AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 23  Diciembre  2020

El mentecato que quiso reinar
Emilio Campmany  Libertad Digital 23 Diciembre 2020

Sabido es que Trump prefiere Twitter para comunicarse con sus compatriotas. Sánchez, en cambio, disfruta dirigiéndose a sus súbditos por los medios tradicionales empleados por cualquier dictador, desde el interminable discurso televisivo, con o sin entrevistador servil, hasta la filtración interesada a los medios afines. Dice la última de éstas que Moncloa está en trato directo con Zarzuela para que el discurso de Nochebuena del rey dé cumplida respuesta a las trapisondas del emérito. El objetivo, según la misma filtración, es que la contundencia del rey aleje en lo posible a la institución de las andanzas de Don Juan Carlos. Se superarán así, dice la crónica, los recelos que en la ciudadanía pueda suscitar la Monarquía, lo que resultará en la consolidación de ésta y de Felipe VI.

A cualquiera se le hace evidente que a Sánchez en nada le interesa proteger a la Monarquía o al rey. Filtrando las presiones que Moncloa está ejerciendo sobre Zarzuela para que ésta condene con firmeza las actuaciones de don Juan Carlos, Sánchez pretende que, si efectivamente Felipe VI pone a su padre cual no digan dueñas, sea porque él lo exigió. Y si no lo hace podrán los socialistas hacer al monarca responsable de los perjuicios que para la institución y su actual representante conlleven las faltas de su padre. Encima, como beneficio añadido, la filtración transmite la idea de que el rey hace o debiera hacer lo que diga el presidente del Gobierno. Para que el fingido altruismo de Sánchez sea creíble, ahí está Pablo Iglesias quejándose de que Moncloa actúa en este asunto al margen de él y ejerciendo presiones por su cuenta en un sentido aparentemente distinto.

Si Sánchez quisiera defender de verdad la institución monárquica, haría lo que constitucionalmente debe hacer todo presidente del Gobierno, que es dejar al rey decir lo que prudentemente quiera y luego respaldarlo sin ambages. Si en cambio está haciendo lo que la filtración cuenta que hace es porque está intentando que las circunstancias en las que se encuentra don Juan Carlos, muy propiciadas desde la Fiscalía General que dirige Baltasar Garzón, perjudiquen a Felipe VI tanto como sea posible, a la vez que le permite vanagloriarse ante la opinión pública de no ser responsable de nada. No puede extrañar que un personaje como Sánchez, que sólo Dios sabe los sacrificios que en su día le exigiera Pepiño Blanco a cambio de ser su valedor, únicamente sea capaz, en su obtusa superficialidad, de disfrutar del poder mirándose al espejo envuelto en armiños. Ningún placer puede hallar en transformar una sociedad que no conoce aplicando políticas que no comprende salidas de ideas que ignora. En consecuencia, mira a nuestro rey con ojos de codicia, ambicionando para él el lustre y la majestuosidad de la institución. No le basta con ser presidente del Gobierno. Quiere ser jefe del Estado. O al menos compartir con él los oropeles. El pecado de la envidia es muy frecuente entre nosotros, en general, y entre nuestros políticos en particular. Que se guarden el rey y Alfonsín de Sánchez y Carmen Calvo y consideren seriamente desoír cualquier consejo que venga de ellos, porque, aunque son completamente lerdos, lo cierto es que no quieren más que su desgracia.

Baleares, la primera en erradicar el castellano
Editorial ABC 23 Diciembre 2020

Cuando ni siquiera ha entrado en vigor la Ley Celaá, el de Baleares será el primer Gobierno regional en incorporar a su propio anteproyecto de ley educativa autonómica la supresión del español como lengua vehicular. Baleares, gobernada por la socialista Francina Armengol, no solo se adelanta a los tiempos jurídico-administrativos anticipándose a la ley estatal con un desahogo impropio de un gobernante. Es más grave aún: este adoctrinamiento lingüístico imitador del proyecto catalán demuestra que la ministra Isabel Celaá mentía cuando afirmó taxativamente que la posibilidad de supresión del castellano no afectaría en nada a las aulas. Desde luego que afectará porque el PSOE ya lo va a empezar a regular en autonomías afectas con el separatismo y con lo «anti-español». Este no es un legítimo proceso de inmersión lingüística. Es la enésima pieza de un rompecabezas ideado por Pedro Sánchez para convertir a España en un paraíso del independentismo.

El separatismo no merece el indulto
Editorial ABC 23 Diciembre 2020

A la vista de la contundente argumentación de los informes elaborados por la Fiscalía del Tribunal Supremo, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá muy difícil, salvo que cometa una arbitrariedad flagrante, poder indultar a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición. No hay ni un solo criterio objetivo que avale la concesión de esta medida de gracia sencillamente porque no son merecedores de ella: el delito cometido es muy grave, las penas son severas, no existe arrepentimiento formal, y el riesgo de reiteración delictiva es notable. Incluso, se jactan de ello en prisión. Los informes de la Fiscalía y de la Sala Penal del Tribunal Supremo son cruciales en la inmensa mayoría de los casos, y condicionan de tal manera la concesión de cualquier indulto que con un criterio desfavorable de estos órganos su excarcelación debería ser inviable. No son dictámenes vinculantes, pero sería un escándalo político que Sánchez favoreciese a personas castigadas con hasta trece años de cárcel sin contar con la opinión positiva del Tribunal que las juzgó. Sería tanto como desautorizar de modo expreso y fulminante al Supremo en beneficio de quienes se confabularon para desmantelar el Estado de Derecho con una declaración unilateral de independencia.

Es conocido que en el Gobierno hay voces partidarias de indultos urgentes, como si nada hubiese ocurrido en aquel otoño de 2017, o como si la sedición fuese un delito irrelevante. Pero el indulto no es una herramienta política para usarla a capricho por el Gobierno de turno. Es un instrumento jurídico que no puede ser utilizado como moneda de cambio para avalar un chantaje del separatismo al Estado. Precisamente por eso, la discrecionalidad de cualquier Ejecutivo está limitada y puede ser impugnada por abusiva ante el propio Tribunal Supremo. El argumento de la Fiscalía es impecable porque el indulto no es ninguna medida para satisfacer intereses políticos coyunturales. Y tampoco se puede conceder como respuesta de un Gobierno a sus socios parlamentarios solo porque un presidente y sus ministros discrepen de la sentencia, o por «pura conveniencia» para favorecer un determinado escenario político.

Un indulto no legitima la arbitrariedad, ni la «desviación de poder» ni el «alejamiento de la legalidad». No sustituye al Código Penal. Solo lo complementa de manera excepcional y cuando el condenado se hace merecedor de él con una conducta ejemplar, porque lo contrario sería trasladar a la sociedad un pésimo mensaje: por un lado, el Gobierno ataría de manos a nuestro sistema de independencia judicial, y por otro, se justificarían los intentos golpistas situándolos casi en el plano de una simple travesura inconsciente. Esta es la gran farsa, pretender suplantar la legalidad por la vía de los hechos consumados bajo la coartada de que la política debe arreglar lo que los Tribunales estropean. No fue ninguna travesura ni un error puntual, sino un desafío para fracturar la unidad de España. Y hoy aún sigue en pie. Ninguno fue condenado por ser independentista o por sus ideas, sino por tratar de destruir la convivencia. Por eso no existen los «presos políticos», sino unos extorsionadores que explotan a un Gobierno débil cuyo único objetivo es garantizar el poder a Sánchez. De indultarlos, Sánchez habría puesto en juego la supervivencia de las instituciones frente a quienes las atacan invocando esa estafa política que es la independencia. Los indultos son cuestión de legalidad, no de nepotismo. Lo grave sería que Sánchez se negara a distinguirlo porque nunca unos fiscales dijeron a un Gobierno con tanta firmeza que no puede equivocarse con la aplicación de la ley.

Iglesias blinda su chalet en la Sierra mientras avala la okupación para el resto
ESdiario 23 Diciembre 2020

El decreto "antidesahucios" es un inaceptable ataque a la propiedad privada, desatado por dirigentes que han logrado sus casas con dinero público y las protegen con la Policía.

Mientras Pablo Iglesias lleva meses convirtiendo en un drama las simples protestas de unos cuantos vecinos a medio kilómetro de su casa; su Gobierno ha aprobado un decreto-ley, a instancias de Podemos, que legaliza la okupación de las viviendas del resto.

Para la suya, el vicepresidente segundo exige -y tiene- protección policial, al considerar una molestia las quejas de apenas unas personas, bastante más civilizadas que los escraches que él mismo promovió contra sus rivales políticos.

Para las viviendas de los demás, sin embargo, no solo se acaba con todo tipo de protección, sino que se legaliza el asalto y se deteriora el concepto de propiedad privada, uno de los más definitorios del Estado de Derecho: allá donde no se respeta, la democracia es inexistente o de muy baja calidad.

