AGLI Recortes de Prensa   Viernes 18  Diciembre  2020

Saltan todas las alarmas con una nueva crisis financiera parece inevitable
La escasa rentabilidad de la banca, el círculo vicioso de los bancos centrales y el impacto de la covid encienden la alarma de la crisis financiera.
Luis F. Quintero Libertad Digital 18 Diciembre 2020

La hecatombe económica derivada del impacto de la pandemia del coronavirus en España, y su nefasta gestión por parte del Gobierno de Sánchez e Iglesias, amenaza convertirse en acelerador de la crisis financiera que nos espera al final del oscuro túnel de estímulos económicos que los bancos centrales mantienen desde hace más de diez años.

Denunciaba hace unos días el execonomista jefe del Banco de Pagos Internacionales William White la "trampa de la deuda", según la cual los bancos centrales, aunque saben que no pueden mantener las tasas de interés tan bajas como están porque provocan más deuda incontrolable y malos comportamientos por parte de los Estados, también saben que no pueden subirlas porque desencadenarían esa misma crisis que están tratando de evitar. En otras palabras, se ven obligados a seguir haciendo lo que están haciendo aunque al hacerlo empeoren la situación. En definitiva, decía White "los bancos centrales se están disparando en el pie".

White ha pasado medio siglo, casi una vida entera, trabajando para los bancos centrales y siendo economista jefe del Banco de Pagos Internacionales fue de los pocos que advirtió sobre la crisis financiera que estalló en 2007.

Quizá las víctimas más directas de las políticas monetarias de los bancos centrales que critica White son los bancos. Las políticas de tipos en el entorno del 0% comprometen la rentabilidad de la banca haciendo casi imposible que las entidades financieras obtengan beneficios mediante la explotación de la actividad principal de su negocio: el crédito.

Advertencias de BdE y FMI
Con estos mimbres, y sumando el brutal impacto de las medidas proteccionistas que han puesto en marcha gobiernos como el español por la pandemia del coronavirus y que han desencadenado una crisis económica sin precedentes, parece inevitable la llegada de la crisis financiera. Así lo reconocen ya instituciones como el Banco de España, el FMI y casi cualquier casa de análisis. Los nubarrones de la temida crisis financiera ya se ven en el horizonte.

El propio Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha advertido recientemente que "hay que evitar a toda costa que la crisis sanitaria, que se ha transformado en crisis económica, acabe generando una crisis financiera", lo que supondría hundimientos en términos de paro o PIB aun mayores a los que estamos viendo.

Precisamente el Banco de España es el que considera que un cuarto de las empresas españolas está en quiebra técnica, que esta quiebra técnica puede convertirse en quiebra en el 20% de ellas, pero que 1 de cada 2 va a terminar el 2020 en pérdidas.

La incertidumbre en los hogares españoles tiene su principal reflejo en los máximos del ahorro de las familias que toca el 30% de la renta disponible. Ese ahorro de "por lo que pueda pasar", va camino de convertirse sólo en el preámbulo de uno de los disparadores de la crisis financiera: la morosidad que tensiona la liquidez del sistema. El Banco de España ya estima que veremos un fuerte repunte de la morosidad a partir del próximo año. Un repunte muy peligroso incluso en el mejor de los escenarios posibles con una vacuna que funcione a la perfección.

El miedo del FMI es el mismo: que la recesión sea el preámbulo de la crisis financiera. Considera que "algunos bancos podrían tener problemas de solvencia si la crisis se profundiza".

El sector financiero lo da por descontado
Libre Mercado se ha puesto en contacto con algunos actores destacados del sistema financiero: firmas de inversión, empresas de recuperación y banca, para preguntar precisamente por los problemas que atraviesa el sector y esas primeras luces de alarma que se están encendiendo y que advierten del riesgo del estallido de una crisis financiera.

Una de estas fuentes, de una importante firma de inversión, señala que desde 2009 no abandonamos el riesgo de crisis financiera, pero "ahora se le empiezan a ver las orejas al lobo", porque aunque se han hecho deberes en el sector, se han endurecido las provisiones, se ha profesionalizado el servicio, se han saneado balances y se han reforzado las estructuras con nada menos que con dos fusiones bancarias (la tercera está por llegar después de que se abortara la operación entre BBVA y Sabadell), el riesgo de que la morosidad doble la mano al sector está ahí.

Desde otra firma de inversión uno de sus expertos considera que la aceleración del proceso de concentración en la banca, con dos fusiones anunciadas en poco tiempo (nueva CaixaBank y Liberbank y Unicaja), se explica porque el sector ve cómo se acerca la crisis financiera: "En un escenario tan adverso como el que se prepara, con tipos bajos por largo tiempo y un previsible aumento de la morosidad bancaria, van a sobrevivir los grandes y en esto el tamaño importa. Esa es la clave de las carreras por las fusiones que están, además, impulsadas por el BCE".

Otra fuente, del sector de recuperación, no tiene dudas y añade que los informes internos que manejan en el sector hablan de una morosidad disparada, ya no de créditos dudosos, cuya tasa de impagos traía inercia ascendente desde antes de la llegada de la pandemia, sino que el volumen de impagados está afectando a todas las categorías de manera preocupante. El problema es que "las moratorias de los Icos y las hipotecas sólo han conseguido maquillar las cifras de este año, pero las del año que viene van a ser tremendas", decía esta fuente.

Finalmente, otra fuente, analista de una de las firmas de inversión más importantes del mundo, consideraba que en un escenario optimista, el problema que atravesará Europa y España en concreto va a ser una "japonización" más pronunciada, con muy poco margen para el crecimiento.

El riesgo de la deuda corporativa
Hace pocas fechas, dos analistas denunciaban en Bloomberg que las empresas de la zona euro añadieron más de 400.000 millones de euros de deuda durante los seis primeros meses de este 2020, frente a los 289.000 millones de todo 2019. Sólo el servicio de esta deuda puede resultar un desafío especialmente duro para sectores afectados por la pandemia. Y ha sido precisamente la pandemia y las restricciones públicas las que han empujado a las empresas a endeudarse hasta esos niveles.

Desde Francia, Germain Simoneau, jefe del comité de finanzas de la federación de pequeñas empresas del país recordaba que "con cada semana que pasa, la posibilidad de supervivencia de las empresas cerradas se reducen" y remataba diciendo que "nunca hemos visto una crisis de esta escala con semejantes riesgos sistémicos al acecho".

Entre esos riesgos sistémicos, el más inminente es el de la crisis financiera. Y es que Simoneau también considera que "los maltrechos balances podrían desencadenar un ciclo de impagos y quiebras que afectarían al sector bancario". Esto podría conducir a "vulnerabilidades corporativas generales mayores de los que se observaron durante el apogeo de la crisis financiera mundial".

En España, preocupados por el SMI
Ante esta situación, y las innumerables advertencias que desde el sector privado, analistas internacionales e instituciones están lanzando sobre los riesgos que se ciernen sobre la economía mundial y particularmente sobre la española, resulta incomprensible que el Ejecutivo siga empeñando en aumentar la carga sobre las empresas y dificultar su capacidad de generar actividad y riqueza que permita disminuir sus elevadas deudas (disparadas por los cierres de la pandemia).

De momento el Gobierno plantea el mayor Impuesto de Sociedades de toda la eurozona para las empresas españolas; la imposición de un salario mínimo que dispara los costes de contratación; el mantenimiento de restricciones para sectores clave como el turismo y la hostelería; el ataque frontal a mercados como el del alquiler; el endurecimiento de las medidas de control de Hacienda con la excusa de la lucha contra el fraude; la amenaza a las empresas que tengan que despedir con tener que devolver las ayudas de los ERTE; y un largo etcétera.

Mientras, de nuevo el sector privado es el que hace los deberes: los grandes bancos ya han comenzado sus procesos de adelgazamiento como el Santander con prejubilaciones y cierre de oficinas. La duda ahora es si será suficiente para encajar la catarata de quiebras e impagos que se ciernen sobre el próximo año.

De un virus chino y muchas conspiranoias
Hermann Tertsch gaceta.es 18 Diciembre 2020

Le parece muy mal a Pedro Sánchez que Santiago Abascal y todo Vox hablemos del covid-19 como el “virus chino”. ¿Por qué, si lo hacemos para definir a un virus que vino de China, que se gestó en China y que en China fue hábilmente ocultado durante meses por las autoridades chinas para convertirlo en la más útil exportación china jamás concebida? Fue una expansión hacia Occidente y todos los países capitalistas.

Por su China de origen se extendió muy poco el virus chino. Se controló. ¿Y por qué no se controló su exportación cuando pudo haber sido de otra forma? Recordemos que expertos de la China democrática, de Taiwán, avisaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diciembre de que había claros indicios de una enfermedad en la China continental que Pekín no había hecho pública. Taiwán no es miembro de la OMS ni de ningún organismo internacional porque en los años setenta del siglo pasado los países occidentales cedieron vergonzosamente ante las presiones de la China comunista para que expulsaran a la heroica China nacionalista y resistente de la isla.

Taiwan es hoy una joya democrática pese a vivir a la sombra del siniestro y sangriento coloso que desde la matanza de Tiananmen en 1989 ha enterrado toda sugerencia o indicio de apertura hacia la libertad individual, la verdad y la transparencia y por el contrario se ha endurecido en su voluntad implacable de represión y censura allá donde pueda. Y sin ahorrar en el ejercicio de la fuerza, la violencia, el chantaje, la amenaza y el terror.

La prosperidad económica no ha suavizado al régimen comunista. Por el contrario, lo ha hecho más implacable, arrogante e intolerante. La OMS ocultó los datos de Taiwán que habrían podido poner en guardia a todo el mundo. Y lo hizo porque la China comunista lo quiso y ella ejerce de amo de esta organización como de tantas otras del multilateralismo. Paga Occidente y manda China y sus huestes de pequeños países totalitarios. Así es en la mayor parte de los organismos de las Naciones Unidas. Occidente de pardillo en un multilateralismo pervertido en el que una horda de pequeños países corruptos crea mayorías en contra de los intereses de las democracias y de la libertad y transparencia.

Lo cierto es que la OMS ocultó la información y el virus empezó a coger aviones. En China, las autoridades tomaron medidas implacables. Nadie sabe cuánta gente murió allí y además da igual, sobre todo a su gobierno. En China mueren cientos de miles de personas de muertes no naturales y nadie se preocupa por ello. Mueren en los campos de trabajo forzosos, en las cárceles, en regiones cerradas, en hospitales para quitarles los órganos y transplantar a ricos llegados de fuera del país. Que murieran decenas o cientos de miles de chinos por este virus no tiene relevancia en el sentido de que la mayor parte del país ha estado libre de pandemia o con ella muy controlada.

