoso que generó un lógico respeto en todo el mundo. En lo que hace referencia a nuestra Carta Magna ha permitido que los diferentes gobiernos hayan podido aplicar sus programas sin problema, por lo que no ha sido un corsé que lo imposibilitara. Los errores o defectos no son achacables al texto, sino a los políticos en su desarrollo. Me ha parecido siempre injusto escudarse en su articulado para justificar concesiones innecesarias, ausencia de consenso en los grandes temas o ignorancia jurídica de quienes no sabiendo Derecho o teniendo unos conocimientos simples han preferido imponer sus ideas a seguir los consejos de los letrados de Cortes, los abogados del Estado o los catedráticos.

Por tanto, la Constitución ha sido víctima tanto de los intereses partidistas como de la ignorancia de aquellos que ni siquiera han hecho el esfuerzo de leerla y estudiarla. Hoy sigue siendo un gran instrumento para seguir avanzando, pero el problema es que los comunistas y los independentistas quieren demolerla. No les sirve, como es lógico, en la sectaria obsesión revolucionaria de unos y el deseo irracional de destruir España de los otros. Estas dos corrientes son, afortunadamente, minoritarias electoralmente en el conjunto del Estado, pero cuentan, sin embargo, con gran peso en el gobierno y son decisivas para garantizar su estabilidad. El objetivo final es conseguir la Tercera República y la celebración de referéndums de autodeterminación en el País Vasco y Cataluña. El mayor impedimento en este proceso reside en la Corona, porque si consiguieran debilitarla y finalmente acabar con ella como en el 31 se abriría el paso a un proceso constituyente y a un nuevo texto más de acorde a la visión revolucionaria de buena parte de la izquierda. Por ello, hay que seguir defendiendo con fervor la Constitución y celebrando con felicidad el 6 de diciembre.

Lo que enseña el cuidado de las orquídeas
Elena Alfaro. vozpopuli 6 Diciembre 2020

“La esencia de la desinformación es la provocación, no la mentira”.

Esa es la principal lección que extrajo J.J. Angleton -director adjunto de contrainteligencia de la CIA durante la mayor parte de la guerra fría- de los años dedicados a dos de sus tareas principales: cuidar su jardín de orquídeas y destapar espías soviéticos. Lo explican Ivan Krastev y Stephen Holmes en La luz que se apaga (Debate, 2019). Señalan que, entre las distintas especies de orquídeas, las supervivientes no son las aparentemente más aptas sino las que mejor engañan. Parece ser que las orquídeas no pueden contar con que el viento disemine su polen y dependen por completo de aves e insectos, pero, como no tienen ningún nutriente que ofrecerles, deben engañarlos para que realicen, sin saberlo, el transporte de sus semillas.

Se han escrito decenas de libros sobre las diferentes variedades de gobierno que, para conservar el poder, adoptan el engaño como herramienta básica. Me refiero en este punto a gobiernos y no a ideologías, porque mientras que estas necesitan un corpus teórico más o menos coherente para ser reconocidas en el tiempo, los gobiernos sostenidos por la mentira solo dependen de la capacidad de su líder para conducir a los fieles a través de cuantas mutaciones sean precisas para retener el mando. Como las orquídeas de Angleton, los supervivientes no necesitan ser los más aptos sino los que mejor engañan. Tanto es así que algún sesudo académico ha llegado a preguntar seriamente si la habilidad para sortear la verdad, esa especie de opiniones fuertes hiperlaxas, no será la virtud más necesaria hoy en día para un líder.

Uno de esos libros es el breve y magnífico ensayo de Alexandre KoyréLa función política de la mentira moderna, escrito en 1943 y olvidado durante 50 años. En el prólogo a la edición española, publicada por Pasos Perdidos en 2015, Fernando Sánchez Pintado indica que la calidad de una democracia se puede medir en función de la cantidad y tipo de falsedades públicas que circulan por ella “sin provocar la reacción del cuerpo social”. La cita contiene una idea fundamental: no es lo mismo, ni tiene las mismas consecuencias, estafar al ingenuo que lograr la resignación del que sabe que le mienten. Conseguir lo primero proporciona una victoria efímera -dura lo que tarda en descubrirse el engaño- y tiene que luchar contra contrapesos como la separación de poderes, las agencias independientes y la libertad de prensa. Lo segundo, por el contrario, proporciona largos años de poder incontestado -hegemonía lo llaman los cursis- ya que ha anulado a sus adversarios y convertido a sus víctimas en cooperadores.

