AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 9  Diciembre  2020

¿Militares cadavéricos? No. Políticos hediondos.
Julio Ariza rebelionenlagranja  7 Diciembre 2020

Cobardes, octogenarios, cadavéricos…y, por supuesto, fascistas. ¿Alguien da más? Con ese desprecio se refieren desde este gobierno de chiquilicuatres y desde sus terminales mediáticas al medio millar de altos mandos militares jubilados que han remitido al Rey Felipe VI cartas para manifestar su preocupación por la deriva nacional. Son legítimos “memoriales” de denuncia (“no he de callar por más que con el dedo”) de quienes juraron servir a España de por vida (quizás a Sánchez le extrañe que haya personas que cumplan su palabra) y que han tenido el arrojo de no callar ante el ataque desplegado por el gobierno a las instituciones, al orden constitucional y a los derechos de los españoles. Lo hacen como particulares, personas jubiladas en el lícito ejercicio de su libertad de expresión.

Pero la voz de ese medio centenar de viejos soldados españoles, los quinientos, representa mucho más de lo que se les atribuye desde el gobierno.

No; no se trata del último suspiro de cuatro gatos decrépitos, atrabiliarios y golpistoides. Se trata de soldados de honor y de ciudadanos de primer orden. La generación que ahora protesta es la misma que transformó el ejército salido de la guerra en unas Fuerzas Armadas de todos los españoles y a la altura de la U.E. Una generación que transformó un ejército basado en el reemplazo en otro de profesionales. Probablemente sea el cuerpo de servidores públicos que más ha cambiado y se ha modernizado. Son, quizás, una de las pocas élites que todavía nos quedan: españoles bien formados profesional y moralmente. Pasan un proceso de selección para el ingreso que ningún político superaría. Luego se encierran en esas Universidades que son las Academias (la General y las de cada Arma), donde viven en régimen de internamiento, sacrificio y exigencia. Hablan idiomas, participan en misiones internacionales, están sujetos a procesos de formación continua, pasan reválidas, están integrados en la OTAN, son internacionalmente queridos y respetados. Si alguien pensó desde la vicepresidencia segunda que el ejército español está integrado por diosdaos cabellos, corruptos y desleales, erró en el cálculo gravemente. Ni profesional ni moralmente son equiparables.

Si a alguna institución le deben los españoles la pervivencia del régimen constitucional y de sus libertades, más allá del Rey, es a esta generación de militares. Por eso es la institución mejor valorada en todas las encuestas y tienen quizás más legitimidad democrática que nadie (o que muchos) para alzar la voz.

Y quizás también porque es la institución que mejor custodia las virtudes. Los militares españoles tienen acreditado en su haber la lealtad, la caballerosidad, la rectitud de conducta, la honestidad, la probidad, la integridad, el honor (vieja virtud al alcance de pocos) y la vocación de servicio. Respetan el pasado. Respetan a sus mayores. No por jerarquía, sino por formación moral. Y les admiran. De tal manera que el ataque y el desprecio a los quinientos es vivido como un ataque a sus mayores, respetables, impecables, dignos de toda consideración y, en todo caso, a años luz de quienes blanquean a ETA, gobiernan para los independentistas y quieren derribar la Corona, terminar con la independencia judicial y enterrar espuriamente el régimen democrático.

Los jubilados de los ejércitos están alzando la voz en defensa de la democracia.

Sin duda, la sobreactuación del gobierno y sus socios, insultando a los viejos soldados (algo no visto nunca ni en España ni en ningún país Europeo) indica varias cosas; la primera es una ínfima condición moral (despreciar a los viejos es de seres abyectos); la segunda es preocupación (saben que no son cuatro delirantes sino que expresan un desasosiego real), la tercera es ignorancia (desconocen la cadena de afectos militares, el compañerismo, la lealtad y el respeto a los mayores) y la cuarta es estulticia, la necedad de los gobernantes que piensan que pueden descomponer la nación más vieja de Europa en veinticuatro horas y sin que nadie alce la voz.

Estos “cadavéricos” (así llaman en Moncloa a los quinientos) acaban de poner sobre la mesa una fórmula para la protesta civil (no militar) que jubilados de otros cuerpos del estado podrían empezar a replicar.

¿Y si empezaran a aparecer cartas de centenares servidores públicos jubilados de distintos cuerpos, como los de jueces, fiscales, catedráticos, abogados del estado, diplomáticos, administradores civiles, inspectores de trabajo y de hacienda, policías, guardias civiles y otros funcionarios?