Las medidas para que no se extendiera la pandemia por el país fueron implacables y eficaces. Eso es evidente aunque por lo demás no tengamos en Occidente ni idea de cómo han gestionado y cuáles han sido los efectos reales. Lo que sí sabemos es que la economía china hoy no tiene los problemas de su competencia mundial. El virus chino ha paralizado todas las economías desarrolladas del planeta… menos la china. Esto lo saben muy bien allí, por supuesto, y no debe extrañar que estén orgullosos y muy felices de no sufrir la pesadilla que arrastra a las sociedades occidentales de una oleada a otra en un tsunami de muerte, desesperación y ruina económica.

He Yiting, el subdirector de la Escuela Central de Cuadros del Partido Comunista en la capital china no cabe en sí de gozo ante la evidencia de la nueva realidad. “El Oriente sube, el Occidente baja” dice y subraya orgulloso que nunca ha estado China tan cerca de asumir el centro de la escena internacional, según relata Friederike Böge, la corresponsal del diario alemán Frankfurter Allgemeine en Pekín.

Nunca en la historia ha gozado China de un cambio tan espectacularmente favorable a sus intereses en las relaciones internacionales como el que se produce desde que convirtió al virus —con su ocultación, acotación interna y expansión externa—, en la exportación de mayor éxito de la historia de esta potencia comercial.

Así, si me permiten sin llamarme “ridículo conspiranoico”, voy a suponer por un instante que el régimen comunista chino pueda tener en su dirección gente sin escrúpulos capaz de organizar todo esto. Son son capaces de detenciones masivas de miembros del Falung Gong para extraerles los órganos y venderlos en sus clínicas de transplantes, Son capaces de tener a millones de miembros de la minoría musulmana de los uighures de todas las edades, niños incluidos, en trabajos forzosos en la cosecha del algodón. Son capaces de tener miles de campos de trabajo donde millones de prisioneros son tratados como esclavos con torturas como castigo y miles de ejecuciones al año. Por eso quizás no haya que excluir del todo que se les pudiera ocurrir un plan tan cruel, pero por otra parte tan inmensamente beneficioso para los intereses nacionales, un auténtico plan de desarrollo tan eficaz como el que ha resultado ser la pandemia para China.

De haber sido una operación del poder comunista esta exportación del virus hacia Occidente habría que reconocer que ha sido una jugada tan osada como maestra y desde luego la operación patriótica más incruenta y de mayor éxito de las proyectadas para el desarrollo y el poder internacional de la República Popular. Los muertos chinos en la Larga Marcha, la Revolución Cultural o el Gran Salto Adelante fueron muchos más. Y su eficacia sin duda menor.

Pero retornemos de esa posición de los hechos confirmados. Que no prueban la conspiración, pero tampoco la descartan en ningún caso por mucho que su planteamiento sea desechado como “conspiranoia” que es como suele aludir la izquierda a toda tesis que quiere desacreditar porque ha decidido que no le conviene. Ya saben que dicen que fue generado casualmente en un mercado porque un animal se merendó a otro. Esa tesis es ciencia exacta, nos dicen. La hipótesis de que pudiera haber escapado el virus, siquiera de forma involuntaria, de un gran laboratorio de biotecnología y virología que está, casualmente, a pocos metros del sitio donde sitúan la supuesta merienda de animales es tachada, por el contrario, como una peligrosa fantasía y fake-news que solo cabezas calenturientas como la de Donald Trump, los terraplanistas o la ultraderecha más montaraz son capaces de concebir.

Así son los debates “plurales” en la nueva realidad socialdemócrata occidental en la que fuera de la unanimidad no hay más que conspiranoias. La unanimidad en la prensa alemana respecto a la política en EEUU es tan rigurosa e implacable que siempre hace pensar en otras épocas en que había una unanimidad ejercida con fuerza mucho más bruta y física. Entonces aquella unanimidad se llamaba Gleichschaltung (igualamiento). Pero quien vea un debate en la CNN comprobará que allí no hay una divergencia mayor que entre las huestes periodísticas merkelianas. Como la que hay en las tertulias de la televisión soviética que produce RTVE o del resto de medios en los que ya permiten como leve desentono todo lo más un par de despistados centristas o algún bufón que desacredite lo que pretende defender.

Todo el espacio mediático europeo continental ha quedado ya en la izquierda aunque esto no signifique en todas partes algo similar a la izquierda española, la más radicalizada, encanallada e inculta de todas las muy degradadas izquierdas europeas. Por tanto, todos han considerado que era información muy legítima, seria y supuestamente verificada las falsedades que durante cuatro años han difundido todos los medios europeos sobre la conexión rusa de Donald Trump. Ha resultado ser falsa y además fabricada por los equipos de Barack Obama que también ha sido quien ha dirigido esta candidatura del senil Joseph Biden. Ningún medio se ha disculpado ni desmentido las mentiras que todos ellos publicaron. Esa conspiración no les pareció conspiranoia. Cuando la conspiración existió y, por cierto, es cada vez más probable que alguien pague por ello. Nadie se lo contará a ustedes.

Todos estos medios de la unanimidad no veían conspiración donde la había, pero ahora a todos ellos les parece “conspiradora” que una inmensa mayoría de los votantes republicanos esté convencida como Donald Trump de que se ha producido un fraude en las elecciones norteamericanas que ha cambiado el resultado y el ganador. Como pretenden que es “conspiranoia” que parte de la humanidad considere inmensamente sospechoso que toda la izquierda planetaria esté celosa y perrunamente entregada a combatir todos los indicios que sugieran que China no ha tenido solo un papel pasivo en esta pandemia que tan colosales e históricos beneficios y éxitos está generando para el régimen comunista. Un régimen comunista incontestado ya, poderoso como nunca, pletórico de prestigio, expansivo y agresivo en el ejercicio de la influencia en todo el mundo. En el que Xi Jiping ya se ha encumbrado como el Rey Sol Comunista con más poder ya que el mismísimo Mao Tse Tung y unos medios antes impensables para promover e imponer la voluntad totalitaria del régimen por todo el globo.

Mientras la izquierda totalitaria se hace con el discurso socialdemócrata en Europa y EEUU, China emerge como el nuevo imperio comunista, radiante en su autoestima y decidido a expandir el poder de su mensaje de eficacia represiva y militarización de las sociedades en el terror para la mayor eficacia y racionalidad económica, dicen.

La gran novedad en este siglo XXI es que las grandes corporaciones, la plutocracia tecnológica con sus gurús megabillonarios, son los aliados más firmes del proyecto totalitario chino. Porque ven en él la pertinente alternativa a la democracia y las naciones, los individuos y la libertad, la civilización occidental y el hecho religioso que consideran graves obstáculos para su gran reajuste del mundo en el que les sobran gente, opiniones, voluntades e individualidades. Les sobra la libertad. Por eso se enfada la izquierda, sus más miserables capataces como Sánchez y sus grandes amos de los gigantes tecnológicos, cuando Santiago Abascal y Vox, cuando Donald Trump o Giorgia Meloni hablan del “virus chino”. Porque les están señalando. Y tienen que ocultar las culpas del aliado dictatorial, imperialista y asesino.

Defender lo establecido
Amando de Miguel Libertad Digital 18 Diciembre 2020

A mediados del siglo XIX, fraguó, en España, la dicotomía ideológica entre moderados y liberales. Con el tiempo, los primeros se hicieron conservadores o de derechas y los segundos acabaron en progresistas, de izquierdas. Estos últimos son los que dominan en el actual panorama político español. Cuando el PP –el equivalente del Conservador de antaño– llega al Gobierno, ni siquiera intenta anular las leyes de la memoria histórica, la ideología de género y demás zarandajas progresistas. Los españoles destacados, que apoyan a uno u otro bando, se parecen bastante, porque son serviles al poder, el que tienen o al que aspiran. Los gobernantes actuales se valen de esa despolitización para medrar.

La hegemonía progresista no se determina por los votos, como debería ser. Más bien, la relación de causalidad es la inversa. Lo fundamental es que se ha instalado entre nosotros una mentalidad sedicentemente de izquierdas, aunque poco tiene que ver con el progreso o la revolución. Esa fuerza es la que legitima al Gobierno progresista o socialcomunista, como se dice ahora, aunque la etiqueta no sea muy feliz. La clave es que, en la sociedad, domina un estrato de personas dispuesto a defender el statu quo progresista. Es el equivalente de los conservadores de antaño, solo que en beneficio de un Gobierno de izquierdas. Representa el eco constante que emana de las versiones dadas por los que mandan sobre todo lo relevante. Por ejemplo, darán por buenas las elecciones presidenciales en Venezuela o en los Estados Unidos. Verán con buenos ojos la secesión de Cataluña o Vasconia, por razones de la lógica democrática. Aceptarán, resignados, la anexión de las aguas territoriales españolas en Canarias por parte de Marruecos. Y así sucesivamente; todo muy coherente.

Sean cuales fueren los incidentes políticos que se presenten, esta “masa neutra” –como se llamaba hace un siglo–, ahora de izquierdas, siempre dará la razón al Gobierno. Por ejemplo, se sentirá feliz con las subvenciones a los chiringos feministas. Aplaudirá que los inmigrantes ilegales reciban todo tipo de plácemes; no importa si, entre ellos, se cuelan algunos futuros terroristas. Hará la vista gorda en los casos de corrupción de los que mandan. Creerá a pies juntillas las cifras que da el Gobierno sobre las víctimas de la pandemia. No le importarán mucho los escarceos republicanos o antimonárquicos de algunos gobernantes. Pasará por alto la eventual invasión marroquí de los territorios españoles. Todas estas creencias o suposiciones se aceptarán como dogmas políticos sin asomo de crítica o de duda.

El axioma implícito de las gentes establecidas es que las cosas de la política están bien como están, especialmente, las que responden a los ucases del Gobierno. Se interpretarán como producidas por el Parlamento en aras de la democracia. Los establecidos desprecian las quejas sobre el carácter autoritario o el peso propagandístico del Gobierno. Todo eso lo consideran una forma de resentimiento de los que se creen intelectuales y no pasan de tertulianos.

Más difícil será el reconocimiento de la gravísima crisis económica que nos asola. Resulta peliagudo tragar algunos otros tozudos hechos. Por ejemplo, la población española ha llegado al límite de la tasa de natalidad más baja de toda la historia, y encima tiene que aceptar la eutanasia.

En síntesis, la España del siglo XXI –como Argentina, Venezuela o Líbano, antes prósperos países– representa un gran fracaso histórico. Es una opinión. Los pretenciosos establecidos piensan para su coleto: habría que prohibir a los escribidores su trabajo de zapa pesimista.

