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Saltan todas las alarmas con una nueva
crisis financiera parece inevitable
La escasa rentabilidad de la banca, el círculo vicioso de los bancos
centrales y el impacto de la covid encienden la alarma de la crisis
financiera.
Luis F. Quintero Libertad Digital 18 Diciembre 2020
La hecatombe económica derivada del impacto de la pandemia del
coronavirus en España, y su nefasta gestión por parte del Gobierno
de Sánchez e Iglesias, amenaza convertirse en acelerador de la
crisis financiera que nos espera al final del oscuro túnel de
estímulos económicos que los bancos centrales mantienen desde hace
más de diez años.
Denunciaba hace unos días el execonomista jefe del Banco de Pagos
Internacionales William White la "trampa de la deuda", según la cual
los bancos centrales, aunque saben que no pueden mantener las tasas
de interés tan bajas como están porque provocan más deuda
incontrolable y malos comportamientos por parte de los Estados,
también saben que no pueden subirlas porque desencadenarían esa
misma crisis que están tratando de evitar. En otras palabras, se ven
obligados a seguir haciendo lo que están haciendo aunque al hacerlo
empeoren la situación. En definitiva, decía White "los bancos
centrales se están disparando en el pie".
White ha pasado medio siglo, casi una vida entera, trabajando para
los bancos centrales y siendo economista jefe del Banco de Pagos
Internacionales fue de los pocos que advirtió sobre la crisis
financiera que estalló en 2007.
Quizá las víctimas más directas de las políticas monetarias de los
bancos centrales que critica White son los bancos. Las políticas de
tipos en el entorno del 0% comprometen la rentabilidad de la banca
haciendo casi imposible que las entidades financieras obtengan
beneficios mediante la explotación de la actividad principal de su
negocio: el crédito.
Advertencias de BdE y FMI
Con estos mimbres, y sumando el brutal impacto de las medidas
proteccionistas que han puesto en marcha gobiernos como el español
por la pandemia del coronavirus y que han desencadenado una crisis
económica sin precedentes, parece inevitable la llegada de la crisis
financiera. Así lo reconocen ya instituciones como el Banco de
España, el FMI y casi cualquier casa de análisis. Los nubarrones de
la temida crisis financiera ya se ven en el horizonte.
El propio Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha
advertido recientemente que "hay que evitar a toda costa que la
crisis sanitaria, que se ha transformado en crisis económica, acabe
generando una crisis financiera", lo que supondría hundimientos en
términos de paro o PIB aun mayores a los que estamos viendo.
Precisamente el Banco de España es el que considera que un cuarto de
las empresas españolas está en quiebra técnica, que esta quiebra
técnica puede convertirse en quiebra en el 20% de ellas, pero que 1
de cada 2 va a terminar el 2020 en pérdidas.
La incertidumbre en los hogares españoles tiene su principal reflejo
en los máximos del ahorro de las familias que toca el 30% de la
renta disponible. Ese ahorro de "por lo que pueda pasar", va camino
de convertirse sólo en el preámbulo de uno de los disparadores de la
crisis financiera: la morosidad que tensiona la liquidez del
sistema. El Banco de España ya estima que veremos un fuerte repunte
de la morosidad a partir del próximo año. Un repunte muy peligroso
incluso en el mejor de los escenarios posibles con una vacuna que
funcione a la perfección.
El miedo del FMI es el mismo: que la recesión sea el preámbulo de la
crisis financiera. Considera que "algunos bancos podrían tener
problemas de solvencia si la crisis se profundiza".
El sector financiero lo da por descontado
Libre Mercado se ha puesto en contacto con algunos actores
destacados del sistema financiero: firmas de inversión, empresas de
recuperación y banca, para preguntar precisamente por los problemas
que atraviesa el sector y esas primeras luces de alarma que se están
encendiendo y que advierten del riesgo del estallido de una crisis
financiera.
Una de estas fuentes, de una importante firma de inversión, señala
que desde 2009 no abandonamos el riesgo de crisis financiera, pero
"ahora se le empiezan a ver las orejas al lobo", porque aunque se
han hecho deberes en el sector, se han endurecido las provisiones,
se ha profesionalizado el servicio, se han saneado balances y se han
reforzado las estructuras con nada menos que con dos fusiones
bancarias (la tercera está por llegar después de que se abortara la
operación entre BBVA y Sabadell), el riesgo de que la morosidad
doble la mano al sector está ahí.
Desde otra firma de inversión uno de sus expertos considera que la
aceleración del proceso de concentración en la banca, con dos
fusiones anunciadas en poco tiempo (nueva CaixaBank y Liberbank y
Unicaja), se explica porque el sector ve cómo se acerca la crisis
financiera: "En un escenario tan adverso como el que se prepara, con
tipos bajos por largo tiempo y un previsible aumento de la morosidad
bancaria, van a sobrevivir los grandes y en esto el tamaño importa.
Esa es la clave de las carreras por las fusiones que están, además,
impulsadas por el BCE".
Otra fuente, del sector de recuperación, no tiene dudas y añade que
los informes internos que manejan en el sector hablan de una
morosidad disparada, ya no de créditos dudosos, cuya tasa de impagos
traía inercia ascendente desde antes de la llegada de la pandemia,
sino que el volumen de impagados está afectando a todas las
categorías de manera preocupante. El problema es que "las moratorias
de los Icos y las hipotecas sólo han conseguido maquillar las cifras
de este año, pero las del año que viene van a ser tremendas", decía
esta fuente.
Finalmente, otra fuente, analista de una de las firmas de inversión
más importantes del mundo, consideraba que en un escenario
optimista, el problema que atravesará Europa y España en concreto va
a ser una "japonización" más pronunciada, con muy poco margen para
el crecimiento.
El riesgo de la deuda corporativa
Hace pocas fechas, dos analistas denunciaban en Bloomberg que las
empresas de la zona euro añadieron más de 400.000 millones de euros
de deuda durante los seis primeros meses de este 2020, frente a los
289.000 millones de todo 2019. Sólo el servicio de esta deuda puede
resultar un desafío especialmente duro para sectores afectados por
la pandemia. Y ha sido precisamente la pandemia y las restricciones
públicas las que han empujado a las empresas a endeudarse hasta esos
niveles.
Desde Francia, Germain Simoneau, jefe del comité de finanzas de la
federación de pequeñas empresas del país recordaba que "con cada
semana que pasa, la posibilidad de supervivencia de las empresas
cerradas se reducen" y remataba diciendo que "nunca hemos visto una
crisis de esta escala con semejantes riesgos sistémicos al acecho".
Entre esos riesgos sistémicos, el más inminente es el de la crisis
financiera. Y es que Simoneau también considera que "los maltrechos
balances podrían desencadenar un ciclo de impagos y quiebras que
afectarían al sector bancario". Esto podría conducir a
"vulnerabilidades corporativas generales mayores de los que se
observaron durante el apogeo de la crisis financiera mundial".
En España, preocupados por el SMI
Ante esta situación, y las innumerables advertencias que desde el
sector privado, analistas internacionales e instituciones están
lanzando sobre los riesgos que se ciernen sobre la economía mundial
y particularmente sobre la española, resulta incomprensible que el
Ejecutivo siga empeñando en aumentar la carga sobre las empresas y
dificultar su capacidad de generar actividad y riqueza que permita
disminuir sus elevadas deudas (disparadas por los cierres de la
pandemia).
De momento el Gobierno plantea el mayor Impuesto de Sociedades de
toda la eurozona para las empresas españolas; la imposición de un
salario mínimo que dispara los costes de contratación; el
mantenimiento de restricciones para sectores clave como el turismo y
la hostelería; el ataque frontal a mercados como el del alquiler; el
endurecimiento de las medidas de control de Hacienda con la excusa
de la lucha contra el fraude; la amenaza a las empresas que tengan
que despedir con tener que devolver las ayudas de los ERTE; y un
largo etcétera.
Mientras, de nuevo el sector privado es el que hace los deberes: los
grandes bancos ya han comenzado sus procesos de adelgazamiento como
el Santander con prejubilaciones y cierre de oficinas. La duda ahora
es si será suficiente para encajar la catarata de quiebras e impagos
que se ciernen sobre el próximo año.
De un virus chino y muchas conspiranoias
Hermann Tertsch gaceta.es 18 Diciembre 2020
Le parece muy mal a Pedro Sánchez que Santiago Abascal y todo Vox
hablemos del covid-19 como el “virus chino”. ¿Por qué, si lo hacemos
para definir a un virus que vino de China, que se gestó en China y
que en China fue hábilmente ocultado durante meses por las
autoridades chinas para convertirlo en la más útil exportación china
jamás concebida? Fue una expansión hacia Occidente y todos los
países capitalistas.
Por su China de origen se extendió muy poco el virus chino. Se
controló. ¿Y por qué no se controló su exportación cuando pudo haber
sido de otra forma? Recordemos que expertos de la China democrática,
de Taiwán, avisaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
diciembre de que había claros indicios de una enfermedad en la China
continental que Pekín no había hecho pública. Taiwán no es miembro
de la OMS ni de ningún organismo internacional porque en los años
setenta del siglo pasado los países occidentales cedieron
vergonzosamente ante las presiones de la China comunista para que
expulsaran a la heroica China nacionalista y resistente de la isla.
Taiwan es hoy una joya democrática pese a vivir a la sombra del
siniestro y sangriento coloso que desde la matanza de Tiananmen en
1989 ha enterrado toda sugerencia o indicio de apertura hacia la
libertad individual, la verdad y la transparencia y por el contrario
se ha endurecido en su voluntad implacable de represión y censura
allá donde pueda. Y sin ahorrar en el ejercicio de la fuerza, la
violencia, el chantaje, la amenaza y el terror.
La prosperidad económica no ha suavizado al régimen comunista. Por
el contrario, lo ha hecho más implacable, arrogante e intolerante.
La OMS ocultó los datos de Taiwán que habrían podido poner en
guardia a todo el mundo. Y lo hizo porque la China comunista lo
quiso y ella ejerce de amo de esta organización como de tantas otras
del multilateralismo. Paga Occidente y manda China y sus huestes de
pequeños países totalitarios. Así es en la mayor parte de los
organismos de las Naciones Unidas. Occidente de pardillo en un
multilateralismo pervertido en el que una horda de pequeños países
corruptos crea mayorías en contra de los intereses de las
democracias y de la libertad y transparencia.
Lo cierto es que la OMS ocultó la información y el virus empezó a
coger aviones. En China, las autoridades tomaron medidas
implacables. Nadie sabe cuánta gente murió allí y además da igual,
sobre todo a su gobierno. En China mueren cientos de miles de
personas de muertes no naturales y nadie se preocupa por ello.
Mueren en los campos de trabajo forzosos, en las cárceles, en
regiones cerradas, en hospitales para quitarles los órganos y
transplantar a ricos llegados de fuera del país. Que murieran
decenas o cientos de miles de chinos por este virus no tiene
relevancia en el sentido de que la mayor parte del país ha estado
libre de pandemia o con ella muy controlada.
