AGLI Recortes de Prensa   Martes 22  Diciembre  2020

Pedro Sánchez es un peligro para la salud de los españoles
OKDIARIO 22 Diciembre 2020

La inexplicable tardanza del Gobierno socialcomunista en adoptar medidas tras la decisión del Ejecutivo británico de cerrar Londres a causa de la existencia de una nueva cepa del coronavirus, mucho más contagiosa, es sencillamente inexplicable, aunque por desgracia es la tónica general de un Gobierno que ya por el mes de marzo, cuando los contagios se desataban en China o Italia, no hizo nada por evitar los vuelos procedentes de esas naciones.

Mientras un gran número de países de la UE y de otras partes del mundo adoptaban medidas de urgencia, Pedro Sánchez perdía lastimosamente el tiempo. En el tiempo que Sánchez ha tardado en adoptar una decisión han llegado a España entre 600 y 700 vuelos procedentes del Reino Unido, lo que significa que 120.000 personas entraron en nuestro país sin que, en la mayoría de los casos, se las sometiera -lo denuncian los propios viajeros- al más mínimo control.

Cierto es que el Gobierno, a regañadientes, aceptó tarde y mal la propuesta de Isabel Díaz Ayuso de solicitar pruebas PCR a quienes entraran en Barajas, pero no lo es menos que apenas se ha requerido a los pasajeros que las mostraran al llegar. Sólo ahora, dos días después, el Gobierno dice que va a intensificar las medidas de control para los españoles y residentes que viajen desde el Reino Unido. A buenas horas. Cada vez que hay que adoptar una medida urgente en función de las circunstancias, el Gobierno se pone de canto y reclama a la UE unidad de acción, pero el resto de naciones comunitarias reacciona de inmediato y deja a España como la última de las fila. La situación es más grave aún si se tiene en cuenta que España se convirtió desde el sábado por la tarde en la puerta de entrada de miles de personas que, ante la imposibilidad de volar desde Londres a sus naciones de origen, eligieron como destino Madrid para, desde aquí, viajar a sus respectivos países.

En suma, la incapacidad en estado puro. El Gobierno de Sánchez perjudica seriamente la salud.

El endeudamiento masivo de Sánchez e Iglesias
EDITORIAL Libertad Digital 22 Diciembre 2020

La nociva herencia dejada por Zapatero no va a ser nada comparada con la de Sánchez e Iglesias.

Está visto que no hay límites para el deterioro: si el falsamente austero de Mariano Rajoy logró desbancar al ciertamente manirroto de José Luis Rodríguez Zapatero como el Gobierno que más endeudó a los españoles en menos tiempo, el social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acaba de obtener el dudoso honor de ser el Ejecutivo bajo el cual España ha incrementado más su deuda pública.

Y es que, por mucho que el Gobierno saque pecho por que España haya colocado por primera vez deuda pública a 10 años con tipos de interés negativos, así como por el ínfimo descenso de la deuda en octubre –sólo 2.057 millones de euros respecto a septiembre–, lo cierto es que la deuda se ha incrementado en estos dos años a razón de 168 millones de euros al día, lo que implica un incremento per cápita de 3.142 euros.

Así las cosas, que la deuda pública española no sufra prima de riesgo alguna no es mérito de este Ejecutivo sino fruto, en primer lugar, de la preferencia de los inversores, en estos tiempos de incertidumbre, por la seguridad de la deuda soberana de unos Estados con capacidad de extraer dinero coactivamente a sus ciudadanos a través de los impuestos; y, sobre todo, del aval que –por ahora– están brindando nuestros socios europeos más solventes a nuestras emisiones de deuda. Ahora bien, nada garantiza que esas dos circunstancias no cambien abruptamente en el mismo momento en que nuestros socios se cansen de ver cómo su aval no tiene como contrapartida la adopción de políticas de ajuste, sino que tan sólo sirve para que el Ejecutivo social-comunista siga gastando sin límite. No en vano, lo que ya debería encender todas las alarmas es que el Estado español debe 1.308.085 millones de euros, el 114,10% del PIB, 27.636 euros por habitante, losa que aún será mayor a finales del año, según todos los analistas.