Las últimas décadas han producido abundantes ejemplos de este arte del engaño incapacitante, desde el procés de Cataluña hasta la figura de Putin. En PosverdadMatthew d’Ancona recoge un retrato muy preciso de sus efectos: “las mentiras se repiten tan a menudo en Ostankino [canal de televisión controlado por el estado ruso] que al cabo de un rato uno se sorprende a sí mismo asintiendo con la cabeza, porque resulta muy difícil creer que estén mintiendo tanto y de una forma tan descarada, y (...) en algún nivel uno llega a la conclusión de que si es capaz de mentir tanto y quedar impune ¿no significa que tiene un poder real (...)?” O, como también señala Tom Baldwin en Ctrl Alt Delete, no es tanto el control de la información sino la capacidad de inundar al ciudadano con tal cantidad de informaciones contradictorias que termine por encogerse de hombros y rendirse.

La técnica del engaño
Del mismo modo que cuando hay una inundación lo primero que escasea es el agua, la forma más eficaz de anular la gravedad de un acto es esconderlo en un torrente de anuncios sin trascendencia real que sean escandalosos y provocadores. El rey de la desinformación es el cínico que no tiene nada que perder cuando se evidencian sus mentiras porque previamente ha desactivado a los jueces capaces de destronarle: los votantes. En La luz que se apaga, Krastev y Holmes señalan el temor de europeos y estadounidenses a que “lo que sucede en la Rusia actual acabe tomando forma en los países europeos mañana (...) a que nos estemos haciendo cada vez más parecidos -igual de cínicos y faltos de principios- de lo que nunca hubiéramos creído posible”.

La técnica del engaño es bastante exitosa, perdura mientras la economía resiste -aunque en los países más desdichados se cronifica más allá de toda miseria- y su precio puede ser muy bajo: renunciar a cualquier escrúpulo.

¡Viva la Constitución! ¡Viva la democracia! ¡Viva España!
Rosa Díez okdiario 6 Diciembre 2020

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que el título de “constitucionalistas” sólo se le adjudicaba a quienes vivíamos en una parte de España en la que la Constitución aún no había tenido una oportunidad.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que en Euskadi reivindicábamos la Constitución mientras que en el resto de España se celebraba institucionalmente, como una fiesta más en el calendario oficial.

Pero los tiempos han cambiado y no precisamente para bien. Hoy la Constitución no se puede “celebrar” expresamente en ningún lugar de España sino que necesitamos reivindicarla en todos y cada uno de los rincones de nuestra patria. Hoy la Constitución está en riesgo porque el presidente del Gobierno quiere cambiarla al modo de los dictadores, por la puerta de atrás, vulnerando la separación de poderes, incumpliendo los procedimientos de control y no respetando los procedimientos para reformarla con garantías democráticas. Hoy la democracia está en peligro porque el presidente del Gobierno de España ha puesto el futuro de nuestro país en manos de aquellos que han dedicado su vida a destruirla. Hoy la Constitución está en peligro porque el presidente del Gobierno considera “patriotas y valientes” a quienes han dado un golpe contra la democracia y han asesinado a 857 españoles porque eran nuestros escudos para defenderla.

El día en que se cumplen cuarenta y dos años desde que aprobamos nuestra Carta Magna es un buen momento para insistir en lo obvio: sólo con respeto al orden constitucional es posible vivir en democracia. Resulta intolerable que los propios gobernantes elegidos para defender el orden constitucional sean quienes más empeño ponen en convertirlo en un caos sin sentido. Quien ataca la Constitución vaciándola de contenido y debilitando su carácter de ley de leyes, ataca la libertad, la igualdad y la propia democracia. Y si quien perpetra ese ataque preside el Gobierno de la nación está cometiendo un acto de traición.

