AGLI Recortes de Prensa   Jueves 24  Diciembre  2020

El Gobierno transforma la educación en una herramienta de ingeniería social
ESdiario  24 Diciembre 2020

La imposición de la Ley Celaá en plena pandemia es la demostración definitiva de cómo Moncloa se sirve de la epidemia para colonizar con su sectarismo hasta el último rincón de libertad.

El Senado ha dado el visto bueno a la Ley Educativa más unilateral de la historia reciente de España, impuesta sin diálogo alguno con la oposición y la comunidad educativa, lesiva con la concertada y sectaria hasta un punto asfixiante.

La nula vocación de pacto se demuestra en el rechazo total a las 700 enmiendas presentadas. Y su intención de politizar la educación se resume en el entusiasmo del independentismo, que ve cómo el Gobierno enmienda con impúdicas nuevas concesiones las resoluciones judiciales que dictan justo lo contrario.

En lugar de atacar los problemas profundos de la educación (abandono escolar, retraso en la formación frente a Europa, sistema de selección del profesorado), la Ley Celaá genera otros nuevos al copiar la agenda ideológica del Gobierno y de sus socios e intentar meterla en los colegios como brújula formativa.

Para lograrlo, regala al nacionalismo la elección del programa lectivo y la exclusión del español en las aulas. Y al populismo le entrega la agenda de ingeniería social basada en un falso igualitarismo y una colonización ideológica que aspira a fabricar ciudadanos en serie, adaptados a la visión y los prejuicios de sus gobernantes.

La Ley Celaá es el clímax de la agenda de un Gobierno que se sirve de la pandemia para imponer su sectarismo frentista

Aprobar una ley que ataca a la concertada en plena pandemia es una muestra final de sus intenciones: lo que hacía falta es un plan de urgencia para atender a los alumnos en otro año difícil, que agravará sin duda la brecha con Europa.

Pero por lo que se apuesta es por aprovechar ese vacío para incluir en la escuela el mismo espíritu de todas las leyes del Gobierno: la de memoria histórica, la de eutanasia o las normas de libertad de información. Es decir, un canon ideológico frentista, incompatible con la pluralidad de la sociedad española y dañino para la convivencia.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional debería pronunciarse de urgencia. Si lo ha hecho esta misma semana con las medidas autonómicas de cierre perimetral, ¿por qué no puede hacerlo con una ley que, de ponerse en marcha el próximo curso, generará unos daños estructurales estables?

El Gobierno consuma su ataque a la educación
Editorial ABC 24 Diciembre 2020

La «ley Celaá» entrará en vigor próximamente con su ataque al español como lengua vehicular y con las bases para la desaparición de la educación concertada

El Senado rechazó ayer más de 700 enmiendas de los grupos de la oposición y consumó su tropelía contra el sistema educativo. La «ley Celaá» entrará en vigor próximamente con su ataque al español como lengua vehicular y con las bases para la desaparición de la educación concertada. El adoctrinamiento se impondrá en las aulas al capricho de una izquierda a la que no le preocupan ni la opinión de millones de familias para el futuro de sus hijos ni la formación de los propios alumnos. El Gobierno no quiere libertad, sino sometimiento ideológico a cambio del apoyo de separatistas y nacionalistas a sus presupuestos. Concebir la educación como peaje político para sobrevivir en La Moncloa es un error que pagarán las generaciones que vienen. Solo el PP y Vox han tenido la dignidad de plantar cara para impedir la aprobación de la «ley Celaá», y resulta incomprensible la posición del PNV. La educación es una cuestión de libertad, no de dogmatismo. Por eso el Gobierno se ha empeñado en aplastarla.

Podemos no es ejemplo de nada
Editorial ABC 24 Diciembre 2020

Cuando en 2018 Podemos se erigió en el adalid del PSOE para presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, lo hizo invocando la sentencia de la Audiencia Nacional, hoy corregida por el Tribunal Supremo, que condenaba al PP como beneficiario de la corrupción del caso Gürtel. Para Pablo Iglesias, España no podía contar en La Moncloa con un partido corrupto. Dos años después, es Podemos el partido corrupto investigado por su presunta financiación irregular, y es su líder quien está pendiente de una posible imputación ante el Supremo por obstruir la labor de la Justicia y por destruir pruebas para que no le salpicase la guerra interna por el poder en su propio partido. Podemos no es ningún modelo de regeneración democrática o de transparencia. Al contrario, no hace sino sumar a su trayectoria política una retahíla de procesos judiciales que le retratan como un socio de gobierno indigno y, sobre todo, envuelto en ilegalidades constantes.

Su secretario de Organización, Pablo Echenique, fue condenado hace unas semanas a pagar 80.000 euros en concepto de indemnización por haber tildado de «violador» a un inocente. Echenique ya cargaba con otra sanción administrativa por no haber dado de alta en la Seguridad Social a un asistente personal, un episodio demostrativo de que su discurso como protector de los más desfavorecidos es solo una estafa moral más en el ideario de Podemos. Su portavoz en Madrid, Isabel Serra, también tiene una condena penal por agresiones a la Policía durante una manifestación celebrada años atrás. Lo mismo ocurre con su diputado Alberto Rodríguez, para quien el Congreso acaba de aceptar el suplicatorio para ser juzgado por agresiones a las Fuerzas de Seguridad. Otro dirigente, Monedero, fue penalizado por tratar de burlar a la Agencia Tributaria ocultando pagos de casi medio millón de euros por haber asesorado al Gobierno de Venezuela. E Iglesias pende de un hilo en el caso Dina, por el cual ocultó que dispuso durante cinco meses de una tarjeta con archivos telefónicos pertenecientes a una asesora suya con pruebas incriminatorias sobre sus manejos internos en Podemos.

Sin embargo, el caso de corrupción más llamativo es el que se encuentra en plena fase de instrucción en un juzgado madrileño por la presunta financiación irregular del partido. Las pruebas apuntan al desvío de más de 300.000 euros sin justificación para supuestos gastos electorales a través de Neurona, una empresa pantalla que habría servido para un presunto blanqueo de capitales. Si a eso se añaden las sospechas de nula transparencia que pesan sobre la adjudicación de las obras realizadas en su sede con unos sobrecostes más que sospechosos, la conclusión es sencilla: Podemos no es ejemplo de absolutamente nada que tenga que ver con un paradigma mínimamente democrático. Hoy Podemos se aprovecha de los mismos aforamientos «de casta» que quería erradicar. Tiene a sueldo a imputados y condenados que no dimiten, y lanza reproches al resto de partidos que no se aplica a sí mismo. Cultiva un doble discurso frente a la corrupción que avergonzaría al político más cínico, y criminaliza a los jueces si sus fallos no les resultan favorables. Podemos representa al chavismo venezolano en su más pura esencia, y por eso pretende desnaturalizar la independencia judicial y controlar a los tribunales a la medida de su propia corrupción. Pedro Sánchez dijo que no dormiría tranquilo con Podemos en el poder. Sin embargo, parece descansar muy a gusto mientras Iglesias desnuda a la democracia de valores y se apropia de ella con el consentimiento de un PSOE indolente y acobardado. Podemos es solo la inmoralidad encarnada en el poder.