¿Viejos, caducos, octogenarios, cadavéricos?
España es un país de casi 9 millones de jubilados. Hasta la fecha han estado callados. Y es una generación mucho mejor preparada que la que nos gobierna. Cuando Lastra gritó aquello de “ahora nos toca a nosotros” estaba proclamando la eutanasia política. Ahora en Moncloa les llaman los “cadavéricos”. Ser o no ser, he ahí el dilema.

Parafraseando a Machado y sus terribles versos de Castilla: clase política miserable, hoy dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora.

La Constitución, acorralada
Santiago Navajas Libertad Digital 9 Diciembre 2020

Cuando murió Franco, una serie de hombres clarividentes tuvieron una intuición de lo que exigía una España contemporánea. Enterraron una forma de entender España consistente en aniquilarse mutuamente. Eran hombres prácticos y políticos, por lo que esta intuición actuaba de una manera inconsciente, salvo quizás en Torcuato Fernández-Miranda. Varios de ellos se organizaron para redactar una Constitución que pudiera satisfacer, mal que bien, a fachas y rojos, a nacionalistas del terruño y patriotas del concepto, a monárquicos constitucionales y republicanos jacobinos. Con el paso del tiempo, en Madrid llegarían a mirarse a no demasiada distancia las estatuas de Franco y Largo Caballero, como símbolos en piedra y bronce de que la España cainita que había retratado Manuel Chaves Nogales en A sangre y fuego había enterrado el hacha de guerra.

La Constitución se ha mostrado durante estos años lo suficientemente flexible para resistir los sucesivos embates del golpismo militar, los nacionalismos sediciosos y el terrorismo de extrema izquierda. Cualquier Ley Fundamental tiene que ser modificada como un navío en alta mar, que no puede fondear en dique seco, y nosotros somos como los marineros, que debemos tener cuidado al quitar una viga porque debemos colocar otra de recambio inmediatamente, usando el mismo barco como soporte, ya que corremos el riesgo de irnos todos a pique. En estas condiciones, hemos de confiar en los ingenieros que diseñaron el barco y tener cerca a carpinteros experimentados, antes que a unos nuevos ingenieros que pretendan convertir el mercante en un destructor, porque lo más seguro es que terminemos hundiéndonos.

Tras Tejero, ETA y Puigdemont, podría esperarse que la Constitución fuese viento en popa. Nada más lejos de la realidad. El barco constitucional hace aguas por todas partes, en el CGPJ, en la Generalidad y, lo que es peor, en la Moncloa. Los optimistas en esta situación son como los troyanos que celebraron la rendición de los griegos e hicieron una fiesta alrededor del caballo que les había regalado Agamenón siguiendo el consejo de Ulises. Porque los que comprendieron que no podían destruir la Constitución han pasado a un plan más sutil pero no menos siniestro: deformarla hasta quebrar su sentido, pero de modo que no haga falta ni modificar ni una coma. Ahora que los enemigos de la Constitución –de comunistas partidarios de Lenin a nacionalistas simpatizantes de ETA– se han convertido en aliados del Gobierno, le llega al texto fundamental su prueba más dura: el sabotaje. El plan pasa por controlar la educación, véase la Ley Celaá; manipular la Judicatura, a través de la ideología de género y el acoso a los jueces independientes, que serán tachados de “enemigos del pueblo”, y silenciar a los medios críticos, como hemos visto con el veto publicitario a Libertad Digital por parte de Loterías del Estado.

En una entrevista en el Abc, explica Fernando Suárez que “votar que no [a la Constitución] habría sido hacer imposible la vida constitucional”. El 17 de noviembre de 1976, tras el debate en el que Suárez defendió la transición a un régimen democrático, mientras Blas Piñar y Fernández de la Vega se decantaban por el inmovilismo, Diario 16 tituló: “El búnker, acorralado”. Estamos cerca del 50 aniversario de la Constitución y la vida constitucional se ha degradado hasta convertirse en un zombi. Hegel, en su Introducción a Lecciones de Filosofía de la Historia, apostilló: "Nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión". Pero, cuidado, que grande es tanto la construcción como la destrucción, el bien como el mal, Jefferson y Robespierre, Churchill y Lenin, Camus y Sartre, Hayek y Marcuse... Felipe VI y Pablo Iglesias. Necesitaremos una gran pasión positiva para sacar a la Constitución del atolladero en el que la han metido unos políticos sectarios, unos jueces cobardes, unos intelectuales traidores y unas masas que, una vez más, optan por la servidumbre voluntaria.

