AGLI Recortes de Prensa   Lunes 28  Diciembre  2020

La izquierda asesta cinco golpes mortales a los propietarios de vivienda
M. Llamas Libertad Digital 28 Diciembre 2020

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias le ha declarado la guerra a los propietarios de vivienda, que en España rondan el 80% de la población. Por el momento, ya ha implementado tres medidas que, de facto, constituyen una expropiación de uso, al tiempo que estudian otras dos intervenciones cuya puesta en marcha también penalizará de forma muy sustancial el derecho a la propiedad privada.

1. Prohibición de desahucios
La primera y más importante es la prohibición de los desahucios. PSOE y Podemos aprovecharon el estallido de la pandemia el pasado mes de marzo para suspender los desalojos por impago de alquiler.

A diferencia de lo que han hecho muchos otros países ricos, cuyos gobiernos han concedido prestaciones y ayudas a los afectados para que puedan seguir pagando sus rentas, el Gobierno optó aquí por derivar el coste de la crisis hacia los propietarios, de modo que estos tengan que asumir obligatoriamente las pérdidas causadas por la morosidad de sus inquilinos.

Además, lo que empezó siendo una medida de carácter extraordinario y temporal durará un mínimo de 14 meses, después de que el Consejo de Ministros haya prolongado hasta el 9 de mayo de 2021 la suspensión de los desahucios. Los propietarios no podrán recuperar su vivienda en caso de morosidad o finalización de contrato de alquiler, siempre y cuando sus inquilinos sean considerados "vulnerables" y no dispongan de una "alternativa habitacional" por parte de la Administración.

La categoría de "vulnerable" engloba a parados, afectados por ERTE, familias cuyos ingresos no superen, como mínimo, los 1.613 euros al mes o que el pago del alquiler y los suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua, telecomunicaciones y comunidad) supongan el 35% o más de los ingresos netos de la unidad familiar.

Esta medida supone una expropiación temporal de viviendas. Tanto es así que hasta el Gobierno establece en el real decreto una compensación a los propietarios afectados, a modo de justiprecio, si las comunidades autónomas no ofrecen a los inquilinos una "vivienda digna" en el plazo de tres meses desde que queda acreditada su vulnerabilidad económica. Compensación que, en todo caso, no cuenta con el visto bueno de Podemos.

2. Cortes de suministros
Y sucede lo mismo con los cortes de suministros básicos. Los propietarios de los inmuebles tendrán que hacer frente a las facturas de luz, agua y calefacción de sus inquilinos morosos durante el tiempo que dure la suspensión de los desahucios, tanto si tienen contrato como si no. Es decir, tampoco podrán cortar los suministros a los okupas.

3. Legalización de okupas
Por si fuera poco, el real decreto aprobado por el Gobierno extiende la prohibición de los desahucios a los okupas si se hacen con viviendas vacías de grandes tenedores (propietarios de más de diez inmuebles), aunque estos podrán solicitar una compensación si demuestran que la suspensión del lanzamiento les ha ocasionado un perjuicio económico "al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada en el inmueble". Es decir, sólo podrán reclamar justiprecio en determinados casos, excluyendo así muchas vivienda vacías.

Según denuncia la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), esto "supone la legalización de la ocupación ilegal, lo que va a convertir a España en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas". Se trata, por tanto, de una anomalía a nivel internacional.

Con estas tres medidas, el Gobierno da cumplimiento a buena parte de las demandas de Podemos contra la propiedad privada, consistentes en prohibir los desahucios por impago de alquiler e hipoteca, junto con los cortes de suministros, y despenalizar la okupación.

4. Precio máximo de alquileres
Pero no son las únicas. Hay, al menos, otras dos propuestas que se podrían materializar en los próximos meses. Por un lado, la fijación de un precio máximo en los alquileres de determinadas zonas calificadas como "tensionadas" a través de la futura Ley de Vivienda. Este tipo de controles ya se ha intentado aplicar en otros países y, de hecho, ya está vigente en Cataluña, y el resultado ha sido un rotundo fracaso, puesto que se ha reducido la oferta de alquiler, con la consiguiente subida de precios.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) advierte de que es "una medida puramente ideológica, contraria al libre mercado de alquiler, donde los pequeños propietarios particulares, que son más del 90% del sector, se van a ver perjudicados y muchos de ellos preferirán cerrar sus viviendas al alquiler".