¿Por qué es importante derrotar la inmersión? Por Margarit y tantos otros
Teresa Giménez Barbat okdiario 24 Diciembre 2020

Es importante derrotar la inmersión porque es un vehículo de penetración del separatismo. Tal cual. Si me hubiera oído a mí misma decir esto hace 20 años hubiera pensado que me había intoxicado con algo. Mi lengua materna es el catalán y es además mi lengua familiar. Hace 20 años estaba convencida de que el objetivo de la inmersión era que tanto los niños catalanohablantes como los castellanohablantes acabasen sus estudios con un buen conocimiento de ambas. Nunca reflexioné sobre si era normal que en un lugar de España un escolar no pudiera estudiar en español si así lo preferían él o sus padres. En todo caso me parecía una exageración montar mucho jaleo con esto. Durante años fui consciente de su fragilidad de lengua minoritaria y que todo era poco para protegerla.

Pero ese “poco” era un “poco” dentro de la ley y del respeto por los derechos de los demás. No los extremos a los que les han dejado llegar. Y, después del otoño del 2017, no tengo duda de que ya no hablamos más de la lengua. Se trata de otra cosa. Lo que menos les importa a sus fanáticos defensores es el catalán mismo. Lo que quieren es un ámbito donde parezca que no se vive en España. No es tanto que el catalán no se pierda como que se pierda el castellano. Que esto sea una fantasía sin esperanza es lo de menos. Está la mala intención, la necesidad de seguir con su enemigo ancestral a costa de la mitad de la ciudadanía.

No, el catalán no les importa. Lo que les importa es salirse con la suya, demostrar que esta tierra es suya. Nada más. Si les importara, se preocuparían de que la gente no tuviera recelos sobre la doble intención de quienes controlan Educación en Cataluña. El temor a que detrás de esas bonitas campañas y de toda esa victimización de las lenguas minoritarias se oculte el afán de metérsela doblada a quién no está dispuesto a ser un ciudadano de segunda.

Para que a una catalana como yo ya le dé grima su lengua tienen que haberse pasado varios pueblos y toda una autonomía. Precisamente lo que han hecho. Como esos que están rabiosos por la (demasiado discreta) entrega del premio Cervantes a Joan Margarit, del que han dicho cosas terribles por aceptarlo. Esos capaces de decir de su poesía que “Está escrita en una lengua de campo de exterminio, de miseria servil, acomplejada, apaleada, asustada, siempre aproximada y subordinada a la matriz española, al modelo castellano, imperial”. O que “Es la lengua viva del preso, precipitada, del catalán corrompido por tanta riqueza como nos aporta el castellano en las grandes ciudades”.

Si eso es amar la lengua y la cultura catalanas, quizá ya no valga la pena seguir con esta farsa. Si para ello hay que ser un miserable como el autor de esas palabras, mejor lo dejamos correr. Si la lengua se utiliza como un vehículo para el odio y la separación, muchos catalanes ya no la queremos. Los pocos que creen que de verdad así la defienden, en realidad provocan su abandono, el desapego del corazón.

Y las calles se llenaron de ciudadanos este domingo contra el blindaje de la inmersión que significa la Ley Celaá. Una Ley que se da de bruces contra la sentencia histórica del TSJC que hace obligatorio para todas las escuelas ese miserable 25% de castellano. 400 vehículos partieron de la Plaza de España y recorrieron el Paralelo. Con la ausencia de un PSC que pedía no hace mucho “flexibilidad” y hoy dice cualquier cosa que contente a ERC.

Feliz Ramadán, Pedro Sánchez
Pablo Planas Libertad Digital 24 Diciembre 2020

Se puede decir ya sin temor a equivocarse que todos los Gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero fueron mejores.

A falta de pocos días para el primer aniversario de la constitución del Gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se puede decir ya sin temor a equivocarse que todos los Gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero fueron mejores. Ese desastre que ahora se dedica a ejercer de embajador del sátrapa Maduro y que no tuvo inconveniente en forjar una alianza de civilizaciones con el turco Erdogan fue menos pernicioso para España y los españoles que la pareja que a día de hoy rige los destinos de esta vieja y vapuleada nación.

El balance del primer año de la coalición social-comunista, preciso apodo que tanto enerva a la calamidad del barrio de Tetuán que ocupa la Moncloa, es simple y llanamente nefasto. En relación al número de habitantes, España es el país con más muertos por coronavirus y más contagios, el que más tarde adoptó medidas y en el que sus gobernantes más mintieron a una población desinformada y, por tanto, indefensa. Y ni siquiera ha dimitido Fernando Simón.

El Gobierno aguanta y aguanta bien porque goza del favor de una mayoría de los medios y de las grandes empresas, que están a la expectativa del reparto de los fondos europeos. La oposición también ayuda, toda vez que solo Vox con sus aciertos y errores cumple a tiempo completo con ese papel.

Se tiende a considerar, además, que el próximo año no puede ser tan malo como el que acaba, pero los datos no van por ese camino. Todas las proyecciones de los principales organismos económicos internacionales coinciden en que España es el país que más cae y que más tiempo tardará en recuperarse. Las perspectivas no pueden ser más sombrías ni la situación más desesperada para cientos de miles de familias. Y, a la espera de los fondos europeos, lo único que se sabe de ellos es que su reparto ya se lo ha reservado Pedro Sánchez. Una legión de comisionistas espera ávida el favor del césar. Una nueva generación de socialistas se va a hacer rica, muy rica.

Así es que mientras el país está noqueado y desencajado, Sánchez, en cambio, está como unas castañuelas y nos desea felices fiestas porque si dijera feliz Navidad se le caería al suelo ese pedazo de mandíbula de su pétreo rostro. Es un clásico del Adviento, la felicitación laica y balalaika del líder socialista, que es tan sensible al hecho religioso islámico como alérgico a la historia y tradiciones de sus compatriotas. Así es que mientras no tiene inconveniente alguno, más bien lo contrario, en desear a los musulmanes un feliz Ramadán, con la Navidad es que no puede, le supera. Es un detalle menor, cierto. Sólo la guinda de esa broma macabra que para un número cada vez mayor de españoles es Pedro el sepulturero.

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El régimen del 78
Juan Francisco Martín Seco republica 24 Diciembre 2020

A ciertas fuerzas políticas todo se les va en afirmar que hay que terminar con el régimen del 78. No sé muy bien qué es eso del régimen del 78. Sin embargo, sí sé lo que es la Constitución del 78. Muy similar a las de las otras naciones europeas. Para elaborarla, en buena medida se copió de estas últimas, constituciones basadas en la idea de un Estado social y democrático de derecho. Ligadas, de alguna manera, al pensamiento socialdemócrata, puesto que después de la Segunda Guerra Mundial, y en bastantes países, incluso los partidos conservadores terminaron por aceptar muchos de los principios de la socialdemocracia.

El Estado social es la continuación y culminación de los otros dos atributos del Estado moderno, democrático y de derecho. Si es cierto que, tal como afirma Ruggiero, en la Revolución Francesa se dieron tres revoluciones en potencia -la liberal, la democrática y la de carácter social-, no es menos verdad que entre las tres hay una relación determinista y que, en un orden lógico y consecuente, cada una de ellas exige e implica la posterior. Quedarse en una de las fases sin dar un salto a la siguiente significa no solo no avanzar, sino retroceder; constituye una involución al despotismo, porque ninguna de esas facetas es estable sin el complemento de las restantes. Algo que deberían tener en cuenta no solo las fuerzas de derechas que desprecian el Estado social, sino también las que se proclaman de izquierdas, pero no tienen ningún reparo en violar la ley, burlarse del derecho y exigir que se desjudicialice la política.

