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El Gobierno transforma la educación en una
herramienta de ingeniería social
ESdiario
24 Diciembre 2020
La imposición de la Ley Celaá en plena pandemia es la demostración
definitiva de cómo Moncloa se sirve de la epidemia para colonizar
con su sectarismo hasta el último rincón de libertad.
El Senado ha dado el visto bueno a la Ley Educativa más unilateral
de la historia reciente de España, impuesta sin diálogo alguno con
la oposición y la comunidad educativa, lesiva con la concertada y
sectaria hasta un punto asfixiante.
La nula vocación de pacto se demuestra en el rechazo total a las 700
enmiendas presentadas. Y su intención de politizar la educación se
resume en el entusiasmo del independentismo, que ve cómo el Gobierno
enmienda con impúdicas nuevas concesiones las resoluciones
judiciales que dictan justo lo contrario.
En lugar de atacar los problemas profundos de la educación (abandono
escolar, retraso en la formación frente a Europa, sistema de
selección del profesorado), la Ley Celaá genera otros nuevos al
copiar la agenda ideológica del Gobierno y de sus socios e intentar
meterla en los colegios como brújula formativa.
Para lograrlo, regala al nacionalismo la elección del programa
lectivo y la exclusión del español en las aulas. Y al populismo le
entrega la agenda de ingeniería social basada en un falso
igualitarismo y una colonización ideológica que aspira a fabricar
ciudadanos en serie, adaptados a la visión y los prejuicios de sus
gobernantes.
La Ley Celaá es el clímax de la agenda de un Gobierno que se sirve
de la pandemia para imponer su sectarismo frentista
Aprobar una ley que ataca a la concertada en plena pandemia es una
muestra final de sus intenciones: lo que hacía falta es un plan de
urgencia para atender a los alumnos en otro año difícil, que
agravará sin duda la brecha con Europa.
Pero por lo que se apuesta es por aprovechar ese vacío para incluir
en la escuela el mismo espíritu de todas las leyes del Gobierno: la
de memoria histórica, la de eutanasia o las normas de libertad de
información. Es decir, un canon ideológico frentista, incompatible
con la pluralidad de la sociedad española y dañino para la
convivencia.
Por todo ello, el Tribunal Constitucional debería pronunciarse de
urgencia. Si lo ha hecho esta misma semana con las medidas
autonómicas de cierre perimetral, ¿por qué no puede hacerlo con una
ley que, de ponerse en marcha el próximo curso, generará unos daños
estructurales estables?
El Gobierno consuma su ataque a la
educación
Editorial ABC 24 Diciembre 2020
La «ley Celaá» entrará en vigor próximamente con su ataque al
español como lengua vehicular y con las bases para la desaparición
de la educación concertada
El Senado rechazó ayer más de 700 enmiendas de los grupos de la
oposición y consumó su tropelía contra el sistema educativo. La «ley
Celaá» entrará en vigor próximamente con su ataque al español como
lengua vehicular y con las bases para la desaparición de la
educación concertada. El adoctrinamiento se impondrá en las aulas al
capricho de una izquierda a la que no le preocupan ni la opinión de
millones de familias para el futuro de sus hijos ni la formación de
los propios alumnos. El Gobierno no quiere libertad, sino
sometimiento ideológico a cambio del apoyo de separatistas y
nacionalistas a sus presupuestos. Concebir la educación como peaje
político para sobrevivir en La Moncloa es un error que pagarán las
generaciones que vienen. Solo el PP y Vox han tenido la dignidad de
plantar cara para impedir la aprobación de la «ley Celaá», y resulta
incomprensible la posición del PNV. La educación es una cuestión de
libertad, no de dogmatismo. Por eso el Gobierno se ha empeñado en
aplastarla.
Podemos no es ejemplo de nada
Editorial ABC 24 Diciembre 2020
Cuando en 2018 Podemos se erigió en el adalid del PSOE para
presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, lo hizo
invocando la sentencia de la Audiencia Nacional, hoy corregida por
el Tribunal Supremo, que condenaba al PP como beneficiario de la
corrupción del caso Gürtel. Para Pablo Iglesias, España no podía
contar en La Moncloa con un partido corrupto. Dos años después, es
Podemos el partido corrupto investigado por su presunta financiación
irregular, y es su líder quien está pendiente de una posible
imputación ante el Supremo por obstruir la labor de la Justicia y
por destruir pruebas para que no le salpicase la guerra interna por
el poder en su propio partido. Podemos no es ningún modelo de
regeneración democrática o de transparencia. Al contrario, no hace
sino sumar a su trayectoria política una retahíla de procesos
judiciales que le retratan como un socio de gobierno indigno y,
sobre todo, envuelto en ilegalidades constantes.
Su secretario de Organización, Pablo Echenique, fue condenado hace
unas semanas a pagar 80.000 euros en concepto de indemnización por
haber tildado de «violador» a un inocente. Echenique ya cargaba con
otra sanción administrativa por no haber dado de alta en la
Seguridad Social a un asistente personal, un episodio demostrativo
de que su discurso como protector de los más desfavorecidos es solo
una estafa moral más en el ideario de Podemos. Su portavoz en
Madrid, Isabel Serra, también tiene una condena penal por agresiones
a la Policía durante una manifestación celebrada años atrás. Lo
mismo ocurre con su diputado Alberto Rodríguez, para quien el
Congreso acaba de aceptar el suplicatorio para ser juzgado por
agresiones a las Fuerzas de Seguridad. Otro dirigente, Monedero, fue
penalizado por tratar de burlar a la Agencia Tributaria ocultando
pagos de casi medio millón de euros por haber asesorado al Gobierno
de Venezuela. E Iglesias pende de un hilo en el caso Dina, por el
cual ocultó que dispuso durante cinco meses de una tarjeta con
archivos telefónicos pertenecientes a una asesora suya con pruebas
incriminatorias sobre sus manejos internos en Podemos.
Sin embargo, el caso de corrupción más llamativo es el que se
encuentra en plena fase de instrucción en un juzgado madrileño por
la presunta financiación irregular del partido. Las pruebas apuntan
al desvío de más de 300.000 euros sin justificación para supuestos
gastos electorales a través de Neurona, una empresa pantalla que
habría servido para un presunto blanqueo de capitales. Si a eso se
añaden las sospechas de nula transparencia que pesan sobre la
adjudicación de las obras realizadas en su sede con unos sobrecostes
más que sospechosos, la conclusión es sencilla: Podemos no es
ejemplo de absolutamente nada que tenga que ver con un paradigma
mínimamente democrático. Hoy Podemos se aprovecha de los mismos
aforamientos «de casta» que quería erradicar. Tiene a sueldo a
imputados y condenados que no dimiten, y lanza reproches al resto de
partidos que no se aplica a sí mismo. Cultiva un doble discurso
frente a la corrupción que avergonzaría al político más cínico, y
criminaliza a los jueces si sus fallos no les resultan favorables.
Podemos representa al chavismo venezolano en su más pura esencia, y
por eso pretende desnaturalizar la independencia judicial y
controlar a los tribunales a la medida de su propia corrupción.
Pedro Sánchez dijo que no dormiría tranquilo con Podemos en el
poder. Sin embargo, parece descansar muy a gusto mientras Iglesias
desnuda a la democracia de valores y se apropia de ella con el
consentimiento de un PSOE indolente y acobardado. Podemos es solo la
inmoralidad encarnada en el poder.
