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Declarada la guerra cultural, por qué no salir a ganarla
Miguel Ángel Belloso okdiario 7 Enero 2021
El pasado 31 de diciembre, ya con la luna llena empezando a
recogerse, nació el primer nieto de mi amiga Alicia. Es un bebé
precioso, para comérselo, como dicen las mujeres. El milagro
inescrutable de la vida se reprodujo una vez más, el misterio se
hizo presente inapelablemente, a los nueve meses, pese a la legión
que trabaja sin descanso para privarnos del don de la maternidad y
del placer de los padres por asistir pasivamente al mismo como
invitados de piedra conmovidos y felices por la buena nueva.
Un día antes de la gran noticia, el Senado de Argentina votó a favor
de la ley del aborto que ya rige en nuestro país por desgracia,
consagrando el derecho naturalmente falsario de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo, en este caso concibiendo un ser que desde
el mismo momento de la fecundación ya nos les pertenece en absoluto,
sino que sólo progresa en su seno como si estuviera de alquiler, de
prestado, pero, eso sí, exigiendo el inexorable compromiso de la
madre natural o de acogida de cuidar de él hasta que pueda volar
libre con la alegría desbordada de las golondrinas en primavera con
los primeros rayos de sol.
Como no hay día bueno que te amargue alguien al que no has invitado
a la fiesta, el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez,
se apresuró a escribir un tuit el 30 de diciembre para saludar el
crimen legal: “Argentina es hoy una nación más feminista. El Senado
ha votado a favor de legalizar el aborto, una demanda social tras
varios años de lucha”. Y acababa el indigente intelectual: “Avanzar
en derechos para las mujeres hasta alcanzar la plena igualdad es
imprescindible en todo el mundo”.
Cabría apostillar que en España también somos pioneros en legalizar
la eutanasia, el derecho a la muerte, de modo que estamos entre los
primeros en habilitar normativamente este crimen redundante, si se
me permite la ironía cruel. Primero mato a los nasciturus y luego a
los ‘morituri’, aunque en la Roma antigua el César del momento
concedía a estos últimos la gracia de pasar a la otra vida con
honor, como los toreros en una mala tarde.
Para acabar de rematar la faena, Inma GC, una chica a la que no
tengo el placer de conocer, publicó un tuit en el que se ve a una
señora argentina, ya mayor, con cara de ineluctable progresista,
celebrando el acontecimiento con una pancarta en la que se lee:
“Aborto legal, por las que no pudimos”, y con unos corazones
pintados debajo del lema infame. Cuando veo este disparate me
preguntó; “¿qué pensarán acaso sus hijos, si ha tenido la suerte de
tenerlos?”.
Luego aún he visto otras muestras de la desorientación y del
relativismo moral pernicioso. Un tuit en el que aparece una señorita
mejicana muy jovencita y hermosa con una pancarta en la que escribe:
“Las vidas para salvar están en las granjas y mataderos, no en
nuestros úteros”. ¿Qué rayos sucede en el mundo para que esta clase
de declaraciones y de manifestaciones desquiciadas se produzcan con
el absoluto convencimiento por las que las profieren de que están
protestando por un planeta más habitable?
Yo estoy con Inma GC, que al versionar estos tuits infames dice:
“Cuando Dios repartió los cerebros, algunas estaban en la cola
equivocada”. En España, por ejemplo, todos los miembros del Gobierno
están en la cola equivocada, y me atrevería a decir que muchos
españoles para los que la gestión de Sánchez y su equipo ayuno de
cualquier clase de conocimiento, ineficiente y delincuencial lo está
haciendo bien, y así lo sostienen todavía en las encuestas. Después
de que el célebre filósofo Edmund Burke dijera aquello de que para
que triunfe el mal sólo es necesario que los buenos no hagan nada,
Benito Pérez Galdós escribió con atino sobre su época: “Ese vulgo,
esa gentuza iletrada sin ideal controla los destinos del país, por
la vituperable inacción de la mayoría honrada, decente, entendida y
patriota, que les permite dominar la vida pública”. Así era, sigue
siendo y probablemente será.
