AGLI Recortes de Prensa   Domingo 10  Enero  2021

Una fórmula maldita: Recesión, paro y deuda
Juan Ramón Rallo larazon 10 Enero 2021

Estos días se cumple el primer año de gobierno de la coalición entre PSOE y Podemos. Se trata de un primer año marcado por la pandemia de la COVID-19, pero que en todo caso, y a pesar de ella, también es enjuiciable desde un punto de vista económico. Desde luego, no todo lo malo que ha ocurrido en la economía es atribuible al Ejecutivo, pero el Ejecutivo sí ha tomado decisiones de calado que podrían haber sido diferentes y que habrían arrojado resultados algo mejores a los que observamos en estos momentos. Así pues, analicemos la trayectoria en tres frentes: evolución del PIB, del empleo y de la deuda pública.

Producto Interior Bruto
Todavía no contamos con los datos de PIB para el conjunto de 2020, pero lo más probable es que nos ubiquemos en una caída de alrededor del 10%. Es decir, que en 2020 hemos dejado de producir el 10% de lo que produjimos en 2019: unos 120.000 millones de euros perdidos. El dato es, evidentemente, un agregado de todas las industrias, lo que significa que algunos sectores no han experimentado perjuicio alguno (como la agricultura) y otros se han hundido entre un 30% y un 40% (como la hostelería). A su vez, que el PIB haya caído un 10% no significa que se hayan generado daños irrecuperables en nuestro tejido productivo. Del mismo modo que si una persona se toma un trimestre sabático sus ingresos caerán durante de año un 25% con respecto a un ejercicio habitual, que una economía se paralice parcial y temporalmente no implica que pierda de manera definitiva su capacidad para producir bienes y servicios. Sin embargo, evidentemente el riesgo de que sufra pérdidas más profundas está ahí. Puede haber compañías muy endeudadas que, al perder sus ingresos, se vean abocadas a la quiebra; trabajadores que hayan tenido que abandonar sus estudios y hayan perdido años de formación; compañías que hayan dejado de invertir en acumular nuevos bienes de capital o en reponer los existentes tras su depreciación... Las heridas no tienen por qué ser persistentes pero podrían serlo. En este sentido, el Gobierno ha hecho bien en proporcionar líneas de liquidez durante los primeros meses de la pandemia (sobre todo, durante los meses del confinamiento domiciliario) para así evitar quiebras no relacionadas con cambios estructurales en la economía, pero la extensión de las mismas a lo largo de todo el año (y parte de 2021) también puede generar otro tipo de quebrantos. Por ejemplo, la zombificación del tejido productivo (es decir, que se estén rescatando empresas que no serán valiosas en el futuro porque su demanda desaparezca permanentemente). Por un lado y por otro, por consiguiente, la economía puede terminar sufriendo daños estructurales de cara el futuro. Tardaremos como poco varios años en recuperar el PIB perdido en 2020. No está claro cuánto tardaremos en recuperar nuestra capacidad de crecimiento potencial.

Empleo
Durante 2020 se han perdido 360.000 afiliados a la Seguridad Social. La cifra podrá parecer escasa, dada la magnitud de la caída del PIB que hemos experimentado y a la que nos hemos referido con anterioridad. A la postre, en 2009 el PIB cayó menos de la mitad y se destruyeron más del doble de los puestos de trabajo. Sin embargo, esta cifra es incorrecta por un doble motivo. Primero, si no hubiésemos experimentado crisis económica alguna, se habrían creado aproximadamente medio millón de nuevos empleos (según BBVA Research), de modo que la destrucción neta de empleo con respecto a nuestra evolución potencial se ubica en unos 850.000 empleos. Segundo, y más importante, las cifras de afiliación a la Seguridad Social están maquilladas por los ERTE y por la prestación extraordinaria de autónomos (los cuales no trabajan pero sí están cotizando a la Seguridad Social): ambas políticas afectan a 1,1 millones de personas. De esta manera, cabe decir que el empleo efectivo destruido en España durante 2020 se aproxima a los 1,5 millones de personas (casi el doble que durante el peor año de la crisis anterior) y si añadiéramos las pérdidas potenciales, tendríamos una destrucción de 2 millones.

El daño laboral, por tanto, ha sido muy intenso y se debe esencialmente de la caída del PIB. Sin embargo, no deberíamos obviar cómo la legislación de nuestro mercado de trabajo, que encarece la creación de empleos, puede haber agravado innecesariamente la pérdida de ocupaciones. Por ejemplo, la subida del SMI ha encarecido la contratación justo en un momento en el que faltaban incentivos para contratar. Tan es así que el Ejecutivo, de momento, ha optado por congelar el SMI. Pero, ¿por qué congelarlo y no recortarlo si las subidas de 2019 y 2020 se adoptaron en un contexto previo a la pandemia que nada tiene que ver con el actual? El Ejecutivo, y sus políticas ideologizadas, también son responsables de la falta de dinamismo de un mercado laboral que necesitaría de mucha más flexibilidad y de menores costes regulatorios para recuperarse.

Deuda
Las políticas presupuestarias dirigidas a compensar parcialmente el impacto de la crisis han tenido una influencia presupuestaria incuestionable. La deuda pública española habrá cerrado 2020 por encima del 120% del PIB y nuestro déficit en el entorno del 10% del PIB. Estamos, por tanto, en zona de peligro financiero. Aunque ahora mismo los tipos de interés estén bajos, esta situación no tiene por qué ser permanente, de modo que urge reconducir nuestra deuda durante los próximos años. Para ello, habrá que adoptar políticas de ajuste presupuestario que pasarán o por subidas de impuestos o por recortes del gasto. El Gobierno PSOE-Podemos parece claramente preferir la primera opción. No en vano, 2021 ha arrancado con subidas en prácticamente todas las figuras tributarias (IRPF, Sociedades, IVA, cotizaciones sociales, Patrimonio, creación de nuevos impuestos...). Aumentar impuestos es un camino preferible a avanzar inconscientemente hacia la quiebra, pero debemos darnos cuenta de que nuestra capacidad de crecimiento futuro se verá muy seriamente mermada por tales subidas fiscales. Los impuestos impactan negativamente sobre la actividad económica y, por tanto, subirlos considerablemente mermará nuestro crecimiento potencial. Teniendo en cuenta los daños que ya ha padecido la economía en 2020, no parece lo más aconsejable, pero la ideología de la coalición gobernante es incompatible con recortes profundos del gasto estatal que minimicen los daños a la actividad. Habrá, pues, más impuestos.

