AGLI Recortes de Prensa   Lunes 14  Diciembre  2020

Indignación en Bruselas ante la deriva en política económica de Pedro Sánchez
La fusión bancaria en contra de los criterios del BCE, la prohibición de entrar en el país a capital de la Unión Europea y la gestión que se está preparando de los fondos enfadan a parte de las autoridades comunitarias mientras que Sánchez pierde el favor de antiguos aliados en el socialismo comunitario.
Mario Moratalla okdiario 14 Diciembre 2020

Enfado, cabreo e indignación en parte de los equipos económicos de la Comisión Europea por la deriva que está llevando en los últimos meses la política económica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según fuentes europeas de toda solvencia, el malestar es notorio debido a los últimos movimientos que ha llevado a cabo el Gobierno español y así se lo han hecho saber los funcionarios de la UE a delegaciones españolas con las que han tenido contacto.

En Europa preocupan varios puntos de la política económica, pero especialmente tres que se han hecho realidad además en las últimas semanas.

El primero de ellos es el nuevo real decreto ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial, que el Consejo de Ministros aprobó hace tres semanas y con el que España toma una medida inédita: extender a inversores de la Unión Europa la autorización previa a la hora de comprar empresas españolas estratégicas. Esta autorización previa hasta ahora sólo se exigía a inversores de fuera del mercado común, pero el escándalo en Bruselas ha sido mayúsculo al comprobar que Pedro Sánchez también lo ha ampliado al capital de la UE, lo cual no solo puede contravenir los tratados de la Unión sino que es un mensaje que se considera contrario al que se debe de dar, especialmente cuando se está trabajando en integrar más las distintas economías nacionales.

Este decreto va a estar en vigor en principio hasta el 30 de junio de 2021, aunque podría ampliarse si el Ejecutivo así lo considera. Establece un régimen de autorización previa para las empresas de la Unión Europea que quieran entrar a comprar compañías «estratégicas» españolas. También aplica para sociedades nacionales cuyo capital sea extranjero. Es decir, con la redacción del real decreto ley, Sánchez podría llevar a cabo una política económica en la que todas las operaciones de entrada en empresas del país tuvieran que contar con la autorización previa de Moncloa, esto es, del «ministro número 23″ del Gobierno, el omnipresente Iván Redondo.

Segundo: el rescate europeo
Este real decreto ley diseñado por Madrid va mucho más allá de lo que en Bruselas esperaban y posiblemente de lo que las leyes internas europeas de libre circulación de capitales permitirían. Otorga un poder ‘de facto’ a Redondo, ministro sin cartera, que además es la misma persona que en principio puede tener en su mano buena parte de la coordinación de los fondos llamados pomposamente ‘de Recuperación, Transformación y Resiliencia’.

En Bruselas se cree que el modelo español para canalizar los fondos europeos está demasiado centralizado en el presidente del Gobierno y su círculo cercano, y que deliberadamente no está contando con no políticos o de tejido económico que también tuvieran algo que decir sobre este reparto millonario. Otros países no lo están haciendo así, por ejemplo Francia, con un Gobierno de Emmanuel Macron de centro liberal, ha constituido un ‘Consejo de Auditoría de la Recuperación’, integrado por ministros, sí, pero también asociaciones, miembros de la sociedad civil, que monitorizarán la distribución de proyectos y el cumplimiento de los mismos. Una oficina similar se está discutiendo en Italia. En España, nada de eso se sabe y una vez más la falta de transparencia hace que se disparen las suspicacias sobre cómo se pretende realmente repartir el pastel y si se hará de acuerdo a derecho o mediante acciones de escaso talante democrático.

Tercero: unión bancaria
En tercer y último lugar, tampoco ha gustado en Bruselas el modo en que Sánchez y Calviño han gestionado la absorción de Bankia por Caixabank. Mientras el BCE lleva años pidiendo encarecidamente fusiones entre bancos de distintos países como el único modo de avanzar en la integración bancaria, en Moncloa han optado por cerrar una operación en estricta clave interna sin tener en cuenta ninguna de las recomendaciones que vienen de Bruselas pero especialmente de Fráncfort. Una vez más, la sensación de que Sánchez no cumple con su parte.

Pierde el favor
Según fuentes no oficiales comunitarias, Sánchez está perdiendo el favor de importantes miembros de la Comisión que hablaban maravillas del español cuando llegó al poder y que ahora se sienten decepcionados por la deriva de su política económica. Se cita el caso de Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión para el ‘Green Deal’ Europeo, socialista y neerlandés al que Sánchez apoyó para obtener ese cargo en 2019. Por muy socialista que sea, la cultura política de Países Bajos es totalmente estricta con el dicho de que ‘la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo» y a la jefa de Timmermans, la también germánica Ursula von der Leyen, no le han parecido muy honrados movimientos de Sánchez como el intento de cambio por la fuerza del CGPJ, que escandalizó en la Comisión.

Por tanto, las últimas impresiones sobre la gestión de Madrid no son tan positivas como antaño, y de hecho es imposible encontrar alabanzas a la gestión de Sánchez en el Twitter de Frans Timmermans posteriores al mes de abril. Como vicepresidente de ‘pacto verde’ será uno de los principales protagonistas a la hora de auditar el reparto de fondos para transformación ecológica, que se llevarán dos de cada tres euros de los 72.000 que se espera recibir a fondo perdido, tal y como indicó el propio presidente español.

Otra vez a recomenzar
Amando de Miguel Libertad Digital 14 Diciembre 2020

Un murciano de la huerta diría “escomenzar”, que es más gráfico. La idea es la de un proceso cíclico, intermitente, una especie de constancia, aplicada a la historia española de los dos últimos siglos, bien colmados. Se trata, no de una línea continua de progreso, sino quebrada en todos los intentos de avance: económicos, políticos, culturales. Nuestro patrón nacional es San Vito.

Los liberales de 1812 (inventores del término, en su sentido político) dieron paso al exaltado retroceso de los serviles o absolutistas. Tras unos cuantos fusilamientos, advino la monarquía constitucional de Isabel II, siempre inestable. La cual desembocó, otra vez con violencia callejera, en la república, más o menos, utópica, literaria o federalista. Como remate de una guerra civil (la carlista), se instauró la restauración “turnista” de Cánovas y Sagasta. Desembocó, después de mucho desgaste, en la fragmentación de los partidos y el pistolerismo. Cortó por lo sano la efímera dictadura de Miguel Primo de Rivera, que acabó por consunción. Se presentó otra república con alegres propósitos, pero doctrinaria, incapaz de hacer frente a la depresión económica. Se convirtió en un revolucionario “frente popular” (la conjunción de socialistas, comunistas y separatistas), que desató una espantosa guerra civil. Se impuso el bando vencedor del franquismo. Le sucedió, tranquilamente (bien que con el terrorismo vasco), la “transición democrática”, que ahora finaliza con una réplica del “frente popular”; a saber, cómo se llamará.

La unidad de análisis de todos esos tumbos es la “promoción”, una especie de generación muy particular. Son gentes de parecida edad y similar formación (o deformación), dispuestos a ascender por las gradas de la pirámide del poder. Para ello desplazan a los anteriores inquilinos (sus padres demográficos) y se aprestan a un nuevo vaivén histórico.

