AGLI Recortes de Prensa   Lunes 21  Diciembre  2020

Más que educación, es la libertad
Editorial ABC 21 Diciembre 2020

La pandemia está imponiendo unas limitaciones a la libertad de manifestación de las que el Gobierno se aprovecha para poner sordina a las protestas por su activismo legislativo con la libertad de los ciudadanos. La reforma de la educación -la llamada «ley Celaá»- es un ejemplo de esta agenda legislativa alevosa del Gobierno de Sánchez, impuesta por una mayoría sectaria y escondida a la sociedad civil, especialmente a la comunidad educativa. Resulta desolador que un Gobierno y un Parlamento democráticos se comporten de manera tan opuesta a los valores de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Sin embargo, es una forma de actuar que identifica a los autores de la ley, socialistas y comunistas, cuya prioridad en cualquier momento es intervenir en las libertades de los ciudadanos para ahormarlas a sus modelos ideológicos. Despojado de cualquier contención socialdemócrata, el gobierno que preside Sánchez, sin vanas distinciones entre moderados y radicales, abandera un ejercicio agresivo y divisorio de la sociedad. No hay consenso porque el Gobierno no quiere consenso: quiere ejercer el poder como una sucesión de victorias sobre la media España que no vota izquierda. Mientras no se entienda esta motivación esencial de la política de Sánchez, su estrategia seguirá generando exitosamente confusión.

La historia del sistema educativo en España, desde la instauración de la democracia, está monopolizada por la izquierda, con cortos periodos de legislación de los gobiernos del PP, siempre con el freno de mano puesto a la hora de abordar la reforma de la enseñanza en nuestro país. El dato es importante porque la «ley Celaá» no es una reforma del sistema educativo, sino el asalto definitivo para propiciar su nacionalización, con una táctica de arrinconamiento a la enseñanza concertada, pilar insustituible de la formación de niños y jóvenes nuestro país. El objetivo es ideológico: vaciar de exigencia y excelencia la educación de futuros ciudadanos, libres, formados y críticos, para crear generaciones mediocres y predispuestas a la subvención estatal. Basta con ver lo que sucede en Cataluña con la enseñanza en castellano, a cuyo rescate ha salido el Tribunal Superior de Justicia para obligar a que se respete un mísero 25% de asignaturas en la lengua oficial del Estado. Esta convergencia del sectarismo de izquierda con el adoctrinamiento nacionalista desprecia la realidad de que un 40% de los jóvenes españoles está en paro, la tasa más alta de Europa. Cercenando la libertad de elección de las familias, marginando el castellano en todo el sistema educativo, depreciando el valor del esfuerzo y, con él, el papel de los profesores, el futuro de España es tan oscuro como las intenciones de la izquierda gobernante con su agenda de manipulación social.

Las manifestaciones que ayer recorrieron las calles de cincuenta ciudades españolas contra la «ley Celaá» expresan también la capacidad de movilización a la que se puede enfrentar la izquierda por su política legislativa de acoso y derribo de todo cuanto signifique un modelo liberal de sociedad. Por eso, el gobierno de socialistas y comunistas tiene prisa en avanzar en su «agenda social», no sea que la pandemia se acabe antes y los ciudadanos recuperen esa faceta esencial de su participación política que es la movilización en los espacios públicos. Entre tanto, el Gobierno no deja a la oposición otra alternativa que la de «acción-reacción», a través de los gobiernos autonómicos que pueden ralentizar los efectos de la «ley Celaá» con una antelación del calendario de matrículas y con el ejercicio de sus competencias educativas, a las que un presidente tan sensible como Sánchez por el hecho autonómico debería respetar.

La gran “fake news” republicana
Editorial larazon 21 Diciembre 2020

Se ha hecho creer que la sociedad española está pidiendo a gritos un cambio de régimen. Es decir, pasar de una Monarquía parlamentaria a una República, abrir un proceso constituyente y dejar atrás –o tirar al basurero de la Historia, como les gusta decir a ese izquierdismo instalado en la zona confortable de la sociedad–, la Carta Magna y el «régimen del 78». Su desconocimiento de lo que ha supuesto esta etapa de cuarenta años, pone los pelos de punta sobre el futuro que nos preparan. Creen, pero sobre todo, quiere hacer creer, que es la mayor demanda, anhelo y tema de conversación que esta Navidad estará encima de las mermadas mesas familiares. Así lo quiere por lo menos que sea el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias que, en un mensaje tan infantil como grotesco, invita a los españoles a debatir esa noche sobre si es ya la hora de dar el golpe definitivo. Está convencido de que la sociedad se siente ya republicana y ha llegado la hora de hablar claro. Esos son sus deseos. La realidad es otra.

Sin duda, el habitual discurso que Felipe VI pronunciará la noche de Navidad tiene este año un significado especial, dadas las circunstancias por las que atraviese Don Juan Carlos, su padre, respecto a la regularizar de su situación con el fisco español y otros asuntos que están en trámite judicial. Sobra decir que en España todos los ciudadanos son iguales ante la Justicia, que sólo hace falta repasar las hemerotecas –no sólo los tuits ociosos y odiosos– para comprobar que cualquiera que infringe la Ley deberá dar cuenta de ello. Si alguien lo sabe y es consciente de su significado como institución es el Jefe del Estado, así que decirlo o no en un discurso no debe ser la parte por la que debe ser juzgado públicamente, otra vez más. Por lo tanto, sobra la retórica y hay que ir a los hechos. Y los hechos son que la frase ya celebre y primonitoria lanzada por Juan Carlos I en alocución de la Navidad de 2011, «la Justicia es igual para todos», se ha cumplido.

Este Gobierno quisiera que Felipe VI se ajustara lo más posible al mensaje subliminal que La Moncloa quisiera imponer, que ellos, también en esto, tienen el control, que hay plena sintonía, para lo bueno y para lo malo. El mayor problema que tiene Felipe VI es su reinado no son los problemas de la Familia Real con la Justicia –ella tendrá la palabra–, sino dos hechos que están marcando toda la complejidad de su mandato. El primero, hacer frente a un golpe contra la legalidad democrática por el independentismo catalán; el segundo, un Gobierno de coalición en el que una parte de él tiene como objetivo liquidar la Monarquía parlamentaria, lo ha puesto ya abiertamente en la mesa, algo que apoyan todos y cada uno de los que han hecho posible la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Estamos ante una gran «fake news»: hacer creer que el cambio de régimen será para el día de Reyes. Puede que le traigan carbón, mucho carbón.

