AGLI Recortes de Prensa   Sábado 26  Diciembre  2020

Las cuatro grandes crisis que ahogan España
A las crisis sanitaria, económica/laboral, institucional y territorial podríamos añadir una quinta, la pérdida de influencia en el mundo y dentro de la Unión Europea
Graciano Palomo elconfidencial 26 Diciembre 2020

Esta es la descripción objetiva, más allá de la letra pequeña y las opiniones 'ad hominem', de las cuatro grandes crisis que atenazan (no sin temor/angustia) el presente y el futuro, al menos inmediato, de la sociedad española como tal constituida en nación desde hace siglos.

La sanitaria. Una pandemia, que es global, avanza por los campos y ciudadanos de España con un Gobierno que cabalga una gestión inquietante y desconcertada; por ser caritativos dadas las entrañables fechas que nos inundan. No se conoce la cifra global de fallecidos (algo realmente tan intolerable en un contexto democrático y transparente como estulto: hoy en día no hay manera de poner puertas al campo), el millón largo de infectados que va en aumento y que ha colocado al sistema productivo al borde del colapso. Ese Gobierno, después de los primeros meses de experiencia pilotando la gestión pandémica bajo un mando único y las instituciones democráticas abortadas, decidió que la mejor forma de esquivar el deterioro político ante su demostrada cabal incompetencia es dejar, sobre los hombros de las 17 CCAA, 17 formas distintas de combatir al maldito virus de Wuhan. Es decir, en marzo fue vital decretar el “mando único” y ahora, con los mismos peligros para la salud pública general, resulta que cada territorio puede pechar y combatir el covid-19. Eso sí, se reserva el control sobre las vacunas que paga la Unión Europea.

Esta crisis, desgraciadamente, parece estar lejos de apagarse, salvo que la aparición de un fármaco milagroso ponga coto al bichito asesino o, en su caso, las vacunas resulten efectivas a gran escala.

Económica/laboral. Cierto es que el virus ha puesto patas arriba la economía española con un decrecimiento brutal del PIB que puede alcanzar el 13 por ciento. El covid-19 tiene, en efecto, una responsabilidad sumaria, pero no es el único factor. El otro tiene que ver con la gestión económica/fiscal del Gobierno. Esa gestión camina en sentido inverso al que lo hacen las grandes potencias económicas del mundo, incluidas las que pertenecen al mismo club europeo, y en contra de las recomendaciones de los grandes expertos mundiales y nacionales en estas cuestiones. El estallido de la burbuja económica podría resonar durante generaciones.

Institucional. El Gobierno socialextremista, en gran parte dirigido por Iglesias, cuyo ADN ideológico es bien conocido dentro y fuera de nuestras fronteras, ha decidido poner en jaque las instituciones democráticas surgidas al rescoldo de la Constitución democrática del 78. Una larga mano copando todos los poderes del Estado (el judicial a punto de caer, pese a las advertencias de la UE) y utilizando las mismas en un uso partidario de una obscenidad inexportable al mundo libre. La jefatura del Estado no queda a salvo de la ofensiva extremista gubernamental.

La territorial. Los independentistas, ahora envalentonados por la sensibilidad del gobierno Sánchez&Iglesias, consiguen lo que hasta ahora resultaba impensable. Y van a continuar tratando de descoyuntar el Estado.

Podríamos añadir una quinta, la pérdida de influencia en el mundo y dentro de la Unión Europea, como se ha podido comprobar con hechos fehacientes bien recientes. Por si fuera poco el quilombo, vuelve ahora Marruecos con su tarro de las esencias.

Los 18 motivos por los que armonizar la fiscalidad madrileña sería una aberración
Demoledora toma de posición del IEE contra la pretensión de Sánchez de forzar a Ayuso a subir Sucesiones y Patrimonio.
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 26 Diciembre 2020

En pleno debate sobre la pretensión del gobierno de Pedro Sánchez de forzar a la autonomía madrileña a subir los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, el Instituto de Estudios Económicos ha elaborado un breve informe advirtiendo de las consecuencias negativas que se derivarían de una medida así.

El think tank asociado a la CEOE recalca que Patrimonio y Sucesiones son "dos figuras tributarias que han sido ampliamente cuestionadas y reprobadas a nivel internacional". En este sentido, cabe recordar que el ranking de competitividad fiscal elaborado por la Tax Foundation ha situado a España como uno de los países con peor sistema impositivo de la OCDE.

Para el IEE, "la existencia de estos impuestos obedece más a las inercias del pasado y a los prejuicios ideológicos que a las consideraciones más elementales de eficiencia y equidad, en virtud de las cuales se aconseja la moderación y, preferentemente, la supresión de estos impuestos. La mejor prueba de ello es que, en nuestro entorno internacional más inmediato, que son los países con los que hemos de competir de forma más directa, estos impuestos brillan por su ausencia".