Según mi amigo y estudioso demógrafo Alejandro Macarrón, en 2019
nació en España el menor número de niños desde mediados del siglo
XVIII (menos de 360.000), con una población que era la quinta parte
de la actual. Y si nos fijamos en los bebés de madres españolas de
origen en 2019, menos de 260.000. Seguramente habría que remontarse
hasta el siglo XVI para ver números parecidos, cuando la población
de España era de unos cinco millones de personas nada más. Entre
tanto, el porcentaje de embarazos abortados en 2019 alcanzó el
máximo histórico. ¿No les parece esta estadística realmente trágica?
El economista Mikel Buesa ha escrito que, en el curso de los últimos
veinte años, con motivo de la crisis de natalidad que vive
alegremente la nación, los jóvenes de 15 a 30 años son cada vez
menos: poco más de siete millones frente a más de nueve millones dos
décadas atrás. Y se enfrentan a cohortes de adultos y de viejos
notoriamente más amplias que las suyas, a las que en algún momento
tendrán que sostener.
¡No podrán!, dadas las condiciones de empleabilidad actuales, fruto
de una educación adversa, el correspondiente déficit de formación, y
de un mercado laboral que atraviesa una situación endémicamente
dramática a causa de las políticas socialistas, ya sean practicadas
por la izquierda o incluso por la derecha. No podrán salvo que se
produzca mucho más frecuentemente el milagro de la vida del que
disfruta mi buena amiga Alicia, y su nieto Íñigo, que Dios quiera
que florezca sano y fuerte y que tenga adicionalmente la fortuna de
vivir sin un Gobierno como el actual que rinde con honores culto a
la muerte.
Hace unos meses, en El País, el diario cortesano que hay que leer
para estar al tanto de lo que malpiensa en todo momento el
presidente Sánchez, su jefe de Gabinete, Iván Redondo, afirmaba que
los objetivos estratégicos para este año que acaba de entrar eran
declarar la guerra cultural y reformar la Constitución, que vienen a
ser la cara y la cruz de la misma moneda. Antes, cuando era joven,
había un cierto consenso, absolutamente repudiable, en que la
izquierda definía falsamente el progreso moral al tiempo que
desarreglaba las cuentas públicas, incurría en déficits y deudas
insostenibles, disparaba el paro y elevaba insosteniblemente la
inflación para que luego la derecha llegara a fin de recomponer el
desaguisado, corregir el rumbo económico y encararlo hacia buen
puerto, dejando cobardemente todo el espacio ideológico a los que
habían devastado previamente la nación.
Pero el mundo ha cambiado a peor. La izquierda ya no se conforma con
los consensos habituales a los que nos habíamos acostumbrado. Es
insaciable. Ahora quiere más. Y así aparece el feminismo
recalcitrante y militar, el ecologismo insensato, una educación que
condena de por vida a los jóvenes con el fin determinado de hacerlos
acólitos, adictos y votantes de por vida al César; la cultura al
servicio del poder político, los medios de comunicación venales
apuntalando el crimen, la porfía en contra de la separación de
poderes para arrumbar con el efecto disuasor de tropelías y desmanes
del aparato judicial, y con la monarquía como institución señera y
salvaguarda de los destinos de la patria.
¡No! Ahora para la nueva izquierda de Sudamérica, para la nueva
izquierda que encarnan los demócratas en Estados Unidos y para la
izquierda ‘sanchista’ en España ya no valen los consensos del
pasado. Están dispuestos a destrozar todo lo que hemos conocido
hasta la fecha, aunque tampoco nos gustara. Han declarado, como
decía Iván Redondo, el Rasputín de la Moncloa, la guerra cultural.
Cuando el presidente del PP, Pablo Casado, defenestró a Cayetana
Álvarez de Toledo esgrimió entre otras causas que la guerra cultural
no tocaba en estos momentos. ¿Y cuándo toca entonces si no es ahora?
Luego dijo que aspiraba vanamente al voto de los socialdemócratas
moderados. Él sabrá.