Por qué el ‘progresismo’ perjudica a los más desfavorecidos
Miguel Ángel Belloso okdiario 21 Diciembre 2020

Por si no estábamos del todo enterados, ya sabemos lo que es un “Gobierno progresista” gracias a la ministra comunista de Trabajo, Yolanda Díaz. Es el actual, que sube el sueldo a los privilegiados, y que tiene la intención de elevar el salario mínimo a los que ya disfrutan de un puesto de trabajo, aunque esto impida que los parados en situación más precaria tengan la mínima oportunidad de encontrar un empleo. Así escribe la historia la izquierda, con renglones torcidos. Como es de conocimiento público, los funcionarios gozan de una canonjía inaudita en los tiempos que corren: no pueden ser despedidos salvo que cometan un crimen. Los pensionistas también viajan en primera clase, pues el sistema de reparto actual garantiza que no vean disminuido su poder adquisitivo a costa de los activos, que sufragan unas jubilaciones que no se corresponden actuarialmente con el volumen de las cotizaciones ingresadas, sino que, dada la afortunada longevidad de la mayoría de nuestros padres y ancianos, son muy superiores a su aportación al sistema.

Funcionarios y pensionistas han sido los dos colectivos que han vivido la crisis de rositas mientras miles de empresas han quebrado, centenares de miles de personas están en desempleo y otras tantas todavía en ERTES, la mayoría de las cuales acabará engrosando las cifras del paro. A pesar de esta realidad tan elocuente, y de la recesión más cruenta de todos los países desarrollados, el Gobierno ha decidido elevar un 0,9% tanto el sueldo de los funcionarios como la retribución de los pensionistas, impulsando en ambos colectivos una ganancia de poder adquisitivo, dado el nivel cercano a cero de la inflación. Cualquier alumno de primero de economía diría que esta decisión carece de sentido. ¡Pues estaría equivocado! Estaría equivocado porque todavía no habría podido aprender en qué consiste el ‘progresismo’, que se basa en premiar al instalado y en dificultar al máximo el ascensor social que podría elevar la moral de la tropa parada y sin aliento.

Naturalmente, estos chicos del Gobierno no son tan tontos como para aceptar su maldad intrínseca y señera. Nadie entendería, ha afirmado la comunista Yolanda Díaz, que un “Gobierno progresista” que protege de esta manera tan inicua a funcionarios y a pensionistas no subiera el salario mínimo, que se ha incrementado de manera escandalosa desde 2016, hasta un 45%, y que ahora se sitúa en 950 euros. Los sindicatos, que son los agentes sociales más venenosos del país, quieren aumentarlo hasta mil el año próximo, y el pacto de investidura entre Sánchez e Iglesias contempla empujarlo hasta los 1.200 euros en 2023, si ninguna conjunción astral favorable lo impide. Déjenme que les diga que si salen adelante propuestas de este tipo nos abocarán al desastre más completo y total.

Cualquiera que haya leído hasta aquí podría pensar que soy un salvaje desprovisto de rasgo alguno de humanidad, pero no es cierto. No hay nada más desagradable y desafortunado para una nación que tener un Gobierno ayuno de conocimientos económicos como el nuestro. Un Gobierno que conoce, pero ignora, que los salarios están inmarcesiblemente ligados a la productividad, y que hay mucha gente imposible de emplear por encima de una cierta retribución, a los que una subida del salario mínimo los excluirá forzosamente del mercado de trabajo. Un alza brutal del SMI como la que se aprobó el año pasado, y la que la ministra comunista de Trabajo quiere impulsar para 2021 impactará como un torpedo en la línea de flotación de los sectores más dañados por la pandemia: la hostelería y la restauración, el pequeño comercio y el servicio doméstico. Y además tendrá efectos indeseables sobre los contratados laborales de la administración púbica. Será también incluso más dramática de lo que ha sido hasta la fecha para los trabajadores de la agricultura.

Si alguien piensa que un aumento del salario legal puede tener una sola consecuencia beneficiosa sobre la evolución de la actividad es que no está pensando en términos económicos; es que desconoce por completo el mundo de los negocios; es que está poseído por la ideología y la ciencia ficción. Si alguien cree que el aumento del salario de los elegidos empujará la demanda interna -como sostienen los keynesianos baratos del momento- en lugar de, eventualmente, un ahorro magro, es que no merece ningún tipo de respeto intelectual.

El resultado inevitable de medidas de este tipo es que muchas empresas cerrarán, que es lo mismo que sucederá si toma cuerpo otra de las ideas barajadas por una parte del Ejecutivo como la reducción de la jornada laboral a cuatro días. Parece de sentido común que, si trabajas menos, cobres menos, y que es un desiderátum absurdo considerar que reduciendo la jornada laboral puede aumentar de algún modo la productividad, ni tampoco el empleo. Si esto fuese así, si alguna vez esta clase de teorías delirantes hubieran tenido sentido, hace mucho tiempo que los empresarios las habrían ensayado sin necesidad de ser conminados normativamente a ponerlas en práctica.

Quizá haya sido Joseph Schumpeter el economista que más haya comprendido y divulgado con acierto la labor del empresario, que justamente porque arriesga su patrimonio es el más indicado para saber aquella clase de políticas idóneas, no sólo para su beneficio -que también-, sino para la promoción del desarrollo económico y de los avances sociales. El empresario es el que esencialmente innova, el que así se convierte en el principal impulsor del progreso tecnológico y al que conviene un marco educativo y una legislación laboral lo más propicia para que pueda desplegar su tarea prodigiosa.

En España carecemos de las condiciones para que brille en todo su esplendor la figura del empresario, y así sea capaz de ofrecer todo su poder benefactor. El sistema educativo es pésimo, y va camino de empeorar todavía más con la nueva ley Celaá. Las normas laborales son obsoletas y rígidas, totalmente incompatibles con un mundo donde la competencia es feroz y la innovación que nace de los empresarios choca con la inoperancia administrativa y burocrática. Por eso la empleabilidad de nuestros jóvenes cualificados es menor que en otros países, y así emigran a destinos menos hostiles. Por eso también la empleabilidad de los menos cualificados y de los más jóvenes es ínfima. Todas estas circunstancias desfavorables empeorarán si se sube el salario mínimo, y si ya, en una pirueta digna de un acróbata sin red, se reduce la jornada laboral a cuatro días.