La Constitución es irreformable
José García Domínguez Libertad Digital 9 Diciembre 2020

La rutina, como cada año por estas fechas, ha vuelto a repetirse. Así, los arbitristas orgánicos de guardia, tanto los adscritos a las derechas como sus pares en la izquierda, de nuevo han desempolvado la cantinela tan manida de siempre, a saber: que procede una reforma constitucional, y de hondo calado, a fin de resolver con un poco de tinta china y un trozo de papel el problema secular de la invertebración nacional hispana. Desde hace algo más de dos siglos, el genuino deporte nacional no es, como se cree, el fútbol, sino esa costumbre consuetudinaria de proponer reformas y más reformas de la norma constitucional de turno. Un afán particularmente ocioso en el caso de la ahora vigente. Obsesión inane, sí, pues nadie se plantea qué sentido tiene insistir con los proyectos de reforma en tal o cual dirección de la Carta Magna sí, se altere en la dirección que se altere, nuestro ordenamiento jurídico carece de mecanismos en verdad eficaces a fin de obligar al poder político a cumplir su letra y espíritu.

Desengañémonos, la Constitución no se puede reformar en su apartado más problemático, o sea el Título VIII, porque el mecanismo que ella misma prevé para abordar esa empresa, el que se regula el artículo 167, exige consensos amplísimos, hoy inimaginables, para poder tocar una sola coma del régimen autonómico. Seguir fantaseando con eso, tal como hace Vox, no es más que perder el tiempo. Olvidémonos de tocar la Constitución, pues, y centrémonos en el empeño, mucho menos vistoso pero infinitamente más eficaz, de promover fórmulas jurídicas para garantizar el sometimiento de los poderes públicos a lo que en ella se prescribe. No puede ser, por ejemplo, que el idioma español se pudiera prohibir en las aulas de Cataluña en su día, hace lustros, solo porque un Ejecutivo del Partido Popular presidido por José María Aznar no quiso presentar un recurso de inconstitucionalidad contra aquel atentado cometido por Jordi Pujol. Eso no puede ser. A fin de cuentas, el problema no es la Constitución, sino los órganos encargados de hacerla cumplir.

Con lo muy sencillo que sería habilitar a los jueces ordinarios para que, tal como ocurre en Estados Unidos, dejasen sin efecto la aplicación de toda norma, autonómica o estatal, que presumieran contraria a la Constitución. ¿Alguien comprará la idea?

Zapatero: señuelo solemne
Emilio Campmany Libertad Digital 9 Diciembre 2020

Zapatero ya no oculta que no es un mediador neutral sino un lacayo del régimen chavista. Él sabrá lo que cobra por sus servicios. Lo más probable es que lo fuera y lo cobrara desde el principio. Aparentemente, nuestro Gobierno se ha distanciado de él, pero no lo ha desautorizado. Al contrario, ha declarado que respeta su actitud, aunque niega que coincida con la suya. Esto permite a la ministra González Laya y a Josep Borrell, al frente de la diplomacia europea, mantener una posición aparentemente opuesta al régimen chavista diferente de la de Zapatero, que lo defiende. Y permite igualmente que los países de la UE se adhieran a ella.

Pero lo importante de las declaraciones de la ministra y del encargado de la diplomacia europea no está en lo que han dicho sino en lo que no han dicho. Y lo que no han dicho es si seguirán apoyando a Juan Guaidó cuando tomen posesión de su cargo el 5 de enero próximo los nuevos miembros electos de la Asamblea Nacional y el hecho prive técnicamente a Guaidó de su condición de presidente de la cámara legislativa y por ende de su puesto de presidente interino de Venezuela. Ése es el verdadero objetivo de las elecciones legislativas convocadas por Maduro y celebradas el domingo pasado. Dado que España y toda Europa, por deseo de Borrell ministro y de Borrell representante diplomático europeo, siguen manteniendo relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro por aplicación de la Doctrina Estrada, cuando la Asamblea Nacional tenga un nuevo presidente, aunque traiga causa de unas elecciones fraudulentas, la posición de Guaidó caerá por sí sola. Y lo hará gracias a la política impuesta por los socialistas españoles desde Madrid y Bruselas y no por la destemplada actitud de Zapatero.

Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, ha declarado expresamente que Washington seguirá reconociendo a Guaidó como único presidente legítimo de Venezuela después del 5 de enero, pero es muy probable que esta política cambie cuando, a partir del 20 de enero, tome posesión Joe Biden.

El servicio que está prestando pues Zapatero al comunismo internacional no es tanto el de respaldar sin tapujos al régimen chavista como el de ser el contrapeso de la sibilina actitud del Gobierno de España y de Borrell. Apartándose del atrabiliario apoyo de Zapatero, los socialistas españoles aparentan oponerse a la dictadura bolivariana por contraste con él, cuando en realidad para lo que trabajan es para que Guaidó pierda su condición de presidente interino y el régimen supere el peligro de caer que soportó cuando fue reconocido por las democracias internacionales. Luego bastará pactar una transición que, aparentando cambiarlo todo, apenas cambie nada, que es de lo que ya han empezado a hablar. Pobre Venezuela, tan lejos de Dios y tan cerca del socialismo y el comunismo españoles.

Conflictos lingüísticos: Podemos contra la lengua inglesa
Diego Vigil de Quiñones Otero okdiario 9 Diciembre 2020

Por si no teníamos bastante con el conflicto lingüístico existente en los territorios bilingües de las Españas, Podemos abrió la semana pasada en la Asamblea de Madrid otro frente: propone que en la Comunidad de Madrid sea lengua vehicular obligatoria el español, incluso en los centros bilingües donde es lengua vehicular el inglés. A decir de Podemos, el uso del inglés como lengua vehicular puede producir una segregación perjudicial para las familias cuyos progenitores no dominan el inglés para ayudar a sus hijos, o bien carecen de medios para pagar clases de refuerzo. Pienso que el tema merece tres anotaciones.

La primera, que sorprende día a día la alergia de los comunistas a la libre elección. Siempre quieren planificar todo, en lugar de dar primero una oportunidad a la libertad humana. En el caso que nos ocupa, sería conveniente dar la oportunidad de que cada familia eligiera la lengua vehicular que le venga en gana, y luego ya veremos si el hipotético desajuste se soluciona con una medida intervencionista o con medidas complementarias. Por ejemplo ¿por qué no aumentar las escuelas de idiomas, en lugar de pretender tantas imposiciones sobre la lengua vehicular?

En segundo lugar, puedo admitir que los comunistas siempre buscan un bien mayor como es la igualdad, aunque con frecuencia sus políticas producen el efecto contrario. Así, no podemos negar la segregación de la que hablan, como tampoco que en Cataluña el catalán puede crear un ámbito exclusivo segregado para los burgueses catalanes. Por esta razón, la izquierda catalana siempre ha querido igualar en el uso del catalán. Pero entonces, lo razonable sería que la medida que se toma contra los burgueses sea la misma en Castilla que en Cataluña: o limitar su lengua franca, o promoverla entre todos. Sin embargo, estos señores pretenden que la solución en Cataluña sea imponer el catalán a los castellanohablantes, y en Madrid sea imponer el castellano a los privilegiados, en lugar de dar más inglés a quien no lo tiene. Se podrá razonar que en Cataluña el catalán es la lengua materna de esos burgueses, cosa que no sucede con el inglés en Madrid. Pero eso no es del todo cierto, pues gran parte del alumnado de los liceos extranjeros en Madrid está compuesto por hijos de extranjeros que quieren educar a sus hijos en su lengua materna. Esto nos lleva a la tercera cuestión.

La mejor solución sería más libertad. Junto a esto, pienso que se debe garantizar el derecho humano de todos a desenvolverse en su lengua materna, preservando con ellos las lenguas nacionales. Obviamente esto es muy complicado aplicarlo para todos los extranjeros. Pero sería planteable dentro de España para las cinco lenguas españolas, e incluso si los medios lo permiten para las lenguas de la UE ¿Por qué no un cheque escolar para que los europeos de otros Estados puedan llevar a sus hijos al colegio que les facilite en España su lengua extranjera? Como se ve, el tema está muy relacionado con la libertad de enseñanza: el derecho a elegir centro no sólo tiene sentido en razón del ideario, sino también de otro aspecto importante de la vida familiar como es el idioma.

En fin, que existen caminos para la igualdad bastante más respetuosos para los derechos humanos que unas soluciones intervencionistas que, en la práctica, no suelen producir los efectos de igualación que se decían perseguir.

