|
¿Militares cadavéricos? No. Políticos
hediondos.
Julio Ariza rebelionenlagranja
7 Diciembre 2020
Cobardes, octogenarios, cadavéricos…y, por supuesto, fascistas.
¿Alguien da más? Con ese desprecio se refieren desde este gobierno
de chiquilicuatres y desde sus terminales mediáticas al medio millar
de altos mandos militares jubilados que han remitido al Rey Felipe
VI cartas para manifestar su preocupación por la deriva nacional.
Son legítimos “memoriales” de denuncia (“no he de callar por más que
con el dedo”) de quienes juraron servir a España de por vida (quizás
a Sánchez le extrañe que haya personas que cumplan su palabra) y que
han tenido el arrojo de no callar ante el ataque desplegado por el
gobierno a las instituciones, al orden constitucional y a los
derechos de los españoles. Lo hacen como particulares, personas
jubiladas en el lícito ejercicio de su libertad de expresión.
Pero la voz de ese medio centenar de viejos soldados españoles, los
quinientos, representa mucho más de lo que se les atribuye desde el
gobierno.
No; no se trata del último suspiro de cuatro gatos decrépitos,
atrabiliarios y golpistoides. Se trata de soldados de honor y de
ciudadanos de primer orden. La generación que ahora protesta es la
misma que transformó el ejército salido de la guerra en unas Fuerzas
Armadas de todos los españoles y a la altura de la U.E. Una
generación que transformó un ejército basado en el reemplazo en otro
de profesionales. Probablemente sea el cuerpo de servidores públicos
que más ha cambiado y se ha modernizado. Son, quizás, una de las
pocas élites que todavía nos quedan: españoles bien formados
profesional y moralmente. Pasan un proceso de selección para el
ingreso que ningún político superaría. Luego se encierran en esas
Universidades que son las Academias (la General y las de cada Arma),
donde viven en régimen de internamiento, sacrificio y exigencia.
Hablan idiomas, participan en misiones internacionales, están
sujetos a procesos de formación continua, pasan reválidas, están
integrados en la OTAN, son internacionalmente queridos y respetados.
Si alguien pensó desde la vicepresidencia segunda que el ejército
español está integrado por diosdaos cabellos, corruptos y desleales,
erró en el cálculo gravemente. Ni profesional ni moralmente son
equiparables.
Si a alguna institución le deben los españoles la pervivencia del
régimen constitucional y de sus libertades, más allá del Rey, es a
esta generación de militares. Por eso es la institución mejor
valorada en todas las encuestas y tienen quizás más legitimidad
democrática que nadie (o que muchos) para alzar la voz.
Y quizás también porque es la institución que mejor custodia las
virtudes. Los militares españoles tienen acreditado en su haber la
lealtad, la caballerosidad, la rectitud de conducta, la honestidad,
la probidad, la integridad, el honor (vieja virtud al alcance de
pocos) y la vocación de servicio. Respetan el pasado. Respetan a sus
mayores. No por jerarquía, sino por formación moral. Y les admiran.
De tal manera que el ataque y el desprecio a los quinientos es
vivido como un ataque a sus mayores, respetables, impecables, dignos
de toda consideración y, en todo caso, a años luz de quienes
blanquean a ETA, gobiernan para los independentistas y quieren
derribar la Corona, terminar con la independencia judicial y
enterrar espuriamente el régimen democrático.
Los jubilados de los ejércitos están alzando la voz en defensa de la
democracia.
Sin duda, la sobreactuación del gobierno y sus socios, insultando a
los viejos soldados (algo no visto nunca ni en España ni en ningún
país Europeo) indica varias cosas; la primera es una ínfima
condición moral (despreciar a los viejos es de seres abyectos); la
segunda es preocupación (saben que no son cuatro delirantes sino que
expresan un desasosiego real), la tercera es ignorancia (desconocen
la cadena de afectos militares, el compañerismo, la lealtad y el
respeto a los mayores) y la cuarta es estulticia, la necedad de los
gobernantes que piensan que pueden descomponer la nación más vieja
de Europa en veinticuatro horas y sin que nadie alce la voz.