España tiene la tasa de paro juvenil más alta de los 27 países de la Unión Europea. Actualmente es del 40,5 por ciento, el doble que la media. Y el desempleo general es bastante más elevado que el del conjunto de la UE. La historia de nuestro país en este aspecto es tan inquietante como siniestra. Jamás hemos dejado de ser el estado con más desocupados de Europa, ni siquiera en los tiempos de mayor bonanza. Durante las recesiones destruimos puestos de trabajo masivamente; durante las expansiones, los creamos a bastante más ritmo que el resto, pero sin que sea suficiente para quebrar el estigma de tener el desempleo más abultado de los países grandes y desarrollados. La única causa de este fenómeno insólito es que las instituciones del mercado laboral son muy ineficientes. Que no mana la flexibilidad oportuna para que las empresas se adapten a las circunstancias del ciclo, que los costes del despido siguen siendo elevados, que la descentralización de la negociación entre empresarios y trabajadores no es todo lo intensa y fluida que debería, y que el salario mínimo es elevado, impidiendo que las personas más jóvenes y aquellas que tienen menos aptitudes encuentren lo más rápidamente posible acomodo en el mercado laboral legal.

Con motivo de los fondos europeos para combatir la pandemia, Bruselas nos conmina a que aprovechemos las ayudas para reformar de una vez por todas un mercado laboral insano que frena el potencial de crecimiento del país. El Gobierno, sin embargo, se dirige en la dirección contraria. La ministra comunista de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que nadie parece capaz de detener -ni la vicepresidenta Calviño ni tampoco el jefe supremo, el señor Sánchez- está empeñada en derogar parcialmente la reforma laboral del PP, en restar poder a la siempre fructífera negociación bilateral y libre entre empresarios y trabajadores, así como en reforzar el poder arbitrario y secularmente nocivo de las centrales sindicales, que jamás se han preocupado por los desempleados sino por seducir y esclavizar a los que ya tienen un puesto de trabajo, que finalmente son los que le prestan su apoyo espurio.

En castellano decimos que el infierno está empedrado de buenas intenciones para indicar que de nada sirven los grandes propósitos si no van acompañados de las obras valiosas correspondientes. En el caso que nos ocupa, sin embargo, cabría matizar. La ministra Yolanda Díaz está completamente persuadida de que una subida del salario mínimo expulsará del mercado de trabajo a la gente a la que afirma defender. Pero le importa un pimiento. La sigue esgrimiendo porque le parece inherente a un “Gobierno progresista”, convencida de que reforzará un discurso que dará votos a Podemos y que consolidará la estúpida y falaz vis social de este Ejecutivo de coalición nocivo. En castellano también decimos que, así como el infierno puede estar empedrado de intenciones nobles, al cielo sólo van los que hacen buenas obras. Y allí no habrá jamás un comunista. O eso creo.

La disparatada deuda de los dos años de gobierno de Sánchez: 3.142 euros por persona y 168 millones al día
José María Rotellar Libertad Digital 21 Diciembre 2020

Tanto la caída de la actividad como el incremento del gasto y, con él, del déficit y de la deuda, no puede atribuirse en exclusiva a la situación excepcional que se vive derivada del coronavirus.

Un mes más, analizamos la actualización de los datos de deuda de las administraciones públicas que ha publicado el Banco de España, en esta ocasión con los datos referidos a octubre. La deuda, pese a una ligera corrección por vencimientos, no logra bajar de los 1,3 billones de euros. Es lógico que la deuda se mantenga en ese nivel, pues es consecuencia del déficit y mientras éste exista, la deuda aumentará, ya que el endeudamiento es el stock del flujo que resulta ser el saldo presupuestario. La única posibilidad que cabe es que el cociente no crezca, pero para ello debería aumentar más el PIB nominal que el endeudamiento, cosa que no sucederá este año, pues ambos caerán, con lo que la deuda tendrá un comportamiento todavía peor en términos relativos que en términos absolutos, ya pésimo de por sí.

Así, nuevamente, los datos de endeudamiento público, que recoge en sus publicaciones el Banco de España, muestran la tendencia de crecimiento exponencial que ha cobrado la deuda pública española desde que el presidente Sánchez accedió al Gobierno de la nación, tras la moción de censura al presidente Rajoy.

Lo decimos mes tras mes: parece haberse instalado en España la sensación de que el gasto no es un problema, sino que éste se soluciona con impuestos y si la recaudación de éstos no basta, se cubre con deuda. Los gestores políticos no se paran a pensar que la subida de impuestos genera distorsiones en la economía -y, además, cuando los suben lo hacen en los impuestos directos, que son los que más perjudican a la actividad económica y al empleo-. Tampoco quieren caer en la cuenta de que el endeudamiento tiene un límite, que estamos sobrepasando ya de manera muy importante. Nada los frena, pues sólo quieren prometer, en todos los ámbitos, más y más medidas que no nos podemos permitir por la sencilla razón de que el gasto que suponen no lo podemos pagar.

Esa tendencia, que tiene su base en esa presión del gasto que es cada vez mayor en España, sitúa a la economía española en una posición compleja, pese a haberse levantado el veto sobre el presupuesto de la UE y los fondos reembolsables procedentes de Bruselas, ya que si los fondos tardan en recibirse y las iniciativas comienzan a ejecutarse con déficit y deuda, corremos el riesgo de que se aproveche para, después, no amortizar esa deuda provisional y ejecutar gastos adicionales.

Como ya hemos dicho en anteriores artículos, tanto la caída de la actividad como el incremento del gasto y, con él, del déficit y de la deuda, no puede atribuirse en exclusiva a la situación excepcional que se vive derivada del coronavirus. Es obvio que el impacto de la pandemia en la economía es notable, sobre todo porque el Gobierno decidió cerrar completamente la actividad económica por no haber tomado unas precauciones tempranas, como cerrar en enero las fronteras con China, y porque ahora ha abandonado por completo a la economía a su suerte. Ahora bien, antes de la enfermedad, la economía ya se ralentizaba de manera cada vez más intensa y el gasto no dejaba de crecer de forma rápida.

