AGLI Recortes de Prensa   Martes 15  Diciembre  2020

Carta del director
Eduardo Inda. okdiario 15 Diciembre 2020

España está en una situación límite. Seguramente más límite que nunca en estos 43 años de democracia. El salto al vacío de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, aceptando el apoyo del partido que representa a quienes asesinaron a 856 compatriotas y de los que dieron un golpe de Estado hace poco más de dos años, suponen una involución en toda regla.

"Porque OKDIARIO eres tú, es España, su unidad dentro de la diversidad, es la democracia liberal, es la ética en la vida pública, es la libertad de expresión, son los principios y los valores que han hecho de nuestro país un ejemplo en todo el mundo. Es aquí y ahora: ¡OKCLUB, ya!"

Las alertas económicas de Bruselas llegan en cascada
Editorial ABC 15 Diciembre 2020

Frente al idílico panorama que sigue dibujando cada día el Gobierno ante la recesión, las alertas de Bruselas llegan en cascada. El llamado «diálogo social» se ha frenado en seco, el Ejecutivo está roto entre ministros socialistas y ministros de Podemos, y las ayudas europeas penden de que afrontemos una serie de reformas inexcusables.

Es notorio que a las autoridades económicas de la Comisión no les satisface la reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo porque siguen siendo soluciones ilusorias.

Europa tampoco comparte la derogación del grueso de la reforma laboral aprobada durante la etapa del PP, y todo se dirime en una pugna entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz.

Y además crece la preocupación por el peso de los nacionalismos y el separatismo en las cuentas públicas, dada su tendencia a romper la unidad de mercado con sus chantajes. Este es el diagnóstico realista. El resto solo es la eterna edulcoración de la realidad a la que nos acostumbra Pedro Sánchez.

Ilegalizar a la izquierda y al nacionalismo antes que la Monarquía
Emilio Campmany Libertad Digital 15 Diciembre 2020

Jamás se ha visto en España una campaña de difamación como la que padece Don Juan Carlos. Los devaneos son cosas que atañen a su familia. Y lo del dinero… Por Dios, aquí han metido la mano en la caja todos los partidos. La misma regularización fiscal que está intentando llevar a cabo quien nos trajo la democracia es algo que ha hecho muchísima gente y muchos de ellos previo aviso de la propia Hacienda. El caso más notable es el de Juan Carlos Monedero, cuyo partido pretende fundarse en la misma falta que él cometió para cargarse, no ya la persona, sino la institución. Y a él no tiene nada que agradecerle España. Hace bien poco, el PSOE robó cientos de millones de euros por el sistema de los ERE abusando de la legislación pensada para la protección de los trabajadores y hoy se escandaliza de que Juan Carlos no pague todos los impuestos que debería. Encima le obligaron a abdicar para que no saliera a la luz lo que de todas formas luego destaparon.

Juan Carlos no tuvo un comportamiento ejemplar, pero al menos no montó una organización terrorista responsable de asesinatos y secuestros, no saqueó a los huérfanos de la Guardia Civil, el BOE y la Cruz Roja, no protegió los feos negocios de Jesús Gil ni lo indultó tras haber éste financiado ilegalmente a su partido. Y esto es sólo por compararlo con Felipe González, que hoy se permite disertar de lo divino y de lo humano mientras todos callan respetuosamente para escuchar las consideraciones que quiera hacer y que van de lo obvio a la gansada. Está también el caso de Pujol, que puso más entusiasmo en saquear su patria catalana que en lograr su independencia y que, junto a muchos dirigentes de CiU, ahí está disfrutando de lo que robó sin que los telediarios digan ni oste ni moste. En el País Vasco no hay escándalos porque los mercachifles nacionalistas se inspeccionan a sí mismos gracias al régimen fiscal especial que disfrutan, lo que les permite venir a Madrid con los bolsillos llenos y la cara –dura– bien alta. Por no hablar de Podemos, financiado a medias por una dictadura comunista y una teocracia terrorista.

Y en este país, gobernados desde 1982 por jetas, ladrones, mangantes y desahogados, el problema es que un rey que ya no lo es ha dejado de declarar al fisco no se qué ingresos. Y por eso, en vez de ilegalizar al PSOE, que ha robado lo que no está escrito, además de ser responsable del GAL, o a los partidos nacionalistas, que proporcionalmente han robado todavía más, o a los comunistas que se financian de regímenes execrables para con ese dinero destruir a la nación, lo que se pretende es acabar con la Monarquía. Una institución que está hoy representada por una persona intachable cuyo único pecado ha sido defender a la nación cuando otros querían acabar con ella mientras el Gobierno que juró protegerla dejó cobardemente hacer.

Esto es una cleptocracia. De acuerdo. Pero al que quieren cargarse y la institución a la que se lo quieren hacer pagar no son los responsables. Al contrario. Hasta cierto punto, Juan Carlos fue una víctima que se dejó arrastrar por la hedionda crecida de corrupción con que el PSOE inundó España. Pudo mantenerse al margen y dar ejemplo. No lo hizo y pagará por ello. Pero no es él quien abrió la espita.

Los ‘illuminatis’ separatistas de la escuela catalana
EDITORIAL Estrella Digital 15 Diciembre 2020

Escándalo sobre escándalo, y muchos de ellos dejando de caer tras de sí el manto de la impunidad. Protección de Datos ha expedientado a los institutos catalanes que preguntaron a sus alumnos si eran o no independentistas. En su día, en un sinfín de centros se interrogó a estudiantes de ESO para que revelasen si se sentían catalanes o españoles, y si sus amigos eran catalanes o “de otros países no catalanes”.

En modo alguno se trató de un caso aislado, de un profesor que por un día perdió la cabeza o de un director de alguna escuela al que le pudo, irremediablemente, la furia independentista, sin importarle el atropello cobarde a los derechos fundamentales de sus alumnos. No.

La encuesta, que se llevó a cabo hace ya un año llevaba hasta la autoría intelectual de la Universidad de Lérida y pretendía “la adaptación lingüística y la integración cultural de los alumnos”. Obviamente, en el bien entendido de que los que eran castellano-parlantes o no consideraban que Cataluña fuese o debiese ser una nación independiente eran los ‘inadaptados’, los ‘desestructurados’, los ‘anormales’. ¡¿Qué importaba que fuesen niños o adolescentes?! ¡¿Qué importaba lo que pensasen de ese experimento, propio de descerebrados o fanáticos, sus padres o sus madres?!

Obviamente, la encuesta no era voluntaria, y sus facinerosos promotores se permitieron en algunos casos hasta prohibir la salida al patio a los chicos que no la habían finalizado… hasta que éstos culminaran su decisivo ‘trabajo’.