El informe recuerda que el Impuesto sobre el Patrimonio fue introducido en España durante la Transición, pero concebido como una medida tributaria temporal que simplemente debía servir como puente hacia un sistema impositivo moderno. Hoy en día, este tributo ha sido eliminado en todos los países europeos… salvo en España, donde se sigue aplicando de forma generalizada, con la salvedad de Madrid.

En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el IEE recuerda que "la mayor parte de los países de la UE (15 de 27) no tienen Impuesto sobre Sucesiones y, entre aquellos socios comunitarios que sí aplican este tributo, los tipos fijados son residuales". Ampliando el foco, Sucesiones alcanza un tipo medio del 15% en la OCDE, mientras que en España se aplica un 34% que puede llegar al 82% en algunos supuestos.

Más llamativo aún es que ningún país de la UE aplica conjuntamente estos impuestos. España, pues, adopta un sistema anómalo, al mantener al mismo tiempo un Impuesto sobre Sucesiones y un Impuesto sobre el Patrimonio. Por lo tanto, si lo que se pretende es "armonizar" la fiscalidad de nuestro país con los países de nuestro entorno, lo lógico sería extender por toda España el sistema tributario madrileño.

"La cada vez menor utilización de estas figuras tributarias se está produciendo en la medida en que hay una mayor conciencia de su negativa contribución al bienestar económico y social. Son impuestos que generan fuertes distorsiones y un exceso de gravamen, por lo que son incompatibles con un sistema fiscal eficiente u óptimo. Los costes sobre el crecimiento y la actividad de estos impuestos son, sin ninguna duda, los mayores del sistema tributario y, como consecuencia de ello, en términos de coste-beneficio social, los ingresos obtenidos no compensan la pérdida de bienestar que suponen", explica el decano de los think tanks de nuestro país.

Por otro lado, el IEE señala que "el prestigioso instituto IFO de Alemania ha estimado recientemente que la reintroducción del Impuesto sobre el Patrimonio en Alemania supondría, en el medio y largo plazo, una significativa pérdida de recaudación neta, pues implicaría una contracción de hasta el 5% del PIB nacional. Por su parte, en Francia, en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, se estimó que la pérdida neta de recaudación total duplica los ingresos obtenidos de forma directa".

De acuerdo con el informe, "otra de las consecuencias negativas más directas de la imposición patrimonial es el encarecimiento de la componente fiscal del coste de capital de las empresas, lo que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico. En el actual entorno de rendimientos reales moderados, cuando no de pérdidas, como en estos momentos, un tipo fijo de patrimonio del 3,5%, como se ha planteado en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, puede llegar a suponer un tipo impositivo efectivo superior al 100%, lo que resulta extremadamente distorsionante, al considerarse como potencialmente confiscatorio y, por lo tanto, inconstitucional".

Por otro lado, "las implicaciones indirectas, y que, por lo tanto, no se visibilizan de forma clara, son aún más perjudiciales. Entre ellas encontramos la deslocalización del ahorro y de los contribuyentes con más talento a terceros países cercanos que no aplican estas figuras tributarias o que tienen regímenes especiales para expatriados, como es el caso de Portugal. Además, la imposición patrimonial frena la entrada de capitales para financiar nuestros desequilibrios acumulados de deuda externa y pública. Pero lo más grave es la desaparición de empresas en los momentos de transmisión generacional, tal y como ha señalado recientemente el Fondo Monetario Internacional para los países que no exoneran las empresas y participaciones empresariales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones".

El IEE aplaude la postura de Madrid y reconoce también los avances de otras regiones que han reducido estos tributos, caso de Andalucía o Galicia. "Parece que el gobierno quiere negar la corresponsabilidad fiscal mediante la denominada "armonización fiscal", que es en realidad una subida generalizada de la imposición patrimonial y que afecta precisamente a las comunidades que presentan un sistema tributario más moderno y homologado con nuestro entorno. Este equivocado planteamiento de obligar a incrementar la imposición patrimonial a las comunidades autónomas generaría, a su vez, otros inconvenientes añadidos. Por ejemplo, supondría la pérdida de la corresponsabilidad fiscal, que es un elemento clave y legitimador de nuestro Estado de las Autonomías. Las comunidades autónomas deben tener el derecho y la obligación de ejercer la corresponsabilidad fiscal, entendida esta como la libertad de diseñar sus gastos e impuestos de acuerdo con las preferencias de sus ciudadanos, al menos en los impuestos propios o cedidos", censura.

En este sentido, "para avanzar en el camino del verdadero progreso sería recomendable no prohibir los modelos tributarios de los territorios que mejor desempeño alcanzan, ni generalizar, a la fuerza, los de aquellos que peores resultados obtienen. Hay una fuerte interrelación entre corresponsabilidad fiscal, competitividad regional y eficiencia en el gasto público. En España, la corresponsabilidad fiscal para las regiones de régimen común es, si cabe, más obligada, en la medida en que existen territorios con regímenes forales que tienen una corresponsabilidad fiscal plena".