Téngase en cuenta, además, que a la nula eficiencia que caracteriza a socialistas y comunistas a la hora de gestionar el dinero del contribuyente se suma una pulsión ideológica que denigra como vicio lo que tanto en el ámbito público como en el privado es siempre una virtud: la austeridad. Socialistas y comunistas consideran, por el contrario, que el mejor Gobierno es el que más gasta, y tratan de hacer del Estado no un sostén coyuntural para los que sufren un revés como el desempleo o la enfermedad, sino una fuente permanente de trabajo y subsidios, de bienes y servicios gratuitos. El desaforado endeudamiento español no obedece únicamente a los inevitables efectos de una crisis sanitaria como la del coronavirus, sino a la incompetencia de la banda de Sánchez e Iglesias y a su apuesta por que la crisis sirva de ariete para que el Estado desplace lo más posible de la economía a la sociedad civil y al mercado.

Ante semejante panorama, sólo la pertenencia al euro y una mayor exigencia de nuestros socios comunitarios como contrapartida a sus ayudas financieras pueden sacarnos de esta senda de servidumbre y endeudamiento desaforado, que indefectiblemente nos lleva a la bancarrota o a la Venezuela de Maduro. La nociva herencia dejada por Zapatero no va a ser nada comparada con la de Sánchez e Iglesias.

La peligrosa tentación del incremento del gasto público
José María Rotellar okdiario 22 Diciembre 2020

Nos encontramos en un momento económico muy complicado derivado de la vertiente económica de la crisis provocada por el coronavirus. El Gobierno no adoptó medidas tempranas, como habría sido el cierre de fronteras con China en enero, por ejemplo, además de otras medidas suaves, para evitar, así, un contagio exponencial, que habría permitido no tener que tomar después las duras medidas que han hundido la economía al decretar su cierre productivo en marzo.

Una vez paralizada la actividad económica, comenzaron a diseñarse planes de actuación que paliasen la caída y tratasen de sostener la actividad y el empleo. Todo ello supone gasto -no el de los avales para la financiación siempre que no necesiten ser ejecutados por fallar el avalado, aunque riesgo alto de ejecución, en las actuales circunstancias, hay; de hecho, si no se hubiese prorrogado la carencia de principal, ya habrían empezado a fallar muchos de esos préstamos-, que tensa el déficit. Adicionalmente, sólo el juego de los estabilizadores automáticos, que incrementa el gasto por aumentar el número de prestaciones por desempleo y disminuye los ingresos por la menor recaudación derivada de la pérdida de actividad, impacta de manera muy importante en el saldo presupuestario, agrandando el déficit.

Todo ello, nos lleva a una situación que en 2020 dibuja un déficit cercano al 14% del PIB, como estiman el conjunto de organismos nacionales e internacionales, como son el Banco de España, la AIReF, la Comisión Europea o la OCDE, entre otros, con una estimación de desequilibrio en las cuentas públicas de entre el 5% y el 8% en 2021.

Pues bien, lo peligroso de todo ello es la tentación de incremento de gasto público que tienen todas las administraciones al estar suspendido el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. El Gobierno, con la lluvia de millones que espera recibir de los fondos europeos, anota gasto y gasto en sus presupuestos, hasta 27.000 millones en 2021, cuando no llegarán hasta el último trimestre, con difícil grado de ejecución o con la puesta en marcha a cuenta de más deuda, aunque sea temporal.

Del mismo modo, ha tratado de regar a las CCAA con un fondo equivalente a 1,1 puntos porcentuales de PIB, dejándoles la posibilidad de endeudarse por otro 1,1% más. Cada punto de PIB son 11.000 millones de euros, en números redondos, que van a engrosar la deuda española, con independencia del nivel de la administración en el que se coloque el gasto y el endeudamiento.

De ese modo, no sólo el Gobierno de la nación va a tener la tentación de gastar más, que ya lo hace, sino que las CCAA, con unos ingresos inflados artificialmente tanto en 2020 como en 2021 -que tendrán que devolver de manera millonaria en las liquidaciones de 2022 y 2023, que al ser años cercanos a las elecciones, podemos esperarnos lo peor-, pueden también gastar más de lo que necesitan, bien porque algunos son de tendencia natural al gasto, bien porque otros, los menos, tienen miedo de que les pueda sobrar el dinero y cerrar con superávit en un año azotado por la pandemia.

Los primeros, deberían dejar de criticar las bajadas de impuestos y, al mismo tiempo, acabar con el derroche de fondos del contribuyente al que nos tienen acostumbrados. Los segundos, deberían armarse de valor y, si les sobra dinero, cerrar con superávit y amortizar deuda, que no nos vendría nada mal. A estos últimos los van a criticar políticamente hagan lo que hagan, así que, por lo menos, que sea por hacer las cosas bien.

Por su parte, los ayuntamientos tampoco deberían querer tener tanto margen para poder gastar sus remanentes, porque es crear un gasto estructural donde no lo hay, que puede ser muy nocivo a futuro.