Las medidas para que no se extendiera la pandemia por el país fueron
implacables y eficaces. Eso es evidente aunque por lo demás no
tengamos en Occidente ni idea de cómo han gestionado y cuáles han
sido los efectos reales. Lo que sí sabemos es que la economía china
hoy no tiene los problemas de su competencia mundial. El virus chino
ha paralizado todas las economías desarrolladas del planeta… menos
la china. Esto lo saben muy bien allí, por supuesto, y no debe
extrañar que estén orgullosos y muy felices de no sufrir la
pesadilla que arrastra a las sociedades occidentales de una oleada a
otra en un tsunami de muerte, desesperación y ruina económica.
He Yiting, el subdirector de la Escuela Central de Cuadros del
Partido Comunista en la capital china no cabe en sí de gozo ante la
evidencia de la nueva realidad. “El Oriente sube, el Occidente baja”
dice y subraya orgulloso que nunca ha estado China tan cerca de
asumir el centro de la escena internacional, según relata Friederike
Böge, la corresponsal del diario alemán Frankfurter Allgemeine en
Pekín.
Nunca en la historia ha gozado China de un cambio tan
espectacularmente favorable a sus intereses en las relaciones
internacionales como el que se produce desde que convirtió al virus
—con su ocultación, acotación interna y expansión externa—, en la
exportación de mayor éxito de la historia de esta potencia
comercial.
Así, si me permiten sin llamarme “ridículo conspiranoico”, voy a
suponer por un instante que el régimen comunista chino pueda tener
en su dirección gente sin escrúpulos capaz de organizar todo esto.
Son son capaces de detenciones masivas de miembros del Falung Gong
para extraerles los órganos y venderlos en sus clínicas de
transplantes, Son capaces de tener a millones de miembros de la
minoría musulmana de los uighures de todas las edades, niños
incluidos, en trabajos forzosos en la cosecha del algodón. Son
capaces de tener miles de campos de trabajo donde millones de
prisioneros son tratados como esclavos con torturas como castigo y
miles de ejecuciones al año. Por eso quizás no haya que excluir del
todo que se les pudiera ocurrir un plan tan cruel, pero por otra
parte tan inmensamente beneficioso para los intereses nacionales, un
auténtico plan de desarrollo tan eficaz como el que ha resultado ser
la pandemia para China.
De haber sido una operación del poder comunista esta exportación del
virus hacia Occidente habría que reconocer que ha sido una jugada
tan osada como maestra y desde luego la operación patriótica más
incruenta y de mayor éxito de las proyectadas para el desarrollo y
el poder internacional de la República Popular. Los muertos chinos
en la Larga Marcha, la Revolución Cultural o el Gran Salto Adelante
fueron muchos más. Y su eficacia sin duda menor.
Pero retornemos de esa posición de los hechos confirmados. Que no
prueban la conspiración, pero tampoco la descartan en ningún caso
por mucho que su planteamiento sea desechado como “conspiranoia” que
es como suele aludir la izquierda a toda tesis que quiere
desacreditar porque ha decidido que no le conviene. Ya saben que
dicen que fue generado casualmente en un mercado porque un animal se
merendó a otro. Esa tesis es ciencia exacta, nos dicen. La hipótesis
de que pudiera haber escapado el virus, siquiera de forma
involuntaria, de un gran laboratorio de biotecnología y virología
que está, casualmente, a pocos metros del sitio donde sitúan la
supuesta merienda de animales es tachada, por el contrario, como una
peligrosa fantasía y fake-news que solo cabezas calenturientas como
la de Donald Trump, los terraplanistas o la ultraderecha más
montaraz son capaces de concebir.
Así son los debates “plurales” en la nueva realidad socialdemócrata
occidental en la que fuera de la unanimidad no hay más que
conspiranoias. La unanimidad en la prensa alemana respecto a la
política en EEUU es tan rigurosa e implacable que siempre hace
pensar en otras épocas en que había una unanimidad ejercida con
fuerza mucho más bruta y física. Entonces aquella unanimidad se
llamaba Gleichschaltung (igualamiento). Pero quien vea un debate en
la CNN comprobará que allí no hay una divergencia mayor que entre
las huestes periodísticas merkelianas. Como la que hay en las
tertulias de la televisión soviética que produce RTVE o del resto de
medios en los que ya permiten como leve desentono todo lo más un par
de despistados centristas o algún bufón que desacredite lo que
pretende defender.
Todo el espacio mediático europeo continental ha quedado ya en la
izquierda aunque esto no signifique en todas partes algo similar a
la izquierda española, la más radicalizada, encanallada e inculta de
todas las muy degradadas izquierdas europeas. Por tanto, todos han
considerado que era información muy legítima, seria y supuestamente
verificada las falsedades que durante cuatro años han difundido
todos los medios europeos sobre la conexión rusa de Donald Trump. Ha
resultado ser falsa y además fabricada por los equipos de Barack
Obama que también ha sido quien ha dirigido esta candidatura del
senil Joseph Biden. Ningún medio se ha disculpado ni desmentido las
mentiras que todos ellos publicaron. Esa conspiración no les pareció
conspiranoia. Cuando la conspiración existió y, por cierto, es cada
vez más probable que alguien pague por ello. Nadie se lo contará a
ustedes.
Todos estos medios de la unanimidad no veían conspiración donde la
había, pero ahora a todos ellos les parece “conspiradora” que una
inmensa mayoría de los votantes republicanos esté convencida como
Donald Trump de que se ha producido un fraude en las elecciones
norteamericanas que ha cambiado el resultado y el ganador. Como
pretenden que es “conspiranoia” que parte de la humanidad considere
inmensamente sospechoso que toda la izquierda planetaria esté celosa
y perrunamente entregada a combatir todos los indicios que sugieran
que China no ha tenido solo un papel pasivo en esta pandemia que tan
colosales e históricos beneficios y éxitos está generando para el
régimen comunista. Un régimen comunista incontestado ya, poderoso
como nunca, pletórico de prestigio, expansivo y agresivo en el
ejercicio de la influencia en todo el mundo. En el que Xi Jiping ya
se ha encumbrado como el Rey Sol Comunista con más poder ya que el
mismísimo Mao Tse Tung y unos medios antes impensables para promover
e imponer la voluntad totalitaria del régimen por todo el globo.
Mientras la izquierda totalitaria se hace con el discurso
socialdemócrata en Europa y EEUU, China emerge como el nuevo imperio
comunista, radiante en su autoestima y decidido a expandir el poder
de su mensaje de eficacia represiva y militarización de las
sociedades en el terror para la mayor eficacia y racionalidad
económica, dicen.
La gran novedad en este siglo XXI es que las grandes corporaciones,
la plutocracia tecnológica con sus gurús megabillonarios, son los
aliados más firmes del proyecto totalitario chino. Porque ven en él
la pertinente alternativa a la democracia y las naciones, los
individuos y la libertad, la civilización occidental y el hecho
religioso que consideran graves obstáculos para su gran reajuste del
mundo en el que les sobran gente, opiniones, voluntades e
individualidades. Les sobra la libertad. Por eso se enfada la
izquierda, sus más miserables capataces como Sánchez y sus grandes
amos de los gigantes tecnológicos, cuando Santiago Abascal y Vox,
cuando Donald Trump o Giorgia Meloni hablan del “virus chino”.
Porque les están señalando. Y tienen que ocultar las culpas del
aliado dictatorial, imperialista y asesino.
Defender lo establecido
Amando de Miguel Libertad Digital 18 Diciembre 2020
A mediados del siglo XIX, fraguó, en España, la dicotomía ideológica
entre moderados y liberales. Con el tiempo, los primeros se hicieron
conservadores o de derechas y los segundos acabaron en progresistas,
de izquierdas. Estos últimos son los que dominan en el actual
panorama político español. Cuando el PP –el equivalente del
Conservador de antaño– llega al Gobierno, ni siquiera intenta anular
las leyes de la memoria histórica, la ideología de género y demás
zarandajas progresistas. Los españoles destacados, que apoyan a uno
u otro bando, se parecen bastante, porque son serviles al poder, el
que tienen o al que aspiran. Los gobernantes actuales se valen de
esa despolitización para medrar.
La hegemonía progresista no se determina por los votos, como debería
ser. Más bien, la relación de causalidad es la inversa. Lo
fundamental es que se ha instalado entre nosotros una mentalidad
sedicentemente de izquierdas, aunque poco tiene que ver con el
progreso o la revolución. Esa fuerza es la que legitima al Gobierno
progresista o socialcomunista, como se dice ahora, aunque la
etiqueta no sea muy feliz. La clave es que, en la sociedad, domina
un estrato de personas dispuesto a defender el statu quo
progresista. Es el equivalente de los conservadores de antaño, solo
que en beneficio de un Gobierno de izquierdas. Representa el eco
constante que emana de las versiones dadas por los que mandan sobre
todo lo relevante. Por ejemplo, darán por buenas las elecciones
presidenciales en Venezuela o en los Estados Unidos. Verán con
buenos ojos la secesión de Cataluña o Vasconia, por razones de la
lógica democrática. Aceptarán, resignados, la anexión de las aguas
territoriales españolas en Canarias por parte de Marruecos. Y así
sucesivamente; todo muy coherente.
Sean cuales fueren los incidentes políticos que se presenten, esta
“masa neutra” –como se llamaba hace un siglo–, ahora de izquierdas,
siempre dará la razón al Gobierno. Por ejemplo, se sentirá feliz con
las subvenciones a los chiringos feministas. Aplaudirá que los
inmigrantes ilegales reciban todo tipo de plácemes; no importa si,
entre ellos, se cuelan algunos futuros terroristas. Hará la vista
gorda en los casos de corrupción de los que mandan. Creerá a pies
juntillas las cifras que da el Gobierno sobre las víctimas de la
pandemia. No le importarán mucho los escarceos republicanos o
antimonárquicos de algunos gobernantes. Pasará por alto la eventual
invasión marroquí de los territorios españoles. Todas estas
creencias o suposiciones se aceptarán como dogmas políticos sin
asomo de crítica o de duda.
El axioma implícito de las gentes establecidas es que las cosas de
la política están bien como están, especialmente, las que responden
a los ucases del Gobierno. Se interpretarán como producidas por el
Parlamento en aras de la democracia. Los establecidos desprecian las
quejas sobre el carácter autoritario o el peso propagandístico del
Gobierno. Todo eso lo consideran una forma de resentimiento de los
que se creen intelectuales y no pasan de tertulianos.
Más difícil será el reconocimiento de la gravísima crisis económica
que nos asola. Resulta peliagudo tragar algunos otros tozudos
hechos. Por ejemplo, la población española ha llegado al límite de
la tasa de natalidad más baja de toda la historia, y encima tiene
que aceptar la eutanasia.
En síntesis, la España del siglo XXI –como Argentina, Venezuela o
Líbano, antes prósperos países– representa un gran fracaso
histórico. Es una opinión. Los pretenciosos establecidos piensan
para su coleto: habría que prohibir a los escribidores su trabajo de
zapa pesimista.
Responsables irresponsables
Rafael Bardají gaceta.es 18 Diciembre 2020
Bien sabido es por nuestros lares que ningún responsable político
pide perdón por sus errores. Que yo recuerde sólo lo hizo una vez el
rey Juan Carlos y, a pesar de eso, la izquierda republicana no le
perdona. En realidad, no le puede perdonar porque son ellos los que
quieren convertirse en reyes. El Palacio de La Moncloa se les queda
pequeño y demasiado austero para su corte.