Responsables irresponsables
Rafael Bardají gaceta.es 18 Diciembre 2020

Bien sabido es por nuestros lares que ningún responsable político pide perdón por sus errores. Que yo recuerde sólo lo hizo una vez el rey Juan Carlos y, a pesar de eso, la izquierda republicana no le perdona. En realidad, no le puede perdonar porque son ellos los que quieren convertirse en reyes. El Palacio de La Moncloa se les queda pequeño y demasiado austero para su corte.

Si hay algo que este 2020, año chino de la rata y del coronavirus para todo los demás, nos ha enseñado es que los dirigentes españoles están hechos de una pasta especial, quizá una mezcla de mármol y amianto porque no han admitido ni una sola equivocación, todo lo contrario, y, en apariencia, salen todos reforzados en sus confortables puestos dirigentes. Si se han cometido equivocaciones, los culpables somos siempre nosotros los ciudadanos. Por no obedecerles.

La segunda lección de este 2020 fatídico es que la verdad ha muerto. Y del todo. Asesinada por unos responsables a los que la realidad les importa muy poco siempre que no choque con sus ambiciones y discursos.

Y, sin embargo, los auténticos irresponsables son ellos, los gobernantes. Dice Pedro Sánchez en sus homilías, donde no se sabe si quiere imitar a Churchill o al Papa Francisco, tan artificial y fuera de su tono habitual, que “debemos actuar como si todos estuviéramos contagiados”. Pero la realidad es que se acaba de anunciar que sólo un 10% de españoles han sufrido la Covid-19. ¿Es lógico y responsable mantener secuestrado al 90% de la población que está sana? Desde luego algún día habrá que aclarar el papel de los medios de comunicación, bien regados de millones por el gobierno, que continuamente nos machacan con cifras absolutamente descontextualizadas y carentes del más mínimo sentido salvo el de instigar el miedo. Pero cada día que pasa, cada nueva amenaza de confinamiento total, lo que se pone de relieve es que nuestros responsables no tienen ni idea de cómo afrontar la pandemia y que, un año después, siguen dando palos de ciego. Porque a ellos no les afectan las consecuencias. Su única estrategia era mantenernos callados y sumisos hasta que la vacuna llegara. La catástrofe de el medio, mientras no les despojara de sus privilegios, le da igual. Los políticos son poco compasivos y los de izquierda siempre eligen el sufrimiento siempre que sea el de los demás.

La segunda lección de este 2020 fatídico es que la verdad ha muerto. Y del todo. Asesinada por unos responsables a los que la realidad les importa muy poco siempre que no choque con sus ambiciones y discursos. Y si choca, se camufla. Nadie como el presidente de gobierno como mesías de la anti-verdad. Ayer mismo nos iluminaba afirmando que la Navidad se había pervertido por el espíritu consumista de la gente. Que es cierto. Pero que ese púlpito lo ocupe quien está tan enganchado al Falcon que lo hace tan suyo como para irse a escuchar un grupo de música le resta toda credibilidad. Pero eso, a la propaganda oficial de corte goebbeliana le da lo mismo. Enfrente no tiene réplica alguna.

Ya se está afirmando que los repuntes se deben al puente de la Constitución. Y que, en consecuencia, la movilidad tendrá que ser más restringida. Pero las cifras de enfermos empezaron a subir ya durante el mismo puente, días, por lo demás, donde no se podía ni salir ni entrar en las comunidades autónomas. Lo que nadie quiere reconocer es que, si nos hubiéramos podido mover, eso sí, con las precauciones de las mascarillas, distancia interpersonal e higiene común, los datos no serían muy distintos. Las elites tienen miedo a la gente. Y el virus les sirve muy bien a sus ambiciones de poder. Es una pena que nadie en la llamada oposición, institucional o nueva, le haya dedicado un minuto a pensar alternativas a la actuación del gobierno. Y cuando una nación tiene a la vez el peor gobierno y la peor oposición imaginable, nada bueno cabe esperar. Lo siento por el 2021.

Resulta vomitivo como el Gobierno nos oculta ladinamente la verdad
“No me gustan las mentiras porque al final duelen más que la verdad. Ni las verdades a medias porque lastiman igual que una mentira” Eduardo Alighieri
Miguel Massanet diariosigloxxi 18 Diciembre 2020

Es evidente que Podemos, este grupo del bolivianismo comunista que, siendo una minoría pretende gobernar España, chantajeando o con el beneplácito oculto del señor P.Sánchez, está convencido de que representa al republicanismo español olvidándose de que, en España, cuando hubo una república, como fue el caso de la 1ª de ellas, estuvo representada por fuerzas políticas de la izquierda pero también por otras que representaban al conservadurismo de derechas, como sucedió en la 2ª República de 1931, en la que estuvo el grupo de la CEDA del señor Gil Robles. Claro que ellos, los de izquierdas, lo que tienen en mente es el gran fraude de la 2ª, en las votaciones de febrero de 1936, aquella en la que el Frente Popular se adueñó del poder e implantó, a la fuerza, sus extremismos totalitarios. Vino el levantamiento del 18 de julio de 1936 y, con él, la desaparición de la República. No olvidemos a republicanos ilustres que tuvieron que renegar de ella ante las atrocidades y actos de deleznable incivismo y comportamientos criminales de algunas facciones más radicales que formaban parte de aquella república que salió del gran pucherazo de febrero de 1931. Entre los que renunciaron a sus puestos de diputados de las Cortes Constituyentes, aparte de don José Ortega y Gasset (un acérrimo antimonárquico que luchó por la implantación de la II República) hubo otros menos conocidos que siguieron su ejemplo, por ejemplo, Alfonso García Valdecasas, Vicente Iranzo, José Pareja y Manuel rico Avelló entre otros, que no quisieron ser cómplices de un régimen revanchista y criminal como aquel que represento aquella nefasta república de huelguistas y criminales.

Ellos, los comunistas y socialistas, quisieran revivir aquella república en la que las derechas fueron apartadas del poder de manera violenta y, en consecuencia lo que pretendía con toda la fuerza, el gobierno, es que quedara en manos de izquierdistas como Azaña, Largo Caballero, Prieto y demás miembros de aquel sanedrín filocomunista, que permitieran que sindicatos radicales del partido socialista, del separatismo catalán, de la FAI y de la CNT, se convirtieran en los verdaderos ejecutores de una política de eliminación, en el peor sentido de la palabra, de todos aquellos curas, profesionales, católicos, personas de derechas y burgueses que, según su particular forma de entender, constituían un peligro para sus propósitos liberticidas o formaban parte de aquellos que debían ser depurados por aquellos que tenían con ellos conflictos personales, rencores o, simplemente, porque pertenecieran a una clase social más elevada o elitista a la que se le atribuían todos los males y la pobreza de las clases trabajadoras.

Ahora hemos entrado de nuevo en una fase en la que el protestar contra los intentos de totalitarismo se ha convertido en algo perseguible y así vemos como desde el CGPJ se intenta amordazar a ciertos jueces que, desde las tertulias y los artículos de periódicos, expresan su desacuerdo con estos actos del Gobierno encaminados a hacerse con el control de los tres poderes del Estado. Si una parte de los encargados de impartir Justicia no estuvieran mediatizados por estar subordinados a las decisiones gubernamentales, como es el caso de los fiscales cuya Fiscal General es una ex-miembro del actual Gobierno, conocida por su ideas extremas y su tendencia a seguir las indicaciones de su ejecutivo o, como ocurre con los abogados del Estado, a las órdenes directas del Gobierno o lo que hace referencia a la elección de jueces y magistrados, si en lugar de que se llevara a cabo a través del CGPJ, cuya reforma intentan ahora los socialistas y comunistas que se lleve a cabo para así hacer que dependa de ellos y poder mangonear en cuanto a las personas que debieran formar parte de él, con lo que tendrían garantizado el control absoluto de los poderes fundamentales en toda nación. Sin el menor disimulo se está promocionando un nuevo régimen, para sustituir a la monarquía parlamentaria, soslayando la Constitución para intentar provocar la renuncia del Rey y abolir la monarquía, no para establecer una República según el modelo francés, alemán o norteamericano, sino según las que existen en Venezuela y Bolivia, donde el poder de sus presidentes de izquierdas se ha convertido en omnímodo.

Y con éstas volvemos a lo mismo de siempre, de nuevo el soberanismo catalán vuelve a la carga con la pretensión de que se promueva una amnistía que evite que los delincuentes encarcelados por el tema del 1 de octubre del 2017, tengan que solicitar el indulto, algo que les parece inadmisible a los independentistas que siempre han considerado que tenían derecho a aquella insumisión; ni tampoco que el Gobierno tenga que recurrir a modificar las penas y la calificación jurídica del delito de sedición algo que, evidentemente, está levantando ampollas en ámbitos judiciales españoles y también en las instancias europeas que ven con preocupación una intervención del gobierno encaminada a entremeterse en ámbitos de la Justicia que le son ajenos o, al menos, deberían serlo.

Pero veamos cómo la señora Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda, reprocha a los de Podemos que filtren sus discusiones en el Consejo de Ministros y sus claras y continuas discrepancias con los socialistas, especialmente con la parte económica del PSOE, en el Gobierno. Y es que están acostumbrados en ocultar los problemas, sus errores, sus metidas de pata, sus incapacidades y falta de preparación al pueblo; a mentir continuamente con una facilidad que dejaría como un paladín de la verdad al muñeco Pinocho, temerosos de que quienes los vienen votando se den cuenta del engaño al que vienen siendo sometidos que, cualquier filtración de lo que sucede en los consejos de ministros a la señora Montero le produce escalofríos y, por ello, les pide “discreción”. Están tan acostumbrados a mentir en todo lo que creen que les puede perjudicar ante los electores que, el sólo hecho de que trasciendan los enfrentamientos dentro de los miembros del ejecutivo, les causa pavor. ¿Discreción, señora ministra? ¿ Y dónde dejamos la transparencia que el gran miembro de la orden del engaño, el señor Pedro Sánchez, vocablo que no se cansa de repetir cuando proclama las excelencias de su mandato y lo “malos” que son aquellos que le recriminan que está conduciendo a España a la peor de sus etapas económicas y sociales.?

En realidad estamos ante uno de los engaños más descarados. Es obvio que el señor Iglesias está chantajeando a Sánchez para seguir apoyándolo, pero tampoco es cierto que el Presidente se encuentre demasiado molesto con el descaro, la insistencia, las protestas y las acusaciones que el líder de los comunistas en España se dedica a hacer en contra de la monarquía y su defensa de implantar cuanto antes la república bolivariana en nuestra nación, cuando consiga derrocar al actual monarca, el rey Felipe VI, contra el cual están dirigidas las acusaciones que se refieren a Juan Carlos I pero que, indirectamente, le sirven para socavar el aprecio por la monarquía que muchos ciudadanos actualmente todavía sienten.