No se puede generar más gasto, y menos estructural, porque la economía española no soporta mucho más endeudamiento, pese al paraguas de la eurozona y del BCE, que, obviamente, no iban a dejar que España colapsase, pero que si España se endeudase tanto que pudiese suponer un riesgo para la estabilidad del euro, no dudarían en intervenirla e imponerle recortes muy duros, los cuales se pueden evitar si quienes gobiernan son responsables y sensatos.

Yo, desde luego, si estuviese en la posición de quienes administran el dinero del contribuyente y después de haber atendido todas las necesidades extraordinarias de esta pandemia me sobrase un remanente, cerraría el ejercicio con superávit y amortizaría deuda. Es cierto que al dirigente que haga esto pueden criticarlo políticamente en el corto plazo, pero, insisto, más vale recibir esa crítica política momentánea y hacer las cosas bien, que tratar de evitar la crítica ahora, que, en cualquier caso, llegará, y ser parte de la generación de un problema de deuda mucho mayor.

España debe iniciar, a todos los niveles, un exhaustivo programa de ajustes, dirigido por el diseño de una austeridad inteligente, que si la hacemos nosotros podrá permitir equilibrar las cuentas, crecer con fuerza, recuperar el empleo y salvar gastos esenciales, como las pensiones, pero que si, por no hacer las cosas bien y seguir aumentando el gasto, déficit y deuda, tiene que ser la Comisión Europea la que diga dónde ajustar, entonces sí que habrá recortes duros, por ser todavía peor la situación, en elementos muy sensibles.

No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. La responsabilidad debería imperar, máxime ahora que los políticos pueden aprovechar que no hay un calendario electoral cercano, lo que debería ahuyentar la tentación política de querer ofrecer medidas electorales de gasto a los votantes. Por su parte, la sociedad debería entender definitivamente que nada es gratis, que cada vez que un político anuncia un gasto, está anunciado, simultáneamente, mayor deuda y mayores impuestos, y que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, o pasaremos, si no se corrige, a vivir mucho peor.

Sólo el gasto necesario, nada estructural adicional, eliminar trabas, no subir los impuestos y llevar a cabo un control riguroso para que no se gaste ni un céntimo más de lo que se necesite. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener nuestra economía a flote en el medio y largo plazo.

Sánchez y la epidemia: una mezcla de caos, negligencia, falsedades y errores
ESdiario 22 Diciembre 2020

Por tercera vez desde marzo, las decisiones del Gobierno o la falta de ellas disparan los estragos de la pandemia y elevan el sufrimiento sanitario y económico, ya insoportable.

La tardanza del Gobierno en suspender los vueltos con el Reino Unido, 24 horas más tarde que la mayoría de los países de Europa, resume en enésimo caos generado por Sánchez en la gestión de la pandemia, jalonado de episodios sonrojantes de olvidos, errores, negligencias y falsedades.

Solo la facilidad con que Moncloa encuentra aliados mediáticos para esconder sus patinazos y sobredimensionar los de otros dirigentes, aunque sean infinitamente menores, explica la tranquilidad con que el Ejecutivo se salva de sus estrepitosos patinazos y sus insoportables mentiras, iniciadas en marzo, continuadas en verano y rematadas este invierno.

Al comienzo, desoyó todas las alertas internacionales, aumentando los riesgos y provocando la extensión del contagio por su negativa a suspender eventos de multitudes o el mantenimiento de las fronteras terrestres y aéreas. Después, dio por vencido al virus y alimentó una reducción de las medidas de seguridad mientras el virus volvía a desatarse.

Y finalmente, ha provocado una confusión mayúscula con su indiferencia en la "tercera ola", saldada con puzzle de medidas navideñas en cada Autonomía; un retardo inaceptable en el control de los aeropuertos y una sensación de improvisación y ocultismo en la inminente distribución de la ansiada vacuna.

Sobre esto, cabe lamentar que a solo cinco días de comenzar con la campaña, no se sepa el calendario global, no esté claro quiénes y dónde van a recibirla y qué papel han de jugar las Comunidades; responsables de las medidas más impopulares pero ajenas a las positivas, monopolizadas siempre por Sánchez.

El virus, obviamente, es una amenaza global. Pero sus estragos son distintos en función de la diligencia de los gobernantes de cada país. Y por mucho que los terminales oficiales de Moncloa quieran difundir la idea de que el impacto es similar en todos los sitios, lo cierto con las cifras en la mano es que en España ha tenido y tiene unas consecuencias sanitarias y económicas desproporcionadas.