Conclusión
En definitiva, 2020 ha terminado con una destrucción de valor cercana a los 120.000 millones de euros, con la pérdida de 1,5 millones de empleos y con la acumulación de unos 200.000 millones de euros en deuda pública. Nos hemos vuelto más pobres y nos hemos hipotecado de cara el futuro, una combinación que no augura nada bueno, en especial si las políticas económicas que se aplican sólo sirven para profundizar en las heridas abiertas. O dicho de otro modo, si respondemos a uno de los mayores hundimientos de nuestra historia con más regulaciones, más subsidios y más impuestos, será muy complicado que levantemos pronto cabeza. Necesitamos un programa de reconstrucción que pase por la liberalización de la economía y por el ajuste del déficit desde el lado del gasto. La pandemia no ha sido responsabilidad de este gobierno (aunque sí su mala gestión sanitaria). Las políticas económicas que se apliquen durante la post-pandemia, en cambio, sí lo serán y no parece que vayan a ser las más adecuadas.

La gran nevada del empleo público
Jesús Cacho. vozpopuli 10 Enero 2021

Hay datos capaces de desenmascarar millones de discursos con la abrumadora realidad de lo que representan. Alejandra Olcese, responsable de la información macroeconómica en Vozpópuli, contaba este miércoles, 6 de enero, que el empleo público –funcionarios y personal laboral- creció en nuestro país un 6,2% durante 2020, hasta un total de 159.680 personas, ello según los datos de afiliación a la Seguridad Social divulgados el martes. Una cifra que contrasta de forma brutal con los 519.785 puestos de trabajo que perdió el sector privado en el cómputo del año, sin contar a las 755.000 personas que están en ERTE, de lo que cabe concluir que el año de la pandemia fue pésimo para el empleo privado (en espera de conocer la verdadera dimensión de la catástrofe), pero muy bueno para el público. La gran nevada del empleo público.

La mencionada cifra de nuevos afiliados a la Seguridad Social en las Administraciones Públicas en 2020, escribía Olcese, “deja el número total de empleados públicos dados de alta en 2.727.047 trabajadores. Si a estos le sumamos los 984.867 mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), los 360.050 titulares de Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y los 58.253 de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), el número total de empleados públicos alcanza los 4 millones en España”.

Con la Comisión Europea (CE) y el propio BCE como grandes abanderados, las políticas fiscales expansivas se han convertido en un catecismo de casi obligado cumplimiento a la hora de combatir los efectos de la covid-19 en las economías de la eurozona, con la vista puesta en salvar el mayor número de empresas de la quiebra conteniendo en lo posible el crecimiento del paro. Ello junto a otras ayudas directas a familias en dificultades, en lo que podríamos calificar de auténtica “socialización” de la deuda. Porque la contrapartida de estas políticas de gasto forzadas por las circunstancias es el crecimiento desmesurado de la deuda pública con todo lo que ello implica. Por eso, como ha advertido con reiteración el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, las susodichas políticas deben tener un horizonte temporal muy estricto, de forma que en cuanto el crecimiento vuelva a hacerse presente el Gobierno de turno estará en la obligación de poner en marcha un programa de consolidación fiscal que apunte a medio plazo al control del déficit y de la propia deuda.

Utilizar esas políticas de gasto público destinadas a preservar el empleo para contratar más empleados públicos es hacer un pan como unas tortas. Es enviar un pésimo mensaje a los agentes económicos, a los mercados de capitales y, en general, a la propia sociedad. Contratar más funcionarios no evita la suspensión de pagos de ninguna empresa ni protege el futuro de ningún pequeño negocio familiar. Cumple el vademécum, sí, de todos los populismos de izquierda que en el mundo han sido, empeñados en perfilar modelos de sociedad estatistas y apesebradas reñidos con la iniciativa privada. El aumento citado podría tener una justificación si se tratara de la contratación de más personal sanitario, un déficit que la covid ha puesto de relieve para descrédito del “mejor sistema sanitario del mundo”, pero, dando por sentado que en parte haya sido así, resulta imposible saber cuántos de esas más de 159.000 nuevas incorporaciones son médicos, enfermeros y demás personal sanitario, porque cada Comunidad tiene sus datos e intentar un cómputo global es misión casi imposible.

Muy difícil también saber cuántos de los nuevos son funcionarios “por oposición” o pertenecen al llamado personal “eventual y laboral”, aunque presumiblemente se ubiquen en la segunda categoría en su gran mayoría. El número de empleados públicos se ha duplicado en España en los últimos 20 años. La crisis de 2008 impuso dos años de recorte del empleo público, algo que fue apenas un paréntesis puesto que a partir de 2012 se produjo un rápido repunte hasta cifras similares a las de 2008. Y no se trata de un problema de exceso de tamaño. Un informe del Instituto de Estudios Económicos efectuado en 2018 aseguraba que “el número de empleados públicos se sitúa en un lugar intermedio entre los países desarrollados, y por debajo de la media de la OCDE”. Lo preocupante del caso español es la tendencia fuertemente expansiva que se viene registrando en los últimos años, particularmente evidente en el caso de unas Comunidades Autónomas convertidas en la única gran “empresa” capaz de crear empleo, público por supuesto, en su respectivo territorio.

Corrupción de baja intensidad
La exaltación del amiguismo y del enchufe, básicamente familiar. Una corrupción de baja intensidad que, sin embargo, consume importantes recursos públicos que podrían utilizarse de forma más ventajosa para la colectividad. Y, de hecho, la mayor parte de las contrataciones que han tenido lugar en este 2020 se han producido en la administración autonómica, que ha incorporado a 141.512 personas, con aumento del 9,34%, mientras la administración central ha sumado 8.196 nuevos empleados (2,34%), y la administración local otros 9.970 (1,42%). Una realidad que pone de nuevo en evidencia la necesidad de un reseteo profundo de nuestro Estado autonómico, con delimitación clara de competencias exclusivas del Estado central, en aras de la eficiencia y la mejor utilización de recursos siempre escasos. Una reforma, dicho sea de paso, que ahora mismo suena totalmente ilusoria, pero que la realidad de las cuentas públicas, básicamente la deuda, terminará por imponer de una u otra forma.