Y una referencia a la reacción de algunos articulistas separatistas a la sentencia del TS a cerca del respeto debido a la bandera nacional, atendiendo a lo que desde los tribunales europeos se consideró como intolerable. Contrariamente a lo que han venido a proclamando por las izquierdas y, cómo no, los separatistas catalanes, el TC ha resuelto que la quema, o el intento de hacerlo, de la insignia nacional no está protegido por la libertad de expresión. Ahora, La Vanguardia y una parte de la prensa catalana, parece que se encuentra molesta por esta decisión del TC y, en cambio, cuando Estrasburgo, en una de estas resoluciones a las que nos tienen acostumbrados, unos jueces que no tienen ni idea de lo que está sucediendo en España, consideraron que era sólo un modo de llamar la atención hacia la causa catalana, sí estuvieron encantados de la vida porque era una manera de molestar a los que somos españoles. No sabemos lo que hubieran dicho si se hubiera tratado de una quema por un ciudadano francés de la bandera de nuestros vecinos del norte. No hablan del rechazo del recurso presentado por el señor Junqueras respeto a la decisión de la Eurocámara de dejar vacante su escaño. Un claro fracaso del separatismo. Y otro caso en el que el señor Otegui, este sujeto que se ha salido de rositas por todos los actos criminales que cometió y cuyo castigo eludió gracias a las componendas con los gobiernos de Izquierdas, que han encontrado en él un apoyo para llevar adelante sus políticas en contra de España y su unidad. Ahora, que desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidieron que se repitiera el juicio por estimar posible parcialidad en uno de los jueces, el que fue quien recurrió la sentencia del tribunal español ante el organismo judicial europeo, se queja y estima que es un acto de venganza del TS que, según sus propias palabras, lo que quiere el TS es “desestabilizar la escena política española” ¡no se pone chulo ni nada este etarra de mala memoria, como si de él dependiera el porvenir de la nación española! ¡Tendrá cara el desgraciado!

Pero no podemos dejar de aludir a un sujeto que se está ganando la merecida fama de maleducado, quisquilloso, resentido, mal hablado, radical y merecedor de que se le respondiera con menos corrección y con más franqueza, dado su intento evidente de aprovecharse de su dolencia, muy lamentable, pero de la que nadie tiene la culpa ni está obligado a soportar sus exabruptos de resentimiento sólo porque ocupe su escaño en una silla de ruedas. Si entró voluntariamente en el Parlamento debió de asumir que sería tratado como cualquier otro de los miembros parlamentarios y no esperar que se le diera un trato especial por su enfermedad. El señor Echenique ya hace tiempo que debiera de haber sido expulsado de la cámara de representación popular por su carácter irascible, sus modos violentos y su sectarismo y falta de respeto por el resto de parlamentarios que tienen la desgracia de tener que aguantar sus violentos modales. La presidenta de la cámara, tan propicia a dejar que las izquierdas se extralimiten en muestras de mala educación y de desprecio por la oposición de derechas, haría bien en impedir que este sujeto pudiera seguir ofendiendo a diestro y siniestro, llamándole la atención y, si procediera, expulsándolo de la cámara.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vamos viendo cómo cada día que pasa se están produciendo muestras más evidentes de que el bloque de las izquierdas va evolucionando hacia un cambio de régimen que tiene toda la pinta de querer imitar al venezolano. Y una frase para meditar: “La sola idea de que una cosa cruel puede ser útil, es ya de por sí inmoral” Marco Tulio Cicerón. ” Oído al parche, defensores de la eutanasia.

El CGPJ se rebela contra el asalto del Gobierno al Poder Judicial y exige a Europa que se pronuncie
Loreto Ochando okdiario  18 Diciembre 2020

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un escrito en el que solicitan que Europa se pronuncie ante el asalto a la independencia judicial del Gobierno de PSOE y Podemos. El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, ha salido adelante con 16 votos a favor y cinco en contra. Así, desde el órgano de gobierno de la jueces se ha solicitado: «Instar al Congreso de los Diputados a que solicite el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia -Consejo de Europa-) sobre la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones».

Los vocales firmantes también ha solicitado “instar al Congreso de los Diputados a que solicite el informe del CGPJ” sobre esa Proposición de Ley, así como también han querido poner de manifiesto ante dicha Cámara la necesidad de dar audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta, en particular las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia.

Por último, los 16 vocales firmantes Instan a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado “a que procedan sin mayor demora a llevar a efecto la renovación del CGPJ, como reclamando se viene exigiendo desde esta institución, así como el traslado del presente acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) a los efectos oportunos”.

Por último, los vocales dicen en su escrito aprobado este jueves que: “Sólo queda por añadir que, en nuestro anterior Acuerdo de 30 de octubre de 2020, el Pleno del Consejo expresó su preocupación ante una iniciativa parlamentaria que incluía, entre otros, el contenido de la nueva proposición de Ley y que permanecería expectante ante la evolución de los acontecimientos a los efectos de adoptar las decisiones oportunas. Ese mismo acuerdo instaba a los grupos parlamentarios de las dos Cámaras que integran las Cortes Generales a que dieran cumplimiento lo antes posible a la obligación constitucional de proceder sin más demora a la renovación de este Consejo. Solicitud que debemos reiterar”.

El escrito
En su escrito, los vocales explican que, la trascendencia constitucional de la modificación propuesta, y la exigencia de «interpretación conforme» con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), demandan que toda iniciativa legislativa –cualquiera que sea su origen- que, como la presente, delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados.

Y añaden que eso incluye al propio CGPJ y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia -Consejo de Europa-) así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas. «También resulta de lo anterior que el propio CGPJ comunique este acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) a los efectos oportunos» apostillan los vocales.

Antecedentes
Los vocales Consejo General del Poder han emitido este escrito en contra de la decisión de PSOE y Podemos de cambiar la ley, de forma express y sin informes preceptivos vía Proposición de Ley, para cercenar la capacidad de realizar nombramientos discrecionales del CGPJ mientras sus miembros se encuentren en funciones. El enfado dentro del órgano de gobierno de los jueces es monumental desde hace meses con el Ejecutivo, y así lo han demostrado con la petición de plenos extraordinarios y los escritos realizados por varios vocales en los últimos dos meses.

El último desafío se ha producido este mismo jueves con el nombramiento de cuatro plazas discrecionales que el Gobierno no quería que se produjeran. Es más, seis vocales que fueron elegidos a propuesta del PSOE se han cambiado de bando y han votado a favor de esos nombramientos.

Pero las injerencias de PSOE y Podemos vienen de lejos, pues el otro anuncio al respecto del órgano de gobierno de los jueces que pretenden imponer es un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar las mayorías necesarias en el congreso para renovar el órgano. Un cambio que dejaría fuera al PP pues cambia la mayoría necesaria de tres quintos, a una mayoría absoluta con la que el PSOE y Podemos podrían, junto con los separatistas, hacerse un CGPJ ad hoc.

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El español no puede ser «residual»

Editorial ABC 18 Diciembre 2020

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asestó ayer un severo correctivo a la política lingüística de la Generalitat por haber maltratado durante décadas el uso del español en las aulas hasta convertirlo en «residual», y lanzó un aviso de profundo calado contra la «ley Celaá», de la que prácticamente pronostica su inconstitucionalidad. La resolución de los magistrados catalanes es novedosa por varios motivos. Primero, porque acoge un recurso de la Abogacía del Estado presentado en 2015 contra diversas resoluciones arbitrarias y sectarias de la consejería de educación catalana. No se trata, por tanto, de una más de las muchas sentencias dictadas de antiguo en favor de padres de alumnos, que a título particular exigían una formación en castellano para sus hijos acorde con una legalidad que la Generalitat pisotea constantemente. Y segundo, porque sostiene de manera imperativa que el Gobierno catalán tiene la obligación de «adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata» las clases en «las dos lenguas oficiales», el castellano y el catalán. Es decir, la resolución exige que no solo se protejan los derechos lingüísticos de los alumnos que lo soliciten, sino que debe ser aplicable a «todos», tal y como ordenan textualmente los jueces.

La decisión supone en definitiva una enmienda a la totalidad a la aplicación del sistema catalán de inmersión lingüística, porque actualmente solo prevé impartir en español la asignatura de «lengua castellana», y hasta eso mismo se vulnera. Pero, sobre todo, es una advertencia a la supresión del castellano como lengua vehicular en la nueva ley de educación del Gobierno, que estos días queda definitivamente aprobada en el Congreso.

El problema ya no es solo que un Tribunal o una ley establezcan cuotas mínimas de aprendizaje en castellano, lo que, más allá de un derecho, es un deber constitucional de todos los españoles. Las leyes, sean promulgadas por un Gobierno de izquierdas, uno de derechas, uno nacionalista o uno republicano, no pueden contravenir principios esenciales de la Carta Magna ni convertirse en atajos fraudulentos para vulnerar la normativa de rango superior. No es posible que la Generalitat, que de por sí goza ya de un amplio margen de liberalidad con la inmersión lingüística en favor del catalán frente al español, pervierta además la legislación abusando de ella para incumplirla a capricho. Y menos aceptable aún es que existiendo resoluciones judiciales tan tajantes como la conocida ayer, el Gobierno catalán, o cualquier otro autonómico, se niegue a ejecutarlas amparándose en una falsa concepción de su historia o en el adoctrinamiento político.

Si un tribunal sostiene que la docencia en Cataluña, tanto de español como de catalán, «no podrá ser inferior al 25 por ciento», y que «corresponde fijar un uso vehicular mínimo de las lenguas oficiales que permita reconducir la actual situación contraria al ordenamiento», el Estado deberá encargarse de que se cumpla a rajatabla y de inmediato. No valdrán las eternas excusas de los órganos inspectores del Estado para mantener este abuso, ni el Gobierno de Sánchez podrá refugiarse en que cuando entre en vigor la «ley Celaá» esta sentencia será papel mojado. No afecta a casos individuales. Golpea de lleno sobre un sistema injusto, canalizador de una fractura social, y estigmatizador para quien discrepa de él, porque aún hoy cualquier ciudadano que reivindique su libertad a expresarse en español, o a que sus hijos lo aprendan en el colegio, sigue siendo víctima de persecución y señalamiento, cuando no de coacciones y amenazas.