¿Por qué es importante derrotar la
inmersión? Por Margarit y tantos otros
Teresa Giménez Barbat okdiario 24 Diciembre 2020
Es importante derrotar la inmersión porque es un vehículo de
penetración del separatismo. Tal cual. Si me hubiera oído a mí misma
decir esto hace 20 años hubiera pensado que me había intoxicado con
algo. Mi lengua materna es el catalán y es además mi lengua
familiar. Hace 20 años estaba convencida de que el objetivo de la
inmersión era que tanto los niños catalanohablantes como los
castellanohablantes acabasen sus estudios con un buen conocimiento
de ambas. Nunca reflexioné sobre si era normal que en un lugar de
España un escolar no pudiera estudiar en español si así lo preferían
él o sus padres. En todo caso me parecía una exageración montar
mucho jaleo con esto. Durante años fui consciente de su fragilidad
de lengua minoritaria y que todo era poco para protegerla.
Pero ese “poco” era un “poco” dentro de la ley y del respeto por los
derechos de los demás. No los extremos a los que les han dejado
llegar. Y, después del otoño del 2017, no tengo duda de que ya no
hablamos más de la lengua. Se trata de otra cosa. Lo que menos les
importa a sus fanáticos defensores es el catalán mismo. Lo que
quieren es un ámbito donde parezca que no se vive en España. No es
tanto que el catalán no se pierda como que se pierda el castellano.
Que esto sea una fantasía sin esperanza es lo de menos. Está la mala
intención, la necesidad de seguir con su enemigo ancestral a costa
de la mitad de la ciudadanía.
No, el catalán no les importa. Lo que les importa es salirse con la
suya, demostrar que esta tierra es suya. Nada más. Si les importara,
se preocuparían de que la gente no tuviera recelos sobre la doble
intención de quienes controlan Educación en Cataluña. El temor a que
detrás de esas bonitas campañas y de toda esa victimización de las
lenguas minoritarias se oculte el afán de metérsela doblada a quién
no está dispuesto a ser un ciudadano de segunda.
Para que a una catalana como yo ya le dé grima su lengua tienen que
haberse pasado varios pueblos y toda una autonomía. Precisamente lo
que han hecho. Como esos que están rabiosos por la (demasiado
discreta) entrega del premio Cervantes a Joan Margarit, del que han
dicho cosas terribles por aceptarlo. Esos capaces de decir de su
poesía que “Está escrita en una lengua de campo de exterminio, de
miseria servil, acomplejada, apaleada, asustada, siempre aproximada
y subordinada a la matriz española, al modelo castellano, imperial”.
O que “Es la lengua viva del preso, precipitada, del catalán
corrompido por tanta riqueza como nos aporta el castellano en las
grandes ciudades”.
Si eso es amar la lengua y la cultura catalanas, quizá ya no valga
la pena seguir con esta farsa. Si para ello hay que ser un miserable
como el autor de esas palabras, mejor lo dejamos correr. Si la
lengua se utiliza como un vehículo para el odio y la separación,
muchos catalanes ya no la queremos. Los pocos que creen que de
verdad así la defienden, en realidad provocan su abandono, el
desapego del corazón.
Y las calles se llenaron de ciudadanos este domingo contra el
blindaje de la inmersión que significa la Ley Celaá. Una Ley que se
da de bruces contra la sentencia histórica del TSJC que hace
obligatorio para todas las escuelas ese miserable 25% de castellano.
400 vehículos partieron de la Plaza de España y recorrieron el
Paralelo. Con la ausencia de un PSC que pedía no hace mucho
“flexibilidad” y hoy dice cualquier cosa que contente a ERC.
Feliz Ramadán, Pedro Sánchez
Pablo Planas Libertad Digital 24 Diciembre 2020
Se puede decir ya sin temor a equivocarse que todos los Gobiernos
presididos por José Luis Rodríguez Zapatero fueron mejores.
A falta de pocos días para el primer aniversario de la constitución
del Gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se
puede decir ya sin temor a equivocarse que todos los Gobiernos
presididos por José Luis Rodríguez Zapatero fueron mejores. Ese
desastre que ahora se dedica a ejercer de embajador del sátrapa
Maduro y que no tuvo inconveniente en forjar una alianza de
civilizaciones con el turco Erdogan fue menos pernicioso para España
y los españoles que la pareja que a día de hoy rige los destinos de
esta vieja y vapuleada nación.
El balance del primer año de la coalición social-comunista, preciso
apodo que tanto enerva a la calamidad del barrio de Tetuán que ocupa
la Moncloa, es simple y llanamente nefasto. En relación al número de
habitantes, España es el país con más muertos por coronavirus y más
contagios, el que más tarde adoptó medidas y en el que sus
gobernantes más mintieron a una población desinformada y, por tanto,
indefensa. Y ni siquiera ha dimitido Fernando Simón.
El Gobierno aguanta y aguanta bien porque goza del favor de una
mayoría de los medios y de las grandes empresas, que están a la
expectativa del reparto de los fondos europeos. La oposición también
ayuda, toda vez que solo Vox con sus aciertos y errores cumple a
tiempo completo con ese papel.
Se tiende a considerar, además, que el próximo año no puede ser tan
malo como el que acaba, pero los datos no van por ese camino. Todas
las proyecciones de los principales organismos económicos
internacionales coinciden en que España es el país que más cae y que
más tiempo tardará en recuperarse. Las perspectivas no pueden ser
más sombrías ni la situación más desesperada para cientos de miles
de familias. Y, a la espera de los fondos europeos, lo único que se
sabe de ellos es que su reparto ya se lo ha reservado Pedro Sánchez.
Una legión de comisionistas espera ávida el favor del césar. Una
nueva generación de socialistas se va a hacer rica, muy rica.
Así es que mientras el país está noqueado y desencajado, Sánchez, en
cambio, está como unas castañuelas y nos desea felices fiestas
porque si dijera feliz Navidad se le caería al suelo ese pedazo de
mandíbula de su pétreo rostro. Es un clásico del Adviento, la
felicitación laica y balalaika del líder socialista, que es tan
sensible al hecho religioso islámico como alérgico a la historia y
tradiciones de sus compatriotas. Así es que mientras no tiene
inconveniente alguno, más bien lo contrario, en desear a los
musulmanes un feliz Ramadán, con la Navidad es que no puede, le
supera. Es un detalle menor, cierto. Sólo la guinda de esa broma
macabra que para un número cada vez mayor de españoles es Pedro el
sepulturero.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
El régimen del 78
Juan Francisco Martín Seco republica 24 Diciembre 2020
A ciertas fuerzas políticas todo se les va en afirmar que hay que
terminar con el régimen del 78. No sé muy bien qué es eso del
régimen del 78. Sin embargo, sí sé lo que es la Constitución del 78.
Muy similar a las de las otras naciones europeas. Para elaborarla,
en buena medida se copió de estas últimas, constituciones basadas en
la idea de un Estado social y democrático de derecho. Ligadas, de
alguna manera, al pensamiento socialdemócrata, puesto que después de
la Segunda Guerra Mundial, y en bastantes países, incluso los
partidos conservadores terminaron por aceptar muchos de los
principios de la socialdemocracia.
El Estado social es la continuación y culminación de los otros dos
atributos del Estado moderno, democrático y de derecho. Si es cierto
que, tal como afirma Ruggiero, en la Revolución Francesa se dieron
tres revoluciones en potencia -la liberal, la democrática y la de
carácter social-, no es menos verdad que entre las tres hay una
relación determinista y que, en un orden lógico y consecuente, cada
una de ellas exige e implica la posterior. Quedarse en una de las
fases sin dar un salto a la siguiente significa no solo no avanzar,
sino retroceder; constituye una involución al despotismo, porque
ninguna de esas facetas es estable sin el complemento de las
restantes. Algo que deberían tener en cuenta no solo las fuerzas de
derechas que desprecian el Estado social, sino también las que se
proclaman de izquierdas, pero no tienen ningún reparo en violar la
ley, burlarse del derecho y exigir que se desjudicialice la
política.