Así las cosas, la mejor manera de celebrar el día de la Constitución en este momento es expresando nuestra protesta contra un Gobierno que manipula las instituciones encargadas de velar por el mantenimiento del orden constitucional, o lo que es lo mismo, de velar por los derechos y obligaciones que han de ser iguales para todos los españoles. Porque sin justicia constitucional no hay democracia.

Hace unos años, siendo diputada, leí ante el TC un manifiesto en defensa de la Constitución que contenía estos párrafos:

“La unidad de la nación española que proclama nuestra Constitución no es otra cosa que la igualdad jurídica de todos nosotros tomados de uno en uno, como sujetos libres y miembros conscientes de la misma democracia. Y esta es, ciertamente, la unidad que pone en peligro la negación del orden constitucional a través de leyes y de acciones de gobierno que no nos consideran ciudadanos de la misma nación sino que, imponiendo obligaciones y deberes diferentes, convirtiendo privilegios en falsos derechos y arbitrariedades en falsas obligaciones, nos dividen en rebaños enfrentados donde lo que importa no es la libertad y la igualdad entre ciudadanos personalmente diferentes, sino la identificación cerril con un pensamiento obligatorio y uniforme que llaman, sin serlo, “identidad cultural”.

Con la excusa de contentar a nacionalistas descontentos por definición, de potenciar disparatados derechos de lenguas y territorios a base de restarlos a las personas, de reparar viejas heridas sentimentales y resucitados agravios históricos, de imponernos por nuestro presunto bien leyes sectarias que casi nadie reclama, los partidos que gobiernan España y numerosas comunidades autónomas protagonizan constantes ataques contra la Constitución. Sus esfuerzos por controlar y manipular la justicia, la Hacienda, los medios de comunicación y todas las demás instituciones públicas para ponerlas al servicio de sus intereses particulares, su contumacia en tomar decisiones claramente inconstitucionales, nos han conducido a una gravísima crisis política.

Cuando el orden constitucional está en peligro, también lo está la libertad de todos y cada uno de nosotros. Es el momento de que los ciudadanos conscientes digamos de nuevo basta ya, como muchos miles dijeron no hace tanto frente al terrorismo y al nacionalismo obligatorio en el País Vasco. Es el momento de exigir el cese de todo ataque contra la Constitución, y el fin del desacato de los gobiernos a las leyes y sentencias que no les gustan”.

Quien me iba a decir que en el año 2020, con otro Gobierno socialista, el epicentro de los ataques contra la democracia ya no iba a estar en Cataluña o en el País Vasco sino en el Palacio de la Moncloa. Quién nos iba a decir que el Gobierno de España iba a dejar de ser el consentidor de golpistas y proetarras para convertirse en el impulsor de la demolición del orden constitucional…

Hoy nuestra democracia está amenazada no por sus tradicionales enemigos sino por los que desde las más altas instancias del Gobierno están poniendo en peligro los valores supremos que debe preservar el orden constitucional de la España democrática. Hoy nuestra democracia está amenazada por quienes desde el Gobierno de España buscan dividir a los españoles para acabar con la igualdad y la solidaridad entre nosotros, por quienes pretenden levantar fronteras artificiosas en nombre de mitos y prejuicios que encubren sus turbios intereses de poder.

Por eso hoy que constatamos que los enemigos de nuestra democracia no necesitan el uso de la violencia porque tienen el Boletín Oficial del Estado en sus manos hemos de gritar más fuerte que nunca, desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande de España: ¡Viva la Constitución! ¡Viva la Democracia! ¡Viva España!.

Armonización fiscal, el apodo 'cool' para perpetrar el enésimo saqueo a la clase media
Daniel Rodríguez Asensio Libertad Digital 6 Diciembre 2020

Este 2020 va llegando a su fin, y con él nuestro país pasará a la historia por ser uno de los que peor gestionaron la peor pandemia del siglo XXI y también por ser el subcampeón mundial en términos de destrucción de la riqueza nacional.

Mientras el gobierno de España aplaude a su presidente por volver de Bruselas con un rescate que cinco meses después aún seguimos sin saber si llegará; mientras en Europa y en buena parte del mundo están afrontando la crisis bajando impuestos y liberalizando sus economías; mientras organismos independientes como el Banco de España o el FMI alertan a España de que subir los impuestos en medio de una crisis como la que vivimos es contraproducente… el gobierno de coalición sigue adelante con su hoja de ruta liberticida.