El Estado de derecho parte de Montesquieu. Podríamos resumir su contenido en tres requisitos principales: a) Reconocimiento y tutela de derechos civiles y libertades públicas; un ámbito de intimidad privada y autonomía para las personas. b) División de los distintos poderes de manera que, contrapesándose, se impida cualquier tipo de absolutismo. c) Sometimiento de todos, y en especial de los distintos poderes, al imperio de la ley y del derecho.

A su vez, el calificativo de democrático predicado del Estado se inserta en la tradición de Rousseau e implica la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos. Es un paso más en la evolución del Estado moderno, con respecto al simple Estado de derecho; añade al status libertatis el status activae civitatis. Se pretende pasar de una concepción heterónoma a otra autónoma, donde el gobierno no venga impuesto desde el exterior, sino que sea autogobierno, en el que los ciudadanos se den sus propias leyes.

El Estado social constituye el último paso, al menos por ahora, en ese proceso de configuración del Estado moderno. Parte de la consideración de que los aspectos económicos condicionan el ejercicio de los derechos civiles y políticos y de que el hombre, para poder realizarse como hombre, necesita disponer de un mínimo nivel económico; en definitiva, de que no se puede hablar de auténtica libertad si no están cubiertas las necesidades vitales más elementales. Si el Estado de derecho pretendía proporcionar seguridad jurídica, el Estado social intenta garantizar la seguridad económica y social.

El Estado social se basa también en el presupuesto de que la estructura económica no solo puede ser un impedimento para el Estado de derecho, sino también para el Estado democrático. Asumen el principio de Marx de que la desigualdad en el dinero origina también la desigualdad en el poder, y que los que concentran las riquezas tienen tales medios e instrumentos que pueden interferir en el juego democrático, desnaturalizándolo y convirtiéndolo en una envoltura puramente formal, sin ningún contenido. Si el Estado quiere ser verdaderamente un Estado de derecho y democrático, no tiene más remedio que ser también social, renegar del laissez faire e intervenir en el ámbito económico. Primero, para garantizar los derechos sociales y económicos, sin los cuales los derechos políticos y civiles serían para la gran mayoría de los ciudadanos letra muerta. Segundo, para establecer un contrapeso al poder económico, de manera que este no pueda manipular a su antojo el juego democrático, y garantizar así, aunque sea mínimamente, la objetividad del propio Estado.

Hay que afirmar, no obstante, que el avance hacia el socialismo (Estado social), solo se puede hacer desde el derecho y la democracia, trascendiéndolos, pero nunca anulándolos o destruyéndolos. Liberalismo, democracia y socialismo se complementan. La eliminación de uno cualquiera de estos términos adulterará los otros hasta corromperlos. Los derechos civiles y políticos sin una participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos se convierten, en el mejor de los casos, en despotismo ilustrado. La democracia formal, sin unas dosis mínimas de igualdad y de control democrático del poder económico, deviene en dictadura de la clase dominante. El socialismo, sin democracia y libertad, termina en tiranía de la burocracia y de los aparatos políticos.

Será principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando esta concepción del Estado vaya calando en todos los países, y se incorpore su espíritu y su eficacia a las distintas Constituciones. De este modo, las naciones que entonces tienen que redactar una Constitución lo hacen desde esta nueva perspectiva: la Constitución francesa de 1946, la italiana de 1947 y la alemana de Bonn de 1948.

La Constitución española de 1978 quizás por ser una de las últimas en redactarse es también una de las que mejor recogen las virtualidades del Estado social. De manera explícita, asume tal calificación al afirmar en su artículo 1. 1º que "España se constituye en un Estado social y democrático de derecho", con lo que hace suyas las tres tradiciones derivadas de la Revolución francesa que, como ya dijimos, se complementan y se necesitan mutuamente.

Este mismo contenido viene expresado con claridad porque nuestra Carta Magna no se conforma con la mera igualdad formal de todos los ciudadanos ante la ley (art.14), sino que da un paso más e impone a los poderes públicos (a los poderes públicos, no al vecino de al lado, como piensan algunos) la obligación de promover las condiciones para que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas, removiendo todo tipo de obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar así la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art.9.2).

Si bien se acepta la libertad de empresa y la economía de mercado, de forma inmediata se subordina ésta a las exigencias de la economía general y, en su caso, a la planificación (art.38). La aceptación del Estado como social implica asumir que la economía no es un sistema espontáneo, perfecto y autorregulado, sino que necesita de la constante intervención, control y dirección estatales. Consiste, en definitiva, en aceptar el especial protagonismo del Estado en el proceso económico. Son, por consiguiente, los poderes públicos los responsables del desarrollo económico (art.130) y de la planificación (art.131), pudiendo contar para ello con todo tipo de instrumentos, incluyendo la intervención directa como empresario e incluso la reserva de sectores, o recursos, cuando así lo exija el interés general (art.128.2). La propiedad privada y la libertad de empresa tienen su contrapartida y limitación en la utilidad pública y el interés social.

Esta concepción política genera su consecuencia más inmediata en que nuestra ley fundamental no solo tutela derechos civiles, sino también, y con la misma relevancia, económicos. En primer lugar, el derecho a un puesto de trabajo (art.35) que, para convertirse en efectivo, va acompañado del mandato a los poderes públicos de realizar una política de pleno empleo, porque de lo contrario, el ejercicio del derecho por una parte de la población lleva implícita la negación del mismo para el resto.

En segundo lugar, los derechos derivados de la protección social - lo que se ha dado en llamar en otras latitudes el "Welfare State" o economía del bienestar- de los que el Estado es garante: seguridad social pública, prestación por desempleo (art.41); pensiones adecuadas y periódicamente actualizables (art.50); sanidad pública (art.43); educación (art.27); vivienda digna y adecuada, impidiendo los poderes públicos la especulación del suelo (art.47) y toda una larga lista de previsiones recogidas en el capítulo III del Título I del texto constitucional. Nuestra Constitución, al igual que buen número de las europeas, está lejos, por tanto, de conformar un escenario liberal-burgués al estilo de las del siglo XIX, con el que algunos pretenden identificarla para denigrarla a continuación y justificar la ofensiva que mantienen frente a ella.

Hasta los años ochenta esas constituciones propiciaron los niveles de mayor igualdad conocidos en Europa. La participación en la renta total del decil más alto, que con anterioridad a 1940 alcanzaba por término medio en los países europeos alrededor del 50%, desciende hasta el 30% en 1980, para subir de nuevo a partir de ese año por encima del 35%. Algo parecido se observa si utilizamos la evolución de la participación del percentil superior. En este caso los porcentajes adquieren los valores del 20 o 25%, con anterioridad al año 1940; descienden hasta el 5%, en el periodo 1940-1980, para subir a partir de este último año al 15% actual.

La menor desigualdad y el reparto más equitativo de la renta que se dan en el periodo 1940 a 1980 están, al menos en parte, relacionados con determinadas políticas que estaban enunciadas en el Estado Social previsto en estas constituciones. Entre otras, una política fiscal fuertemente progresiva, con los tipos marginales más elevados del impuesto de la renta y sucesiones del orden del 70 u 80%; un fuerte sector público empresarial, política en la destaco Francia, o la cogestión en las compañías privadas con participación de los agentes sociales en los consejos de administración, practicada especialmente por Alemania.