5. Expropiación de pisos vacíos
Y, por último, el Gobierno también barajó en su día la posibilidad de penalizar a los propietarios de viviendas vacías mediante nuevos recargos fiscales. De hecho, Podemos va incluso más allá y habla abiertamente de la posibilidad de expropiar, de forma temporal o definitiva, e incluso confiscar, sin indemnización posible, los inmuebles vacíos de grandes tenedores de vivienda.

Estas cinco medidas constituyen en conjunto la mayor ofensiva contra la propiedad privada que ha experimentado la democracia española.

Desastre fiscal: el déficit de 2021 apenas bajará respecto a 2020 y triplicará el de 2019
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 28 Diciembre 2020

El Instituto de Estudios Económicos acaba de publicar la edición número 73 de su tradicional informe semestral de coyuntura económica. Según este documento, la economía española se contraerá un 11,3% en 2020, mientras que en 2021 solo se producirá una recuperación muy parcial, ya que el crecimiento esperado para entonces se limita al 6%.

La contracción de la demanda nacional explica la fuerte caída del PIB que anticipa el think tank asociado a la CEOE, puesto que dicho epígrafe se hundirá un 10,2% en 2020, con un desplome del 13,8% en el consumo privado y una corrección del 16% en la inversión en capital fijo. En cuanto al mercado de trabajo, pese a que la aplicación de los ERTE ha amortiguado en parte la caída de la ocupación, se espera que el total de asalariados registrado a final de 2020 sea un 7,7% inferior a las cifras del pasado ejercicio. Además, la previsión de crecimiento de la ocupación en 2021 apunta a una recuperación decepcionante, con una subida de apenas un 2,9%.

"De igual forma, la crisis puede tener un efecto más duradero sobre el mercado laboral, tanto por la destrucción de parte del tejido productivo como por las rigideces de la normativa laboral y la baja cualificación de los trabajadores más afectados por esta, lo que haría que la tasa de paro continuase aumentando en 2021, hasta situarse en niveles cercanos al 19%", alerta el IEE.

Desastre fiscal
En clave presupuestaria, los datos analizados por la entidad que preside Íñigo Fernández de Mesa certifican que se está produciendo "un voluminoso repunte del déficit y del endeudamiento público" puesto que los ingresos habrían bajado un 7,5% mientras que el gasto habría subido un 11%. Esto supone que la deuda pública cerrará el año en el entorno del 120% del PIB, como consecuencia de un déficit sin precedentes que alcanzará el 13% del PIB.

Lo peor de todo es que, de cara a 2021, el IEE cree que la reducción del déficit será muy moderada y apenas corregirá el descuadre fiscal hasta el 9,5% del PIB. Esto supone triplicar los niveles de déficit registrados en 2019, año previo a la pandemia. Según las previsiones incluidas en el informe de coyuntura, este decepcionante resultado se daría porque el gobierno "maneja unas estimaciones de ingresos muy voluntaristas" y "plantea un fuerte incremento del componente estructural del gasto", a lo que se suma la "apuesta por inoportunas y contraproducentes subidas de impuestos".

Sánchez no salva ni a los viejos, el que nos socorre es el BCE
Miguel Ángel Belloso okdiario 28 Diciembre 2020

¿Sabían ya ustedes que gracias a este Gobierno que nos ha caído en desgracia ninguno de los damnificados por la crisis se quedará atrás, que no habrá austeridad bajo ningún concepto y que la gente podrá vivir alegre y contenta a pesar de los millones de parados actuales y los que están por venir? No se crean nada. Todo es un perfecto engaño desde que Sánchez se instaló en la Moncloa. Desde luego que la caída de la producción nacional está siendo bastante más intensa que la de las rentas de las familias gracias a los instrumentos de salvamento habilitados por el Ejecutivo, como los Ertes -que los inventó el PP-, al ingreso mínimo vital que han patentado los socialistas desgraciadamente -porque tendrá efectos perversos- y a la activación de lo que los economistas llaman estabilizadores automáticos -básicamente, el aumento de los pagos del subsidio de desempleo como consecuencia del incremento brutal de los parados-.

Pero la pregunta relevante es quién paga esta fiesta. ¿Este chorreo de dinero público es el resultado de una política más eficiente; es la consecuencia de una mayor productividad del sistema económico; es el coralario de la eficacia en la recaudación de impuestos no confiscatorios? En absoluto. El Gobierno está haciendo lo imposible para devastar aún más la economía, aumentando el gasto público a crédito, subiendo inoportunamente la carga tributaria o entorpeciendo el funcionamiento del mercado laboral. La única explicación de por qué podemos permitirnos todavía estos lujos es la existencia del Banco Central Europeo. Él es el que está pagando las copas.