La legislatura es tan débil que era necesario llegar a cualquier tipo de acuerdo con tal de sacar adelante los presupuestos. Unos presupuestos, debemos recordarlos, que deberían ser para 2021 y no hasta 2023, como todo indica que va a ser. El caso es que la familia Frankenstein que compone el gobierno ha crecido, y con ella los Presupuestos Generales del Estado 2021 han salido adelante.

Gabriel Rufián, Diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, ha llegado a hablar de un cambio de era. Algo con lo que no estoy de acuerdo. Estos presupuestos son exactamente la misma colección de fracasos que lleva aprobando la izquierda años, y que quiere acabar con cualquier atisbo de libertad en España.

El último objetivo ha sido la famosa "armonización fiscal", un eufemismo para maquillar una subida de impuestos generalizados que supone un ataque, en primer lugar, contra ka Comunidad de Madrid, que es la única región en la que el impuesto sobre el patrimonio y el de donaciones y sucesiones están de facto eliminados.

Pero también carga contra las clases medias y bajas. Son ellos los que van a pagar esta subida. Las grandes fortunas podrán modificar su residencia fiscal fuera de España y, con ello, esa actividad económica y la recaudación asociada no se irán a ninguna otra comunidad autónoma. Sencillamente, saldrán del país.

Tanto es así que en regiones donde estos impuestos son bajos no sólo se recauda más, sino que también se renuncian a menos herencias. ¿Los ricos? No. La gente más necesitada, que es quien no puede pagar el impuesto sobre una vivienda heredada, por ejemplo, sin antes venderla.

Todo lo anterior sin olvidarnos de Europa, cuyos modelos tributarios ya han superado desde hace años estas figuras propias de la década de los ’80. Tanto es así que el impuesto de sucesiones y donaciones no existe o es residual (recaudación inferior al 0,1% del PIB) en 23 países de la OCDE. En cuanto al impuesto de patrimonio, tan sólo existe en países como Francia o Italia para bienes inmuebles y para bienes extranjeros, respectivamente.

Por supuesto, también supone el enésimo ataque a la Constitución Española, que en su artículo 156.1 dice, textualmente: "Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".

El gobierno de Pedro Sánchez ya ha atacado a Madrid retrasando injustificadamente el paso de Fase 0 a la Fase 1 de la desescalada. También lo hizo con un estado de alarma arbitrario que supuso el confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid.

Ahora que se ha demostrado la inutilidad de estas medidas, que Madrid es una de las 3 regiones en las que cae el paro y que caen las personas en un ERTE, frente a las 78.000 que se han incorporado a esta forma de desempleo encubierto en Cataluña, hay que asestar un ataque estructural a la libertad financiera e individual de los madrileños.

Madrid es un bastión liberal desde hace décadas. Sus políticas funcionan y son el ejemplo de que la libertad es mejor para la gente que el intervencionismo. El propio Consejero de Hacienda de la Comunidad de Andalucía ha afirmado recientemente que "por cada euro que dejamos de recaudar en el impuesto de sucesiones hemos ganado cuatro euros en IRPF".

Por eso la Comunidad de Madrid es la región que más recauda en el tramo autonómico del IRPF, a pesar de tener los tipos nominales más bajos. Es la región más competitiva de España, con una tributación baja y menos trabas burocráticas de otras regiones y, como consecuencia, hay más actividad económica, más prosperidad y más recaudación.

Tanto es así que cada madrileño paga 1.150 euros más por IRPF que la media española. ¿Más tributación? No. Más libertad, más progreso y más actividad económica.

Madrid no es un paraíso fiscal. A lo sumo, es un refugio fiscal, o el infierno fiscal más llevadero de las comunidades que están integradas en el sistema de financiación regional.