Como hemos venido recordando mes tras mes, con las medidas de los reales decretos de los viernes se comprometió gasto estructural por cerca de 10.000 millones de euros, en lugar de adoptar medidas de austeridad que hubiesen permitido tener una mayor capacidad de maniobra ante un retroceso económico, fuese uno como el presente o de menor intensidad, como se preveía.

La pequeña reducción del cociente de deuda sobre el PIB que se había producido hasta entonces, saltó por los aires. Con una deuda cercana al 100% del PIB pero que había logrado ir descendiendo gracias al impulso del crecimiento económico -pues la deuda en valores absolutos seguía aumentando, al mantenerse las cuentas públicas en déficit cada año- el Gobierno tomó la arriesgada decisión de expandir el gasto de manera temeraria.

Ahora vemos las consecuencias de ello: una deuda creciente, que ha pasado del 97,6% con el que cerró 2018, al 95,5% del cierre de 2019 y que ahora se eleva al 118,10% de octubre de 2020, según los datos de deuda del Banco de España y la previsión de crecimiento del PIB nominal del ministerio de Economía plasmada en el plan presupuestario 2021 enviado a Bruselas el quince de octubre de abril (página 12 del informe).

En dicho cociente, ya está comenzando a operar el efecto negativo tanto en el numerador como en el denominador, pues la deuda aumenta en 117.169 millones de euros entre diciembre de 2019 y octubre de 2020 y el PIB se estima que se reduzca en 139.474 millones de euro de 2019 a 2020.

Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 148.691 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de poco más de nueve trimestres de mandato el incremento sigue estando, pese al ajuste por vencimientos de este mes, en el entorno de los 150.000 millones citados anteriormente.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de dos años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 3.142 euros, casi cuatro veces el incremento del primer año.

O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras algo más de dos años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 168,20 millones de euros cada día.

De esa manera, nos encontramos con un incremento exponencial del gasto, una caída en picado de la recaudación y un descenso notable del PIB. Todo ello, hará que la deuda española se sitúe este año entre el 115% y el 125% del PIB, dependiendo de cuál sea la intensidad final del movimiento de déficit y PIB (el gobernador del Banco de España ha llegado a mencionar que incluso podría alcanzar el 128,7% este ejercicio), siendo factible que supere el 130% en 2021. De hecho, el FMI estima que la deuda cerrará 2020 en el 123% del PIB, para quedarse en el 118,8% en 2025, año que, además, subirá de nuevo sobre 2024.

Urge un ajuste importante que sitúe a nuestra economía en el nivel de gasto que se puede permitir. Nada es gratis y todo se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes, pero esos recursos son finitos y los ciudadanos están ya extenuados, en medio de una grave crisis económica, que reduce aún más su poder adquisitivo. Es imprescindible acometer reformas que nos permitan aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía y que éste sea sostenible, no sostenido artificialmente. O se logra hacer eso o el drama será mucho peor cuando se vea que no se puede afrontar tanto gasto, porque entonces el recorte habrá de ser mucho más intenso. No nos cansaremos de repetirlo mes tras mes, aunque con escaso éxito, como los datos muestran.

Una mayoría aplastante de los catalanes rechaza la inmersión lingüística
Sólo uno de cada diez ciudadanos avala las políticas lingüísticas identitarias de la Generalidad.
Pablo Plnas (Barcelona) Libertad Digital 21 Diciembre 2020

La inmersión lingüística, el modelo de "éxito y consenso" de la enseñanza catalana según la propaganda nacionalista, es rechazado por una aplastante mayoría de ciudadanos de Cataluña, según una encuesta encargada por Sociedad Civil Catalana a la consultora de investigación social y comunicación GAD3. Según el estudio, sólo el 9% de los catalanes avala la inmersión, mientras que el 64% prefería un sistema educativo trilingüe (catalán, español e inglés) y un 21%, bilingüe, en español y catalán al cincuenta por ciento. Además, el 61% está de acuerdo o muy de acuerdo en que los alumnos tengan que realizar una prueba común de nivel de español al final de la ESO

Los resultados abundan en la línea expresada por dos cuentas anteriores realizadas en 2015 y en 2017 y que reproducen una imagen prácticamente estable de la cuestión lingüística en Cataluña tras más de cuatro mil entrevistas.

El trabajo demoscópico apunta también que el 60% de los catalanes considera que "la primera lengua de contacto educativo debería ser la lengua de los padres", derecho amparado por la Unesco que la Generalidad se ha negado a respetar por sistema. Del sondeo se deduce además que la mayoría de los ciudadanos considera insuficiente el blindaje judicial del español en la enseñanza que se infiere de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a dar en español la asignatura de lengua española así como una o dos troncales más hasta completar un 25 por ciento del horario.

La encuesta también revela que un 21,4% de los ciudadanos se han sentido discriminados en Cataluña por razones lingüísticas y que el 81,9% está en contra de que la Generalidad multe a los establecimientos comerciales que no rotulen en catalán.

Sociedad Civil Catalana ha presentado esta encuesta a los grupos políticos del Senado. Al término, el presidente de la entidad constitucionalista, Fernando Sánchez Costa, ha manifestado que "lo que esta encuesta revela es algo tan sencillo como que los catalanes quieren la mejor educación para sus hijos, y saben que eso está muy lejos del sistema de imposición monolingüe blindado por la Generalidad". En cuanto a la ley Celaá, ha destacado que "el Gobierno todavía está a tiempo de escuchar la voz de la ciudadanía catalana y garantizar el carácter vehicular del español".

Sánchez Costa ha comparecido junto a la presidenta de la "Asociación por una Escuela Bilingüe", Ana Losada, quien ha apuntado que la encuesta refuerza la sentencia del TSJC y ha pedido que la Generalidad adopte de inmediato las medidas para cumplir dicho fallo.

Ana Losada: "El TSJC ha puesto una fecha de fin a la expulsión del español en las escuelas"
La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe comenta en esRadio la multitudinaria protesta contra la ley Celaá.
esRadio Libertad Digital 21 Diciembre 2020

Entrevista a Ana Losada Es la Mañana de Federico

El pasado domingo una nueva caravana multitudinaria recorrió las calles de las principales ciudades españolas para protestar por la implantación de la nueva ley de Educación aprobada por el Gobierno y sus socios.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha comentado el impacto de esta manifestaciones, especialmente en Cataluña, y la sentencia del TSJC que reconoce que la Generalidad incumple las sentencias y el ordenamiento jurídico en materia educativa.