Si a partir de los años ochenta se produjo un cambio, un fuerte retroceso en los derechos sociales y las cotas de igualdad de los países europeos, no se debió a la modificación de las constituciones, que permanecieron en lo sustancial sin variaciones, sino a que el discurso del neoliberalismo económico fue ganando posiciones hasta hacerse casi hegemónico. Es ese pensamiento que pretende ser único el que ha impuesto la globalización y que se ha adueñado del proyecto de la Unión Europea, el que ha originado esa involución social en la que nos encontramos, y que hace casi imposible que funcione el Estado social y que las Constituciones se cumplan.

España constituye sin duda un caso especial, puesto que nuestra Constitución se aprobó mucho más tarde (1978) que las similares de otros países, y apenas hubo tiempo para que sus principios y estipulaciones surtieran efectos antes de que se produjera la involución en la economía internacional. Quizás por ello haya adquirido fuerza un fenómeno casi desconocido en otras latitudes. Los indignados, los descontentos con la situación social y económica y parte de la izquierda han atribuido la causa del retroceso a la Constitución, haciendo de su modificación la solución de todos sus males. Sitúan la diana en lugar equivocado. Miran hacia el interior, cuando debían emplazar el objetivo en el exterior, en la regresión que se ha adueñado del pensamiento económico internacional, lo que se ha denominado neoliberalismo económico, que ha llevado a la globalización y que se ha impuesto por ejemplo en el proyecto de la Unión Europea. Este movimiento en lugar de tener su origen en la Constitución del 78 la contradice y hace inviable el Estado social establecido en ella y en la mayoría de las constituciones de Europa.

Me malicio, sin embargo, que en España esta ofensiva contra la Constitución y contra lo que llaman el régimen del 78, en buena parte no es inocente, hay grupos y fuerzas sociales y políticas que lo utilizan como excusa para avanzar en su auténtico objetivo: la destrucción del Estado. Lo que molesta a Bildu, a Esquerra, al PDC, a la CUP, a JUNTS per Cat, incluso al PNV, no es esta Constitución, lo que les encrespa es cualquier constitución que no reconozca la república independiente de Cataluña o la del País Vasco. Si la monarquía les incomoda, es por ser española, y si arremeten contra el rey no es por ser rey, sino por ser jefe del Estado español. Es muy posible que estuviesen encantados si la monarquía fuese vasca o catalana. No en balde, en España el nacionalismo comparte origen con el carlismo y con el catolicismo más reaccionario.

Lo que resulta menos comprensible es el comportamiento de las formaciones políticas de ámbito estatal que apoyan, defienden y asumen como propio el discurso de los partidos independentistas. Solo los intereses personales y de secta podrían tal vez explicarlo. No digo yo que la Constitución sea perfecta, pero tiene una gran virtud, que fue fruto del consenso. No es una Constitución de parte, como las del siglo XIX, y que dura lo que esa parte permanece en el gobierno. Es de todos porque no es de nadie y a nadie deja satisfecho. Dudo que hoy pueda existir un consenso equivalente para realizar cualquier cambio en profundidad. Abrir ese melón es lanzarnos al descontrol y a la anarquía, pero quizás es eso lo que pretenden los detractores de la Constitución. No, quizás no sean las reglas de juego las que haya que cambiar, sino los jugadores.

La Fiscalía del TS contra el indulto a presos del procés, acusa a prisiones de vaciar el fallo

Redacción rebelionenlagranja.com 24 Diciembre 2020

Los fiscales del Tribunal Supremo se oponen a la concesión de los indultos a los doce condenados por el ‘procés’ debido la gravedad de los hechos probados y a no existir razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen aplicar la medida de gracia, según consta en los informes que han elaborado para cada uno de ellos.

El Ministerio Público se ha negado a informar favorablemente sobre estos indultos, ni siquiera de forma parcial, por cuanto «esta institución tiene un carácter excepcional y solo cuando concurran circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública –que aquí no se aprecian y que nunca se deben identificar con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos– puede servir para adecuar las penas previstas».

«Las penas impuestas no pueden considerarse injustas en atención a la gravedad de los delitos cometidos, tampoco adolecen de falta de equidad, ya que cumplen rigurosamente con el principio de proporcionalidad de las penas y, por último, sostener la utilidad pública de esta iniciativa de gracia no es lo más recomendable cuando se ha pretendido la ruptura del marco básico regulador de la convivencia democrática».

Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los ‘Jordis’ –Jordi Cuixart y Jordi Sànchez–; y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.

NO SE HA ACREDITADO EL ARREPENTIMIENTO
La Fiscalía se opone a todas ellas y recuerda que, según las liquidaciones de condena que obran en el expediente, Junqueras cumple la pena de prisión el 29 de octubre de 2030, y la pena de inhabilitación absoluta el 5 de julio de 2031.

Añade que según los informes de la prisión, se confirma la adaptación al régimen penitenciario y la plena sujeción a la normativa vigente del líder independentista, sin que se mencione dato objetivo alguno que acredite su rechazo del hecho delictivo por el que ha sido condenado o su arrepentimiento por su comisión. En similar situación se encuentran el resto de presos del ‘procés’, según los informes del Ministerio Público.

En el caso de Junqueras, el informe precisa además que el condenado ha tenido «comportamientos claramente indicativos de rechazo a la actuación jurisdiccional y de su voluntad de insistir en la ejecución de los hechos si se dieran las condiciones necesarias para ello».

A juicio de los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, la supuesta desproporción de las penas impuestas en relación con el injusto cometido por los doce condenados «carece de fundamento jurídico alguno».

Recuerdan, en cuanto a la gravedad de los hechos, que Junqueras «no agredió solamente al orden público, sino que también intentó quebrar el orden constitucional, además de afectar a la integridad patrimonial de la Administración pública mediante el uso ilegal de fondos públicos».

INSISTEN EN QUE SE «DESBORDÓ LA SEDICIÓN»
Según los fiscales, «es lo cierto que el propio relato de hechos probados acredita un cierto desbordamiento de los contornos legales propios de la sedición y la incursión de los mismos en la ejecución de algunos de los elementos típicos de la rebelión (alzamiento público, violencia, declaración de independencia, derogación de la Constitución, etc.)».

En su caso, añade el informe, «la especial responsabilidad que ostentaba el solicitante como Vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, y por ello máximo responsable de los graves hechos delictivos que se cometieron, avala aún más si cabe la proporcionalidad de las penas impuestas al condenado».

Insisten en esta idea señalando que lo que sucedió en Cataluña «no fue una sedición al uso». Afirman que se produjo «un alzamiento institucional desde los poderes legalmente constituidos de esa comunidad autónoma, cuya legitimidad emanaba de la Constitución, con el imprescindible apoyo de las organizaciones sociales soberanistas que garantizaban la movilización popular, en el que las normas que se pretendían incumplir no eran cualesquiera disposiciones legales sino la ley de leyes, la Constitución, que quedaba derogada en el territorio de la citada comunidad autónoma, y en el que las resoluciones judiciales que se incumplieron de un modo reiterado y contumaz fueron las del propio Tribunal Constitucional».