Si hay algo que este 2020, año chino de la rata y del coronavirus
para todo los demás, nos ha enseñado es que los dirigentes españoles
están hechos de una pasta especial, quizá una mezcla de mármol y
amianto porque no han admitido ni una sola equivocación, todo lo
contrario, y, en apariencia, salen todos reforzados en sus
confortables puestos dirigentes. Si se han cometido equivocaciones,
los culpables somos siempre nosotros los ciudadanos. Por no
obedecerles.
La segunda lección de este 2020 fatídico es que la verdad ha muerto.
Y del todo. Asesinada por unos responsables a los que la realidad
les importa muy poco siempre que no choque con sus ambiciones y
discursos.
Y, sin embargo, los auténticos irresponsables son ellos, los
gobernantes. Dice Pedro Sánchez en sus homilías, donde no se sabe si
quiere imitar a Churchill o al Papa Francisco, tan artificial y
fuera de su tono habitual, que “debemos actuar como si todos
estuviéramos contagiados”. Pero la realidad es que se acaba de
anunciar que sólo un 10% de españoles han sufrido la Covid-19. ¿Es
lógico y responsable mantener secuestrado al 90% de la población que
está sana? Desde luego algún día habrá que aclarar el papel de los
medios de comunicación, bien regados de millones por el gobierno,
que continuamente nos machacan con cifras absolutamente
descontextualizadas y carentes del más mínimo sentido salvo el de
instigar el miedo. Pero cada día que pasa, cada nueva amenaza de
confinamiento total, lo que se pone de relieve es que nuestros
responsables no tienen ni idea de cómo afrontar la pandemia y que,
un año después, siguen dando palos de ciego. Porque a ellos no les
afectan las consecuencias. Su única estrategia era mantenernos
callados y sumisos hasta que la vacuna llegara. La catástrofe de el
medio, mientras no les despojara de sus privilegios, le da igual.
Los políticos son poco compasivos y los de izquierda siempre eligen
el sufrimiento siempre que sea el de los demás.
La segunda lección de este 2020 fatídico es que la verdad ha muerto.
Y del todo. Asesinada por unos responsables a los que la realidad
les importa muy poco siempre que no choque con sus ambiciones y
discursos. Y si choca, se camufla. Nadie como el presidente de
gobierno como mesías de la anti-verdad. Ayer mismo nos iluminaba
afirmando que la Navidad se había pervertido por el espíritu
consumista de la gente. Que es cierto. Pero que ese púlpito lo ocupe
quien está tan enganchado al Falcon que lo hace tan suyo como para
irse a escuchar un grupo de música le resta toda credibilidad. Pero
eso, a la propaganda oficial de corte goebbeliana le da lo mismo.
Enfrente no tiene réplica alguna.
Ya se está afirmando que los repuntes se deben al puente de la
Constitución. Y que, en consecuencia, la movilidad tendrá que ser
más restringida. Pero las cifras de enfermos empezaron a subir ya
durante el mismo puente, días, por lo demás, donde no se podía ni
salir ni entrar en las comunidades autónomas. Lo que nadie quiere
reconocer es que, si nos hubiéramos podido mover, eso sí, con las
precauciones de las mascarillas, distancia interpersonal e higiene
común, los datos no serían muy distintos. Las elites tienen miedo a
la gente. Y el virus les sirve muy bien a sus ambiciones de poder.
Es una pena que nadie en la llamada oposición, institucional o
nueva, le haya dedicado un minuto a pensar alternativas a la
actuación del gobierno. Y cuando una nación tiene a la vez el peor
gobierno y la peor oposición imaginable, nada bueno cabe esperar. Lo
siento por el 2021.
Resulta vomitivo como el Gobierno nos
oculta ladinamente la verdad
“No me gustan las mentiras porque al final duelen más que la verdad.
Ni las verdades a medias porque lastiman igual que una mentira”
Eduardo Alighieri
Miguel Massanet diariosigloxxi 18 Diciembre 2020
Es evidente que Podemos, este grupo del bolivianismo comunista que,
siendo una minoría pretende gobernar España, chantajeando o con el
beneplácito oculto del señor P.Sánchez, está convencido de que
representa al republicanismo español olvidándose de que, en España,
cuando hubo una república, como fue el caso de la 1ª de ellas,
estuvo representada por fuerzas políticas de la izquierda pero
también por otras que representaban al conservadurismo de derechas,
como sucedió en la 2ª República de 1931, en la que estuvo el grupo
de la CEDA del señor Gil Robles. Claro que ellos, los de izquierdas,
lo que tienen en mente es el gran fraude de la 2ª, en las votaciones
de febrero de 1936, aquella en la que el Frente Popular se adueñó
del poder e implantó, a la fuerza, sus extremismos totalitarios.
Vino el levantamiento del 18 de julio de 1936 y, con él, la
desaparición de la República. No olvidemos a republicanos ilustres
que tuvieron que renegar de ella ante las atrocidades y actos de
deleznable incivismo y comportamientos criminales de algunas
facciones más radicales que formaban parte de aquella república que
salió del gran pucherazo de febrero de 1931. Entre los que
renunciaron a sus puestos de diputados de las Cortes Constituyentes,
aparte de don José Ortega y Gasset (un acérrimo antimonárquico que
luchó por la implantación de la II República) hubo otros menos
conocidos que siguieron su ejemplo, por ejemplo, Alfonso García
Valdecasas, Vicente Iranzo, José Pareja y Manuel rico Avelló entre
otros, que no quisieron ser cómplices de un régimen revanchista y
criminal como aquel que represento aquella nefasta república de
huelguistas y criminales.
Ellos, los comunistas y socialistas, quisieran revivir aquella
república en la que las derechas fueron apartadas del poder de
manera violenta y, en consecuencia lo que pretendía con toda la
fuerza, el gobierno, es que quedara en manos de izquierdistas como
Azaña, Largo Caballero, Prieto y demás miembros de aquel sanedrín
filocomunista, que permitieran que sindicatos radicales del partido
socialista, del separatismo catalán, de la FAI y de la CNT, se
convirtieran en los verdaderos ejecutores de una política de
eliminación, en el peor sentido de la palabra, de todos aquellos
curas, profesionales, católicos, personas de derechas y burgueses
que, según su particular forma de entender, constituían un peligro
para sus propósitos liberticidas o formaban parte de aquellos que
debían ser depurados por aquellos que tenían con ellos conflictos
personales, rencores o, simplemente, porque pertenecieran a una
clase social más elevada o elitista a la que se le atribuían todos
los males y la pobreza de las clases trabajadoras.
Ahora hemos entrado de nuevo en una fase en la que el protestar
contra los intentos de totalitarismo se ha convertido en algo
perseguible y así vemos como desde el CGPJ se intenta amordazar a
ciertos jueces que, desde las tertulias y los artículos de
periódicos, expresan su desacuerdo con estos actos del Gobierno
encaminados a hacerse con el control de los tres poderes del Estado.
Si una parte de los encargados de impartir Justicia no estuvieran
mediatizados por estar subordinados a las decisiones
gubernamentales, como es el caso de los fiscales cuya Fiscal General
es una ex-miembro del actual Gobierno, conocida por su ideas
extremas y su tendencia a seguir las indicaciones de su ejecutivo o,
como ocurre con los abogados del Estado, a las órdenes directas del
Gobierno o lo que hace referencia a la elección de jueces y
magistrados, si en lugar de que se llevara a cabo a través del CGPJ,
cuya reforma intentan ahora los socialistas y comunistas que se
lleve a cabo para así hacer que dependa de ellos y poder mangonear
en cuanto a las personas que debieran formar parte de él, con lo que
tendrían garantizado el control absoluto de los poderes
fundamentales en toda nación. Sin el menor disimulo se está
promocionando un nuevo régimen, para sustituir a la monarquía
parlamentaria, soslayando la Constitución para intentar provocar la
renuncia del Rey y abolir la monarquía, no para establecer una
República según el modelo francés, alemán o norteamericano, sino
según las que existen en Venezuela y Bolivia, donde el poder de sus
presidentes de izquierdas se ha convertido en omnímodo.
Y con éstas volvemos a lo mismo de siempre, de nuevo el soberanismo
catalán vuelve a la carga con la pretensión de que se promueva una
amnistía que evite que los delincuentes encarcelados por el tema del
1 de octubre del 2017, tengan que solicitar el indulto, algo que les
parece inadmisible a los independentistas que siempre han
considerado que tenían derecho a aquella insumisión; ni tampoco que
el Gobierno tenga que recurrir a modificar las penas y la
calificación jurídica del delito de sedición algo que,
evidentemente, está levantando ampollas en ámbitos judiciales
españoles y también en las instancias europeas que ven con
preocupación una intervención del gobierno encaminada a entremeterse
en ámbitos de la Justicia que le son ajenos o, al menos, deberían
serlo.
Pero veamos cómo la señora Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda,
reprocha a los de Podemos que filtren sus discusiones en el Consejo
de Ministros y sus claras y continuas discrepancias con los
socialistas, especialmente con la parte económica del PSOE, en el
Gobierno. Y es que están acostumbrados en ocultar los problemas, sus
errores, sus metidas de pata, sus incapacidades y falta de
preparación al pueblo; a mentir continuamente con una facilidad que
dejaría como un paladín de la verdad al muñeco Pinocho, temerosos de
que quienes los vienen votando se den cuenta del engaño al que
vienen siendo sometidos que, cualquier filtración de lo que sucede
en los consejos de ministros a la señora Montero le produce
escalofríos y, por ello, les pide “discreción”. Están tan
acostumbrados a mentir en todo lo que creen que les puede perjudicar
ante los electores que, el sólo hecho de que trasciendan los
enfrentamientos dentro de los miembros del ejecutivo, les causa
pavor. ¿Discreción, señora ministra? ¿ Y dónde dejamos la
transparencia que el gran miembro de la orden del engaño, el señor
Pedro Sánchez, vocablo que no se cansa de repetir cuando proclama
las excelencias de su mandato y lo “malos” que son aquellos que le
recriminan que está conduciendo a España a la peor de sus etapas
económicas y sociales.?
En realidad estamos ante uno de los engaños más descarados. Es obvio
que el señor Iglesias está chantajeando a Sánchez para seguir
apoyándolo, pero tampoco es cierto que el Presidente se encuentre
demasiado molesto con el descaro, la insistencia, las protestas y
las acusaciones que el líder de los comunistas en España se dedica a
hacer en contra de la monarquía y su defensa de implantar cuanto
antes la república bolivariana en nuestra nación, cuando consiga
derrocar al actual monarca, el rey Felipe VI, contra el cual están
dirigidas las acusaciones que se refieren a Juan Carlos I pero que,
indirectamente, le sirven para socavar el aprecio por la monarquía
que muchos ciudadanos actualmente todavía sienten.