Déjenme que se lo cuente. A pesar de las expectativas sobre la aprobación de varias vacunas con buenos resultados, y de que en algunos países éstas ya han empezado a suministrarse, las perspectivas para el año próximo se han ensombrecido. El último pronóstico del BCE es que la actividad en el Continente crezca apenas un 4% en 2021, un punto menos de lo que se estimaba en septiembre. Esto ha movido a la institución que preside Christine Lagarde a aprobar una nueva ronda de estímulos monetarios por un valor astronómico de 500.000 millones, de manera que los gobiernos tendrán asegurado durante un espacio temporal más dilatado una financiación barata para afrontar los costes de la pandemia.

Cualquier observador diría, en primera instancia, que esto constituye una buena noticia. Y en efecto lo es por algunos motivos. Si el BCE no acabara este año comprando casi 150.000 millones de deuda pública española, el Gobierno sería incapaz de pagar a los funcionarios ni de hacer frente a la factura abultadísima de las pensiones. De manera que promover unas condiciones favorables para los estados, incluida España, en las circunstancias más críticas desde la Gran Depresión es una de las funciones cruciales del BCE, y la está cumpliendo a rajatabla.

Pero este es un hecho que debería incitar a la prudencia y también al activismo del Gobierno. A la prudencia porque no se ajusta a la verdad que haber colocado bonos a tipos de interés negativos tenga que ver con la política económica del Gabinete, ni suponga respaldo alguno a la misma. Solo es la consecuencia del apoyo masivo del banco central de Fráncfort.

Debería propiciar el activismo del Ejecutivo porque sería muy desaconsejable que la continuidad de las inyecciones monetarias del BCE lo disuadieran de ejercer las dos clases de políticas que están en su mano para aumentar el potencial de crecimiento del país: la política fiscal y la política de reformas estructurales. La señora Lagarde se escuda en que es la Comisión Europea la que tiene que poner orden en los estados miembros y conminarlos a que impulsen los cambios precisos para descargar las cuentas públicas de gastos ineficientes, así como para generar empleo con más empeño y velocidad. De hecho, la mitad de los fondos que llegarán a nuestro país a plazos de partir del año que viene está condicionada al cambio de la estructura productiva. Pero de momento no hay evidencia de que los gobiernos del sur de Europa, a los que más beneficia con claridad la política expansiva del BCE, hayan tomado nota.

Algunos expertos opinan con razón que quizá el BCE puede estar pasándose de rosca. El argumento es bastante simple. El apoyo ilimitado de Fráncfort es vital para España, para Italia, y para los estados en peores condiciones. Es un chute adicional de oxígeno. Les salva la vida. ¡Aunque por el momento!, cabría decir. Impide que la prima de riesgo de la deuda aumente como debería, dado el nivel desastroso de las cuentas públicas. Es un narcótico de primera instancia. La pregunta relevante es hasta cuándo van a durar sus efectos. No se sabe, pero lo que cabe descontar por completo es que se prolonguen más allá del año próximo.

Ya estamos acostumbrados a que, pasado un tiempo, los resortes de la economía se tomen su venganza. En el momento en que el BCE dé algún signo de que restringe su intervencionismo actual, y que esto siga coincidiendo con la pasividad contemporánea de los gobiernos en lo que respecta a las reformas estructurales, las circunstancias climatológicas pueden ser muy adversas. En 2022, que ahora parece un año remoto, todos los excesos cometidos en nuestro país en términos de gasto público y de déficit gigantesco; una vez que se compruebe que muchas de estas desviaciones han tenido menos que ver con la pandemia que con las opciones de política económica, el espejismo en el que vivimos ahora puede hacerse trizas.

El Banco de España lleva insistiendo con denuedo en que, aunque las reglas fiscales de la Unión Europea estén momentáneamente suspendidas, el Gobierno tiene que diseñar un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo que establezca una reducción progresiva del déficit y vaya aliviando la presión sobre la deuda, porque la actual relajación de los compromisos no es sostenible en el tiempo y será más acuciante ir revirtiéndola a medida que mejore la evolución de la actividad, cuando los programas de vacunación vayan insuflando dosis de confianza sobre la marcha de los negocios.