Que Sánchez decrete un estado de alarma para preservarse un control absoluto de todo y, a la vez, señale siempre a Europa o a las Comunidades como responsables de las decisiones; define su gestión y resume sus prioridades, que siempre empiezan y terminan atendiendo a sus intereses políticos y personales.

Con una ristra de resoluciones en su contra del Consejo de Transparencia por la inaceptable opacidad y otra de demandas y querellas que el Tribunal Supremo ha ordenado investigar en distintos juzgados ordinarios; la trayectoria de Sánchez en este asunto se puede sintetizar como una mezcla de fracaso y escándalo por la que algún día, es de justicia, tendrá que dar explicaciones y asumir responsabilidades.

Los hijos tontos
José García Domínguez Libertad Digital 22 Diciembre 2020

Aquí, en España, país con un enorme apego a la tradición, la costumbre cada vez que gana las elecciones el Partido Popular pasa por subirse a un barril de cerveza para gritar a capela que vuelven Franco, el fascismo y el 18 de Julio. A sensu contrario, cuando el que se impone es el PSOE, el hábito consiste en anunciar el retorno muy inminente del Frente Popular. Pero, por mucho que uno espere, nunca vuelve Franco, ni tampoco el Cojo de Málaga, las JONS, la quema de conventos o el aceite de ricino para los desafectos. El único que vuelve, ese sí, cada vez que hay un cambio de Gobierno es don Benito Pérez Galdós con sus cesantes y sus enchufados en los ministerios de Madrid. Lo que siempre vuelve es Miau, novelita escrita hace un siglo donde se describe con precisión milimétrica como la Administración del siglo XXI sigue pareciéndose a la de los tiempos de don Benito el Garbancero.

Así, acuso recibo hoy por la prensa de mi nueva provincia, Pontevedra, de que el Gobierno ha camuflado una dotación en los PGE de 2021 para costear el salario de los 1.212 asesores externos necesarios a fin de que pueda funcionar un Estado que cuenta con 2.595.575 empleados en su plantilla de trabajadores fijos. Asesores externos, los de Sánchez e Iglesias, entre los cuales 114 solo poseen, leo, una titulación académica equivalente al certificado de estudios primarios o al graduado escolar. Asunto que revela una muy interesante correlación estadística positiva entre el nivel de analfabetismo del asesor y la confianza creciente que esa ignorancia tan documentalmente acreditada genera en el asesorado. Una predisposición, la de contratar a analfabetos y analfabetas como orientadores de las más altas instancias del Estado, ya se trate del hijo tonto, del sobrino tarambana o del cuñado arruinado, en la que, como en tantas otras cosas, nuestra izquierda y nuestra derecha demuestran ser exactamente iguales. He ahí, sin necesidad de hurgar más hondo y tal como consta en las hemerotecas, que Mariano Rajoy también tuvo a sus propios analfabetos y analfabetas de confianza en Moncloa; en concreto, 67 asesores personales suyos no disponían de titulación superior al graduado escolar. Ah, los hijos tontos.

Azaña, Sánchez y Felipe VI
Jaime Ignacio del Burgo okdiario 22 Diciembre 2020

Un inoportuno e infortunado confinamiento provocado por el coronavirus tiene retenido a Pedro Sánchez en la Moncloa. Esto le privó del honor de acompañar el pasado 17 de diciembre al Rey Felipe VI al acto de inauguración en la Biblioteca Nacional de una exposición en memoria de Manuel Azaña, “intelectual y estadista”, último presidente de la II República, con motivo de los 80 años de su fallecimiento en el exilio.

Podría entenderse que la presencia del Rey en este acto forma parte de la campaña de promoción de la república que de forma grosera, agresiva y aun calumniosa desarrolla el partido de la cogobernanza con el PSOE y consiente el presidente. Pero si se tiene en cuenta que el 24 de febrero de 2019 el propio Sánchez, tras depositar una corona de flores con los colores de la bandera española en la tumba del que fuera presidente republicano, dijo que «la Constitución restauró los valores de la república de Azaña», la presencia del Rey no sólo no supone ninguna humillación, sino que demuestra su plena legitimidad como Jefe de un Estado democrático cuya forma política es la Monarquía parlamentaria.

En su viaje a Montauban (Francia), Sánchez recordó el discurso de Azaña en el Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio de 1936 y leyó su pasaje más famoso:»Es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordaran, si alguna vez les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres, que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón».

Se dice que Azaña quiso hacer un dramático llamamiento para la terminación negociada de la guerra bajo los tres principios invocados. No fue así. Azaña no habla del presente. Se dirige a las generaciones futuras (“cuando la antorcha pase a otras manos”) para advertirles de que, si alguna vez los españoles se dejan llevar por la ira, la intolerancia, el odio o el apetito de destrucción, que piensen en los muertos, en todos, en los que ya no tienen odio ni rencor y nos envían “el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón”.