Y una referencia a la reacción de algunos articulistas separatistas
a la sentencia del TS a cerca del respeto debido a la bandera
nacional, atendiendo a lo que desde los tribunales europeos se
consideró como intolerable. Contrariamente a lo que han venido a
proclamando por las izquierdas y, cómo no, los separatistas
catalanes, el TC ha resuelto que la quema, o el intento de hacerlo,
de la insignia nacional no está protegido por la libertad de
expresión. Ahora, La Vanguardia y una parte de la prensa catalana,
parece que se encuentra molesta por esta decisión del TC y, en
cambio, cuando Estrasburgo, en una de estas resoluciones a las que
nos tienen acostumbrados, unos jueces que no tienen ni idea de lo
que está sucediendo en España, consideraron que era sólo un modo de
llamar la atención hacia la causa catalana, sí estuvieron encantados
de la vida porque era una manera de molestar a los que somos
españoles. No sabemos lo que hubieran dicho si se hubiera tratado de
una quema por un ciudadano francés de la bandera de nuestros vecinos
del norte. No hablan del rechazo del recurso presentado por el señor
Junqueras respeto a la decisión de la Eurocámara de dejar vacante su
escaño. Un claro fracaso del separatismo. Y otro caso en el que el
señor Otegui, este sujeto que se ha salido de rositas por todos los
actos criminales que cometió y cuyo castigo eludió gracias a las
componendas con los gobiernos de Izquierdas, que han encontrado en
él un apoyo para llevar adelante sus políticas en contra de España y
su unidad. Ahora, que desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
decidieron que se repitiera el juicio por estimar posible
parcialidad en uno de los jueces, el que fue quien recurrió la
sentencia del tribunal español ante el organismo judicial europeo,
se queja y estima que es un acto de venganza del TS que, según sus
propias palabras, lo que quiere el TS es “desestabilizar la escena
política española” ¡no se pone chulo ni nada este etarra de mala
memoria, como si de él dependiera el porvenir de la nación española!
¡Tendrá cara el desgraciado!
Pero no podemos dejar de aludir a un sujeto que se está ganando la
merecida fama de maleducado, quisquilloso, resentido, mal hablado,
radical y merecedor de que se le respondiera con menos corrección y
con más franqueza, dado su intento evidente de aprovecharse de su
dolencia, muy lamentable, pero de la que nadie tiene la culpa ni
está obligado a soportar sus exabruptos de resentimiento sólo porque
ocupe su escaño en una silla de ruedas. Si entró voluntariamente en
el Parlamento debió de asumir que sería tratado como cualquier otro
de los miembros parlamentarios y no esperar que se le diera un trato
especial por su enfermedad. El señor Echenique ya hace tiempo que
debiera de haber sido expulsado de la cámara de representación
popular por su carácter irascible, sus modos violentos y su
sectarismo y falta de respeto por el resto de parlamentarios que
tienen la desgracia de tener que aguantar sus violentos modales. La
presidenta de la cámara, tan propicia a dejar que las izquierdas se
extralimiten en muestras de mala educación y de desprecio por la
oposición de derechas, haría bien en impedir que este sujeto pudiera
seguir ofendiendo a diestro y siniestro, llamándole la atención y,
si procediera, expulsándolo de la cámara.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie,
vamos viendo cómo cada día que pasa se están produciendo muestras
más evidentes de que el bloque de las izquierdas va evolucionando
hacia un cambio de régimen que tiene toda la pinta de querer imitar
al venezolano. Y una frase para meditar: “La sola idea de que una
cosa cruel puede ser útil, es ya de por sí inmoral” Marco Tulio
Cicerón. ” Oído al parche, defensores de la eutanasia.
El CGPJ se rebela contra el asalto del
Gobierno al Poder Judicial y exige a Europa que se pronuncie
Loreto Ochando okdiario
18 Diciembre 2020
El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un
escrito en el que solicitan que Europa se pronuncie ante el asalto a
la independencia judicial del Gobierno de PSOE y Podemos. El
escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, ha salido adelante con 16
votos a favor y cinco en contra. Así, desde el órgano de gobierno de
la jueces se ha solicitado: «Instar al Congreso de los Diputados a
que solicite el informe de la Comisión Europea para la Democracia
por el Derecho (Comisión de Venecia -Consejo de Europa-) sobre la
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, para el establecimiento
del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones».
Los vocales firmantes también ha solicitado “instar al Congreso de
los Diputados a que solicite el informe del CGPJ” sobre esa
Proposición de Ley, así como también han querido poner de manifiesto
ante dicha Cámara la necesidad de dar audiencia a todos los agentes
afectados por la reforma propuesta, en particular las asociaciones
de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas
e instituciones públicas del ámbito de la Justicia.
Por último, los 16 vocales firmantes Instan a los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado “a que
procedan sin mayor demora a llevar a efecto la renovación del CGPJ,
como reclamando se viene exigiendo desde esta institución, así como
el traslado del presente acuerdo a la Red Europea de Consejos de
Justicia (RECJ) a los efectos oportunos”.
Por último, los vocales dicen en su escrito aprobado este jueves
que: “Sólo queda por añadir que, en nuestro anterior Acuerdo de 30
de octubre de 2020, el Pleno del Consejo expresó su preocupación
ante una iniciativa parlamentaria que incluía, entre otros, el
contenido de la nueva proposición de Ley y que permanecería
expectante ante la evolución de los acontecimientos a los efectos de
adoptar las decisiones oportunas. Ese mismo acuerdo instaba a los
grupos parlamentarios de las dos Cámaras que integran las Cortes
Generales a que dieran cumplimiento lo antes posible a la obligación
constitucional de proceder sin más demora a la renovación de este
Consejo. Solicitud que debemos reiterar”.
El escrito
En su escrito, los vocales explican que, la trascendencia
constitucional de la modificación propuesta, y la exigencia de
«interpretación conforme» con el Derecho de la Unión Europea que
resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE), demandan que toda iniciativa legislativa –cualquiera
que sea su origen- que, como la presente, delimite los aspectos
esenciales del estatuto de los miembros del poder judicial o que
afecte al estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de
gobierno del poder judicial, deba tramitarse dando audiencia a todos
los sectores implicados.
Y añaden que eso incluye al propio CGPJ y a la Comisión Europea para
la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia -Consejo de
Europa-) así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los
Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la
Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas. «También
resulta de lo anterior que el propio CGPJ comunique este acuerdo a
la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) a los efectos
oportunos» apostillan los vocales.
Antecedentes
Los vocales Consejo General del Poder han emitido este escrito en
contra de la decisión de PSOE y Podemos de cambiar la ley, de forma
express y sin informes preceptivos vía Proposición de Ley, para
cercenar la capacidad de realizar nombramientos discrecionales del
CGPJ mientras sus miembros se encuentren en funciones. El enfado
dentro del órgano de gobierno de los jueces es monumental desde hace
meses con el Ejecutivo, y así lo han demostrado con la petición de
plenos extraordinarios y los escritos realizados por varios vocales
en los últimos dos meses.
El último desafío se ha producido este mismo jueves con el
nombramiento de cuatro plazas discrecionales que el Gobierno no
quería que se produjeran. Es más, seis vocales que fueron elegidos a
propuesta del PSOE se han cambiado de bando y han votado a favor de
esos nombramientos.
Pero las injerencias de PSOE y Podemos vienen de lejos, pues el otro
anuncio al respecto del órgano de gobierno de los jueces que
pretenden imponer es un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ) para cambiar las mayorías necesarias en el congreso para
renovar el órgano. Un cambio que dejaría fuera al PP pues cambia la
mayoría necesaria de tres quintos, a una mayoría absoluta con la que
el PSOE y Podemos podrían, junto con los separatistas, hacerse un
CGPJ ad hoc.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
El español no puede ser «residual»
Editorial ABC 18 Diciembre 2020
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asestó ayer un severo
correctivo a la política lingüística de la Generalitat por haber
maltratado durante décadas el uso del español en las aulas hasta
convertirlo en «residual», y lanzó un aviso de profundo calado
contra la «ley Celaá», de la que prácticamente pronostica su
inconstitucionalidad. La resolución de los magistrados catalanes es
novedosa por varios motivos. Primero, porque acoge un recurso de la
Abogacía del Estado presentado en 2015 contra diversas resoluciones
arbitrarias y sectarias de la consejería de educación catalana. No
se trata, por tanto, de una más de las muchas sentencias dictadas de
antiguo en favor de padres de alumnos, que a título particular
exigían una formación en castellano para sus hijos acorde con una
legalidad que la Generalitat pisotea constantemente. Y segundo,
porque sostiene de manera imperativa que el Gobierno catalán tiene
la obligación de «adoptar las medidas necesarias para garantizar que
todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata» las clases
en «las dos lenguas oficiales», el castellano y el catalán. Es
decir, la resolución exige que no solo se protejan los derechos
lingüísticos de los alumnos que lo soliciten, sino que debe ser
aplicable a «todos», tal y como ordenan textualmente los jueces.
La decisión supone en definitiva una enmienda a la totalidad a la
aplicación del sistema catalán de inmersión lingüística, porque
actualmente solo prevé impartir en español la asignatura de «lengua
castellana», y hasta eso mismo se vulnera. Pero, sobre todo, es una
advertencia a la supresión del castellano como lengua vehicular en
la nueva ley de educación del Gobierno, que estos días queda
definitivamente aprobada en el Congreso.
El problema ya no es solo que un Tribunal o una ley establezcan
cuotas mínimas de aprendizaje en castellano, lo que, más allá de un
derecho, es un deber constitucional de todos los españoles. Las
leyes, sean promulgadas por un Gobierno de izquierdas, uno de
derechas, uno nacionalista o uno republicano, no pueden contravenir
principios esenciales de la Carta Magna ni convertirse en atajos
fraudulentos para vulnerar la normativa de rango superior. No es
posible que la Generalitat, que de por sí goza ya de un amplio
margen de liberalidad con la inmersión lingüística en favor del
catalán frente al español, pervierta además la legislación abusando
de ella para incumplirla a capricho. Y menos aceptable aún es que
existiendo resoluciones judiciales tan tajantes como la conocida
ayer, el Gobierno catalán, o cualquier otro autonómico, se niegue a
ejecutarlas amparándose en una falsa concepción de su historia o en
el adoctrinamiento político.
Si un tribunal sostiene que la docencia en Cataluña, tanto de
español como de catalán, «no podrá ser inferior al 25 por ciento», y
que «corresponde fijar un uso vehicular mínimo de las lenguas
oficiales que permita reconducir la actual situación contraria al
ordenamiento», el Estado deberá encargarse de que se cumpla a
rajatabla y de inmediato. No valdrán las eternas excusas de los
órganos inspectores del Estado para mantener este abuso, ni el
Gobierno de Sánchez podrá refugiarse en que cuando entre en vigor la
«ley Celaá» esta sentencia será papel mojado. No afecta a casos
individuales. Golpea de lleno sobre un sistema injusto, canalizador
de una fractura social, y estigmatizador para quien discrepa de él,
porque aún hoy cualquier ciudadano que reivindique su libertad a
expresarse en español, o a que sus hijos lo aprendan en el colegio,
sigue siendo víctima de persecución y señalamiento, cuando no de
coacciones y amenazas.
El año monstruoso
Karina Sainz Borgo. vozpopuli
18 Diciembre 2020
Comenzó 2020 con el alumbramiento del Gobierno Frankenstein y acabó
con una pandemia que ya se ha cobrado la vida de 70.000 personas en
España
El año monstruoso
Enero entró como un mal presagio del año que estaba por echársenos
encima. Tras una sesión de investidura precipitada, esperpéntica y
excesiva (¡cuánto llanto y bronca juntas en una misma jornada!),
poco faltó para que la cabalgata de Reyes se celebrara en la carrera
de San Jerónimo. Pero Pedro Sánchez consiguió su investidura in
extremis con las abstenciones de ERC y Bildu, además del apoyo de
Podemos. Le amargaron el roscón y el chocolate a unos cuantos, y
acabaron por convertir el Gobierno en un pesebre para nacionalistas
y demagogos, mientras en Wuhan alguien se antojó de sopa de
murciélago.