Es cierto que España necesita una reforma tributaria. En esta columna lo hemos defendido hace meses. Pero lo que no puede ser es hacer un ejercicio hipócrita de cherry picking y recoger las figuras tributarias de nuestros comparables al antojo de burócratas cuyo único objetivo es permanecer en el cargo. Si queremos añadir tributación orientada a una economía sostenible o a una economía más digital tenemos que eliminar figuras tributarias obsoletas y que hacen una redistribución inversa (pagan los que menos tienen), como ya han hecho en Europa y en buena parte del mundo desarrollado.

Dar la llave del gobierno a quienes quieren romper España es un error político que pagaremos durante años. Un comunista expreso se ha propuesto coser un gobierno formado por separatistas e independentistas y el presidente lo está permitiendo. A nadie debería sorprender, por lo tanto, que lo que quieran sea el mal para España y no el bien para sus territorios.

Porque eso es lo que está ocurriendo con la armonización fiscal. Quienes la apoyen no sólo serán cómplices de un saqueo al bolsillo del contribuyente, sino también al perjuicio voluntario de nuestra patria. La factura la pagaremos usted y yo.

Juan Carlos I, un rehén en el exilio de Abu Dabi
Jesús Cacho. vozpopuli  6 Diciembre 2020

A primeros de año, antes de que la pandemia empezara a dar la cara, la señora vicepresidenta del Gobierno empezó a llamar a la puerta de Zarzuela con la exigencia de que el rey emérito tenía que abandonar las dependencias palaciegas porque los detalles sobre sus cuentas suizas, que ya inundaban los medios, hacían insostenible su presencia junto al jefe del Estado. Pero, tras hacer pública su renuncia (15 de marzo) a la herencia de su padre “que personalmente le pudiera corresponder” y retirarle la paga que percibía de los Presupuestos de la Casa Real, Zarzuela se dedicó a dar largas, hilo a la cometa en la esperanza de que tan drástica decisión aplacara los ánimos de Pedro & Pablo. Al quite tras descubrir el filón, Iglesias llegó a acusar a Sánchez de encubridor, lo que no hizo sino aumentar la presión sobre una Carmen Calvo más cabreada cada día que pasaba con un silencio que juzgaba intolerable ninguneo. El jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, no se había quedado cruzado de brazos, barajando posibles soluciones a un problema que a nivel familiar suponía un desgarro emocional importante. Se habló de buscarle acomodo en alguna finca privada bien pertrechada, pero la alternativa se descartó por irreal y porque no satisfacía las crecientes exigencias del Gobierno: el Emérito no solo debía salir de Zarzuela sino que tenía que abandonar España. Culpable de haber traicionado a Franco facilitando la llegada de la democracia, Juan Carlos I tenía que marcharse al exilio en justo castigo al pecado capital de su insaciable codicia.

El propio Sánchez echó su cuarto a espadas aludiendo a la publicación de “informaciones inquietantes y perturbadoras” en torno a Juan Carlos I, y exigiendo a Zarzuela “pasos a favor de la transparencia y la ejemplaridad”, un lenguaje equívoco que no pretendía sino enmascarar la dureza de las presiones, a cara de perro, que Moncloa estaba ejerciendo sobre Zarzuela para forzar la salida del Emérito. Presiones que culminaron el día en que la señora Calvo se plantó en Zarzuela delante de Alfonsín y le espetó que el Gobierno estaba hasta el moño y que ese señor tenía que salir de España de inmediato, para no volver “por lo menos mientras nosotros estemos en el poder”. Y así fue como el 3 de agosto, el rey emérito abandonaba España con destino desconocido después de haber pasado un fin de semana en aguas de Sangenjo (Pontevedra). No había cruzado a Portugal, como se aventuró. Felipe VI había llamado al presidente portugués, Rebelo de Sousa, para plantearle la posibilidad de que el país vecino, donde se crio al lado de don Juan de Borbón, acogiera a su padre, pero Marcelo se excusó con cierta aflicción: habiendo sido expulsado por el Gobierno de España, para Portugal iba a resultar “incómodo” que Juan Carlos se instalara en Estoril o alrededores.