Ocurre que el empleo público, imprescindible por otro lado para el funcionamiento de las administraciones, se sufraga con impuestos y/o con deuda, y esa carrera disparada de nuevas incorporaciones (una realidad que corroboran los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, con su generosa Oferta Pública de Empleo) supone una amenaza cierta para el bolsillo del contribuyente y para la estabilidad de una deuda pública sometida a todas las tensiones por culpa de la pandemia. Caminamos hacia un modelo de sociedad subsidiada muy del gusto de gobiernos dispuestos a asegurarse el voto cautivo de una parte importante de la población (los citados Presupuestos para 2021 contemplan un aumento de la inversión del 10,3% hasta un total de 239.765 millones, récord absoluto, cifra equivalente al 21,7% del PIB), que suben las pensiones que saben que no pueden subir en la actual coyuntura y que suben también el sueldo de los funcionarios aun con menor motivo, pero que a última hora frenan la subida del SMI para caer en una más de las contradicciones propias de un Ejecutivo técnicamente pobre e ideológicamente reñido con el verdadero progreso.

Como ya han apuntado no pocas voces, sería necesaria la realización de una auditoría integral del personal de las Administraciones públicas, a realizar por autoridad independiente, con evaluación de puestos y funciones para ajustar la retribución a la productividad (tan difícil de medir, sí) de cada uno. ¿Realmente necesitan las Comunidades Autónomas esas casi 160.000 nuevas incorporaciones efectuadas en año tan dramático como el pasado? ¿Con qué criterios de selección? ¿Qué necesidades cubren? Auditar para rediseñar un sector público más eficiente y productivo, como haría cualquier empresa privada. Y para acabar con no pocas incongruencias y rigideces.

El bajo índice de cualificación relativa de los puestos de trabajo del sector público, por ejemplo. Los puestos para los que no se exige titulación superior en la AGE rondan el 70%, lo que no es obstáculo para que España tenga uno de los porcentajes más elevados de empleados públicos con titulación universitaria, un caso evidente de desperdicio de talento. O que la retribución del segmento de personal menos cualificado sea comparativamente superior a las categorías de alta cualificación o los puestos de carácter directivo, desequilibrio que se acentuó con los recortes llevados a cabo durante la crisis. Urge, en fin, dotar a las Administraciones de una ley de directivos públicos que garantice la profesionalidad e idoneidad de los cargos de alta dirección y que evite la ocupación, y consiguiente politización, por los partidos políticos, alejando la provisión de estos cargos del ciclo electoral. Por desgracia, nada se hará hasta que estemos con el agua al cuello. Mientras tanto, seguiremos creando empleo público al gusto de este Gobierno inane.

España lidera el desempleo de la UE y el 30% de las empresas están al borde de la quiebra
Francisco Coll Morales es economista y coordinador del servicio de estudios de la Fundación Civismo.
Francisco Coll Morales okdiario 10 Enero 2021

La economía española, atendiendo a las últimas estadísticas que ha hecho públicas la oficina estadística europea, Eurostat, acusa una fuerte destrucción de capacidad productiva, en contraste con el resto de los países miembros de la Unión Europea.

Así pues, la tasa de paro que presenta el país está en claro ascenso y se sitúa por encima del 16%; muy por encima de la tasa de paro que muestran otras economías como Alemania u Holanda.

Pese al menor acoplamiento en la destrucción de empleo y la caída registrada en el PIB, el comportamiento procíclico que caracteriza a nuestra economía nos lleva a, con casi 400.000 empleos destruidos, registrar la mayor destrucción de empleo de todo el bloque comunitario.

En estos momentos, y si hiciésemos la medición al estilo americano, la tasa de paro que presentaría el país, teniendo en cuenta los afectados por ERTE, así como por cese de actividad, sería del 21,5%.

Esta es la tasa de paro efectiva que, según Fedea, mostraría nuestro país, de computarse todas las personas que en estos momentos no se encuentran trabajando.

Como vemos, una tasa de paro muy resaltable, especialmente si tenemos en cuenta que, incluso sin contabilizar a estos más de 700.000 trabajadores que se encuentran en ERTE, así como a los que han solicitado el cese de actividad, y con un 16,4% de tasa de paro registrada, España ya se posiciona a la cabeza como el país con la tasa de paro más elevada de todo el bloque.

España tardará años en recuperar el 100% que se ha perdido por la crisis del coronavirus. No hay que olvidar que el 30% de las empresas nacionales se encuentra en situación de quiebra. Todo ello, en adición a otros indicadores que, como los beneficios empresariales, han caído cerca de un 70% en este ejercicio. Si tenemos en cuenta que sin empresa no hay empleo, el dato de paro, cuando la situación vuelva a la normalidad y atendiendo a las principales previsiones que realiza el banco central, podría elevarse hasta superar el 20%.

Eurostat también sitúa a la economía española a la cabeza en materia de desempleo juvenil. Ni Grecia, siendo el país que encabezaba dicho ranking en años pasados, presenta unos datos tan pesimistas como los que muestra hoy el mercado laboral español en materia juvenil. Así pues, hablamos de una tasa de paro juvenil que supera ya el 40%, superando ampliamente las distintas tasas que, en su contraste, presentan otras economías homólogas.

Como vemos, y al igual que ocurría en 2008, la factura que deja el COVID a la economía española no es pequeña, precisamente. Ese peor comportamiento que nos caracteriza, así como la menor capacidad para aplicar políticas contracíclicas por ese diminuto fondo de maniobra, producto del derroche que también nos ha caracterizado años atrás, nos lleva a una situación en la que recuperar la economía se torna más complicado que para otros países europeos.

A la factura del COVID, debemos sumarle que España entraba en esta crisis con una tasa de paro estructural que ya se situaba en el 14%, así como una tasa de paro juvenil que ascendía por encima del 30%; todo ello, en adición a un tejido empresarial muy vulnerable y zoombificado. Por esta razón, esta mayor destrucción no supone un deterioro, sino un ensanchamiento de unas debilidades estructurales de las que adolece nuestra economía.