Precisamente en este sentido, el IEE se refiere al doble rasero del gobierno y sus socios vascos y navarros: "no es consecuente, ni válida, la pretensión de que la corresponsabilidad fiscal es buena y positiva para los territorios con regímenes forales, pero no para el resto de España. Al igual que la competencia en el sector privado mejora la calidad y el coste de los bienes y servicios, la competencia entre jurisdicciones territoriales es un procedimiento de mejora de la eficiencia en la provisión de los servicios públicos, lo que constituye nuestra gran asignatura pendiente".

Por lo tanto, el IEE identifica al menos 18 motivos para rechazar la "armonización fiscal":

Patrimonio es un impuesto arcaico.
La adopción de Patrimonio, en plena Transición, fue temporal.
España es el único país de la UE-27 que sigue aplicando Patrimonio.

De los 27 países de la UE, unos 15 no aplican Sucesiones.
En los 12 países de la UE que sí aplican Sucesiones, los tipos vigentes son residuales.
El tipo medio de Sucesiones observado en la OCDE es un 50% menor que en España.

Ningún país de la UE aplica conjuntamente estos dos tributos.
Los ingresos obtenidos mediante estos impuestos son inferiores a la caída de actividad producida.
En Alemania se estima que aplicar Patrimonio reduce el PIB hasta un 5%.

En Francia, la recaudación total cae 2 euros por cada 1 euro generado por Patrimonio.
Patrimonio y Sucesiones encarecen fiscalmente el coste de capital, torpedeando la inversión, el ahorro, la productividad y, con ello, el crecimiento.

Las subidas de Patrimonio que se han planteado son potencialmente confiscatorias e inconstitucionales.
Patrimonio y Sucesiones generan distorsiones como la deslocalización del ahorro, los contribuyentes y las empresas.
La aplicación de estos impuestos frena la entrada de capitales.

Patrimonio y Sucesiones influyen negativamente en la transmisión generacional de empresas.
La armonización acabaría con la corresponsabilidad fiscal.
A mayor corresponsabilidad fiscal, mayor competitividad regional y eficiencia en el gasto.

El gobierno actúa con doble rasero, negando corresponsabilidad fiscal a Madrid y haciendo lo contrario con País Vasco o Navarra.

Los vencidos
Mikel Buesa Libertad Digital 26 Diciembre 2020

Los hospitales eran un lugar de muerte, hasta el punto de que uno de cada cinco de los pacientes allí ingresados falleció.

Como todas las epidemias catastróficas que figuran en los anales de la historia, la del coronavirus dejó un reguero de muertos durante un período de tiempo muy reducido de apenas unos meses. El dolor causado por esas muertes ha sido profundo –y será seguramente duradero–, especialmente por las condiciones en las que los vencidos por la enfermedad no lograron superarla: aislados de los demás en hospitales abarrotados de pacientes o en residencias de ancianos o, también, en sus casas, sin el auxilio moral de sus familiares, con una asistencia médica que no siempre llegó para aliviar su dolor y en una soledad radical que les impidió ver por última vez a quienes ellos amaban. Estas condiciones de la muerte han sido, quizás, el aspecto más cruel de una infección que cabalgaba desbocada en el mes de marzo, en el que cada día parecía peor que el anterior, y también durante abril y mayo, cuando con una parsimonia desesperante se fueron reduciendo las cifras. Y no puede olvidarse tampoco que gran parte de los muertos carecieron de un ritual normalizado de despedida, consolador para sus deudos, pues hubieron de permanecer durante días en morgues, a veces improvisadas, y se impidió que la mayor parte de sus familiares y amigos asistieran a su inhumación.

La tristeza que han causado todas esas muertes ha sido profunda, más aún cuando, como se verá enseguida, muchas de ellas ni siquiera han sido reconocidas por las autoridades sanitarias, negándoseles así el luto colectivo de una nación apesadumbrada por la carga que ha supuesto, para muchos, perder a sus seres queridos. Pero no nos adelantemos, porque este tema tiene muchos matices y recovecos que conviene exponer ordenadamente para evitar que cualquier apriorismo enturbie la valoración de los acontecimientos. Empecemos, pues, por conocer las cifras oficialmente publicadas por el Ministerio de Sanidad. Su evolución se recoge en la Figura 18 a partir del día 3 de marzo –hay un fallecimiento anterior el 13 de febrero, como ya se ha mencionado más atrás– y hasta el 7 de junio, día en el que se anotaron los cinco últimos óbitos. En total, en ese gráfico se acumulan las 28.409 muertes que las autoridades sanitarias consideraron verificadas hasta mediados de julio a través de pruebas diagnósticas PCR –como si la diagnosis por medio de la descripción de los signos y síntomas que caracterizan la enfermedad no fuera un procedimiento médico aceptable–, y que son las únicas reconocidas por tales autoridades en contra del criterio sostenido por la Organización Mundial de la Salud.