Por mucho que desde el Ejecutivo se insista en que la legalización de la okupación es temporal y para ciertos casos solo; lo cierto es que se ha dado un paso para legitimarla de difícil vuelta atrás: una vez se aprueba un abuso en unos casos, es más fácil acabar permitiéndolo en todos.

Es inadmisible que Iglesias viva como vive y donde vive por su sueldo público y ataque la propiedad privada del resto

Porque bastará con que los asaltantes apelen a cualquiera de las circunstancias legalizadas (violencia de género, existencia de menores, etc) para que ésta tenga de repente una pátina de legitimidad. ¿O acaso conoce el Gobierno un solo caso en el que los okupas de propiedades ajenas digan que lo hacen por placer y sin necesidad alguna?

Resulta gravísimo el paso dado, pues destroza la seguridad jurídica de los ciudadanos y les endosa una "solidaridad impuesta" que el Estado debe atender con sus propios recursos.

Legalizar la okupación o fijar el precio de los alquileres forma parte del credo del populismo más empobrecedor e incompetente, incapaz de atender necesidades de los sectores más desfavorecidos con sus políticas públicas y siempre dispuesto a penalizar y criminalizar el esfuerzo ajeno.

Que Iglesias haya mejorado su nivel de vida, de manera espectacular, por dedicarse a la política y que, mientras, se dedique a empobrecer el de los demás; es una triste metáfora de la hoja de ruta ideológica que se impone en España.

Marcada por el progreso personal de quienes la dirigen, que convierten en derechos propios meros privilegios costeados por la ciudadanía; y avalan a la vez la degradación de los verdaderos derechos de quienes han obtenido sus rentas y patrimonios con su trabajo y ahora lo ven amenazado de manera escandalosa.

Historia de un despropósito anunciadoa
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez se reúne con el primer ministro marroquí Saadeddine Othmani
Fulgencio Coll. rebelionenlagranja 23 Diciembre 2020

El que Estados Unidos haya expresado su intención de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental es un hecho geopolítico importante cuyas consecuencias afectan directamente a España.

Expuesto de esta manera habría que dar por descontado que el Gobierno de Madrid tendría noticia del hecho, bien por fuentes diplomáticas o por la Inteligencia nacional, y habría seguido el tema de manera permanente y preparado una estrategia para defender el interés nacional. Pues no, los hechos parecen que han constituido una sorpresa para el Gobierno del país ibérico, circunstancia que se corresponde con la constante situación de insolvencia estratégica que caracteriza a España. Esta situación es muy esclarecedora y más en un momento de profundo cambio en el contexto internacional.

Es sabida la negligencia española en temas de política exterior o, dicho de otra manera, la indolencia en la aplicación de poder en la esfera internacional. El Estado español no puede ejercer poder, o influencia internacional, por carencia de varias condiciones, entre ellas, debilidad de la cohesión nacional. Esa carencia va forjando el carácter del Estado, transformándolo en introvertido y autodestructivo.

El Sahara Occidental es un caso esclarecedor, un problema que viene de largo, asunto de la máxima importancia del Reino de Marruecos y contencioso interminable. Los hechos llevan a deducir que no se vio venir esta crisis en las vísperas de una anunciada reunión bilateral de los Gobiernos de Rabat y de Madrid, que evidentemente no es el marco de para tratar el tema. El encuentro fue víctima de la crisis y todavía a nivel mediático se prueba con varias disculpas para justificar el “retraso”. Es lo más parecido a una tomadura de pelo más del Gobierno a la ciudadanía española.

El ridículo está servido en el ámbito internacional, en el plano interno pelillos a la mar, no se trata. La narrativa doméstica transcurre por otros derroteros, como la politización de la justicia: beneficios para criminales y delincuentes independentistas; oprobio para los que no lo son, pero se busca desesperadamente la erosión de las más altas instituciones de Estado, aunque para ello se destruya la imagen de la Monarquía. Sigue el juego al despiste como el uso de lenguas propias, o dialectos, para traducciones simultáneas en las Cortes, a este paso se declarará el esperanto lengua vehicular. Si no fuese porque está en juego el destino de la nación el sainete sería esplendoroso.

La realidad se presenta diáfana: Marruecos, vecino de España se rearma, España no ha sido consciente de ello, aunque el hecho era de conocimiento público. Marruecos es apoyado por Estados Unidos, nuestro aliado más importante. España es, oficialmente, la potencia administradora del Sahara Occidental. Madrid, mira para otro lado y hace mutis por el foro. Francia y el Reino Unido apoyan a Marruecos. Argelia permanece a la espera. Resultado: España es un convidado de piedra en su propio ámbito geopolítico. Lo anterior no quiere decir que Marruecos efectúe el rearme como amenaza a España, es que el equilibrio del contexto se altera y Madrid tiene que tomar medidas para equilibrarlo.

No parece que en este caso se pueda recurrir a la socorrida UE, no es probable que Bruselas vaya a llevar la contraria a Estados Unidos y a Francia en un momento en que la Unión es incapaz de actuar en la delicada situación del Mediterráneo.

¿Cómo pudo y puede ocurrir todo esto?. Sólo puede haber una causa, la ausencia de ejercicio de soberanía. Si no se ejerce la soberanía deja de tener sentido y, en el caso del Estado español, la ausencia de su ejercicio es una constante. La desestructuración del Estado tiene estas consecuencias, no se es consciente que el resultado de ciertas estrategias electorales de lesa nación. La pregunta es: podrá España reconfigurarse como estado-nación.

Toda esta locura parece un mal sueño, pero los responsables directos tienen DNI, eso sí, sin reformar.

El derribo constitucional
Irene González. vozpopuli  23 Diciembre 2020

En términos políticos, 2020 ha sido el año en el que se han advertido señales inequívocas de un intento de derribo de nuestro edificio constitucional. No son las grietas o agujeros por los que todos los gobiernos tienden, en mayor o menor medida, hacerse con más poder del que los ciudadanos y el sistema constitucional les ha otorgado. No parece tampoco que dicho derribo sea consecuencia de la crisis sanitaria. Nadie sin intereses ocultos puede negar que la pandemia está siendo aprovechada para acelerar los trabajos de demolición y construir una nueva sociedad "democratizada" por gente como el terrorista Otegi. “Nueva república”, o “nueva era”, lo llaman quienes ocupan el poder.

Las señales acerca del posible derribo de nuestra arquitectura constitucional se aprecian al acercarnos a cuestiones que determinan el carácter democrático de todo sistema político.

Empecemos por el voto. El año 2020 arrancaba con una coalición entre PSOE y Podemos. Así, se constituía un Gobierno legítimo tras cumplirse todos los preceptos constitucionales en una convocatoria electoral sin un remoto síntoma de sospecha. Pero la democracia no se limita a una urna. El voto no faculta para perpetrar todo tipo de actos arbitrarios sobre el destino de unos 'súbditos' que sólo tienen derecho, de cuando en cuando, a votar y, eso sí, a pagar siempre. La democracia no es elegir cada cuatro años un gobierno de poderes plenipotenciarios, sin control alguno y con plena arbitrariedad “porque ha ganado unas elecciones”. Todos los gobiernos desde la Constitución de 1978 fueron elegidos democráticamente, y nunca se generalizó la acusación de “no aceptar el resultado” a quienes ejercían la oposición, ni siquiera cuando se ejercía.

Ataques al Poder Judicial
Una democracia requiere de un sistema fundamentado en valores democráticos, en un Estado de derecho en el que nadie esté por encima de la Ley y en la división de poderes. La democracia es un poder limitado y controlado que rinde cuentas a los ciudadanos, verdaderos sujetos de la soberanía nacional.

El control del Poder Judicial al Poder Ejecutivo es determinante a la hora de que se pueda calificar como democrático a un determinado sistema político. Desde Podemos se habla abiertamente de “togas franquistas” en un intento de amenazar a quien está ejerciendo legítimamente el control sobre presuntas irregularidades en la financiación de esta formación comunista. Otro ataque del PSOE y Podemos al Poder Judicial ha sido intentar establecer un nuevo sistema de elección del CGPJ donde el Poder Ejecutivo sustituiría al Legislativo.

El Tribunal Supremo ha remitido las múltiples denuncias contra el Gobierno interpuestas por afectados de la mala gestión de la covid a un Juzgado para que las investigue. Este control judicial se llevará a efecto a pesar del rechazo sistemático de la Fiscalía a actuar ante dichas denuncias, cuya Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, llegó al cargo tan sólo un día después de estar sentada en el Consejo de ministros. El intento de derribo en el flanco judicial es ahora mismo implacable y frontal. Este Ejecutivo ha intentado que sus actos queden fuera de todo control y que permanezcan ajenos a cualquier posibilidad de investigación en un momento clave, en base al han justificado todo poder excepcional. Y tras 70.000 muertos.