El 24 de febrero de 2019, Sánchez no vio o no quiso ver los destellos de la luz, tranquila y remota como la de una estrella, que le enviaba Azaña desde su tumba. De haberlo hecho, después de decir que “la Constitución restauró los valores de la república de Azaña” no hubiera afirmado: “Hoy, 80 años después, no queda duda: humanamente ganaron la guerra”.

El gran error de Sánchez es no haber comprendido que Azaña –aunque lo dijo cuando ya no había remedio- anhelaba una España donde jamás volviera la intolerancia, el odio y la violencia. Olvidó que ese mensaje había llegado a la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Transición, y a la luz de aquella estrella entrelazaron sus manos para alumbrar la primera Constitución democrática de España, llamada de la libertad y la concordia, que dio respuesta consensuada a los conflictos que en el pasado habían abrasado a España. Por eso, el 6 de diciembre de 1978, al refrendar nuestra Ley de Leyes el pueblo español gritó “nunca más” a las dos Españas y a la dialéctica de vencedores y vencidos.

La faceta intelectual de Azaña es indiscutible. Pero se puede ser un gran intelectual y un pésimo estadista. En otra ocasión hablaré de sus grandes errores. Sólo me referiré al nefasto artículo 26 de la Constitución, donde el Estado, con espurias armas constitucionales, declaró la guerra a la Iglesia. Azaña fue su gran valedor y en su intervención en las Cortes del 13 de octubre de 1931, pronunció esta frase lapidaria: “España ha dejado de ser católica”. Su discurso fue como arrojar una tea ardiendo a un bosque azotado por el huracán. El precepto avalado dio carta blanca a la persecución de la Iglesia por los poderes públicos. Sólo así puede entenderse que en la guerra civil más de 8.000 clérigos fueran asesinados por las milicias de todas las izquierdas revolucionarias (PSOE, PC, FAI) y del independentismo revolucionario (), que a iniciativa de Azaña formaron el Frente Popular para arrebatar a las derechas de manera fraudulenta su victoria en las elecciones de febrero de 1936. El estadista Azaña hizo oídos sordos a la mayoría de los intelectuales de la Agrupación al Servicio para la República, como Ortega y Gasset, Marañón, Pérez Ayala, Unamuno, entre otros, que le advirtieron del desastre que se avecinaba por el sectarismo de preceptos esenciales de la Constitución, una postura sintetizada en el memorable artículo de Ortega «No es esto, no es esto» (El Sol, 9.9.1931).

Respetemos la figura de Azaña. Fue un personaje clave de la historia de España. Pero no lo elevemos al altar de los héroes de la democracia. Lo mejor de Azaña fue su testamento político expresado en su discurso del 18 de julio de 1938, cuyo mensaje impregnó cuarenta años después la Constitución de 1978. Por eso la pretensión de resucitar la dialéctica de vencedores y vencidos mediante la imposición totalitaria de una versión sectaria de la memoria histórica es un hachazo a este último y noble pensamiento de Azaña, que encarna hoy con toda legitimidad y dignidad el Rey Felipe VI.

Vox acusa a Sánchez de «cobarde» por su silencio ante las amenazas de Marruecos
OKDIARIO 22 Diciembre 2020

Vox ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «cobarde» ante el silencio tras las amenazas expansionistas de Marruecos, cuyo primer ministro ha dicho que Ceuta y Melilla «son tan marroquíes como el Sáhara».

«Las pretensiones expansionistas de la tiranía marroquí son un peligro para nuestra soberanía. El enemigo huele el miedo y la cobardía de este Gobierno», ha señalado Vox en un tuit publicado este lunes después de conocerse las declaraciones del primer ministro marroquí a un medio egipcio.

El jefe del Ejecutivo de Marruecos, Saadeddine El Othmani, ha desafiado a Sánchez tras las declaraciones realizadas por Pablo Iglesias, que ha exigido un «referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental». Para Vox la posición del Gobierno socialcomunista es de extrema debilidad.

La tensión en las relaciones entre España y Marruecos aumentan. Después del aplazamiento de la cumbre bilateral, prevista para este mes de diciembre, y del espaldarazo de la administración Trump a Rabat en sus aspiraciones en el Sáhara Occidental, Pedro Sánchez ve cómo la situación se le escapa de las manos tras las últimas declaraciones del Gobierno marroquí. En una entrevista el jefe del Ejecutivo de Marruecos, El Othmani, ha reiterado, en relación a las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que «el statu quo dura ya cinco o seis siglos» y ha afirmado que «llegará el día en que vamos a reabrir el asunto de Ceuta y Melilla, territorios marroquíes como el Sáhara».