Un hecho repetitivo, en cada tránsito de un ciclo a otro, es que se produce en medio una grave crisis económica. Sea por esa razón o por otras, lo que sucede es que los protagonistas de cada nueva etapa se definen, más bien, de modo reactivo. Es decir, se esfuerzan por enfrentarse a los predecesores, más que por plantear un cambio original o positivo.

Ahora mismo, el renovado “frente popular” de socialistas, comunistas y secesionistas, para imponerse, necesita renegar de la monarquía constitucional y aun de la Constitución misma. Puestos a rectificar, tratan de borrar los restos simbólicos del franquismo, en un ejercicio volatinero y prepóstero. Todavía más retrógrado sería el intento de reconstruir una especie de URSI (Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas), que fuera el sueño imposible de la última república. El propósito latente es que desaparezca el nombre de España, no tanto el de que se incorpore Portugal. Se repite la obsesión de reinventar el pasado, el que fracasó. Ya es pertinacia.

Ignoro por qué se produce la constancia reactiva dicha, la que califica el movimiento pendular de la historia española de los dos últimos siglos, bien cumplidos. No creo que haya que llegar a la explicación tradicional de una especie de “carácter nacional”, propenso a los vaivenes colectivos.

Sea cual fuere la interpretación de los trompicones de la historia contemporánea de España, el hecho es que, ahora, nos encontramos ante la hecatombe económica más grande de todas las vividas. El Gobierno, entre buenista y triunfalista, no parece enterarse. Solo se le ocurre aumentar los impuestos.

La humillación nacional
Pedro de Tena Libertad Digital 14 Diciembre 2020

A pesar de que el santo se ha vestido con el Covid-19 y sus falacias, lo que no cabe en cabeza cuerda es que España haya sido nuevamente humillada por el régimen despótico y corrupto de Marruecos descrito en 2012 en El País con tanto detalle que produce náuseas. Uno de los autores del reportaje sobre el “rey depredador”, Mohamed VI, Eric Laurent, es el mismo que, en sus entrevistas frecuentes con Hassan II, consiguió que éste dijera con claridad que lo ocurrido con la Marcha Verde en plena agonía de Franco “fue un horrible chantaje, pero un chantaje lícito y no reprimido por ley alguna”. Así lo recuerda Pedro Fernández Barbadillo en su artículo sobre las mentiras de España sobre el Sáhara.

El que de un día para otro un país como Marruecos suspenda un encuentro al más alto nivel con España, es grave. Que tal cosa ocurra cuando se tiene la crisis de la inmigración clavada en las costas canarias que fuerza al gobierno a hacer un “tráfico gubernamental” canallesco e inmoral de Inmigrantes a la Península con la ayuda de Cruz Roja, cuyos dirigentes son nombrados por el gobierno, es de nota. Que tal encuentro haya sido suspendido cuando los saharauis de la República Árabe Saharaui Democrática (1976) hayan anunciado la reanudación de la guerra con Marruecos, es más que significativo.

Desde siempre se ha demostrado, ahora una vez más, que la diplomacia marroquí es mucho más astuta y habilidosa que la española. Amparado el reino alauita por Francia y Estados Unidos para según qué cosas cada cual, desde el control de una ribera del Estrecho de Gibraltar al peaje del gas argelino y otros productos vitales, a la introducción de una cuña antiterrorista islámica en el mundo musulmán o a la permanente presión sobre España, la nueva victoria de la estrategia marroquí humilla a la cancillería española y deja en paños menores a un gobierno que, por lo visto, no sabe lo que se trae entre manos ni con quien se las gasta.

Expertos hay sobre lo que ocurre realmente en las relaciones hispano marroquíes y son los que deben iluminarnos a todos sobre los nuevos factores presentes en el tablero que dejan a España en situación precaria. El reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el antiguo Sáhara español acompañada de la simultánea restauración de las relaciones diplomáticas con Israel por parte de Marruecos, hacen que nuestra diplomacia haya quedado en ridículo.

En medio de todo, la población original del Sáhara español, poco menos de 200.000 personas para 270.000 kilómetros cuadrados, va a ser conducida de nuevo a la guerra (que interesa a los de siempre) para recuperar lo que parece ya un imposible derecho a la autodeterminación, traicionado por la ONU, por España y por todos a pesar de haberse firmado y aprobado un proceso que debería haber acabado en el surgimiento de una nueva nación entre Marruecos y Mauritania y frente a las costas canarias. Fue el interés de Argelia, de su mentora, la URSS y el camino emprendido por el propio Franco tras haberse hecho con el territorio la II República española en 1934.

No cabe duda de que a España le hubiera interesado que una nueva nación saharaui de habla árabe y española hubiera presionado a Marruecos por el Sur y a Mauritania por el Norte al tiempo que blindaba la defensa de las Islas Canarias. Pero las cosas no fueron nunca así ni parece que vayan a serlo jamás tras el movimiento de Donald Trump y Mohamed VI. Tras las declaraciones absurdas de todo un vicepresidente, Pablo Iglesias, defendiendo la versión comunista de una facción saharaui y atacando los intereses marroquíes, Marruecos le ha dado un portazo más a España elevando el precio de un nuevo acuerdo.

Nos quedamos con un corredor de inmigrantes ilegales sin control, con una probable guerra en el Sahara a 80 kilómetros de las costas canarias, con el paso diplomático cambiado a la fuerza y evidente, con una ciudadanía desconcertada, cuando no ignorante, acomodada e indiferente en España, y con una población saharaui sacrificada de nuevo, por unos y otros, de forma inmisericorde. Y todo en plena pandemia. A la “marcha verde” le ha sucedido el paseíllo Covid y el gobierno de España, que no quiere ser español en casi su mitad, ni se ha enterado. Que este gobierno deje de debilitar a la nación española es ya de urgente necesidad.

Podemos y Marruecos
José García Domínguez Libertad Digital 14 Diciembre 2020

Poco antes la muy vergonzante descolonización exprés, con nocturnidad y alevosía, del Sáhara Occidental por parte de España, el último gobierno franquista intentó promover y apadrinar un partido político local, obviamente títere, entre los autóctonos, una fuerza que defendiera sus posiciones ante la creciente hostilidad del Frente Polisario hacia ellas. Recuerdo que aquel efímero simulacro de tosca apariencia aborigen, financiado y teledirigido desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, llevaba el muy rimbombante nombre de Partido de la Unidad Nacional Saharaui, P.U.N.S. Del P.U.N.S, como de nuestro sentido del deber y de la dignidad en tanto que país garante de la autodeterminación de aquel desgraciado territorio africano bajo tutela española, nunca más se supo luego de la invasión militar marroquí. Invasión militar y armada que la propaganda de la época maquilló bajo el bucólico nombre de marcha verde. Así pues, España nunca pudo contar con alguna fuerza política amiga al otro lado del Estrecho, una siempre presta a defender sus intereses estratégicos en la región.

Y lo mismo le ocurrió, por cierto, al Reino de Marruecos hasta hace apenas un cuarto de hora, esto es, hasta el surgimiento de Podemos, primero como fuerza parlamentaria y, luego, como socio de la coalición que sostiene a Pedro Sánchez en la Moncloa. Algo, esa obvia connivencia tácita entre Podemos y Mohamend VI, que a la opinión publicada, a veces tan dura de mollera, le cuesta mucho entender. No se termina de comprender aquí lo evidente, a saber: que el principal instrumento a fin de presionar a España del que dispone Marruecos, un Estado soberano y nada fallido que controla con mano de hierro sus fronteras nacionales, es la inmigración ilegal de sus nacionales rumbo a la frontera sur de la Unión Europea. Y resulta que, ahora mismo, en España manda bastante una inopinada reencarnación doméstica del P.U.N.S., esa que responde por Unidas Podemos. Mohamed VI quiere enviarnos cientos de miles de ilegales, mientras el P.U.N.S /Podemos no cesa de hacer todo lo que esté en su mano para que recibamos con los brazos abiertos a sus cientos de miles de ilegales. No parece muy difícil de entender, creo yo. Bien, pues todavía no lo entienden. Duritos de mollera, sí.