El año monstruoso
Karina Sainz Borgo. vozpopuli  18 Diciembre 2020

Comenzó 2020 con el alumbramiento del Gobierno Frankenstein y acabó con una pandemia que ya se ha cobrado la vida de 70.000 personas en España

El año monstruoso
Enero entró como un mal presagio del año que estaba por echársenos encima. Tras una sesión de investidura precipitada, esperpéntica y excesiva (¡cuánto llanto y bronca juntas en una misma jornada!), poco faltó para que la cabalgata de Reyes se celebrara en la carrera de San Jerónimo. Pero Pedro Sánchez consiguió su investidura in extremis con las abstenciones de ERC y Bildu, además del apoyo de Podemos. Le amargaron el roscón y el chocolate a unos cuantos, y acabaron por convertir el Gobierno en un pesebre para nacionalistas y demagogos, mientras en Wuhan alguien se antojó de sopa de murciélago.

Faltando poco para unas fiestas navideñas sumidas en la quiebra anímica y económica, conviene dedicar La Polaroid de la semana al peor año en décadas: un 2020 marcado por una pandemia de coronavirus a la que ni los gobernantes tomaron en serio cuando se supo de ella y que llegó, funesta, a un contexto político presidido por el primer Gobierno de coalición de la historia. Quien escribe estas líneas semana a semana, cerrará la persiana por las fiestas. El año ha sido largo y duro, con 'Diario de la cuarentena' incluido (100 días seguidos), y hasta la vuelta en enero conviene retratar un 2020 que parecerá idílico comparado con lo que ocurrirá económica y socialmente en 2021.

Hay quienes todavía hoy se resisten a llamar Frankenstein a la coalición del 'Gobierno progresista' porque el monstruo de Mary Shilley les cae simpático. Pero una cosa no anula a la otra, porque algo anómalo rige el cuerpo de este Ejecutivo prorrateado con 22 ministerios. Para hacer funcionar ese Gobierno contrahecho, incluso a costa de la ley y la Justicia, cada semana, el presidente Sánchez se mete al quirófano para remendar con hilo sus variopintos pellejos: negociaciones que parecen genuflexiones, embestidas contra la separación de poderes y la jefatura del Estado y una pulsión de propaganda que oculta los problemas y tergiversa hasta las víctimas totales por coronavirus en España.

Con los Presupuestos aprobados, Sánchez prepara el oro, el incienso y la mirra para enviar a Galapagar, Lledoners y Euskalerria

No alcanzaría todo el carbón de las minas de Asturias, Aragón y Castilla, aunque las reabrieran, para castigar lo que el actual PSOE ha hecho con España durante todos estos meses y lo que pretende hacer con lo que quede de ella: no sólo ha hipotecado la investidura y los Presupuestos con los favores de secesionistas y convictos, también ha cedido a la lista de la compra de cada uno. Habrá que inventarse un ministerio para colocar a la clase política alimentada por el sanchismo: una mezcla del esperpento de Valle-Inclán, el Rinconete de Cervantes y los infantes de Carrión.

Con los Presupuestos al fin aprobados y a la espera de los fondos europeos, Sánchez prepara el oro, el incienso y la mirra para enviar a Galapagar, Lledoners y Euskalerria. Los turrones que los ponga otro y justo por eso muchos temen que sea el rey emérito el que venga, desde Emiratos, con un Jijona bajo el brazo. Cuando está a punto de encenderse la cuarta vela de las coronas de Adviento, el resto de los ciudadanos se endereza la de espinas que ha supuesto el año covid y la que le aprieta la frente a Felipe VI ahora que el Gobierno se propone asaltar La Zarzuela como si del Palacio de Invierno se tratara (Enrique Santiago dixit).

Vendrá el 2021 empujado por una tercera ola y envuelto en el estilismo mortaja de las instituciones. Que Dios nos agarre confesados y vacunados, y ni eso garantiza nada. Es posible inmunizarse contra la covid-19, faltaría saber si funciona con los populismos, vengan de donde vengan. 2020, de la sopa de murciélago al caldo de porrusalda.

En ERC son malvados, pero no tontos
Sergio Fidalgo okdiario 18 Diciembre 2020

Esquerra Republicana tiene un plan clarísimo, y a pesar de ciertos bandazos causados por su tradicional temor a que los neoconvergentes les coman la tostada, lo sigue a rajatabla. Su gran objetivo es pescar en otros caladeros electorales, busca que las nuevas generaciones de castellanoparlantes de izquierdas, que residen sobre todo en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, abandonen a comunes y socialistas y les apoyen a ellos. Tienen claro que el voto catalanista del interior de Cataluña, el típico elector supremacista que se cree superior al resto de españoles y que piensa que el catalán es una especie de pueblo elegido al que todo el mundo ha de admirar, tiene un techo. Además, es una bolsa de votantes que se la disputa con la neoconvergencia heredera del pujolismo, siempre eficaz a la hora de defender las esencias patrias del nacionalismo más cerril.

En cambio, el electorado de Barcelona y Tarragona es, para Esquerra, la tierra prometida. Un oasis en el que la neoconvergencia – sea la de Carles Puigdemont, Marta Pascal o Àngels Chacón – apenas puede pescar. Junqueras y su equipo tiene claro que entre lo que el secesionismo llama “charnegos” es dónde están sus nuevos caladeros de votos. Y, de hecho, no se ha de olvidar que, en una de las poblaciones del área metropolitana de Barcelona con más presencia de catalanes con origen en otras regiones de España, Sant Vicenç dels Horts, el propio Junqueras fue alcalde. No solo eso, en la también muy “charnega” – que conste que lo digo con orgullo, dado que es mi ciudad – Hospitalet de Llobregat, que es la segunda población en número de habitantes de Cataluña, ERC ya es la primera fuerza de la oposición a la alcaldesa socialista, mientras que JxCAT quedó fuera del consistorio. También son segunda fuerza en Cornellà de Llobregat y Sabadell, y tercera en Santa Coloma de Gramenet y Terrassa. Y no olvidemos la victoria de Ernest Maragall en las municipales en Barcelona con diez concejales. En 1991 tenían cero regidores en la capital catalana.

El fichaje de Gabriel Rufián, por mucho que a muchos nos parezca un personaje estrafalario y tendente al histrionismo, es un acierto que incide en esta línea. Con un discurso marcadamente izquierdista en el Congreso, que no olvidemos que para el núcleo duro de ERC es un parlamento “extranjero”, va lanzando mensajes que poco a poco calan en un electorado que tradicionalmente veía a los independentistas como algo exótico, y que desde la crisis económica que impulsó el ‘procés’ comienza a verlos como una opción aceptable. Por supuesto, gracias a unos socialistas empeñados en cederles votos. Primero facilitaron el cambio de imagen de Esquerra de partido lunático a partido de gobierno, gracias a los tripartitos que gestionaron Cataluña entre 2003 y 2010. Y en la actualidad, gracias a los acuerdos con el PSOE y Podemos en las Cortes, han vuelto a conseguir una pátina de “respetabilidad” e “izquierdismo”. Cualquier avance “social” del que quiera presumir PSOE y Podemos en las cuentas públicas también Esquerra podrá atribuírselo.

Esta estrategia no deja un frente sin cubrir. Fijémonos en El Periódico de Catalunya que es, desde hace cuarenta años, el medio de comunicación de referencia de la izquierda catalana. El poderoso diario que sustentó las mayorías socialistas y neocomunistas en los principales ayuntamientos catalanes y los dos tripartitos de Maragall y Montilla. ¿Quién es el actual director? Albert Sáez, al que ERC nombró durante su etapa de gobierno con los socialistas como responsable del área de comunicación de la Generalitat, primero, y presidente del órgano rector de TV3 y Catalunya Ràdio, después. En este diario pueden leer casi a diario columnas de Joan Tardà, Gabriel Rufián, el poderoso Sergi Sol, hombre de la más estricta confianza de Oriol Junqueras y otros opinadores afectos a Esquerra.

Así, poco a poco, Esquerra va introduciendo su agenda en las mentes de los lectores del medio más influyente de la izquierda catalana. Por ejemplo, el pasado domingo Rufián aseguró en una tribuna en El Periódico que el “independentismo de derechas catalán le regaló la Diputación de Barcelona al PSC para que no la tuviera Esquerra”. Este martes Joan Tardà, en otra columna de opinión, reclamó los derechos electorales de la inmigración extranjera residente en Cataluña. Y el jueves Sergi Sol, en un artículo, defendió con vehemencia al gran aliado de ERC, Arnaldo Otegi, y aseguró que el Tribunal Supremo, al ordenar repetir el juicio por el caso Bateragune, había hecho “suya la tesis de Vox, el partido de extrema derecha que lidera Santiago Abascal”. En pocos días, los lectores de este poderoso diario, vieron como dirigentes de ERC les vendían un cóctel de temas muy ajenos a la tradicional agenda de la izquierda tradicional catalana.

En Esquerra serán muy malos, porque solo buscan destruir España y convertir a millones de catalanes en ciudadanos de segunda, pero no son nada tontos. Su plan está funcionando. Y si el constitucionalismo catalán no lo remedia, serán el partido hegemónico en un futuro no demasiado lejano.

El TSJC activa la cuenta atrás para eliminar la inmersión

La Generalitat se resistirá a aplicar la sentencia que ordena impartir el 25% de las clases en castellano pero los juristas apuntan que perderá el pulso con la justicia
Alejandro Tercero cronicaglobal 18 Diciembre 2020

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena a la Generalitat impartir, al menos, el 25% de las clases en castellano no tendrá una repercusión inmediata en el modelo escolar actual. Sin embargo, el fallo es el inicio de la abolición del sistema de inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán que el Govern aplica desde hace décadas.

Así lo aseguran fuentes jurídicas consultadas por este medio, que coinciden en subrayar que la claridad y contundencia del dictamen conocido este jueves --aprobado por unanimidad de la Sala Contencioso Administrativa-- deja tocado de muerte el modelo lingüístico de la educación catalana, y que solo es cuestión de tiempo que el bilingüismo sea restituido en todos los colegios de Cataluña.

25% en castellano para todos los alumnos
La principal novedad de la sentencia estriba en que la obligatoriedad de impartir, al menos, un 25% de las clases en español se extiende a todo el sistema educativo. Hasta ahora --y aunque había numerosos fallos que ordenaban que el castellano fuera vehicular-- el TSJC había ido prescribiendo el 25% para toda la clase cuando un alumno solicitaba judicialmente este derecho, de forma individual. En la práctica, la nueva situación supondrá que, además de la asignatura de lengua española, deberá impartirse en castellano, al menos, otra materia “de carácter troncal o análogo”.

Es por eso que las principales entidades defensoras del bilingüismo escolar tildan el dictamen del TSJC de “histórico”, “trascendental”, “decisión sin precedentes” o “punto de inflexión”.