Entre líneas, el primero ministro marroquí reconoce que el cambio en la posición del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha cambiado de forma palpable, en relación con el Sáhara, alineándose con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El Othmani se refiere a la presión ejercida por el comunista vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que tras la ruptura de la tregua entre Rabat y el Frente Polisario ha pedido abiertamente «el referéndum de autodeterminación» para el Sáhara Occidental.

Estas declaraciones enrarecieron el ambiente previo a la cumbre bilateral que debía celebrarse a mediados de este mes y que ha sido aplazada hasta febrero. Primero, con la posible presencia del líder de Podemos en la delegación española –algo que no sentó nada bien a Rabat tras las declaraciones sobre el Sáhara– y después con su salida de esa delegación, atribuida por parte del Ejecutivo a la falta de contenido del ministerio de Iglesias en la cumbre.

Con la inmigración ilegal descontrolada en Canarias –Marruecos siempre abre la mano cuando España se muestra débil o toca asuntos que molestan– y la fijación de Pablo Iglesias en la causa saharaui, el Gobierno de Marruecos ha ido dando muestras de su descontento de diferentes formas, una de ellas aplazando la cumbre. Ahora, Rabat se descuelga con estas declaraciones que ponen el foco en las dos ciudades autónomas españolas.

La política exterior española, como tantas otras, está marcada de nuevo por las injerencias de Pablo Iglesias en el negociado de Arancha González Laya. La ministra de Asuntos Exteriores ha visto cómo de un plumazo se han deteriorado, más si cabe, las endebles relaciones entre el Gobierno de Sánchez y el reino alauí.

Una mayoría aplastante de los catalanes rechaza la inmersión lingüística
Sólo uno de cada diez ciudadanos avala las políticas lingüísticas identitarias de la Generalidad.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 22 Diciembre 2020

La inmersión lingüística, el modelo de "éxito y consenso" de la enseñanza catalana según la propaganda nacionalista, es rechazado por una aplastante mayoría de ciudadanos de Cataluña, según una encuesta encargada por Sociedad Civil Catalana a la consultora de investigación social y comunicación GAD3. Según el estudio, sólo el 9% de los catalanes avala la inmersión, mientras que el 64% prefería un sistema educativo trilingüe (catalán, español e inglés) y un 21%, bilingüe, en español y catalán al cincuenta por ciento. Además, el 61% está de acuerdo o muy de acuerdo en que los alumnos tengan que realizar una prueba común de nivel de español al final de la ESO.

Los resultados abundan en la línea expresada por dos cuentas anteriores realizadas en 2015 y en 2017 y que reproducen una imagen prácticamente estable de la cuestión lingüística en Cataluña tras más de cuatro mil entrevistas.

El trabajo demoscópico apunta también que el 60% de los catalanes considera que "la primera lengua de contacto educativo debería ser la lengua de los padres", derecho amparado por la Unesco que la Generalidad se ha negado a respetar por sistema. Del sondeo se deduce además que la mayoría de los ciudadanos considera insuficiente el blindaje judicial del español en la enseñanza que se infiere de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a dar en español la asignatura de lengua española así como una o dos troncales más hasta completar un 25 por ciento del horario.

La encuesta también revela que un 21,4% de los ciudadanos se han sentido discriminados en Cataluña por razones lingüísticas y que el 81,9% está en contra de que la Generalidad multe a los establecimientos comerciales que no rotulen en catalán.

Sociedad Civil Catalana ha presentado esta encuesta a los grupos políticos del Senado. Al término, el presidente de la entidad constitucionalista, Fernando Sánchez Costa, ha manifestado que "lo que esta encuesta revela es algo tan sencillo como que los catalanes quieren la mejor educación para sus hijos, y saben que eso está muy lejos del sistema de imposición monolingüe blindado por la Generalidad". En cuanto a la ley Celaá, ha destacado que "el Gobierno todavía está a tiempo de escuchar la voz de la ciudadanía catalana y garantizar el carácter vehicular del español".

Sánchez Costa ha comparecido junto a la presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, quien ha apuntado que la encuesta refuerza la sentencia del TSJC y ha pedido que la Generalidad adopte de inmediato las medidas para cumplir dicho fallo.