Dos semanas después se supo que se hallaba en Abu Dabi, dando inicio a un exilio tan dorado como aburrido, insoportable para quien ha vivaqueado con todos los honores por “el país más rico del mundo” entre el aplauso de una ciudadanía a la que tan agrazmente traicionó sin motivo alguno. Un exilio triste, como el que 89 años antes iniciara su abuelo Alfonso XIII tras abandonar el Palacio Real de Madrid camino de Cartagena, y como el que 152 años antes emprendiera desde San Sebastián, tras haber tomado los baños estivales en Lequeitio, su tatarabuela Isabel II, la reina castiza, víctima de “una combinación explosiva de amantes, curas y monjas milagreras” (Isabel Burdiel), para instalarse en un París en el que moriría carcomida por la añoranza, cocido todos los días como plato único, incapaz de aprender una sola palabra de francés: “¿Qué había de hacer yo? tan jovencilla, reina a los catorce años, sin ningún freno en mi voluntad, con todo el dinero a mano para mis antojos, no viendo a mi lado más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más que voces de adulación que me aturdían. ¿Qué debía hacer yo…? Póngase en mi caso, don Benito” (entrevista a Pérez Galdós en el parisino palacio de Castilla).

No ha hecho falta esta vez ningún pacto como el que el 16 de agosto de 1866 firmaron en el balneario de Ostende los líderes progresistas y demócrata-republicanos para acabar con el reinado de “La de los tristes destinos”. A Juan Carlos I le ha sacado de Zarzuela una conducta delictuosa y un Gobierno de izquierda radical al que sostienen todos los enemigos de nuestra Constitución. Otra vez en la historia de España un nuevo Borbón inicia el camino del exilio dejando al heredero, Felipe VI, en una situación muy delicada, tanto como la de la propia institución, convertida hoy, junto a un buen puñado de jueces y fiscales, en el último baluarte constitucional frente al devastador huracán revolucionario que se nos viene encima. Con Juan Carlos I forzado al exilio, más que una ironía resulta una falta de vergüenza el hecho de que Iglesias le haya acusado de “haber huido”.

La cabeza de la hidra
Ha sido el Emérito la cabeza de la hidra de la gran corrupción que ha asolado este país durante décadas, un veneno que se fue extendiendo de arriba abajo cual mancha de aceite hasta contaminarlo todo (escándalos del felipismo, del aznarismo, del pujolismo…). El Emérito es hoy la vía de agua en el casco de la Corona que un Gobierno dispuesto a acabar con el régimen constitucional se ha propuesto utilizar a fondo para que en el pecio entre el líquido necesario hasta lograr hundirlo. El eslabón débil de la cadena monárquica que hay que romper para arrinconar definitivamente a la institución. De modo que en su exilio de Abu Dabi se ha convertido en un rehén del Gobierno de Pedro & Pablo con el que mantener permanentemente sometido a chantaje a Felipe VI. El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha venido a desautorizar a Iglesias al afirmar el lunes que si los tribunales reclamaran la presencia de Juan Carlos I en España “no tardará ni un minuto en venir”, maniobra enjundiosa, trampa saducea, porque mal si se negara a regresar y peor si llegara a hacerlo: imaginar al Emérito en el banquillo supondría un shock de opinión pública que la institución no podría soportar sin tambalearse. Luis XVI subiendo los peldaños del patíbulo en la plaza de la Revolución.

Que este Gobierno pretende aprovechar el viaje a los infiernos de un rey echado a perder por el apetito sin freno de dinero para acabar con la institución lo avala el hecho de las tres “investigaciones preliminares” (Campo dixit) que la Fiscalía del Supremo mantiene abiertas y a las que no acaba de dar carpetazo a pesar de que, como tantos opinan en la carrera fiscal, no hay caso para llevar al Emérito al patíbulo de un juicio público. La comisión del AVE a La Meca es episodio ocurrido cuando al susodicho le amparaba la inviolabilidad de que gozó, artículo 56.3 de la CE, hasta su abdicación en junio de 2014. Inviolabilidad más prescripción. No hay tribunal capaz de demostrar blanqueo en las tarjetas black, segunda “investigación”, de que dispusieron los miembros de la familia real para abonar sus gastos, en tanto en cuanto el millonario mexicano Allen Sanginés-Krause, el verdadero testaferro, sostenga que ese fue un regalo por él gustosamente realizado a sus queridos Borbones. Y la fortuna oculta en Jersey podría terminar, en el peor de los casos, con el pago de una multa a Hacienda. Pero alguien con poder suficiente se opone al cierre de estas “investigaciones”. A este Gobierno le interesa mantener vivas las vías de presión sobre Felipe VI.