La Generalitat trata de ganar tiempo
Como era previsible, poco después de difundirse la sentencia, la Consejería de Educación ha mostraado su rechazo a la decisión de la justicia y anunció un recurso ante el Tribunal Supremo (TS). Expertos en derecho administrativo han explicado a Crónica Global que la impugnación de la Generalitat solo pretende ganar tiempo puesto que la argumentación del TSJC es difícilmente rebatible.

Además, el tribunal catalán se ha limitado a compilar y ordenar los razonamientos jurídicos expuestos en sentencias anteriores del Tribunal Constitucional, del TS y del TSJC, por lo que es improbable que el alto tribunal corrija el fallo a favor de la Generalitat. En todo caso, el TS podría tardar más de un año en pronunciarse.

Acelerar la aplicación de la sentencia
Algunas asociaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano y Asociación por la Tolerancia apelan la parte resolutiva de la sentencia del TSJC, que exhorta a la Generalitat a que “en las enseñanzas comprendidas en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.

En cambio, juristas especializados en derecho administrativo consideran que, para que el 25% en castellano se aplique de “forma efectiva e inmediata” mientras el TS analiza el recurso del Govern, sería necesario que la parte legitimada solicitase al TSJC la aplicación cautelar de dicha medida. En este caso, la sentencia emana de un recurso de la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Educación presentado en 2015. Pero todo apunta a que el actual Gobierno no solicitará esta medida. De hecho, consultado sobre esta cuestión, el Ministerio de Educación ha sido tajante con este medio: “No hacemos comentarios sobre la sentencia”.

En manos del Gobierno
De igual manera, expertos en derecho procesal advierten de que, una vez que el TS --probablemente-- confirme la posición del TSJC, a la Generalitat aún le queda una última bala para retrasar la reinstauración del bilingüismo escolar.

Y es que es previsible que, en ese caso, la Consejería de Educación se niegue a aplicar la sentencia, lo que haría necesaria una solicitud de ejecución de la misma por parte del Gobierno --que es la parte legitimada para hacerlo-- o la Fiscalía, y que dependería de los equilibrios parlamentarios de ese momento. Todo apunta a que las presiones al Ejecutivo por parte de los partidos nacionalistas se intensificarían llegados a ese punto.

El 25% no depende de la ley Celaá
La estrategia que, según los juristas, no tiene mucho recorrido es la apelación a la ley Celaá por parte de la Generalitat. “La Lomloe, cuando entre en vigor, la dejará sin efecto [a la sentencia]”, ha indicado la Consejería de Educación en un tuit. “Ahora que está a punto de aprobarse en el Senado la nueva ley [educativa], los hay que pretenden volver al pasado. La política educativa en Cataluña (y en ningún lugar) no la hacen los jueces. Es una resolución que saben que no tendrá ningún efecto ni ninguna consecuencia”, ha añadido el consejero Josep Bargalló.

Sin embargo, el TSJC subraya que la obligatoriedad de impartir, al menos, un 25% de las asignaturas en español no depende de una ley educativa nacional (Wert o Celaá), ni de una autonómica, sino que se fundamenta en múltiples sentencias del TC, el TS y el propio tribunal catalán a lo largo de los años. Estas han dejado claro que es inconstitucional que el castellano no sea “lengua vehicular” de la enseñanza, y la jurisprudencia ha establecido ese 25% de uso mínimo para una lengua vehicular. El TSJC incluso alerta de que actualmente el español es “residual” en el sistema educativo catalán.

“Héroes que llevan años luchando”
Las entidades que promueven el bilingüismo escolar han acogido la sentencia con satisfacción. Para el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, el fallo es “un gran avance” y avala el modelo de “conjunción lingüística” que debe compatibilizar ambas lenguas oficiales. “El modelo de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña debe pasar a la historia”, ha añadido. Además, el dictamen abre el camino a “actuar contra los directores” de colegios que se nieguen a aplicarlo.

La presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, ha considerado que con esta sentencia “se ve la luz al final del túnel tras 30 años de la Generalitat pisoteando los derechos de los castellanohablantes”. Losada ha recordado a “aquellos padres que son pequeños héroes que llevan años luchando, que han soportado el acoso de su entorno, el desprecio de la comunidad educativa y el ninguneo de la Generalitat”. “Vamos a continuar este camino hasta conseguir que la sentencia se aplique en el 100% de los centros”, ha insistido.

El 50%, próxima batalla
El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, se ha mostrado satisfecho de que el TSJC “por fin” ordene establecer el bilingüismo en todo el sistema educativo catalán. “Llevamos desde 2010 con sentencias individuales y eso se ha acabado”, ha añadido. Pese a asegurar que la inmersión camina hacia su final, ha pedido paciencia porque está convencido de que la Generalitat se resistirá a aplicarla. Además, ha advertido de que la siguiente batalla será fijar un 50% para cada lengua.

La Asociación por la Tolerancia hace una valoración “muy positiva” de la sentencia pero pone el foco en el Gobierno. El presidente de la entidad, Eduardo López-Dóriga, ha criticado el intento de excluir el castellano como lengua vehicular en Cataluña con la ley Celaá y se ha felicitado de que el TSJC diga que “esto no se puede hacer”. Pese a que se ha mostrado convencido de que “costará muchísimo” aplicar esta sentencia por el acuerdo entre el Gobierno y los nacionalistas, también ha ironizado: “Han ido a por lana y han salido trasquilados”.

Insumisión y desobediencia
En el ámbito nacionalista, la sentencia no se ha recibido de forma apacible y algunos de los principales actores han mostrado su preocupación. Según Plataforma per la Llengua se trata de “un ataque judicial más contra el catalán”. La entidad se ha mostrado confiada en que el recurso de la Generalitat “pare el recorrido efectivo” del dictamen. Y ha reclamado “un refuerzo profundo y renovador del programa de inmersión lingüística” que incluya “el patio, el comedor y las actividades extraescolares”.

Por su parte, el sindicato USTEC-STEs --mayoritario en la educación pública-- ha hecho un llamamiento “a los trabajadores de los centros educativos a la insumisión y a la desobediencia” frente a la sentencia del TSJC.

De la tercera hora de castellano al proyecto fallido de Bargalló
El consejero de Educación, que rechaza la última sentencia que ordena impartir un 25% de clases en castellano, intentó flexibilizar la inmersión con un modelo similar al defendido por el PSC
María Jesús Cañizares cronicaglobal 18 Diciembre 2020

El paso del tiempo, y una sucesión de gobiernos nacionalistas, han demostrado que resulta imposible debatir sin apasionamiento y con criterios pedagógicos la vigencia de una inmersión lingüística que ahora, de una forma rotunda, ha cuestionado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Evitar dos líneas educativas segregadas, una en castellano y otra en catalán, fue el argumento más utilizado por los convergentes, para incluir en su Ley de Política Lingüística la utilización del catalán como lengua vehicular en la enseñanza. Ese modelo sería refrendado posteriormente por la Ley de Educación de Cataluña (LEC), aprobada con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA.

De ahí que los socialistas nunca se atrevieran a abrir el melón de la revisión de un sistema que la Justicia tumbaría en repetidas ocasiones. Y cuando lo hicieron, callaron rápidamente. En 2007, el entonces consejero de Educación, Ernest Maragall --entonces militante socialista, aunque después se pasó a ERC--, propuso introducir una tercera hora de castellano en las escuelas catalanas, tras constatarse que en la mayoría de ellas ese idioma era testimonial y en algunas zonas de la Cataluña interior los alumnos no dominaban el español. La propuesta no se llegó a aplicar por el escándalo suscitado entre los nacionalistas y entidades favorables al monolingüismo escolar.

Desde entonces, se sucedieron las resoluciones judiciales a favor de ese 25% de clases en castellano. Incluso el Tribunal Constitucional dictaminó que una lengua no podía tener un rango superior respecto a otra en una comunidad con dos idiomas oficiales.

El documento de Bargalló
Hace dos años, el consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, el mismo que ayer rechazaba el último fallo del TSJC, propuso flexibilizar de facto la inmersión, en el documento El modelo lingüístico del sistema educativo en Cataluña. El aprendizaje y el uso de las lenguas en un contexto educativo multilingüe y multicultural. Este informe venía a decir algo tan razonable como que era necesario reforzar en castellano en centros escolares donde el catalán tenía un fuerte arraigo social. [ Puede leerse en este enlace ]

“En los contextos en los que el castellano no tiene fuerza social y no es la primera lengua de buena parte de los alumnos habrá que hacer un enfoque didáctico cercano al que usamos con las segundas lenguas (inmersión lingüística en el caso del catalán). Si el número de horas de exposición a esta lengua no fuera suficiente para alcanzar, al terminar el sistema educativo, el mismo nivel de catalán y de castellano, el centro deberá decidir, en su proyecto lingüístico, incorporar bloques de contenidos curriculares en castellano y planificar actividades que potencien la expresión oral de los alumnos”, indicaba ese documento, que tampoco se llegó a aplicar debido al revuelo provocado en la comunidad educativa. Y también por la presión de la muy subvencionada Plataforma per la Llengua, conocida como la ONG del catalán, su incitación a delatar empresas, trabajadores y comercios que solo utilizan el castellano, y su espionaje en los patios escolares.

Más recientemente, el PSC abordaría por fin ese tema tabú en su congreso de diciembre de 2019. El borrador de la ponencia marco de los socialistas denunciaba la “instrumentalización” de la lengua por parte de los nacionalistas, “especialmente en la escuela”, y apelaba a la diversidad lingüística “defendiendo el catalán y el castellano a través de un modelo plurilingüe en la escuela” con la “flexibilidad” que requiera la “realidad sociolingüística”. Un modelo muy parecido al de Bargalló.

Pero ese asunto genera discrepancias internas. Mientras Miquel Iceta quiere pasar de puntillas sobre el debate de la inmersión y algunas agrupaciones se niegan a tocarla, Eva Granados es más favorable a abordarlo. Por lo que, finalmente, matizó su propuesta final, aunque en la línea de garantizar el dominio de ambas lenguas al final de la educación obligatoria.

Espías en el patio y sanciones por esconder planes língüísticos
Entidades como Plataforma per la Llengua, que anima a denunciar el castellano, o la AEB, el azote del nacionalismo y el monolingüismo, han protagonizado el debate sobre la inmersión
María Jesús Cañizares cronicaglobal 18 Diciembre 2020

Son los gobiernos y los tribunales los que deciden sobre el conflicto lingüístico, pero no se puede subestimar la influencia que han tenido las entidades sociales en este asunto. Por un lado, Plataforma per la Llengua, conocida por incitar a la delación de empresas, trabajadores y comercios que no utilizan el catalán. Y, sobre todo, por promover un estudio en los patios escolares para analizar el idioma que utilizan los niños cuando juegan o se relacionan con sus compañeros.