Apagón antidemocrático
Editorial ABC 14 Diciembre 2020

El Gobierno de Pedro Sánchez representa un ejemplo de contravalores democráticos, porque cultiva con esmero la opacidad frente a la opinión pública. Tiene un empeño enfermizo en despreciar a ciudadanos y medios que se acogen a la ley de transparencia y buen gobierno y le piden información sobre decisiones relacionadas con la pandemia. Ha hecho del silencio, alternado con la mentira, un método de gobernar, en paralelo a un miedo mal disimulado a que queden al descubierto sus carencias en la dirección política del país durante la crisis sanitaria. Basta revisar la página oficial del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para confirmar que el Ejecutivo de Sánchez incurre en un sistemático incumplimiento de su obligación de atender las demandas de información que recibe a través del Portal de Transparencia. No se trata de respuesta tardías o incompletas, sino de auténticas «calladas por respuesta» que incumplen el deber democrático de dar información a los ciudadanos sobre la gestión de los asuntos públicos.

ABC solicitó en catorce ocasiones información a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Sanidad y en todas ellas no recibió más que silencio como respuesta. Ahora el Consejo de Transparencia, vencido el plazo del Gobierno para responder, obliga al Ejecutivo a atender los requerimientos de este periódico, relacionados con aspectos esenciales de su política sobre la pandemia. Es necesario saber qué datos e informes tenía el Gobierno sobre la extensión del virus en España antes del 8-M, qué medidas adoptó para la protección de los profesionales sanitarios, qué criterios utilizó para contabilizar los fallecidos por la pandemia, más aún tras conocerse los datos reales publicados por el Instituto Nacional de Estadística. No faltaron tampoco negativas a informar sobre los famosos expertos que asesoraban al Gobierno en unas medidas y en sus contrarias. En definitiva, se trataba de un ejercicio de la libertad de información, sin la cual la democracia carece de opinión pública y, por tanto, de un efectivo control sobre la actuación de un Gobierno.

Ahora que tanto se habla de las restricciones a los derechos y libertades fundamentales en países como Polonia y Hungría, conviene recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene a España en estado de alarma hasta el 9 de mayo, con un control parlamentario simbólico, mientras la coalición del PSOE con la extrema izquierda y los separatistas aprueba y promueve leyes esenciales para la sociedad -educación, poder judicial- sin apenas debate y como una imposición escondida en medio del fragor de la pandemia. Si a esto se añaden ese siniestro artefacto del «ministerio de la verdad», el control de las redes para evitar críticas al Gobierno y el incumplimiento constante de la ley de Transparencia, cabe preguntarse si el Ejecutivo de Sánchez no está tiñendo España de chavismo, alejándola al mismo tiempo de los estándares propios de la democracia parlamentaria.

Estas apuestas del Gobierno de socialistas y comunistas por la clandestinidad no son episódicas ni anecdóticas. Representan una visión de cómo dirigir un país con pulsiones autoritarias, es decir, sin controles democráticos, sean estos los que representan el derecho del ciudadano a saber cómo se gestionan los asuntos públicos, la independencia de los tribunales de Justicia o la libertad de información que ampara los medios de comunicación. El declive de la democracia española es preocupante, principalmente porque la impulsa el propio Gobierno, aprovechándose de que los ciudadanos se levantan y se acuestan pensando más en cuándo ganar la batalla contra el virus que en defender los beneficios de vivir en un Estado de Derecho.

¿Por qué la deuda pública española cotiza a tipos negativos?
Juan Ramón Rallo elconfidencial 14 Diciembre 2020

Recientemente, la deuda pública española a 10 años fue colocada por primera vez en la historia a tipos de interés negativos. Hace menos de una década, en cambio, los muy altos tipos de interés de nuestros bonos soberanos a punto estuvieron de llevarnos a la bancarrota. ¿Cómo es posible que la situación haya cambiado tanto en tan poco tiempo?

De entrada, seamos conscientes de que este es un fenómeno que ocurre globalmente: la deuda pública de gobiernos solventes cotiza a muy bajos tipos de interés o incluso a tipos de interés negativos. La razón es que existe una fuerte demanda de activos libres de riesgo (o con muy bajo riesgo) por parte de los grandes 'pools' de dinero (como las reservas internacionales de los bancos centrales, las mesas de tesorería de las grandes empresas o los inversores institucionales) que supera la oferta de esos activos (a pesar de las muy cuantiosas emisiones de deuda pública): y cuando la demanda de un activo supera suficientemente su oferta, su precio puede subir por encima de su valor nominal, generando el fenómeno de los tipos de interés negativos.

Ciertamente, uno podría plantearse por qué todos estos grandes 'pools' de dinero no mantienen su liquidez en efectivo o en depósitos bancarios en lugar de adquirir una deuda pública con tipos negativos (que devuelve un principal inferior al precio de adquisición). Y la razón es bastante simple: por un lado, atesorar efectivo también es caro y muy poco funcional (no puede transferirse con rapidez y a bajo coste); por otro, los depósitos bancarios son activos financieros muy arriesgados por encima del importe cubierto por los fondos de garantía estatales (puesto que los bancos son actualmente entidades extremadamente ilíquidas y apalancadas, en consecuencia muy expuestas al riesgo de insolvencia). Por eso, la deuda pública de gobiernos solventes constituye para estos inversores una de las mejores alternativas para almacenar sus enormes volúmenes liquidez aun cuando ello suponga soportar un cierto coste (como si de una comisión de custodia se tratara) en forma de tipos de interés negativos. No en vano, la deuda pública es un instrumento a través del cual adquieren un derecho (coactivo) de cobro sobre todos los proyectos generadores de valor dentro de una economía.

Pero, ¿por qué la deuda pública española es ahora considerada por la comunidad inversora como el pasivo de un gobierno solvente cuando en 2011 y 2012 nos cerraron el grifo de la financiación por niveles de endeudamiento muy inferiores a los actuales? Pues, en esencia, porque desde julio de 2012 (tras el 'whatever it takes' de Draghi) sabemos que el Banco Central Europeo está respaldando la deuda pública española: más en concreto, el BCE está trocando (y se halla dispuesto a trocar en mayores cantidades si fuera necesario) deuda pública española y de otros países periféricos a cambio de pasivos del propio banco central. Un 'swap' de deuda nacional problemática por una deuda de la unión monetaria mucho más segura (pues países solventes como Alemania están detrás). El caso no es exclusivo de España: la quebrada Grecia apenas abona un interés del 0,6% sobre sus bonos a 10 años y Portugal entró en tipos negativos antes que España.

En resumen, la fuerte demanda global por deuda pública solvente está llevando a esos títulos a cotizar a un tipo de interés negativo y la deuda pública de España se halla dentro de la categoría de deuda pública solvente por contar con el aval implícito del Banco Central Europeo. Pero que podamos endeudarnos por ahora a tipos de interés negativos, ¿significa que debemos aprovechar la situación para hipertrofiar nuestro endeudamiento público? No, tanto por motivos reales como financieros.