Medios y Transparencia
Otro puntal de la estructura básica del edificio constitucional es la prensa. A través de ella, los gobernantes dan explicaciones de su actuación ante los ciudadanos. Sin afán de un resumen exhaustivo en este campo, vemos cómo el Gobierno ha suspendido la obligación de responder a preguntas de Transparencia desde marzo. No se informa del comité de expertos, ni de los contratos públicos multimillonarios durante la pandemia, ni de la cifra real de muertos. No hay información, sólo mentiras. Se ha creado un Comité de la verdad formado por miembros del Ejecutivo, para controlar lo que publiquen los medios no controlados por el mismo.

Se ha institucionalizado que los miembros del Gobierno no respondan a ninguna de las preguntas que les formulen los periodistas. Sólo se escuchan evasivas y mentiras inaceptables que han sido toleradas por una prensa que, salvo excepciones, ha presentado tan sólo quejas y no ha dado la batalla ante tal atropello. Los medios oficialistas que ocupan la mayoría del espacio informativo, han mostrado una coordinación vergonzante con la agenda decidida por Redondo e Iglesias. Ni un Ministerio tiene esa unidad de acción. La falta de formación sobre cuestiones democráticas básicas que se aprecia en algunos agentes televisivos podría explicar el fanatismo de sus discursos. Representan muy bien al Gobierno que defienden, pero no a los ciudadanos, que empiezan a estar ya muy cansados del acoso mediático de sus mensajes sectarios.

Finalmente, la actitud del Gobierno ante la oposición es de desprecio deslegitimador. El supuesto control en este caso se ve una vez más invertido, pero con una virulencia muy lejana a lo admisible en un clima democrático. El Gobierno lleva a cabo una ofensiva encaminada a derribar al discrepante, y por tanto a la democracia. Ante el matonismo de que es objeto la oposición, ésta parece ir adaptándose a lo que esperan de ella quienes pretenden hacerla desaparecer. Estamos en un Estado de alarma de seis meses en el que el presidente ha delegado lo que no puede delegar y donde no debe rendir cuentas ante las Cortes. ¿Qué hizo la oposición cuya única labor útil es controlar al Ejecutivo?

El papel de Ciudadanos
Afirma Inés Arrimadas sobre su apoyo: “Mi intención es que hagan el menor daño posible”. No cabe dudar de sus buenos deseos, pero sí del resultado. En la constante defensa de su reiterado aval al Gobierno, afirma que lo único útil y bueno es apoyarlo y acusa de lo contrario a todo el que se oponga. Así participa, quizá sin pretenderlo, de la difusión del mensaje que necesitan Sánchez e Iglesias para neutralizar a la oposición y blanquear sus actos. En vez de colocar un ladrillo en pleno derribo del edificio constitucional, acaba poniendo una malla publicitaria que oculta el estado de demolición democrático en el que nos hallamos. Los ciudadanos están ocupados en sobrevivir, literalmente, necesitan una imagen clara de lo que está pasando. En medio de esta polvareda PP y Vox se hallan en un cruce constante de ataques y acusaciones que poco interesa a los ciudadanos. Todos pendientes de diferenciarse en vez de oponerse a quien está desmontando el sistema para construir otro nuevo, en el que sólo cabe la oposición que les proporcione apariencia de democracia.

Es necesario presionar a un Gobierno opaco que no acepta control alguno, sino que es él quien controla al resto de poderes. Un Gobierno sin contrapesos no es democrático aunque sea un Gobierno emanado de las urnas.

Los trenes de la muerte de Jaén, agosto 1936
Terratenientes, figuras prominentes de la derecha jienense, sacerdotes y monjas fueron algunas de las personalidades asesinadas por los milicianos anarquistas
Luis E. Togores larazon 23 Diciembre 2020

Hacía solo 25 días que la sublevación militar había fracasado y muy pronto las cárceles de Jaén estuvieron repletas de detenidos, lo que obligó a convertir la catedral en prisión. En ella se hacinaban más de 800 detenidos, acusados de simpatizar con la rebelión militar, a los que se iban a sumar los detenidos por las tropas del general Miaja en Adamuz.

La noche del 30 de julio medio centenar de presos fueron linchados en la cárcel de Úbeda por una violenta multitud que había asaltado la prisión. Este suceso llevó al gobernador civil de Jaén Rius Zunón, consciente de su incapacidad de frenar a una turba de milicianos sedientos de sangre, a hablar con Pedro Villar Gómez, director general de Prisiones, para trasladar a los detenidos de Jaén por ferrocarril a la prisión de Alcalá de Henares. Para el traslado se organizaron dos trenes que debían partir hacia Madrid los días 11 y 12 de agosto de 1936. Entre los trasladados no había militares y civiles directamente vinculados al golpe de estado, sino personas señaladas por los regidores de los municipios de Jaén por su adscripción ideológica derechista y por ser católicos más los detenidos en Úbeda.

El 11 salió el primer tren con 322 presos escoltados por medio centenar de guardias civiles y milicianos. Embarcaron en la estación de Espeluy llegando a Madrid al día siguiente. Durante el viaje el tren fue recibido en cada parada por masas de exaltados frentepopulistas, siendo algunos de los detenidos atacados y amenazados por las turbas congregadas en los andenes, aunque el tren logró llegar a la estación del Mediodía de Madrid con todos sus presos vivos. Al salir de la estación camino de Alcalá de Henares el tren fue detenido por los ferroviarios anarquistas de la estación de Atocha. En esta estación se había fundado una checa de la CNT integrada por ferroviarios aragoneses liderados por Eulogio Villalba Corrales. En octubre de 1936 esta checa se mudaría al nº 9 de Príncipe de Vergara.

Once de los presos, principalmente terratenientes y figuras prominentes de la derecha jienense, fueron sacados del convoy por los milicianos a las órdenes de Villalba Corrales para ser llevados a una tapia cercana y asesinados. Los restantes 311 presos lograron llegar a la prisión de Alcalá de Henares. Entre estas 11 víctimas se encontraban: José Cos Serrano, presidente de la Federación Provincial de Labradores de Jaén y antiguo diputado del Partido Agrario; León Álvarez Lara, diputado por el Partido Agrario; Carmelo Torres Romero, jefe local de Falange en Jaén; dos sacerdotes y dos monjas.

La noticia del primer convoy de presos en tren llegó desde Jaén a Madrid enviada por diputados socialistas. Tras el fracaso parcial del primer asalto al primer tren se produjo la preparación concienzuda de la segunda y más mortífera matanza.

El segundo tren partió de Jaén el 12 de agosto con 245 presos escoltados por 50 guardias civiles a las órdenes del alférez Manuel Hormigo Montero. Esta vez el tren evitó su paso por Atocha para no caer los presos en manos de Villalba Corrales y sus milicianos.

En el tramo de vía de la estación de Santa Catalina-Vallecas un grupo de milicianos anarquistas paró el convoy y desenganchó la locomotora. El jefe de estación y el alférez Hormigo, que mandaba la escolta del convoy, hablaron por teléfono con el Director General de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez, informándole que los anarquistas habían parado el tren y les apuntaban con tres ametralladoras a la altura de El Pozo del Tío Raimundo. Manuel Muñoz ordenó a los guardias civiles que abandonasen a los presos a su suerte. Luego se justificaría diciendo que «la poca autoridad que aún conservaba el gobierno se vendría abajo si las exiguas fuerzas de orden público acababan siendo arrolladas en un enfrentamiento con el pueblo armado». Una vez se retiraron los guardias civiles los milicianos comenzaron a ejecutar con total impunidad a gran parte de los presos que transportaba el tren. Lo que ocurrió, según declaró el superviviente Andrés Portillo Ruiz bajo juramento en la Causa General, fue lo siguiente:

“Entonces como ya estábamos en poder de los rojos, estos pusieron el tren en marcha con dirección a Alcalá de Henares, pasado en ésta línea el apeadero de Santa Catalina, hay un sitio que se llama ‘POZO DEL TIO RAIMUNDO’ donde paró el tren y bajando a los detenidos por la cabeza del tren de 10 en 10 no sin antes quitarles todo cuanto a ellos se les figuraba de valor...”

Continua la Causa General:
“Venían de Jaén unos trescientos detenidos, prensados en el tren. Cerca ya de Madrid, en Villaverde, se apoderaron de ellos los milicianos del pueblo, a pesar de los cuarenta guardias civiles encargados de su custodia, y comienzan allí mismo el fusilamiento más feroz e inhumano en grupos de veinticinco, sin indagar sus personas ni delitos. Hay tristes escenas de padres, que presencian la muerte de sus hijos y viceversa. El Obispo de Jaén, Excmo. E Ilustrísimo Sr. Don Manuel Basulto, cae de rodillas exclamando:

- Perdona, Señor, mis pecados y perdona también a mis asesinos:
Esto es una infamia, exclama su hermana Teresa, yo soy una pobre mujer.
-No te apures, se le contesta, a ti te matará una mujer.