Por otro, la Asamblea por una Enseñanza Bilingüe (AEB), cuyo estudio sobre los proyectos lingüísticos de la escuela en Cataluña se ha convertido en un referente. Junto a Impulso Ciudadano y Universitaris per la Convivència, la AEB ha prestado asesoramiento a familias que reivindican su derecho a escolarizar a sus hijos en su lengua materna. Y también ha acudido a instancias europeas para defender esa coexistencia lingüística, normal en la sociedad, pero no en las instituciones catalanas.

Delación y monolingüismo
Atodenominada como la "ONG del catalán", Plataforma per la Llengua (PpL) predica el monolingüismo que, a su vez, también defiende el llamado grupo Koiné. Marca el paso, tanto en la comunidad educativa, como al Govern, hasta el punto de considerar que unas frases sueltas pronunciadas en castellano en un serial o un programa de TV3 es excesivo.

Entre las hazañas lingüísticas de PpL figura un estudio sobre el idioma que utilizan los niños en su tiempo de juegos. Para ello, se infiltraron en los patios escolares y el escándalo fue tan grande, que el consejero de Educación, Josep Bargalló, aseguró desconocer la existencia de ese experimento. Nunca aclaró o indagó sobre quién dio el permiso a la autodenominada "ONG del catalán" para entrar en colegios públicos.

La Consejería también se ha mostrado reacia a informar sobre los proyectos lingüísticos de los centros. Y eso le valió un expediente sancionador por parte de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), el máximo órgano de transparencia, por no atender la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) sobre los modelos lingüísticos de los centros educativos concertados.

Opacidad
El GAIP instó al consejero de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, a sancionar por infracción muy grave a su Secretaría General por esta opacidad, después de haber requerido en cuatro ocasiones al departamento la entrega a la presidenta de la AEB de esos proyectos.

Sin embargo, y fruto de un intenso trabajo, la AEB es autora de un informe basado en el análisis de 2.414 proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos. El resultado fue el Informe y conclusiones del análisis de los proyectos lingüísticos de los centros públicos de Cataluña, presentado en Madrid con datos contundentes. Entre las conclusiones más importantes destaca que el castellano no es lengua vehicular en las escuelas catalanas, pues ningún centro analizado cumple con el mínimo del 25% de horas en castellano --las que de nuevo fija la Justicia en su última sentencia-- impartidas en asignaturas troncales, tal como ordenan diferentes sentencias judiciales. En este sentido, solo 25 centros imparten en español asignaturas troncales en algún trimestre escolar.

El 97% de los colegios catalanes incumple la obligatoriedad de impartir un 25% en español
Los datos ofrecidos por la Generalitat al TSJC confirman el trato residual del castellano en el sistema escolar catalán
Alejandro Tercero cronicaglobal 18 Diciembre 2020

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena a la Generalitat impartir, al menos, el 25% de las clases en castellano confirma el trato residual que esta lengua --oficial y mayoritaria en Cataluña-- recibe en el sistema escolar catalán.

El tribunal catalán llega a esta conclusión después de analizar los datos aportados por la propia Consejería de Educación, y que revelan que el 97,3% de los centros educativos incumplen la obligación de ofrecer, por lo menos, una cuarta parte de las materias en español incluyendo una asignatura troncal o similar.

184 centros analizados
En su sentencia, el TSJC señala que, “de acuerdo con la información aportada por el Departamento [de Educación] [...], la muestra analizada pone de manifiesto que la media de horas de utilización del castellano en los centros de enseñanza es del 18% en el caso de la educación primaria, del 19% en los centros de educación secundaria obligatoria y del 26% en el caso del bachillerato”. Unas cifras que incluyen el tiempo atribuido a la asignatura de lengua española.

“Además, solo 5 de los 184 centros incluidos en la muestra imparten íntegramente en lengua castellana un 25% de las áreas o materias, de las cuales al menos una es troncal además de la enseñanza del castellano, en todos los centros o grupos. Concretamente, cumplen este estándar un 2% de los centros de educación primaria y un 12% de los centros de bachillerato”, añade el tribunal.

“Uso residual”
Con esa información, el TSJC considera que “de la documentación aportada y la prueba practicada en el recurso se desprende que, en conjunto, el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza es residual, o al menos es así en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente”.

Ese marco --basado en la doctrina constitucional-- establece que el español ha de ser lengua vehicular de la enseñanza con un “nivel mínimo de utilización”. Y “esta presencia mínima ha sido fijada por la jurisprudencia en un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas que, además de la enseñanza de la propia lengua oficial ha de incluir íntegramente al menos el de otro área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo”.

La Generalitat, reticente a colaborar
Cabe destacar que la sentencia también destaca la falta de colaboración por parte de la Generalitat con el TSJC. “Por lo que se refiere a la situación material del uso vehicular de una y otra lengua oficial en el servicio de educación, se requirió en su momento al Departamento de Enseñanza para que aportara los datos correspondientes, resultando que manifestó que no disponía de esta información ni podía obtenerla sin un esfuerzo desproporcionado”, alerta el tribunal.

Y añade que, “dada la situación, se requirió un muestreo al efecto, considerando que lo relevante no es tanto la situación exacta sino el estado de la cuestión a los efectos del objeto del recurso, que es comprobar la inactividad de la administración demandada”.

Muestra cuestionada
Sin embargo, y a pesar de los datos que revelan el uso residual del español en la educación, el muestreo escogido por la Generalitat genera dudas razonables, toda vez que no se indica el método ni la ponderación territorial utilizado.

En este sentido, un reciente estudio de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) tras analizar 2.214 proyectos lingüísticos --43 de escuelas infantiles, 1.626 de centros de infantil y primaria, 524 de secundaria y bachillerato, y 21 de centros especiales-- concluía que en ningún caso se cumplía la obligatoriedad de impartir el 25% del horario lectivo en castellano durante todo el curso incluyendo una asignatura troncal.

Por qué la ley Celaá será incapaz de burlar el 25% en castellano
La condición de lengua vehicular del español no depende de las normativas educativas nacionales o autonómicas sino que emana de la doctrina constitucional y de la jurisprudencia de los tribunales
Alejandro Tercero cronicaglobal 18 Diciembre 2020

La primera reacción de la Generalitat y de los partidos y entidades nacionalistas tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir en Cataluña, al menos, el 25% de las clases en castellano ha sido apelar a la ley Celaá. El proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) que se está tramitando suprime la referencia específica que la ley educativa nacional en vigor (ley Wert) hacía del español como lengua vehicular de la enseñanza, y en eso basan sus esperanzas los detractores del bilingüismo escolar.

Sin embargo, juristas consultados por Crónica Global aseguran que esa modificación no afecta al mandato establecido por el TSJC, ni podría hacerlo en el improbable caso de que la nueva ley nacional indicase expresamente que el castellano no pueda ser lengua vehicular o que ello dependiera de las comunidades autónomas (CCAA).

Doctrina constitucional
Los expertos en derecho administrativo preguntados al respecto por este medio reproducen los argumentos recogidos en la sentencia del TSJC. Y subrayan que el tribunal apela a la doctrina constitucional y a anteriores sentencias del Tribunal Supremo y del propio TSJC para dictaminar que, por lo menos, una cuarta parte de la educación en Cataluña debe ofrecerse en castellano, independientemente de lo que indiquen las leyes educativas de ámbito nacional y autonómico.

Así las cosas, subrayan, "solo una reforma constitucional podría revertir la situación creada tras numerosas sentencias". "Otra cosa --añaden-- son las trabas que la Generalitat seguirá poniendo para aplicar lo que dicen los tribunales, y la falta de diligencia del Gobierno a la hora de reclamar la ejecución de las sentencias". Un panorama que difícilmente cambiará dada la actual geometría parlamentaria.

El español tiene que ser lengua vehicular
En todo caso, el TSJC recoge con claridad los fundamentos jurídicos en los que sustenta su resolución. El tribunal se remonta a la sentencia 87/1983 del Tribunal Constitucional (TC), que estableció que "la existencia de diversas lenguas oficiales impone un régimen de conjunción lingüística en la enseñanza, lo que significa que todas han de tener un uso vehicular normal en la enseñanza". Régimen que, como indicó el TC en sus sentencias 337/1994 y 31/2010, "es consecuencia de la misma oficialidad de la lengua" y que "impone necesariamente su uso vehicular".

De hecho, insiste en que la sentencia 31/10 "interpretó el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el sentido de que la falta de referencia explícita del precepto al uso vehicular de la lengua castellana no suponía negar su uso normal en los mismos términos que el uso normal del catalán". "La jurisprudencia constitucional ha entendido que la naturaleza oficial de las dos lenguas impone necesariamente su uso vehicular en la enseñanza, sin que se pueda establecer la condición de alguna de las dos lenguas como preferente, independientemente de las situaciones en las que la normalización lingüística u otras circunstancias impongan un uso más intensivo de una u otra", añade. Es decir, el español no puede dejar de ser lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, digan lo que digan las leyes educativas.

El 25% como mínimo para cada lengua vehicular
El TSJC también destaca que el Tribunal Supremo y el propio tribunal catalán han creado "jurisprudencia", según la cual se establece que, "con independencia de que el modelo admita flexibilidad en función de las circunstancias" --en el sentido de que "el uso vehicular normal de las dos lenguas no ha de ser necesariamente simétrico" y "el peso de una u otra lengua se puede adaptar a las circunstancias" (337/1994)--, "hay un mínimo por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alance la condición de normal dentro del sistema".

"En este sentido se ha fijado un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas. Un porcentaje que, además de la enseñanza de la propia lengua oficial, ha de incluir íntegramente al menos el de otro área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo". Y cita la sentencia del Supremo del 24 de septiembre de 2013. Esto es, el 25% como mínimo lo fija la jurisprudencia de los tribunales, independientemente de lo que digan las leyes educativas.

En Cataluña, conjunción lingüística
El TSJC deja claro que los condicionantes anteriores superan las leyes educativas cuando señala que "la referencia a la inmersión lingüística" recogida en la Ley 12/09 de Educación de Cataluña "no significa la exclusión del castellano como lengua covehicular o su reducción a una presencia residual" (como el propio tribunal constata) por que así lo ha indicado el TC.