No se trata de una mera cuestión de sectarismo o de estupidez humana. Se trata, una vez más, de un ejercicio perfectamente planificado, sistematizado y blanqueado por quienes, en su ceguera y su odio contra ‘el ciudadano español’, no dudan en arrasarle los derechos, a él y a sus hijos. Y ésta es la razón por la que las multas a estos illuminati deben ser implacables y contundentes.

Ambos hemisferios
Enrique García-Máiquez. https://gaceta.es 15 Diciembre 2020

La Gaceta de la Iberosfera ha llegado cuando más la necesitaba. O para ser más exacto, ha llegado un poco antes, con esa elegancia de no hacerme esperar, para estar ya aquí cuando yo me diese cuenta, que es ahora mismo.

Hasta ahora, mi horizonte político era España en régimen de autarquía. ¿Por una cuestión de patriotismo? Sí, por supuesto; y no, porque también amo a los países de Hispanoamérica (sus gentes, su historia, su literatura, su naturaleza) y otros cuantos. Era, más bien, que veía que el campo de acción política activa era mi país, del mismo modo que para un güelfo blanco de la época de Dante lo era Florencia o para Sócrates lo fue Atenas. España era el lugar donde ejercía mi voto y donde podía influir con mis conversaciones y artículos en las ideas y en el voto de mis compatriotas.

Pero Pedro Sánchez ha deshecho esa situación de una forma concienzuda e implacable. Él es estanco a cualquier argumento intelectual, histórico o jurídico contrario a su voluntad de poder. Al ser un mentiroso compulsivo que jamás cumple sus compromisos ha hecho saltar por los aires el tablero de la lógica política como juego de fuerzas contrarias, pero racionales. En política exterior es un inane, como se está viendo en el conflicto del Sahara, en que Rabat le cambia la agenda y lo deja esperando a la puerta. En Europa se le vuelve la espalda con desdén, salvo para darle dinero, que es una forma de sujetarlo más por la espalda. Toda esa impotencia internacional nuestro Gobierno la vuelve, con un obvio mecanismo compensatorio, en ejercicio arbitrario del Decreto Ley con sus ciudadanos. El escritor y pensador Gabriel Insausti explica que los Estados modernos tienen cada vez menos fuerza en el exterior y más en el interior, esto es, se diluye la soberanía, pero crece el poder. Ese mecanismo en España se está exacerbando.

Todo lo cual me fuerza a salir a toda prisa de mi zona de confort. La política nacional ha dejado de ser el epicentro de nuestra vida nacional. Las decisiones que nos afectan se toman en los organismos internacionales más o menos opacos, nunca transparentes. Las decisiones económicas que atañen a nuestro día a día escapan absolutamente del control y quién sabe si del conocimiento de nuestro Gobierno. Los grandes debates políticos se dirimen muy lejos de nuestras fronteras. Ocurra lo que ocurra con Donald Trump en Estados Unidos, su actividad tiene más peso con respecto a la libertad de expresión y a plantar cara a lo políticamente correcto que lo que haga el Gobierno. Incluso una derrota definitiva de Trump implicaría más libertad de pensamiento que una victoria aquí de Pablo Casado, si proyectamos lo que pasó con la mayoría absoluta de Rajoy, como se vio. En el plano moral, la lucha en Argentina o Ecuador por el derecho a la vida resulta ejemplar y decisiva. En el plano del pensamiento, los grandes asuntos —el transhumanismo, los límites de la democracia, las soberanías nacionales, los movimientos migratorios, el islamismo, la autodestrucción de Occidente— son globales.

Esto no implica ningún tipo de escapismo de nuestra realidad nacional, sino entender bien qué peleas se libran y en qué escenarios y cómo. La poderosa imagen que abre La Cartuja de Parma de Stendhal, con un desnortado Fabrizio del Dongo cruzándose por la batalla de Waterloo sin entender nada de nada de lo que está pasando ni reconocer siquiera al mismísimo Napoleón cuando tropieza con él, nos debe animar a mirar mejor las cosas. Hoy, el verdadero escenario de la batalla es mundial y tiene un punto muy candente en ambas orillas del Atlántico. La Gaceta ha venido oportunamente a abrirnos la perspectiva. Una vez asumidas las dimensiones de cuanto ocurre, hay que volverse a nuestro puesto aquí y ahora, y esforzarse alrededor, empezando por la vida doméstica y la política local, pero con la vista más larga y el pensamiento más profundo.

PSOE-Podemos, un proyecto devastador
Cayetano González Libertad Digital 15 Diciembre 2020

Hace unos días, Pedro Sánchez puso en circulación un nuevo mantra cuyo único objetivo era salirse por la tangente cuando le preguntaron su opinión sobre el vídeo de Podemos contra la Monarquía en el que se comparaba al rey emérito con el narco Pablo Escobar. “PSOE y Podemos somos dos partidos distintos, venimos de culturas diferentes”, dijo el actual inquilino de la Moncloa.

Para ser dos partidos distintos, que vienen de culturas diferentes, no está nada mal el sinfín de coincidencias que existen entre ambos y que se están plasmando día a día en un proyecto devastador para España y para los españoles. Es evidente que ese proyecto tiene un objetivo prioritario: la demolición del régimen constitucional del 78, Monarquía incluida.

Pero también es un proyecto ideológico que persigue un cambio radical en la sociedad, en el terreno de los principios y valores, con iniciativas legislativas enmarcadas en eso que se ha venido en llamar ingeniería social. Esta semana se aprobará en el Congreso la ley de eutanasia, una medida que ataca directamente los cimientos morales y éticos de una sociedad, al legislar contra el derecho a la vida del ser humano. Es igual de grave que ese derecho se conculque en el momento de su concepción (aborto) que al final de la vida (eutanasia). En el caso del aborto, la ministra Montero ya ha anunciado la reforma de la actual ley y volver a la de Zapatero, en la que no hacía falta el consentimiento paterno para abortar a las menores de edad. Y en los próximos días también se aprobará definitivamente la Ley Celaá, que constituye un ataque directo a la enseñanza concertada, a la educación especial y por tanto al derecho de los padres, reconocido en la Constitución, a elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos.

Por lo tanto, menos distingos y menos culturas diferentes. Sánchez está encantado con el trabajo sucio que le hace Podemos, por ejemplo, en los pactos con los independentistas catalanes de ERC o con los herederos políticos de ETA. También Iglesias y sus secuaces son la punta de lanza en los ataques a la Monarquía, con acciones tan deleznables como el citado video de la pasada semana.