Faltando poco para unas fiestas navideñas sumidas en la quiebra
anímica y económica, conviene dedicar La Polaroid de la semana al
peor año en décadas: un 2020 marcado por una pandemia de coronavirus
a la que ni los gobernantes tomaron en serio cuando se supo de ella
y que llegó, funesta, a un contexto político presidido por el primer
Gobierno de coalición de la historia. Quien escribe estas líneas
semana a semana, cerrará la persiana por las fiestas. El año ha sido
largo y duro, con 'Diario de la cuarentena' incluido (100 días
seguidos), y hasta la vuelta en enero conviene retratar un 2020 que
parecerá idílico comparado con lo que ocurrirá económica y
socialmente en 2021.
Hay quienes todavía hoy se resisten a llamar Frankenstein a la
coalición del 'Gobierno progresista' porque el monstruo de Mary
Shilley les cae simpático. Pero una cosa no anula a la otra, porque
algo anómalo rige el cuerpo de este Ejecutivo prorrateado con 22
ministerios. Para hacer funcionar ese Gobierno contrahecho, incluso
a costa de la ley y la Justicia, cada semana, el presidente Sánchez
se mete al quirófano para remendar con hilo sus variopintos
pellejos: negociaciones que parecen genuflexiones, embestidas contra
la separación de poderes y la jefatura del Estado y una pulsión de
propaganda que oculta los problemas y tergiversa hasta las víctimas
totales por coronavirus en España.
Con los Presupuestos aprobados, Sánchez prepara el oro, el incienso
y la mirra para enviar a Galapagar, Lledoners y Euskalerria
No alcanzaría todo el carbón de las minas de Asturias, Aragón y
Castilla, aunque las reabrieran, para castigar lo que el actual PSOE
ha hecho con España durante todos estos meses y lo que pretende
hacer con lo que quede de ella: no sólo ha hipotecado la investidura
y los Presupuestos con los favores de secesionistas y convictos,
también ha cedido a la lista de la compra de cada uno. Habrá que
inventarse un ministerio para colocar a la clase política alimentada
por el sanchismo: una mezcla del esperpento de Valle-Inclán, el
Rinconete de Cervantes y los infantes de Carrión.
Con los Presupuestos al fin aprobados y a la espera de los fondos
europeos, Sánchez prepara el oro, el incienso y la mirra para enviar
a Galapagar, Lledoners y Euskalerria. Los turrones que los ponga
otro y justo por eso muchos temen que sea el rey emérito el que
venga, desde Emiratos, con un Jijona bajo el brazo. Cuando está a
punto de encenderse la cuarta vela de las coronas de Adviento, el
resto de los ciudadanos se endereza la de espinas que ha supuesto el
año covid y la que le aprieta la frente a Felipe VI ahora que el
Gobierno se propone asaltar La Zarzuela como si del Palacio de
Invierno se tratara (Enrique Santiago dixit).
Vendrá el 2021 empujado por una tercera ola y envuelto en el
estilismo mortaja de las instituciones. Que Dios nos agarre
confesados y vacunados, y ni eso garantiza nada. Es posible
inmunizarse contra la covid-19, faltaría saber si funciona con los
populismos, vengan de donde vengan. 2020, de la sopa de murciélago
al caldo de porrusalda.
En ERC son malvados, pero no tontos
Sergio Fidalgo okdiario 18 Diciembre 2020
Esquerra Republicana tiene un plan clarísimo, y a pesar de ciertos
bandazos causados por su tradicional temor a que los neoconvergentes
les coman la tostada, lo sigue a rajatabla. Su gran objetivo es
pescar en otros caladeros electorales, busca que las nuevas
generaciones de castellanoparlantes de izquierdas, que residen sobre
todo en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, abandonen
a comunes y socialistas y les apoyen a ellos. Tienen claro que el
voto catalanista del interior de Cataluña, el típico elector
supremacista que se cree superior al resto de españoles y que piensa
que el catalán es una especie de pueblo elegido al que todo el mundo
ha de admirar, tiene un techo. Además, es una bolsa de votantes que
se la disputa con la neoconvergencia heredera del pujolismo, siempre
eficaz a la hora de defender las esencias patrias del nacionalismo
más cerril.
En cambio, el electorado de Barcelona y Tarragona es, para Esquerra,
la tierra prometida. Un oasis en el que la neoconvergencia – sea la
de Carles Puigdemont, Marta Pascal o Àngels Chacón – apenas puede
pescar. Junqueras y su equipo tiene claro que entre lo que el
secesionismo llama “charnegos” es dónde están sus nuevos caladeros
de votos. Y, de hecho, no se ha de olvidar que, en una de las
poblaciones del área metropolitana de Barcelona con más presencia de
catalanes con origen en otras regiones de España, Sant Vicenç dels
Horts, el propio Junqueras fue alcalde. No solo eso, en la también
muy “charnega” – que conste que lo digo con orgullo, dado que es mi
ciudad – Hospitalet de Llobregat, que es la segunda población en
número de habitantes de Cataluña, ERC ya es la primera fuerza de la
oposición a la alcaldesa socialista, mientras que JxCAT quedó fuera
del consistorio. También son segunda fuerza en Cornellà de Llobregat
y Sabadell, y tercera en Santa Coloma de Gramenet y Terrassa. Y no
olvidemos la victoria de Ernest Maragall en las municipales en
Barcelona con diez concejales. En 1991 tenían cero regidores en la
capital catalana.
El fichaje de Gabriel Rufián, por mucho que a muchos nos parezca un
personaje estrafalario y tendente al histrionismo, es un acierto que
incide en esta línea. Con un discurso marcadamente izquierdista en
el Congreso, que no olvidemos que para el núcleo duro de ERC es un
parlamento “extranjero”, va lanzando mensajes que poco a poco calan
en un electorado que tradicionalmente veía a los independentistas
como algo exótico, y que desde la crisis económica que impulsó el
‘procés’ comienza a verlos como una opción aceptable. Por supuesto,
gracias a unos socialistas empeñados en cederles votos. Primero
facilitaron el cambio de imagen de Esquerra de partido lunático a
partido de gobierno, gracias a los tripartitos que gestionaron
Cataluña entre 2003 y 2010. Y en la actualidad, gracias a los
acuerdos con el PSOE y Podemos en las Cortes, han vuelto a conseguir
una pátina de “respetabilidad” e “izquierdismo”. Cualquier avance
“social” del que quiera presumir PSOE y Podemos en las cuentas
públicas también Esquerra podrá atribuírselo.
Esta estrategia no deja un frente sin cubrir. Fijémonos en El
Periódico de Catalunya que es, desde hace cuarenta años, el medio de
comunicación de referencia de la izquierda catalana. El poderoso
diario que sustentó las mayorías socialistas y neocomunistas en los
principales ayuntamientos catalanes y los dos tripartitos de
Maragall y Montilla. ¿Quién es el actual director? Albert Sáez, al
que ERC nombró durante su etapa de gobierno con los socialistas como
responsable del área de comunicación de la Generalitat, primero, y
presidente del órgano rector de TV3 y Catalunya Ràdio, después. En
este diario pueden leer casi a diario columnas de Joan Tardà,
Gabriel Rufián, el poderoso Sergi Sol, hombre de la más estricta
confianza de Oriol Junqueras y otros opinadores afectos a Esquerra.
Así, poco a poco, Esquerra va introduciendo su agenda en las mentes
de los lectores del medio más influyente de la izquierda catalana.
Por ejemplo, el pasado domingo Rufián aseguró en una tribuna en El
Periódico que el “independentismo de derechas catalán le regaló la
Diputación de Barcelona al PSC para que no la tuviera Esquerra”.
Este martes Joan Tardà, en otra columna de opinión, reclamó los
derechos electorales de la inmigración extranjera residente en
Cataluña. Y el jueves Sergi Sol, en un artículo, defendió con
vehemencia al gran aliado de ERC, Arnaldo Otegi, y aseguró que el
Tribunal Supremo, al ordenar repetir el juicio por el caso
Bateragune, había hecho “suya la tesis de Vox, el partido de extrema
derecha que lidera Santiago Abascal”. En pocos días, los lectores de
este poderoso diario, vieron como dirigentes de ERC les vendían un
cóctel de temas muy ajenos a la tradicional agenda de la izquierda
tradicional catalana.
En Esquerra serán muy malos, porque solo buscan destruir España y
convertir a millones de catalanes en ciudadanos de segunda, pero no
son nada tontos. Su plan está funcionando. Y si el
constitucionalismo catalán no lo remedia, serán el partido
hegemónico en un futuro no demasiado lejano.
El TSJC activa la cuenta atrás para eliminar la inmersión
La Generalitat se resistirá a aplicar la sentencia que ordena
impartir el 25% de las clases en castellano pero los juristas
apuntan que perderá el pulso con la justicia
Alejandro Tercero cronicaglobal 18 Diciembre 2020
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
que ordena a la Generalitat impartir, al menos, el 25% de las clases
en castellano no tendrá una repercusión inmediata en el modelo
escolar actual. Sin embargo, el fallo es el inicio de la abolición
del sistema de inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en
catalán que el Govern aplica desde hace décadas.
Así lo aseguran fuentes jurídicas consultadas por este medio, que
coinciden en subrayar que la claridad y contundencia del dictamen
conocido este jueves --aprobado por unanimidad de la Sala
Contencioso Administrativa-- deja tocado de muerte el modelo
lingüístico de la educación catalana, y que solo es cuestión de
tiempo que el bilingüismo sea restituido en todos los colegios de
Cataluña.
25% en castellano para todos los alumnos
La principal novedad de la sentencia estriba en que la
obligatoriedad de impartir, al menos, un 25% de las clases en
español se extiende a todo el sistema educativo. Hasta ahora --y
aunque había numerosos fallos que ordenaban que el castellano fuera
vehicular-- el TSJC había ido prescribiendo el 25% para toda la
clase cuando un alumno solicitaba judicialmente este derecho, de
forma individual. En la práctica, la nueva situación supondrá que,
además de la asignatura de lengua española, deberá impartirse en
castellano, al menos, otra materia “de carácter troncal o análogo”.
Es por eso que las principales entidades defensoras del bilingüismo
escolar tildan el dictamen del TSJC de “histórico”, “trascendental”,
“decisión sin precedentes” o “punto de inflexión”.
La Generalitat trata de ganar tiempo
Como era previsible, poco después de difundirse la sentencia, la
Consejería de Educación ha mostraado su rechazo a la decisión de la
justicia y anunció un recurso ante el Tribunal Supremo (TS).
Expertos en derecho administrativo han explicado a Crónica Global
que la impugnación de la Generalitat solo pretende ganar tiempo
puesto que la argumentación del TSJC es difícilmente rebatible.
Además, el tribunal catalán se ha limitado a compilar y ordenar los
razonamientos jurídicos expuestos en sentencias anteriores del
Tribunal Constitucional, del TS y del TSJC, por lo que es improbable
que el alto tribunal corrija el fallo a favor de la Generalitat. En
todo caso, el TS podría tardar más de un año en pronunciarse.