Esto se debe, en parte, al vulnerable tejido empresarial con el que cuenta nuestra economía, así como el hecho de que hablamos de un país en el que el 99,9% de su tejido empresarial se compone de pymes, así como empresas con mayor grado de vulnerabilidad ante una posible situación de crisis. Si a esto le añadimos que el 99% de las empresas destruidas por la crisis son pymes, así como el hecho de que España, con un mayor número de pymes que otros países europeos, presenta mucho más empleo ligado a esta tipología de empresa, ese carácter procíclico que tanto caracteriza a nuestra economía, y que nos lleva a destruir más empleo que otros países, encuentra una parte de su explicación en este análisis.

Hablamos de un país que, en cada crisis que atraviesa, se deja un gran número de empleos, así como un gran número de empresas. Esto, como decíamos, no es más que el producto de contar con debilidades estructurales que, por motivos políticos, no terminan de solventarse. Por esta razón, de no aplicar esas conocidas reformas que -como la flexibilidad que han supuesto los ERTEs para las empresas– tanto precisa nuestra economía, el titular que hoy encabeza este artículo se repetirá en cada crisis que, independientemente del motivo, atraviese nuestra (debilitada) economía.

Una coalición para someter a España
Editorial ABC 10 Enero 2021

Ni siquiera la magnitud sin precedentes de la crisis provocada por el Covid-19, aún por determinar en daños personales y económicos, ha podido evitar que el Gobierno lleve a la práctica el dogmatismo que marcó su nacimiento, hace ahora un año. El sometimiento de los poderes del Estado, la devaluación de las Cortes, los ataques y desprecios a la Corona y los jueces, el adoctrinamiento en las aulas, la imposición de la ideología de género, la primacía de la propaganda y la ocultación y la cesión constante a los enemigos declarados del Estado de Derecho han marcado los primeros doce meses de un Ejecutivo cuya primera tarea ha sido incidir en la división de la sociedad española, justo cuando más unida debía estar para superar la crisis a la que se enfrenta. El primer año del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, coaligados por puro interés personal, no general, es el anticipo de un proyecto de transformación y disgregación que no se detiene ante la peor crisis del último siglo.

Donald Trump se convierte en un símbolo de resistencia global frente al totalitarismo neocomunista
Raúl González Zorrilla. Director de La Tribuna del País Vasco 10 Enero 2021

Tras las elecciones presidenciales, Estados Unidos, como también lo está haciendo el resto de Occidente, ha estallado en una gran guerra cultural entre el consenso socialdemócrata y neocomunista global que tan bien representan Joe Biden y Kamala Harris y la nueva derecha identitaria y neoconservadora que tanto ha brillado de la mano de Donald Trump.

Que Donald Trump, por segunda vez consecutiva, haya conseguido reunir en torno suyo a prácticamente la mitad de los votantes estadounidenses revela que a pesar de lo que llevan repitiendo hasta la maledicencia los grandes medios de comunicación del sistema, repletos de periodistas, analistas, presentadores, editores y empresarios idiotas convertidos en activistas fanáticos de la extrema-izquierda, existe ahí fuera todo un mundo identitario y conservador, firmemente comprometido en mantener los principios y valores políticos, sociales y éticos tradicionales y que se opone cada vez con más fuerza a los cambios radicales propuestos por el nuevo comunismo globalista que, como pudo observarse ayer, está incendiando el mundo con el entusiasmo de algunos, la satisfacción de muchos y la indiferencia cómplice de casi todos.

Los millones de votos conseguidos por Donald Trump frente a todo y contra todos, más los que posiblemente le han sido robados por el entramado izquierdista a las órdenes del PCCh (Partido Comunista chino), representan los estandartes erguidos de la familia tradicional, de quienes se oponen al aborto, de los hombres y mujeres que confían únicamente en su esfuerzo personal para conquistar el futuro, de quienes defienden los valores tradicionales que han conformado la gran civilización occidental que muchos desean derribar, de los agricultores, de los millones de inmigrantes orgullosos de sentirse norteamericanos, con todo lo que ello representa; y sí, son también la bandera de la población negra, del gran movimiento latino, de las fuertes minorías asiáticas, de quienes aman la libertad y de quienes a pesar de todo aún creen en el sentido común de nuestros ancestros, que hoy es el menos común de los sentidos. Junto a Trump se arremolinan hombres y mujeres de todas las creencias que reivindican que el derecho a la defensa y la seguridad ha de seguir siendo un derecho fundamental, que defienden el capitalismo clásico frente a la volátil especulación financiera posmoderna, el Gobierno de Taiwan, los hombres y mujeres de Hong Kong, las democracias latinoamericanas, la Policía norteamericana tan vilipendiada en los últimos meses, los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas, la gente libre, la tan escasa prensa libre, los creadores libres, los científicos independientes y no adoctrinados, la nueva derecha global, quienes protegen la cultura y no la cancelan, los que se parten la espalda para defender orgullosos el mundo que crearon sus abuelos, quienes aún creen que los hombres tienen pene y las niñas vagina, los políticamente incorrectos y sí, la gente de la calle simplemente decente que solamente desea llevar una vida digna, formar a sus hijos sin que éstos sean aleccionados por el Estado, trabajar y poderse tomar un café con la persona de su vida en un entorno seguro…

Es esta gente sencilla la que, efectivamente, tal y como se ha visto está llamando a la resistencia porque ve con desconcierto, con pavor y con incredulidad los inmensos nubarrones totalitarios que se avecinan al otro lado de las trincheras, cubriendo los páramos devastados por donde cabalgan amorosamente, en unánime y sospechoso abrazo colectivo, el dúo Biden-Harris, los terroristas 'Antifa', los Black Lives Matter, el MeeToo, el obtuso consenso socialdemócrata europeo, George Soros y los Silicon Boys, los grandes medios de desinformación del sistema a quienes ya nadie hace caso, las celebrities más imbéciles que Hollywood y las universidades ridículamente sumisas al ritmo políticamente correcto marcado por los nuevos marxistas bolivarianos y el Islam político infiltrado en nuestras instituciones y la extrema-izquierda camuflada de terciopelo. Y el nihilismo burdo y global de las élites empresariales y financieras para quienes no existen ciudadanos que desean reconocer sus ciudades sin miedo, ni patrias que han de defenderse con fronteras y ejércitos, ni un pasado que nos hace grandes ni un espíritu y una ideas que nos han forjado como somos sino solo consumidores apátridas e intercambiables cuyas vidas únicamente valen lo que valen sus datos, sus tarjetas de crédito y su capacidad infinita para pagar impuestos con los que se se mantienen los caprichos multiculturales de los poderosos y de sus bufones mediáticos.