El único objetivo de Sánchez es la permanencia en el poder. Si eso pasa, como de hecho ya está pasando, por hacer del PSOE un proyecto a su servicio, no le temblará la mano. Si la Monarquía y el rey Felipe VI son el último bastión para defender el Estado de derecho y el régimen constitucional salido de la Transición, habrá que maniobrar lo que haga falta para que deje de ser esa última fortaleza. Si hay que imposibilitar la alternativa democrática que pueden encarnar partidos como el PP o Vox, se aísla al primero y se demoniza al segundo. Si en el Poder Judicial hay atisbos de resistencia al poder omnímodo de este Gobierno social-comunista, se planifica el asalto a dicho poder por la vía del Consejo General del Poder Judicial. Todo por el poder.

Teóricamente, PSOE y Podemos son dos partidos distintos y vienen de culturas diferentes, pero en la práctica el proyecto que les une es mucho más fuerte que las diferencias que puedan tener en su acción de Gobierno. La factoría monclovita de Iván Redondo tendrá que pensar en otro mantra, porque este último no cuela. Sánchez está encantado con Iglesias, al que deja y seguirá dejando hacer todo lo que haga falta siempre que le sirva para su proyecto de permanencia en el poder y de transformación de la sociedad.




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En manos de socios delincuentes
Editorial ABC 15 Diciembre 2020

Otegui no es un ejemplo para la democracia, como lo presenta el Gobierno por su apoyo a los Presupuestos. Es el líder del partido heredero de ETA por más indulto moral que reciba del PSOE

La decisión unánime del Tribunal Supremo de ordenar la repetición del juicio a Arnaldo Otegui por pertenencia a banda terrorista es una buena noticia para la democracia. Y más aún cuando la separación de poderes y la independencia judicial están siendo sistemáticamente atacadas desde el propio Ejecutivo. Tras pasar meses blanqueando a un terrorista para lograr los votos favorables de Bildu a los Presupuestos, a la coalición de Gobierno se le presenta un problema añadido, porque Otegui no es precisamente un aglutinador de libertades, sino el líder de un partido heredero de ETA llamado por Pablo Iglesias a asumir «la dirección del Estado». El problema, por tanto, no es solo de Pedro Sánchez, que a buen seguro lo minimizará como si fuera algo irrelevante, sino de todos los españoles, en la medida en que los dos principales socios del Gobierno están afectados por algunos de los delitos más graves del Código Penal: Oriol Junqueras, líder de ERC, continúa en prisión condenado por sedición, y Arnaldo Otegui volverá a sentarse en un banquillo de los acusados para responder por un delito terrorista cometido al refundar Batasuna. Sánchez podrá alegar lo que quiera a la hora de seguir pactando con socios tan destructivos sin el más mínimo escrúpulo. Pero necesariamente tendrá que pagarlo en términos de credibilidad, porque pone a España en manos de delincuentes que además se jactan de serlo.

Meses atrás, Otegui recibió el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -triste ironía frente a quien sigue celebrando más de ochocientos asesinatos-, pero aquella sentencia no implicaba que sus conductas quedasen impunes. Es cierto que ha cumplido parte de su pena de prisión, pero el nuevo juicio no podía dejar de celebrarse. Un defecto procesal basado en la vulneración de su derecho a un juez imparcial no podía ser el salvoconducto para una exención penal, para la victimización de Otegui o, en definitiva, para un triunfo político. Por suerte, todavía impera el Estado de Derecho, pese a que Sánchez, Iglesias y sus socios de Código Penal se hayan propuesto derogarlo a marchas forzadas. La reacción de Otegui -«ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar, sonreíd hasta la victoria»- no fue más indigna que la de Podemos, cuyo portavoz Jaume Asens dice oír «ruido de togas». Cada vez que alguien discrepa de esta alianza tan dañina para España, inmediatamente es encapsulado por la izquierda y tildado de ultraderechista por querer impedir su ilusorio paraíso de «progreso». Olvida Asens que en el Supremo hay magistrados progresistas a quienes su partido pretende incorporar al nuevo Poder Judicial. Y salvo que la izquierda lo quiera justificar con el enésimo discurso oficial de mentiras y demagogia, no parece compatible que un mismo juez sea íntegro para acceder al CGPJ, y a la vez un fascista por ordenar repetir un juicio contra un terrorista. Tanta manipulación no es digerible.

Respecto al PSOE, el mismo partido que llama a Otegui «hombre de paz», es notoria su incomodidad e incongruencia. José Luis Ábalos afirmó que su partido no valora las resoluciones judiciales, pero más bien debió decir que no valora esta decisión contra su socio parlamentario, como tampoco valoró la sentencia de los ERE. Otras, en cambio, sí las valora con gusto, sobre todo si es para crear el caldo de cultivo favorable a borrar los delitos del separatismo, o si es para presentar una moción de censura por el caso Gürtel. No opinar sobre el juicio a Otegui en cumplimiento de la legalidad no deja de ser una cobardía política. Pero esta es la preocupante elección del PSOE.

La democracia según el color con el que se la mira
“La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema.” Woody Allen
Miguel Massanet diariosigloxxi  15 Diciembre 2020

La Vanguardia, este periódico al que tanto le da carne como pescado con tal de conseguir apoyo y subvenciones para seguir subsistiendo, publica hoy una larga, larguísima, entrevista a la señora ministra de Defensa, la señora Margarita Robles. Digamos que esta señora es de lo más aceptable que existe dentro del actual Gobierno de la nación, si bien no creemos que, el cargo de ministra responsable del Ejército español, sea más adecuado para ella, tanto en lo que respeta a su formación específicamente jurídica, como en cuanto al espíritu castrense que debería tener cualquier persona relacionado con la defensa de la patria española. Y cuando hablamos de ello no nos referimos solamente a los peligros que nos puedan llegar desde fuera de nuestras fronteras sino, en la situación de nuestro país en estos momentos, al riesgo de involución política y de conflicto entre los españoles, de nuevo las dos Españas, por lo que respeta a la grave ofensiva desarrollada por las izquierdas, unidas en un bloque que se podría considerar como una joint venture de partidos políticos, algunos más extremistas y otros más oportunistas, que han decidido formar una unión estratégica y táctica que, dada su diversidad de planteamientos y sus métodos particulares para implantar sus modelos de sociedad, sería muy difícil mantenerlos unidos por largo espacio de tiempo, si no fuera que concurriera, en todos ellos, la ineludible necesidad que sienten por acabar con las derechas españolas y el sistema capitalista.