Estos “cadavéricos” (así llaman en Moncloa a los quinientos) acaban
de poner sobre la mesa una fórmula para la protesta civil (no
militar) que jubilados de otros cuerpos del estado podrían empezar a
replicar.
¿Y si empezaran a aparecer cartas de centenares servidores públicos
jubilados de distintos cuerpos, como los de jueces, fiscales,
catedráticos, abogados del estado, diplomáticos, administradores
civiles, inspectores de trabajo y de hacienda, policías, guardias
civiles y otros funcionarios?
¿Viejos, caducos, octogenarios, cadavéricos?
España es un país de casi 9 millones de jubilados. Hasta la fecha
han estado callados. Y es una generación mucho mejor preparada que
la que nos gobierna. Cuando Lastra gritó aquello de “ahora nos toca
a nosotros” estaba proclamando la eutanasia política. Ahora en
Moncloa les llaman los “cadavéricos”. Ser o no ser, he ahí el
dilema.
Parafraseando a Machado y sus terribles versos de Castilla: clase
política miserable, hoy dominadora, envuelta en sus harapos,
desprecia cuanto ignora.
La Constitución, acorralada
Santiago Navajas Libertad Digital 9 Diciembre 2020
Cuando murió Franco, una serie de hombres clarividentes tuvieron una
intuición de lo que exigía una España contemporánea. Enterraron una
forma de entender España consistente en aniquilarse mutuamente. Eran
hombres prácticos y políticos, por lo que esta intuición actuaba de
una manera inconsciente, salvo quizás en Torcuato Fernández-Miranda.
Varios de ellos se organizaron para redactar una Constitución que
pudiera satisfacer, mal que bien, a fachas y rojos, a nacionalistas
del terruño y patriotas del concepto, a monárquicos constitucionales
y republicanos jacobinos. Con el paso del tiempo, en Madrid
llegarían a mirarse a no demasiada distancia las estatuas de Franco
y Largo Caballero, como símbolos en piedra y bronce de que la España
cainita que había retratado Manuel Chaves Nogales en A sangre y
fuego había enterrado el hacha de guerra.
La Constitución se ha mostrado durante estos años lo suficientemente
flexible para resistir los sucesivos embates del golpismo militar,
los nacionalismos sediciosos y el terrorismo de extrema izquierda.
Cualquier Ley Fundamental tiene que ser modificada como un navío en
alta mar, que no puede fondear en dique seco, y nosotros somos como
los marineros, que debemos tener cuidado al quitar una viga porque
debemos colocar otra de recambio inmediatamente, usando el mismo
barco como soporte, ya que corremos el riesgo de irnos todos a
pique. En estas condiciones, hemos de confiar en los ingenieros que
diseñaron el barco y tener cerca a carpinteros experimentados, antes
que a unos nuevos ingenieros que pretendan convertir el mercante en
un destructor, porque lo más seguro es que terminemos hundiéndonos.
Tras Tejero, ETA y Puigdemont, podría esperarse que la Constitución
fuese viento en popa. Nada más lejos de la realidad. El barco
constitucional hace aguas por todas partes, en el CGPJ, en la
Generalidad y, lo que es peor, en la Moncloa. Los optimistas en esta
situación son como los troyanos que celebraron la rendición de los
griegos e hicieron una fiesta alrededor del caballo que les había
regalado Agamenón siguiendo el consejo de Ulises. Porque los que
comprendieron que no podían destruir la Constitución han pasado a un
plan más sutil pero no menos siniestro: deformarla hasta quebrar su
sentido, pero de modo que no haga falta ni modificar ni una coma.
Ahora que los enemigos de la Constitución –de comunistas partidarios
de Lenin a nacionalistas simpatizantes de ETA– se han convertido en
aliados del Gobierno, le llega al texto fundamental su prueba más
dura: el sabotaje. El plan pasa por controlar la educación, véase la
Ley Celaá; manipular la Judicatura, a través de la ideología de
género y el acoso a los jueces independientes, que serán tachados de
“enemigos del pueblo”, y silenciar a los medios críticos, como hemos
visto con el veto publicitario a Libertad Digital por parte de
Loterías del Estado.