Mientras tanto, la única manera de conjurar un escenario dramático a corto plazo son las reformas estructurales. Ahora que la Unión Europeo nos va literalmente a pagar por hacerlas sería una irresponsabilidad no impulsar las que están pendientes desde hace décadas. La Comisión Europea nos desafía, por ejemplo, a ordenar de una vez por todas el sistema de pensiones, pero el preacuerdo al que se ha llegado en el Pacto de Toledo para mantener la revalorización de las jubilaciones según el índice de Precios de Consumo real, por ejemplo, no es una buena idea. Es una decisión que desgraciadamente impulsó el PP, desdiciéndose de la norma sensata que él mismo había aprobado y que imponía la eventual actualización en función del estado de las cuentas de la Seguridad Social. Por eso insistir en este aspecto, sin hacer una reforma integral del modelo, parece bastante inoportuno.

Lo más revolucionario sería aprovechar los fondos que van a llegar de Bruselas para hacer una transición entre el actual sistema público de pensiones y uno de capitalización privada, que ha tenido éxito indiscutible allí donde se ha probado pero que es una pretensión demasiado ambiciosa, dada la falta de consenso entre los partidos para proceder a una alteración de las normas de juego de tal calado, aunque sería netamente beneficiosas para los implicados.

Entretanto, parece igualmente desaconsejable reducir el límite máximo de desgravación de los planes privados de pensiones desde los 8.000 euros actuales a los 2.000 euros a partir de 2021. Esta es una medida que castigará a una gran parte de la clase media que todavía tiene la posibilidad de ahorrar, y desde luego no contribuirá a la capitalización que tanto necesita el país. Está muy bien impulsar los fondos de pensiones de empleo de las empresas avalados por el Estado bajo gestión privada, pero está iniciativa no debería ser incompatible con seguir manteniendo los estímulos fiscales para los planes individuales de jubilación.

Si queremos de verdad incentivar el ahorro de previsión, es fundamental que los ciudadanos vean fiscalmente recompensado sus esfuerzos de manera inmediata, y esto tampoco ocurre en estos momentos, en los que el sistema sólo permite diferir el pago del impuesto sobre la renta, cuando lo más aconsejable sería equiparar la fiscalidad de los planes de pensiones a la de las rentas del capital, fortaleciendo el atractivo de esta clase de inversión y de ahorro a largo plazo.

Estos son algunos de los llamamientos que hace la Unión Europea y de las deficiencias que deberían ser corregidas aprovechando los fondos que llegarán. Sería una pena que no aprovecháramos esta circunstancia única en la historia: que por primera vez te paguen por hacer reformas, que subvencionen con fondos públicos solidarios aquella clase de políticas que de manera autónoma deberían haberse impulsado en España desde tiempo inmemorial.

Por eso cualquier desviación o canto de sirena sobre lo que el BCE, la Comisión Europea, el Banco de España y todas las instituciones públicas y privadas respetables consideran no sólo lo ortodoxo sino lo conveniente -mucho más en los momentos críticos que vivimos- sería imperdonable y sobre todo trágico para el futuro de la nación. No dejemos engañarnos. El presidente Sánchez ni salva a los parados -porque es incapaz de generar empleo-, ni tampoco a los jubilados, porque el país de Sánchez no es un país para viejos. De momento va tirando de los préstamos del Banco Central Europeo. Poco más.

Me acuso de ser un inocente
Pedro de Tena Libertad Digital 28 Diciembre 2020

No, no de ser inocente. Un español , dice nuestra leyenda negra, no es inocente por principio. Los españoles no somos inocentes de nada. Todos los presuntos pecados de nuestra historia los comete de nuevo cada generación, porque así conviene a los enemigos, externos e internos, de España. Es muy sencillo, verán. ETA es inocente de haber matado a casi mil ciudadanos porque, claro obraba de buena fe democratizando de un tiro en la nuca a los españoles que seleccionaba con alevosía, civiles, militares o mediopensionistas. Pero yo que no he matado ni secuestrado ni puesto bombas a nadie no soy inocente porque soy y me siento español. Soy culpable desde habernos encontrado con América hace cinco siglos hasta del desgobierno de los países de habla española que hace doscientos años que son independientes.