Así, los fiscales recuerdan que Basta comprobar que los delitos de desórdenes públicos están castigados con penas de hasta 6 años de prisión, para entender que el delito de sedición -situado en la cúspide de esas infracciones penales- «debe llevar aparejadas penas de más entidad, máxime si quien lo ejecuta está investido de la función de autoridad por sus especiales deberes de sujeción a la legalidad que quebranta con su acción».

Añaden que la ejecución de lo juzgado y el cumplimiento de las penas son principios constitucionales básicos para el mantenimiento de la convivencia y de la paz social.

PAPEL DE PRISIONES CATALANAS
En cuanto al cumplimiento, los fiscales subrayan que lo largo de los últimos meses los condenados en este proceso, entre ellos el solicitante del indulto, han sido beneficiarios de la aplicación de un singular mecanismo de cumplimiento de la pena privativa de libertad, el previsto por el art. 100.2 del Reglamento penitenciario, «de una forma tan prematura como injustificada, que más bien parecía un modo encubierto de concesión del tercer grado penitenciario.»

Incluso se les ha llegado a conceder, «con criterios manifiestamente erróneos desde una perspectiva estrictamente jurídica», agregan, el tercer grado penitenciario. De modo que todo apunta a que «la Administración penitenciaria competente ha estado neutralizando por esta vía la efectividad del cumplimiento de la pena de prisión impuesta y vaciando de contenido el fallo judicial».

El PSOE aprueba la Ley Celaá que margina el español con el apoyo de ERC y PNV
OKDIARIO 24 Diciembre 2020

La Ley Celaá ha sido aprobada este miércoles en el Senado con 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones. Los socialistas han contado con el apoyo de ERC, PNV, Más País, Compromís, Més Per Mallorca, En Comú Podem y Adelante Andalucía mientras que PP, Ciudadanos, UPN, PRC y Vox han rechazado el texto.

La Ley que margina el español ha conseguido superar su último trámite a pesar de las continuas manifestaciones y quejas de la comunidad educativa. Al no haberse hecho ninguna modificación del texto, la Ley no tiene que volver al Congreso y, por lo tanto, se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La bancada socialista se ha mostrado muy satisfecha y ha celebrado la aprobación con un largo aplauso a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que ha acudido al debate. A la Cámara Alta también ha acudido la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, y los titulares de Interior y Transportes, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, respectivamente.

Durante la celebración del debate en el Senado, el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, el socialista José Asensi, ha hecho un repaso del proceso que ha transitado esta ley, desde que se presentó en la anterior legislatura, y que se aplazó por la celebración de nuevas elecciones.

Más plurales
La Plataforma Más Plurales, organizadora de las protestas contra la Ley Celáa ha enviado un comunicado en el que asegura que «hoy es un mal día».

Lo es, sostienen «para la educación, pero también lo es para la libertad, y hasta para la democracia. Hoy se ha perpetrado la aprobación de la que ya podemos denominar, sin temor a equivocarnos, como la peor ley educativa de la democracia», han afeado.

La plataforma cree que «el final de su tramitación parlamentaria ha sido lamentablemente coherente con todo el proceso: en plena pandemia». Los afectados han calificado de «ruindad moral tramitar una ley de esta trascendencia en una pandemia, sin diálogo en absoluto (649 enmiendas en el Senado que ni siquiera se han valorado), de espaldas a la comunidad educativa (la respuesta de Sánchez a nuestra petición registrada en Moncloa de reunión no se ha producido, a pesar de casi dos millones de firmas y del sonoro grito de libertad en la calle con las manifestaciones), deprisa y corriendo».

«Seguramente este Gobierno piensa, en su soberbia, que al menospreciarnos, al no recibirnos, nos empequeñece, pero, por el contrario, solo a ellos les perjudica, porque pone en evidencia que, existiendo una enorme contestación social a la ley, son absolutamente incapaces de dialogar, tal es su déficit democrático, su talante impositivo», han añadido sobre la Ley Celaá.

A pesar de ello, Más Plurales asegura que «la defensa de la libertad de enseñanza no se acaba aquí, por el contrario, esto solo acaba de empezar. Desde el mismo momento de la aprobación de la LOMLOE, ha empezado para nosotros la cuenta atrás para su derogación».

Oposición
El representante del Partido Popular, Pablo Ruz, se ha dirigido a quienes han apoyado el texto para criticar su «sumisión a un Gobierno» que, a su juicio, «es inmoral» y «no es el que necesita España». A miembros del PSOE, los ha acusado también de «despreciar a las Cortes Generales en la labor de esta Cámara» al no «contemplar ninguna de las 640 enmiendas» presentadas en la Cámara Alta.

Lorena Roldán, portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha asegurado que el PSOE ha dinamitado el «Pacto de Estado» por la Educación con «esta ley que amenaza los derechos de las familias y los de los alumnos». En su discurso ha acusado al PSOE de «mentir sobre la inmersión lingüística» ya que la Ley Celaá no garantiza el aprendizaje del español en Cataluña, además de «no tener apoyo» que los socialistas dicen y de ser, en su opinión, un «modelo del siglo pasado». «Están blindando el abuso del separatismo», ha sentenciado.

Así se ha pronunciado también la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas que ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter asegurando que esta aprobación supone que se «una contrarreforma ideológica del PSOE, Podemos y los nacionalistas que ataca los derechos de las familias, arrincona el castellano y anula la meritocracia». Con su mensaje, Arrimadas criticaba uno de los aspectos que más han repetido los grupos educativos: el cambio continuo de las leyes de educación no benefician a los alumnos ni profesores.

La clave de los Presupuestos: Sánchez se ha "vendido" por 30 monedas de plata
Fernando de Rosa. esdiario 24 Diciembre 2020

Las únicas siglas que le importan al Presidente son P.G.E: los “Peajes a los Grupos Extremistas”. Es el momento de pagar los créditos que concedieron los grupos radicales.

Los Presupuestos Generales del Estado se han debatido y aprobado en el Congreso y Senado en escasos 80 días. Con esa Ley, el Gobierno Frankenstein quiere garantizar su supervivencia en lo que resta de legislatura. Por eso, a toda costa, el presidente Sánchez ha querido aliarse con quien fuera necesario con el fin de sacarlos adelante.

El eslogan en el que se escuda, es que son los mejores presupuestos de la democracia, y quien se opone a ellos es antipatriota, siguiendo las consignas que se fabrican en la cocina monclovita de Redondo.

Hace unas semanas, el presidente del Gobierno, en sus insufribles homilías laicas dominicales a las que nos quiere acostumbrar, cuando se le preguntó por sus negociaciones de los presupuestos con EH-Bildu, huyó de contestar directamente a esta pregunta.

Hizo lo que es habitual en él: dejar sin responder las preguntas y no decir la verdad. Se limitó a hacer un malabarismo dialéctico con el fin de distraer la atención y dijo que las únicas siglas que le importaban eran P.G.E., supuestamente: Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el subconsciente le jugó una mala pasada. Es cierto, las únicas siglas que le importan al Presidente son P.G.E, es decir, cumplir con los “Peajes a los Grupos Extremistas”. Es el momento de pagar los créditos que concedieron los grupos radicales y rupturistas para que Sánchez llegara al Gobierno.