Y es que, señores, cuando escuchamos decir a la señora ministra frases como “Garantizo que el Ejército actual es democrático” no podemos dejar de pensar que es muy difícil, pero que muy difícil, que esta señora esté en condiciones de atribuirse, por muy lista e informada que pretenda ser y estar, el conocer lo que piensan los jefes y oficiales, actualmente en activo, por la sencilla circunstancia de que, estando supeditados a la disciplina militar, no les está permitido manifestar públicamente sus preferencias políticas. Pero es que ya estamos cansados de que a los españoles se nos tome por ignorantes, incultos, incapaces de ver el estado actual de nuestra nación y la forma evidentemente autoritaria, totalitaria y apresurada con la que el actual ejecutivo, del que forma parte la señora Robles, está quemando etapas, a toda pastilla, para darle el cambiazo al sistema político de gobierno, derivado de la Constitución de 1878, actualmente todavía vigente. Sabe el señor Pedro Sánchez que su poder está montado sobre cimentaciones muy débiles que, en cualquier momento, quienes lo están sosteniendo pueden decidir dejarlo caer y, por ello, se ve obligado a apurar etapas y precipitar cambios y acontecimientos para que los separatistas no se impacienten y los comunistas sientan la necesidad de seguir apoyándolo, con el objetivo común de acabar con la resistencia, débil hasta este momento, que les opone la oposición conservadora, desgraciadamente enfrentada entre sí.

Lo que se ve es que el actual Gobierno, cada vez se ve en más dificultades al tener que traducir en realidades sus promesas de apoyo y sus ofertas de una recuperación inmediata. Hoy mismo se ha anunciado un nuevo aplazamiento de las ayudas prometidas por el actual Ejecutivo a los comerciantes y a la hostelería. Si la situación de estos sectores no fuera tan extrema, no se vieran en condiciones tan precarias y, en muchos casos, sin poder retrasar ni un día más sus pagos, un aplazamiento podría considerarse apropiado; pero no es el caso y cuando, una y otra vez, se apela al mismo procedimiento de dar esperanzas y luego no cumplirlas, es evidente que ocurra el caso de que las cosas lleguen a un punto de difícil retorno. Pero sigamos viendo algunas de las afirmaciones de la señora Robles, en sus declaraciones a La Vanguardia. Es evidente que el manifiesto apoyado por más de 600 militares de alta graduación, actualmente, en situación de reserva, han causado más impacto del que quieren dejar entrever los socialistas y comunistas, que tiemblan como conejos cuando algún sable suena, aunque la mano que lo pudiera empuñar carece de fuerza para hacerlo. Y es por eso que, el señor Sánchez, apoyado por Iglesias han querido neutralizar cuanto antes el sonido de estas seiscientas bocas; porque saben que, detrás de estos valientes y dignos militares hay varios millones, muchos más de los que seguramente ellos piensan, de españoles que comparten, de la A a la Z, las palabras dirigidas al Rey por estos militares.

Por eso, cuando Margarita Robles habla de que “estos exmilitares quieren poner al Rey en situación complicada” resulta muy embarazoso entender lo que realmente quiere decir esta señora. Vamos a ver: los que llevan años poniendo a Felipe VI en situación complicada son, precisamente, los separatistas catalanes y vascos y los comunistas del señor Pablo Iglesias, un miembro del actual gobierno de coalición que nos gobierna; los que están apartando a S.M del primer lugar de la actualidad, consienten que sea vejado y ninguneado, que se le envíe a una toma de posesión de un mandatario extranjero vigilado de cerca por el comunista Pablo Iglesias y quienes intentan que el pueblo se vaya apartando de la monarquía mediante continuos ataques al Rey emérito y al sistema monárquico; sin que aparezcan más que esporádicas y livianas muestras de apoyo por parte de los socialistas, evidentemente encantados de que el trabajo sucio de acabar con la monarquía se lo hagan los comunistas y los separatistas.

“No demos publicidad a nostálgicos del pasado que no representan a las fuerzas armadas” sigue diciendo la señora ministra. Señora, nostálgicos del pasado y muchos, lo crea Ud. o no, hasta de la época del señor Francisco Franco, los hay a millones en esta España dominada por ustedes, desde la malhadada moción de censura que ganó, gracias los que ahora ocupan la mayoría de escaños en el Congreso, el señor Pedro Sánchez. No se trata sólo de unos pocos militares que no es que sean nostálgicos de otros tiempos, sino que de lo que se trata es de que tenemos una Constitución, vigente en la actualidad, que se está incumpliendo de forma alevosa sin que, quienes estarían en condiciones de restablecer el orden y mantener las normas constituciones, ustedes los que están gobernando, sean capaces de ponerles freno y de acabar con esta lacra que ni Zapatero ni el señor Rajoy fueron capaces de eliminar y, ahora, con ustedes gobernando, todavía se hacen más cesiones, se articulan componendas para liberar a los presos de sedición con el intento fraudulento de eliminar este delito o de rebajar su penalidad, todo ello con tal de darles gusto a los catalanes que, nunca en la vida, se creyeron que conseguirían, con tanta facilidad, salirse con la suya.

Lo que están haciendo ustedes, señora Robles, es ir cediendo ante los comunistas y, en especial, los separatistas, léase Bildu, léase catalanes o léase vascos, para que sigan apoyándoles y así ha sido como han conseguido sacar adelante unos PGE, en los que el gasto público se dispara sin que los ingresos previstos (que no concuerdan con las previsiones de Europa ni de los entendidos españoles) alcance, ni mucho menos, para cubrir tanto gasto. Y esto sólo lo podrán salvar aumentando, brutalmente, la carga impositiva de todos, digo todos los españoles y no, como ladinamente mantienen ustedes, los de los ricos, algo que saben positivamente que no está en su mano y que puede provocar el abandono y traslado fuera del territorio español de numerosas empresas de las que, actualmente, están ubicadas en España. No tache de nostálgicos o gente ilusa a quienes le recuerdan al Ejército en activo que tienen un deber explicitado en el Artº 8.1 de la Constitución, que nunca durante el periodo de vigencia de la Carta Magna había estado en condiciones de aplicarse como lo está en la actualidad, en la que es evidente que España corre el peligro de división y el pueblo español cada vez está más enfrentado entre sí.