Me acuso de ser un inocente, esto es, un ingenuo, un cándido, un tontaina que se ha creído el cuento de la democracia. Ya saben que hace cuatro décadas y media salimos de una dictadura derivada de la Guerra Civil que padecimos y que se ensayó una reforma pacífica para consolidar un gobierno democrático. Ya se sabe que la nuestra es una sociedad plural y diversa y que, para que todos se sintieran confortablemente en ella, era preciso construir unas instituciones inclusivas que fueran perfectibles con el paso del tiempo. Así lo creyeron muchos españoles, a derecha e izquierda, incluso muchos comunistas. Sólo los terroristas de ETA y algunos tapados del PSOE y del PCE, decidieron que esa nueva España debía ser destruida.

Ya no me cabe duda alguna de que hay grupos y partidos que van a cargarse el gran invento moral de la transición. No se trata de mejorar lo que se ha hecho regular o mal, sino que se trata de destruir a la nación española. No se trata de reconciliarnos, de convivir, de tolerarnos unos a otros. No. Se trata de volver a incendiar los ánimos políticos, sociales y éticos para volver precisamente a los tiempos que sólo encontraron como salida una guerra civil fratricida y fatal. La voluntad de poder de algunos se sobrepone a la voluntad de convivir de la gran mayoría.

Soy un inocente, parece, porque soy demócrata. Un demócrata que se precie de tal sentimiento político es quien no trata a los adversarios como enemigos y no les atribuye perversas intenciones cuando discrepa de sus ideas y posiciones. Pero un demócrata sincero no pretende ocupar las administraciones públicas, ni colonizar la educación, ni invadir el poder judicial, ni trocear la soberanía nacional ni desunir a la nación común. Pero vemos todos los días que estos aprendices de tiranos, en la apoteosis de la mentira y del doble lenguaje, habla, bla, bla, blan de una “democracia” que se cargan con sus conductas.

Soy un inocente porque pensé que, en medio de una pandemia infecta y desatada, nadie se atrevería a impulsar proyectos políticos que exigen debate, razonamiento, encuentros, diálogo, meditaciones relevantes. Lo sensato, en una democracia, hubiese sido aplazar las decisiones que pudieran herir, dividir e imponer criterios de parte a toda la ciudadanía para convocarnos a todos a un gran acuerdo que disminuyera el daño sanitario, social y económico de esta plaga. Sensato ha sido el Rey e insensato todo el gobierno socialcomunista.

Pero hasta aquí he llegado. La democracia reconciliadora y pacífica es y será imposible si admite en su seno a quienes ni son demócratas ni quieren serlo porque llevan la dictadura y la violencia en las venas ideológicas. En España se ha intentado, pero no hay manera. Por tanto, se trata de defender eficazmente un régimen democrático en la nación española. Se trata de impedir en la práctica legal y en el universo moral y cultural que los partidarios de la violencia y de la dictadura puedan prosperar. Yo era un inocente y lo que he visto no me ha hecho dos inocentes, sino menos tonto.

El Gobierno prepara el indulto a los golpistas
EDITORIAL Libertad Digital 28 Diciembre 2020

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha aprovechado una entrevista en un diario catalán para alimentar la más que probable concesión de indultos a los dirigentes independentistas que orquestaron la consulta separatista del 1 de octubre de 2017.

El compañero de correrías aeroportuarias de la dirigente chavista Delcy Rodríguez asegura que el Gobierno de Sánchez tiene “la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia” por lo que hará “lo necesario para reenganchar a Cataluña al proyecto común”, puesto que “cualquier gesto que contribuya a la normalidad política y a la reconciliación y la convivencia es positivo”.

Difícilmente puede encontrarse un ejemplo más vergonzoso de sometimiento a las fuerzas separatistas que estas declaraciones de Ábalos, distinguido como el lacayo más servil de la patulea política que mantiene a Sánchez en La Moncloa. El número dos socialista sabe que “las tensiones que dañan la convivencia” en Cataluña son, precisamente, las instigadas por los golpistas que dieron con sus huesos en la cárcel en pago por sus fechorías. Por eso, la mejor manera de contribuir “a la normalidad política, a la reconciliación y la convivencia” es hacer que los responsables de dinamitar esa normalidad cumplan sus penas en prisión, máxime cuando todos ellos han afirmado, con la desfachatez de los que se saben dueños de la situación, que volverán a organizar otra intentona secesionista en cuanto la ocasión sea propicia.