Algunas de las cifras (…) pueden parecer asombrosas, especialmente los 688 muertos que se contabilizaron el 22 de mayo –que hacen aparecer un pico extemporáneo dentro de la senda descendente que sucedió a los 950 fallecidos del 2 de abril, el día más trágico de la epidemia–, los 1.918 que fueron retirados de una tacada el 25 de mayo –aunque al día siguiente se restauraron 283 de ellos– o los 1.179 anotados el 19 de junio, después de casi dos semanas en las que no se contabilizó ningún óbito, sin que aún se haya dado una explicación satisfactoria del proceder de quienes confeccionan la estadística que ahora nos sirve de base para nuestro análisis. La serie, por otra parte, presenta continuas subidas y bajadas, sobre todo en abril y mayo, que probablemente no son sino un reflejo de la deficiente gestión que ha tenido este asunto en el Ministerio de Sanidad. Ésta se inició en marzo con unas notables carencias de información derivadas de unos precarios, obsoletos y descoordinados sistemas de recogida de datos, tanto en las Comunidades Autónomas –que en ese momento, antes de la declaración del estado de alarma, eran las administraciones competentes en la materia– como en las estructuras de la Administración Central.

(…) Por detrás de estas discusiones bizantinas acerca de si los enfermos de coronavirus debían o no ser confirmados con pruebas analíticas se desenvolvió la enorme tragedia de los ancianos que residían en centros geriátricos públicos o privados y que fueron marginados de la atención sanitaria, las más de las veces de una manera deliberada aunque no reconocida. También hay que mencionar en este oscuro capítulo de la epidemia a las muchas personas mayores que prefirieron no acudir a un hospital porque cundió el pánico. Los hospitales eran un lugar de muerte, hasta el punto de que uno de cada cinco de los pacientes allí ingresados falleció, aunque esta proporción aumentaba a uno de cada cuatro entre los mayores de setenta años, y uno de cada dos entre los que superaban los 80 años. A nadie sorprenderá, por ello, que cuando las noticias sobre los óbitos se multiplicaron, muchos ancianos rehuyeran los centros hospitalarios en el momento de sentirse enfermos. Algunos murieron, a veces, en la más radical soledad porque el confinamiento así lo impuso.

En el final de marzo y los primeros días de abril, cuando las muertes alcanzaron a su cénit, las autoridades sanitarias anunciaron el inminente colapso hospitalario, aunque rápidamente se inició la instalación de hospitales de campaña y otras estructuras provisionales. Pero la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se agotaba y ello suponía un freno para el tratamiento de las personas más vulnerables, entre ellas muy importantemente los ancianos, pues eran ellos los que, con más frecuencia, presentaban las patologías previas –tensión alta, diabetes, lesiones cardíacas y dificultades respiratorias– que aumentaban el riesgo mortal de la covid-19. Una idea de la incidencia de la enfermedad entre las personas mayores la da el hecho de que los estudios que se han realizado sobre los residentes en centros geriátricos a finales de junio señalan que el setenta por ciento de ellos han sufrido el contagio de la enfermedad.

En esa situación buena parte de las personas mayores, sobre todo las acogidas en residencias geriátricas, fueron dejadas en las manos del Arcángel Azrael. Los hospitales los rechazaban en cuanto había alguna dificultad para ofrecerles cama. Un parte de alta de las Urgencias del Hospital Infanta Cristina de Parla (Madrid) argumenta así la inadmisión de una paciente de más de setenta años: "Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital". En el juicio clínico contenido en el mismo documento se especificaba que la mujer presentaba "neumonía bilateral" y "probable covid-19 (pendiente de PCR)". Era el 25 de marzo; tras días más tarde esta señora fallecía en la residencia que la alojaba. El caso no es anecdótico. En Madrid, en un abuso criminal de las competencias autonómicas, se había dado la orden de no hospitalizar a los ancianos con demencia avanzada, los considerados terminales o los grandes dependientes. Similares decisiones se aplicaron en Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana –y tal vez en otros lugares de España–. En Cataluña, incluso, se rechazó ingresar en las UCI a los mayores de ochenta años. El propio Ministerio de Sanidad había publicado el 6 de marzo un protocolo en el que, como norma general, se establecía que "todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda, deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación". Se reafirmaba así la idea que había expresado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, según la cual "no hay que cerrar las residencias ni los centros de día, no hay por qué cambiar la vida social ni nada en esos lugares".

NOTA: Este texto está tomado de Abuso de poder, el libro de Mikel Buesa que acaba de publicar la editorial Marcial Pons.


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La Monarquía es la pieza a batir
Editorial El Mundo 26 Diciembre 2020

El claro mensaje de ejemplaridad de Felipe VI pone furioso a Podemos que redobla sus críticas a la Corona ante la pasividad socialista.