Pero, señores, si hay algo más opuesto a la verdad, un maniqueísmo más absurdo, una cuestión más improcedente y una mentira más palmaria, en este caso a cargo de la señora ministra, ha sido cuando, sin que se pusiera roja de vergüenza, se ha atrevido a afirmar lo siguiente: “El PP ha hecho una oposición que este país no se merece, no ha arrimado el hombro” ¡Habrase visto desfachatez semejante! En primer lugar, la función de toda oposición al Gobierno, cualquiera que fueran sus ideas, es la de criticar la labor del ejecutivo e intentar que se cumplan con las reglas y procedimientos que la Ley establece. Dicho esto, la señora Robles confunde arrimar el hombro, con sumisión, con cesión, con renuncia a las propias convicciones, con traición a los españoles que votaron a los populares para que evitara, en lo posible, que el gobierno de turno se valiera de artimañas, de acuerdos espurios, de procedimientos censurables, de aplicación del sistema de decretos ley, un sistema que por su propia definición sólo debería aplicarse cuando hay suma urgencia y no como un medio para evitar la previa discusión parlamentaria, lo que, evidentemente, retrasaría y podría alterar o incluso rechazar la ley que se tramitaría algo que, a los socialistas y comunistas, en estos momentos les obstaculizaría su camino hacia el cambio radical del sistema político vigente en España, sin la necesidad de conseguir lo mismo a través de un cambio de Constitución que ellos saben muy bien que es algo inviable al requerir unas mayorías de las que, en la actualidad, no disponen.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, resulta inadmisible, desde todo punto de vista lógico, razonable, ético, deontológico o admisible que una ministra del Gobierno, aprovechándose de las facilidades de una prensa evidentemente separatista, haya arremetido, olvidándose de la obligación, que como magistrada le compete, de no faltar a la verdad, no acusar de algo que no es cierto a sus adversarios políticos y no intentar desprestigiar a unos militares patrióticos, que no han hecho otra cosa que denunciar una realidad que cualquier español, medianamente avispado e inteligente, ve con la misma claridad que ellos. ¡Penoso, señora Robles, penoso! Y, como colofón, una frase de José Mª Pemán: “No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenernos que hacer.”

A la dictadura por aburrimiento
Jorge Vilches. vozpopuli  15 Diciembre 2020

Este Gobierno socialcomunista entiende la política como la construcción de espacios de conflicto. Una vez aprobados los PGE con el voto de lo peor del Congreso de los Diputados, ha decidido dar un giro de tuerca totalitario. Los cuatro frentes que quiere abrir de forma simultánea están pensados para la división en dos Españas, porque son cuestiones que afectan a la moral y a la democracia. Pero no solo es eso: quieren una política de saturación que, por impotencia y aburrimiento, desmovilice a la gente de la oposición.

Esos cuatro frentes son el educativo, la eutanasia, el Poder Judicial y la deslegitimación de la derecha. Quieren, en primer lugar, acelerar la aplicación de la ley Celaá una vez que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han anunciado que adelantarán la matrícula para evitar el daño a las familias y a los niños. La ingeniería social es urgente, pues saben que cuanto más tiempo lleve instalado su plan educativo más fuerte será la resistencia a su cambio. Se trata de ir creando una red clientelar y una costumbre que imposibiliten la vuelta atrás aunque la derecha gane las elecciones generales y gobierne.

El segundo frente es el de la eutanasia. La semana pasada PP y Vox votaron en contra del proyecto gubernamental, que contó con la mayoría Frankenstein yCiudadanos. El voto negativo de populares y voxistas permite al Gobierno levantar un muro, y establecer un nuevo “cordón sanitario” a la derecha. De esta manera, oiremos próximamente en el Congreso los insultos a ambos grupos parlamentarios, a los que calificarán de ultramontanos, y terminarán de pie batiendo palmas para las cámaras de televisión. Por supuesto, en la tribuna de invitados veremos a los dirigentes de asociaciones cercanas al PSOE y a Podemos.

Al tiempo, para terminar de desmarcar al PP de la política actual abrirán una comisión de investigación sobre la operación Kitchen, que servirá para decir que la corrupción del PP es económica, política y moral. Los de Casado contestarán que es una cuestión de tiempos ajenos, y que Unidas Podemos es corrupto hasta el tuétano. Pero dará igual porque los socialcomunistas controlan la agenda, el momento de discusión y sus medios funcionan como un reloj. La imagen del virtuoso hablando de los vicios del enemigo será como el anuncio de la lotería de Navidad: constante y efectiva.

Deslegitimar a la oposición es un clásico de los totalitarios. El opositor es poco patriota, enemigo del pueblo, corrupto y traidor, un pobre tipo que va contra el sentido de la Historia y el interés del Estado. Este mensaje es fácil de propagar si se tiene el poder; es decir, el Gobierno, el Estado y los medios de propagación de información. A esta campaña el totalitario siempre añade una coletilla moral: su acto es justo y en beneficio de todos, aunque su concepto de justicia no tenga nada que ver con la democracia y su “todos” sea la negación del pluralismo.

Embestida al Poder Judicial
A la altura de este crimen político está el control del Poder Judicial. El mecanismo es cambiar la ley a través de la legislación; esto significa que normas menores carentes de consenso mayoritario y del sentido de servicio público, modifican en la práctica a aquellas sobre las que se asienta una democracia.

En esto consiste el proyecto de Ley del Consejo General del Poder Judicial, para quitarle la capacidad de nombrar jueces mientras esté en funciones, y el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este último es el golpe de gracia a la poca división de poderes que queda. El propósito es la sustitución de los jueces de instrucción -independientes- por fiscales -dependientes del Gobierno-, y acabar con la Policía Judicial al obligarla a informar de sus trabajos al ministerio del Interior. El Gobierno socialcomunista culpará al PP de estas dos maniobras totalitarias, como hizo Ábalos cuando el Ejecutivo pactó los PGE con Bildu.

Eisenstadt, sociólogo israelí, alertaba en 1999 del peligro de “desconsolidación de las democracias” por el reforzamiento del Ejecutivo en detrimento de los otros dos, la burocratización de toda la vida, la ingeniería social y el control de la información. El riesgo estaba, decía, en que la simultaneidad de debates sobre temas morales profundos, como los puestos por el Gobierno de Sánchez e Iglesias, al tiempo que se coloniza el Estado, erosiona el apego popular a la participación política. El individuo se acaba perdiendo y cansando, y deja a los profesionales la toma de decisiones.

En este moderno totalitarismo el poder no necesita que la masa desfile uniformada, sino que tenga fe ciega en la utilidad de las mentiras gubernamentales

Esta política de saturación del Ejecutivo socialcomunista, por tanto, tiene además el objetivo de desmovilizar a la gente, que cunda la apatía y el conformismo. No quieren volver a ver las calles con gente protestando por la falta de medidas sanitarias, o por la ley Celaá. Prefieren a los españoles asintiendo o en silencio. En este moderno totalitarismo el poder no necesita que la masa desfile uniformada, sino que tenga fe ciega en la utilidad de las mentiras gubernamentales, o que se calle por miedo, frustración o cansancio. En definitiva, se trata de fomentar el aburrimiento y la resignación para levantar una dictadura con apariencia democrática.

Habla catalán o emigra
Alejandro Tercero cronicaglobal 15 Diciembre 2020

En la era posprocés abundan los constitucionalistas bienintencionados que ansían recuperar la normalidad en Cataluña. Dicen que el Estado debe ser generoso, que tiene que dar otra oportunidad a los líderes independentistas. Consideran que los responsables del intento de secesión unilateral del otoño de 2017 ya han pagado una pena suficiente, que hay que pasar página cuanto antes, otorgar una decena de indultos y volver a la situación previa al proceso insurreccional. Pelillos a la mar, retornemos a la casilla de salida y todos tan contentos, insisten.