Territorios bilingües
Nota del Editor 9 Diciembre 2020

Es curioso esto de las lenguas. Hasta ahora había lenguas muertas, lenguas vivas, lenguajes naturales, lenguajes artificiales,
pero por lo visto faltaba el lenguaje terrestre, que ha pasado de ser captado por la vista, el olor, el tacto, el sonido del efecto sobre el viento a transformarse en bilingüe.

Tantos años afirmando, por la evidencia científica, de que los territorios no tienen lenguas, de que son los hablantes, las personas,  quienes tienen un idioma para comunicarse, que andamos descolocados.

Suspensos en ciencias, notables en adoctrinamiento
Editorial ABC 9 Diciembre 2020

Centrado exclusivamente en la evaluación de los conocimientos científicos, el informe TIMSS confirma las deficiencias académicas de los jóvenes españoles en unas materias decisivas para la investigación y el desarrollo, una falta de competencia que se extiende del profesorado a los alumnos y que sitúa a estos en una posición de desventaja frente a los estudiantes de otros países, precisamente en un momento de transformación tecnológica global. Lejos de abordar y corregir una carencia sobre la que ya venían alertando los informes PISA, el Gobierno prefiere rebajar el listón de la exigencia, desincentivar el esfuerzo y, a través del adoctrinamiento y la laminación de la educación concertada, convertir las aulas en un laboratorio de ingeniería social. Los primeros perjudicados por la «ley Celaá» van a ser los estudiantes, pero es España la que en su conjunto ve condicionado su futuro, lastrado por una normativa cuya prioridad no es la excelencia, sino la indiferencia.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
El abuso legislativo como costumbre
Editorial ABC 9 Diciembre 2020

Con la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado prevista para el próximo día 29, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido recuperar la vieja tradición, tan abusiva como arbitraria, de aprobar por la vía de la llamada «ley de acompañamiento» una treintena de reformas legales que poco o nada tienen que ver con la actividad presupuestaria. Es cierto que se trata de una práctica desautorizada por el Tribunal Constitucional salvo en casos excepcionales, que se ha convertido en una pésima costumbre de todos los gobiernos, independientemente de su signo ideológico. No obstante, en el caso de Sánchez la excepción, y por ende el abuso, es doble: por un lado, introducirá reformas legislativas de fondo en un altísimo número de normas, y por otro, lo hará con el estado de alarma en vigor, lo que añade un plus de sectarismo a la alianza que ha sellado La Moncloa con el independentismo y con Bildu. En definitiva, la ley de acompañamiento de los Presupuestos se perfila como la enésima trampa ideológica de este Gobierno, utilizando al Parlamento como coartada doctrinaria.

Días atrás, los letrados del Congreso se vieron obligados a corregir al Gobierno argumentando que una enmienda para prohibir los desahucios, como exigía Podemos en contra del criterio de muchos ministros socialistas, era impropio porque no se trataba de materia presupuestaria. Si el Gobierno quería regularlo, lo idóneo era hacerlo a través de un decreto. Dicho y hecho, el Ejecutivo reculó y lo hará por decreto, que parece ser la única manera de gobernar que tiene Sánchez. Ahora, forzando las costuras de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional y empleando para ello las disposiciones finales de algunas normas, el Gobierno se ha propuesto utilizar el señuelo de una «ley escoba» para reformar el Instituto de la Mujer (ahora de las Mujeres), para la modificación de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, o para revisar el régimen jurídico del sector público. Lo mismo sucede con la ley de garantías y uso racional de medicamentos -que permitirá modificar el sistema de precios de referencia-, con el estatuto básico del empleado público, o con la ley de contratos del sector público.

Bueno es que el Gobierno trate de adaptar una estructura administrativamente compleja, y en algunos casos obsoleta, a las nuevas circunstancias que pueda provocar la recepción de fondos de la Unión Europea para el rescate económico de España. Pero en la medida en que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son tan amigos de la opacidad, tan fieles al nepotismo y a la colocación a dedo de personas cercanas, y tan refractarios a la transparencia, lo lógico es poner en duda cualquier reforma que afecte al dinero del Estado, y que además quedará aprobada por la puerta de atrás de los Presupuestos. Una vez más, las advertencias de la oposición, en especial del PP, sobre lo abusivo de esta práctica caen en saco roto, porque el Congreso ha sido desactivado de facto a manos de una mayoría conformada por muchas minorías absolutamente contrarias al espíritu de la Constitución y a la letra de la legalidad.