Losada ha contado que las manifestaciones tuvieron "una gran afluencia de coches" y en Cataluña también "a pesar de la desmovilización que se extiende en el bando constitucional". Remarcó que "le gente respondió y se fue más animada para casa" y que "el futuro del fin de la inmersión está aquí ya".

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe sin embargo no cree que la administración catalana cumpla esta nueva sentencia del TSJC por su historial de desobediencia a las decisiones judiciales aunque espera que la acaben cumpliendo. Sobre la sentencia ha dicho que "ha puesto una fecha de fin a la expulsión del español en las escuelas" y que "ni la ley Celaá, ni la ministra de Educación, ni ningún Gobierno van a impedir que se cumpla la Constitución en Cataluña y que los alumnos catalanes tengan derecho a estudiar en español y que eso sea efectivo".

Petición a Isabel Celaá
Ana Losada ha pedido a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que "ejerza de ministra" y que "vele por los derechos de todos los catalanes" porque "se va a aprobar una ley que nace con heridas" ya que "una ley de Educación debe generar consenso".

Además, cree que la sentencia del TSJC hace que el Gobierno tenga "pocas salidas" y abrirá la puerta a casos similares "en otras CCAA como Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia". La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe también ha dicho que "nos tendrán que explicar por qué van a aplicar una ley que va en contra de los catalanes y de las sentencias judiciales" y "cuándo van a acabar estos bulos desde el Gobierno de España".

Otro de los asuntos que ha comentado Ana Losada es la encuesta de Sociedad Civil Catalana y que se publicará en fechas próximas cuyos "datos son demoledores" porque "demuestran que los catalanes no queremos inmersión". Esta encuesta "reafirma encuestas anteriores sobre el tema lingüístico en Cataluña" y "es un gran trabajo que llega en el momento adecuado".

George Orwell, rebelión en la pocilga
Jesús Laínz Libertad Digital 21 Diciembre 2020

Sobre algunos libros pende una extraña maldición: todo el mundo los cita pero nadie los ha leído. Uno de ellos es el célebre Homenaje a Cataluña de George Orwell, que muchos suponen una apología de Cataluña e incluso del nacionalismo catalán, aunque el papel de la primera se limite a ser el lugar donde suceden las cuitas del autor y el segundo ni se mencione. Y los homenajeados no son ni Cataluña ni los catalanes, sino los milicianos españoles, ingleses, italianos, belgas y de otras nacionalidades con los que Orwell compartió trinchera en Huesca y tiroteos callejeros en Barcelona. Curiosamente, uno de sus muy escasos comentarios sobre los catalanes trató sobre el desprecio que sentían por los andaluces, a los que consideraban “una raza de semisalvajes”.

A finales de 1936 Orwell viajó a España para informar in situ a la prensa marxista internacional de lo que allí estaba sucediendo. Con una carta de recomendación del ILP (Independent Labour Party), socio británico del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), él y su esposa llegaron a Barcelona en los últimos días de diciembre. Deseoso de sumar esfuerzos para vencer a un fascismo triunfante desde la ascensión al poder de Hitler y Mussolini, una vez en España, y a pesar de su mala salud, decidió alistarse en las milicias que los partidos y sindicatos estaban organizando. Dada su vinculación con el ILP, optó por alistarse en la milicia del POUM, si bien posteriormente admitiría que, de haber tenido una idea más cabal de la situación política del bando republicano, probablemente se hubiese sumado a los anarquistas.

La Barcelona que se encontró era una ciudad sucia, caótica, de edificios adornados con banderas rojas e iglesias incendiadas. El aseo, los buenos modales y la elegancia habían desaparecido. La propaganda cubría las fachadas y atronaba las calles hasta el anochecer. Orwell se mostró encantado de aquel prometedor experimento igualitario destinado a servir de ejemplo al mundo entero. Pero también se encontró con el igualitarismo durante los escasos días de instrucción militar previos a la partida hacia el frente.

La disciplina no existía; si a un hombre no le gustaba una orden, se adelantaba y discutía violentamente con el oficial (…) ¿Cómo demonios podía ganar la guerra un ejército así?

Asistió a las interminables discusiones sobre lo que era y lo que no era permisible en un ejército revolucionario. No había diferencias entre oficiales y soldados, todo se votaba y cualquier intento de jerarquización era tachado de burgués y fascista. En una ocasión, cuando un soldado se dirigió a un teniente llamándolo señor, éste le reprendió por ser todos camaradas. “No creo que esto facilitara su tarea”, anotaría Orwell. Sólo apelando a la lealtad al partido se conseguía poner un poco de orden.

Tras el breve entrenamiento, consistente sobre todo en desfilar por las calles, los milicianos marcharon al frente de Aragón sin saber disparar un fusil. Y lo que allí encontró Orwell, ascendido fulgurantemente a cabo, fue el caos. Cuando en una ocasión ordenó a uno de sus soldados que ocupara un puesto de centinela, el afectado se negó alegando que estaría expuesto al fuego enemigo. Al pretender obligarle por la fuerza, se vio inmediatamente rodeado de hombres furiosos que le gritaban: “¡Fascista, fascista! ¡Déjale en paz! ¡Éste no es un ejército burgués!”.

Dato significativo fue que en las trincheras republicanas no ondeara ninguna bandera tricolor; solamente las rojas comunistas y las rojinegras anarquistas. La única bandera republicana que vio Orwell durante sus cuatro meses en el frente aragonés fue una en las trincheras enemigas, donde evidentemente dominaban las rojigualdas.

Los escasos fusiles eran antiguallas oxidadas, las balas no disparaban y las granadas estallaban en la mano. No había ninguna organización detrás de las líneas: ni baños, ni zonas de despioje ni lugares donde beber un café, y las pocas prostitutas accesibles “eran una fuente de celos”. Lo que sí había era “algunos sodomitas”, entre ellos un quinceañero al que llamaban “el maricón”.