Y acto seguido, se adelanta una desgreñada miliciana llamada Josefa Coso “La Pecosa”, que la sacrifica allí mismo a sangre fría. Cuando faltaban unos cuarenta, se adelanta del grupo Leocadio, joven de 19 años, y, encarándose con el jefe de milicias, le dice que él responde con su vida de todos los del grupo remanente (...) El feroz mandamás suspende las ejecuciones amenazándole:

-¡Ay de ti, si me engañas! Llevad a éstos a Vallecas y que demuestren su inocencia”.

Leocadio Moreno logró escapar de aquellos fusilamientos junto con 40 compañeros gracias a mostrar un carnet de estudiante y alegando pertenecer a los socialistas universitarios. Diez días después Leocadio volvió a burlar a la muerte durante su estancia en la cárcel Modelo haciéndose pasar por un preso común, para terminar combatiendo en el bando republicano durante toda la guerra.

Pero la historia completa según la documentación existente es la siguiente:
“El tren, que fue desviado de su trayectoria a Madrid y llevado a una vía o ramal de circunvalación hasta las inmediaciones del lugar ya mencionado del Pozo del Tío Raimundo. Rápidamente empezaron los criminales a hacer bajar del tren tandas de presos, que eran colocados junto a un terraplén y frente a tres ametralladoras, siendo asesinados el Excelentísimo e Ilmo. Sr. Obispo y el Vicario General Don Félix Pérez Portela. La hermana del Sr. Obispo, que era la única persona del sexo femenino de la expedición, llamada doña Teresa Basulto Jiménez, fue asesinada individualmente por una miliciana que se brindó a realizarlo, llamada Josefa Coso “La Pecosa”, que disparó su pistola sobre la mencionada señora, ocasionándola la muerte; continuando la matanza a mansalva del resto de los detenidos, siendo presenciado este espectáculo por unas dos mil personas, que hacían ostensible su alegría con enorme vocerío. Estos asesinatos, que comenzaron en las primeras horas de la mañana del 12 de agosto de 1936, fueron seguidos del despojo de los cadáveres de las víctimas, efectuado por la multitud y por las milicias, que se apoderaron de cuantos objetos tuvieran algo de valor, cometiendo actos de profanación y escarnio y llevando parte del producto de la rapiña al local del Comité de Sangre de Vallecas, cuyos dirigentes fueron, con otros, los máximos responsables del crimen relatado.(Copia literal del Libro: La Causa General. Páginas 177-178)”.

Según el testimonio de Ángel Aparicio Alonso, que en la Modelo convivió con algunos de los supervivientes de los trenes de Jaén, afirma que le “contaron el caso del sacerdote al que torearon y mataron con un estoque, como si de un toro se tratara”.

El 12 de agosto fueron asesinados 193 entre los que se encontraban el obispo de Jaén Manuel Basulto Jiménez, su hermana, el marido de esta y el vicario general de la diócesis jienense Félix Pérez Portela. Todas las víctimas fueron enterradas en dos zanjas abiertas junto a las tapias del cementerio de Vallecas. En la década de 1940 fueron sus restos trasladados a la cripta de la Iglesia del Sagrario de la catedral de Jaén. En la catedral de Jaén se encuentran varias lápidas de mármol con casi todos los nombres de los asesinados en el Pozo del Tío Raimundo. Sus asesinos no fueron perseguidos ni condenados por estos crímenes por la autoridades republicanas. Cuando el gobernador civil de Jaén se enteró de lo ocurrido, desolado ante los asesinatos perpetrados, presentó su dimisión.

Los 40 supervivientes de la masacre del Pozo del Tío Raimundo terminaron ingresados en la Cárcel Modelo de Madrid. Muchos de ellos serían asesinados unas semanas después en Paracuellos del Jarama.

Esta matanza provocó que buena parte de la sociedad internacional empezase a considerar que la Republica Española había dejado de ser un Estado de Derecho con legitimidad para reclamar la solidaridad de las democracias occidentales.

El jueves 11 de marzo de 2004 Madrid sufrió el más trágico atentado terrorista de su historia con 191 muertos y más de 1.500 heridos, en varios trenes cerca de las estaciones de El Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia y Atocha. El 13 de abril de 2019 tuvo lugar un homenaje en el Cementerio del Este a las víctimas del franquismo en Madrid, organizado por el colectivo Memoria y Libertad, en el que se recordó al anarquista juzgado y fusilado en 1939 Villalba Corrales.
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La «derecha popeye» y la obstinación del PP
Diego Vigil de Quiñones Otero okdiario 23 Diciembre 2020

La semana pasada tuvo un eco especial el artículo publicado el día 15 en El Mundo titulado «La izquierda frankenstein y la derecha popeye», obra de Miguel Ángel Quintanilla, uno de los cerebros pensantes del equipo de Pablo Casado. La idea fundamental del autor es que la derecha parece un brazo con “síndrome popeye”: parece fuerte, pero por dentro está roto entre articulaciones, músculo y tendón. Partiendo de esa metáfora, nos explica que el PP rompió con Vox en la moción de censura porque Vox es un partido moralmente relativista respecto al absoluto de la democracia, y eso es incompatible con la tradición liberal, conservadora y democristiana del PP. Justificada la ruptura, afirma que el PP debe conversar con los votantes de Vox y ofrecerles «compromisos razonables vinculados a sus intereses».

El artículo me parece interesante, pues explica bien la estrategia de la actual dirección “popular”. Su autor, a quien he tenido ocasión de conocer y escuchar largamente, me merece todo el respeto intelectual. Pero creo que su explicación tiene dos fallos: 1° al considerar a Vox antidemocrático, parte de una mentira; 2° prescinde de las razones por las que los votantes de Vox abandonaron el PP, y del cauce establecido en nuestro sistema para «conversar» con ellos.

En efecto, decir que Vox es antidemocrático solo porque diga que el Gobierno de Sánchez es el peor en 80 años (o en 800, añadió Abacal), resulta una broma. A poco que se analice la actuación de Vox en la defensa de la legalidad constitucional, la lucha contra el secesionismo, o la defensa de la independencia del poder judicial (bastante más clara que la de un PP que pastelea en la sombra por la renovación del CGPJ), resulta fuera de dudas su condición demócrata, al menos en la idea liberal de democracia. Otra cosa es si atendemos a la democracia totalitaria de Bildu y ERC (a cuyo lado votó el PP en la moción). Nos extrañaría que esa fuera la idea de democracia del PP…

En segundo lugar, habría que recordar que los votantes del PP se fueron a Vox no sólo por los intereses, sino también por los valores. Y que al irse establecieron un cauce claro para su conversación con el PP: los representantes elegidos en las listas de Vox. Pretender ahora una conversación sin esos valores ni esos cauces está condenado al fracaso, pues prescinde de las razones de fondo del divorcio entre el PP y su electorado: la vida, la familia, la libertad, la nación centralizada, la ideología de género, el climatismo anti-humano y demás temas en los que el PP es incapaz de ofrecer «compromisos razonables». Incluso si nos ceñimos a los intereses, resulta cuestionable que el votante de Vox pueda volver a un PP que no se compromete con dos temas bien claros: el freno a la división autonómica y la reducción del gasto público, la presión y el esfuerzo fiscales. Toda conversación con el electorado de Vox debería pasar, por tanto, por un acercamiento a sus líderes que conlleve propuestas claras para los valores que Vox defiende, además de los intereses.

En suma, el artículo del Sr. Quintanilla me parece interesante, pero limitado. Y, en tanto exterioriza la posición de la dirección popular, confirma la incapacidad del PP para solucionar el “síndrome popeye” de la derecha, pues olvida intencionalmente sus causas, y prescinde maliciosamente de ellas al intentar ofrecer una solución. Una solución que se plantea como un trágala al electorado y, por tanto, resulta limitada y resultará seguramente fallida.

Los indultos como moneda de cambio
EDITORIAL  Libertad Digital 23 Diciembre 2020

Que nadie cante victoria, ni siquiera ante la advertencia que hace el Ministerio Público de que el indulto “no es una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales”.

Tal y como avanzó en exclusiva Libertad Digital el pasado día 8, la Fiscalía ha rechazado conceder el indulto a los doce separatistas condenados por el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia. Se trata de una decisión perfectamente lógica y completamente ajustada a Derecho, por cuanto en ninguno de los casos –que el Ministerio Público ha tratado pertinentemente de manera individualizada– existen “razones de justicia o de utilidad pública” para conceder tal medida de gracia y beneficiar a los autores de unos delitos de "extrema gravedad” que, para colmo, jamás han dado la menor muestra de arrepentimiento.

No hay que perder de vista que este hatajo de golpistas recibió una ridícula condena por sedición –cuando la Fiscalía pedía, cargada de razón, que se les condenara por el más grave delito de rebelión– que les permitirá salir próximamente de la cárcel gracias a los permisos que se conceden con el cumplimiento de la cuarta parte de una condena. De hecho, tal y como ha fanfarroneado la consejera de Justicia de la Generalidad, la esquerrisra Ester Capella, los condenados de su propio partido y los de Junts per Catalunya harán campaña electoral en la calle con ocasión de las autonómicas del 14 de febrero.