Las reacciones de los partidos políticos al discurso del Rey dan la medida de hasta qué punto fueron acertados los mensajes, nítidos, que dirigió a los españoles. Su declaración de que "los principios éticos nos obligan a todos por encima de consideraciones familiares" representa un compromiso mayúsculo de la Monarquía que encarna Felipe VI con un listón de ejemplaridad muy superior al que hemos visto nunca en las demás instituciones del Estado, y no digamos ya en las formaciones políticas, y marca todas las distancias necesarias con los comportamientos reprobables de Don Juan Carlos conocidos en los últimos tiempos. Y es tan claro que el Rey desactivó con esa referencia contundente y directa las críticas que en los últimos días le venían haciendo Podemos y otros partidos independentistas que los de Iglesias y sus comparsas secesionistas se vieron obligados a cambiar ayer el paso con críticas tan grotescas como infundadas. De pronto se tuvieron que olvidar del flanco del Rey emérito, puesto que no hay resquicio para atacar la integridad y honestidad extremas de Don Felipe. Y, entonces, recuperaron la arremetida más pedestre contra la Corona, que en realidad es el único objetivo de esta campaña, como a nadie se le escapa.

Los portavoces de Podemos recurrieron a barbaridades como la de acusar al Rey de amparar el golpismo por hablar de "periodo de enfrentamientos y divisiones" y no de dictadura. Aunque la traca se la llevaron los proetarras de Bildu al concluir que el discurso denota "falta de la concepción de derechos humanos". Nada menos. Como si quienes no han condenado los 850 crímenes de ETA pudieran dar alguna lección sobre esta materia, tal es la degeneración a la que asistimos hoy en la propia gobernabilidad de España. Al independentismo catalán, por su parte, cabe al menos agradecerle una cosa: su falta de doblez en este asunto. "El único discurso que nos interesa es el del anuncio del fin de la monarquía", soltaron. En realidad, todo se reduce a esto último, al ataque sin tregua de quienes pretenden acabar con el ordenamiento constitucional que nos dimos todos los españoles en 1978 y ven en su cruzada contra la Monarquía el instrumento para intentarlo.

Por ello, lo que se echó en falta ayer, una vez más, es que los portavoces del PSOE salieran no solo a comentar las palabras del Rey sino, sobre todo, a desmarcarse y a desautorizar el desprecio tan furibundo hacia la figura del Jefe del Estado y el ataque brutal de deslegitimación de nuestras instituciones. Los socialistas, con su cobardía y silencio, se convierten en cómplices de esta estrategia de desestabilización por parte de todos los partidos y grupúsculos que hoy mantienen a Sánchez en La Moncloa, que es lo verdaderamente grave. Es esta situación la que preocupa, y mucho, a millones de españoles que ven cómo nuestra democracia está es asaeteada incluso por quienes se sientan en el Consejo de Ministros. Y por ello fue tan necesario y oportuno que el Rey también pusiera el énfasis en la defensa de la Constitución y sus valores durante su discurso. Los españoles saben bien dónde está cada cual. Don Felipe en Nochebuena se mantuvo desde luego en su sitio.

Los lamentables socios de Sánchez
Francisco Marhuenda larazon 26 Diciembre 2020

Es casi imposible encontrar algún aspecto criticable en el Discurso de Navidad del Rey, desde el sentido común y una visión de Estado. No era fácil, hasta el momento no ha tenido ninguno que lo fuera, inmersos como estamos en las crisis que nos afectan. El discurso recogió todos los temas importantes, porque ninguno ha quedado fuera e incluso fue muy claro y contundente en lo que afecta a don Juan Carlos.

Hay que partir de la base de que un discurso de Felipe VI nunca gustará a los comunistas, anticapitalistas, bilduetarras e independentistas. Es algo de sentido común. Lo único que les hubiera saciado es que linchara a su padre, criticara la Constitución y reclamara un referéndum para la autodeterminación. Es decir, cuestiones que rechaza la inmensa mayoría de la sociedad. En lo primero hay que esperar a que hable la Justicia, que es lo único importante en el Estado de Derecho que Iglesias y sus amigos quieren laminar en su sueño por la revolución bolivariana a la española.

Los otros dos son auténticos disparates que el jefe del Estado no podría nunca asumir, pero tampoco los partidos que defienden la Constitución y que representan a 277 diputados de los 350 que tiene el Congreso. No parece que Iglesias tenga apoyos suficientes. El problema de fondo es que, desgraciadamente, los socios del PSOE forman parte de ese grupo que cuestiona la unidad de España y mantiene posiciones en contra de nuestra Carta Magna. Esta es la anomalía española que no tiene parangón en ningún país de la UE. En algunos hay formaciones antisistema, pero no se sientan en el gobierno. Es insólito que el vicepresidente y su equipo se dediquen a atacar al jefe del Estado por un discurso que refleja fielmente lo que cabía esperar en unos momentos tan difíciles como los que afrontamos colectivamente.