En una entrevista en el Abc, explica Fernando Suárez que “votar que
no [a la Constitución] habría sido hacer imposible la vida
constitucional”. El 17 de noviembre de 1976, tras el debate en el
que Suárez defendió la transición a un régimen democrático, mientras
Blas Piñar y Fernández de la Vega se decantaban por el inmovilismo,
Diario 16 tituló: “El búnker, acorralado”. Estamos cerca del 50
aniversario de la Constitución y la vida constitucional se ha
degradado hasta convertirse en un zombi. Hegel, en su Introducción a
Lecciones de Filosofía de la Historia, apostilló: "Nada grande se ha
hecho en el mundo sin pasión". Pero, cuidado, que grande es tanto la
construcción como la destrucción, el bien como el mal, Jefferson y
Robespierre, Churchill y Lenin, Camus y Sartre, Hayek y Marcuse...
Felipe VI y Pablo Iglesias. Necesitaremos una gran pasión positiva
para sacar a la Constitución del atolladero en el que la han metido
unos políticos sectarios, unos jueces cobardes, unos intelectuales
traidores y unas masas que, una vez más, optan por la servidumbre
voluntaria.
La Constitución es irreformable
José García Domínguez Libertad Digital 9 Diciembre 2020
La rutina, como cada año por estas fechas, ha vuelto a repetirse.
Así, los arbitristas orgánicos de guardia, tanto los adscritos a las
derechas como sus pares en la izquierda, de nuevo han desempolvado
la cantinela tan manida de siempre, a saber: que procede una reforma
constitucional, y de hondo calado, a fin de resolver con un poco de
tinta china y un trozo de papel el problema secular de la
invertebración nacional hispana. Desde hace algo más de dos siglos,
el genuino deporte nacional no es, como se cree, el fútbol, sino esa
costumbre consuetudinaria de proponer reformas y más reformas de la
norma constitucional de turno. Un afán particularmente ocioso en el
caso de la ahora vigente. Obsesión inane, sí, pues nadie se plantea
qué sentido tiene insistir con los proyectos de reforma en tal o
cual dirección de la Carta Magna sí, se altere en la dirección que
se altere, nuestro ordenamiento jurídico carece de mecanismos en
verdad eficaces a fin de obligar al poder político a cumplir su
letra y espíritu.
Desengañémonos, la Constitución no se puede reformar en su apartado
más problemático, o sea el Título VIII, porque el mecanismo que ella
misma prevé para abordar esa empresa, el que se regula el artículo
167, exige consensos amplísimos, hoy inimaginables, para poder tocar
una sola coma del régimen autonómico. Seguir fantaseando con eso,
tal como hace Vox, no es más que perder el tiempo. Olvidémonos de
tocar la Constitución, pues, y centrémonos en el empeño, mucho menos
vistoso pero infinitamente más eficaz, de promover fórmulas
jurídicas para garantizar el sometimiento de los poderes públicos a
lo que en ella se prescribe. No puede ser, por ejemplo, que el
idioma español se pudiera prohibir en las aulas de Cataluña en su
día, hace lustros, solo porque un Ejecutivo del Partido Popular
presidido por José María Aznar no quiso presentar un recurso de
inconstitucionalidad contra aquel atentado cometido por Jordi Pujol.
Eso no puede ser. A fin de cuentas, el problema no es la
Constitución, sino los órganos encargados de hacerla cumplir.
Con lo muy sencillo que sería habilitar a los jueces ordinarios para
que, tal como ocurre en Estados Unidos, dejasen sin efecto la
aplicación de toda norma, autonómica o estatal, que presumieran
contraria a la Constitución. ¿Alguien comprará la idea?