Y en ello estamos. La gracia gubernamental prácticamente se da por descontada, y los muñidores del golpe --o sus adláteres-- ya negocian presupuestos, armonizaciones fiscales y leyes educativas nacionales con una naturalidad portentosa. Todo ello tras recuperar el poder en las instituciones desde las que regar con dinero público a organizaciones y medios afines.

El problema es que el panorama previo a la rebelión --esa normalidad a la que algunos nos quieren retrotraer-- no era precisamente una arcadia feliz para buena parte de la población catalana. De hecho, para muchos era una pesadilla. Un mal sueño que ahora --al compararlo con los convulsos episodios de hace tres años-- nos quieren presentar como paradigma de convivencia, cuando en realidad era eso: un mal sueño.

Y si no, que se lo cuenten a la propietaria italiana de una pizzería del barrio de El Clot de Barcelona --el restaurante Marinella-- a la que le han hecho la vida imposible por atender a sus clientes en español. No hay normalidad que valga cuando te boicotean y amenazan impunemente por utilizar una lengua oficial --además de mayoritaria entre los catalanes y cuyo uso está constitucionalmente avalado--.

Los nacionalistas radicales lo tienen claro. Y se lo han dejado escrito en la pared del local: “Habla catalán o emigra”. El mensaje lleva una firma significativa: 33. La cifra hace referencia a la tercera letra del alfabeto, la C. Así, 33 equivale a CC. Esto es, Catalunya Catalana. Un llamamiento a la pureza y a la uniformidad inspirado en el 88 que utilizan los neonazis, en alusión a la octava letra del abecedario, la H. De forma que el 88 representa a HH. Es decir, Heil Hitler.

El exdiputado de la CUP Antonio Baños se apresuró a justificar el hostigamiento a la propietaria. “Pintadas porque una pizzería cometió una ilegalidad vulnerando los derechos de los clientes”, señaló. E insistió en que la reacción de los activistas contra la pizzera no es “supremacismo” sino “oficialismo”.

Tampoco me parece una normalidad aceptable el calvario que sufre un barcelonés residente en un pueblo de Girona por haber reclamado --y obtenido judicialmente-- un 25% de las clases en castellano para su hijo de P5.

El pobre hombre ha sido acosado, insultado y agredido. Por no hablar del vacío social que el entorno le ha dispensado. Ahora, espera a la jubilación de su padre para coger a toda la familia y marcharse echando leches a Madrid. Otra victoria del odio en Cataluña.

De igual manera, este lunes se ha conocido que la fiscalía de delitos de odio y discriminación solicita dos años de cárcel para el presunto autor de una brutal paliza infligida a una mujer de origen ruso por retirar lazos amarillos en la Ciutadella en agosto de 2018, con el procés finiquitado hacía ya unos cuantos meses.

El agresor, a plena luz del día y en presencia de los tres hijos menores de la víctima --de entre 5 y 7 años--, la tumbó de un golpe en la cara y, una vez en el suelo, la propinó numerosos puñetazos por todo el cuerpo. “Extranjera de mierda, vete a tu país y no vengas a joder la marrana aquí”, espetó el angelito.

Por mucho que haya quien quiera minimizar estos altercados, no se trata de casos aislados. Estos tres ataques son un ejemplo de lo que experimentan muchos ciudadanos de Cataluña por el simple hecho de ejercer o reivindicar públicamente sus derechos.

Mientras esto siga ocurriendo, la normalidad a la que algunas almas cándidas tratan de regresar aplicando estrategias de contentamiento con el nacionalismo no merece la pena, y la convivencia en esas circunstancias será inviable.

Las falacias de la enmienda sobre la lengua de la Ley Celaá
Isabel Fernández Alonso cronicaglobal 15 Diciembre 2020

Entre el alud de merecidas críticas que ha recibido la reforma educativa en curso está el hecho de que haya sido utilizada como moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

La prueba evidente del vínculo entre la Ley Celaá y las cuentas públicas es la conocida enmienda que elimina la referencia expresa al carácter vehicular de la lengua española en la enseñanza, ideada, al parecer, por la sectaria Plataforma per la Llengua, como explica Anna Grau en el magnífico artículo ¿Te sobran 500.000 euros para espiar qué hablan los niños en el recreo?

El ímpetu de ERC para introducir esta enmienda en la reforma educativa ha coadyuvado a que corran ríos de tinta sobre el tema, hasta el punto que incluso ha sido analizado a fondo por el Financial Times. Lo positivo es que cada vez son más las voces críticas contra la innegable vulneración de los derechos lingüísticos de los menores en la escuela catalana.

Compartiendo claramente lo que denuncian estas voces --que en absoluto se circunscriben a una parte del espectro ideológico, como pretende la propaganda oficial--, quiero centrarme en las falacias argumentales de los principales partidos que --por presión o por convicción-- han hecho posible que se elimine de la LOMLOE la referencia al carácter vehicular de la lengua común en los centros educativos españoles.

Es significativa la diferente estrategia utilizada por los dos socios de gobierno para defender la enmienda en cuestión: mientras que el bloque socialista incide en la adecuación de la literalidad de la norma a la Constitución, el bloque podemita alardea abiertamente --en la línea de ERC-- de que con la reforma se blinda la inmersión lingüística.

Algunos ejemplos de lo que digo. En un tuit del 18 de noviembre, la Ministra Celaá difunde una intervención en el Congreso en la que reproduce casi literalmente el texto de la disposición adicional 38 de la nueva ley, enfatizando lo que subrayo en negrita: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable (…) Al finalizar la educación obligatoria, todos los alumnos y las alumnas tendrán dominio pleno y equivalente en ambas lenguas (…) Las Administraciones educativas adoptarán las medidas compensatorias necesarias para lograr dicho objetivo”. En la misma línea --destacar que se garantiza la enseñanza en castellano en toda España y que se adoptarán, además, medidas compensatorias en caso de que se observen carencias formativas en cualquiera de las lenguas oficiales-- se manifestaba, el 22 de noviembre, la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, María Luz Martínez Seijo, en un vídeo institucional del partido.

Por lo que respecta al sector podemita --particularmente voces del entorno de los comunes--, cabe destacar las palabras de Castells, que declaraba a ABC, el 25 de noviembre, que “antes de 2013 no había una indicación legal de que el castellano tuviera que ser lengua vehicular y nunca hubo ningún problema en Cataluña”. Incluso afirmaba el Ministro de Universidades que las previsiones sobre vehicularidad de la LOMCE habían envenenado el clima de convivencia es esta comunidad.