Es la Fiscalía, a las órdenes de Lola Delgado, la novia de Baltasar Garzón, Justicia mayor del reino, quien, siempre que el Gobierno se engancha en alguno de sus diarios delirios, esos escándalos que la ciudadanía trasiega sin pestañear un día tras otro, filtra a los medios la marcha de las investigaciones que en Suiza lleva a cabo el fiscal Bertossa y que este remite a sus colegas del Supremo en Madrid. Filtra a conveniencia. Todos son gastos del pasado o movimientos de fondos entre cuentas, ningún ingreso nuevo procedente de fechoría cometida tras la abdicación. Las participaciones del monarca en empresas del Ibex, por ejemplo, un asunto sin el menor glamur. Como todo enterado en Madrid sabe, la cartera de inversiones bursátiles del monarca se parece como dos gotas de agua a la de su íntimo amigo Alberto Alcocer, auténtico intendente real tras la retirada de Manolo Prado. Ningún misterio. No era sin embargo Alcocer, negado como broker, quien tomaba las decisiones, sino el inevitable Arturo Fasana, el hombre tras la cuenta “Soleado” en la que se esconden los notables, básicamente madrileños y catalanes, que durante décadas sacaron su pasta a Suiza previo paso por una oficina sita en el Paseo de la Castellana junto al Santiago Bernabéu.

Circula estos días insistente el rumor de que el Gobierno está apretando en palacio y por vía indirecta al propio Emérito para que renuncie al título de rey, con el argumento de que esa renuncia, que convertiría al monarca en el ciudadano Juan Carlos de Borbón, aliviaría la tensión que sufre la institución en la persona de Felipe VI y podría, pasado el tiempo y saldados los pleitos con Hacienda, facilitar su vuelta a España. Y hay quien sugiere que esa idea podría estar siendo contemplada con agrado por el propio Felipe VI y su entorno. Obstáculo legal a resolver: para que el Emérito renuncie al título es necesario que el Gobierno apruebe un Real Decreto que, como su nombre indica, tendría que firmar su hijo. ¿Qué tipo de Decreto? Uno que modificara el RDL 470/2014, de 13 de junio, publicado en el BOE del 19 de junio de 2014, regulando el régimen de títulos, tratamientos y honores de la familia real, y cuyo artículo único dice que “Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias…” Peccata minuta para un Ejecutivo acostumbrado a gobernar al margen del Parlamento y a base de decretos.

Hacia la República Plurinacional
Iglesias no va a soltar esta pieza. Él y el bloque de poder que apadrina dentro de “la banda” que acompaña a Sánchez, el formado con EH Bildu (Otegui) y ERC (Junqueras), están dibujando a pasos acelerados un escenario pre-constituyente según el cual estos 40 años de democracia han sido un señuelo, un placebo de democracia impuesto por el franquismo resiliente con el que hay que acabar de una vez por todas para ir a una “democracia popular” en forma de república plurinacional. Y cuando, al final de esta legislatura cuya vida va a garantizar la aprobación de los PGE 2021, llegue el momento de acudir a las urnas en una España que no la conocerá ni la madre que la parió, en ese momento ese bloque de poder, del que Sánchez (porque el PSOE no cuenta, apenas unas siglas vacías de las que se ha apoderado este asalta caminos) podría ser eje central a su particular conveniencia, planteará los comicios como un plebiscito Monarquía-República, de donde se infiere que a la coalición gobernante le interesa mantener a Felipe VI cociéndose a fuego lento en el pil-pil de Zarzuela, para darle el empujón definitivo en el momento procesal oportuno. Para eso vale Juan Carlos I en el exilio de Emiratos Árabes Unidos.