El Estado de derecho parte de Montesquieu. Podríamos resumir su
contenido en tres requisitos principales: a) Reconocimiento y tutela
de derechos civiles y libertades públicas; un ámbito de intimidad
privada y autonomía para las personas. b) División de los distintos
poderes de manera que, contrapesándose, se impida cualquier tipo de
absolutismo. c) Sometimiento de todos, y en especial de los
distintos poderes, al imperio de la ley y del derecho.
A su vez, el calificativo de democrático predicado del Estado se
inserta en la tradición de Rousseau e implica la participación de
todos los ciudadanos en los asuntos públicos. Es un paso más en la
evolución del Estado moderno, con respecto al simple Estado de
derecho; añade al status libertatis el status activae civitatis. Se
pretende pasar de una concepción heterónoma a otra autónoma, donde
el gobierno no venga impuesto desde el exterior, sino que sea
autogobierno, en el que los ciudadanos se den sus propias leyes.
El Estado social constituye el último paso, al menos por ahora, en
ese proceso de configuración del Estado moderno. Parte de la
consideración de que los aspectos económicos condicionan el
ejercicio de los derechos civiles y políticos y de que el hombre,
para poder realizarse como hombre, necesita disponer de un mínimo
nivel económico; en definitiva, de que no se puede hablar de
auténtica libertad si no están cubiertas las necesidades vitales más
elementales. Si el Estado de derecho pretendía proporcionar
seguridad jurídica, el Estado social intenta garantizar la seguridad
económica y social.
El Estado social se basa también en el presupuesto de que la
estructura económica no solo puede ser un impedimento para el Estado
de derecho, sino también para el Estado democrático. Asumen el
principio de Marx de que la desigualdad en el dinero origina también
la desigualdad en el poder, y que los que concentran las riquezas
tienen tales medios e instrumentos que pueden interferir en el juego
democrático, desnaturalizándolo y convirtiéndolo en una envoltura
puramente formal, sin ningún contenido. Si el Estado quiere ser
verdaderamente un Estado de derecho y democrático, no tiene más
remedio que ser también social, renegar del laissez faire e
intervenir en el ámbito económico. Primero, para garantizar los
derechos sociales y económicos, sin los cuales los derechos
políticos y civiles serían para la gran mayoría de los ciudadanos
letra muerta. Segundo, para establecer un contrapeso al poder
económico, de manera que este no pueda manipular a su antojo el
juego democrático, y garantizar así, aunque sea mínimamente, la
objetividad del propio Estado.
Hay que afirmar, no obstante, que el avance hacia el socialismo
(Estado social), solo se puede hacer desde el derecho y la
democracia, trascendiéndolos, pero nunca anulándolos o
destruyéndolos. Liberalismo, democracia y socialismo se
complementan. La eliminación de uno cualquiera de estos términos
adulterará los otros hasta corromperlos. Los derechos civiles y
políticos sin una participación activa de los ciudadanos en los
asuntos públicos se convierten, en el mejor de los casos, en
despotismo ilustrado. La democracia formal, sin unas dosis mínimas
de igualdad y de control democrático del poder económico, deviene en
dictadura de la clase dominante. El socialismo, sin democracia y
libertad, termina en tiranía de la burocracia y de los aparatos
políticos.
Será principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando
esta concepción del Estado vaya calando en todos los países, y se
incorpore su espíritu y su eficacia a las distintas Constituciones.
De este modo, las naciones que entonces tienen que redactar una
Constitución lo hacen desde esta nueva perspectiva: la Constitución
francesa de 1946, la italiana de 1947 y la alemana de Bonn de 1948.
La Constitución española de 1978 quizás por ser una de las últimas
en redactarse es también una de las que mejor recogen las
virtualidades del Estado social. De manera explícita, asume tal
calificación al afirmar en su artículo 1. 1º que "España se
constituye en un Estado social y democrático de derecho", con lo que
hace suyas las tres tradiciones derivadas de la Revolución francesa
que, como ya dijimos, se complementan y se necesitan mutuamente.
Este mismo contenido viene expresado con claridad porque nuestra
Carta Magna no se conforma con la mera igualdad formal de todos los
ciudadanos ante la ley (art.14), sino que da un paso más e impone a
los poderes públicos (a los poderes públicos, no al vecino de al
lado, como piensan algunos) la obligación de promover las
condiciones para que la igualdad y la libertad sean reales y
efectivas, removiendo todo tipo de obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar así la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social
(art.9.2).
Si bien se acepta la libertad de empresa y la economía de mercado,
de forma inmediata se subordina ésta a las exigencias de la economía
general y, en su caso, a la planificación (art.38). La aceptación
del Estado como social implica asumir que la economía no es un
sistema espontáneo, perfecto y autorregulado, sino que necesita de
la constante intervención, control y dirección estatales. Consiste,
en definitiva, en aceptar el especial protagonismo del Estado en el
proceso económico. Son, por consiguiente, los poderes públicos los
responsables del desarrollo económico (art.130) y de la
planificación (art.131), pudiendo contar para ello con todo tipo de
instrumentos, incluyendo la intervención directa como empresario e
incluso la reserva de sectores, o recursos, cuando así lo exija el
interés general (art.128.2). La propiedad privada y la libertad de
empresa tienen su contrapartida y limitación en la utilidad pública
y el interés social.
Esta concepción política genera su consecuencia más inmediata en que
nuestra ley fundamental no solo tutela derechos civiles, sino
también, y con la misma relevancia, económicos. En primer lugar, el
derecho a un puesto de trabajo (art.35) que, para convertirse en
efectivo, va acompañado del mandato a los poderes públicos de
realizar una política de pleno empleo, porque de lo contrario, el
ejercicio del derecho por una parte de la población lleva implícita
la negación del mismo para el resto.
En segundo lugar, los derechos derivados de la protección social -
lo que se ha dado en llamar en otras latitudes el "Welfare State" o
economía del bienestar- de los que el Estado es garante: seguridad
social pública, prestación por desempleo (art.41); pensiones
adecuadas y periódicamente actualizables (art.50); sanidad pública
(art.43); educación (art.27); vivienda digna y adecuada, impidiendo
los poderes públicos la especulación del suelo (art.47) y toda una
larga lista de previsiones recogidas en el capítulo III del Título I
del texto constitucional. Nuestra Constitución, al igual que buen
número de las europeas, está lejos, por tanto, de conformar un
escenario liberal-burgués al estilo de las del siglo XIX, con el que
algunos pretenden identificarla para denigrarla a continuación y
justificar la ofensiva que mantienen frente a ella.
Hasta los años ochenta esas constituciones propiciaron los niveles
de mayor igualdad conocidos en Europa. La participación en la renta
total del decil más alto, que con anterioridad a 1940 alcanzaba por
término medio en los países europeos alrededor del 50%, desciende
hasta el 30% en 1980, para subir de nuevo a partir de ese año por
encima del 35%. Algo parecido se observa si utilizamos la evolución
de la participación del percentil superior. En este caso los
porcentajes adquieren los valores del 20 o 25%, con anterioridad al
año 1940; descienden hasta el 5%, en el periodo 1940-1980, para
subir a partir de este último año al 15% actual.
La menor desigualdad y el reparto más equitativo de la renta que se
dan en el periodo 1940 a 1980 están, al menos en parte, relacionados
con determinadas políticas que estaban enunciadas en el Estado
Social previsto en estas constituciones. Entre otras, una política
fiscal fuertemente progresiva, con los tipos marginales más elevados
del impuesto de la renta y sucesiones del orden del 70 u 80%; un
fuerte sector público empresarial, política en la destaco Francia, o
la cogestión en las compañías privadas con participación de los
agentes sociales en los consejos de administración, practicada
especialmente por Alemania.