No hay que darle más importancia, porque la ofensiva de Podemos y sus aliados nació muerta. Es pura propaganda inconsistente que pretende ser un salvavidas ante el imparable retroceso que sufren los comunistas en las encuestas. En lo que hace referencia a los independentistas catalanes tendremos que esperar al resultado de las próximas autonómicas, pero realmente es mucho ruido y pocas nueces porque han aprendido que su agenda está condenada al fracaso. Con el PNV no hay ningún problema mientras puedan pasar por caja, que es lo único que realmente les interesa. Los fuegos de artificio no nos tienen que confundir. España es una gran democracia que no tiene que temer a los antisistema.

El impúdico post mortem de Sánchez
Carlos Dávila okdiario 26 Diciembre 2020

En las multinacionales más clásicas había costumbre antes, ahora ya no lo sé, de formalizar reuniones críticas para evaluar actuaciones nucleares, presentación de resultados, de productos, campañas nuevas… en las que el cronista recuerda más de uno de los participantes salió ‘baldao’ del trance, un episodio perfectamente diseñado ‘modo test’ con preguntas e invectivas insoslayables. Ahora la factoría tóxica del gurucillo Redondo se ha inventado para el martes que viene y para su jefe un remedo estólido de aquellos post mortem, presentado, con lujuria retórica, como el no vas más de la transparencia política, como algo (sic) “inédito en la Historia de España”. Pues bien, por si el grupo de palmeros donosos que se ha prestado a este juego tiene a bien colocar a su patrocinador en el jaque de responder a cientos de cuestiones comprometidas, remito algunas, casi todas fechorías, de las que debería responder el interfecto. Vamos con ellas.

¿Le parece un acto responsable y auténtico su declaración del 4 de julio anunciando que ya “habíamos derrotado” al virus y que “la gente saliera sin miedo a la calle”?
¿Por qué ha ocultado meses y meses el fantasmal “comité de expertos” que le dictaban la política a seguir en la lucha contra el COVID?

¿Cree que ha cumplido con su palabra de no pactar nunca con Podemos hasta el punto de que “no dormiría si lo hiciera”?
¿Piensa usted, pese a sus promesas, seguir pactado con los filoetarras de Bildu y más concretamente con Otegui que otra vez va a ser juzgado por pertenencia a banda armada, o sea, a ETA?

¿Seguirá su Gobierno ninguneando al Rey y dejará que su vicepresidente ataque directamente a la Monarquía Constitucional?
¿Le resulta un gran logro de su gobernación haber arrancado la enseñanza en español de todos los colegios de España? ¿Cree que la ‘Ley Celáa’ premia el trabajo y entroniza el esfuerzo escolar?

¿Es un ejemplo de transparencia la permanente injerencia de su Gobierno en los medios de comunicación y la orden que permite a su Gobierno fisgar en las redes y multar a los hipotéticos divulgadores de lo que ustedes denominan “fake news”?
¿Le resulta inequívocamente democrático el cierre del Parlamento que ha propiciado sus continuas declaraciones de sucesivos estados de alarma?

¿La oposición de los médicos a su brutal Ley de Eutanasia le parece absolutamente, como ha sido, prescindible, lo mismo con el dictamen del Comité Español de Bioética?
¿Cree usted con certeza que su gestión de las crisis económica, social, sanitaria y política que vive España es un éxito?
¿Aprecia su Gobierno que la Fiscalía General del Estado esté trabajando con independencia y sin sectarismo?

¿Ha ordenado un reiterado acoso y derribo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y ha negociado su derrocamiento vía moción de censura contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso?
¿De qué presume usted cuando el Fondo Monetario Internacional, los pronósticos de la propia Unión Europea, la OCDE y muchos centros de todo el mundo critican sus políticas y su coalición con los leninistas de Podemos?

¿Le parece usted decente y democrático el saltarse continuamente los informes y los dictámenes del Consejo de Estado que por otra parte preside una vicepresidenta socialista del Gobierno de España?
¿Está usted conforme con la política de desahucios que ha impuesto en su Gobierno la facción comunista del vicepresidente Pablo Iglesias?

¿Hasta cuándo va a tolerar el Gobierno la continuación ocupación de viviendas que se está registrando en el país sin que el Gobierno actúe o ponga en marcha una legislación que lo impida?
¿Cuándo va a acercar definitivamente a las cárceles vascas a todos los terroristas de ETA que ni se han arrepentido, ni han aclarado su participación en los trescientos atentados de la banda que nunca ha sido investigados? ¿Le importa a usted un bledo las permanentes protestas de las asociaciones de víctimas del terrorismo?

¿Va usted a conceder gratuitamente el indulto a los sediciosos que violentaron el orden constitucional en octubre de 2017?
¿Ha dejado usted desprotegidos impunemente a los cientos de camioneros españoles que no han podido llegar a España porque su Gobierno no les ha hecho el menor caso, ni ha facilitado la negociación de sus regresos?