Lamentablemente, por muy encomiables que sean, los informes del Ministerio Público en contra de los indultos no tienen mayor relevancia en este panorama de cuasi impunidad; pues, aunque sean preceptivos, en modo alguno son vinculantes. Y lo mismo cabe decir de los que emita el Tribunal Supremo. La concesión de indultos es competencia exclusiva del Gobierno, y aunque, como destaca la Fiscalía, no hay “razones de justicia o de utilidad social” para su concesión, son de una extraordinaria utilidad para un Gobierno como el del infame Pedro Sánchez, que no tiene el menor escrúpulo para aliarse con los partidos de los condenados golpistas catalanes.

Teniendo presente esto, así como las veces en que el presidente del Gobierno ha permitido que los separatistas le presenten los indultos como moneda de cambio por su apoyo parlamentario –junto con una modificación del Código Penal para reducir las penas por sedición en la que el Ejecutivo felón ya se ha embarcado–, que nadie cante victoria, ni siquiera ante la advertencia que hace el Ministerio Público de que el indulto “no es una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales”.

Así es, pero Sánchez piensa exactamente lo contrario y tiene la sartén por el mango. Y con tal de seguir teniéndola es capaz de cualquier cosa.

Los cuatro reproches de los fiscales al Tribunal Supremo por su condena «benigna» a los líderes del ‘procés’
Tribunal Supremo Imagen tomada de la señal institucional de Tribunal Supremo del presidente del Tribunal, Manuel Marchena (2i), y los magistrados Antonio del Moral (d), Juan Ramón Berdugo (2d), y Andrés Martínez Arrieta, durante una nueva jornada del juicio del
Loreto Ochando okdiario 23 Diciembre 2020

Los cuatro fiscales del procés han realizado 12 informes contrarios a la concesión del indulto a los presos condenados por sedición en concurso con malversación de caudales públicos. Pero en sus escritos no sólo han hablado de los condenados, sino que le han dejado un ‘recado’ importante, y cargado de reproches a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que, pese a la petición de delito de rebelión que hacía el Ministerio Público, terminó por condenar por sedición, un delito mucho menos penado. Cuatro párrafos destacan a este respecto.

Hubo elementos de rebelión
Los fiscales le dicen a la Sala que: “Aún cuando el tribunal haya considerado finalmente que los hechos cometidos no tuvieron suficiente eficacia lesiva para el orden constitucional, es cierto que el propio relato de hechos probados acredita un cierto desbordamiento de los contornos legales propios de la sedición y la incursión de los mismos en la ejecución de algunos de los elementos típicos de la rebelión (alzamiento público, violencia, declaración de independencia, derogación de la Constitución, etc.)”.

Penas benignas
Sobre la pena que finalmente impuso el Tribunal Supremo, los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno hacen dos aseveraciones más que interesantes. Así, hablan de “penas benignas” .

La primera aseveración es que: “La aplicación por la sentencia de las reglas del concurso medial de delitos ha permitido en la práctica que la respuesta punitiva haya sido mucho más benigna, ya que el delito de malversación ha quedado absorbido por el de sedición (como si de un concurso de leyes se tratara), de manera que si la punición de ambos delitos se hubiera hecho separadamente las penas mínimas de prisión habrían sido de 10 años por la sedición y de 6 años por la malversación de fondos públicos, y las penas mínimas de inhabilitación absoluta habrían sido de 10 años por la sedición y de 15 años por la malversación.

Poca inhabilitación
La segunda de las aseveraciones enlaza con las bajas penas y hace referencia a que esa condena también conlleva una inhabilitación para cargo público que debería haber sido superior a la finalmente impuesta.

Así, dicen: “Esto quiere decir que una pena única de 13 años de prisión y el mismo período de inhabilitación absoluta por ambos delitos nunca podrá ser considerada como desproporcionada si valoramos en sus justos términos el notable incremento del desvalor antijurídico que supone la ejecución conjunta de ambas acciones, así como la pluralidad de bienes jurídicos que han resultado agredidos”.

Hechos muy graves
Por último, en el informe sobre el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras vuelven a recordar tanto a Junqueras como al Tribunal Supremo que lo que sucedió el 1 de octubre de 2017 fue más allá de una sedición.

Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno lo explican diciendo: “Como ya hemos indicado con anterioridad, lo que sucedió en Cataluña no fue una sedición al uso. Fue mucho más que una grave alteración del orden público, circunstancia esta que justifica las penas finalmente impuestas. Con el decidido propósito de declarar la independencia (lo que así hicieron) y segregar esa parte del territorio del Estado proclamando una nueva república (lo que no consiguieron), se produjo un alzamiento institucional desde los poderes legalmente constituidos de esa comunidad autónoma, cuya legitimidad emanaba de la Constitución, con el imprescindible apoyo de las organizaciones sociales soberanistas que garantizaban la movilización popular, en el que las normas que se pretendían incumplir no eran cualesquiera disposiciones legales sino la ley de leyes, la Constitución, que quedaba derogada en el territorio de la citada comunidad autónoma, y en el que las resoluciones judiciales que se incumplieron de un modo reiterado y contumaz fueron las del propio Tribunal Constitucional, en una materia que afectaba al núcleo esencial del Estado constitucional (la soberanía nacional y la integridad territorial)».

Gobierno
Pero no sólo el Tribunal Supremo ha recibido el reproche de los fiscales. En sus informes, los cuatro se han mostrado totalmente contrarios a la reforma del delito de sedición y rebelión que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez. Una reforma que implicaría, aunque no se concedan los indultos, la salida de prisión de todos los presos del procés.

Sobre este extremo, los representantes del Ministerio Público afirman: «Aunque cierto sector doctrinal aluda a la vetustez del delito de sedición, tal como está redactado en nuestro vigente Código Penal, y a la consideración de que se trata de una figura delictiva de raíces decimonónicas que no responde a las necesidades actuales de la política criminal para justificar de este modo la necesidad de atemperar las penas, tampoco ofrecen argumentos concluyentes en los que fundamentar semejante pretensión».

Elecciones catalanas
Santiago Abascal se estrena con el catalán para la campaña del 14-F: "Recuperem Catalunya"
ÁLVARO CARVAJAL El Mundo 23 Diciembre 2020

Vox presenta en bilingüe el lema del partido para las elecciones catalanas del 14 de febrero

14-F. Vox se abre a usar la 'senyera' y el catalán para la campaña de Cataluña
Elecciones. Así es la estrategia de Vox para la campaña de Cataluña

Santiago Abascal se estrenó este martes con el catalán de cara a la campaña de las elecciones en Cataluña, que ahora ya seguro tendrán lugar el próximo 14 de febrero. Fueron tan sólo dos palabras pero implican un guiño significativo para un partido que tenía orillados tanto las lenguas cooficiales como los símbolos autonómicos a lo largo de su trayectoria política.

«Recuperemos Cataluña. Recuperem Catalunya», verbalizó el presidente de Vox, que presentó así, de una manera bilingüe, el que será el lema de Vox para los comicios autonómicos, y que fue anunciado en Barcelona durante un acto conjunto del presidente del partido y el candidato a la Generalitat, Ignacio Garriga.

Como ya adelantó hace una semana EL MUNDO, Vox va a introducir el catalán y la senyera por primera vez como elementos integrados dentro de su campaña. Es una novedad importante porque hasta ahora Vox había hecho campaña y política de espaldas de ellos. Ahora hay un objetivo premeditado por reivindicar que tanto la lengua y como la bandera catalanas son igualmente «españolas», a pesar del uso intencionado que se ha hecho durante décadas por parte del nacionalismo.

Como evidenció el acto de Vox en Barcelona, los usos serán guiños, menciones, acompañamientos o parte de la escenografía; en ningún caso exhibiciones. Por lo que los actos políticos de Vox mantendrán su esencia y la impronta habitual de grandes despliegues de banderas españolas. Incluso más si cabe como réplica a las presiones del separatismo. La introducción del catalán, por ejemplo, será más bien un tema comunicativo ante los medios de comunicación.

Para la presentación del lema Vox optó por la sobriedad, con una ausencia total de símbolos y banderas. Tan sólo el verde corporativo de la formación para acompañar el eslogan en el atril. «La gran pandemia que vive Cataluña desde hace muchos años se llama falta de libertad», destacó Abascal durante su intervención.

El líder de Vox recordó que su partido está siendo objeto de «ataques» en Cataluña desde hace semanas por grupos radicales y que eso está imposibilitando que puedan expresarse con libertad y hacer campaña con normalidad. «Unas elecciones no son legítimas sin la libertad para todos los partidos», advirtió. Así, volvió a hacer un llamamiento a todas las formaciones para que suscriban un manifiesto impulsado por Vox para condenar la violencia y el acoso.

Para «recuperar Cataluña», su lema, Vox presenta como candidato a Garriga. Abascal destacó de él que, a diferencia de otros partidos, su cabeza de lista «deja el Congreso para encabezar la campaña». «No se va, sino que ha venido para quedarse porque él no abandona su tierra». Crítica indirecta a Cs y PP.