Zapatero: señuelo solemne
Emilio Campmany Libertad Digital 9 Diciembre 2020
Zapatero ya no oculta que no es un mediador neutral sino un lacayo
del régimen chavista. Él sabrá lo que cobra por sus servicios. Lo
más probable es que lo fuera y lo cobrara desde el principio.
Aparentemente, nuestro Gobierno se ha distanciado de él, pero no lo
ha desautorizado. Al contrario, ha declarado que respeta su actitud,
aunque niega que coincida con la suya. Esto permite a la ministra
González Laya y a Josep Borrell, al frente de la diplomacia europea,
mantener una posición aparentemente opuesta al régimen chavista
diferente de la de Zapatero, que lo defiende. Y permite igualmente
que los países de la UE se adhieran a ella.
Pero lo importante de las declaraciones de la ministra y del
encargado de la diplomacia europea no está en lo que han dicho sino
en lo que no han dicho. Y lo que no han dicho es si seguirán
apoyando a Juan Guaidó cuando tomen posesión de su cargo el 5 de
enero próximo los nuevos miembros electos de la Asamblea Nacional y
el hecho prive técnicamente a Guaidó de su condición de presidente
de la cámara legislativa y por ende de su puesto de presidente
interino de Venezuela. Ése es el verdadero objetivo de las
elecciones legislativas convocadas por Maduro y celebradas el
domingo pasado. Dado que España y toda Europa, por deseo de Borrell
ministro y de Borrell representante diplomático europeo, siguen
manteniendo relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro por
aplicación de la Doctrina Estrada, cuando la Asamblea Nacional tenga
un nuevo presidente, aunque traiga causa de unas elecciones
fraudulentas, la posición de Guaidó caerá por sí sola. Y lo hará
gracias a la política impuesta por los socialistas españoles desde
Madrid y Bruselas y no por la destemplada actitud de Zapatero.
Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, ha declarado expresamente
que Washington seguirá reconociendo a Guaidó como único presidente
legítimo de Venezuela después del 5 de enero, pero es muy probable
que esta política cambie cuando, a partir del 20 de enero, tome
posesión Joe Biden.
El servicio que está prestando pues Zapatero al comunismo
internacional no es tanto el de respaldar sin tapujos al régimen
chavista como el de ser el contrapeso de la sibilina actitud del
Gobierno de España y de Borrell. Apartándose del atrabiliario apoyo
de Zapatero, los socialistas españoles aparentan oponerse a la
dictadura bolivariana por contraste con él, cuando en realidad para
lo que trabajan es para que Guaidó pierda su condición de presidente
interino y el régimen supere el peligro de caer que soportó cuando
fue reconocido por las democracias internacionales. Luego bastará
pactar una transición que, aparentando cambiarlo todo, apenas cambie
nada, que es de lo que ya han empezado a hablar. Pobre Venezuela,
tan lejos de Dios y tan cerca del socialismo y el comunismo
españoles.
Conflictos lingüísticos: Podemos contra la
lengua inglesa
Diego Vigil de Quiñones Otero okdiario 9 Diciembre 2020
Por si no teníamos bastante con el conflicto lingüístico existente
en los territorios bilingües de las Españas, Podemos abrió la semana
pasada en la Asamblea de Madrid otro frente: propone que en la
Comunidad de Madrid sea lengua vehicular obligatoria el español,
incluso en los centros bilingües donde es lengua vehicular el
inglés. A decir de Podemos, el uso del inglés como lengua vehicular
puede producir una segregación perjudicial para las familias cuyos
progenitores no dominan el inglés para ayudar a sus hijos, o bien
carecen de medios para pagar clases de refuerzo. Pienso que el tema
merece tres anotaciones.
La primera, que sorprende día a día la alergia de los comunistas a
la libre elección. Siempre quieren planificar todo, en lugar de dar
primero una oportunidad a la libertad humana. En el caso que nos
ocupa, sería conveniente dar la oportunidad de que cada familia
eligiera la lengua vehicular que le venga en gana, y luego ya
veremos si el hipotético desajuste se soluciona con una medida
intervencionista o con medidas complementarias. Por ejemplo ¿por qué
no aumentar las escuelas de idiomas, en lugar de pretender tantas
imposiciones sobre la lengua vehicular?