Si a partir de los años ochenta se produjo un cambio, un fuerte
retroceso en los derechos sociales y las cotas de igualdad de los
países europeos, no se debió a la modificación de las
constituciones, que permanecieron en lo sustancial sin variaciones,
sino a que el discurso del neoliberalismo económico fue ganando
posiciones hasta hacerse casi hegemónico. Es ese pensamiento que
pretende ser único el que ha impuesto la globalización y que se ha
adueñado del proyecto de la Unión Europea, el que ha originado esa
involución social en la que nos encontramos, y que hace casi
imposible que funcione el Estado social y que las Constituciones se
cumplan.
España constituye sin duda un caso especial, puesto que nuestra
Constitución se aprobó mucho más tarde (1978) que las similares de
otros países, y apenas hubo tiempo para que sus principios y
estipulaciones surtieran efectos antes de que se produjera la
involución en la economía internacional. Quizás por ello haya
adquirido fuerza un fenómeno casi desconocido en otras latitudes.
Los indignados, los descontentos con la situación social y económica
y parte de la izquierda han atribuido la causa del retroceso a la
Constitución, haciendo de su modificación la solución de todos sus
males. Sitúan la diana en lugar equivocado. Miran hacia el interior,
cuando debían emplazar el objetivo en el exterior, en la regresión
que se ha adueñado del pensamiento económico internacional, lo que
se ha denominado neoliberalismo económico, que ha llevado a la
globalización y que se ha impuesto por ejemplo en el proyecto de la
Unión Europea. Este movimiento en lugar de tener su origen en la
Constitución del 78 la contradice y hace inviable el Estado social
establecido en ella y en la mayoría de las constituciones de Europa.
Me malicio, sin embargo, que en España esta ofensiva contra la
Constitución y contra lo que llaman el régimen del 78, en buena
parte no es inocente, hay grupos y fuerzas sociales y políticas que
lo utilizan como excusa para avanzar en su auténtico objetivo: la
destrucción del Estado. Lo que molesta a Bildu, a Esquerra, al PDC,
a la CUP, a JUNTS per Cat, incluso al PNV, no es esta Constitución,
lo que les encrespa es cualquier constitución que no reconozca la
república independiente de Cataluña o la del País Vasco. Si la
monarquía les incomoda, es por ser española, y si arremeten contra
el rey no es por ser rey, sino por ser jefe del Estado español. Es
muy posible que estuviesen encantados si la monarquía fuese vasca o
catalana. No en balde, en España el nacionalismo comparte origen con
el carlismo y con el catolicismo más reaccionario.
Lo que resulta menos comprensible es el comportamiento de las
formaciones políticas de ámbito estatal que apoyan, defienden y
asumen como propio el discurso de los partidos independentistas.
Solo los intereses personales y de secta podrían tal vez explicarlo.
No digo yo que la Constitución sea perfecta, pero tiene una gran
virtud, que fue fruto del consenso. No es una Constitución de parte,
como las del siglo XIX, y que dura lo que esa parte permanece en el
gobierno. Es de todos porque no es de nadie y a nadie deja
satisfecho. Dudo que hoy pueda existir un consenso equivalente para
realizar cualquier cambio en profundidad. Abrir ese melón es
lanzarnos al descontrol y a la anarquía, pero quizás es eso lo que
pretenden los detractores de la Constitución. No, quizás no sean las
reglas de juego las que haya que cambiar, sino los jugadores.
La Fiscalía del TS contra el indulto a presos del procés,
acusa a prisiones de vaciar el fallo
Redacción rebelionenlagranja.com 24 Diciembre 2020
Los fiscales del Tribunal Supremo se oponen a la concesión de los
indultos a los doce condenados por el ‘procés’ debido la gravedad de
los hechos probados y a no existir razones de justicia, equidad o
utilidad pública que justifiquen aplicar la medida de gracia, según
consta en los informes que han elaborado para cada uno de ellos.
El Ministerio Público se ha negado a informar favorablemente sobre
estos indultos, ni siquiera de forma parcial, por cuanto «esta
institución tiene un carácter excepcional y solo cuando concurran
circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad
pública –que aquí no se aprecian y que nunca se deben identificar
con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos
políticos– puede servir para adecuar las penas previstas».
«Las penas impuestas no pueden considerarse injustas en atención a
la gravedad de los delitos cometidos, tampoco adolecen de falta de
equidad, ya que cumplen rigurosamente con el principio de
proporcionalidad de las penas y, por último, sostener la utilidad
pública de esta iniciativa de gracia no es lo más recomendable
cuando se ha pretendido la ruptura del marco básico regulador de la
convivencia democrática».
Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del
líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras;
los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül
Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó;
los ‘Jordis’ –Jordi Cuixart y Jordi Sànchez–; y la ex presidenta del
Parlament Carme Forcadell.
NO SE HA ACREDITADO EL ARREPENTIMIENTO
La Fiscalía se opone a todas ellas y recuerda que, según las
liquidaciones de condena que obran en el expediente, Junqueras
cumple la pena de prisión el 29 de octubre de 2030, y la pena de
inhabilitación absoluta el 5 de julio de 2031.
Añade que según los informes de la prisión, se confirma la
adaptación al régimen penitenciario y la plena sujeción a la
normativa vigente del líder independentista, sin que se mencione
dato objetivo alguno que acredite su rechazo del hecho delictivo por
el que ha sido condenado o su arrepentimiento por su comisión. En
similar situación se encuentran el resto de presos del ‘procés’,
según los informes del Ministerio Público.
En el caso de Junqueras, el informe precisa además que el condenado
ha tenido «comportamientos claramente indicativos de rechazo a la
actuación jurisdiccional y de su voluntad de insistir en la
ejecución de los hechos si se dieran las condiciones necesarias para
ello».
A juicio de los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel
Cadena y Jaime Moreno, la supuesta desproporción de las penas
impuestas en relación con el injusto cometido por los doce
condenados «carece de fundamento jurídico alguno».
Recuerdan, en cuanto a la gravedad de los hechos, que Junqueras «no
agredió solamente al orden público, sino que también intentó quebrar
el orden constitucional, además de afectar a la integridad
patrimonial de la Administración pública mediante el uso ilegal de
fondos públicos».
INSISTEN EN QUE SE «DESBORDÓ LA SEDICIÓN»
Según los fiscales, «es lo cierto que el propio relato de hechos
probados acredita un cierto desbordamiento de los contornos legales
propios de la sedición y la incursión de los mismos en la ejecución
de algunos de los elementos típicos de la rebelión (alzamiento
público, violencia, declaración de independencia, derogación de la
Constitución, etc.)».
En su caso, añade el informe, «la especial responsabilidad que
ostentaba el solicitante como Vicepresidente del Gobierno de la
Generalitat, y por ello máximo responsable de los graves hechos
delictivos que se cometieron, avala aún más si cabe la
proporcionalidad de las penas impuestas al condenado».
Insisten en esta idea señalando que lo que sucedió en Cataluña «no
fue una sedición al uso». Afirman que se produjo «un alzamiento
institucional desde los poderes legalmente constituidos de esa
comunidad autónoma, cuya legitimidad emanaba de la Constitución, con
el imprescindible apoyo de las organizaciones sociales soberanistas
que garantizaban la movilización popular, en el que las normas que
se pretendían incumplir no eran cualesquiera disposiciones legales
sino la ley de leyes, la Constitución, que quedaba derogada en el
territorio de la citada comunidad autónoma, y en el que las
resoluciones judiciales que se incumplieron de un modo reiterado y
contumaz fueron las del propio Tribunal Constitucional».