El objetivo de los socios blanqueados de Sánchez es acabar con el legado de aquellos que lucharon por el cambio tranquilo en España, dejando a un lado la confrontación y la ruptura de la convivencia. Es esa deriva hacia la radicalidad y la confrontación la autopista de peaje por la que circula el Gobierno.

Los acontecimientos que hemos vivido en España estos últimos meses han puesto de manifiesto que la Constitución de 1978 es la garante del Estado de Derecho y de que se cumpla la Ley. Por ese motivo Bildu, Esquerra y Unidas-Podemos, están obsesionados con atacar la transición y su legado democrático. Solamente así, se pueden entender sus ataques a la Monarquía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Justicia.

Sánchez debe detenerse en las distintas garitas que hay en su recorrido y pagar cada vez más caro los votos de sus amigos blanqueados. Así, la izquierda comunista y los partidos antisistema, han logrado conformar un bloque que funciona como un verdadero piquete, que actúa coaccionando y amenazando a todo aquel grupo o persona que defiende el Estado de Derecho. Con el silencio cómplice del nuevo “movimiento nacional sanchista”

Ahora, la mayor obsesión de este “bloque blanqueado” está en desacreditar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sobre todo, tras la decisión tomada por unanimidad de que Otegi vuelva a ser juzgado.

El "hombre de paz"
Están enfurecidos porque en ese nuevo juicio se volverá a recordar el pasado violento del líder de Bildu, su relación con la banda terrorista ETA y sobre todo, que no es un “hombre de paz” y menos, el “patriota y valiente” que apoya los presupuestos por ser un hombre de Estado, como llegó a afirmar Adriana Lastra.

Para salvar los presupuestos, el Gobierno, en vez de salir en defensa de la Justicia, da la cara por Otegi, diciendo que su pasado terrorista es algo personal, que no trasciende al ámbito público.

Sánchez se ha vendido por 30 monedas de plata en forma de presupuestos, pensando que así se puede aferrar al poder los próximos tres años. Mientras, las “termitas blanqueadas” van haciendo su trabajo, intentado dejar huecas las instituciones del Estado que garantizan la paz y la convivencia. Esas termitas, sin duda, harán que su silla se convierta en polvo de serrín. Seguro que lo vemos a medio plazo.

Reforma educativa
El PSOE aprueba definitivamente la Ley Celaá gracias a ERC y el PNV y sin incorporar ninguna enmienda en el Senado
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid El Mundo 24 Diciembre 2020

La octava ley educativa de la democracia sale adelante con 142 votos a favor, 112 en contra y nueve abstenciones. Celaá advierte a las CCAA del PP que "el poder judicial sabrá hacer que se cumpla la norma"

La octava ley educativa de la democracia, la Lomloe, ha quedado este miércoles aprobada de forma definitiva para entrar en vigor a mediados de enero tras lograr el aval del Pleno del Senado sin que se haya incorporado ninguna de las 647 enmiendas presentadas. Las tres propuestas de veto presentadas por el PP, UPN y Ciudadanos han sido rechazadas. La Cámara Alta ha dado el visto bueno al texto gracias a la alianza que ha establecido el PSOE con ERC y el PNV.

Con 142 votos a favor, 112 en contra y nueve abstenciones, la Ley Celaá ha salido adelante sin oír a la comunidad educativa, sin un debate sosegado y sin incorporar ninguna modificación del resto de partidos para que no tenga que volver al Congreso. Se entierra así cualquier atisbo de protesta social durante las vacaciones de Navidad. El año que viene, las quejas estarán olvidadas y la norma se aplicará de forma desigual, en función del signo político de las distintas comunidades autónomas.

La reforma educativa ha desgastado al Gobierno por la fuerte contestación ciudadana que ha generado tras radicalizarse la norma a su paso por el Congreso para complacer las demandas de Unidas Podemos y satisfacer las exigencias de los partidos nacionalistas a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Entre otras cosas, el nuevo articulado retira la mención al castellano como lengua vehicular de enseñanza y oficial del Estado; asfixia a la escuela concertada (donde estudia el 25% del alumnado); rebaja la exigencia académica al permitir dar el título de Bachillerato con un suspenso, y merma el control del Estado al dar más competencias a las comunidades autónomas, suprimir las evaluaciones estandarizadas o quitarle peso a la Inspección.

Durante las seis horas de debate, al que han acudido los ministros Isabel Celaá, José Luis Ábalos, Nadia Calviño, Teresa Ribera y Fernando Grande-Marlaska., todos los partidos de la oposición menos los nacionalistas han reprochado, uno a uno, al partido en el Gobierno de coalición la "falta de consenso" recabado, menor incluso que el que alcanzó la denostada Ley Wert, y la precipitación con que se ha tramitado en plena pandemia.

El texto, que ni siquiera ha sido analizado nunca por el Consejo de Estado, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo, pocos días antes de que se declarara el confinamiento por el Covid-19. El Congreso lo aprobó el 19 de noviembre y en el Senado no ha estado ni siquiera un mes, a pesar de que la Comisión de Educación se fijó hasta el 25 de febrero para tramitar el proyecto de ley.

647 enmiendas rechazadas
El PP había planteado 184 enmiendas, así como un veto a la totalidad mientras que Ciudadanos había presentado 59 y otro veto, al igual que el Grupo Mixto (UPN), con 150 enmiendas. El Grupo Nacionalista también había registrado 72 modificaciones y, en el caso de la Izquierda Confederal, habían sido 181 cambios. Algunas de las propuestas recogían cambios para proteger mejor el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, que recientemente acaba de reconocer en una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o dar más valor a las Humanidades.

No se han agotado los plazos
La mayoría socialista ha rechazado todas y cada una de las 646 enmiendas, y ni siquiera ha tenido en cuenta cinco transaccionales de carácter técnico acordadas entre PP, Ciudadanos, UPN, JxCat y Más País para impulsar la Ética, el Latín y la Cultura Clásica, poner en valor el papel de los profesores o potenciar la existencia de hermanos en el centro como criterio prioritario de escolarización.

Los senadores del PP, Ciudadanos, Vox y UPN han reprochado al Gobierno su "prepotencia", "soberbia", irresponsabilidad" y "desprecio al Senado" por una "tramitación atropellada". Enfrente, los parlamentarios del PSOE han argumentado que la norma "corrige las deficiencias de la Lomce" y establece que "todos los alumnos y alumnas son igualmente válidos". "Es una revolución", ha sentenciado el socialista José María Oleaga.

"Son ustedes destructores de la convivencia, de la libertad, del acuerdo, de todo lo que hemos construido durante 40 años", ha denunciado el popularPablo Ruz, acusando al PSOE de "demoler todo lo que la democracia supone" y afeando al PNV haber mantenido "un silencio cómplice", pues este partido siempre había defendido a la escuela concertada. "Pasarán a la Historia del sectarismo y de la vergüenza parlamentaria. Han pasado del talante de Zapatero al talante bolivariano", ha señalado Alberto Catalán, de UPN. "Se desvirtúa el papel del Senado", ha recalcado José María Marín, de Vox. "No son conscientes del paso que supone esta ley, a la que se ponen dos millones de firmas y un manifiesto firmado por 80 intelectuales en defensa del castellano", ha apuntado Lorena Roldán, de Cs.