Por su parte, Garriga argumentó qué entiende Vox por «recuperar Cataluña». A su juicio, eso pasa por despojarla del separatismo y retirar toda subvenciones a las entidades que lo apoyan. «El separatismo nos hace más pobres, nos divide y nos arruina», dijo. De igual modo, por recentralizar revolviendo las competencias en educación, sanidad e interior.

Asimismo señaló que lo es rechazando a los inmigrantes irregulares, a los que Vox volvió a vincular con la delincuencia o la inseguridad en los barrios. «Recuperar Cataluña» también dijo que era dar a los padres el poder de elegir la lengua educativa de sus hijos.

Optimización y Vox
Nota del Editor 23 Diciembre 2020

Como a todo ser humano, me gustaría no haberme equivocado, en este caso, con mi apoyo a Vox. Que Vox utilice una lengua regional me parece un disparate, una traición. Está claro que los españoles tenemos del deber de conocer el español y no tenemos deber de conocer lengua regional alguna. Si Vox pretende pescar algunos votos mediante la utilizaciòn de cualquier lengua regional es un bombazo en la línea de flotación de los principios que dicen, decían, defender, porque significa que admite que algunos "ciudadanos" pisoteen el deber de conocer el español y pretendan que los demás se doblegen a su lengua regional.

Si Vox lanza un slogan en lengua regional, lo siguiente es hablarla en la intimidad, luego que se valore más su conocimiento que un doctorado en ginecología por ejemplo, que los españoles no puedan trabajar en las regiones donde nuestra lengua no es "propia", que los niños, y siguientes, sean inoculados con el virus de la lengua regional y así sucesivamente

Después del slogan, vendrán el discurso en español seguido del mismo traducido a cualquier lengua regional y las ventajas de la lengua común, el español, tiradas porque la optimización de los recursos se tiene que machacar ante las lenguas regionales.

Todo un disparate. Si Vox sigue así, me veo fuera de España, ya que eran los únicos que parecía que podían arreglarla.

En agradecimiento a Félix de Azúa
Marcello republica 23 Diciembre 2020

El académico y escritor Félix de Azúa ha publicado un excelente artículo en el diario El País, donde sólo un reducido grupo de columnistas escapa a las presiones del sanchismo imperante en el periódico.

Un artículo titulado ‘Progresamos’ que por su relevante y clarividente certeza reproducimos en nuestras páginas en agradecimiento a tan distinguido autor que no sabemos si se está despidiendo del periódico. Lo que, de ser así, le ofrecemos nuestras páginas para que pueda comentar la penosa actualidad española en plena libertad.

Dice Félix de Azúa:
‘Se va adivinando, avanza muy despacio para no asustar, pero en un año de Gobierno ya empiezan a verse las líneas maestras del proyecto y a presentirse cuál será el futuro de este país si continúa el programa de cimentación de una nueva sociedad española.’

‘En primer lugar, está ya claro que no hay empatía por ninguna de las democracias europeas. Es algo que sospechábamos desde el comienzo. El modelo que persigue el Gobierno no es el de los países del contorno. Se parece más al de algunas repúblicas de América del Sur como Argentina, Venezuela o Bolivia.’

‘El favorito es Argentina porque una parte del Gobierno es peronista, aunque el fragmento chavista tiene mayor influencia. En ambos casos, sin embargo, al modelo le falta un pedestal. El culto al jefe patriarcal, como lo fueron Perón o Chávez, no puede ser sustituido por torpes imitaciones como Maduro o Kirchner. Una república populista requiere un caudillo.’

‘¿El caudillo podría ser Pablo Iglesias? Sin duda Sánchez carece de carácter para ese cometido como se ha visto en un año de Gobierno en el que todos sus socios, separatistas catalanes y vascos, posetarras, comunistas, peronistas y chavistas de Podemos, le han robado el escenario y lo han sometido en todos y cada uno de los órdenes del Estado.’

‘El último ha sido el ataque directo a la cabeza misma. Con razón: el rey Felipe es el jefe de las Fuerzas Armadas y hay que descabezarlas. El penúltimo es someter al poder judicial para acabar con el arcaísmo de la división de poderes. ¿Alguien imagina a un peronista, a un chavista, a un comunista, obedeciendo al poder judicial? Ya hay una parte de España que no acata las sentencias jurídicas y no pasa nada. Ahora falta el resto del país que, menos Madrid, es fácil de someter.’

Creemos que semejante artículo habrá causado estupor en La Moncloa lo que da la razón a quienes allí estiman que hay que atar mucho más corto a El País, ante la inminente segunda parte de la legislatura en la que se va a destrozar lo que va quedando del Régimen democrático de la Transición.

Y en ello están nuestros gobernantes, puestos al servicio del peronismo y chavismo a la española que impera en el Gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias en el menoscabo de la democracia y de la libertad de expresión.

Baleares copia la «ley Celaá» y margina el castellano, la concertada y la especial
El Gobierno regional presenta la versión final del anteproyecto de la futura Ley de Educación autonómica
Josefina G. Stegmann ABC 23 Diciembre 2020

El consejero de Educación del Gobierno balear, el socialista Martí March, presentó ayer la versión final del anteproyecto de la futura Ley de Educación de Baleares, que establece que el catalán será «la lengua vertebradora» de la enseñanza en las islas. En el primer borrador de dicho anteproyecto, que había sido presentado en noviembre del pasado año, se reconocía explícitamente que el castellano sería una de las dos lenguas vehiculares en el ámbito educativo, pero esa referencia ha sido eliminada ahora de la versión final. Preguntado por esa última circunstancia, March respondió que la futura ley educativa balear quiere estar en consonancia con lo fijado ya en materia lingüística por la Lomloe o «ley Celaá». En cualquier caso, se especifica en el articulado que el castellano será una de las dos lenguas «de enseñanza y aprendizaje» en Baleares.

March explicó que durante el periodo de exposición pública fueron presentadas 946 alegaciones al borrador inicial. Además, el texto originario fue debatido con Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, que forman parte -junto con el PSOE- del Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol.

Precisamente, los ecosoberanistas isleños consiguieron que March aceptase introducir un nuevo artículo referido al modelo lingüístico, el 133, que recoge que se debe «garantizar el uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua de enseñanza y aprendizaje, al menos, en la mitad del cómputo horario escolar con el objetivo de asegurar el proceso de normalización lingüística». Por si esto fuera poco, el artículo 134 abre la posibilidad de que los centros implementen inmersión lingüística en catalán. «Los centros educativos, para que la lengua catalana propia de las Islas Baleares mantenga la función de referencia y de cohesión social, pueden implementar estrategias educativas de inmersión lingüística». En este sentido, Julián Ruiz-Bravo, secretario y portavoz adjunto de la Asociación «PLIS Educación, por favor» ha denunciado que «el anteproyecto de la Ley de Educación de Baleares pretende dar una cobertura de ley a la ilegal inmersión lingüística y contraría lo dispuesto por la Constitución mediante la interpretación del Tribunal Constitucional en sus sentencias de 1982 y 2010, que obligan a que las lenguas cooficiales sean lengua de enseñanza, lenguas vehiculares»,

Ruiz Bravo destaca como «sintomático» de esa imitación a la Lomloe el hecho de que «el Gobierno balear haya hecho desaparecer la siguiente frase que sí estaba en el anteproyecto expuesto a la consideración pública: “El uso de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares de enseñanza”. Es decir, se repite la misma operación de la Lomloe, que incluía en el anteproyecto que el castellano era lengua vehicular y que luego, por presiones nacionalistas, retira el término “vehicular”». Ruiz-Bravo señala que aunque formalmente el anteproyecto de ley afirma en el preámbulo que el modelo es de «conjunción lingüística o bilingüismo integrado», solo considera la utilización del castellano como una mera «posibilidad», sin establecer ninguna cuota ni porcentaje de utilización. En cualquier caso, sí reconoce «el derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua si es una de las oficiales».

Ruiz Bravo ha denunciado que «teniendo en cuenta que actualmente, con el decreto de mínimos, ya se practica la inmersión linguística en casi todos los centros escolares de Baleares, no hay que ser muy espabilado para asegurar que con esta ley los proyectos lingüísticos seguirán, con más fuerza aún, en la senda de la ilegal inmersión lingüística». Por otro lado, Nuria Riera, diputada y portavoz de Educación del PP en Baleares ha criticado que el Gobierno balear «quiere ser el alumno más disciplinado de la señora Celaá».

Separar por sexo
Y es que también hay otros cambios con respecto al borrador originario como las referencias a la incorporación a los principios generales de la no confesionalidad o al derecho a recibir la enseñanza de la Religión en las condiciones que se establezcan.

Por lo que respecta a la escuela concertada, el artículo 166 pone como condición para la concertación «escolarizar alumnos con domicilio habitual en el municipio o en la zona educativa en la proporción que determine la conselleria competente en materia de educación y de acuerdo con criterios de programación educativa».