La suciedad y el desorden de los edificios usados por las milicias “parecía constituir uno de los subproductos de la revolución”:

En todos los rincones había pilas de muebles destrozados, monturas rotas, cascos de bronce, vainas de sables y alimentos en putrefacción. Era enorme el desperdicio de comida, en especial de pan. En nuestro barracón se tiraba después de cada comida una canasta llena de pan, hecho lamentable si se piensa que la población civil carecía de él.

Algunos años después, en 1942, confesaría en su artículo Recuerdos de la guerra de España que “la letrina de nuestros barracones desempeñó un papel importante en el desvanecimiento de mis ilusiones sobre la guerra civil española”. Y si los cuarteles y barracones eran un infierno, las trincheras estaban a otro nivel:

La posición tenía un hedor nauseabundo, y fuera del pequeño recinto de la barricada había excrementos por todas partes. Algunos milicianos tenían por costumbre defecar en la trinchera, lo cual no resultaba nada grato cuando había que recorrerla a oscuras.

Luego estaban los hospitales, centros habituales de rapiña. Hasta los camilleros robaban a los heridos que transportaban. Durante su hospitalización por una mano infectada, los practicantes aprovecharon para robarle sus objetos de valor. “Todos robaban en el frente –escribió– como efecto inevitable de la escasez, pero el personal hospitalario era siempre el más ladrón”. Aunque las medicinas y los equipos no solían faltar, el pésimo transporte, la desorganización y la inexperiencia de las enfermeras –muy escasas debido a la ausencia de las monjas que se ocupaban tradicionalmente de esas labores– provocaron que murieran miles de soldados que habrían podido sanar con unos cuidados básicos. Y la cirugía no se practicaba siempre en condiciones adecuadas:

Mientras esperaba a que me examinaran, en la sala de cirugía se llevaba a cabo alguna espantosa operación sin anestesia, por motivos que ignoro. La operación se prolongó muchísimo, los alaridos se sucedían y, cuando entré allí, había sillas tiradas por el suelo y charcos de orina y sangre por todas partes.

Pero lo que tuvo consecuencias más graves para el desarrollo de la guerra fue la división reinante en el bando republicano. Orwell pudo comprobar sus desastrosos efectos:

Señalaron la posición situada a nuestra izquierda diciendo: –Aquéllos son los socialistas (refiriéndose a los del PSUC). Me sentí desconcertado y pregunté: –¿Acaso no somos todos socialistas? Me pareció una idiotez que hombres que se jugaban la vida por igual tuvieran partidos distintos. Mi actitud siempre fue: –¿Por qué no dejamos de lado todas esas tonterías políticas y seguimos adelante con la guerra?

La división llegó al extremo de que las armas soviéticas que iban llegando fuesen repartidas sólo entre los comunistas, dejando al margen a sus supuestos aliados:

He descrito ya la forma en que estábamos armados, o desarmados, en el frente de Aragón. Casi no cabe duda de que las armas fueron deliberadamente retenidas a fin de que los anarquistas no contaran con demasiado poder en ese aspecto, pues podrían usarlo más tarde con un propósito revolucionario; en consecuencia, la gran ofensiva de Aragón, que hubiera alejado a Franco de Bilbao y posiblemente de Madrid, nunca tuvo lugar.

Transcurridos tres meses en el frente, Orwell regresó a Barcelona de permiso a finales de abril. El ambiente con el que se encontró era distinto del de enero: si bien los de la CNT y los de la UGT venían matándose desde meses atrás, seguían agravándose las tensiones entre anarquistas y poumistas por un lado y el estalinista PSUC por otro. El debate ideológico entre los trotskistas y los estalinistas era secundario frente a la cuestión táctica: los primeros consideraban que la guerra y la revolución social debían ser inseparables y simultáneas; los segundos, apoyados por la URSS y el Gobierno de Valencia, pretendían aplazar la revolución hasta que se ganase la guerra.

La lucha inflamaba periódicos, carteles, panfletos y emisoras de radio. Los anarquistas y los poumistas consideraban que los comunistas del PSUC eran unos derechistas contrarrevolucionarios, mientras que éstos acusaban a aquéllos de ser agentes a sueldo de Franco y Hitler para sabotear el esfuerzo de guerra republicano:

Decían de nosotros que éramos trotskistas, fascistas, traidores, asesinos, cobardes, espías y cosas por el estilo (…) Uno de los rasgos más repugnantes de la guerra es que toda la propaganda bélica, todos los gritos y las mentiras y el odio provienen siempre de quienes no luchan (…) Los individuos que escribían panfletos contra nosotros y nos insultaban en los periódicos permanecían seguros en sus casas o, en el peor de los casos, en las oficinas periodísticas de Valencia, a cientos de kilómetros de las balas y el barro.

Lo mismo denunciaría, ya regresado a Inglaterra, en una carta enviada a la Left Review sobre un escrito de intelectuales marxistas apoyando a los republicanos españoles:

¿Quiere hacer el favor de dejar de enviarme esta maldita basura? Yo no soy uno de esos mariquitas modernos suyos, como Auden y Spender; yo estuve seis meses en España, la mayor parte del tiempo combatiendo, tengo un agujero de bala en el cuerpo y no me voy a poner a escribir tonterías sobre la defensa de la democracia (…) Y dígale a ese mariquita de Spender amigo suyo que estoy conservando ejemplares de sus poemas heroicos sobre la guerra y que cuando llegue el momento en que se muera de vergüenza por haberlos escrito, como se mueren de vergüenza ahora los que escribieron propaganda bélica en la Gran Guerra, se los restregaré con ganas por las narices.

El 3 de mayo el Gobierno decidió arrebatar la central barcelonesa de la Telefónica a unos anarquistas que permitían o interceptaban a voluntad las comunicaciones, incluidas las del Gobierno y la Generalidad. Aquella fue la chispa que prendió una lucha de todos contra todos que duró una semana y que acabó provocando varios cientos de muertos y varios miles de heridos. Así resumió Orwell lo vivido aquellos días:

Permanentemente se tenía la estremecedora sensación de que uno podía ser denunciado a la policía secreta por quien hasta entonces había sido un amigo. La larga pesadilla de la lucha, el estrépito, la falta de comida y de sueño, la mezcla de tensión y aburrimiento de las horas pasadas en la azotea preguntándome si al minuto siguiente recibiría un balazo o me vería obligado a disparar, me habían destrozado los nervios (...) Nadie que haya vivido en Barcelona entonces o en los meses posteriores olvidará la agobiante atmósfera creada por el miedo, la sospecha, el odio, la censura periodística, las cárceles abarrotadas, las enormes colas para conseguir alimentos y las patrullas de hombres armados.