Donald Trump no será nuevamente presidente de EE.UU, pero, a pesar de lo que cacareen los portavoces neocomunistas de las élites, ha pasado ya a convertirse en una bandera y en un símbolo: será el gran comandante ideológico y cultural de quienes defienden un puñado de certezas básicas e inamovibles: que los valores sobre los que se levantó nuestra civilización occidental son superiores a cualesquiera otros que nos quieran imponer; el convencimiento de que libertad y seguridad no son caras diferentes de una misma moneda sino condiciones previas sin las que todo lo demás no existe; la reivindicación de la grandeza y de la historia de nuestras patrias; la oposición radical a que se utilice política y económicamente a la inmigración ilegal como caballo de Troya para alentar el reemplazo de las poblaciones originales y de los valores morales y espirituales de éstas; el convencimiento de que el gran proyecto civilizatorio occidental no puede ser entendido sin dos milenios de tradición cristiana; la oposición radical al totalitarismo comunista y al totalitarismo islamista y, sobre todo, la creencia firme de que América, y Occidente, deben ser grandes otra vez.

Apple Store, Google y Amazon impiden descargar Parler, el «Twitter» de los simpatizantes de Trump
La plataforma se basa en la falta de moderación de los contenidos, lo que ha llevado a que se utilice para difundir teorías de la conspiración u otros fines como el asalto al Capitolio
EP ABC 10 Enero 2021

Parler, la red social que utilizan los simpatizantes de Trump, ha sido borrada de la Apple Store este sábado, mientras que Amazon Web Services (AWS) ha anunciado que dejará de alojar sus servidores a partir del lunes.

Esta nueva plataforma se basa en la falta de moderación de los contenidos, lo que ha llevado a que se utilice para difundir teorías de la conspiración u otros fines como el asalto al Capitolio de Estados Unidos del pasado miércoles.

Este viernes, Google fue la primera gran plataforma en quitar la aplicación de su tienda por la falta de una política de moderación en las publicaciones, lo que incumplía sus términos de servicio, ya que demasiados mensajes incitaban «al odio y la violencia» según «The New York Times».

Por los mismos motivos, Apple dio 24 horas a la plataforma para realizar cambios en su política antes de suspenderla.

La última en unirse a esta serie de reveses ha sido AWS, el servicio de alojamiento web de la compañía de Jeff Bezos, que ha anunciado que dejará de alojar los servidores de la red social cuando pase la media noche de este domingo. Amazon ha subrayado que ha enviado 98 ejemplos de contenidos que incitaban a la violencia y no habían sido borrados a la red soceial.

Ahora, Parler deberá encontrar otro servicio de alojamiento web en ese lapso de tiempo o la aplicación dejará de funcionar.

Acusaciones de doble criterio
El presidente ejecutivo de la compañía, John Matze, ha acusado a las grandes tecnologías de «querer matar a la competición» y ha asegurado que tiene «mucho trabajo para asegurarse que los datos de todo el mundo no son borrados de Internet en las próximas 24 horas».

«Parece un doble criterio injusto ya que todas las otras redes sociales tienen los mismos problemas, incluso probablemente a una escala mayor», se ha quejado Matze.

El borrado de las principales tiendas de aplicaciones de Parler es el último de una serie de acciones que las grandes tecnológicas han realizado para eliminar los mensajes y cuentas cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que inciten a la violencia.

El viernes, Reddit y Discord borraron varias comunidades de este tipo, mientras que Twitter suspendió de manera definitiva la cuenta del presidente y la de su campaña en un movimiento que ha reavivado el debate sobre el poder de las plataformas sobre el debate público.

La red social de moda: los referentes de la derecha emigran a Parler por la censura de Twitter
M.A. Ruiz Coll okdiario 10 Enero 2021

La batalla cultural se libra en las redes sociales. La decisión de Twitter de censurar y finalmente eliminar el perfil de Donald Trump ha provocado un auténtico boom de Parler, la red social de moda en la que muchos desengañados buscan libertad.

Las grandes plataformas de Internet como Twitter, Facebook, Youtube e Instagram eliminaron el jueves la cuenta oficial de Donald Trump, por considerarle el principal instigador de los graves disturbios que culminaron con el asalto al Capitolio, cuando se celebraba la sesión conjunta del Congreso y el Senado para certificar la victoria electoral de su rival, el demócrata Joe Biden.

Aunque hacía ya varias semanas que casi todos los mensajes de Trump aparecían identificados como «potencialmente engañosos» en Twitter, una red social que censura de forma discrecional miles de cuentas en función de sus posicionamientos ideológicos.

Junto a otros referentes del Partido Republicano, como el senador por el Estado de Texas Ted Cruz y el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, Trump ha anunciado que seguirá siendo activo en otras redes sociales como Parler («hablar», en francés) y Gab, cuyas normas de moderación son mucho menos estrictas.

Y tras ellos, lo hacen ahora numerosos referentes de la derecha española como el ex portavoz de Ciudadanos (Cs) Juan Carlos Girauta, el líder de Cs en la Comunidad Valenciana Toni Cantó o la diputada del PP por el País Vasco Bea Fanjul, hartos de la censura en Twitter.

También el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha invitado a sus seguidores a trasladarse a Parler en busca de un ambiente más respirable. Este éxodo ya tiene nombre: el Twexit, que describe la fuga de usuarios de Twitter emulando el Brexit.

La red de microbbloging Parler fue creada en agosto de 2018 por los alumnos de Informática de la Universidad de Denver John Matze y Jared Thomson. Aunque con un diseño más rudimentario, su estética y funcionamiento es muy similar al de Twitter: en lugar de retuitear se hace «echo» («eco», en inglés) y se vota a los mensajes favoritos, en vez de darle «me gusta».

La plataforma también incluye una función de mensajería directa para que sus usuarios puedan comunicarse en privado. El usuario de Parler puede conocer además cuántas personas han leído cada uno de sus mensajes. Cualquier usuario puede verificar su cuenta, que a partir de ese momento aparecerá identificada con una insignia roja, mientras que las personalidades públicas se reconocen mediante una insignia dorada. Las cuentas parodia aparecen identificadas con una insignia morada.