Entre los motivos reales conviene recordar que todo proyecto financiado con deuda pública debería superar un análisis costes-beneficio, esto es, debería ir destinado a generar más riqueza de la que consume. El hecho de que nos podamos endeudar subsidiadamente no significa que debamos despreocuparnos por el valor añadido que generan esos proyectos, como si la economización de los recursos resultara irrelevante. Y, en este sentido, es harto dudoso que el Estado sea capaz de conocer suficientes proyectos rentables como para canalizar centenares de miles de millones de euros.

Entre los motivos financieros, hay que destacar el riesgo de subida de tipos de interés futuros. Este es un fenómeno que puede suceder ya no por motivos que afecten al emisor (el sobreendeudamiento de la eurozona podría generar endógenamente una escalada en su coste de financiación si es que la deuda pública empieza a acarrear riesgo), sino por motivos macroeconómicos: si durante las próximas décadas asistiéramos a una escalada de los costes financieros reales (ya sea porque muchos agentes desean volver líquida y gastar su riqueza o ya sea porque los ahorradores encuentren inversiones alternativas suficientemente rentables como para no aparcar su patrimonio en deuda pública), entonces un 'stock' demasiado voluminoso de deuda pública devoraría nuestros Presupuestos y nos aplastaría. Y démonos cuenta de que una posible subida de los tipos de interés reales no podría ser evitada por el activismo monetario de los bancos centrales (monetizando la deuda pública a bajos tipos de interés nominales únicamente generarían inflación).

En suma, es perfectamente explicable que la deuda pública española esté empezando a abonar tipos de interés negativos (esto es, a cobrar intereses a los acreedores) pero nuestros políticos no deberían perder la cabeza por esta circunstancia: no deberían usar la excusa de la financiación barata para sobreendeudarse.

Escudo del tirano
Alfonso Ussía. https://gaceta.es 14 Diciembre 2020

No parece leyenda urbana. Muchos amigos y conocidos de César González Ruano, cada uno con sus matices, me lo contaron. El gran César siempre andaba a la última pregunta. Por eso escribía tanto, y tan singularmente. Horas y horas en su mesa del Teide, con un café y pidiendo al camarero “recado de escribir”. A don César, un amigo poco informado, le había dado un consejo. –Escribe de Paraguay. Hay dinero-. Y César, que probablemente no había puesto el pie en Paraguay, escribía un artículo cada quince días elogiando la vida, la naturaleza y el sentido del respeto y la convivencia en Paraguay. El Director de ABC, el genial Luis Calvo, cada vez que recibía un texto de Ruano dedicado a Paraguay, montaba en cólera.- Ruano, un artículo más de Paraguay y le cierro las páginas de ABC-. Ruano le respondía con argumentos históricos y navegantes.

—Director, hoy son las palabras y no las goletas las que tienen que llevar consuelo y optimismo a los países hermanos de nuestra América-. Y a los quince días, otro artículo de Paraguay.

Al fin, fue invitado a almorzar por el embajador de Paraguay en España. Lo recibió con extremada cortesía. En el segundo plato, el Embajador consideró oportuno adelantarle a Ruano una buena noticia.

—Don César, me honra informarle que el Presidente de la República, como muestra de gratitud por su constante y demostrado amor a nuestra Patria, le ha concedido la Gran Cruz del Quetzal. Nos hubiera encantado recompensarle, además, con una generosa donación de utilidades, pero ya sabe que Paraguay pasa por una situación económica angustiosa, y esa donación, hoy por hoy, es inviable-. Ruano dejó caer el tenedor sobre la guarnición del solomillo. —¿Me quiere decir, Embajador, que no hay dinero? —No hay dinero don César, pero sí esa valiosa Gran Cruz-. La voz campanuda de Ruano endureció el tono. —Pues renuncio a ella. Métanse usted y el Presidente de la República al quetzal por el culo-. Se levantó y fuése.

González Ruano era un pícaro, y la picaresca no le fue propicia. Otra cosa es la infección de la farsa. Ruano buscaba un lomo de billetitos, y le salió el tiro por la culata. Pero nada más. Hoy, muchos columnistas y periodistas viven muy bien y ganan mucho dinero gracias a la mentira. No relaciono sus identidades porque se bloquearía mi ordenador. Y salto a Zapatero.

Zapatero se ha convertido en el escudo europeo de la tiranía asesina de Maduro en Venezuela. El número de ciudadanos – niños incluídos-, asesinados por el régimen comunista de Maduro es escalofriante. Ejecutados, torturados, encarcelados, desaparecidos… Venezuela, una de las naciones más ricas del mundo, se muere de hambre. Para comer, hay que pertenecer al sistema criminal. Venezuela, una de las tres naciones con más reservas de petróleo, no tiene gasolina en sus estaciones de servicio. Venezuela es una tierra bendecida con todas las riquezas posibles y probables, y hoy representa la ruina. Ruina y sangre inocente derramada por un tirano multimillonario que guarda, como las hijas de Chávez, o sus incondicionales allegados – voz muy de moda-, decenas de miles de millones de dólares robados a los venezolanos en los bancos de Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Suiza o los cercanos paraísos fiscales isleños del Caribe. Y Zapatero es su embajador, su escudo, su coartada constante.

Venezuela financió a Iglesias, a Monedero, a Echenique y a toda la gran mentira comunista de Podemos. Y Podemos no tuvo más remedio que reconocer que así había sido. Te doy y tú me das. Pero nadie sabe cuáles son los beneficios de un expresidente del Gobierno de España a cambio de representar y defender a un régimen criminal. La constancia ideológica descansa. La obligación no. Y Zapatero se muestra obligado a cumplir un contrato. Nada hay de picaresca en la actitud de Zapatero. Hay claros indicios de corrupción, ética y moral. Viaja a Venezuela porque allí tiene, además de algunas propiedades, su trabajo. Defender a un tirano a cambio de…

Europa es idiota y mansa. Concede a los asesinos de la Izquierda comunista laxitud y afecto. Al final, casi siempre tarde, reacciona. Su Justicia no está bien definida. Pero me pregunto, cada vez que Zapatero va a Caracas o vuelve de ella, cuándo Europa va a sentar en el banquillo de la Justicia Internacional al escudo del criminal. Todos los muertos sacrificados y torturados por Maduro, todos los desaparecidos, todos los encarcelados y todos los venezolanos que no pueden afrontar el gasto de una barra de pan, aguardan ese momento. La caída del régimen asesino, y la presencia de sus cómplices ante el Tribunal de La Haya. Porque esa contumacia, esa permanente disposición de Zapatero a favor del inmenso genocida, no corresponde a la idea. Corresponde a otro tipo de compensaciones. Los escudos no actúan de forma gratuita. Y los escudos socialcomunistas, menos aún.

El éxito de Madrid con el que quiere acabar el Gobierno
José María Rotellar Libertad Digital 14 Diciembre 2020

Madrid, con un PIB per cápita de 35.876 euros supera a Cataluña en casi 5.000 euros. En el último año cerrado disponible, 2019, el PIB de la Comunidad de Madrid creció un 2,5%, casi un punto más que el de Cataluña.