Tres días después de las luchas de Barcelona regresó al frente, donde no tardaría en recibir un disparo en la garganta que no alcanzó la carótida por un milímetro y que estuvo a punto de privarle de la voz para el resto de su vida. Conseguido el certificado médico de inutilidad, decidió regresar a Inglaterra.

Pero todavía le faltaba mucho por ver. El 15 de junio el POUM fue declarado ilegal por el nuevo Gobierno de Negrín bajo la acusación de estar a sueldo de los fascistas. La policía confiscó sus oficinas y arrestó a todos los que habían tenido vinculación con él, incluidos heridos graves que fueron sacados de los hospitales. Si no los encontraba, la policía detenía a la esposa como rehén. Su máximo dirigente, Andrés Nin, murió despellejado por agentes soviéticos. Avisado a tiempo por su esposa, Orwell huyó y tuvo que dormir en las ruinas de una iglesia incendiada:

No importaba lo que hubiera hecho. No era una redada corriente de delincuentes, sino el reinado absoluto del terror. Yo no era culpable de ningún acto definido, pero sí de trotskismo (…) Era inútil aferrarse a la idea inglesa de que uno está a salvo mientras cumpla la ley. En la práctica, la ley era la voluntad de la policía.

Respecto a las cárceles republicanas, comparables según Orwell a las mazmorras inglesas del siglo XVIII, en ellas murieron muchos detenidos, incomunicados, sin juicio, amontonados en celdas sin espacio para tumbarse, nadando en sus excrementos, comiendo bazofia y sin ver el sol durante meses: “No estoy exagerando; cualquier sospechoso político que haya estado encarcelado en España podrá confirmar lo que digo”.

Hartos de su experiencia española, los Orwell consiguieron cruzar los Pirineos:

Experimentaba un deseo abrumador de alejarme de todo, de la horrible atmósfera de sospecha y odio político, de las calles llenas de hombres armados, de ataques aéreos, trincheras, ametralladoras, tranvías chirriantes, té sin leche, comida grasosa y escasez de cigarrillos: casi todo lo que había aprendido a asociar con España.

Ya en casa, Orwell intentó explicar su experiencia a los izquierdistas ingleses, pues, según él, seguían engañados por la propaganda de unos comunistas que habían vencido provisionalmente en la lucha intestina pero que no tardarían en perder la guerra:

Desde hace algún tiempo, un régimen de terror –la supresión forzosa de los partidos, la censura asfixiante de la prensa, el espionaje incesante y los encarcelamientos masivos sin juicio previo– ha ido imponiéndose. Cuando dejé Barcelona a finales de junio, las prisiones estaban atestadas; de hecho, las cárceles estaban desbordadas desde hacía mucho y los prisioneros se apiñaban en cualquier otro cuchitril provisional que pudiera encontrarse para ellos (…) Si tuve que esquivar las ametralladoras comunistas en los tumultos de Barcelona, si finalmente tuve que huir de España con la policía pisándome los talones, todo eso me ocurrió porque pertenecía a la milicia del POUM y no a la del PSUC.

El eco de la purga comunista en España acabaría inmortalizado en su celebérrima Rebelión en la granja, fábula destinada a avisar sobre cuán fácilmente “la propaganda totalitaria puede controlar la opinión de la gente en países democráticos” y sobre cómo ese tipo de revoluciones siempre acaba desembocando en la sustitución de unos tiranos por otros:

Al regresar de España en 1937, se me ocurrió desvelar el mito soviético con una historia que pudiese ser fácilmente traducida y fácilmente comprendida por cualquiera.

Ésta fue la aventura española de George Orwell, que vino a España para luchar contra Franco junto a sus camaradas comunistas y que tuvo que salir corriendo para no ser asesinado, no por Franco, sino por sus camaradas comunistas.


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Calzonazos
Alfonso Ussía gaceta.es 21 Diciembre 2020

Si en el futuro se vuelven a celebrar elecciones libres en España, y si se diera el milagro de que los partidos constitucionalistas, no socialistas, no comunistas, no separatistas y no terroristas, sumaran los escaños suficientes para gobernar, durante sus primeros meses tendrían que encargarse de enviar a la basura una gran parte de las leyes que han aprobado los indeseables antiespañoles que hoy nos gobiernan.

De la indignación, paso al chisme.

En Comillas, tomé una copa con un hombre de media edad, simpático, y entretenido. Fue vecino de los Sánchez hasta que éstos, con gran dolor de su corazón, se vieron obligados a instalarse en La Moncloa, o en La Mareta, o en las Marismillas de Doñana o en los Quintos de Mora. Vecinos de muchos años. Y no me resistí a la curiosidad. Para mí, Sánchez no es otra cosa que una nube infectada que divide y separa a los españoles, en tanto que mi recién conocido tenía la experiencia de la vecindad, eso tan importante. No detallo ni su voz, ni su estatura, ni su aspecto, porque le caerían todas las inspecciones de Hacienda y le rondaría más de un susto imprevisto. Me dijo que Sánchez era fatuo, prepotente, ineducado, antipático y vanidoso. No se molestaba en responder al saludo de sus escoltas – Secretario General del PSOE-, y apenas a los “buenos días” de sus inmediatos vecinos. – Un imbécil-, le dije; –un imbécil-, me ratificó-. Pero siguió con su análisis. –Debajo de esa soberbia y esa fatuidad, vive un calzonazos. Porque Sánchez, es un perrito faldero al lado de ella. Un calzonazos de chiste, de sal gorda. La ambición de ella es desmedida, y todo lo que hace, o lo que ha hecho, o lo que hará tiene su origen en ella, socialmente acomplejada por los negocios paternos y con unos ademanes y gestos propios de un … -¿De un qué? –Pues eso, de un…

Vamos a dejarlo-.