También se refiere a la actual Ley Orgánica de Educación 2/2006 en la que se prevé "un modelo de dos líneas, una en cada lengua oficial, con la única excepción de la enseñanza de las propias lenguas oficiales que se ha de hacer necesariamente en la propia lengua". Pero recuerda que, el hecho de que el Estatuto de Autonomía de Cataluña "impide taxativamente la segregación de los alumnos por grupos o aulas en función de la lengua" es una "circunstancia que impone el modelo de una única línea de enseñanza bilingüe, esto es, un modelo de conjunción lingüística". Esto es, la Generalitat solo tiene dos opciones: un modelo bilingüe (con en castellano y el catalán como vehiculares) o un modelo de doble línea (una en castellano y otra en catalán). Y optó por el primero.

Imposible blindaje de la inmersión
En base a estos argumentos, los expertos concluyen que la obligatoriedad de impartir, al menos, un 25% de las horas lectivas en castellano no depende de lo que diga una ley educativa nacional (Wert, Celaá o la que fuere) ni de una autonómica, sino que deriva de la doctrina constitucional y de la jurisprudencia creada por el Tribunal Supremo y el TSJC. Una situación que la ley Celaá no podría modificar, pese a que la Generalitat aspiraba a blindar la inmersión por esa vía.

El TSJC obliga a la Generalidad a impartir el 25% de enseñanza en español ante su uso "residual" en Cataluña
El Alto Tribunal catalán reconoce que la Generalidad incumple las sentencias y el ordenamiento jurídico en esta materia.
Olivia Moya Libertad Digital 18 Diciembre 2020

La sección quinta de la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima parcialmente el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contra varias resoluciones del departamento de Educación catalán en materia de uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza.

La sala declara "la obligación de la Generalidad de Cataluña de adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso".

No es la primera vez que el TSJC se pronuncia en este sentido. En 2014, atendiendo a una demanda de cinco familias, dictó varios autos en los que obligaba a la Generalidad a fijar que el castellano esté presente en el 25% como mínimo del horario lectivo (una de cada cuatro asignaturas) para garantizar su presencia mínima como lengua vehicular en "el colegio, el curso y la clase de referencia" de los alumnos de cinco familias recurrentes. Y un año después el Tribunal Supremo sentenció lo mismo cuando la Generalidad recurrió el fallo del tribunal catalán.

"El castellano no puede dejar de ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. De esta forma, aunque el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular en la enseñanza (...), nada permite que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza", afirmaba entonces el Alto Tribunal en su fallo.

El uso del castellano es "residual"
Ahora el TSJC analiza el marco jurídico dentro del cual se enmarca el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza: el Estatuto de Cataluña, la ley de Educación de Cataluña, la ley orgánica de Educación (no la ley Celaá, que aún no está en vigor) y varias sentencias del Tribunal Constitucional. También la información requerida al departamento de Educación de la Generalidad sobre los datos reales del uso de ambas lenguas en los centros escolares. Y señala que "de la documentación aportada y la prueba practicada en el recurso se desprende que, en conjunto, el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente".

Por todo esto "... sí que corresponde fijar un uso vehicular mínimo de las lenguas oficiales que permitan enderezar la actual situación contraria a ordenamiento. Esto es, la determinación de un nivel mínimo de utilización vehicular de la lengua oficial por debajo del cual hay que entender que se infringe el imperativo de uso ordinario y normal de la misma a la enseñanza. Esta presencia mínima ha sido fijada por la jurisprudencia en un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas que, además de la enseñanza de la propia lengua oficial debe incluir íntegramente menos el de otra materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo".

La parte demandante solicitaba también que se modificaran los impresos de preinscripción escolar para que los padres tuvieran acreditado que el castellano sería lengua vehicular en todos los cursos. La sala desestima esta petición dado que entiende que con el cumplimiento del porcentaje mínimo del 25% éste ya garantizaría el acceso y uso de ambas lenguas desde infantil.

El tribunal afirma, por tanto, que "... el principio de no discriminación de los alumnos por razón de la lengua establecido en el Estatuto de Autonomía impone un sistema de una única línea bilingüe, sistema que excluye por su propia naturaleza la libertad de opción por parte de los usuarios. La Ley de Educación de Cataluña ha sido consecuente con este planteamiento, estableciendo al efecto un sistema de apoyo lingüístico a los alumnos que lo requieran los efectos de facilitar su integración en el momento de incorporarse al sistema. Así pues, el hecho de que las inscripciones no incluyan la opción de lengua vehicular no puede ser consideradas, a efectos de la sala, ilegales".

La Generalidad: la ley Celaá la dejará sin efecto
El departamento de Educación de la Generalidad ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia. En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, el departamento ha avisado de que la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) -conocida como ley Celaá- "dejará sin efecto" la sentencia cuando entre en vigor.

También ha lamentado que la sentencia haya llegado antes a los medios de comunicación que a ellos mismos, y ha afirmado que el tribunal "pretende regular la política educativa cuando es competencia del Parlament".

El conseller, Josep Bargalló, también en Twitter, se ha quejado de que "ahora que está a punto de aprobarse en el Senado la nueva ley, los hay que pretenden volver al pasado". Bargalló ha añadido, sobre la resolución, que "saben que no tendrá ningún efecto ni ninguna consecuencia", y ha afirmado que la política educativa no la hacen los jueces.

Tanto la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña como la asociación Hablamos español exigen a la Generalidad que cumpla esta vez con la sentencia.

ILEGALIZAR A VOX
Amordazando a un partido democrático en nombre de la democracia
María Ariza. rebelionenlagranja.com 18 Diciembre 2020

Sobre la ilegalización de Vox o cómo muchos quieren acabar con esta fuerza parlamentaria.

Ya en 2018, el entonces líder de Podemos y ahora Vicepresidente Segundo del gobierno, Pablo Iglesias, lanzó su «alarma antifascista» avisando del ascenso de lo que a ellos gusta tildar de ‘ultraderecha’.

Lo hacía con motivo de las elecciones en Andalucía, y lo hacía avisando a colectivos de mujeres, LGTB, clases medias de la amenaza que les supondría el triunfo de Vox.

Paradójico, tanto como su cargo, sus funciones y su actividad política.

Pero en 2018, esa alerta antifascista de la ultraizquierda no hacía más que empezar.

La destrucción de la democracia en nombre de la democracia
La historia no hacía más que empezar: es la historia de la destrucción de la democracia en nombre de la democracia, y hoy queremos recordarla.

La historia de cómo desde el gobierno, y a través de instituciones del Estado, harán todo lo posible por ilegalizar a la tercera fuerza política de este país: Vox.

Y es que quien anunciaba la llegada de ese supuesto fascismo, dos años más tarde no sólo es vicepresidente segundo del gobierno, sino que también ha sido colocado en el CNI, aprovechando una pandemia nefastamente gestionada.

Recordemos cómo se le asignó el cargo en el CNI a Iglesias: mediante el decreto de estado de alarma.

Iglesias, el CNI y «la inmundicia»
Y tras su llegada al CNI –un mes después– quedaron grabadas unas curiosas, pero delatadoras, palabras de José Manuel Santiago: «otra de las líneas de trabajo es minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno».

La intención está clara, y resuena cada vez que se escuchan los insultos hacia la formación: ¿xenofobia?, ¿machismo? No, no hablamos de ese tipo de insultos, esos ya son rutina.

Hablamos, más bien, de los que propició el líder de Unidas Podemos en nombre de la democracia durante los meses de pandemia desde la tribuna del congreso, tachando a Vox de «inmundicia», a sus miembros y votantes de «parásitos» y apartándolos de la democracia: «son ustedes un partido antidemócrata».

«No hay mayor amenaza a la democracia que ustedes, porque la democracia es la mayor amenaza para ustedes», llegó a defender el líder de los morados el pasado 13 de mayo en un ataque contra la diputada María Ruiz.
Toda una declaración de intenciones

Pero aquellas afirmaciones no venían sin más.

No llegaron solas, sino acompañadas de una de sus alertas, de un preaviso, de una declaración de intenciones.

O más bien, de una amenaza.

Y es que el amigo de Otegi y de Esquerra el pasado 28 de abril –dos semanas antes del ataque dialéctico final–, cuando tachó de inmundicia a los de Vox, completó su frase de la siguiente manera: «España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima esa inmundicia que ustedes representan».

Y entonces, todavía, la historia no hacía más que empezar

Porque tras unas tranquilas vacaciones de los políticos, la ultraizquierda volvía a la carga con mucha fuerza.

Fuerza que llegó hasta el CNI para calificar a Vox de «contrario a las instituciones democráticas» en un Informe que se dio a conocer el pasado mes de octubre por OkDiario.

Fuerza para, el mismo día de la moción de censura contra el gobierno de Sánchez, emitir un manifiesto, por cierto, con el sello de los herederos de ETA, en defensa de la democracia, o fuerza para impulsar una iniciativa de tipificación de delito de odio como una de las causas para la disolución de la actividad política.

Todo, para intentar amordazar a Vox, todo, mejor dicho, para tratar de amordazar a los españoles, y todo, en nombre de la democracia.

Las últimas tentativas
Porque después de todos esos pasos de gigante sin éxito, el gobierno ha querido valerse de un chat de militares jubilados para mancillar a la formación que lidera Santiago Abascal, haciendo a Vox poco menos que responsable de organizar un golpe de estado apoyándose en ese grupo de militares.

Eso, y tanto más.

Pero más allá de todo ello, más allá del constante cordón sanitario al partido, más allá de la persecución mediática, está esa firme intención: ilegalizar a Vox.

Una intención avalada por otros miembros del gobierno, como el ministro de Transportes y Secretario de Organización del PSOE, que se burla abiertamente y en tertulias de radio de la tercera fuerza política, como también se atreve a hacer el ex magistrado Baltasar Garzón.

A lo largo de esta semana hemos podido escuchar a distintas personalidades ensañándose con Vox, sin que nadie, salvo el propio Vox, diga nada.

Pero, de nuevo, nada nuevo bajo el sol.

¿Puede ilegalizarse Vox?
Y sin embargo, ese propósito del Ejecutivo no será tan sencillo. ¿Se puede, acaso, ilegalizar a Vox?

El fundamento jurídico para ilegalizar un partido lo da la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos en sus artículos 9 y siguientes.

Y un sencillo fragmento de dicho articulado nos sirve para responder a la cuestión: “Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”.

¿Suena a Vox? ¿O suena, más bien, a Bildu? ¿O a Esquerra, quizás? ¿O a Sánchez e Iglesias?

Parece que forzar una ilegalización –quizá ilegal,valga la redundancia– de Vox sólo acarrearía la ilegalización de los que realmente amenazan a la Constitución y a la democracia desde hace meses.

Parece que no es precisamente VOX quien persigue deteriorar o destruir el régimen de libertades.

¿Ilegalizar a Vox? Quizá habría que ilegalizar, no a un partido, sino al gobierno, que amenaza cada día los preceptos constitucionales.

 


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