De una claridad meridiana es un tuit de En Comú Podem del 23 de noviembre, que difunde una entrevista a su portavoz Joan Mena, con este texto introductorio que traduzco del catalán: “La semana pasada conseguimos blindar la inmersión lingüística en el Congreso pese a los ataques y bramidos de las derechas españolas, que siguen atizando la confrontación lingüística y cultural para sacar rédito político”. Una línea argumentativa que en nada difiere de la de la portavoz de ERC, Montse Bassa, que reconoció en la tribuna del Congreso que “blindar la inmersión lingüística es más que un triunfo, porque esta ley establece que la lengua vehicular se decide según lo dispuesto en los estatutos de autonomía y en la LEC y el nuestro (sic) es muy claro: el catalán es la lengua vehicular en la enseñanza”.

Así las cosas, se concluye claramente que el PSOE, agarrándose a la literalidad de la ley, quiere hacer ver que se garantizará la enseñanza en español en todo el país, por lo que la supresión de la referencia al carácter vehicular de la lengua común sería una ocurrencia sin mayor trascendencia. Por supuesto, no explica cómo se garantizará la enseñanza y el conocimiento del español si las administraciones autonómicas no respetan la ley, como sucede en Cataluña desde hace décadas, y si no existen pruebas comunes que permitan disponer de resultados fiables. Conviene no olvidar que la Ministra Celaá defendió hace más de dos años el sistema de inmersión lingüística en el propio Congreso, manifestando un evidente desconocimiento --si pensamos bien-- de lo que sucede en las aulas catalanas. Un desconocimiento que hoy no puede alegar, entre otras razones porque fue públicamente replicado desde el Foro de Profesores.

Entretanto, los socios de gobierno del partido de Celaá actúan una vez más como puente con los separatistas, celebrando lo que consideran un respaldo al ilegal sistema de inmersión lingüística, como si no hacer referencia a la vehicularidad del español en la norma anulase la nítida jurisprudencia constitucional que deja claro que todas las lenguas oficiales han de ser vehiculares en el sistema educativo. Más surrealista es aún que los comunes, desde una postura supuestamente progresista, acusen de crispar la convivencia a quienes apuestan por una escuela bilingüe en una sociedad bilingüe.

Nos encontramos, pues, ante dos fuerzas de Gobierno que, sin ningún rubor, defienden la enmienda sobre la lengua de la Ley Celaá con argumentos falaces y, a la vez, manifiestamente contradictorios. Contradictorios por la sencilla razón de que no se puede enseñar en español y blindar el sistema de inmersión (escuela monolingüe en catalán) al mismo tiempo, como no se puede respetar la Constitución e ignorar a la vez las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por no hablar del esperpento que implica pensar en aplicar medidas compensatorias ante las deficiencias formativas en una lengua oficial que se enseña como si fuera una lengua extranjera (2/3 horas por semana), pretendiendo incluso que los niños no la hablen ni en los patios.

Por todos estos motivos, como ciudadana indignada ante estos discursos tan cínicos que ofenden a quienes conocemos bien el asunto e intoxican a la opinión pública, animo a secundar la manifestación que, con el lema La enseñanza… ¡también en español!, ha convocado para el próximo domingo 20 de diciembre la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña.

En el trasfondo --no lo olvidemos--, el valor de la lengua común como elemento cohesionador de un país cada vez más debilitado por populismos de diferente signo.

Otegi vuelve al banquillo
EDITORIAL Libertad Digital 15 Diciembre 2020

Los socialistas siguen hundiéndose en el fango de su descrédito, convertidos en felpudos de organizaciones responsables del asesinato de casi mil españoles.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad repetir el juicio contra Arnaldo Otegi por intentar reconstruir Batasuna. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo había revocado la sentencia inicial por estimar que se había vulnerado el derecho del etarra a un juez imparcial, pero el TS considera que un defecto de forma no puede ser causa de impunidad, por lo que el aliado de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias volverá a la Audiencia Nacional para responder por un delito de pertenencia a organización terrorista.

La decisión del TS no tiene relevancia penal, puesto que Otegi ya cumplió la pena de prisión que se le impuso en el juicio originario, y cuando se produjo la revocación tan solo le quedaba por cumplir su inhabilitación hasta febrero del año que viene. Ahora bien, otra cosa, muy distinta, son las consecuencias políticas de la decisión del Alto Tribunal, que lleva nuevamente al banquillo de los acusados por delitos de terrorismo a un aliado preferencial del Gobierno social-comunista.

El ministro y número dos del PSOE José Luis Ábalos ya ha mostrado que la posición de Sánchez es seguir apoyándose en Bildu a pesar de que su principal dirigente esté siendo juzgado por pertenencia a banda terrorista, cuestión que el compañero de andanzas aeroportuarias de Delcy Rodríguez considera de índole estrictamente personal.

Para Ábalos y su jefe, la organización liderada por el etarra Otegi tiene que ser normalizada democráticamente mientras que Vox, el partido de Ortega Lara, ha de ser desterrado del juego normal de las instituciones. Esta es la catadura moral del Gobierno socialista, capaz de las mayores vilezas para mantener a Sánchez en la Moncloa y a Iglesias y su banda en el Consejo de Ministros.

Los socialistas siguen hundiéndose en el fango de su descrédito, convertidos en felpudos de organizaciones responsables del asesinato de casi mil españoles, pero lo que toca ahora, como acertadamente ha señalado el PP, es vigilar muy estrechamente las posibles maniobras de la fiscal general del Estado, la exministra sanchista Dolores Delgado, en su más que probable intento de favorecer en este nuevo juicio a Otegi en agradecimiento por los votos proetarras a los Presupuestos Generales del Estado.

Sánchez traiciona también la memoria del PSOE pactando con Otegi
ESdiario 15 Diciembre 2020

Bildu es básicamente Sortu, y Sortu es Batasuna: la repetición del juicio a Otegi desenmascara la política de pactos de Sánchez y humilla, también, la herencia de su propio partido.

Con una intervención que pasará a los anales de la historia política reciente, José Luis Ábalos defendió los pactos del PSOE con Bildu -ésos que hace solo unos días se negaba- intentando desvincular a ese partido de su máximo dirigente, Arnaldo Otegi.

El nuevo aliado de Sánchez deberá enfrentarse a un nuevo juicio por intentar reconstruir Batasuna, el brazo político de ETA. Por esos hechos ya fue juzgado y condenado, pero la causa se repetirá por un defecto formal derivado de un comentario de una jueza que, al escucharle negarse a condenar el terrorismo, emitió un comentario inevitable: "Ya lo imaginaba".

Nada cambiará para el personaje, pues la sentencia ya se cumplió, pero sí debería hacerlo para el Gobierno. Porque si ayer ya estaba clara la indignidad de tener por aliado a un terrorista condenado, hoy simplemente es insoportable.