A partir de ese momento, he comprendido muchas cosas y aclarado multitud de detalles. Ella manda, ella ordena, ella establece la estrategia, ella se lleva divinamente con Iglesias y Montero, y él obedece hasta la extenuación del sometimiento. Para ella no existe España ni su futuro, sino ella y el futuro de los suyos. Y él, que tiene la altura ética y moral de un piojo de Stauffer – el piojo de Stauffer, muy habitual en los suburbios de Teherán, y profundamente estudiado por el difunto Profesor Stauffer-, es el más pequeño de los piojos registrados hasta el momento, si bien bien existe una controversia con los partidarios del piojo de Graminet, que es tan minúsculo anatómicamente, que nadie, ni Graminet, lo ha conseguido ver desde su dudoso descubrimiento.

Cualquier cosa se puede esperar de un político calzonazos. Que se apruebe una Ley brutal que abre la ventana del asesinato, como la ley de la eutanasia. Que los padres no tengan opción a elegir la educación de sus hijos, que el Gobierno apruebe los presupuestos con el voto del terrorismo etarra, que nadie controle el derroche de gastos superfluos del calzonazos, la esposa del calzonazos, los familiares del calzonazos y los amigos del calzonazos. Que se ponga en juego la independencia del poder judicial, pilar fundamental de toda democracia. Que se defienda a las tiranías comunistas desde el cinismo del camuflaje europeo. Que se mienta hasta la hartura de la mentira. Que se oculten datos de los muertos por el Covid-19, muchos de ellos como consecuencia de una nefasta y malintencionada gestión. Que se premie a los separatistas catalanes mientras se ataca a la Comunidad de Madrid, brillantemente gobernada. Que se insulte en todos los medios de comunicación escritos y audiovisuales a los políticos de Vox, que no han hecho otra cosa que actuar de acuerdo a fundamentos constitucionales, y se omita la perversidad del acuerdo con los asesinos etarras. Que en España decenas de miles de empresarios se hayan visto obligados a cerrar sus negocios. Que decenas de miles de inmigrantes vivan a costa de los españoles mientras los españoles no perciben nada. No se pueden relacionar las barbaridades, idioteces y leyes de este Gobierno si no es desde el estupor ante la estupidez y la desvergüenza del cinismo. Sánchez no manda. Mandan ella e Iglesias.

Ahora me darán la razón viejos amigos comunes aficionados a la adulación ante el dinero, de mi indignación cuando un buen empresario que nada necesita le contrató a ella para gozar de los favores de los traidores a España. Sánchez acomodó a Iglesias en el Gobierno, al comunismo putrefacto, porque ella se lo recomendó. No creo faltar al respeto si afirmo que ella no reúne las condiciones para gobernar España. Lo malo es que gobierna a quien está al frente del Gobierno. Y átenme a esa mosca por el rabo.

Usted, señor ministro, es un enemigo de la libertad
Mikel Buesa Libertad Digital 21 Diciembre 2020

Si tuviese que transcribir aquí la retahíla de insultos contra su persona que han escrito mis amigos y conocidos cuando les informé de que usted, señor ministro del Interior, ha premiado por segunda vez a los asesinos de mi hermano Fernando Buesa, no tendría espacio suficiente en este artículo para hacerlo.

Porque, en efecto, usted le sacó del módulo de cumplimiento del primer grado penitenciario, para hacerle la vida más cómoda, a ese asesino en serie llamado Francisco Javier García Gaztelu —una de cuyas múltiples hazañas, al parecer tan admiradas en su oficina, fue la de ordenar, como jefe de ETA, la muerte de mi hermano— y ahora ha ascendido al segundo grado, con traslado incluido a una cárcel cercana al País Vasco, a Luís Mariñelarena —el ejecutor material de ese mandato, haciendo estallar el coche bomba que dejó desmembrado su cadáver y que también mató al ertzaina Jorge Díez Elorza—. Y porque, además, para más inri, tiene usted, señor ministro, la desfachatez de ordenar a su servicio de prensa la difusión de un embuste, para mí tan notorio y ofensivo, como el de que el tal Mariñelarena "rechaza la violencia, reconoce el dolor y sufrimiento causado a las víctimas y se compromete con su reparación".

Sólo por esta falacia merecería usted que yo, tomándome la libertad de usar las mismas palabras que empleó hace más de tres lustros el gran dramaturgo español Albert Boadella para responder al agravio que le infligió el alcalde de Bellpuig, le dijera "sin hostilidad ni ironía, pero con serenidad y también con íntima satisfacción: váyase concretamente a la mierda". Pero no lo haré, como tampoco enunciaré la referida sarta de insultos que mis allegados han formulado—aunque todos ellos sean merecidos— porque no quisiera involucrar al medio que me acoge en una querella por injurias interpuesta por una persona de tan baja ralea como la suya. Dese usted por merecidamente calificado por quienes conocen las palabras más soeces del diccionario.

Por mi parte añadiré, señor Grande Marlasca, que es usted un enemigo de la libertad y que su política huele peor que la "gusanera del escroto de Lutero" —como diría el jerarca católico que, en su momento, en La caza salvaje, citó Jon Juaristi para adjetivar a otro individuo de su misma condición—. Un traidor a su patria y, sobre todo, a las ideas que lo encumbraron. Porque, sepa usted, que a quienes ahora desprecia —a las víctimas de quienes usted lleva todo su mandato promocionando al ejercer su autoridad carcelaria, olvidando y dando por válido su pasado criminal en una organización terrorista como ETA— fueron luchadores por la Libertad —esa libertad que hay que escribir con mayúscula porque encarna el valor más acendrado, el más profundo y apreciado por los seres humanos, por encima de todos los demás valores—. Desde luego, mi hermano lo fue porque, como reza el epitafio que enaltece su memoria, "defendió la libertad de todos con la palabra"; y con él, otros muchos a los que se les arrebató la vida porque no quisieron doblegarse ante el totalitarismo violento de sus asesinos.

Sí, verdaderamente es usted un enemigo de la Libertad cuando excusa a éstos de asumir, olvidando el Derecho, el alcance penal de las consecuencias de sus actos; cuando por espurios intereses políticos los cubre con un manto de mentira y olvido; cuando deja abandonados a su suerte, desamparados de la justicia y la razón, a los deudos que aún lloran por las vidas arrebatadas, por la indiferencia y el desprecio ante el sufrimiento de los muertos. Como enemigo de la Libertad será usted reconocido por la Historia de este país nuestro, tan sufrido y tan vilipendiado por gobernantes que, como usted, en la búsqueda de su medro personal, pierden la rectitud y el sentido de la decencia.


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