Las normas de moderación de Parler se basan en los criterios de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos: sólo censura los mensajes que incluyen pornografía o hacen apología del consumo de drogas o del terrorismo, entre otros supuestos.

Ocho millones de usuarios
Desde su nacimiento, Parler ha experimentado un crecimiento exponencial: en dos años y medio, ya supera los ocho millones de usuarios, si bien se encuentra aún muy lejos de los 175 millones de usuarios activos de Twitter y los más de 2.400 millones de Facebook.

Aunque presume de ser un oasis de libertad, tampoco Parler se libra de la censura. En las últimas horas, tanto Google Play como Apple han anunciado que retirarán de su tienda virtual la aplicación de Parler si no revise sus criterios de moderación de los mensajes, para evitar consignas de índole racista o que alimentan el discurso del odio. No obstante, es posible abrirse una cuenta de usuario desde la propia web de la compañía, Parler.com.

Algunos medios han presentado a Parler como «la red social de la extrema derecha», ya que no sólo se ha convertido en el refugio de los seguidores de Trump y Bolsonaro, sino también en la red favorita de los aficionados a todo tipo de teorías conspiranoicas. Y aquí se enfrenta a una de sus principales debilidades: perderá el atractivo del debate y la discusión, si se reduce la pluralidad de sus usuarios.

La decisión de Twitter y Facebook de eliminar la cuenta de Donald Trump ha abierto el debate sobre la conveniencia de que las grandes plataformas privadas de internet puedan censurar incluso al propio presidente de Estados Unidos, que ha mantenido siempre una difícil relación con estas redes sociales por sus explosivos mensajes. Twitter nunca ha censurado, en cambio, las cuentas de dictadores como el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, o el de Cuba, Nicolás Maduro. Parler ha aprovechado la polémica para presentarse como un paraíso de libertad.

«Somos una plaza comunitaria, una plaza abierta, sin censura… Si puedes decirlo en la calle de Nueva York, puedes decirlo en Parler», ha presumido el director ejecutivo de Parler, John Matze. Muchos desencantados con las redes sociales tradicionales comienzan a explorar ahora este camino. Entre otras novedades, la compañía se planeta ahora incluir publicidad y contenidos patrocinados en la plataforma, para ampliar sus vías de financiación.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Un Gobierno contra la mitad de España
Editorial larazon 10 Enero 2021

Si algo ha caracterizado al Gobierno que preside desde hace un año Pedro Sánchez es su propio origen, los partidos que lo forman y la alianza que lo sostiene: todos y cada uno de ellos comparten el objetivo de liquidar la Constitución de 1978. Esta es la anomalía, aunque este Gobierno lo presente como la «primera coalición de izquierdas desde la República», como si fuera un valor en sí mismo.

Visto el resultado, no es una garantía ni de eficacia en la administración de los asuntos públicos, ni, sobre todo, en situar a España en la centralidad política, lo que supone ser el Gobierno de todos los españoles. Muy al contrario, la vida política se ha radicalizado, polarizada por la irrupción en un primer plano de los partidos políticos que abiertamente han querido destruir la legalidad democrática, con EH Bildu y ERC con un insidioso papel estelar, y rotos los grandes pactos nacionales.

En torno al PSOE se formó una alianza que consiguió sacar adelante una moción de censura en la que pocos creían porque nadie se imaginaba que Sánchez pudiese llegar a apoyarse en enemigos declarados de la unidad territorial, la Monarquía parlamentaria y los consensos básicos que han permitido el desarrollo de una democracia liberal plena. Sánchez recibió el encargo de formar Gobierno ante la dejadez política de partidos como Cs y del mismo socialismo español, que deberían haber forzado otra solución y, en todo caso, impedir que el Rey hubiese sobrepasado sus atribuciones constitucionales.

Este es el marco político construido y el propio Ejecutivo es un reflejo claro: un total de 23 ministros para dar cabida a las cuotas acordadas con Pablo Iglesias, que han resultado ser ministerios que han desdoblado sus funciones. Todo ha quedado aparcado por la crisis abierta por la pandemia del coronavirus, un mal sobrevenido del que, de entrada, no se puede responsabilizar al Gobierno, pero sí la manera de afrontarlo, con más de 50.000 muertos oficiales y unos 80.000 –según el INE –, y pese a ello una desmedida preocupación por el marketing político.

Leyes tan ideológicas como la de Educación y la de Eutanasia han salido sin un debate serio, en contra de una parte de los ciudadanos. La ayudas europeas que permitirán relanzar la economía con proyectos, se supone, estratégicos a largo plazo, han quedado encapsuladas por La Moncloa, sin la posibilidad de sellar un gran acuerdo nacional en el que el primer partido de la oposición ocupe un lugar destacado. No es el mejor gobierno para un momento tan complicado, pero Sánchez ha optado con mantener a su vicepresidente segundo, a pesar de que su mayor preocupación no ha sido la salud pública ni afrontar la crisis económica en la que estamos entrando, sino desestabilizar el «régimen del 78». Su gran logro político es indultar a los que, condenados por sedición, intentaron acabar con la Constitución, hecho que ahondará aún más la división en la sociedad española.

La pasmosa estrategia del PP después de Trump
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 10 Enero 2021

Con pocas horas de diferencia, el representante del PP vasco Borja Corominas y la diputada comunista de Madrid Isabel Serra, condenada por agredir a una policía, coincidieron en identificar a Abascal con los grotescos seguidores de Trump que han brindado a la izquierda norteamericana el mejor regalo imaginable: invadir el Capitolio dejando varios muertos y convirtiendo la indignación de 75 millones de norteamericanos que piensan que el establishment político, mediático y judicial ha robado las elecciones, en un esperpento resumido en dos imágenes: un idiota pintarrajeado con cuernos y un imbécil robando el atril de Nancy Pelosi. Caricatura perfecta.

Todos los defectos de Trump se conjugaron para enmascarar todas las trampas de Biden. Cometió la criminal estupidez de sacar a la calle a una multitud sin saber para qué. Y no para asaltar las instituciones, como dicen los progres y los comunistas, sino para regalárselas a sus enemigos. Desacreditó una causa noble, convirtió a los defensores de la democracia que pedían unas elecciones limpias en sus aparentes verdugos, destrozó la lucha ideológica contra el consenso izquierdista y dejó a sus seguidores a la altura de un ególatra que no sabe perder en vez de alguien que defiende el derecho de la ciudadanía a no pensar y votar lo que diga Mark Zuckerberg. Por cierto, un tirano de nuevo cuño al que Trump ha permitido retratarse.