Madrid tiene muchas facetas por la que se la distingue: la calidez con la que sus ciudadanos acogen a todo el que llega a Madrid; su riqueza monumental y su importancia en los acontecimientos históricos a lo largo de los siglos; una buena gastronomía y una variedad perfecta de lugares para visitar y disfrutar de ellos; y la mejor asistencia sanitaria de España y una de las mejores de Europa, un transporte de vanguardia y una escuela pública bilingüe en inglés.

Unido a todo ello, se encuentra su política económica, que se basa en una gran libertad y lo que se ha convertido en la seña identidad de la misma: una política continuada en el tiempo de rebaja de impuestos para todos los contribuyentes, que han hecho que Madrid sea la región española donde menos impuestos se paga, pese a que las regiones forales tienen más competencias para poder bajar más, si quieren, los impuestos.

Esta historia, la de la rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid, que es una historia de éxito, comenzó tras llegar Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, paso a paso, adecuando las rebajas a la coyuntura económica y al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la Comunidad de Madrid no ha cesado de bajar impuestos, como decíamos en otro artículo hace unos meses y que, en estos momentos de acoso a la libertad para aplicar la política económica que se prefiera, conviene recordar.

Año 2005
Así, en el primer presupuesto que pudo aprobar sosegadamente dicho Gobierno, el de 2005 -el de 2004 tuvo que ser aprobado tras una prórroga del correspondiente a 2003, al producirse la repetición de elecciones y no formarse gobierno hasta finales de noviembre de ese año 2003-, llegaron las primeras medidas de bajadas de impuestos:

Primeras bajadas del Impuesto de Donaciones, limitadas a las herencias que recibiesen hijos menores de 35 años, por un importe de 30.000 euros y cuyo destino fuese compra de vivienda.
Primeras rebajas en el Impuesto de Patrimonio.
Primeras rebajas en el Impuesto de Sucesiones: exención completa hasta 50.000 euros y eliminación completa para hijos y nietos menores de 21 años y ascendientes en primer grado, sin límite.

Año 2006
Se aprueba la bonificación al 99% para familiares más cercanos (práctica eliminación, puesto que el 1% es a efectos de control, no recaudatorio) del Impuesto de Donaciones.

Se introducen siete nuevas deducciones en el IRPF, entre ellas, una de hasta 900 euros por el nacimiento o adopción de hijos, incrementada para partos múltiples, o la deducción del 15% por donaciones.

Año 2007
Se aprueba la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones para los familiares más cercanos (bonificación al 99%). Se rebaja 1 punto la tarifa del IRPF. Entonces, había cuatro tramos y se rebaja, de menor tipo a mayor, 4, 3, 2 y 1 décimas, respectivamente.

Año 2008
Madrid lidera la supresión del Impuesto de Patrimonio en toda España. Anuncia la exención del 100% para 2009 y el Gobierno socialista se ve forzado a extenderlo a toda España.

Año 2010
Eliminación del recargo autonómico del Impuesto de Actividades Económicas. Compensación fiscal del pago del impuesto de matriculación.

Año 2011
Deducciones en el IRPF para favorecer la inversión en el Mercado Alternativo Bursátil y otras destinadas al desarrollo empresarial.

Año 2012
En el año 2011, el Gobierno de Zapatero anuncia que recupera para 2012 el Impuesto de Patrimonio, con carácter transitorio, pero cuya transitoriedad lleva vigente desde entonces. La Comunidad de Madrid es la única región que decide mantener la exención del 100% para dicho impuesto, exención plena que sigue manteniendo en la actualidad.

Estas rebajas acometidas en la Comunidad de Madrid hasta ese momento, hacían que cada contribuyente madrileño se ahorrase 700 euros al año, que se quedaba en su bolsillo para hacer con él lo que estimase más conveniente.

Ahora bien, la gran rebaja tributaria de la historia de las CCAA, también llevada a cabo por la Comunidad de Madrid, se produce en la ley de medidas fiscales de 2014, aprobada en diciembre de 2013.

Año 2014
Rebaja adicional de más de un punto y medio (1,6 puntos) en la tarifa del IRPF, a razón de 4 décimas por cada tramo. Los madrileños se ahorraron, con esta rebaja, 216 millones de euros en dicho impuesto.

Rebaja un punto el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, del 7% al 6% en la transmisión de todo tipo de inmuebles. Los madrileños se ahorraron 76 millones de euros. Rebaja el tipo general de AJD del 1% al 0,75% (un 25% de rebaja en el tipo del impuesto). Los madrileños se ahorraron 50 millones de euros.

Devolución del gravamen autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos a los consumidores de gasóleo agrícola y profesional (céntimo sanitario). Los madrileños se ahorraron 15 millones de euros. Con ello, los contribuyentes madrileños pasaron a ahorrarse casi 1.000 euros al año.

Año 2015
La Comunidad de Madrid anticipa la bajada del IRPF del Gobierno de la Nación y rebaja 1,7 puntos a los contribuyentes con menos ingresos, por debajo de 12.450 euros, de manera que se convierte en el tipo de gravamen mínimo menor de España, dejándolo entonces en el 9,5% y manteniendo las rebajas del resto de los tramos.

Esta medida incorporó un ahorro de otros 240 millones para los contribuyentes. Así, entre las rebajas de estos dos años consecutivos, 2014 y 2015, los contribuyentes madrileños se ahorraron casi 600 millones de euros.

Ello llevó a que el ahorro anual de los contribuyentes madrileños por los menores impuestos de la parte autonómica fuese de 1.150 euros al año para cada uno. Si se le añade el efecto tracción que provocó Madrid para que el Gobierno de la Nación bajase el IRPF, ese año se incorporó un ahorro por IRPF en la parte estatal de 735 euros anuales en media para cada contribuyente madrileño, de manera que el total ascendía a un ahorro de 1.885 euros anuales.

Año 2018
Rebaja de medio punto en el tipo mínimo del IRPF, que baja hasta el 9%, el menor de España, como ya lo era antes. Deducción del 15% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos.
Actualidad

Y así se llega a la actualidad, donde hay nuevas medidas a aplicar:

Tres nuevas deducciones en el IRPF: deducción por cuidado de mayores de 65 años; 25% de los intereses de la hipoteca contraída para menores de 30 años; y 100% de deducción de los intereses de préstamos para estudios superiores, que no salió adelante en la Asamblea de Madrid en un primer momento y que sí ha conseguido prosperar el pasado mes.
Nueva rebaja de 2,5 puntos en los tipos del IRPF, a razón de medio punto por cada uno de los cinco tramos de la tarifa madrileña en la presente legislatura.
Dicha rebaja es, además, progresiva. Es decir, al mismo tiempo que se reducen los impuestos a todos los ciudadanos, se disminuyen más a los tramos con menos renta. De esa manera, en el tramo con menos renta, el tramo 1, podemos ver que la rebaja del tipo impositivo es del 5,6%, al pasar del 9% al 8,5%. En el tramo superior de renta, el tramo 5, la rebaja es del 2,4%, al llegar al 20,5% desde el 21%.

Una historia de éxito
Y todo ello es una historia de éxito, porque así lo demuestran los datos. No sólo no se ha perdido recaudación, sino que Madrid recauda 900 millones más que Cataluña y el doble que lo que recaudaba Andalucía en época socialista cuando ambas tenían entonces casi 5 puntos más de tipo impositivo de IRPF que Madrid. Y esa mayor recaudación con impuestos más bajos se debe a que libera renta para que los ciudadanos decidan qué hacer con ese dinero, si consumir, ahorrar o invertir, y, con ello, generar actividad económica y empleo.