Pero toda vileza es insuficiente cuando se trata de Sánchez, por eso su escudero completaba su papel de felpudo del separatismo aludiendo a una inminente reforma del delito de sedición, en consonancia con lo que vienen reclamando los independentistas desde la sentencia del procès, y lanzando acusaciones contra la comunidad de Madrid, la bestia negra del Gobierno y sus aliados radicales, por bajar los impuestos a los madrileños y haber convertido a la región en la más próspera de España.

Todo ello nos permite asegurar que el indulto a los golpistas es solamente una cuestión de tiempo. Sánchez tiene los apoyos parlamentarios para ello y, sobre todo, la falta de escrúpulos necesaria para cometer una felonía que sus lacayos ya han comenzado a anunciar como ayer hizo el responsable de organización de su partido.

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El Gobierno pierde legitimidad a chorros
Amando de Miguel Libertad Digital 28 Diciembre 2020

Que es como si perdiera aceite, en el sentido mecánico de la expresión. Es una legitimidad, que se llama “de ejercicio”. La verían apreciar las Cortes, pero también el pueblo, cada uno de nosotros. Desde luego, es un argumento discutible, pero, por eso mismo, merece ser aireado. (Ahora se dice “ponerlo sobre la mesa”).

No se plantea una “legitimidad de origen”, pues, el Gobierno actual ocupa el banco azul del Congreso con todas las de la ley. Aun así, no se olvide que fue el resultado de una “moción de censura” contra el anterior Gobierno del PP, tras aunar el apoyo de una gavilla de heteróclitos partidos, todos republicanos. El que más escaños ocupaba era el PSOE, así que Sánchez quedó entronizado como residente del Gobierno, sin que hubiera que convocar ninguna votación popular. A partir de esa legitimidad de origen, empezaba a contar la de ejercicio. No es suficiente establecerla con el número de diputados que sostienen al Gobierno, ni siquiera con el respaldo estadístico que le dan las encuestas. Por tales procedimientos, Sánchez sigue siendo legítimo. Pero queda el difuso margen de las opiniones vertidas en los medios, y eso que casi todos aparecen controlados, directa o indirectamente, por el Gobierno. Así hay que entender el decálogo siguiente, una especie de “memorial de agravios”, como se decía en la época del Imperio. Era una buena institución democrática. Todos los puntos son discutibles, aunque algunos no se discutan mucho:

El Gobierno no ha sabido llevar a cabo, con eficacia y soltura, la lucha contra la epidemia del virus chino. Ni siquiera se puede confiar en las estadísticas del Ministerio de Sanidad, relativas al número de contagios y de fallecidos. El pingüe mercado de pruebas y mascarillas (que, encima, es de obligado consumo) no se corresponde con la idea de una sanidad pública, general y gratuita.

El Gobierno no tiene ni idea de cómo resolver el problema del pavoroso desempleo, que nos azota inmisericorde, y no solo para los trabajadores por cuenta ajena.

El Gobierno se ha enredado con el perenne conflicto frente a Marruecos, claudicando, servilmente, a las insaciables pretensiones del sultanato. Encima, ante el centenario del Desastre de Annual.

El Gobierno solo sabe desplegar la política económica, diseñada para los tiempos de guerra, de subir los impuestos y gravámenes de todo tipo. Se incluye el recorte real de las pensiones.

El Gobierno socialista se subordina a las iniciativas de sus compinches: los populistas o comunistas (de corte latinoamericano) y los secesionistas (vascos y catalanes). El conjunto es, básicamente, republicano.

El Gobierno maneja, con descaro, los instrumentos de propaganda de los regímenes autoritarios.

El Gobierno no ha sabido despejar las sospechas de que Sánchez no fue el autor de su tesis doctoral. La mejor prueba de tal duda es que Sánchez no ha aportado ningún trabajo posterior, derivado de la misteriosa tesis.

El Gobierno, en plena crisis económica, ha alimentado un elefantiásico plantel de “asesores” y similares. Es una forma de clientelismo.

El Gobierno ha representado un papel, realmente, ancilar en los organismos internacionales, a los que España pertenece y que tantos dineros nos cuesta.

El Gobierno se ha metido en un laberinto, al auspiciar la “autodeterminación” de Euskadi y de Catalunya, entidades que nunca fueron colonias, ni siquiera reinos medievales.

El decálogo expuesto es solo una invitación a la serie de cargos, que se podrían exponer, como una suerte de “juicio de residencia”, para recuperar, otra vez, la tradición clásica. Habla, pueblo.

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