Así, los fiscales recuerdan que Basta comprobar que los delitos de
desórdenes públicos están castigados con penas de hasta 6 años de
prisión, para entender que el delito de sedición -situado en la
cúspide de esas infracciones penales- «debe llevar aparejadas penas
de más entidad, máxime si quien lo ejecuta está investido de la
función de autoridad por sus especiales deberes de sujeción a la
legalidad que quebranta con su acción».
Añaden que la ejecución de lo juzgado y el cumplimiento de las penas
son principios constitucionales básicos para el mantenimiento de la
convivencia y de la paz social.
PAPEL DE PRISIONES CATALANAS
En cuanto al cumplimiento, los fiscales subrayan que lo largo de los
últimos meses los condenados en este proceso, entre ellos el
solicitante del indulto, han sido beneficiarios de la aplicación de
un singular mecanismo de cumplimiento de la pena privativa de
libertad, el previsto por el art. 100.2 del Reglamento
penitenciario, «de una forma tan prematura como injustificada, que
más bien parecía un modo encubierto de concesión del tercer grado
penitenciario.»
Incluso se les ha llegado a conceder, «con criterios manifiestamente
erróneos desde una perspectiva estrictamente jurídica», agregan, el
tercer grado penitenciario. De modo que todo apunta a que «la
Administración penitenciaria competente ha estado neutralizando por
esta vía la efectividad del cumplimiento de la pena de prisión
impuesta y vaciando de contenido el fallo judicial».
El PSOE aprueba la Ley Celaá que margina el
español con el apoyo de ERC y PNV
OKDIARIO 24 Diciembre 2020
La Ley Celaá ha sido aprobada este miércoles en el Senado con 142
votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones. Los socialistas han
contado con el apoyo de ERC, PNV, Más País, Compromís, Més Per
Mallorca, En Comú Podem y Adelante Andalucía mientras que PP,
Ciudadanos, UPN, PRC y Vox han rechazado el texto.
La Ley que margina el español ha conseguido superar su último
trámite a pesar de las continuas manifestaciones y quejas de la
comunidad educativa. Al no haberse hecho ninguna modificación del
texto, la Ley no tiene que volver al Congreso y, por lo tanto, se
publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La bancada socialista se ha mostrado muy satisfecha y ha celebrado
la aprobación con un largo aplauso a la ministra de Educación,
Isabel Celaá, que ha acudido al debate. A la Cámara Alta también ha
acudido la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, la vicepresidenta
cuarta, Teresa Ribera, y los titulares de Interior y Transportes,
Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, respectivamente.
Durante la celebración del debate en el Senado, el presidente de la
Comisión de Educación en el Senado, el socialista José Asensi, ha
hecho un repaso del proceso que ha transitado esta ley, desde que se
presentó en la anterior legislatura, y que se aplazó por la
celebración de nuevas elecciones.
Más plurales
La Plataforma Más Plurales, organizadora de las protestas contra la
Ley Celáa ha enviado un comunicado en el que asegura que «hoy es un
mal día».
Lo es, sostienen «para la educación, pero también lo es para la
libertad, y hasta para la democracia. Hoy se ha perpetrado la
aprobación de la que ya podemos denominar, sin temor a equivocarnos,
como la peor ley educativa de la democracia», han afeado.
La plataforma cree que «el final de su tramitación parlamentaria ha
sido lamentablemente coherente con todo el proceso: en plena
pandemia». Los afectados han calificado de «ruindad moral tramitar
una ley de esta trascendencia en una pandemia, sin diálogo en
absoluto (649 enmiendas en el Senado que ni siquiera se han
valorado), de espaldas a la comunidad educativa (la respuesta de
Sánchez a nuestra petición registrada en Moncloa de reunión no se ha
producido, a pesar de casi dos millones de firmas y del sonoro grito
de libertad en la calle con las manifestaciones), deprisa y
corriendo».
«Seguramente este Gobierno piensa, en su soberbia, que al
menospreciarnos, al no recibirnos, nos empequeñece, pero, por el
contrario, solo a ellos les perjudica, porque pone en evidencia que,
existiendo una enorme contestación social a la ley, son
absolutamente incapaces de dialogar, tal es su déficit democrático,
su talante impositivo», han añadido sobre la Ley Celaá.
A pesar de ello, Más Plurales asegura que «la defensa de la libertad
de enseñanza no se acaba aquí, por el contrario, esto solo acaba de
empezar. Desde el mismo momento de la aprobación de la LOMLOE, ha
empezado para nosotros la cuenta atrás para su derogación».
Oposición
El representante del Partido Popular, Pablo Ruz, se ha dirigido a
quienes han apoyado el texto para criticar su «sumisión a un
Gobierno» que, a su juicio, «es inmoral» y «no es el que necesita
España». A miembros del PSOE, los ha acusado también de «despreciar
a las Cortes Generales en la labor de esta Cámara» al no «contemplar
ninguna de las 640 enmiendas» presentadas en la Cámara Alta.
Lorena Roldán, portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha asegurado que
el PSOE ha dinamitado el «Pacto de Estado» por la Educación con
«esta ley que amenaza los derechos de las familias y los de los
alumnos». En su discurso ha acusado al PSOE de «mentir sobre la
inmersión lingüística» ya que la Ley Celaá no garantiza el
aprendizaje del español en Cataluña, además de «no tener apoyo» que
los socialistas dicen y de ser, en su opinión, un «modelo del siglo
pasado». «Están blindando el abuso del separatismo», ha sentenciado.
Así se ha pronunciado también la presidenta de Ciudadanos, Inés
Arrimadas que ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter
asegurando que esta aprobación supone que se «una contrarreforma
ideológica del PSOE, Podemos y los nacionalistas que ataca los
derechos de las familias, arrincona el castellano y anula la
meritocracia». Con su mensaje, Arrimadas criticaba uno de los
aspectos que más han repetido los grupos educativos: el cambio
continuo de las leyes de educación no benefician a los alumnos ni
profesores.
La clave de los Presupuestos: Sánchez se ha
"vendido" por 30 monedas de plata
Fernando de Rosa. esdiario 24 Diciembre 2020
Las únicas siglas que le importan al Presidente son P.G.E: los
“Peajes a los Grupos Extremistas”. Es el momento de pagar los
créditos que concedieron los grupos radicales.
Los Presupuestos Generales del Estado se han debatido y aprobado en
el Congreso y Senado en escasos 80 días. Con esa Ley, el Gobierno
Frankenstein quiere garantizar su supervivencia en lo que resta de
legislatura. Por eso, a toda costa, el presidente Sánchez ha querido
aliarse con quien fuera necesario con el fin de sacarlos adelante.
El eslogan en el que se escuda, es que son los mejores presupuestos
de la democracia, y quien se opone a ellos es antipatriota,
siguiendo las consignas que se fabrican en la cocina monclovita de
Redondo.
Hace unas semanas, el presidente del Gobierno, en sus insufribles
homilías laicas dominicales a las que nos quiere acostumbrar, cuando
se le preguntó por sus negociaciones de los presupuestos con
EH-Bildu, huyó de contestar directamente a esta pregunta.
Hizo lo que es habitual en él: dejar sin responder las preguntas y
no decir la verdad. Se limitó a hacer un malabarismo dialéctico con
el fin de distraer la atención y dijo que las únicas siglas que le
importaban eran P.G.E., supuestamente: Presupuestos Generales del
Estado.
Sin embargo, el subconsciente le jugó una mala pasada. Es cierto,
las únicas siglas que le importan al Presidente son P.G.E, es decir,
cumplir con los “Peajes a los Grupos Extremistas”. Es el momento de
pagar los créditos que concedieron los grupos radicales y
rupturistas para que Sánchez llegara al Gobierno.