Ese ahorro es notable respecto a lo que pagaría un contribuyente madrileño de aplicarse en Madrid el tipo nacional, más alto.

¿Qué ha permitido, hasta ahora, esa menor carga fiscal de los madrileños? Que cada contribuyente disponga de 1.150 euros más al año en su bolsillo en la parte autonómica para consumir, ahorrar o invertir, en definitiva, para generar actividad económica y empleo, y que la economía madrileña se comporte mejor que la media nacional, con una mejora sustancial del crecimiento madrileño desde 1995, que ahora, a buen seguro, será más de 1.200 euros anuales en cuanto se apliquen las nuevas bajadas anunciadas por Ayuso.

Eso ha redundado en un mayor crecimiento económico que el que tenía Madrid antes de las rebajas de impuestos aplicadas (la última efectiva es de 2018).

Crecimiento que se ha traducido en una mayor riqueza de los madrileños desde entonces, como muestra la evolución del PIB per cápita:

Madrid vs Cataluña
¿Y qué sucede si comparamos con el conjunto de España o con Cataluña, defensores actualmente sus gobiernos de políticas intervencionistas e impulsores de acabar con la política económica de Madrid? Veámoslo.

En los últimos diez ejercicios cerrados, Madrid ha crecido un 63%, en media, más que Cataluña o que el conjunto de España. Es decir, casi ha doblado el crecimiento medio de ambas, al ser el de Madrid un 1,8% y el de Cataluña y el conjunto nacional un 1,1%.

De hecho, el deterioro de la economía catalana, debido a la política más intervencionista aplicada es clara: mientras que Madrid ha visto aumentar en casi dos puntos el porcentaje superior que su PIB per cápita representa sobre la media nacional en los últimos veinte años, en Cataluña ha disminuido ese peso en cuatro puntos en el mismo período.

Y eso no se debe a ningún efecto de capitalidad, por mucho que se empeñen tanto los miembros del Gobierno de Sánchez como los independentistas y todos sus aliados. No se trata de la capitalidad, sino de la política económica que se decide aplicar.

No hay una única política económica posible. Una, intervencionista, basada en una mayor intromisión en la economía, gasto público creciente, déficit alto, deuda elevada y subida de impuestos, además de una ausencia total de reformas. La otra, liberal, basada en la austeridad y reducción del gasto, la estabilidad presupuestaria, la reducción ordenada y selectiva de impuestos y la eliminación de trabas que libera renta para la economía productiva, genera un marco de confianza y credibilidad y dinamiza la actividad económica y el empleo.

Es legítimo optar por una o por otra, pero sabiendo siempre que cada una de ellas dará diferentes resultados, porque distintas políticas dan distintos resultados. Así, desde el punto de vista regional, nos encontramos con que Cataluña ha optado por la política intervencionista y Madrid por la liberal.

Pues bien, como son dos regiones de tamaño económico similar, con capacidad similar para atraer inversiones y generar riqueza, podemos comparar de manera muy atinada cuáles han sido los efectos de las diferentes políticas.

Así, si nos vamos a los momentos anteriores a la diferenciación de políticas, en 1990, cuando no había casi competencias transferidas y no había posibilidad de ser corresponsables por el lado de los ingresos con una política tributaria distinta, Madrid crecía 3 puntos menos que Cataluña.

De hecho, entre 1983 -inicio de la autonomía en Madrid- y 1995 -comienzo de la aplicación de políticas liberal-conservadoras en Madrid, el PIB de Cataluña creció en la mayoría de esos años por encima del de Madrid.

A partir de entonces, especialmente desde 2003, Madrid comenzó a aplicar una política económica basada en el liberalismo clásico, con gasto reducido y eficiente e impuestos bajos. Así, por ejemplo, Madrid redujo el IRPF, de manera que cuenta con un tipo máximo 5 puntos inferior al de Cataluña, mantiene la exención al 100% en el impuesto de Patrimonio y la bonificación al 99% en Sucesiones y Donaciones para los familiares más cercanos, mientras que Cataluña repuso Patrimonio y Sucesiones y Donaciones y va a aplicar nuevas subidas en el IRPF.

Esa política de subida tributaria en Cataluña ha ido acompañada por un permanente aumento del intervencionismo económico en todos las ramas de actividad, que restringen libertad y cercenan espacios de crecimiento de riqueza y empleo.

De esa manera, nos encontramos con los resultados de la aplicación de estas distintas políticas económicas: la intervencionista en Cataluña y la liberal en Madrid. Y los fríos datos dicen lo siguiente, que vemos a continuación.

En el último año cerrado disponible, 2019, el PIB de la Comunidad de Madrid creció un 2,5%, casi un punto más que el de Cataluña.

Y ese crecimiento de 2019 no es más que el de la tendencia de toda una década, como ya hemos señalado antes, con un crecimiento superior de Madrid sobre Cataluña en el ya mencionado más del 63%.

Eso tiene su reflejo en el PIB per cápita. De esta manera, Madrid, con un PIB per cápita de 35.876 euros supera a Cataluña en casi 5.000 euros.

Los efectos de esas distintas políticas, por tanto, se dejan sentir. Ahora, se ve el último efecto, el del volumen global del PIB, el que marca la dimensión de una economía. La Comunidad de Madrid ya era la que más crecía y la más rica -es decir, la que tenía un PIB per cápita más alto-, pero ahora también es la mayor economía de España.

De esa manera, por primera vez en la serie histórica de la Contabilidad Regional del INE en una época de crecimiento económico, no de recesión como fue 2012 y 2013, la Comunidad de Madrid se convierte en la región con mayor PIB de España, superando a Cataluña en 3.138 millones de euros pese a tener Madrid 1,5 millones menos de población.

Eso no es fruto de la casualidad, sino del marco flexible y dinámico, que atrae a empresas, profesionales y personas, que generan las políticas aplicadas en la Comunidad de Madrid, en el margen de sus competencias, basadas en el gasto eficiente, dedicado a lo esencial, con los mejores servicios públicos de España, los impuestos bajos, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, la libertad económica y las reformas que eliminan obstáculos en la economía. Distintas políticas dan distintos resultados y eso es lo que no parecen aceptar ni el Gobierno de Sánchez, ni el de Puig ni los independentistas. En lugar de copiar lo que funciona, prefieren acabar con ese éxito que lo es, a través de la solidaridad de Madrid, de todos los españoles.

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Ofensiva socialcomunista contra la lengua española
EDITORIAL Libertad Digital 14 Diciembre 2020

Los nacionalistas tienen una obsesión enfermiza con el español en los territorios que controlan. Es lo lógico en unos partidos de corte identitario, que utilizan la lengua vernácula como herramienta para la división de la sociedad y el fortalecimiento de las redes clientelares que los mantienen en el poder. Pero a esta agresión constante del nacionalismo se suma ahora el Gobierno socialcomunista, dispuesto a dar el golpe definitivo al derecho a utilizar en la esfera pública la lengua común de todos los españoles.

La reforma educativa impulsada por el Gobierno, conocida como Ley Celáa, tiene como uno de sus ejes principales, precisamente, facilitar a las autonomías gobernadas por el nacionalismo la erradicación del español en sus programas educativos. No es de extrañar el júbilo con el que ha sido recibida esta nueva ley de Educación por los partidos separatistas, de cuyo apoyo depende que Sánchez e Iglesias sigan empotrados en La Moncloa.