A mí me parece que en estas condiciones ya no vale la
contemporización, ni mucho menos el pacifismo. Puede que, ¡ojalá!,
Casado gane las próximas elecciones, si sucede un milagro, pero con
tales planteamientos jamás podrá librarnos de las cadenas del
socialismo. Vox sí. Vox tiene un plan. Vox es un combatiente
granítico del consenso progre. Vox es un enemigo declarado del
socialismo. Por eso persuade y seduce. Gusta, a mí entre otros,
porque como dice el filósofo Miguel Ángel Quintana “ya que la guerra
está declarada ineluctablemente, que es a vida o muerte, por qué no
salir a ganarla”. Hay que librarla por el pequeño Íñigo y por esos
otros niños que habrán nacido estos días soleados, fríos y secos de
invierno en espera de las venturosas golondrinas de la primavera
próxima.
2020. Pandemia, desestructuración del Estado y un zombi
Fulgencio Coll Bucher https://rebelionenlagranja.com 7 Enero 2021
Hay que admitir que el mundo atraviesa un momento de cambio en
aspectos esenciales desde la demografía hasta la tecnología que van
conformando un contexto internacional competitivo donde las
entidades débiles están en peligro. En el plano internacional España
es un zombi, los asuntos que le afectan los resuelven otros mientras
la actuación gubernamental pasa desapercibida o es inútil.
Si entendemos por gobernar prever y actuar, entonces es una
modalidad de actuación difícil de identificar en la acción del
Ejecutivo español. Un Gobierno, dando por sentado que actuará dentro
de la Constitución, se estructura funcionalmente, intentando poner
al frente de las diferentes áreas a personas solventes. La
complejidad del tiempo presente necesita una alta cualificación
política y técnica para ejercer funciones de gobierno, algo de lo
que el actual Ejecutivo deja constante evidencia de su carencia.
Sería prolijo analizar la gobernanza en España desde la moción de
censura del 1 de junio de 2018, pero el resultado habla por sí solo.
El resultado electoral de noviembre de 2019 propició la formación de
un Gobierno tipo asamblea, sin programa conocido y actuaciones
dispares de sus miembros.
Pronto empezó la tarea de obtener el necesario quorum para los
Presupuestos Generales del Estado que, tras dos años y medio, el
Gobierno ha conseguido su aprobación, el precio para ello ha sido en
especie. Se han trasladado al País Vasco a gran parte de los
terroristas que cumplían su condena en otras partes del territorio
nacional, a la vez que se le traspasa la competencia de prisiones a
la Autonomía. ¿Para qué querrá las prisiones una Autonomía? Se
acuerda con los partidos que gobernaban la Autonomía Catalana cuando
se produjo la sedición en 2017 que los condenados serán liberados
bien por indulto o modificando el tipo penal. Explicación del
Presidente del Gobierno: integración, pasar página, culpabilidad
compartida … Hay que recordar que Sánchez integró, pasó página,
compartió culpa con el imaginario del 36, después de 80 años, al
desenterrar cadáveres y modificar la Historia. Los aludidos
Presupuestos constituyen deseos legalizados de más que dudosa
practicabilidad.
Por otra parte, el Gobierno ha hecho suyas las pretensiones del
Vicepresidente 2º y de forma abiertamente desleal la emprendió con
la Monarquía como el gran problema de España cuando, en realidad lo
es el Gobierno asambleario. A su vez, el hostigamiento al poder
judicial desató la advertencia de Bruselas. El Constitucional
silente.
La dinámica sin rumbo del Gobierno se vio alterada por la pandemia,
el enorme problema que representa nunca ha sido dimensionado por
Moncloa que lo afrontó con la frialdad que proporciona una
suficiencia negligente y la prevalencia de los intereses partidistas
sobre cualquier otra consideración. Es muy probable que para adoptar
una solución se emplease el siguiente silogismo: “marrón” a la
vista, caso concerniente a la salud, luego se encarga el Ministerio
de Sanidad. ¿Estaba preparado el Ministerio para ello?,
evidentemente no, pero “impasible el ademán”.