¿Quiere Casado romper con Vox?
Pero Trump ya es pasado. El PP y Vox son presente. Por eso tiene importancia la identificación de Vox y Podemos con el cadáver de Trump. Si no conociéramos la obediencia perruna del político profesional, hija del hambre canina del que cae en desgracia ante el aparato del partido y no entra en ninguna lista, cabría pensar que el incógnito vascongado critica la política de pactos de Casado con Vox, gracias a la que gobierna las dos instituciones que más apetece la Izquierda: la comunidad de Madrid y la de Andalucía, amén de muchas alcaldías de importancia. Pero como este Borja nunca ha sido nada y su partido apenas existe en su región, parece un alarde de apoyo a la línea oficial más que una posición independiente, como la del jefe de las juventudes del PSOE vasco, que critica los pactos con Bildu.

Si Corominas no aspirase a Corimonas, léase corifeo de Génova 13, debería pedir la ruptura de todos los gobiernos del PP con el apoyo de Vox, porque gobernar con “la mierda” no es higiénico ni ético. Pero Corimonas o Corominas no aparece, como recordaba ayer Javier Somalo, en el vídeo en que el joven Abascal, junto a Carlos Urquijo, defiende valerosamente la causa de España y la Libertad frente a la jauría etarra en Llodio, cuando el que ahora lo insulta era un zigoto entusiasta o una inconcreción genética. Se le ve tan joven, ignorante o desmemoriado, que muy probablemente desconoce que el término “la misma mierda” es un americanismo que usó por primera vez Felipe González contra Aznar y Julio Anguita en los años de la “pinza” PP-IU contra la corrupción socialista y los crímenes del GAL. La unidad de pensamiento resumida en un tuit no permite mucha sabiduría ni matices. Pero la corimonada es tan fiel a la línea del PP contra Vox que nos obliga a pensar en el sentido y los fines de esta estrategia en el futuro de la derecha, que es el de la resistencia frente al proyecto socialcomunista.

Las encuestas engañosas
Uno de los periódicos que más ha aplaudido la estrategia de Casado de atacar a Vox, aunque condenara por mendaz e innecesario su ataque personal a Abascal, publicaba esta semana una encuesta en la que, según titulaba, los votantes del PP aplaudían la ruptura y la respaldaban. Cuando uno se acercaba a los números resultaba que “los votantes del PP” eran poco más de la mitad, el 54% por ciento. Más de un tercio estaba en contra y con los que no sabían o no contestaban, el saldo era que casi la mitad no estaba de acuerdo. Peor aún: Casado tenía el menor apoyo en los votantes del PP de todos los líderes entre los de sus partidos: poco más de la mitad.

Otra encuesta de otro medio con pareja inclinación daba otro dato interesante. La fluctuación del voto seguía produciéndose dentro de los dos bloques PP-Vox-Cs o PSOE-UP. Pero mientras el voto de Vox migraba al PP en torno al 2%, el voto del PP que se iba a Vox estaba en torno al 10%. Luego, si Casado tiene menos apoyo que antes entre los votantes del PP y, si no se produce una migración del voto de Abascal al PP, sino al revés, no veo por ninguna parte el éxito de la estrategia del aparato pepero. Tendrán muchos medios favorables, pero pierden votos y no gana prestigio el líder.

Las tenebrosas elecciones catalanas
Pero lo que más retrata el oportunismo casadista o teodorino de esta táctica anti-Vox y lo que más deja en evidencia a los corimonas y marotos que la jalean es que el PP está repitiendo con Ciudadanos la misma táctica de tierra quemada que ha emprendido contra Vox. Y lo ha hecho ante unas elecciones, las catalanas, en las que la causa de la Nación y la Constitución aparecen con una pavorosa debilidad, por el hundimiento del partido que fue de Rivera y cuyas ruinas gestiona ahora, como puede, Inés Arrimadas.

Es decir, que Casado no insultó a Abascal y anunció la muerte de su partido por razones ideológicas, ya que ahora está haciendo con Cs, que se sitúa a su izquierda, lo mismo que con Vox, que se sitúa a su derecha. Esto coloca aquel irrintzi centrista que entusiasma a los jóvenes corimonas a un nivel ajeno a cualquier razón ética y cuya única justificación sería el éxito.

¿Y es previsible que tenga éxito la destrucción anunciada contra Vox y la absorción promovida contra Cs? ¿Puede salir de la destrucción de esos dos partidos, a izquierda y derecha del PP, un reforzamiento de la Derecha? ¿Es más creíble y más cercana una alternativa al proyecto social-comunista y separatista, que avanza a toda velocidad? ¿Anuncian las encuestas una migración masiva de los votos de Vox y Cs al partido de Casado? Porque, insisto, sólo eso blanquearía, por la elocuencia del resultado, una estrategia que a muchos nos pareció innoble y que depreciaba el liderazgo de Casado.

Y hasta ahora no hay una sola señal, aparte del apoyo de periodistas que no votan ni apoyan a la Derecha, de que la supuesta agrupación del voto “a la derecha de la izquierda”, que Casado decía buscar, antes de dejarse barba, se esté produciendo en torno a su partido o a su persona. Vox se mantiene, más o menos al alza, y Cs sigue igual, más o menos a la baja. Ni sube el voto del bloque de Derecha ni el gran enemigo de Casado, que desde hace algunos meses es Abascal, muestra síntomas de debilidad.

Es lógico: Vox tiene un voto que no ha sido nunca del PP -gracias a eso se logró una mayoría inédita en Andalucía- o que no volverá al PP, sobre todo por los ataques diarios de sus gerifaltes y corimonas, hasta el insulto peor: compararlos con Podemos. En cuanto a Ciudadanos, está por ver hacia dónde migrará su voto, pero las encuestas catalanas predicen que iría más al zurrón de Vox que al del PP. Si Vox no tenía ningún escaño y ahora se acerca al PP, parece claro que de las ruinas del voto constitucional saca más Abascal que Casado, pese a que éste tenga el mejor candidato.