Las críticas a esta reforma anticonstitucional coinciden en que la nueva norma plantea las bases para la erradicación del español en la enseñanza. Como señalan acertadamente los escritores firmantes del manifiesto contra esta funesta reforma educativa, Sánchez ha dado un salto cualitativo al firmar una ley “aprobada a instancias del independentismo y asumida como propia por el Gobierno”, que “ha eliminado de su articulado tanto la condición del castellano como idioma oficial, como la de ser lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado”. La consecuencia inevitable, afirman, es que “expropiará a las generaciones futuras el patrimonio y el tesoro común que es el castellano” y las “desconectará paulatinamente del resto de compatriotas desde el punto de vista histórico y emocional”.

Con este precedente no cabe extrañarse de que los mandarinatos socialistas en regiones con arraigo nacionalista estén llegando a extremos, entre infames y grotescos, como en Baleares, donde el Ejecutivo socialista presidido por la inefable Francina Armengol ha creado una oficina pública para paliar el “dolor” de no poder hablar la lengua de “los Països Catalans”. Por no mencionar las acciones aberrantes de las organizaciones financiadas por el separatismo para perseguir el uso del español que, en pleno delirio, llegan a acusar incluso a la televisión de la Generalidad de permitir eventualmente algunos contenidos en castellano.

Es una auténtica vergüenza que los sindicatos de enseñanza, tan activos con sus mareas verduzcas cuando el Gobierno del PP trataba de paliar la catástrofe educativa provocada por la izquierda, guarden un silencio tan estruendoso ante uno de los ataques más siniestros de las últimas décadas contra el derecho a la Educación de todos pero, muy especialmente, de las familias menos pudientes. Su actitud los convierte en cómplices infames de una ley que el Tribunal Constitucional debería rechazar de plano con una sentencia ejemplar.

¿Es Casado un nuevo Chamberlain?
Miguel Ángel Belloso okdiario 14 Diciembre 2020

La moción de censura de Vox al presidente Sánchez fue un momento aciago para el PP. Asediado por Alberto Núñez Feijóo -que, ¡oiga usted!, merece un respeto después de haber obtenido cuatro mayorías absolutas en Galicia- así como por los barones lacayos y oportunistas de Andalucía y de Castilla-León, Pablo Casado decidió romper todas las amarras posibles con Santiago Abascal, al que humilló e insultó personalmente en busca de la distancia que le exigía la izquierda y la prensa progresista. Todo esto no sirvió para nada. Fue una cesión sin clase de rentabilidad alguna, porque ni el ‘sanchismo’ ni los medios de comunicación adictos han dejado de socavar al PP a pesar de su viraje hacia esas posiciones húmedas y falsamente civilizadas.

Pero el asunto que nos ocupa es que Casado está encantado de haberse conocido y que ahora, en contra de lo que prometió en las primarias que venció con un discurso en pos de enterrar el ‘marianismo’ melifluo e indolente, y en favor de reconstruir la derecha que unificó Aznar, se siente plenamente satisfecho. Se considera resucitado. Hasta el punto de que opina que, habiéndose centrado, le votarán muchos socialdemócratas que creen en la unidad nacional, en la igualdad de oportunidades, en la sociedad abierta y también en un liberalismo económico que permita financiar el Estado de Bienestar.

Mi modesta opinión es que Casado se equivoca, que parece cada vez más un iluso, y esto es un grave inconveniente para liderar la oposición al Gobierno de hienas que nos ha tocado en desgracia. Alberga la expectativa de que en los momentos críticos en que vive la nación, el PP puede aglutinar a los socialdemócratas desencantados con Sánchez. Está determinado a forjar la unión del gran centro -que jamás ha existido, que es la nada ideológica e instrumental-. Está persuadido de poder acumular a esa fuerza tranquila española que nadie sabe en qué consiste. Está convencido de que a Sánchez sólo le puede superar el PP reuniendo el voto moderado y transversal frente a los extremistas y radicales contemporáneos

Todo esto simula ser plausible, a simple vista, pero en cuanto se le da un par de vueltas tiene todos los componentes de un delirio. El PP no ganará jamás unas elecciones si no llega a un acuerdo con Vox, que es un partido sin complejos, decidido a enfrentarse abiertamente al socialismo y a dar la batalla cultural que merece el Gobierno psicópata del momento. Vox representa fielmente a una parte creciente de los antiguos votantes del PP que Casado prometió recuperar cuando ganó las primarias a Soraya -la escudera de Mariano, la representante de lo peor de la derecha paniaguada y delicuescente-; y precisamente las ganó esgrimiendo el apego a las ideas que hicieron una vez grande al PP, y no al pragmatismo cicatero y dudosamente remunerador del señor Rajoy.

En contra de lo que dice Casado, Vox no es un partido antieuropeo -aunque le gustaría una Unión menos burocrática, reguladora e invasiva de lo que es la actual-. En lo que respecta a los extranjeros, sólo está en contra de la inmigración ilegal, también de la que llega por el efecto llamada de nuestro Estado de Bienestar, y reprueba, por ejemplo, que el Ejecutivo que padecemos transporte de madrugada a inmigrantes de Canarias para soltarlos a la intemperie en Granada, en Valencia, donde sea, sin pruebas sobre el Covid, sin oficio ni beneficio, obrando así de irresponsablemente porque no ha tenido el coraje necesario ni la influencia precisa en política exterior para devolverlos a su lugar de origen.

Vox no está en contra del estado de las autonomías sino de sus excesos, cuestión en la que está de acuerdo la mayoría social del país. Apoya la autonomía fiscal para bajar impuestos, en Madrid, en Andalucía, y allí donde surja la oportunidad, pero se opone -porque es de sentido común- a aumentar el gasto público superfluo, y más si éste se dirige a consolidar una ideología antiliberal como la que encarna el consenso progre: el feminismo radical, el ecologismo insensato, el apoyo a la ocupación de las viviendas o la violencia de género sectaria; en definitiva, el relativismo moral como regla de comportamiento civil. Y está por supuesto en favor de ejercer las competencias autonómicas para combatir la ley educativa criminal de la señora Celaá en defensa de la escuela concertada, así como de una educación que eleve el prestigio de los docentes y estimule el sacrificio, el trabajo y el esfuerzo de los alumnos. Dicho esto, ¿de qué estamos hablando, señor Casado? ¿Qué más inexactitudes tiene que esgrimir para esconder que se pasó de frenada en la moción de censura de Vox, que insultó al señor Abascal y que rompió los puentes con la única formación que puede facilitarle el acceso a La Moncloa?

El pasado domingo 6 de diciembre, el día de la Constitución, el señor Casado declaró al diario El Mundo que “el PP representa ahora mejor a los socialdemócratas moderados que Sánchez”. Pues muy mal. Esta afirmación es irrisoria. Cómica o, peor aún, una prueba notoria de que la derecha popular en manos de los barones, algunos de medio pelo, ha perdido el norte, el sitio, el cacho. Ya dije aquí mismo el pasado lunes que conozco a los socialistas como a la madre que me parió. Podría contar con los dedos de la mano los que alguna vez en la vida se han inclinado hacia el otro lado. Desde luego que hay muchos socialistas desencantados con Sánchez, que no lo soportan, que no se reconocen en este partido aliado de los proetarras de Otegui o de los golpistas de Junqueras. A pesar de todo, no darán nunca el paso definitivo.