En segundo lugar, puedo admitir que los comunistas siempre buscan un
bien mayor como es la igualdad, aunque con frecuencia sus políticas
producen el efecto contrario. Así, no podemos negar la segregación
de la que hablan, como tampoco que en Cataluña el catalán puede
crear un ámbito exclusivo segregado para los burgueses catalanes.
Por esta razón, la izquierda catalana siempre ha querido igualar en
el uso del catalán. Pero entonces, lo razonable sería que la medida
que se toma contra los burgueses sea la misma en Castilla que en
Cataluña: o limitar su lengua franca, o promoverla entre todos. Sin
embargo, estos señores pretenden que la solución en Cataluña sea
imponer el catalán a los castellanohablantes, y en Madrid sea
imponer el castellano a los privilegiados, en lugar de dar más
inglés a quien no lo tiene. Se podrá razonar que en Cataluña el
catalán es la lengua materna de esos burgueses, cosa que no sucede
con el inglés en Madrid. Pero eso no es del todo cierto, pues gran
parte del alumnado de los liceos extranjeros en Madrid está
compuesto por hijos de extranjeros que quieren educar a sus hijos en
su lengua materna. Esto nos lleva a la tercera cuestión.
La mejor solución sería más libertad. Junto a esto, pienso que se
debe garantizar el derecho humano de todos a desenvolverse en su
lengua materna, preservando con ellos las lenguas nacionales.
Obviamente esto es muy complicado aplicarlo para todos los
extranjeros. Pero sería planteable dentro de España para las cinco
lenguas españolas, e incluso si los medios lo permiten para las
lenguas de la UE ¿Por qué no un cheque escolar para que los europeos
de otros Estados puedan llevar a sus hijos al colegio que les
facilite en España su lengua extranjera? Como se ve, el tema está
muy relacionado con la libertad de enseñanza: el derecho a elegir
centro no sólo tiene sentido en razón del ideario, sino también de
otro aspecto importante de la vida familiar como es el idioma.
En fin, que existen caminos para la igualdad bastante más
respetuosos para los derechos humanos que unas soluciones
intervencionistas que, en la práctica, no suelen producir los
efectos de igualación que se decían perseguir.
Territorios bilingües
Nota del Editor 9 Diciembre 2020
Es curioso esto de las lenguas. Hasta ahora había lenguas muertas,
lenguas vivas, lenguajes naturales, lenguajes artificiales,
pero por lo visto faltaba el lenguaje terrestre, que ha pasado de
ser captado por la vista, el olor, el tacto, el sonido del efecto
sobre el viento a transformarse en bilingüe.
Tantos años afirmando, por la evidencia científica, de que los
territorios no tienen lenguas, de que son los hablantes, las
personas, quienes tienen un idioma para comunicarse, que
andamos descolocados.
Suspensos en ciencias, notables en
adoctrinamiento
Editorial ABC 9 Diciembre 2020
Centrado exclusivamente en la evaluación de los conocimientos
científicos, el informe TIMSS confirma las deficiencias académicas
de los jóvenes españoles en unas materias decisivas para la
investigación y el desarrollo, una falta de competencia que se
extiende del profesorado a los alumnos y que sitúa a estos en una
posición de desventaja frente a los estudiantes de otros países,
precisamente en un momento de transformación tecnológica global.