Y finalmente, y lo más grueso y delictivo: ¿por qué ha estado usted mintiendo sistemáticamente sobre el número de personas fallecidas que ha provocado la pandemia? ¿Va usted a pedir perdón por esta tropelía, esta sí, histórica?

Son cuestiones que los sabuesos elegidos para su mayor honra y gloria, tendrían que someter a la consideración de este presidente falaz, el más mentiroso -esto sí que es verdad- que está soportando la Historia de España, señor Redondo, gurucillo insoportable.

María Eizaguirre: "Una democracia que pivota sobre la mentira no tiene futuro"
FERNANDO LÁZARO El Mundo 26 Diciembre 2020

Autora del libro '100 días de estado de alarma. La democracia confinada', donde analiza la gestión del Gobierno en la pandemia

Con precisión de cirujano, con datos, con valoraciones de expertos. Pero alejada de la opinión. La periodista y comunicadora María Eizaguirre, editoria en TVE, disecciona la gestión del Gobierno durante los días de estado de alarma decretado para hacer frente al coronavirus. Sus conclusiones son aplastantes. Denuncia el abuso de la mentira y las restricciones a la libertad de expresión desde el poder Ejecutivo.

¿Cómo se le ocurrió escribir este libro? Ya el título '100 días de estado de alarma. La democracia confinada' nos sitúa en un escenario sin precedentes.
Empecé a escribirlo porque durante la primera semana del estado de alarma detecté que había una batalla por el relato y que las cosas se decían de una manera que no estaba del todo ajustada a la realidad. De mi etapa de editora del telediario de TVE he estado muy acostumbrada a apuntarme todo todos los días. Y empecé poco a poco a tomar notas. Había mucha propaganda y poca información. Y yo echo de menos un periodismo basado en datos y menos opiniones.

Su libro son datos y datos y datos y datos, sin opiniones ni valoraciones. Y todos poniendo en cuestión la labor informativa durante la pandemia del Gobierno. El dibujo final es demoledor.
Una democracia liberal al final es un sistema de contrapoderes. Hemos vivido una etapa en la que el Poder Ejecutivo ha tenido un poder extraordinario. ¿Qué ha pasado con el Legislativo? Pues que el Congreso prácticamente se ha cerrado. La oposición ha sido apartada. Se ha hablado mucho de diálogo, pero realmente lo que se le daban eran acuerdos cerrados. Era un estás conmigo o estás contra mí. Y luego el Poder Judicial, pues a los hechos me remito. ¿Qué es lo que ha pasado en España? ¿Ha habido investigaciones sobre la gestión de la pandemia? No. Tú miras lo que ha pasado en Reino Unido, en Italia, en Francia -donde se ha registrado la casa del ministro de Sanidad-, en Italia -donde ha ido a declarar hasta el primer ministro-. Y en España ¿qué ha pasado?

Directamente se han archivado todas las investigaciones. La Asociación de Fiscales dice que vive la mayor etapa de descrédito de los últimos 40 años. La reforma del CGPJ ha recibido un tirón de orejas de la Unión Europea. Y luego podemos hablar del cuarto poder. ¿Qué ha pasado con la prensa? Pues España ha sido el único país, en el que se ha puesto una especie de censura previa. Las preguntas eran filtradas en un primer momento bajo la excusa de que no se podía estar. Y en un segundo momento se dio un paso más y no se permitía preguntar al presidente. Eso provocó que el mundo que los periodistas de todos los colores, en un gesto que yo creo que es inédito en nuestro país, nos pusimos de acuerdo para firmar ese manifiesto Por la libertad de preguntar, exigiendo que nos dejaran hacer nuestro trabajo.

Habla de 'una batalla por el relato' sobre el estado de alarma. Ocurre lo mismo con el terrorismo y la 'otra batalla por el relato'. ¿No será más preciso hablar de batallas por la verdad?
En el libro creo que queda demostrado todas las veces que se ha mentido desde instituciones públicas. Creo que una democracia que pivota en la mentira no tiene futuro. Durante estos meses la mentira se ha institucionalizado. Se ha convertido en el hábitat natural. La verdad ha cotizado al alza. Creo que todo eso nos tiene que poner en alerta y nos obliga también a los periodistas a contar las cosas como son. A mí me llama la atención el CIS en el que Tezanos se atrevió a preguntar a los ciudadanos si preferían sólo información oficial. Creo que la Constitución recoge el derecho a la información, a la libertad de expresión. Y esa información no es cualquiera, es una objetiva, veraz, plural. Se está equiparando lo que es información con desinformación. Se están cuestionando informaciones que no van en la línea de los intereses del Gobierno, que no son informaciones o que incluso son fake news. Como ejemplos... las cosas relacionadas con la Ley Celaá o con Bildu, que no estén en línea con los intereses de quien ostenta el poder, no significa que sean falsas.