El objetivo de los socios blanqueados de Sánchez es acabar con el
legado de aquellos que lucharon por el cambio tranquilo en España,
dejando a un lado la confrontación y la ruptura de la convivencia.
Es esa deriva hacia la radicalidad y la confrontación la autopista
de peaje por la que circula el Gobierno.
Los acontecimientos que hemos vivido en España estos últimos meses
han puesto de manifiesto que la Constitución de 1978 es la garante
del Estado de Derecho y de que se cumpla la Ley. Por ese motivo
Bildu, Esquerra y Unidas-Podemos, están obsesionados con atacar la
transición y su legado democrático. Solamente así, se pueden
entender sus ataques a la Monarquía, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y la Justicia.
Sánchez debe detenerse en las distintas garitas que hay en su
recorrido y pagar cada vez más caro los votos de sus amigos
blanqueados. Así, la izquierda comunista y los partidos antisistema,
han logrado conformar un bloque que funciona como un verdadero
piquete, que actúa coaccionando y amenazando a todo aquel grupo o
persona que defiende el Estado de Derecho. Con el silencio cómplice
del nuevo “movimiento nacional sanchista”
Ahora, la mayor obsesión de este “bloque blanqueado” está en
desacreditar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sobre todo,
tras la decisión tomada por unanimidad de que Otegi vuelva a ser
juzgado.
El "hombre de paz"
Están enfurecidos porque en ese nuevo juicio se volverá a recordar
el pasado violento del líder de Bildu, su relación con la banda
terrorista ETA y sobre todo, que no es un “hombre de paz” y menos,
el “patriota y valiente” que apoya los presupuestos por ser un
hombre de Estado, como llegó a afirmar Adriana Lastra.
Para salvar los presupuestos, el Gobierno, en vez de salir en
defensa de la Justicia, da la cara por Otegi, diciendo que su pasado
terrorista es algo personal, que no trasciende al ámbito público.
Sánchez se ha vendido por 30 monedas de plata en forma de
presupuestos, pensando que así se puede aferrar al poder los
próximos tres años. Mientras, las “termitas blanqueadas” van
haciendo su trabajo, intentado dejar huecas las instituciones del
Estado que garantizan la paz y la convivencia. Esas termitas, sin
duda, harán que su silla se convierta en polvo de serrín. Seguro que
lo vemos a medio plazo.
Reforma educativa
El PSOE aprueba definitivamente la Ley
Celaá gracias a ERC y el PNV y sin incorporar ninguna enmienda en el
Senado
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid El Mundo 24 Diciembre 2020
La octava ley educativa de la democracia sale adelante con 142 votos
a favor, 112 en contra y nueve abstenciones. Celaá advierte a las
CCAA del PP que "el poder judicial sabrá hacer que se cumpla la
norma"
La octava ley educativa de la democracia, la Lomloe, ha quedado este
miércoles aprobada de forma definitiva para entrar en vigor a
mediados de enero tras lograr el aval del Pleno del Senado sin que
se haya incorporado ninguna de las 647 enmiendas presentadas. Las
tres propuestas de veto presentadas por el PP, UPN y Ciudadanos han
sido rechazadas. La Cámara Alta ha dado el visto bueno al texto
gracias a la alianza que ha establecido el PSOE con ERC y el PNV.
Con 142 votos a favor, 112 en contra y nueve abstenciones, la Ley
Celaá ha salido adelante sin oír a la comunidad educativa, sin un
debate sosegado y sin incorporar ninguna modificación del resto de
partidos para que no tenga que volver al Congreso. Se entierra así
cualquier atisbo de protesta social durante las vacaciones de
Navidad. El año que viene, las quejas estarán olvidadas y la norma
se aplicará de forma desigual, en función del signo político de las
distintas comunidades autónomas.
La reforma educativa ha desgastado al Gobierno por la fuerte
contestación ciudadana que ha generado tras radicalizarse la norma a
su paso por el Congreso para complacer las demandas de Unidas
Podemos y satisfacer las exigencias de los partidos nacionalistas a
cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Entre
otras cosas, el nuevo articulado retira la mención al castellano
como lengua vehicular de enseñanza y oficial del Estado; asfixia a
la escuela concertada (donde estudia el 25% del alumnado); rebaja la
exigencia académica al permitir dar el título de Bachillerato con un
suspenso, y merma el control del Estado al dar más competencias a
las comunidades autónomas, suprimir las evaluaciones estandarizadas
o quitarle peso a la Inspección.
Durante las seis horas de debate, al que han acudido los ministros
Isabel Celaá, José Luis Ábalos, Nadia Calviño, Teresa Ribera y
Fernando Grande-Marlaska., todos los partidos de la oposición menos
los nacionalistas han reprochado, uno a uno, al partido en el
Gobierno de coalición la "falta de consenso" recabado, menor incluso
que el que alcanzó la denostada Ley Wert, y la precipitación con que
se ha tramitado en plena pandemia.
El texto, que ni siquiera ha sido analizado nunca por el Consejo de
Estado, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de
marzo, pocos días antes de que se declarara el confinamiento por el
Covid-19. El Congreso lo aprobó el 19 de noviembre y en el Senado no
ha estado ni siquiera un mes, a pesar de que la Comisión de
Educación se fijó hasta el 25 de febrero para tramitar el proyecto
de ley.
647 enmiendas rechazadas
El PP había planteado 184 enmiendas, así como un veto a la totalidad
mientras que Ciudadanos había presentado 59 y otro veto, al igual
que el Grupo Mixto (UPN), con 150 enmiendas. El Grupo Nacionalista
también había registrado 72 modificaciones y, en el caso de la
Izquierda Confederal, habían sido 181 cambios. Algunas de las
propuestas recogían cambios para proteger mejor el castellano como
lengua vehicular de la enseñanza, que recientemente acaba de
reconocer en una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, o dar más valor a las Humanidades.
No se han agotado los plazos
La mayoría socialista ha rechazado todas y cada una de las 646
enmiendas, y ni siquiera ha tenido en cuenta cinco transaccionales
de carácter técnico acordadas entre PP, Ciudadanos, UPN, JxCat y Más
País para impulsar la Ética, el Latín y la Cultura Clásica, poner en
valor el papel de los profesores o potenciar la existencia de
hermanos en el centro como criterio prioritario de escolarización.
Los senadores del PP, Ciudadanos, Vox y UPN han reprochado al
Gobierno su "prepotencia", "soberbia", irresponsabilidad" y
"desprecio al Senado" por una "tramitación atropellada". Enfrente,
los parlamentarios del PSOE han argumentado que la norma "corrige
las deficiencias de la Lomce" y establece que "todos los alumnos y
alumnas son igualmente válidos". "Es una revolución", ha sentenciado
el socialista José María Oleaga.
"Son ustedes destructores de la convivencia, de la libertad, del
acuerdo, de todo lo que hemos construido durante 40 años", ha
denunciado el popularPablo Ruz, acusando al PSOE de "demoler todo lo
que la democracia supone" y afeando al PNV haber mantenido "un
silencio cómplice", pues este partido siempre había defendido a la
escuela concertada. "Pasarán a la Historia del sectarismo y de la
vergüenza parlamentaria. Han pasado del talante de Zapatero al
talante bolivariano", ha señalado Alberto Catalán, de UPN. "Se
desvirtúa el papel del Senado", ha recalcado José María Marín, de
Vox. "No son conscientes del paso que supone esta ley, a la que se
ponen dos millones de firmas y un manifiesto firmado por 80
intelectuales en defensa del castellano", ha apuntado Lorena Roldán,
de Cs.