Lejos de abordar y corregir una carencia sobre la que ya venían
alertando los informes PISA, el Gobierno prefiere rebajar el listón
de la exigencia, desincentivar el esfuerzo y, a través del
adoctrinamiento y la laminación de la educación concertada,
convertir las aulas en un laboratorio de ingeniería social. Los
primeros perjudicados por la «ley Celaá» van a ser los estudiantes,
pero es España la que en su conjunto ve condicionado su futuro,
lastrado por una normativa cuya prioridad no es la excelencia, sino
la indiferencia.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
El abuso legislativo como costumbre
Editorial ABC 9 Diciembre 2020
Con la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del
Estado prevista para el próximo día 29, el Gobierno de Pedro Sánchez
ha decidido recuperar la vieja tradición, tan abusiva como
arbitraria, de aprobar por la vía de la llamada «ley de
acompañamiento» una treintena de reformas legales que poco o nada
tienen que ver con la actividad presupuestaria. Es cierto que se
trata de una práctica desautorizada por el Tribunal Constitucional
salvo en casos excepcionales, que se ha convertido en una pésima
costumbre de todos los gobiernos, independientemente de su signo
ideológico. No obstante, en el caso de Sánchez la excepción, y por
ende el abuso, es doble: por un lado, introducirá reformas
legislativas de fondo en un altísimo número de normas, y por otro,
lo hará con el estado de alarma en vigor, lo que añade un plus de
sectarismo a la alianza que ha sellado La Moncloa con el
independentismo y con Bildu. En definitiva, la ley de acompañamiento
de los Presupuestos se perfila como la enésima trampa ideológica de
este Gobierno, utilizando al Parlamento como coartada doctrinaria.
Días atrás, los letrados del Congreso se vieron obligados a corregir
al Gobierno argumentando que una enmienda para prohibir los
desahucios, como exigía Podemos en contra del criterio de muchos
ministros socialistas, era impropio porque no se trataba de materia
presupuestaria. Si el Gobierno quería regularlo, lo idóneo era
hacerlo a través de un decreto. Dicho y hecho, el Ejecutivo reculó y
lo hará por decreto, que parece ser la única manera de gobernar que
tiene Sánchez. Ahora, forzando las costuras de la doctrina sentada
por el Tribunal Constitucional y empleando para ello las
disposiciones finales de algunas normas, el Gobierno se ha propuesto
utilizar el señuelo de una «ley escoba» para reformar el Instituto
de la Mujer (ahora de las Mujeres), para la modificación de la ley
sobre infracciones y sanciones en el orden social, o para revisar el
régimen jurídico del sector público. Lo mismo sucede con la ley de
garantías y uso racional de medicamentos -que permitirá modificar el
sistema de precios de referencia-, con el estatuto básico del
empleado público, o con la ley de contratos del sector público.
Bueno es que el Gobierno trate de adaptar una estructura
administrativamente compleja, y en algunos casos obsoleta, a las
nuevas circunstancias que pueda provocar la recepción de fondos de
la Unión Europea para el rescate económico de España. Pero en la
medida en que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son tan amigos de la
opacidad, tan fieles al nepotismo y a la colocación a dedo de
personas cercanas, y tan refractarios a la transparencia, lo lógico
es poner en duda cualquier reforma que afecte al dinero del Estado,
y que además quedará aprobada por la puerta de atrás de los
Presupuestos. Una vez más, las advertencias de la oposición, en
especial del PP, sobre lo abusivo de esta práctica caen en saco
roto, porque el Congreso ha sido desactivado de facto a manos de una
mayoría conformada por muchas minorías absolutamente contrarias al
espíritu de la Constitución y a la letra de la legalidad.
Sánchez tendrá sus primeros Presupuestos, y con ellos convivirá muy
probablemente los dos próximos años. Pero más allá de que estas
cuentas públicas no cuadren porque la previsión de gastos e ingresos
es muy ilusoria, el Gobierno va a dejar su huella doctrinaria en
numerosas leyes para ser utilizadas a su capricho y conveniencia. Lo
dramático es que cuando los recursos de inconstitucionalidad que se
vayan presentando contra esta telaraña legal de Sánchez e Iglesias
sean resueltos, el daño ya estará hecho y será irreversible.
Sánchez seguirá a las órdenes de Iglesias
EDITORIAL Libertad Digital 9 Diciembre 2020
Ya podrán desde la Moncloa tratar de inocular en la opinión pública
la idea de que el presidente del Gobierno tiene en mente endurecer
las relaciones con Podemos y ser “menos generoso” con sus aliados,
pero con semejante engañifa sólo podrán tratar de disimular el
servilismo del PSOE hacia la extrema izquierda que lidera Pablo
Iglesias, evidente en los temerarios Presupuestos Generales del
Estado recién aprobados.