Hemos visto la gestión de la Covid basada justamente en el blindaje de la imagen del presidente.
Bueno, ha habido de todo. Creo que ese todo forma parte de una estrategia bien organizada. Las explicaciones del Gobierno han girado en torno a seguimos las recomendaciones de los expertos, estamos ante una crisis global, apelamos a la responsabilidad de los ciudadanos, Europa no nos ayuda, Será su culpa si la oposición no nos apoya. Es decir, se pone la pelota fuera del tejado de La Moncloa. La realidad es que los datos están ahí. Y este libro solamente habla de datos. ¿Y cuáles son los datos? Pues que somos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes. Sigue siendo dramático que no sepamos cuántas personas han fallecido.

Se ha cambiado la contabilización de los muertos hasta en ocho ocasiones e incluso se ha llegado a decir que estábamos con cero fallecidos para que lo pudiera anunciar Pedro Sánchez en el Congreso, cuando las comunidades autónomas estaban dando cifras de muertos. Por otra parte, somos el país con mayor número de sanitarios contagiados. La prensa internacional habló de nuestros sanitarios como los kamikazes. Y denunciaron que éramos el país con la peor gestión sanitaria. Científicos vienen reclamando que haya una comisión independiente. Vamos, por no hablar de la comisión de expertos fantasma. Y luego en verano tuvimos el mayor rebrote en Europa, y tenemos las peores perspectivas económicas de la zona euro. Y, según la OCDE, estamos sólo por detrás de Argentina. La opinión está muy bien, pero los datos no dejan lugar a dudas.

Vivimos en una situación política en la que parece que la mentira sale gratis. ¿Tenemos una libertad de expresión en peligro?
No, yo creo que es una preocupación que tenemos todos. Hasta el Rey en varias ocasiones a lo largo de estos meses se ha referido al trabajo que realizamos los periodistas. Ha llegado a decir que el periodismo es el oxígeno de la democracia. Literalmente lo ha dicho así. Y yo comparto bastante esa visión. Creo que esta crisis ha puesto encima de la mesa la importancia del trabajo que realizamos. Desde el minuto cero se nos designó como trabajadores esenciales. Creo que se ha tratado de dificultar nuestro trabajo clarísimamente. Los periodistas tenemos un compromiso con la democracia y tenemos que luchar por la libertad. La pandemia ha puesto encima de la mesa esa realidad de que tenemos que pelear por lo que creemos y por esos derechos que ha costado tanto sacrificio a otras generaciones. La libertad es el mayor tesoro que tenemos. Merece la pena luchar por ella. Y por eso he escrito este libro. Nuestros gobernantes son como los delegados de la clase, los hemos elegido nosotros y eso significa que ellos tienen que hacer lo que nosotros consideramos que es más oportuno, y no al revés. Es importante que defendamos esos derechos, que defendamos la libertad. La prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad no será otra cosa que mala.
 
¿Y lo que hemos bautizado como Ministerio de la Verdad? ¿Usted cree que este Gobierno está legitimado para luchar contra las 'fake news'?
Creo sinceramente que ellos han planteado lo que se ha bautizado como el Ministerio de la Verdad en un intento de poner esas trabas, esas piedras en el camino, para que la información fluya. Es verdad que Europa ha hecho un llamamiento a todos los socios europeos para que se luche contra la desinformación. Pero el Ministerio de la Verdad tiene pinta de que no va en esa dirección en la que ha apuntado Europa, sino que tiene otra serie de objetivos no tan públicos y que provocan mucha inquietud. Absolutamente todo el mundo periodístico ha puesto el grito en el cielo con este Ministerio de la Verdad. Sinceramente, espero que haya una reflexión acerca de esos pasos que se estaban dando y, como todavía hay margen, confío que impere el sentido común y la sensatez y no se traspasen líneas rojas que creo que pondrían a España en una situación muy complicada.

¿Considera que ha podido haber demasiados silencios cómplices en la prensa ante la gestión informativa de Moncloa durante el estado de alarma?
Creo que vivimos tiempos en los que absolutamente todo se ha polarizado y creo que es un problema, un serio problema, que la gente, nuestro público, sepa lo que vamos a decir antes de que lo hagamos. Esta crisis debería servir para que los periodistas tomemos un poco de distancia del poder político y volvamos a la esencia de lo que es el periodismo. Y sí que creo que efectivamente ha habido un periodismo también de trinchera en que se ha silenciado o no se ha denunciado lo que estaba haciendo el Gobierno. No se puede aplicar una doble vara de medir en función de quien está en el Gobierno. Y en eso, los periodistas tenemos que hacer autocrítica. Y a mí no me gusta repartir carnets de periodistas buenos, periodistas malos. Pero tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y ser honestos con la información y con lo que estamos ofreciendo a nuestro público.


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