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Una sentencia histórica
Alejandro Tercero cronicaglobal 22 Diciembre 2020

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) conocida el jueves pasado es histórica. No tanto porque certifique la ilegalidad de la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que se aplica en Cataluña desde hace décadas --pues este modelo ya había sido invalidado en numerosas resoluciones judiciales-- como porque nunca se había hecho con tanta rotundidad, claridad y precisión como ahora.

El dictamen del tribunal es una suerte de resumen de la doctrina constitucional y la jurisprudencia generada desde principios de los años 80 del siglo pasado en esta cuestión. Una jurisprudencia que, sin embargo, nunca ha sido acatada por la Generalitat.

El TSJC explica que el Tribunal Constitucional (TC) ha dejado claro que las comunidades autónomas con dos (o más) lenguas oficiales tienen derecho a elegir el modelo lingüístico escolar entre las siguientes opciones: un sistema con varias líneas a elegir por los padres (en cada una de las cuales una de las lenguas oficiales es la vehicular mayoritaria y preferente, y la otra se estudia como asignatura) o un sistema único de conjunción lingüística (en el que las dos lenguas deben ser vehiculares de forma equilibrada).

La sentencia subraya que, como la Generalitat optó por este segundo modelo, debe garantizar que ambas lenguas --catalán y castellano-- sean vehiculares en proporciones razonables.

Es cierto, también, que la jurisprudencia ha estimado que, en aras de compensar situaciones desequilibradas --y de aplicar las consecuentes políticas de "normalización lingüística"--, es legítimo que la administración autonómica refuerce la presencia vehicular de una de las lenguas (el catalán, en Cataluña). Pero con un límite: este mayor peso de una lengua (es decir, que ocupe más del 50% del horario lectivo) no puede ser indefinido en el tiempo y debe ser justificado (esto es, el ejecutivo autonómico debe demostrar que hay una postergación efectiva de esa lengua).

Pero la justicia es contundente a la hora de determinar que, en cualquier caso, las dos lenguas tienen que ser vehiculares. Y la jurisprudencia ha establecido que la condición de lengua vehicular implica, en cualquier circunstancia, una presencia de, al menos, en el 25% del horario lectivo, incluyendo --además de la asignatura de dicha lengua-- una asignatura troncal o análoga. Es decir, la Generalitat tiene margen para jugar entre el 25% y el 75% del tiempo en el que se utiliza cada lengua, y debe fundamentar debidamente por qué no es el 50% para cada una (por cierto, esto último es casi imposible de hacer hoy en día con los datos de conocimiento y uso del catalán).

Otras resoluciones judiciales, además, han añadido que este bilingüismo también debe aplicarse a todas las comunicaciones de los colegios y a las actividades extraescolares.

En todo caso, una de las grandes novedades de la sentencia del TSJC es que, hasta ahora, venía ordenando que estos criterios se aplicaran únicamente al grupo o clase del alumno que así lo había reclamado judicialmente. Lo cual era absolutamente inaudito, pues suponía empujar a los padres a un infierno judicial y social, y comportaba una ilegalidad flagrante, pues en los casos en los que la administración ha optado por una única línea sin separar a los padres (conjunción lingüística) no existe el derecho a recibir el 100% de la educación en una sola lengua (ni en castellano ni en catalán).

La otra gran novedad que introduce el tribunal es la constatación del carácter “residual” que la Generalitat adjudica al español en el sistema educativo. Hasta ahora, ninguna sentencia lo había reconocido con tanta contundencia. Pero el tribunal explica que pidió al Gobierno autonómico que le indicara cuántas horas se imparten en castellano. Éste realizó un muestreo (pese a las fundadas sospechas de estar sesgado a su favor) en el que se constataba que solo 5 de los 184 centros indagados cumplían con el 25% en español (otros informes más minuciosos, como el de la AEB, reducen todavía más esa cifra). Es decir, que el 97% lo incumplen. Demoledor.

Por otra parte, conviene aclarar una cuestión. Por mucho que la Generalitat gestione la competencia de educación (¡cuidado!, no es una competencia exclusiva como se suele decir, pues las Cortes Generales establecen las leyes marco en esta materia, como en muchas otras), los preceptos establecidos en esta sentencia emanan de la doctrina constitucional. Es decir, ni una ley nacional (Wert, Celaá o las que vengan), ni un estatuto de autonomía, ni una ley autonómica pueden modificarlos sin reformar la Constitución, pese a que los nacionalistas traten de jugar al despiste.