Los grandes fichajes del PP
Lo terrible es que parte del voto que fue naranja vuelve a ser rojo y separatista, porque así ha presentado Illa la campaña del PSC: defensor de la “nación catalana” y de liquidar la Constitución española para que nos hagan el honor de no abandonarnos, de momento. No por mucho tiempo: Iceta dijo hace cuatro años que harían falta diez para cambiar la mentalidad de los españoles. Faltan seis. En esta desesperada situación, no sabemos a quién votarán los catalanes defensores de España, pero no será sólo al PP, que además, llevando al extremo el tacticismo y el juego sucio contra sus socios, ha fichado a la número dos de Ciudadanos, Lorena Roldán, y a una señora llamada Parera, que militó en UDC, el partido separatista y corrupto de Durán i Lleida, donde defendió el referéndum de independencia para Cataluña, obviamente sólo para votantes catalanes, pero que tras la ruina de migró a Manuel Valls, el que iba a salvar a España, a Cataluña y a París.

Esas dos razones, junto al desconocimiento casi absoluto de Parera, hacen ininteligible su fichaje como número tres de la lista del PP. No sabe uno qué es más decepcionante en el PPC: ser votante o heroico militante, que a la hora de repartir cargos se ve preterido por nulidades que no tienen otro mérito que el de no haber sido del PP. A eso le llaman “ampliar la base” o “candidatura transversal”. Yo lo veo como un oportunismo suicida.

Ojalá me equivocara, y la charraná de Casado a Abascal tuviera más fruto que el de la primacía como jefe de una Oposición eunuca que sólo se opone al lento pasar de las hojas del calendario, esperando que el tiempo y el desgaste de la Izquierda le lleven cómodamente al Poder, como a Rajoy. Pero no. 2021 ha empezado como el mefítico 2020, y el apocalipsis se le da mejor a la Izquierda que a la derecha. Sobre todo, cuando se llama centro, que es como proclamarse expósito o hijo natural de Doña Maricomplejines.

Maduro tiene Twitter, pero Donald Trump no
Jorge Mestre okdiario 10 Enero 2021

El tirano caraqueño Nicolás Maduro tiene cuenta oficial en Twitter. También en Facebook. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel también está presente en ambas redes sociales. No sólo ellos. Raúl Castro, hermano del dictador, tres cuartos de lo mismo. El canal de noticias de Kim Jong Un, el dictador norcoreano, dedicado a vomitar propaganda y, por qué no decir, odio hacia EEUU mantiene activa su cuenta tuitera con más de 350.000 seguidores. Y así podríamos continuar para exponer otros ejemplos de incitadores del odio, la división y el enfrentamiento que conservan cuentas oficiales en las redes sociales.

Son los casos de Arnaldo Otegi, Carles Puigdemont o cualquiera de los golpistas catalanes de 2017 o filoetarras que a día de hoy siguen sin condenar ninguno del millar de asesinatos de ETA. Ellos son sólo una muestra de la excrecencia ideológica y totalitaria que habita en las redes sociales que, aunque uno no comparta con ellos ni siquiera una letra de su programa ideológico, su derecho a la libertad ideológica y de expresión les ampara.

Pero la libertad de expresión parece ser que es sólo para algunos. A Donald Trump, el presidente de los EEUU, le han vetado en Twitter; y en Facebook sine die. Se le considera un peligro público por incitar al odio e instigar a la violencia, sobre todo desde el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Ese fue el desencadenante último, pero hacía ya tiempo que las dos grandes corporaciones tecnológicas iban detrás del líder republicano. A Trump se le vetó hace tiempo por llamar “terroristas” a los marxistas de Antifa y Black Lives Matter. Biden hizo lo propio esta semana y llamó “terroristas” a los asaltantes de Capitolio, pero su tuit no fue censurado. YouTube advirtió también hace un mes que aquellos creadores de contenido que subieran videos para hablar de las supuestas irregularidades en las elecciones del pasado 3 de noviembre en EEUU podrían correr el riesgo de ver sus cuentas cerradas. En el caso de Trump todos sus tuits relacionados con los resultados electorales del 3 de noviembre venían con la coletilla de la red social que restaba credibilidad a sus palabras.

No es necesario que abiertamente uno tenga que decir lo que piensa del asalto al Capitolio porque el respeto constitucional es un supuesto tatuado en la concepción política de las relaciones humanas. Pero me hubiera gustado ver que todos aquellos que han vomitado odio hacia la torpeza de las palabras de Trump del pasado día 6 de enero, hubieran estado a la misma altura para abordar el golpismo catalán de Puigdemont y sus matones. No lo digo por los sectarios de la caverna de la izquierda que no lo hicieron, sino por las redes sociales que como Twitter y Facebook alentaron la farsa del ‘procés’ y no bloquearon a Puigdemont por un segundo. Al presidente de los EEUU no se le pasó por la cabeza celebrar unas elecciones paralelas fraudulentas, al estilo de las del 1-O y presentarse como el gran líder espiritual de los estadounidenses, como sí que hicieron Junqueras, Puigdemont y otros muchos.

El asalto al Capitolio fue una realidad porque, entre otros factores, los manifestantes encontraron grandes facilidades para penetrar en él. Una vez dentro no sabían qué hacer. Sólo hubo momentos para los selfies, el gamberrismo y el grotesco reality-show que todos presenciamos en directo. Cualquiera podría imaginar que ocurriría si los radicales de izquierda que quieren demoler nuestro sistema constitucional, encontrasen una puerta abierta para penetrar físicamente en nuestras instituciones. La diferencia entre España y EEUU es que nuestro país es un país tan acostumbrado desde hace dos siglos a los pronunciamientos y levantamientos que suele haber más antidisturbios que manifestantes en muchas concentraciones.

La actual situación que las redes sociales han provocado es preocupante. Se han erigido como los grandes árbitros y jueces de nuestro derecho a la libertad de expresión en un momento donde buena parte de la conversación política transcurre en Internet. El horizonte no es menos alarmante porque desde la izquierda política se quieren imponer más limitaciones a los derechos de los individuos en Internet, como es el Ministerio de la Verdad de Sánchez e Iglesias. El cinismo de las redes sociales aterroriza: combaten a quienes dicen que pisotean la democracia empleando las armas más antidemocráticas que existen, la censura y la prohibición.
Recortes de Prensa   Página Inicial