Acelerar la aplicación de la sentencia
Algunas asociaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe,
Impulso Ciudadano y Asociación por la Tolerancia apelan la parte
resolutiva de la sentencia del TSJC, que exhorta a la Generalitat a
que “en las enseñanzas comprendidas en el sistema educativo de
Cataluña, todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la
enseñanza mediante la utilización vehicular de las dos lenguas
oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser
inferiores al 25% en uno y otro caso”.
En cambio, juristas especializados en derecho administrativo
consideran que, para que el 25% en castellano se aplique de “forma
efectiva e inmediata” mientras el TS analiza el recurso del Govern,
sería necesario que la parte legitimada solicitase al TSJC la
aplicación cautelar de dicha medida. En este caso, la sentencia
emana de un recurso de la Abogacía del Estado en representación del
Ministerio de Educación presentado en 2015. Pero todo apunta a que
el actual Gobierno no solicitará esta medida. De hecho, consultado
sobre esta cuestión, el Ministerio de Educación ha sido tajante con
este medio: “No hacemos comentarios sobre la sentencia”.
En manos del Gobierno
De igual manera, expertos en derecho procesal advierten de que, una
vez que el TS --probablemente-- confirme la posición del TSJC, a la
Generalitat aún le queda una última bala para retrasar la
reinstauración del bilingüismo escolar.
Y es que es previsible que, en ese caso, la Consejería de Educación
se niegue a aplicar la sentencia, lo que haría necesaria una
solicitud de ejecución de la misma por parte del Gobierno --que es
la parte legitimada para hacerlo-- o la Fiscalía, y que dependería
de los equilibrios parlamentarios de ese momento. Todo apunta a que
las presiones al Ejecutivo por parte de los partidos nacionalistas
se intensificarían llegados a ese punto.
El 25% no depende de la ley Celaá
La estrategia que, según los juristas, no tiene mucho recorrido es
la apelación a la ley Celaá por parte de la Generalitat. “La Lomloe,
cuando entre en vigor, la dejará sin efecto [a la sentencia]”, ha
indicado la Consejería de Educación en un tuit. “Ahora que está a
punto de aprobarse en el Senado la nueva ley [educativa], los hay
que pretenden volver al pasado. La política educativa en Cataluña (y
en ningún lugar) no la hacen los jueces. Es una resolución que saben
que no tendrá ningún efecto ni ninguna consecuencia”, ha añadido el
consejero Josep Bargalló.
Sin embargo, el TSJC subraya que la obligatoriedad de impartir, al
menos, un 25% de las asignaturas en español no depende de una ley
educativa nacional (Wert o Celaá), ni de una autonómica, sino que se
fundamenta en múltiples sentencias del TC, el TS y el propio
tribunal catalán a lo largo de los años. Estas han dejado claro que
es inconstitucional que el castellano no sea “lengua vehicular” de
la enseñanza, y la jurisprudencia ha establecido ese 25% de uso
mínimo para una lengua vehicular. El TSJC incluso alerta de que
actualmente el español es “residual” en el sistema educativo
catalán.
“Héroes que llevan años luchando”
Las entidades que promueven el bilingüismo escolar han acogido la
sentencia con satisfacción. Para el presidente de Impulso Ciudadano,
José Domingo, el fallo es “un gran avance” y avala el modelo de
“conjunción lingüística” que debe compatibilizar ambas lenguas
oficiales. “El modelo de inmersión lingüística que se aplica en
Cataluña debe pasar a la historia”, ha añadido. Además, el dictamen
abre el camino a “actuar contra los directores” de colegios que se
nieguen a aplicarlo.
La presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana
Losada, ha considerado que con esta sentencia “se ve la luz al final
del túnel tras 30 años de la Generalitat pisoteando los derechos de
los castellanohablantes”. Losada ha recordado a “aquellos padres que
son pequeños héroes que llevan años luchando, que han soportado el
acoso de su entorno, el desprecio de la comunidad educativa y el
ninguneo de la Generalitat”. “Vamos a continuar este camino hasta
conseguir que la sentencia se aplique en el 100% de los centros”, ha
insistido.
El 50%, próxima batalla
El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, se ha
mostrado satisfecho de que el TSJC “por fin” ordene establecer el
bilingüismo en todo el sistema educativo catalán. “Llevamos desde
2010 con sentencias individuales y eso se ha acabado”, ha añadido.
Pese a asegurar que la inmersión camina hacia su final, ha pedido
paciencia porque está convencido de que la Generalitat se resistirá
a aplicarla. Además, ha advertido de que la siguiente batalla será
fijar un 50% para cada lengua.
La Asociación por la Tolerancia hace una valoración “muy positiva”
de la sentencia pero pone el foco en el Gobierno. El presidente de
la entidad, Eduardo López-Dóriga, ha criticado el intento de excluir
el castellano como lengua vehicular en Cataluña con la ley Celaá y
se ha felicitado de que el TSJC diga que “esto no se puede hacer”.
Pese a que se ha mostrado convencido de que “costará muchísimo”
aplicar esta sentencia por el acuerdo entre el Gobierno y los
nacionalistas, también ha ironizado: “Han ido a por lana y han
salido trasquilados”.
Insumisión y desobediencia
En el ámbito nacionalista, la sentencia no se ha recibido de forma
apacible y algunos de los principales actores han mostrado su
preocupación. Según Plataforma per la Llengua se trata de “un ataque
judicial más contra el catalán”. La entidad se ha mostrado confiada
en que el recurso de la Generalitat “pare el recorrido efectivo” del
dictamen. Y ha reclamado “un refuerzo profundo y renovador del
programa de inmersión lingüística” que incluya “el patio, el comedor
y las actividades extraescolares”.
Por su parte, el sindicato USTEC-STEs --mayoritario en la educación
pública-- ha hecho un llamamiento “a los trabajadores de los centros
educativos a la insumisión y a la desobediencia” frente a la
sentencia del TSJC.
De la tercera hora de castellano al
proyecto fallido de Bargalló
El consejero de Educación, que rechaza la última sentencia que
ordena impartir un 25% de clases en castellano, intentó flexibilizar
la inmersión con un modelo similar al defendido por el PSC
María Jesús Cañizares cronicaglobal 18 Diciembre 2020
El paso del tiempo, y una sucesión de gobiernos nacionalistas, han
demostrado que resulta imposible debatir sin apasionamiento y con
criterios pedagógicos la vigencia de una inmersión lingüística que
ahora, de una forma rotunda, ha cuestionado una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Evitar dos líneas educativas segregadas, una en castellano y otra en
catalán, fue el argumento más utilizado por los convergentes, para
incluir en su Ley de Política Lingüística la utilización del catalán
como lengua vehicular en la enseñanza. Ese modelo sería refrendado
posteriormente por la Ley de Educación de Cataluña (LEC), aprobada
con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA.
De ahí que los socialistas nunca se atrevieran a abrir el melón de
la revisión de un sistema que la Justicia tumbaría en repetidas
ocasiones. Y cuando lo hicieron, callaron rápidamente. En 2007, el
entonces consejero de Educación, Ernest Maragall --entonces
militante socialista, aunque después se pasó a ERC--, propuso
introducir una tercera hora de castellano en las escuelas catalanas,
tras constatarse que en la mayoría de ellas ese idioma era
testimonial y en algunas zonas de la Cataluña interior los alumnos
no dominaban el español. La propuesta no se llegó a aplicar por el
escándalo suscitado entre los nacionalistas y entidades favorables
al monolingüismo escolar.
Desde entonces, se sucedieron las resoluciones judiciales a favor de
ese 25% de clases en castellano. Incluso el Tribunal Constitucional
dictaminó que una lengua no podía tener un rango superior respecto a
otra en una comunidad con dos idiomas oficiales.
El documento de Bargalló
Hace dos años, el consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, el mismo
que ayer rechazaba el último fallo del TSJC, propuso flexibilizar de
facto la inmersión, en el documento El modelo lingüístico del
sistema educativo en Cataluña. El aprendizaje y el uso de las
lenguas en un contexto educativo multilingüe y multicultural. Este
informe venía a decir algo tan razonable como que era necesario
reforzar en castellano en centros escolares donde el catalán tenía
un fuerte arraigo social. [ Puede leerse en este enlace ]
“En los contextos en los que el castellano no tiene fuerza social y
no es la primera lengua de buena parte de los alumnos habrá que
hacer un enfoque didáctico cercano al que usamos con las segundas
lenguas (inmersión lingüística en el caso del catalán). Si el número
de horas de exposición a esta lengua no fuera suficiente para
alcanzar, al terminar el sistema educativo, el mismo nivel de
catalán y de castellano, el centro deberá decidir, en su proyecto
lingüístico, incorporar bloques de contenidos curriculares en
castellano y planificar actividades que potencien la expresión oral
de los alumnos”, indicaba ese documento, que tampoco se llegó a
aplicar debido al revuelo provocado en la comunidad educativa. Y
también por la presión de la muy subvencionada Plataforma per la
Llengua, conocida como la ONG del catalán, su incitación a delatar
empresas, trabajadores y comercios que solo utilizan el castellano,
y su espionaje en los patios escolares.
Más recientemente, el PSC abordaría por fin ese tema tabú en su
congreso de diciembre de 2019. El borrador de la ponencia marco de
los socialistas denunciaba la “instrumentalización” de la lengua por
parte de los nacionalistas, “especialmente en la escuela”, y apelaba
a la diversidad lingüística “defendiendo el catalán y el castellano
a través de un modelo plurilingüe en la escuela” con la
“flexibilidad” que requiera la “realidad sociolingüística”. Un
modelo muy parecido al de Bargalló.
Pero ese asunto genera discrepancias internas. Mientras Miquel Iceta
quiere pasar de puntillas sobre el debate de la inmersión y algunas
agrupaciones se niegan a tocarla, Eva Granados es más favorable a
abordarlo. Por lo que, finalmente, matizó su propuesta final, aunque
en la línea de garantizar el dominio de ambas lenguas al final de la
educación obligatoria.
Espías en el patio y sanciones por esconder
planes língüísticos
Entidades como Plataforma per la Llengua, que anima a denunciar el
castellano, o la AEB, el azote del nacionalismo y el monolingüismo,
han protagonizado el debate sobre la inmersión
María Jesús Cañizares cronicaglobal 18 Diciembre 2020
Son los gobiernos y los tribunales los que deciden sobre el
conflicto lingüístico, pero no se puede subestimar la influencia que
han tenido las entidades sociales en este asunto. Por un lado,
Plataforma per la Llengua, conocida por incitar a la delación de
empresas, trabajadores y comercios que no utilizan el catalán. Y,
sobre todo, por promover un estudio en los patios escolares para
analizar el idioma que utilizan los niños cuando juegan o se
relacionan con sus compañeros.
Por otro, la Asamblea por una Enseñanza Bilingüe (AEB), cuyo estudio
sobre los proyectos lingüísticos de la escuela en Cataluña se ha
convertido en un referente. Junto a Impulso Ciudadano y
Universitaris per la Convivència, la AEB ha prestado asesoramiento a
familias que reivindican su derecho a escolarizar a sus hijos en su
lengua materna. Y también ha acudido a instancias europeas para
defender esa coexistencia lingüística, normal en la sociedad, pero
no en las instituciones catalanas.