No cabe duda de que la Generalitat se negará a cumplir la sentencia --o su previsible ratificación por parte del Tribunal Supremo, al que aquella ya ha anunciado que recurrirá-- y que el actual Gobierno no parece que vaya a ser muy diligente a la hora de pedir su ejecución --ya veremos si los directores de los colegios se atreven a desobedecer de forma flagrante a la justicia--, pero también es indudable que se trata de un importante paso adelante hacia la inevitable abolición de la inmersión.

Enhorabuena a los responsables​ de esta victoria judicial (algunos a título póstumo) que más tarde o más temprano convertirá a Cataluña en un lugar más respetuoso con la pluralidad, más justo, más libre y mejor para la convivencia.

Educación. Ley Celaá
Sólo uno de cada 10 catalanes avala el modelo de inmersión lingüística de los colegios de Cataluña
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. El Mundo 22 Diciembre 2020

Dos de cada tres entrevistados para una encuesta de Sociedad Civil Catalana pide una prueba común en castellano en toda España al final de la ESO

Sólo el 9% de los catalanes avala el modelo de inmersión lingüística por el que se rigen las escuelas de Cataluña y que supone una enseñanza sólo en catalán. El 64% opta por un sistema trilingüe -con castellano, catalán e inglés- y el 21% defiende un aprendizaje bilingüe en el que el castellano y el catalán se impartan en una proporción similar.

Así lo advierte una encuesta de GAD3 encargada por la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC) en la que también se revela que dos de cada tres entrevistados pide una prueba común de castellano en toda España al final de la ESO.

Durante décadas, la Generalitat se ha amparado en que el catalán era una lengua en peligro para imponer una enseñanza donde el castellano sólo tiene cabida en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, que tiene una presencia de dos horas semanales en Primaria y tres en Secundaria. La encuesta revela que el 60% de los catalanes sostiene que "la primera lengua de contacto educativo debería ser la lengua de los padres", a pesar de que la Generalitat siempre se ha negado a reconocer este derecho, amparado por la Unesco y la legislación estatal.

El sondeo se va a presentar este lunes a varios grupos parlamentarios del Senado (PP, Ciudadanos y PSOE) en vísperas de aprobarse este miércoles de forma definitiva la Ley Celaá, que no sólo deja en manos de la Generalitat establecer y controlar la lengua que se habla en las escuelas sino que, a su paso por la pase de enmiendas en el Congreso, ha perdido la referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado.

La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaminó en una sentencia histórica que la Generalitat debía garantizar al menos un 25% de castellano en todas las escuelas, el equivalente a dos asignaturas (Lengua y una materia troncal más). A juzgar por los resultados de la encuesta, que pregunta por las preferencias de uso de las distintas lenguas, la mayoría de los entrevistado considera que esta proporción es "muy insuficiente" y sería partidario de poner más castellano.

Los resultados de la encuesta coinciden con el sondeo de GAD3 en 2015 y GESOP en 2017, que reflejan el sentir de un total de 4.000 catalanes entrevistados durante los últimos cinco años. En ésta se ha preguntado a 1.000 personas.

"Lo que esta encuesta revela es algo tan sencillo como que los catalanes quieren la mejor educación para sus hijos y saben que eso está muy lejos del sistema de imposición monolingüe blindado por la Generalitat", ha expresado el presidente de Sociedad Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, que ha advertido que "el bilingüismo y el trilingüismo no pueden ser un privilegio de élite, sino una opción para todos los catalanes" y ha llamado a cambiar la Lomloe en el Senado para "garantizar el carácter vehicular del castellano".

"Los datos demuestran que el discurso oficial que hemos vivido durante 40 años en Cataluña no se corresponde para nada con la voz de la ciudadanía. El nacionalismo no expresa el sentir de la calle y no existe consenso sobre el tema", ha recalcado Sánchez Costa.

La mayoría de los encuestados quiere una prueba de nacional de nivel de castellano al final de la ESO. Según Ana Losada, portavoz de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, "no hay ninguna prueba que demuestre que un alumno catalán tiene el mismo nivel de castellano que otro alumno de otro punto de España", sembrando dudas de sospecha sobre las pruebas de competencia que realiza la Generalitat en esta comunidad autónoma.

El único examen que permite comparar es el informe PISA, pero esta evaluación se realiza en catalán en esta comunidad autónoma. La Generalitat y la ministra Isabel Celaá siempre dicen que el castellano "no está discriminado en Cataluña" porque, al finalizar la ESO, los alumnos obtienen los mismos resultados. "Mi hija necesita el mismo número de horas de aprendizaje en castellano que una niña de Murcia para dominar la lengua y eso es algo que no se produce en Cataluña. Es imposible que dominen la lengua igual que en otras regiones porque no son alumnos de raza superior", argumenta Losada.

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