Si bien es cierto que inicialmente Pedro Sánchez excluyó al
comunista del equipo que gestionará las ayudas y préstamos que la
Comisión Europea (CE) destinará a España en los próximos años, no es
menos cierto que esa exclusión sólo duró las veinticuatro horas que
tardó Iglesias en exigir su inclusión en el mismo.
Tampoco se puede considerar una muestra de ese supuesto
endurecimiento de relaciones entre el PSOE y Podemos el hecho de que
finalmente Pablo Iglesias no acuda a la cumbre de Marruecos, donde
no se le ha perdido nada y en la que Podemos va a contar con alguien
tan afín y leal a Iglesias –pese a las intoxicaciones socialistas en
sentido contrario– como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Por mucho que el PSOE quiera disimular su entreguismo ante una
formación con la que Sánchez dijo en campaña que no formaría
Gobierno, a día de hoy lo único que, desgraciadamente, quita el
sueño al presidente es una hipotética ruptura con los podemarras que
le dejara sin apoyos. Y no sólo porque el respaldo de Podemos es
condición sine qua non para que Sánchez conserve la poltrona, sino
porque Iglesias es el principal aval, la mejor garantía que tiene el
socialista para que los separatistas de izquierda –incluidos los
proetarras de Bildu– le sostengan en el Gobierno.
Cosa distinta sería que Bruselas elevara sensiblemente la presión
para que se reduzca el gasto no productivo, se reforme el mercado
laboral, se hagan ajustes en el quebrado sistema de pensiones y, en
definitiva, se tomen en serio las condiciones que la CE impuso para
desembolsar los multimillonarios créditos y ayudas con que Sánchez e
Iglesias pretenden no relanzar sino subsidiar a nuestra mortecina
economía, cada vez más dependiente del Estado. Pero no parece que la
firmeza de la CE a la hora de exigir esas reformas, inasumibles para
Podemos, sea la misma que mostró ante la Grecia de Syriza o la
España de Zapatero.
Así las cosas, y mientras no haya un ultimátum claro por parte de la
UE, es de temer que la continuidad del Gobierno social-comunista
esté garantizada, para desgracia de la libertad y prosperidad de
todos.
Fuerzas Armadas
Sánchez cede ante Bildu para echar al
Ejército de Navarra: acepta el cierre del campo militar de Las
Bardenas
Sánchez se pliega a Bildu: escuchará «alternativas» al campo militar
de Bardenas Reales
Pelayo Barro okdiario 9 Diciembre 2020
Echar al Ejército del País Vasco y de Navarra. Ese es el objetivo
que se ha propuesto Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, envalentonado
tras convertirse en muleta parlamentaria para el Gobierno de Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias. Una misión que hace meses parecía
prácticamente imposible, pero las circunstancias han cambiado. Bildu
ha conseguido arrancarle al PSOE un compromiso explícito para
estudiar la forma de sacar de Navarra, con celeridad pero sin fecha
concreta, el campo de maniobras aéreas de Las Bardenas Reales en el
que el Ejército español y la OTAN se entrenan habitualmente. Lo
harán agarrándose a la excusa del medioambiente, ya que las
instalaciones están en un espacio protegido. En las Fuerzas Armadas
lo tienen claro: «No hay ningún otro emplazamiento posible».
La ofensiva del independentismo y nacionalismo vasco contra las
Fuerzas Armadas sigue sumando éxitos. El último ha sido la cesión,
por parte del Gobierno, de los terrenos donde se ubica el cuartel
militar de Loyola, otrora un centro estratégico para el Ejército de
Tierra y la lucha contra ETA. A cambio del apoyo del PNV a los
Presupuestos, Moncloa se ha comprometido a entregar la propiedad de
Loyola el año entrante. A finales de 2021 no quedará ni un militar
en esas instalaciones.