Netflix derrota la estrategia independentista de imponer el catalán en los medios
La plataforma contaría con más de 2 millones de usuarios en la región, donde la Generalitat ha invertido muchos millones de euros para promover el catalán en los medios y en la cultura. En Netflix, su uso es residual
Laura Fàbregas vozpopuli.es 6 Diciembre 2020

Son muchos millones de euros los que ha invertido la Generalitat durante las últimas décadas para promover la utilización del catalán en todos los ámbitos de esta comunidad autónoma, en detrimento del español, hablado por 480 millones de personas en el mundo. Durante este tiempo, se han concedido subvenciones directas a la edición de publicaciones en este idioma y se han organizado todo tipo de acciones políticas, pues el nacionalismo considera que esta lengua corre el peligro de desaparecer, pese a que el 94% de la población de Cataluña lo entiende, el 81,2% lo sabe hablar, el 85,5% lo lee y el 65,3% lo escribe.

Esta estrategia se ha topado con la aparición de grandes multinacionales del entretenimiento que utilizan el catalán de forma residual, pues su propósito es hacer negocio y el español ofrece más posibilidades en ese sentido. Estas plataformas han ganado poco a poco importancia en estos años, hasta el punto de que se estima que Netflix posee 2,2 millones de usuarios en Cataluña, tal y como se expresa en este artículo y como se puede deducir de los datos recabados por la Dirección General de Política Lingüística del Departamento de Cultura de la Generalitat.

De acuerdo con una reciente encuesta de esta institución, Netflix está presente en el 80% de los hogares que tienen contratadas plataformas de pago, seguida de Amazon Prime, con el 34%, y HBO, con el 21%. Esto implicaría que, aproximadamente, entre todas estarían presentes en 3,8 millones de casas en esta comunidad autónoma.

Con la 'globalización' del entretenimiento, se ha dificultado la estrategia del nacionalismo catalán de impulsar este idioma en todo tipo de altavoces públicos.

Los datos del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) permiten deducir que los medios convencionales a los que con tantos fondos públicos ha apoyado la Generalitat ya no tienen el monopolio de la información y del entretenimiento. Es cierto que las plataformas de contenidos bajo demanda (OTT) no realizan informativos. Ahora bien, cuentan con diversos documentales cuya línea editorial no parece tan sesgada como algunos trabajos que se emitieron en TV3, como el documental Hola, Europa, emitido en 2013 y el cual sólo incluía voces favorables a la independencia de Cataluña.

En 2019, la emisión más vista en TV3 obtuvo una audiencia de 1,4 millones de espectadores y fue el programa especial emitido en la noche de las elecciones del 28 de abril. La siguiente fue un partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid (Copa del Rey) que se jugó el 6 de febrero y que convocó frente al televisor a 1,1 millones de personas.

'Star system' catalán
Los últimos presupuestos aprobados por el Parlamento catalán destinan 253 millones para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que engloba a la televisión y radio públicas autonómicas. Pese a la relevancia de la partida presupuestaria, TV3 sufre del mismo fenómeno que afecta a la televisión convencional: el público joven tiene otras formas de consumir contenido de entretenimiento. Y en otras lenguas.

Además, las asociaciones subvencionadas por el Ejecutivo catalán en contra del bilingüismo, como Plataforma per la Llengua, la entidad que pide que con al ley Celaá se obligue a usar el catalán fuera de las aulas: en el recreo, comedor y en las extraescolares, tienen a Netflix en su punto de mira.

La autodenominada ONG catalana lanzó una campaña contra la plataforma audiovisual por no disponer en su catálogo de películas en catalán o dobladas en esta lengua. Y es un tema que preocupa también al Gobierno catalán.

De hecho, empresarios del mundo cultural catalán y afines al nacionalismo, son conscientes de cómo las principales instituciones y medios catalanes no pueden competir con Netflix. Así lo aseguraba el empresario Oriol Soler, próximo a ERC e investigado por la justicia por ser uno de los 'cerebros' en la sombre del 1-O, al afirmar que "tiene más suscritores Netflix en Cataluña que Òmnium Cultural, el Barça y el diario Ara juntos".

Con los datos en la mano, Òmnium Cultural presume de tener 182.633 socios, mientras que el F.C. Barcelona se situaría en los 143.459 socios y el diario Ara en los 44.000 suscritores. Se trata de unas cifras muy por debajo de las que logra la plataforma de pago.


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