Pero también partidos con postulados ideológicos distintos han
planteado críticas parecidas. "No nos gustan las maneras y formas de
tramitar esta ley. El Senado es la cámara de representación
territorial y también de segunda lectura. Pero ni segundas lecturas
ni nada, hoy vamos a desprestigiarla", ha lamentado la senadora de
JxCat Assumpció Castellví. Eduardo Fernández Rubiño, de la Izquierda
Confederal: "No nos gusta el papel que se le concede a esta cámara
porque no se debaten las enmiendas. Han hurtado al Senado la
capacidad de debatir leyes, es una enmienda a la totalidad de esta
Cámara. Si no les gusta, planteen una reforma integral del Senado,
porque el sueldo nos lo pagan los españoles".
Una ley que no convence a nadie
La propia Castellví ha achacado que no se acepte ninguna enmienda a
"un acuerdo de partidos", dando a entender que las medidas de la Ley
Celaá están condicionadas a los Presupuestos, que precisamente se
aprobaron este martes en el Senado tras unos trámites que han ido en
paralelo.
El debate de las enmiendas y de las tres propuestas de veto
presentadas por PP, Cs y UPN les ha servido a los senadores para
hacer una reflexión general sobre la verdadera utilidad del Senado.
Se ha hablado mucho del castellano pero poco de educación. La
sensación que deja la Ley Celaá es agridulce, porque a nadie salvo
el PSOE le acaba de convencer la norma. "No llega tan lejos como nos
hubiera gustado", ha indicado Fernández Rubiño. "No es la ley que yo
hubiera deseado", ha dicho, igualmente, Adelina Escandell, de ERC.
"Se ha tramitado muy rápido, lo que ha complicado el trabajo de los
partidos pequeños. La Lomloe no es nuestra ley, no es la ley que
querríamos", ha recalcado Rosa Peral, del PNV, que ha votado a favor
porque "refleja" algunas de sus demandas.
La norma ha tenido el respaldo de ocho partidos. Además del PSOE, ha
votado a favor ERC, PNV, Más Madrid, En Comú Podem, Compromís, Mes
Mallorca, Adelante Andalucía y Geroa Bai. Se han abstenido JxCat,
Teruel Existe y Bildu mientras que han votado en contra siete
formaciones políticas: PP, Cs, Vox, UPN, PAR, Coalición Canaria y el
PRC. Al finalizar la votación la ministra ha recibido un largo
aplauso por parte de sus compañeros de bancada. No ha habido
abucheos ni gritos de "¡libertad!" por parte de la oposición.
Celaá ha comparecido para mostrar su "profunda emoción", proclamar
que la suya es "una ley cargada de futuro" y avisar a las
comunidades autónomas del PP de que "el poder judicial sabrá hacer
que se cumpla" la norma. Es la primera vez que realiza una
advertencia tan explícita, en la que da a entender que irá a los
tribunales ante el menor desacato.
"Es triste que se apruebe hoy una ley sin consenso y mirando hacia
el pasado", ha lamentado el consejero madrileño de Educación,
Enrique Ossorio, que ha insistido en que "dentro de la Constitución
y de la propia Ley Celaá" desarrollan sus "amplias competencias de
gestión para que la libertad de elección, la calidad de la educación
y la igualdad de oportunidades sigan siendo los signos de identidad
de Madrid". Partiendo de estos principios, Madrid elaborará una ley
educativa autonómica (que se suma a las de Cataluña, Baleares o el
País Vasco) para que sus actuaciones tengan "el máximo respaldo
legal".
«También en español»: Barcelona marcha a
favor de la enseñanza bilingüe
Caravana de vehículos contra la «ley Celaá» y a favor del español la
misma semana que el TSJC tumba la inmersión en una sentencia
histórica
Esther Armora. BARCELONA ABC 20 Diciembre 2020
Las movilizaciones en el conjunto de España en contra de la ley
Celaá han tenido este mediodía en Barcelona un acento especial. La
defensa de una enseñanza bilingüe, y la crítica por el
arrinconamiento del castellano en la enseñanza en Cataluña, han sido
el pretexto para la manifestación en forma de caravana de coches que
ha tomado hoy el centro de la capital catalana. En la misma han
participado centenares de vehículos bajo el lema «También en
español».
Muchas familias se han sumado a la convocatoria, que se convocó con
anterioridad a que esta semana el TSJC dictara una sentencia
histórica que obliga a todos los centros de la comunidad a ofertar
un mínimo del 25% de las asignaturas en esta lengua. La sentencia,
que es en la práctica una enmienda a la totalidad al sistema de
inmersión lingüística, no ha restado carácter reivindicativo a una
protesta contra una ley que, según los defendores del monolingüismo
en la escuela, dejará sin efecto la sentencia del TSJC, una tesis
que desmienten de manera categórica juristas.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha sido la convocante hoy
de la marcha de coches que ha recorrido el trayecto entre la plaza
Francesc Macià y plaza de Cataluña en demanda de la libertad de
elección de los padres del idioma de escolarización de sus hijos.
Anna Losada, presidenta de esta entidad, observa emocionada el
reguero de coches con banderas que ocupan el lateral de la avenida
Diagonal antes de arrancar la marcha. En paraleo, otra
manifestación, en este caso convocada por las escuelas concertadas ,
también protestaba este mediodía contra la ley Celaá en Barcelona.
«La gente debe ser consciente de que lo que ocurre en Cataluña con
la lengua es ilegal e inconstitucional». Ahora, con el espaldarazo
del TSJC, es, a su juicio, «un momento clave para reforzar la
presión y obligar a la Generalitat a que cumpla las sentencias». «El
Gobierno debe también dejar de inhibirse en el problema y actuar
después de tantos años de dejación» apunta en declaraciones a ABC.
Entre los participantes, un sentimiento común. Juan (prefiere no dar
apellidos) espera junto a su hija a que arranque la caravana en
medio de la avenida Diagonal de Barcelona. Es uno de los padres que
dio el paso y se atrevió a pedir el 25 por ciento de castellano para
su hija, que le acompaña en la protesta con pancarta en mano. No
esperó a que saliera la sentencia y decidió escolarizarla en un
centro concertado que le asegura enseñanza trilingüe para su
pequeña. «Cruzo cuatro veces Barcelona para que mi hija conserve su
lengua materna, es lo que hay», indica en declaraciones a este
medio. Asegura que muchos padres piensan como él pero transiguen
para no significarse. A la hora de la foto, Juan preserva su imagen
y la de su pequeña. «No me gustaría que identificara la escuela y le
dieran el toque», afirma.
Berta Romera y Eugenio Lorenzo, están unos coches más abajo, en la
confluencia de la calle Numancia con la avenida Diagonal. Con la
pancarta en mano atienden a este medio. Explican la importancia de
esta protesta en un momento tan importante, tras el varapalo del
TSJC. «Debemos alzar la voz», aseguran. Ambos son profesores y
escolarizaron a sus hijos en centros privados para asegurar que no
perdían su lengua materna. «Lo que ocurre con la lengua en Cataluña
es ilegal, por no hablar del adoctrinamiento», dice Berta. Sabe de
lo que habla. Es profesora de Historia de Bachillerato y, según
apunta, «la manipulación que se hace con los alunmos es atroz».
Aparte de familias, han sido numerosos los representantes políticos
de partidos como Cs, PP y VOX los que han asistido a la protesta.
Entre estos, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, que ha
considerado este domingo que la implantación de la «Ley Cela»'
supone un «abuso» para todos los catalanes porque elimina el español
como lengua vehicular.
Antes de participar en la manifestación, Carrizosa ha lamentado que
en Cataluña «los alumnos castellanohablantes no pueden estudiar sus
primeras palabras en su idioma materno». «Y también muchos alumnos
catalanohablantes ven mermadas sus capacidades de desarrollarse» en
castellano, por lo que pierden capacidades profesionales, según él.