¿Qué significa? Que se prima el criterio de proximidad, es decir, vivir cerca del centro en lugar de primar la elección de los padres. También, como la «ley Celaá», elimina el concierto a los centros de educación diferenciada. Además, el artículo 167 condiciona la aprobación de nuevos conciertos educativos así como la prórroga está supeditada a la escolarización de alumnos en la condiciones que la administración establezca (de la misma zona y que coeduquen).

Necesidades especiales
El texto también margina la educación especial. «Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizarán preferentemente en los centros ordinarios con los recursos humanos y materiales necesarios, y excepcionalmente en unidades educativas especiales en centros ordinarios, en centros de educación especial o en la modalidad de escolarización combinada, con el fin de garantizar su escolarización en las condiciones más apropiadas».

La nueva ley educativa de Baleares podría aprobarse a finales del próximo año.

El Foro Ermua: cuando la virtud cívica se quedó sola
El autor reflexiona sobre la deriva del movimiento cívico vasco no nacionalista, que tuvo en el Foro Ermua a uno de sus máximos exponentes.
Pedro José Chacón Delgado elespanol 23 Diciembre 2020

Insisten mucho los analistas en que este gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es una derivada propia de estos tiempos de pluripartidismo y populismo donde ya no caben gobiernos monocolores y centrados. Pero reparemos en que esta tendencia del PSOE a radicalizarse, a demonizar a la derecha y a aliarse con el nacionalismo en todas sus formas no es algo que haya traído Pedro Sánchez como novedad al partido.

Esto ya apareció con los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Y para demostrar que no es retórica lo que decimos, veamos lo que ocurrió entonces con el probablemente más auténtico colectivo de los que integraron el movimiento cívico vasco contra ETA, y del que surgieron luego otros más conocidos como Basta Ya o el partido UPyD.

Nos referimos al Foro Ermua, cuya apuesta fue muy nítida desde el principio para, desde la fuerza de la razón del Estado de derecho, exigir libertad y no solo pedir o desear la paz, como era lo usual desde el resto de colectivos hasta entonces. Surgió un 13 de febrero de 1998, a los pocos meses del asesinato por ETA del concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua, Miguel Ángel Blanco, con la idea de vehiculizar, desde la sociedad civil, la ola de indignación y de repulsa que aquel crimen anunciado levantó.

Su fuerza fue amainando, por todo lo que veremos a continuación, y sobre todo cuando se constituyó en 2009 el primer –y hasta ahora único– gobierno vasco no nacionalista. Al Foro Ermua le hubiera gustado que ese hubiera sido el perfecto colofón para su actividad, pero ni en eso tuvo suerte, porque aquel gobierno de Patxi López acabó prematuramente, sellando la lejanía insondable entre PSOE y PP que conocemos hoy.

Lo que vamos a recordar aquí demuestra cómo el miedo, la ignorancia, los complejos y las ocasionales conveniencias políticas se empeñaron en acabar con cualquier rayo de esperanza que quisiera sacarnos de aquel marasmo de mediocridad intelectual y miseria moral en el que vivíamos. Transcurrió durante el último año del primer mandato de Rodríguez Zapatero. Tras el asesinato de dos ecuatorianos en la T4 de Barajas, entramos en un 2007 atravesado por los intentos de negociación entre el gobierno socialista y la banda terrorista.

El Foro Ermua se opuso con todas sus fuerzas a esa negociación. Dentro del ámbito vasco, interpuso una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra los encuentros del lehendakari Ibarretxe, y de Patxi López por parte del PSE, que se habían reunido con miembros de la antigua Batasuna, entonces ilegalizada. El Foro Ermua llevó sobre sus hombros dichas denuncias como acusación particular, sin apenas respaldo social detrás y enfrentado a los dos grandes partidos que se arrogaban la vuelta de las libertades al País Vasco tras la Dictadura: PSOE y PNV.

El 26 de marzo, con motivo de la vista oral del llamado caso Ibarretxe, el PNV, para arropar al encausado, concentró alrededor del Palacio de Justicia de Bilbao, sito justo al lado de la sede central del partido –la Sabin Etxea– una muchedumbre de seguidores que dejaban a los escasos representantes del Foro Ermua reducidos a la mínima expresión, convertidos en una suerte de intrusos facinerosos. Cuando fueron reconocidos a la entrada del tribunal empezaron a llamarles de todo.

El momento culminante fue la agresión, en forma de patada en la entrepierna, recibida por uno de ellos, Antonio Aguirre, y que le hizo caer al suelo retorcido de dolor. El agresor fue identificado enseguida como afiliado del PNV. No merece la pena dar su nombre, entre otras razones porque falleció en 2016 y porque ya pagó una multa –se supone que lo hizo el partido– de 900 euros en concepto de lesiones.

El entonces máximo responsable del partido en Vizcaya, que no era otro que el actual lehendakari Iñigo Urkullu, consideró que no procedía que el PNV sancionara al militante porque “nos vale con su arrepentimiento” y con su “dolor” por haber mezclado el nombre del partido en un incidente de este tipo y haber “causado un daño de forma innecesaria”. Urkullu dejó claro que el PNV “no justifica ninguna acción violenta” pero consideró importante “contextualizar” lo ocurrido “en el marco de una provocación”. Lo que pasó con el militante fue “un calentón impropio de él, porque ésa no es su manera de ser”, concluyó.

Como se puede comprobar, ni la más mínima muestra de apoyo o empatía hacia la persona agredida. En la misma línea fueron todas las declaraciones del gobierno vasco, entre ellas la del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, actual dirigente de la red Sare de apoyo a los presos de ETA, y de la consejera de Cultura y portavoz, Miren Azkarate. Y por supuesto, como colofón de todas ellas, las del propio lehendakari Ibarretxe, que atribuyó al Foro Ermua generar odio y crispación, así como impulsar un “proceso de destrucción de la convivencia en este país”.

Tuvieron que pasar unos días para que el gobierno vasco reconociera que había habido una agresión y la rechazara, pero atribuyendo al agredido formar parte de un “acto ilegal de contramanifestación”.

El Ayuntamiento de Ermua, con el socialista Totorika al frente, solicitó al Foro Ermua que dejara de llamarse así

El enjuiciamiento previo de Patxi López y Rodolfo Ares por impulso del Foro Ermua y con el mismo motivo que Ibarretxe, había llevado ya a que uno de los miembros de esta plataforma, el destacado militante socialista Antonio Aguirre –el mismo que luego recibió la patada ante los juzgados– fuera expulsado del partido. Pero todavía faltaba la guinda. Desde el propio Ayuntamiento de Ermua –donde ejercía como concejal Miguel Ángel Blanco cuando fue asesinado–, su alcalde, el socialista Carlos Totorika, convocó oficialmente al consistorio para solicitar al Foro Ermua que dejara de llamarse así.

Todo empezó con una recogida de firmas, que llegaron hasta las 3.400 (el municipio tiene unos 17.000 habitantes) y donde se hacía ver que la población ermuarra “está harta de ser instrumentalizada, de que utilicen su nombre para sembrar el odio, para atacar y acusar de ser ‘cómplice del terrorismo’ a todo aquel que difiere de unos planteamientos intolerantes”. El escrito precisaba: “Pedimos al grupo autodenominado ‘Foro Ermua’, formado por personas ajenas a nuestro pueblo, que deje de utilizar el nombre de Ermua para criminalizar el diálogo y la pluralidad que caracteriza a este pueblo”.

Los firmantes sostenían que el consistorio había “alimentado e instrumentalizado” el uso del nombre de Ermua, pero no tenía ninguna duda de que “nos respaldará”. Y de hecho así sucedió. La corporación aprobó el 4 de abril la propuesta, con los votos de 14 de los 16 concejales presentes, incluido uno de los cuatro del PP –expulsado por ello del partido–, otro estaba ausente y los otros dos fueron los únicos que votaron en contra. En total votaron a favor: los 9 del PSE, los 3 de la coalición PNV-EA, el de Ezker Batua y 1 del PP. Ni siquiera hizo falta que estuviera la izquierda abertzale para aprobar algo así.

La vicepresidenta del gobierno de Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a afirmar que los concejales del consistorio vizcaíno “tienen derecho a expresar su opinión, como no podía ser de otra manera” y recordó que los ediles representan a los ciudadanos y que, en cualquier caso, “son los ciudadanos los que decidirán en las urnas” si la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta. Se refería a las elecciones municipales que se celebraron casi seguido, el 27 de mayo, y en las que el PSE volvió a revalidar sus 9 concejales y el PP sus 4; el único que ganó un concejal fue Ezker Batua, a costa del que perdió la coalición PNV-EA por ir separada: el PNV se quedó con 2.

Mikel Buesa, hermano del político socialista asesinado y presidente entonces del Foro Ermua, llegó a acusar en aquella campaña electoral al alcalde Totorika de haber falsificado firmas en la petición para que el Foro Ermua cambiara su nombre. El daño que aquellas elecciones municipales y todo lo que las precedió infligieron al Foro Ermua fue irreparable. Y los colectivos, tanto políticos como no políticos, que siguieron representando al movimiento cívico vasco no fueron ya más que sucedáneos del Foro Ermua, sin alma ni futuro.