Sánchez tendrá sus primeros Presupuestos, y con ellos convivirá muy probablemente los dos próximos años. Pero más allá de que estas cuentas públicas no cuadren porque la previsión de gastos e ingresos es muy ilusoria, el Gobierno va a dejar su huella doctrinaria en numerosas leyes para ser utilizadas a su capricho y conveniencia. Lo dramático es que cuando los recursos de inconstitucionalidad que se vayan presentando contra esta telaraña legal de Sánchez e Iglesias sean resueltos, el daño ya estará hecho y será irreversible.

Sánchez seguirá a las órdenes de Iglesias
EDITORIAL Libertad Digital 9 Diciembre 2020

Ya podrán desde la Moncloa tratar de inocular en la opinión pública la idea de que el presidente del Gobierno tiene en mente endurecer las relaciones con Podemos y ser “menos generoso” con sus aliados, pero con semejante engañifa sólo podrán tratar de disimular el servilismo del PSOE hacia la extrema izquierda que lidera Pablo Iglesias, evidente en los temerarios Presupuestos Generales del Estado recién aprobados.

Si bien es cierto que inicialmente Pedro Sánchez excluyó al comunista del equipo que gestionará las ayudas y préstamos que la Comisión Europea (CE) destinará a España en los próximos años, no es menos cierto que esa exclusión sólo duró las veinticuatro horas que tardó Iglesias en exigir su inclusión en el mismo.

Tampoco se puede considerar una muestra de ese supuesto endurecimiento de relaciones entre el PSOE y Podemos el hecho de que finalmente Pablo Iglesias no acuda a la cumbre de Marruecos, donde no se le ha perdido nada y en la que Podemos va a contar con alguien tan afín y leal a Iglesias –pese a las intoxicaciones socialistas en sentido contrario– como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por mucho que el PSOE quiera disimular su entreguismo ante una formación con la que Sánchez dijo en campaña que no formaría Gobierno, a día de hoy lo único que, desgraciadamente, quita el sueño al presidente es una hipotética ruptura con los podemarras que le dejara sin apoyos. Y no sólo porque el respaldo de Podemos es condición sine qua non para que Sánchez conserve la poltrona, sino porque Iglesias es el principal aval, la mejor garantía que tiene el socialista para que los separatistas de izquierda –incluidos los proetarras de Bildu– le sostengan en el Gobierno.

Cosa distinta sería que Bruselas elevara sensiblemente la presión para que se reduzca el gasto no productivo, se reforme el mercado laboral, se hagan ajustes en el quebrado sistema de pensiones y, en definitiva, se tomen en serio las condiciones que la CE impuso para desembolsar los multimillonarios créditos y ayudas con que Sánchez e Iglesias pretenden no relanzar sino subsidiar a nuestra mortecina economía, cada vez más dependiente del Estado. Pero no parece que la firmeza de la CE a la hora de exigir esas reformas, inasumibles para Podemos, sea la misma que mostró ante la Grecia de Syriza o la España de Zapatero.

Así las cosas, y mientras no haya un ultimátum claro por parte de la UE, es de temer que la continuidad del Gobierno social-comunista esté garantizada, para desgracia de la libertad y prosperidad de todos.

Fuerzas Armadas
Sánchez cede ante Bildu para echar al Ejército de Navarra: acepta el cierre del campo militar de Las Bardenas
Sánchez se pliega a Bildu: escuchará «alternativas» al campo militar de Bardenas Reales
Pelayo Barro okdiario 9 Diciembre 2020

Echar al Ejército del País Vasco y de Navarra. Ese es el objetivo que se ha propuesto Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, envalentonado tras convertirse en muleta parlamentaria para el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Una misión que hace meses parecía prácticamente imposible, pero las circunstancias han cambiado. Bildu ha conseguido arrancarle al PSOE un compromiso explícito para estudiar la forma de sacar de Navarra, con celeridad pero sin fecha concreta, el campo de maniobras aéreas de Las Bardenas Reales en el que el Ejército español y la OTAN se entrenan habitualmente. Lo harán agarrándose a la excusa del medioambiente, ya que las instalaciones están en un espacio protegido. En las Fuerzas Armadas lo tienen claro: «No hay ningún otro emplazamiento posible».