Por parte del PP asistieron, entre otros, Óscar Ramírez, Llanos de
Luna y Daniel Serrano, que denunciaron que la ley Celaá es un texto
«sectario e ideológico que elimina la libertad de los padres para
elegir el centro educativo que quieren para sus hijos y que excluye
al castellano como lengua vehicular».
También asistió Ignacio Garriga, diputado de Vox y candidato a las
próximas elecciones, que en la comitiva de arrancada de la protesta,
ha afirmado que su partido «luchará en Cataluña para que se respete
el castellano como lengua vehicular» y «se garantice una educación
en español en el territorio». «Vox se va a quedar a luchar», ha
dicho en declaraciones a los medios.
Disney + ofrece el catalán como opción para
ver ‘Soul’ o ‘Frozen 2’ tras las presiones de los independentistas
OKDIARIO 24 Diciembre 2020
La plataforma Disney+ ha incorporado el catalán como idioma opcional
a un número limitado de su catálogo de películas. La colaboración de
la Dirección de Política Lingüística de la Generalitat ha hecho
posible el doblaje de los productos de la factoría Disney al
catalán.
La Consellería de Cultura de la Generalitat ha emitido este
miércoles un comunicado presumiendo del logro en su avance por
imponer el catalán hasta en las películas infantiles. Los
responsables políticos catalanes hablan de estrecha colaboración con
los responsables de la plataforma para impulsar la opción del
catalán en todas las películas y series de Disney.
Por el momento, la oferta se limita a tres títulos: ‘Soul’, ‘Espías
Disfrazados’ y ‘Frozen 2’, que se podrán visualizar en catalán a
partir del 25 de diciembre, coincidiendo con el estreno de la
plataforma del primero de los títulos.
Lo cierto es que pese a que el Govern ‘vende’ una «estrecha
colaboración» con Disney +, lo cierto es que este mismo año la
plataforma ha recibido presiones para traducir sus productos al
catalán, un paso más de los independentistas para implantar la
dictadura lingüística en Cataluña.
Este mismo mes de diciembre se ha aprobado la Ley Celaá que, gracias
a las presiones de ERC y Podemos, ha desterrado el castellano como
lengua vehicular de la educación en Cataluña.
Presiones a Disney
El pasado mes de abril OKDIARIO contaba cómo Disney se había
convertido en blanco de los independentistas. La asociación que
espió a los niños en los colegios para comprobar el calado del
catalán en las escuelas abrió un nuevo frente: las películas de
Disney. La denominada ‘Plataforma per la Llengua’, financiada
anualmente con más de 600.000 euros por la Generalitat de Quim
Torra, comenzó una ofensiva contra la empresa norteamericana para
que incluyan en su nueva plataforma, Disney +, largometrajes en
catalán. «¿Por qué no puede hablar Buzz en catalán?», se preguntan
en su campaña.
«Hacemos un llamamiento para enviar miles de peticiones y reclamar
la incorporación del catalán en Disney +», han comunicado en su
página web. La idea de la plataforma es «un envío masivo de correos
electrónicos por parte de la ciudadanía a directivos de la compañía
en Estados Unidos, Europa y España» para «hacer presión».
Los envíos se harán desde una página web que recoge los datos de
aquellos que quieran sumarse a la iniciativa y generará
automáticamente un mensaje que llegará a los directivos de la
empresa. Con ello pretenden que Disney ceda a la presión e incluya
la posibilidad de visionar en su plataforma de reciente creación las
películas en catalán.
El presidente de la Plataforma por la Lengua, Oscar Escudero,
considera que se trata de un «agravio» y que les «preocupa
especialmente» la «vulneración sorprendente» considerando que Walt
Disney ya tiene algunas películas dobladas gracias a la financiación
de la Generalitat de Cataluña, que gastó más de 250.000 euros en
ello.
El padre de uno de los guardias asesinados
en Capbretón tilda de “inmoral” la respuesta de Marlaska a su carta
Joce Centeno trasladó al ministro de Interior su “indignación” por
los beneficios penitenciarios a etarras
C. S. Macías larazon 24 Diciembre 2020
José Centeno, padre de Raúl, uno de los guardias civiles asesinados
por ETA en Capbretón ha recibido respuesta a la carta que le envió
al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska donde le expresa
su “frustración e indignación” por sus actuaciones al frente de la
cartera que dirige.
En dicha misiva, Centeno, que además es guardia civil en situación
de retirado, preguntaba al titular de Interior qué había sido de
“aquel juez que luchaba contra el terrorismo” y le recriminaba cómo
era capaz premiar “con el traslado a centros penitenciarios cercanos
al País Vasco a los asesinos de sus familias, entre ellos al asesino
Asier Bengoa López de Armentía, “participante en el cruel asesinato
de nuestro hijo Raúl”.
Con fecha de 10 de diciembre, el Grande-Marlaska responde a Centeno
en una carta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN en la que le indica
que “lamenta profundamente que personas que han sido víctimas de la
violencia terrorista, como es su caso, puedan llegar a sentirse
perjudicadas por las medidas adoptadas” por su departamento. Destaca
que, cuando asumió el cargo de ministro, en junio de 2008 trasladó a
las asociaciones de víctimas del terrorismo que la política
penitenciaria con respeto a los presos de ETA “se basaría en la
aplicación de la ley”. Y, asegura que desde entonces “se ha venido
haciendo, teniendo en cuenta los estudios propuestos que de forma
individualizada han hecho las Juntas de Tratamiento” de los
distintos centros penitenciarios, según lo establecido en la
legislación penitenciaria.
Por ello, Marlaska pide al padre del guardia civil asesinado en
Capbretón que “sepa comprender, a pesar de las duras circunstancias
que ha vivido” que su forma de proceder “no supone en modo alguno
ningún premio o beneficio para ese colectivo, sino que es
consecuencia del cumplimiento de la ley” y que, con ello considera
que “en absoluto menoscaba el firme compromiso” de su departamento y
el suyo con las víctimas de la banda terrorista ETA.
Centeno considera la respuesta del titular de Interior como
“inmoral” porque, subraya que, aunque se pudiera estar actuando
dentro de la ley, subraya que se están acercando y otorgando
beneficios penitenciarios a sanguinarios presos de ETA que además no
están arrepentidos y que, no concederles estos privilegios “no
supondría ir contra la ley”.
Enésimo acoso al castellano en Cataluña:
ataque en Twitter a la empleada de una librería por no hablar
catalán
La empresa Abacus muestra en un tuit su preocupación por las quejas
de la chica pero no dice nada de poder hablar otros idiomas
Joan Planes larazon 24 Diciembre 2020
Nueva muestra de acoso al castellano en Cataluña. Y, de nuevo,
contra una empleada de un establecimiento por no hablar catalán, que
es lo mismo que ocurrió en una panadería de la avenida Meridiana de
Barcelona.
En esta ocasión, una joven internauta llamada Aida, en Twitter,
muestra su extrañez e incluso preocupación por el motivo de que una
dependienta de la conocida cadena de librerías y papelerías Abacus
le habla en castellano de entrada, y también a la hora de darle el
ticket por la compra.
La respuesta de la librería al tuit muestra “un compromiso con el
país en catalán”, pero no hace ninguna alusión al castellano ni a la
libertad de sus trabajadores . También indica que “su lengua de
comunicación primaria es el catalán”.
Respecto a este tuit, en la misma red social la plataforma
bilingüista S’ha Acabat indica que “lamentamos que Abacus expulse a
más de la mitad de catalanes como clientes”, en referencia a los
ciudadanos castellanohablantes.
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