Delación y monolingüismo
Atodenominada como la "ONG del catalán", Plataforma per la Llengua
(PpL) predica el monolingüismo que, a su vez, también defiende el
llamado grupo Koiné. Marca el paso, tanto en la comunidad educativa,
como al Govern, hasta el punto de considerar que unas frases sueltas
pronunciadas en castellano en un serial o un programa de TV3 es
excesivo.
Entre las hazañas lingüísticas de PpL figura un estudio sobre el
idioma que utilizan los niños en su tiempo de juegos. Para ello, se
infiltraron en los patios escolares y el escándalo fue tan grande,
que el consejero de Educación, Josep Bargalló, aseguró desconocer la
existencia de ese experimento. Nunca aclaró o indagó sobre quién dio
el permiso a la autodenominada "ONG del catalán" para entrar en
colegios públicos.
La Consejería también se ha mostrado reacia a informar sobre los
proyectos lingüísticos de los centros. Y eso le valió un expediente
sancionador por parte de la Comisión de Garantía del Derecho de
Acceso a la Información Pública (GAIP), el máximo órgano de
transparencia, por no atender la petición de la Asamblea por una
Escuela Bilingüe (AEB) sobre los modelos lingüísticos de los centros
educativos concertados.
Opacidad
El GAIP instó al consejero de Educación de la Generalitat, Josep
Bargalló, a sancionar por infracción muy grave a su Secretaría
General por esta opacidad, después de haber requerido en cuatro
ocasiones al departamento la entrega a la presidenta de la AEB de
esos proyectos.
Sin embargo, y fruto de un intenso trabajo, la AEB es autora de un
informe basado en el análisis de 2.414 proyectos lingüísticos de los
centros educativos públicos. El resultado fue el Informe y
conclusiones del análisis de los proyectos lingüísticos de los
centros públicos de Cataluña, presentado en Madrid con datos
contundentes. Entre las conclusiones más importantes destaca que el
castellano no es lengua vehicular en las escuelas catalanas, pues
ningún centro analizado cumple con el mínimo del 25% de horas en
castellano --las que de nuevo fija la Justicia en su última
sentencia-- impartidas en asignaturas troncales, tal como ordenan
diferentes sentencias judiciales. En este sentido, solo 25 centros
imparten en español asignaturas troncales en algún trimestre
escolar.
El 97% de los colegios catalanes incumple
la obligatoriedad de impartir un 25% en español
Los datos ofrecidos por la Generalitat al TSJC confirman el trato
residual del castellano en el sistema escolar catalán
Alejandro Tercero cronicaglobal 18 Diciembre 2020
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
que ordena a la Generalitat impartir, al menos, el 25% de las clases
en castellano confirma el trato residual que esta lengua --oficial y
mayoritaria en Cataluña-- recibe en el sistema escolar catalán.
El tribunal catalán llega a esta conclusión después de analizar los
datos aportados por la propia Consejería de Educación, y que revelan
que el 97,3% de los centros educativos incumplen la obligación de
ofrecer, por lo menos, una cuarta parte de las materias en español
incluyendo una asignatura troncal o similar.
184 centros analizados
En su sentencia, el TSJC señala que, “de acuerdo con la información
aportada por el Departamento [de Educación] [...], la muestra
analizada pone de manifiesto que la media de horas de utilización
del castellano en los centros de enseñanza es del 18% en el caso de
la educación primaria, del 19% en los centros de educación
secundaria obligatoria y del 26% en el caso del bachillerato”. Unas
cifras que incluyen el tiempo atribuido a la asignatura de lengua
española.
“Además, solo 5 de los 184 centros incluidos en la muestra imparten
íntegramente en lengua castellana un 25% de las áreas o materias, de
las cuales al menos una es troncal además de la enseñanza del
castellano, en todos los centros o grupos. Concretamente, cumplen
este estándar un 2% de los centros de educación primaria y un 12% de
los centros de bachillerato”, añade el tribunal.
“Uso residual”
Con esa información, el TSJC considera que “de la documentación
aportada y la prueba practicada en el recurso se desprende que, en
conjunto, el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de
enseñanza es residual, o al menos es así en una parte significativa
de centros y grupos docentes, de forma que se constata una
infracción del marco jurídico vigente”.
Ese marco --basado en la doctrina constitucional-- establece que el
español ha de ser lengua vehicular de la enseñanza con un “nivel
mínimo de utilización”. Y “esta presencia mínima ha sido fijada por
la jurisprudencia en un uso vehicular mínimo del 25% de las horas
lectivas que, además de la enseñanza de la propia lengua oficial ha
de incluir íntegramente al menos el de otro área, materia o
asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo”.
La Generalitat, reticente a colaborar
Cabe destacar que la sentencia también destaca la falta de
colaboración por parte de la Generalitat con el TSJC. “Por lo que se
refiere a la situación material del uso vehicular de una y otra
lengua oficial en el servicio de educación, se requirió en su
momento al Departamento de Enseñanza para que aportara los datos
correspondientes, resultando que manifestó que no disponía de esta
información ni podía obtenerla sin un esfuerzo desproporcionado”,
alerta el tribunal.
Y añade que, “dada la situación, se requirió un muestreo al efecto,
considerando que lo relevante no es tanto la situación exacta sino
el estado de la cuestión a los efectos del objeto del recurso, que
es comprobar la inactividad de la administración demandada”.
Muestra cuestionada
Sin embargo, y a pesar de los datos que revelan el uso residual del
español en la educación, el muestreo escogido por la Generalitat
genera dudas razonables, toda vez que no se indica el método ni la
ponderación territorial utilizado.
En este sentido, un reciente estudio de la Asamblea por una Escuela
Bilingüe (AEB) tras analizar 2.214 proyectos lingüísticos --43 de
escuelas infantiles, 1.626 de centros de infantil y primaria, 524 de
secundaria y bachillerato, y 21 de centros especiales-- concluía que
en ningún caso se cumplía la obligatoriedad de impartir el 25% del
horario lectivo en castellano durante todo el curso incluyendo una
asignatura troncal.
Por qué la ley Celaá será incapaz de burlar
el 25% en castellano
La condición de lengua vehicular del español no depende de las
normativas educativas nacionales o autonómicas sino que emana de la
doctrina constitucional y de la jurisprudencia de los tribunales
Alejandro Tercero cronicaglobal 18 Diciembre 2020
La primera reacción de la Generalitat y de los partidos y entidades
nacionalistas tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir en Cataluña, al
menos, el 25% de las clases en castellano ha sido apelar a la ley
Celaá. El proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE
(Lomloe) que se está tramitando suprime la referencia específica que
la ley educativa nacional en vigor (ley Wert) hacía del español como
lengua vehicular de la enseñanza, y en eso basan sus esperanzas los
detractores del bilingüismo escolar.
Sin embargo, juristas consultados por Crónica Global aseguran que
esa modificación no afecta al mandato establecido por el TSJC, ni
podría hacerlo en el improbable caso de que la nueva ley nacional
indicase expresamente que el castellano no pueda ser lengua
vehicular o que ello dependiera de las comunidades autónomas (CCAA).
Doctrina constitucional
Los expertos en derecho administrativo preguntados al respecto por
este medio reproducen los argumentos recogidos en la sentencia del
TSJC. Y subrayan que el tribunal apela a la doctrina constitucional
y a anteriores sentencias del Tribunal Supremo y del propio TSJC
para dictaminar que, por lo menos, una cuarta parte de la educación
en Cataluña debe ofrecerse en castellano, independientemente de lo
que indiquen las leyes educativas de ámbito nacional y autonómico.
Así las cosas, subrayan, "solo una reforma constitucional podría
revertir la situación creada tras numerosas sentencias". "Otra cosa
--añaden-- son las trabas que la Generalitat seguirá poniendo para
aplicar lo que dicen los tribunales, y la falta de diligencia del
Gobierno a la hora de reclamar la ejecución de las sentencias". Un
panorama que difícilmente cambiará dada la actual geometría
parlamentaria.
El español tiene que ser lengua vehicular
En todo caso, el TSJC recoge con claridad los fundamentos jurídicos
en los que sustenta su resolución. El tribunal se remonta a la
sentencia 87/1983 del Tribunal Constitucional (TC), que estableció
que "la existencia de diversas lenguas oficiales impone un régimen
de conjunción lingüística en la enseñanza, lo que significa que
todas han de tener un uso vehicular normal en la enseñanza". Régimen
que, como indicó el TC en sus sentencias 337/1994 y 31/2010, "es
consecuencia de la misma oficialidad de la lengua" y que "impone
necesariamente su uso vehicular".
De hecho, insiste en que la sentencia 31/10 "interpretó el artículo
35 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el sentido de que la
falta de referencia explícita del precepto al uso vehicular de la
lengua castellana no suponía negar su uso normal en los mismos
términos que el uso normal del catalán". "La jurisprudencia
constitucional ha entendido que la naturaleza oficial de las dos
lenguas impone necesariamente su uso vehicular en la enseñanza, sin
que se pueda establecer la condición de alguna de las dos lenguas
como preferente, independientemente de las situaciones en las que la
normalización lingüística u otras circunstancias impongan un uso más
intensivo de una u otra", añade. Es decir, el español no puede dejar
de ser lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, digan lo que
digan las leyes educativas.
El 25% como mínimo para cada lengua vehicular
El TSJC también destaca que el Tribunal Supremo y el propio tribunal
catalán han creado "jurisprudencia", según la cual se establece que,
"con independencia de que el modelo admita flexibilidad en función
de las circunstancias" --en el sentido de que "el uso vehicular
normal de las dos lenguas no ha de ser necesariamente simétrico" y
"el peso de una u otra lengua se puede adaptar a las circunstancias"
(337/1994)--, "hay un mínimo por debajo del cual no se puede
entender que el uso vehicular de la lengua alance la condición de
normal dentro del sistema".
"En este sentido se ha fijado un uso vehicular mínimo del 25% de las
horas lectivas. Un porcentaje que, además de la enseñanza de la
propia lengua oficial, ha de incluir íntegramente al menos el de
otro área, materia o asignatura no lingüística curricular de
carácter troncal o análogo". Y cita la sentencia del Supremo del 24
de septiembre de 2013. Esto es, el 25% como mínimo lo fija la
jurisprudencia de los tribunales, independientemente de lo que digan
las leyes educativas.
En Cataluña, conjunción lingüística
El TSJC deja claro que los condicionantes anteriores superan las
leyes educativas cuando señala que "la referencia a la inmersión
lingüística" recogida en la Ley 12/09 de Educación de Cataluña "no
significa la exclusión del castellano como lengua covehicular o su
reducción a una presencia residual" (como el propio tribunal
constata) por que así lo ha indicado el TC.
También se refiere a la actual Ley Orgánica de Educación 2/2006 en
la que se prevé "un modelo de dos líneas, una en cada lengua
oficial, con la única excepción de la enseñanza de las propias
lenguas oficiales que se ha de hacer necesariamente en la propia
lengua". Pero recuerda que, el hecho de que el Estatuto de Autonomía
de Cataluña "impide taxativamente la segregación de los alumnos por
grupos o aulas en función de la lengua" es una "circunstancia que
impone el modelo de una única línea de enseñanza bilingüe, esto es,
un modelo de conjunción lingüística". Esto es, la Generalitat solo
tiene dos opciones: un modelo bilingüe (con en castellano y el
catalán como vehiculares) o un modelo de doble línea (una en
castellano y otra en catalán). Y optó por el primero.