Lo ha explicado mejor que yo en ABC Ignacio Camacho después de hablar con un amigo socialista tan decepcionado como recalcitrante: “¿Que qué voy a hacer en las próximas elecciones? Pues en el fondo nada, rezongar por lo bajo, cabrearme…y seguir votándolos”. ¿O es que no ha oído hablar el señor Casado del voto biográfico? La biografía es una cuestión importantísima, definitiva. Como mucho, en un grado máximo de disentimiento, te puede llevar a la abstención que dio lugar a las mayorías de Aznar y luego de Rajoy, pero jamás a la tarea hercúlea de ganar indiscutiblemente en este país esencialmente ‘guerracivilista’.

Como ya nos enseñó Churchill con Chamberlain, a cuenta del expansionismo de Hitler en Europa, la estrategia del apaciguamiento acaba siendo baldía. Así podríamos decir que, igual que Alemania con el Reino Unido, la izquierda radical y los medios de comunicación que apoyan al Gobierno masivamente han ofrecido a Casado elegir entre la deshonra y la guerra. El PP del momento parece que ha elegido la deshonra, pero es un hecho que también tendrá la guerra, que no ha cesado ni un instante: todavía resuenan en el Palacio del Congreso los advenimientos excrementales de la socialista Adriana Lastra y de Pablo Echenique: “Tenéis gobierno socialcomunista para rato. Para muchos años”. Dadas las circunstancias y la deriva de Casado, estoy de acuerdo.

Hace ya mucho tiempo, mi amigo economista y divulgador Carlos Rodríguez Braun mantuvo un debate en público con el insigne profesor Rafael Termes, que Dios tenga en su gloria. En los primeros gobiernos socialistas, los partidarios de Alfonso Guerra forjaron la especie de que tanto González como su ministro de Economía Carlos Solchaga eran liberales. Y así Braun se preguntaba si se puede ser socialista y liberal al mismo tiempo. “Jamás”, respondió Termes. “Ya sea que propugnen una gran libertad de mercado o que estén dispuestos a reducir dramáticamente el déficit público. Lo que distingue a un socialista de un liberal es su manera de percibir la realidad en orden al bien común”, afirmó con gran acierto.

El liberal piensa que la cooperación para el progreso social se logra a través de las actuaciones de los individuos, quienes buscando su propio interés crean el orden espontáneo que conduce a los mejores resultados posibles. El socialista tiene la fatal arrogancia de pensar que la mente de un solo individuo, digamos por ejemplo que Sánchez, es capaz de construir un orden social con mejores resultados que los individuos dejados a su libre albedrío generando riqueza y bienestar para todos. De manera que o se es liberal, como declara ser Casado -es decir, partidario del orden espontáneo- o se es socialista -es decir, constructivista-, como últimamente también se declara Casado. Pero no cabe ser un poco de lo uno y un poco de lo otro, como falazmente pretenden algunos miembros desorientados del Partido Popular y también algunos socialdemócratas. Una mujer no puede estar un poco embarazada. O lo está o no lo está. Mi opinión es que, desde la moción de censura de Vox, la posición del señor Casado es cada día más embarazosa.

Una pistola Browning FN
El diplomático y exdiputado de UCD Javier Rupérez recuerda su secuestro a manos del comando de ETA del que formaba parte Arnaldo Otegui
Javier Rupérez ABC 14 Diciembre 2020

Estos días vengo en recordar, es un decir, que hace 41 años los terroristas que me habían secuestrado el 11 de noviembre, era 1979, pusieron fin a mi ilegal cautiverio de 31 días -siempre me ha parecido que utilizar para ello la palabra «liberación» es un involuntario e indebido agradecimiento a los delincuentes de turno- depositándome en el kilómetro 233 de la carretera nacional que une Burgos con Madrid. En el secuestro había participado una ciudadana francesa, llamada Francoise Marhuenda, detenida por la Policía Nacional, procesada mas tarde por ello y durante un tiempo cumpliendo condena en prisión por su acción criminal.

Marhuenda, en su declaracion ante la Policía, realizada en Madrid el 24 de marzo de 1980, relata minuciosamente los detalles de la preparación y ejecución del secuestro y sus contactos con los demás integrantes del comando que lo llevaría a cabo. Explica la francesa que los terroristas en cuestión «habían realizado la acción del señor Cisneros» -el intento frustrado de secuestro llevado a cabo unos meses antes del mío en contra de Gabriel Cisneros, como yo en aquellos momentos diputado por UCD, que intentó escapar y fue gravemente herido por los tiros de los criminales al ver que se escapaba- «se habían bautizado con el nombre de «Comando Kalimotxo» y se llamaban «Luis María Alcorta Maguregui («Bigotes»), José María Ostolaza Pagoaga («Barbas»), y Arnaldo Otegui Mondragón («el Gordo»)». Explica asimismo cómo los terroristas, entre los cuales se encontraba ella misma, habían comenzado a «elaborar el plan» de mi secuestro, «sopesando todas las posibilidades que pudieran surgir, concretándose que en el caso de presentarse algún inconveniente por parte del objeto del secuestro, procederían a ajusticiarlo». El habitual tiro en la nuca que me reservaban en el caso de que no me portara bien. Y para eventualmente realizar tan piadosa tarea, Marhuenda «toma una pistola Browning FN nueve milímetros parabellum, Alcorta Maguregui «Bigotes» un revólver marca Taurus calibre treinta y ocho, Otegui Mondragón «Gordo» y Ostolaza Pagoaga «Barbas» sendas pistolas Browning FN nueve milímetros parabellum».

He vivido para recordarlo y contarlo, y siempre he tenido como obligación el evocar la memoria de los que fueron asesinados en parecidas circunstancias, o la de aquellos que la han perdido como consecuencia de la violencia que sobre ellos los terroristas ejercieron, o en general la de prestar testimonio de la barbarie que sobre la ciudadanía española ejercieron durante cincuenta años los alevines de las huestes racistas y tribales que pretendieron hacer del Pais Vasco una tierra independiente a cargo de la sangre de decenas de miles de vidas inocentes. Eso que llamaban la «socialización del sufrimiento». Y entre ellos, como en 1980 testificó Francoise Marhuenda, ya se encontraba Arnaldo Otegui Mondragón, que con el mote de «Gordo» militaba en la asociación terrorista vasca ETA y que hoy, convicto y confeso de parte de sus crímenes, lidera una formación política apellidaba Bildu, dirigida a albergar los etarras que como él son y a los filoeterras que con él ahora se reúnen, ya sin pistolas, las que les quitaron las fuerzas de seguridad de la democracia, pero con las mismas intenciones delictivas de entonces: acabar con España y con la libertad de los españoles.

Ese es el mismo Otegui con el que Sánchez pacta los Presupuestos Generales del Estado, el mismo Otegui con el que Iglesias cuenta para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o al que quiere incluir en la «dirección del Estado», el mismo Otegui con el que la socialista vasca Idoia Mendía suele celebrar los fastos navideños o a quien Ábalos incluye como factor imprescindible para una nueva transición hacia la democracia. El mismo Otegui al que lacayunamente entrevista TVE mientras me niega la posibilidad de replicar a sus infectas baladronadas de terrorista nunca arrepentido. El mismo Otegui al que los podemitas aplauden, los separatistas catalanes albergan y frente al que los neo socialistas tipo Lastra y Simancas dócilmente callan. Estos son los tiempos. 41 años después.
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