Lo dice todo del sanchismo y de su desprecio a la memoria del propio PSOE que pacte con un terrorista como Otegi

Porque el Supremo, aunque no fuera ésa su intención, ha enterrado las mascarada de Sánchez para adecentar la alianza con un siniestro dirigente que nunca ha condenado claramente el horror etarra, que participó directamente en él y que le dio toda la cobertura imaginable.

Y lo hizo en nombre de un partido, Batasuna, cuyo heredero directo, Sortu, es la referencia abrumadoramente mayoritaria de Bildu: no hay grandes diferencias entre unos y otros, y las pocas excepciones de dirigentes que sí repudian la violencia ni representan a la formación ni proceden del núcleo duro de la misma. Vienen de otros partidos y son, en éste, unas simples herramientas para camuflar su verdadera esencia.
Ábalos defiende más a Otegi que a Don Juan Carlos y los compara sin pudor

Que ante ese retrato el PSOE se haya atrevido a pactar desde 2018 con Otegi y que, ahora, pretenda engañar a la ciudadanía borrándole la misma memoria a la que apela en otros episodios mucho más remotos; lo dice todo del sanchismo como indigno heredero de la tradición e historia de su propio partido, clave en la derrota de ETA y víctima frecuente de sus crueldades.

Y que lo haga, aún con más descaro, Podemos; termina por definir la naturaleza de un Gobierno compuesto por un presidente desmemoriado; un vicepresidente antisistema y unos socios nefandos: uno está en la cárcel por encabezar un golpe contra la Constitución. Y el otro lo estuvo por secuestrar a inocentes y tratar de resucitar el burdo partido que daba soporte a ETA.

Otegi, el socio de Sánchez
Pablo Planas Libertad Digital 15 Diciembre 2020

El pánico a que se vea de qué calaña son los aliados del PSOE y Podemos es lo que induce a las extensiones mediáticas del Gobierno a deslizar el infundio del golpismo judicial.

El Tribunal Supremo ha ordenado la repetición del juicio a Arnaldo Otegi y cuatro individuos más por pertenencia a organización terrorista. A modo de telegrama, la Audiencia Nacional condenó a Otegi en 2012 a seis años y medio de cárcel y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consideró en 2018 que se había vulnerado el derecho de este sujeto a un juez imparcial porque la magistrada Ángela Murillo le preguntó en otro proceso si condenaba el terrorismo y, ante el silencio del encausado, la juez adujo: "Ya sabía yo que no me iba a contestar esa pregunta".

Ese comentario mostraba a las claras según los jueces del TEDH que Otegi y el resto de los condenados no habían tenido un juicio justo. El condenado cumplió gran parte de la pena y el próximo febrero concluía la inhabilitación que le impuso la sentencia revocada en la instancia europea.

Que quede claro que, sea cual sea el resultado del nuevo juicio, Otegi no tendrá que volver a entrar en la cárcel. Y que si se le vuelve a juzgar es porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos excluye de la prohibición de volver a juzgar un asunto dos veces casos como este, en el que supuestamente se ha vulnerado el derecho de los acusados a un juez imparcial.

Ya se sabía que podía pasar esto cuando los abogados de Otegi presentaron su recurso ante el TEDH y, a diferencia de lo que está diciendo la izquierda política, periodística y judicial, no significa que España sea Turquía, sino todo lo contrario. ¿Qué más puede pedir alguien que supuestamente no ha tenido un juicio justo sino que se repita el juicio? Y más cuando ya ha cumplido la pena.

¿O es que acaso tiene miedo Otegi de que el tribunal vuelva a fallar que pertenecía a una banda terrorista y cumplía órdenes de la cúpula terrorista?

Quien sí que tiene miedo y hasta pavor es esa izquierda instalada en el Gobierno que ha blanqueado a Otegi y a su partido EH Bildu a cambio de cinco miserables votos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Y toda esa peña periodística catalanista que se ha dedicado durante los últimos años a pelotear a Otegi llamándole "hombre de paz" y "Nelson Mandela europeo" en el colmo del periodismo arrastrado, baboso y amnésico.

El pánico a que se vea de qué calaña son los aliados del PSOE y Podemos es lo que induce a las extensiones mediáticas del Gobierno a deslizar el infundio del golpismo judicial, de que la sala segunda del Tribunal Supremo forma parte de esa entelequia del ruido de sables, ahora de togas.

Que a Otegi se le vaya a juzgar de nuevo sirve para refrescar la memoria, recurrir a la hemeroteca y redescubrir la historia del personaje que jamás ha condenado el terrorismo, porque eso sería tanto como condenar su vasta trayectoria de secuestrador y pistolero de ETA, que es lo que fue durante más de la mitad de su vida adulta. El Gordo era entonces el alias del tipo que ahora es el socio de Pedro Sánchez y que en calidad de tal forma parte de la dirección del Estado, según Iglesias.

Son datos a tener en cuenta el día en el que se cumple el veinte aniversario del asesinato de Francisco Cano, concejal del PP en la localidad barcelonesa de Viladecaballs. Lo mataron los mismos terroristas que semanas antes habían asesinado a José Luis Ruiz Casado, otro concejal del PP en San Adrián del Besós, y al exmimistro socialista Ernest Lluch. Tras Cano mataron al guardia urbano de Barcelona Juan Miguel Gervilla y ya entrado 2001 al mosso Santos Santamaría.

En todas las entrevistas que le han realizado los medios catalanes públicos y privados afectos al proceso independentista jamás se le ha preguntado a Otegi por estos hechos. Tampoco por la matanza de Hipercor ni por ningún otro de los atentados perpetrados por su banda en Cataluña.

En el denominado 'caso Bateragune'
El Supremo da la razón a VOX y acuerda repetir el juicio a Otegi por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna
LGI. https://gaceta.es 15 Diciembre 2020

El pleno jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo español ha acordado por unanimidad la celebración de un nuevo juicio en la Audiencia Nacional al líder de Bildu -y exmiembro de la banda de la terrorista ETA- Arnaldo Otegui y a los restantes condenados en el denominado ‘caso Bateragune’.

La decisión se ha adoptado por el Pleno de la Sala, compuesto por 16 magistrados, en cumplimiento del art. 4.2 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La sentencia es coincidente con el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Al acogerse la petición fiscal, la Audiencia Nacional deberá juzgar de nuevo a Arnaldo Otegi, Rafael Diez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellerí por un delito de pertenencia a organización terrorista por el intento de reconstrucción de la dirección ilegalizada de Batasuna.

La asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo y VOX presentaron un escrito ante la Audiencia Nacional en el que solicitaban que Otegi fuera juzgado de nuevo por posible pertenencia a organización terrorista, una tesis que apoyó el Ministerio Público.

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