Imposible blindaje de la inmersión
En base a estos argumentos, los expertos concluyen que la
obligatoriedad de impartir, al menos, un 25% de las horas lectivas
en castellano no depende de lo que diga una ley educativa nacional
(Wert, Celaá o la que fuere) ni de una autonómica, sino que deriva
de la doctrina constitucional y de la jurisprudencia creada por el
Tribunal Supremo y el TSJC. Una situación que la ley Celaá no podría
modificar, pese a que la Generalitat aspiraba a blindar la inmersión
por esa vía.
El TSJC obliga a la Generalidad a impartir
el 25% de enseñanza en español ante su uso "residual" en Cataluña
El Alto Tribunal catalán reconoce que la Generalidad incumple las
sentencias y el ordenamiento jurídico en esta materia.
Olivia Moya Libertad Digital 18 Diciembre 2020
La sección quinta de la sala del Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima parcialmente el
recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, en nombre del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contra varias
resoluciones del departamento de Educación catalán en materia de uso
de las lenguas vehiculares en la enseñanza.
La sala declara "la obligación de la Generalidad de Cataluña de
adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los
alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante
la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los
porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en
uno y otro caso".
No es la primera vez que el TSJC se pronuncia en este sentido. En
2014, atendiendo a una demanda de cinco familias, dictó varios autos
en los que obligaba a la Generalidad a fijar que el castellano esté
presente en el 25% como mínimo del horario lectivo (una de cada
cuatro asignaturas) para garantizar su presencia mínima como lengua
vehicular en "el colegio, el curso y la clase de referencia" de los
alumnos de cinco familias recurrentes. Y un año después el Tribunal
Supremo sentenció lo mismo cuando la Generalidad recurrió el fallo
del tribunal catalán.
"El castellano no puede dejar de ser lengua vehicular y de
aprendizaje en la enseñanza. De esta forma, aunque el Estatuto
reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta
sea lengua vehicular en la enseñanza (...), nada permite que el
castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la
catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza",
afirmaba entonces el Alto Tribunal en su fallo.
El uso del castellano es "residual"
Ahora el TSJC analiza el marco jurídico dentro del cual se enmarca
el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza: el Estatuto de
Cataluña, la ley de Educación de Cataluña, la ley orgánica de
Educación (no la ley Celaá, que aún no está en vigor) y varias
sentencias del Tribunal Constitucional. También la información
requerida al departamento de Educación de la Generalidad sobre los
datos reales del uso de ambas lenguas en los centros escolares. Y
señala que "de la documentación aportada y la prueba practicada en
el recurso se desprende que, en conjunto, el uso vehicular de la
lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es
residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y
grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco
jurídico vigente".
Por todo esto "... sí que corresponde fijar un uso vehicular mínimo
de las lenguas oficiales que permitan enderezar la actual situación
contraria a ordenamiento. Esto es, la determinación de un nivel
mínimo de utilización vehicular de la lengua oficial por debajo del
cual hay que entender que se infringe el imperativo de uso ordinario
y normal de la misma a la enseñanza. Esta presencia mínima ha sido
fijada por la jurisprudencia en un uso vehicular mínimo del 25% de
las horas lectivas que, además de la enseñanza de la propia lengua
oficial debe incluir íntegramente menos el de otra materia o
asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo".
La parte demandante solicitaba también que se modificaran los
impresos de preinscripción escolar para que los padres tuvieran
acreditado que el castellano sería lengua vehicular en todos los
cursos. La sala desestima esta petición dado que entiende que con el
cumplimiento del porcentaje mínimo del 25% éste ya garantizaría el
acceso y uso de ambas lenguas desde infantil.
El tribunal afirma, por tanto, que "... el principio de no
discriminación de los alumnos por razón de la lengua establecido en
el Estatuto de Autonomía impone un sistema de una única línea
bilingüe, sistema que excluye por su propia naturaleza la libertad
de opción por parte de los usuarios. La Ley de Educación de Cataluña
ha sido consecuente con este planteamiento, estableciendo al efecto
un sistema de apoyo lingüístico a los alumnos que lo requieran los
efectos de facilitar su integración en el momento de incorporarse al
sistema. Así pues, el hecho de que las inscripciones no incluyan la
opción de lengua vehicular no puede ser consideradas, a efectos de
la sala, ilegales".
La Generalidad: la ley Celaá la dejará sin efecto
El departamento de Educación de la Generalidad ya ha anunciado que
recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia. En un apunte en
Twitter recogido por Europa Press, el departamento ha avisado de que
la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) -conocida como
ley Celaá- "dejará sin efecto" la sentencia cuando entre en vigor.
También ha lamentado que la sentencia haya llegado antes a los
medios de comunicación que a ellos mismos, y ha afirmado que el
tribunal "pretende regular la política educativa cuando es
competencia del Parlament".
El conseller, Josep Bargalló, también en Twitter, se ha quejado de
que "ahora que está a punto de aprobarse en el Senado la nueva ley,
los hay que pretenden volver al pasado". Bargalló ha añadido, sobre
la resolución, que "saben que no tendrá ningún efecto ni ninguna
consecuencia", y ha afirmado que la política educativa no la hacen
los jueces.
Tanto la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña como la
asociación Hablamos español exigen a la Generalidad que cumpla esta
vez con la sentencia.
ILEGALIZAR A VOX
Amordazando a un partido democrático en
nombre de la democracia
María Ariza. rebelionenlagranja.com 18 Diciembre 2020
Sobre la ilegalización de Vox o cómo muchos quieren acabar con esta
fuerza parlamentaria.
Ya en 2018, el entonces líder de Podemos y ahora Vicepresidente
Segundo del gobierno, Pablo Iglesias, lanzó su «alarma antifascista»
avisando del ascenso de lo que a ellos gusta tildar de
‘ultraderecha’.
Lo hacía con motivo de las elecciones en Andalucía, y lo hacía
avisando a colectivos de mujeres, LGTB, clases medias de la amenaza
que les supondría el triunfo de Vox.
Paradójico, tanto como su cargo, sus funciones y su actividad
política.
Pero en 2018, esa alerta antifascista de la ultraizquierda no hacía
más que empezar.
La destrucción de la democracia en nombre de la democracia
La historia no hacía más que empezar: es la historia de la
destrucción de la democracia en nombre de la democracia, y hoy
queremos recordarla.
La historia de cómo desde el gobierno, y a través de instituciones
del Estado, harán todo lo posible por ilegalizar a la tercera fuerza
política de este país: Vox.
Y es que quien anunciaba la llegada de ese supuesto fascismo, dos
años más tarde no sólo es vicepresidente segundo del gobierno, sino
que también ha sido colocado en el CNI, aprovechando una pandemia
nefastamente gestionada.
Recordemos cómo se le asignó el cargo en el CNI a Iglesias: mediante
el decreto de estado de alarma.
Iglesias, el CNI y «la inmundicia»
Y tras su llegada al CNI –un mes después– quedaron grabadas unas
curiosas, pero delatadoras, palabras de José Manuel Santiago: «otra
de las líneas de trabajo es minimizar ese clima contrario a la
gestión de crisis por parte del gobierno».
La intención está clara, y resuena cada vez que se escuchan los
insultos hacia la formación: ¿xenofobia?, ¿machismo? No, no hablamos
de ese tipo de insultos, esos ya son rutina.
Hablamos, más bien, de los que propició el líder de Unidas Podemos
en nombre de la democracia durante los meses de pandemia desde la
tribuna del congreso, tachando a Vox de «inmundicia», a sus miembros
y votantes de «parásitos» y apartándolos de la democracia: «son
ustedes un partido antidemócrata».
«No hay mayor amenaza a la democracia que ustedes, porque la
democracia es la mayor amenaza para ustedes», llegó a defender el
líder de los morados el pasado 13 de mayo en un ataque contra la
diputada María Ruiz.
Toda una declaración de intenciones
Pero aquellas afirmaciones no venían sin más.
No llegaron solas, sino acompañadas de una de sus alertas, de un
preaviso, de una declaración de intenciones.
O más bien, de una amenaza.
Y es que el amigo de Otegi y de Esquerra el pasado 28 de abril –dos
semanas antes del ataque dialéctico final–, cuando tachó de
inmundicia a los de Vox, completó su frase de la siguiente manera:
«España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se
quitará de encima esa inmundicia que ustedes representan».
Y entonces, todavía, la historia no hacía más que empezar
Porque tras unas tranquilas vacaciones de los políticos, la
ultraizquierda volvía a la carga con mucha fuerza.
Fuerza que llegó hasta el CNI para calificar a Vox de «contrario a
las instituciones democráticas» en un Informe que se dio a conocer
el pasado mes de octubre por OkDiario.
Fuerza para, el mismo día de la moción de censura contra el gobierno
de Sánchez, emitir un manifiesto, por cierto, con el sello de los
herederos de ETA, en defensa de la democracia, o fuerza para
impulsar una iniciativa de tipificación de delito de odio como una
de las causas para la disolución de la actividad política.
Todo, para intentar amordazar a Vox, todo, mejor dicho, para tratar
de amordazar a los españoles, y todo, en nombre de la democracia.
Las últimas tentativas
Porque después de todos esos pasos de gigante sin éxito, el gobierno
ha querido valerse de un chat de militares jubilados para mancillar
a la formación que lidera Santiago Abascal, haciendo a Vox poco
menos que responsable de organizar un golpe de estado apoyándose en
ese grupo de militares.
Eso, y tanto más.
Pero más allá de todo ello, más allá del constante cordón sanitario
al partido, más allá de la persecución mediática, está esa firme
intención: ilegalizar a Vox.
Una intención avalada por otros miembros del gobierno, como el
ministro de Transportes y Secretario de Organización del PSOE, que
se burla abiertamente y en tertulias de radio de la tercera fuerza
política, como también se atreve a hacer el ex magistrado Baltasar
Garzón.
A lo largo de esta semana hemos podido escuchar a distintas
personalidades ensañándose con Vox, sin que nadie, salvo el propio
Vox, diga nada.
Pero, de nuevo, nada nuevo bajo el sol.
¿Puede ilegalizarse Vox?
Y sin embargo, ese propósito del Ejecutivo no será tan sencillo. ¿Se
puede, acaso, ilegalizar a Vox?
El fundamento jurídico para ilegalizar un partido lo da la Ley
Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos en sus
artículos 9 y siguientes.
Y un sencillo fragmento de dicho articulado nos sirve para responder
a la cuestión: “Un partido político será declarado ilegal cuando su
actividad vulnere los principios democráticos, particularmente
cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de
libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”.
¿Suena a Vox? ¿O suena, más bien, a Bildu? ¿O a Esquerra, quizás? ¿O
a Sánchez e Iglesias?
Parece que forzar una ilegalización –quizá ilegal,valga la
redundancia– de Vox sólo acarrearía la ilegalización de los que
realmente amenazan a la Constitución y a la democracia desde hace
meses.
Parece que no es precisamente VOX quien persigue deteriorar o
destruir el régimen de libertades.
¿Ilegalizar a Vox? Quizá habría que ilegalizar, no a un partido,
sino al gobierno, que amenaza cada día los preceptos
constitucionales.
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