*** Pedro José Chacón Delgado es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.

Si Cervantes levantara la cabeza...
Gabriel Sanz. vozpopuli 23 Diciembre 2020

¿Por qué Felipe VI acepta protagonizar otro gesto de debilidad con Cataluña de trasfondo, a solo tres días del que se presume su discurso de Nochebuena más importante en seis años de reinado?

Además de insigne autor, Miguel de Cervantes fue un soldado al servicio de Felipe II que amó a su país hasta el punto de caer gravemente herido en 1571 durante la batalla contra los turcos y por ello pasaría a ser conocido como El manco de Lepanto. No solo su obra más universal, Don Quijote de La Mancha, también sus Rinconete y Cortadillo o su Licenciado Vidriera, a caballo entre la fantasía y la autobiografía, han quedado para la historia como un compendio de ese ser inmortal nuestro, indómito en lo bueno y en lo malo.

Por eso llama la atención que el premio anual que lleva su nombre, el más insigne de las letras hispanas, ese que los sucesores de aquel Rey prudente vienen entregando con el boato requerido en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares todos los años desde hace 44 -ayer Juan Carlos I y la Reina Sofía, hoy su hijo y la Reina Letizia-, le haya sido entregado este lunes al poeta catalán Joan Margarit en el Palacete Albéniz de Barcelona durante un acto a escondidas sin que medie, que se sepa, un confinamiento ni del premiado ni de nadie de los presentes por la pandemia.

Un suponer: Si el galardonado con el Premio Cervantes 2019 fuese, en vez del autor de La sombra del otro mar, el hoy ya anciano enfermo Antonio Gala y la ceremonia de la entrega se hubiera llevado en la Zarzuela, en su domicilio de Madrid o en la finca La Baltasara de Málaga, donde el andaluz escribió sus mejores obras... ¿Los medios de comunicación nos habríamos enterado a posteriori o habría habido redoble de tambores mediáticos?

¿De verdad quieren hacernos creer que nada tiene que ver el caracter “privado” (sic) del acto con un miedo atroz a que los independentistas fueran a las puertas de la residencia real a liarla? Y ya por llevarlo al terreno del absurdo, ese al que nos instala alguna fuente oficial cuando justifica lo ocurrido en la idea de aprovechar el viaje del Rey a la fábrica de SEAT en Martorell... ¿Se imagina alguien al Rey Carlos Gustavo de Suecia entregando el Nóbel de Literatura a un autor escandinavo en su casa de la ciudad de Torslanda aprovechando una visita a la fábrica de montaje de Volvo?

No sé a quien se le ha ocurrido tres meses después de impedir a Felipe VI la entrega de los despachos a los nuevos jueces en la Ciudad Condal, esta entrega del Premio Cervantes con un formato institucional en el que, para colmo de males, ni estaba ni el presidente del Gobierno, en cuarentena desde que el presidente francés, Emanuel Macrón, dio positivo por covid-19; Por descontado tampoco el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el cual ya había advertido que él no iría con el monarca ni a Martorell ni a ningún otro sitio.

Y me asalta una duda: ¿Por qué Felipe VI acepta protagonizar otro gesto de debilidad con Cataluña de trasfondo, a solo tres días de protagonizar el que se presume su discurso de Nochebuena más importante en seis años de reinado? ¿El hoy denostado y en el exilio Juan Carlos I habría aceptado? ¿Cree sinceramente su hijo que va a calmar así a Aragonés o a quien le suceda tras las elecciones autonómicas del 14 de febrero? Es más, ¿Por qué tiene que calmar a esa parte de la población catalán que no se acepta en minoría? ¿Cuándo piensa el Rey volver con normalidad a la segunda ciudad de España y a esa Cataluña que aprobó la constitución de 1978 con el mayor grado de apoyo de toda España?

Porque las naciones, los países, los Estados, ponga la definición que usted quiera, estimado lector, son cuerpos vivos. Se percibe a leguas su fortaleza, su descomposición... y su miedo. Sí, su miedo. Y hoy hay razones más que suficientes para pensar que tanto, internamente, quienes quieren romper este viejo país -no llegan al 45% del censo en Cataluña y representan mucho menos en las Cortes- como externamente, nos han cogido la medida. Para mal.

Tras fracasar Sánchez en los tres intentos por colocar a ministros al frente de organismos, llega la ofensiva de Marruecos para que reconozcamos que el Sáhara es suyo 44 años después de ‘La Marcha Verde’

Me refiero a que Pedro Sánchez -España, en definitiva- lleva tres fracasos de tres intentos por colocar a un ministro de su Gobierno al frente de importantes organismos internacionales; léase, la vicepresidenta Nadia Calviño ojo presidenta del Eurogrupo de los ministros de Economía de la UE, la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, al frente de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o, esta semana pasada, el ministro de Ciencia y exastronauta, Pedro Duque, como director general de la Agencia Especial Europea (ESA). Gajes del oficio de la potencia intermedia que nunca dejamos de ser; sí, pero sintomáticos de un estado de cosas.

Eso, por no hablar de la desestabilización que ¡Oh casualidad! siempre acompaña desde el sur nuestras encrucijadas; desde ese Marruecos donde al “hermano” de Felipe VI -así se llaman entre ellos-, Mohamed VI, le ha faltado tiempo para reivindicar Ceuta y Melilla una vez reconocida la soberanía marroquí sobre el Sáhara por parte de los Estados Unidos, y tras haber suspendido por sorpresa la Reunión de Alto Nivel (RAN) prevista el 17 de diciembre en Rabat.

La historia nunca se repite o si lo hace, es como farsa -dejó escrito Carlos Marx- pero nos convendría recordar que hace 43 años, tras la muerte de Francisco Franco, el entonces Príncipe de los Creyentes, Hassan II, su padre, organizó La Marcha Verde para anexionarse unilateralmente la antigua provincia española aprovechando la inestabilidad en el interior de nuestro país, la retirada del Ejército franquista a sus cuarteles de invierno, y la evidente debilidad de un entonces joven y cuestionado Juan Carlos I... Blanco y en botella.

Abacus señala a una cajera por hablar en castellano
La cooperativa, que ha apoyado varios actos en favor de la inmersión, ha pedido más datos de la trabajadora a una tuitera indignada porque había pronunciado algunas palabras en español
María Jesús Cañizares cronicaglobal 23 Diciembre 2020

Abacus, la cooperativa dedicada a la venta de artículos de escritura y material escolar, ha protagonizado una nueva polémica lingüística, en este caso por señalar a la cajera de una de sus tiendas que habló en castellano ante una clienta. Las críticas han sido tan intensas, que la cooperativa se ha visto obligada a asegurar que no tiene intención de tomar represalias contra la trabajadora.

Pero ni ha convencido a quienes, “Ostras, sinceramente me choca que en un lugar como Abacus la cajera se me dirija en castellano de entrada, tengamos toda la conversación en catalán y, una vez pagado, me vuelva a decir: tome su tiquet, muchas gracias. ¿Abacus, sabes? No se, como socios de hace 40 años me entristece”, ha escrito @aida_tarraco en su perfil de Twitter. Se trata de Aïda Tarragó, que trabaja en la Consejería de Agricultura de la Generalitat.

La cooperativa le ha respondido: “Hola Aïda. Nos sabe mal la situación que nos describes. Ya sabes que, por nuestro compromiso con el país, la cultura y la educación, nuestra lengua de comunicación primaria es el catalán. ¿Serías tan amable de indicarnos en qué tienda ha sido, por favor?”. Abacus ha participado anteriormente en actos en favor de la inmersión.

La denunciante ha borrado el tuit, pero demasiado tarde, pues la polémica ya había estallado. “A esto se le llama fascismo”, “un cliente menos”. “Estáis en el límite del delito”, han respondido los internautas.

Abacus se ha visto obligada a precisar su postura. “Aclaración en relación a la opinión expresada por una socia hacia al idioma en que fue atendida: Ante una queja, siempre pedimos más información para entender el contexto, pero en ningún caso para sancionar ningún trabajador”. ”Nuestra lengua vehicular es el catalán –añade--, pero en ningún caso se penaliza ni excluye el uso del castellano u otras lenguas, que representan todas las realidades de nuestro territorio”.

Pero algunos tuiteros no han quedado satisfechos. “¿Entonces para que pedís la dirección de la tienda, para pasar a saludar? ¿Os pensáis que la gente es idiota? Sois un cómplice más de la dictadura ‘indepe’. No vale con decir las cosas, también hay que actuar contra los intolerantes que utilizan el idioma como arma de exclusión”.

"Pues para vender fuera de vuestro 'territori' bien que usáis el castellano como lengua vehicular en vuestra web. Espero que no se tomen represalias contra la cajera, porque nos enteraremos".

 


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