Esta victoria propagandística para el PNV, rival electoral de EH
Bildu en el País Vasco y Navarra, ha envalentonado a los de Arnaldo
Otegi. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes que han participado
en las conversaciones entre PSOE y EH Bildu, sobre la mesa de
negociación para los Presupuestos también estuvieron presentes las
instalaciones militares de Las Bardenas Reales (Navarra).
Desmantelarlas es un viejo sueño del entorno proetarra.
Este complejo militar es el único polígono de tiro para maniobras
aéreas que existe en España. De hecho, es una instalación única en
Europa, y por tanto, también es frecuentemente utilizada por la
aviación militar de países de la OTAN. Se encuentra en un paraje
semidesértico al sureste de la Comunidad Foral, y allí se utiliza
armamento real para realizar ejercicios de bombardeo aéreo. Defensa
tiene derechos de uso sobre estos terrenos desde 1951.
«Blindadas»… hasta ahora
La propiedad de las instalaciones no es pública, sino del grupo de
municipios y entidades que colindan con Las Bardenas Reales. La ley
los denomina ‘congozantes’. A cambio de poder usar esta área, el
Ministerio de Defensa abona un canon anual que se reparte de forma
equitativa. En 2019 se renovó el contrato de forma automática por 10
años más, y el canon pasó de 6 a 14 millones de euros anuales. Y los
vecinos parecen no tener problemas con el trato: en las últimas
elecciones municipales, ni Bildu ni Geroa Bai -únicas formaciones
que defienden el cierre de Bardenas- obtuvieron representación en
las poblaciones con poder de decisión. Las instalaciones, por tanto,
parecen estar bajo cierto «blindaje» legal.
Sin embargo, tal y como explican fuentes conocedoras de estas
negociaciones, la situación puede cambiar radicalmente en un futuro
próximo. El plan, advierten, pasaría por decretar que en Las
Bardenas se está produciendo un daño al medioambiente -el paraje
está protegido como Parque Natural y Reserva de la Biosfera- y, por
tanto, se abriría la puerta a su cierre. Para ello, previamente,
debería ser el Ministerio de Defensa quien decrete que deja de
utilizar las instalaciones. La última fase del plan es la búsqueda
de un emplazamiento alternativo en otra comunidad autónoma.
Sin alternativa
«A día de hoy no existe ningún lugar que pueda sustituir a Las
Bardenas Reales como tal», explican fuentes del Ejército del Aire.
No hay, dicen, alternativa posible. Además, al tratarse de unas
instalaciones estratégicas para la OTAN, «el Gobierno debería
explicar a la Alianza por qué cierra el único polígono de tiro de
Europa Occidental», añaden.
Sin embargo, admiten que en las Fuerzas Armadas -ni en la cúpula-
tampoco esperaban que se aprobara la cesión del cuartel de Loyola,
calificado como «vital» por la secretaria de Estado de Defensa,
Esperanza Casteleiro, tan sólo dos semanas antes. En un giro
inesperado de los acontecimientos, la ministra Margarita Robles dio
luz verde a la cesión de la noche a la mañana.
Un pacto secreto
Ni luz ni taquígrafos. Poco se sabe de lo pactado entre PSOE y Bildu
a cambio del apoyo de los de Arnaldo Otegi a los Presupuestos
Generales del Estado, más allá del evidente final de la política de
dispersión que se está aplicando a los presos de ETA: 52 etarras
acercados al País Vasco en sólo dos meses.
Entre los acercados hay nombres de históricos asesinos de la banda.
Como por ejemplo Kantauri, ex jefe de ETA sobre el que pesa la
decisión de asesinar al concejal del PSOE en el Ayuntamiento de San
Sebastián Fernando Múgica, o el del concejal del PP en Sevilla
Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión. También se ha
acercado a la etarra que vigilaba mientras asesinaban al socialista
Ernest Lluch. El sanguinario Txapote, el hombre que apretó el
gatillo sobre la nuca de Miguel Ángel Blanco, ha sido sacado del
módulo de aislamiento de la prisión de Huelva en la que cumple
múltiples condenas.
Recortes de Prensa Página
Inicial
|