Cuando en Moncloa se llega a percibir la incompetencia para
gestionar la pandemia, algo evidente, notorio y difícilmente
subsanable, se trata de distribuir responsabilidades entre las
Autonomías y evitan posibles roces con las “soberanías” vasca y
catalana. Resultado: Todos los españoles sufren la misma pandemia,
solución: cada Autonomía la trata a su criterio, constituyendo un
panorama político-sanitario absurdo. Entre tanto, y mediante
mercadeo, se establecen interminables “estados de alarma” que se
emplean como catalizador del autoritarismo legislativo y corrupción
democrática.
Termina el año con Gibraltar. Ahora resulta que la jurisdicción
británica no limita con España, sino con la UE. España llega a un
acuerdo con el Reino Unido para que la frontera la vigile FRONTEX,
ya que lo acordado entre británicos y españoles es entre soberanía
británica y Zona Schengen. Desde el punto de vista internacional, el
desprestigio de España es evidente, carecemos de política exterior,
nos amparamos en la UE por la grave incuria del actual gobierno.
España no actúa como un Estado Soberano, sino como un estado
participante.
2021 se abre con la interinidad en la aparente dirección
técnico-política de la pandemia. La “exitosa” gestión del Ministro
de Sanidad (cuota del PSC en el Gobierno) cede ante la prioridad de
las elecciones autonómicas. Menos mal que el Comité de Expertos
funciona con constatada experiencia. Las prioridades son claras,
primero la tribu, después la pandemia.
España tiene una gran desventaja respecto a los países de su entorno
para afrontar los retos del futuro. En el Gobierno se ha instalado
instrumentalmente un partido al que se identifica con el Estado. El
partido que luchaba por las libertades, el PSOE que conocimos hace
décadas, ha sucumbido.
El trampantojo de la representación política
Xavier Pericay. vozpopuli
7 Enero 2021
Decía el pasado sábado aquí mismo el periodista Jorge Sáinz que las
primarias de los partidos políticos son un paripé. Lo decía a
propósito de las dos últimas revocaciones de las que se tiene
constancia, ambas con resonancia catalana. La más reciente, la de
Miquel Iceta, que ha cedido, no sabemos si gustosamente, su puesto a
Salvador Illa como candidato del PSC a la presidencia de la
Generalidad. La más lejana, la de Lorena Roldán, que en agosto cedió
también el suyo –ahora sabemos que no fue por gusto– a Carlos
Carrizosa como candidato de Ciudadanos a la misma presidencia. Un
partido viejo y uno nuevo, pero ambos con cláusulas parecidas en sus
reglamentos de primarias, cláusulas por las que la supuesta renuncia
del candidato elegido deja en manos de la ejecutiva respectiva la
designación del sustituto. Claro que eso no es todo. En la crónica
negra de las primarias españolas existen también modalidades de
fraude que no requieren siquiera de previa revocación, en la medida
en que la manipulación se produce ya en el propio proceso de
votación telemática. Ocurrió en marzo de 2018 con las primarias de
Ciudadanos para designar candidato a la presidencia de la Junta de
Castilla y León, y ocurre desde hace años con las de Podemos al más
alto nivel y con reincidencia, tal y como ha ido reseñando
puntualmente este mismo medio.
Las primarias, tan bienintencionadas en su formulación primera y tan
llamativas de cara a la galería, han derivado en una comedia
destinada a vestir con una pátina presuntamente democrática la
designación de un candidato. En un paripé, en una palabra. Al final
quienes deciden no son los afiliados con sus votos, sino los
mandatarios del partido, que hacen y deshacen a su antojo. Con lo
que seguimos allí donde lo dejó Robert Michels hace ya más de un
siglo cuando llegó a la conclusión de que los partidos políticos se
organizan según pautas oligárquicas. Como cualquier empresa, en
definitiva.