Pero también partidos con postulados ideológicos distintos han planteado críticas parecidas. "No nos gustan las maneras y formas de tramitar esta ley. El Senado es la cámara de representación territorial y también de segunda lectura. Pero ni segundas lecturas ni nada, hoy vamos a desprestigiarla", ha lamentado la senadora de JxCat Assumpció Castellví. Eduardo Fernández Rubiño, de la Izquierda Confederal: "No nos gusta el papel que se le concede a esta cámara porque no se debaten las enmiendas. Han hurtado al Senado la capacidad de debatir leyes, es una enmienda a la totalidad de esta Cámara. Si no les gusta, planteen una reforma integral del Senado, porque el sueldo nos lo pagan los españoles".

Una ley que no convence a nadie
La propia Castellví ha achacado que no se acepte ninguna enmienda a "un acuerdo de partidos", dando a entender que las medidas de la Ley Celaá están condicionadas a los Presupuestos, que precisamente se aprobaron este martes en el Senado tras unos trámites que han ido en paralelo.

El debate de las enmiendas y de las tres propuestas de veto presentadas por PP, Cs y UPN les ha servido a los senadores para hacer una reflexión general sobre la verdadera utilidad del Senado. Se ha hablado mucho del castellano pero poco de educación. La sensación que deja la Ley Celaá es agridulce, porque a nadie salvo el PSOE le acaba de convencer la norma. "No llega tan lejos como nos hubiera gustado", ha indicado Fernández Rubiño. "No es la ley que yo hubiera deseado", ha dicho, igualmente, Adelina Escandell, de ERC. "Se ha tramitado muy rápido, lo que ha complicado el trabajo de los partidos pequeños. La Lomloe no es nuestra ley, no es la ley que querríamos", ha recalcado Rosa Peral, del PNV, que ha votado a favor porque "refleja" algunas de sus demandas.

La norma ha tenido el respaldo de ocho partidos. Además del PSOE, ha votado a favor ERC, PNV, Más Madrid, En Comú Podem, Compromís, Mes Mallorca, Adelante Andalucía y Geroa Bai. Se han abstenido JxCat, Teruel Existe y Bildu mientras que han votado en contra siete formaciones políticas: PP, Cs, Vox, UPN, PAR, Coalición Canaria y el PRC. Al finalizar la votación la ministra ha recibido un largo aplauso por parte de sus compañeros de bancada. No ha habido abucheos ni gritos de "¡libertad!" por parte de la oposición.

Celaá ha comparecido para mostrar su "profunda emoción", proclamar que la suya es "una ley cargada de futuro" y avisar a las comunidades autónomas del PP de que "el poder judicial sabrá hacer que se cumpla" la norma. Es la primera vez que realiza una advertencia tan explícita, en la que da a entender que irá a los tribunales ante el menor desacato.

"Es triste que se apruebe hoy una ley sin consenso y mirando hacia el pasado", ha lamentado el consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, que ha insistido en que "dentro de la Constitución y de la propia Ley Celaá" desarrollan sus "amplias competencias de gestión para que la libertad de elección, la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades sigan siendo los signos de identidad de Madrid". Partiendo de estos principios, Madrid elaborará una ley educativa autonómica (que se suma a las de Cataluña, Baleares o el País Vasco) para que sus actuaciones tengan "el máximo respaldo legal".

«También en español»: Barcelona marcha a favor de la enseñanza bilingüe
Caravana de vehículos contra la «ley Celaá» y a favor del español la misma semana que el TSJC tumba la inmersión en una sentencia histórica
Esther Armora. BARCELONA ABC 20 Diciembre 2020

Las movilizaciones en el conjunto de España en contra de la ley Celaá han tenido este mediodía en Barcelona un acento especial. La defensa de una enseñanza bilingüe, y la crítica por el arrinconamiento del castellano en la enseñanza en Cataluña, han sido el pretexto para la manifestación en forma de caravana de coches que ha tomado hoy el centro de la capital catalana. En la misma han participado centenares de vehículos bajo el lema «También en español».

Muchas familias se han sumado a la convocatoria, que se convocó con anterioridad a que esta semana el TSJC dictara una sentencia histórica que obliga a todos los centros de la comunidad a ofertar un mínimo del 25% de las asignaturas en esta lengua. La sentencia, que es en la práctica una enmienda a la totalidad al sistema de inmersión lingüística, no ha restado carácter reivindicativo a una protesta contra una ley que, según los defendores del monolingüismo en la escuela, dejará sin efecto la sentencia del TSJC, una tesis que desmienten de manera categórica juristas.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha sido la convocante hoy de la marcha de coches que ha recorrido el trayecto entre la plaza Francesc Macià y plaza de Cataluña en demanda de la libertad de elección de los padres del idioma de escolarización de sus hijos. Anna Losada, presidenta de esta entidad, observa emocionada el reguero de coches con banderas que ocupan el lateral de la avenida Diagonal antes de arrancar la marcha. En paraleo, otra manifestación, en este caso convocada por las escuelas concertadas , también protestaba este mediodía contra la ley Celaá en Barcelona.

«La gente debe ser consciente de que lo que ocurre en Cataluña con la lengua es ilegal e inconstitucional». Ahora, con el espaldarazo del TSJC, es, a su juicio, «un momento clave para reforzar la presión y obligar a la Generalitat a que cumpla las sentencias». «El Gobierno debe también dejar de inhibirse en el problema y actuar después de tantos años de dejación» apunta en declaraciones a ABC.

Entre los participantes, un sentimiento común. Juan (prefiere no dar apellidos) espera junto a su hija a que arranque la caravana en medio de la avenida Diagonal de Barcelona. Es uno de los padres que dio el paso y se atrevió a pedir el 25 por ciento de castellano para su hija, que le acompaña en la protesta con pancarta en mano. No esperó a que saliera la sentencia y decidió escolarizarla en un centro concertado que le asegura enseñanza trilingüe para su pequeña. «Cruzo cuatro veces Barcelona para que mi hija conserve su lengua materna, es lo que hay», indica en declaraciones a este medio. Asegura que muchos padres piensan como él pero transiguen para no significarse. A la hora de la foto, Juan preserva su imagen y la de su pequeña. «No me gustaría que identificara la escuela y le dieran el toque», afirma.

Berta Romera y Eugenio Lorenzo, están unos coches más abajo, en la confluencia de la calle Numancia con la avenida Diagonal. Con la pancarta en mano atienden a este medio. Explican la importancia de esta protesta en un momento tan importante, tras el varapalo del TSJC. «Debemos alzar la voz», aseguran. Ambos son profesores y escolarizaron a sus hijos en centros privados para asegurar que no perdían su lengua materna. «Lo que ocurre con la lengua en Cataluña es ilegal, por no hablar del adoctrinamiento», dice Berta. Sabe de lo que habla. Es profesora de Historia de Bachillerato y, según apunta, «la manipulación que se hace con los alunmos es atroz».

Aparte de familias, han sido numerosos los representantes políticos de partidos como Cs, PP y VOX los que han asistido a la protesta. Entre estos, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, que ha considerado este domingo que la implantación de la «Ley Cela»' supone un «abuso» para todos los catalanes porque elimina el español como lengua vehicular.

Antes de participar en la manifestación, Carrizosa ha lamentado que en Cataluña «los alumnos castellanohablantes no pueden estudiar sus primeras palabras en su idioma materno». «Y también muchos alumnos catalanohablantes ven mermadas sus capacidades de desarrollarse» en castellano, por lo que pierden capacidades profesionales, según él.