La ofensiva del independentismo y nacionalismo vasco contra las Fuerzas Armadas sigue sumando éxitos. El último ha sido la cesión, por parte del Gobierno, de los terrenos donde se ubica el cuartel militar de Loyola, otrora un centro estratégico para el Ejército de Tierra y la lucha contra ETA. A cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos, Moncloa se ha comprometido a entregar la propiedad de Loyola el año entrante. A finales de 2021 no quedará ni un militar en esas instalaciones.

Esta victoria propagandística para el PNV, rival electoral de EH Bildu en el País Vasco y Navarra, ha envalentonado a los de Arnaldo Otegi. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes que han participado en las conversaciones entre PSOE y EH Bildu, sobre la mesa de negociación para los Presupuestos también estuvieron presentes las instalaciones militares de Las Bardenas Reales (Navarra). Desmantelarlas es un viejo sueño del entorno proetarra.

Este complejo militar es el único polígono de tiro para maniobras aéreas que existe en España. De hecho, es una instalación única en Europa, y por tanto, también es frecuentemente utilizada por la aviación militar de países de la OTAN. Se encuentra en un paraje semidesértico al sureste de la Comunidad Foral, y allí se utiliza armamento real para realizar ejercicios de bombardeo aéreo. Defensa tiene derechos de uso sobre estos terrenos desde 1951.

«Blindadas»… hasta ahora
La propiedad de las instalaciones no es pública, sino del grupo de municipios y entidades que colindan con Las Bardenas Reales. La ley los denomina ‘congozantes’. A cambio de poder usar esta área, el Ministerio de Defensa abona un canon anual que se reparte de forma equitativa. En 2019 se renovó el contrato de forma automática por 10 años más, y el canon pasó de 6 a 14 millones de euros anuales. Y los vecinos parecen no tener problemas con el trato: en las últimas elecciones municipales, ni Bildu ni Geroa Bai -únicas formaciones que defienden el cierre de Bardenas- obtuvieron representación en las poblaciones con poder de decisión. Las instalaciones, por tanto, parecen estar bajo cierto «blindaje» legal.

Sin embargo, tal y como explican fuentes conocedoras de estas negociaciones, la situación puede cambiar radicalmente en un futuro próximo. El plan, advierten, pasaría por decretar que en Las Bardenas se está produciendo un daño al medioambiente -el paraje está protegido como Parque Natural y Reserva de la Biosfera- y, por tanto, se abriría la puerta a su cierre. Para ello, previamente, debería ser el Ministerio de Defensa quien decrete que deja de utilizar las instalaciones. La última fase del plan es la búsqueda de un emplazamiento alternativo en otra comunidad autónoma.

Sin alternativa
«A día de hoy no existe ningún lugar que pueda sustituir a Las Bardenas Reales como tal», explican fuentes del Ejército del Aire. No hay, dicen, alternativa posible. Además, al tratarse de unas instalaciones estratégicas para la OTAN, «el Gobierno debería explicar a la Alianza por qué cierra el único polígono de tiro de Europa Occidental», añaden.

Sin embargo, admiten que en las Fuerzas Armadas -ni en la cúpula- tampoco esperaban que se aprobara la cesión del cuartel de Loyola, calificado como «vital» por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, tan sólo dos semanas antes. En un giro inesperado de los acontecimientos, la ministra Margarita Robles dio luz verde a la cesión de la noche a la mañana.

Un pacto secreto
Ni luz ni taquígrafos. Poco se sabe de lo pactado entre PSOE y Bildu a cambio del apoyo de los de Arnaldo Otegi a los Presupuestos Generales del Estado, más allá del evidente final de la política de dispersión que se está aplicando a los presos de ETA: 52 etarras acercados al País Vasco en sólo dos meses.

Entre los acercados hay nombres de históricos asesinos de la banda. Como por ejemplo Kantauri, ex jefe de ETA sobre el que pesa la decisión de asesinar al concejal del PSOE en el Ayuntamiento de San Sebastián Fernando Múgica, o el del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión. También se ha acercado a la etarra que vigilaba mientras asesinaban al socialista Ernest Lluch. El sanguinario Txapote, el hombre que apretó el gatillo sobre la nuca de Miguel Ángel Blanco, ha sido sacado del módulo de aislamiento de la prisión de Huelva en la que cumple múltiples condenas.
 


Recortes de Prensa   Página Inicial