Cauces democráticos
Claro está que un partido político no es exactamente una empresa. O
no debería serlo. Su objetivo no es ganar dinero –aunque algunos de
sus miembros se ganen muy bien la vida y los haya incluso que no le
hacen ascos a la corrupción–, sino alcanzar el poder para poner en
práctica determinadas políticas para las que han sido facultados por
cientos, miles o millones de conciudadanos que les han otorgado su
confianza mediante el voto. En este sentido, conviene no olvidar que
quienes ejercen un cargo público son ciudadanos que representan a
otros ciudadanos. Ciudadanos, pues, con un mandato al que se supone
que deberían ser fieles. De ahí la importancia que tiene para un
Estado de derecho que el acceso a ese cargo de representación haya
seguido unos cauces democráticos y transparentes.
Que esa inercia oligárquica está presente en las formaciones
políticas no lo demuestran tan solo los casos reseñados al principio
de este artículo –y otros muchos que podrían traerse a colación–,
sino también el hecho de que nuestros partidos no hayan movido en 35
años ni un solo dedo para cambiar la ley electoral vigente, conocida
como LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General). Se han
rasgado de vez en cuando las vestiduras, han introducido apaños como
las primarias, han reclamado con la boca chica o a los cuatro
vientos un sistema electoral más proporcional, pero a la hora de la
verdad siguen rigiéndose por el marco de siempre. Incluso los
partidos nuevos, Ciudadanos y Podemos –UPyD no tuvo siquiera ocasión
de intentarlo–, cuando han dispuesto de fuerza suficiente para
condicionar un programa de gobierno han olvidado –o han preterido,
en el caso de Ciudadanos– la que había sido, años ha, una de sus
principales banderas regeneradoras.
Sistema parecido al alemán
Sin menospreciar en absoluto la necesidad de mejorar la
proporcionalidad de nuestro sistema electoral y dejando a un lado
otras medidas de menor calado, lo que la democracia española precisa
a mi juicio con mayor prontitud y de modo inexcusable es una reforma
que acerque y vincule los representantes a sus representados, los
electos a sus electores; y viceversa, claro. O sea, una reforma que
garantice ante todo que el candidato de una lista sea elegido de
forma democrática y transparente por el resto de los afiliados y que
el resultado de dicha elección sea respetado por la cúpula de la
formación política. Luego, en aras de reforzar justamente el vínculo
entre candidato y ciudadano de a pie, una reforma en la que se
adopte un sistema parecido al alemán, de doble voto, donde junto al
voto por lista, de representación proporcional, existe un voto por
persona, de representación directa, que resulta de la previa
división del territorio en distritos electorales.
No es este el único modelo posible, por supuesto. Está también el de
un sistema de listas desbloqueadas, en el que los electores tengan
la potestad de premiar o castigar a los integrantes de una misma
lista, seleccionándolos, tachándolos u ordenándolos de modo distinto
a como aparecen en ella. Y el de un sistema de listas abiertas,
similar al que ya utilizamos en España para las elecciones al
Senado, en el que los votantes puedan escoger, si así lo desean,
candidatos de siglas distintas. Y hasta puede pensarse en la
combinación de distintas opciones según la naturaleza de los
comicios: locales, autonómicos o generales. En todo caso, insisto,
si queremos que los paripés dejen de ser la norma, el nuevo sistema
electoral no debería limitarse a regular, como ocurre con la actual
LOREG, extramuros del sistema de partidos, sino también intramuros.
De lo contrario, cualquier candidatura vendrá viciada por el proceso
de primarias que la haya precedido.
Se me dirá que para cambiar nuestro sistema electoral hace falta un
amplio acuerdo entre los grupos que integran el Congreso de los
Diputados. Se me objetará también que los dos grandes partidos
nacionales –y la mayoría de los nacionalistas periféricos– no han
estado nunca interesados en abordar tal reforma. E incluso habrá
quien replique que no es este el mejor momento para abrir el melón.
A todo ello sólo se me ocurre responder que quienes intervenimos en
el debate público tenemos la obligación de plantear aquellos temas
que nos parecen, en un momento dado, fundamentales para evitar la
progresiva podredumbre de nuestro sistema de representación
política. Y este lo es, sin duda alguna. Negarse a abordarlo, a
convertirlo en objeto de deliberación, equivale a esconder la cabeza
bajo el ala ante el deterioro evidente del marco democrático que nos
dimos hace ya más de cuatro décadas.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
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