Por parte del PP asistieron, entre otros, Óscar Ramírez, Llanos de Luna y Daniel Serrano, que denunciaron que la ley Celaá es un texto «sectario e ideológico que elimina la libertad de los padres para elegir el centro educativo que quieren para sus hijos y que excluye al castellano como lengua vehicular».

También asistió Ignacio Garriga, diputado de Vox y candidato a las próximas elecciones, que en la comitiva de arrancada de la protesta, ha afirmado que su partido «luchará en Cataluña para que se respete el castellano como lengua vehicular» y «se garantice una educación en español en el territorio». «Vox se va a quedar a luchar», ha dicho en declaraciones a los medios.

Disney + ofrece el catalán como opción para ver ‘Soul’ o ‘Frozen 2’ tras las presiones de los independentistas
OKDIARIO 24 Diciembre 2020

La plataforma Disney+ ha incorporado el catalán como idioma opcional a un número limitado de su catálogo de películas. La colaboración de la Dirección de Política Lingüística de la Generalitat ha hecho posible el doblaje de los productos de la factoría Disney al catalán.

La Consellería de Cultura de la Generalitat ha emitido este miércoles un comunicado presumiendo del logro en su avance por imponer el catalán hasta en las películas infantiles. Los responsables políticos catalanes hablan de estrecha colaboración con los responsables de la plataforma para impulsar la opción del catalán en todas las películas y series de Disney.

Por el momento, la oferta se limita a tres títulos: ‘Soul’, ‘Espías Disfrazados’ y ‘Frozen 2’, que se podrán visualizar en catalán a partir del 25 de diciembre, coincidiendo con el estreno de la plataforma del primero de los títulos.

Lo cierto es que pese a que el Govern ‘vende’ una «estrecha colaboración» con Disney +, lo cierto es que este mismo año la plataforma ha recibido presiones para traducir sus productos al catalán, un paso más de los independentistas para implantar la dictadura lingüística en Cataluña.

Este mismo mes de diciembre se ha aprobado la Ley Celaá que, gracias a las presiones de ERC y Podemos, ha desterrado el castellano como lengua vehicular de la educación en Cataluña.

Presiones a Disney
El pasado mes de abril OKDIARIO contaba cómo Disney se había convertido en blanco de los independentistas. La asociación que espió a los niños en los colegios para comprobar el calado del catalán en las escuelas abrió un nuevo frente: las películas de Disney. La denominada ‘Plataforma per la Llengua’, financiada anualmente con más de 600.000 euros por la Generalitat de Quim Torra, comenzó una ofensiva contra la empresa norteamericana para que incluyan en su nueva plataforma, Disney +, largometrajes en catalán. «¿Por qué no puede hablar Buzz en catalán?», se preguntan en su campaña.

«Hacemos un llamamiento para enviar miles de peticiones y reclamar la incorporación del catalán en Disney +», han comunicado en su página web. La idea de la plataforma es «un envío masivo de correos electrónicos por parte de la ciudadanía a directivos de la compañía en Estados Unidos, Europa y España» para «hacer presión».

Los envíos se harán desde una página web que recoge los datos de aquellos que quieran sumarse a la iniciativa y generará automáticamente un mensaje que llegará a los directivos de la empresa. Con ello pretenden que Disney ceda a la presión e incluya la posibilidad de visionar en su plataforma de reciente creación las películas en catalán.

El presidente de la Plataforma por la Lengua, Oscar Escudero, considera que se trata de un «agravio» y que les «preocupa especialmente» la «vulneración sorprendente» considerando que Walt Disney ya tiene algunas películas dobladas gracias a la financiación de la Generalitat de Cataluña, que gastó más de 250.000 euros en ello.

El padre de uno de los guardias asesinados en Capbretón tilda de “inmoral” la respuesta de Marlaska a su carta
Joce Centeno trasladó al ministro de Interior su “indignación” por los beneficios penitenciarios a etarras
C. S. Macías larazon 24 Diciembre 2020

José Centeno, padre de Raúl, uno de los guardias civiles asesinados por ETA en Capbretón ha recibido respuesta a la carta que le envió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska donde le expresa su “frustración e indignación” por sus actuaciones al frente de la cartera que dirige.

En dicha misiva, Centeno, que además es guardia civil en situación de retirado, preguntaba al titular de Interior qué había sido de “aquel juez que luchaba contra el terrorismo” y le recriminaba cómo era capaz premiar “con el traslado a centros penitenciarios cercanos al País Vasco a los asesinos de sus familias, entre ellos al asesino Asier Bengoa López de Armentía, “participante en el cruel asesinato de nuestro hijo Raúl”.

Con fecha de 10 de diciembre, el Grande-Marlaska responde a Centeno en una carta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN en la que le indica que “lamenta profundamente que personas que han sido víctimas de la violencia terrorista, como es su caso, puedan llegar a sentirse perjudicadas por las medidas adoptadas” por su departamento. Destaca que, cuando asumió el cargo de ministro, en junio de 2008 trasladó a las asociaciones de víctimas del terrorismo que la política penitenciaria con respeto a los presos de ETA “se basaría en la aplicación de la ley”. Y, asegura que desde entonces “se ha venido haciendo, teniendo en cuenta los estudios propuestos que de forma individualizada han hecho las Juntas de Tratamiento” de los distintos centros penitenciarios, según lo establecido en la legislación penitenciaria.

Por ello, Marlaska pide al padre del guardia civil asesinado en Capbretón que “sepa comprender, a pesar de las duras circunstancias que ha vivido” que su forma de proceder “no supone en modo alguno ningún premio o beneficio para ese colectivo, sino que es consecuencia del cumplimiento de la ley” y que, con ello considera que “en absoluto menoscaba el firme compromiso” de su departamento y el suyo con las víctimas de la banda terrorista ETA.

Centeno considera la respuesta del titular de Interior como “inmoral” porque, subraya que, aunque se pudiera estar actuando dentro de la ley, subraya que se están acercando y otorgando beneficios penitenciarios a sanguinarios presos de ETA que además no están arrepentidos y que, no concederles estos privilegios “no supondría ir contra la ley”.

Enésimo acoso al castellano en Cataluña: ataque en Twitter a la empleada de una librería por no hablar catalán
La empresa Abacus muestra en un tuit su preocupación por las quejas de la chica pero no dice nada de poder hablar otros idiomas
Joan Planes larazon 24 Diciembre 2020

Nueva muestra de acoso al castellano en Cataluña. Y, de nuevo, contra una empleada de un establecimiento por no hablar catalán, que es lo mismo que ocurrió en una panadería de la avenida Meridiana de Barcelona.

En esta ocasión, una joven internauta llamada Aida, en Twitter, muestra su extrañez e incluso preocupación por el motivo de que una dependienta de la conocida cadena de librerías y papelerías Abacus le habla en castellano de entrada, y también a la hora de darle el ticket por la compra.

La respuesta de la librería al tuit muestra “un compromiso con el país en catalán”, pero no hace ninguna alusión al castellano ni a la libertad de sus trabajadores . También indica que “su lengua de comunicación primaria es el catalán”.

Respecto a este tuit, en la misma red social la plataforma bilingüista S’ha Acabat indica que “lamentamos que Abacus expulse a más de la mitad de catalanes como clientes”, en referencia a los ciudadanos castellanohablantes.
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