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Una fórmula maldita: Recesión, paro y deuda
Juan Ramón Rallo larazon 10 Enero 2021
Estos días se cumple el primer año de gobierno de la coalición entre
PSOE y Podemos. Se trata de un primer año marcado por la pandemia de
la COVID-19, pero que en todo caso, y a pesar de ella, también es
enjuiciable desde un punto de vista económico. Desde luego, no todo
lo malo que ha ocurrido en la economía es atribuible al Ejecutivo,
pero el Ejecutivo sí ha tomado decisiones de calado que podrían
haber sido diferentes y que habrían arrojado resultados algo mejores
a los que observamos en estos momentos. Así pues, analicemos la
trayectoria en tres frentes: evolución del PIB, del empleo y de la
deuda pública.
Producto Interior Bruto
Todavía no contamos con los datos de PIB para el conjunto de 2020,
pero lo más probable es que nos ubiquemos en una caída de alrededor
del 10%. Es decir, que en 2020 hemos dejado de producir el 10% de lo
que produjimos en 2019: unos 120.000 millones de euros perdidos. El
dato es, evidentemente, un agregado de todas las industrias, lo que
significa que algunos sectores no han experimentado perjuicio alguno
(como la agricultura) y otros se han hundido entre un 30% y un 40%
(como la hostelería). A su vez, que el PIB haya caído un 10% no
significa que se hayan generado daños irrecuperables en nuestro
tejido productivo. Del mismo modo que si una persona se toma un
trimestre sabático sus ingresos caerán durante de año un 25% con
respecto a un ejercicio habitual, que una economía se paralice
parcial y temporalmente no implica que pierda de manera definitiva
su capacidad para producir bienes y servicios. Sin embargo,
evidentemente el riesgo de que sufra pérdidas más profundas está
ahí. Puede haber compañías muy endeudadas que, al perder sus
ingresos, se vean abocadas a la quiebra; trabajadores que hayan
tenido que abandonar sus estudios y hayan perdido años de formación;
compañías que hayan dejado de invertir en acumular nuevos bienes de
capital o en reponer los existentes tras su depreciación... Las
heridas no tienen por qué ser persistentes pero podrían serlo. En
este sentido, el Gobierno ha hecho bien en proporcionar líneas de
liquidez durante los primeros meses de la pandemia (sobre todo,
durante los meses del confinamiento domiciliario) para así evitar
quiebras no relacionadas con cambios estructurales en la economía,
pero la extensión de las mismas a lo largo de todo el año (y parte
de 2021) también puede generar otro tipo de quebrantos. Por ejemplo,
la zombificación del tejido productivo (es decir, que se estén
rescatando empresas que no serán valiosas en el futuro porque su
demanda desaparezca permanentemente). Por un lado y por otro, por
consiguiente, la economía puede terminar sufriendo daños
estructurales de cara el futuro. Tardaremos como poco varios años en
recuperar el PIB perdido en 2020. No está claro cuánto tardaremos en
recuperar nuestra capacidad de crecimiento potencial.
Empleo
Durante 2020 se han perdido 360.000 afiliados a la Seguridad Social.
La cifra podrá parecer escasa, dada la magnitud de la caída del PIB
que hemos experimentado y a la que nos hemos referido con
anterioridad. A la postre, en 2009 el PIB cayó menos de la mitad y
se destruyeron más del doble de los puestos de trabajo. Sin embargo,
esta cifra es incorrecta por un doble motivo. Primero, si no
hubiésemos experimentado crisis económica alguna, se habrían creado
aproximadamente medio millón de nuevos empleos (según BBVA
Research), de modo que la destrucción neta de empleo con respecto a
nuestra evolución potencial se ubica en unos 850.000 empleos.
Segundo, y más importante, las cifras de afiliación a la Seguridad
Social están maquilladas por los ERTE y por la prestación
extraordinaria de autónomos (los cuales no trabajan pero sí están
cotizando a la Seguridad Social): ambas políticas afectan a 1,1
millones de personas. De esta manera, cabe decir que el empleo
efectivo destruido en España durante 2020 se aproxima a los 1,5
millones de personas (casi el doble que durante el peor año de la
crisis anterior) y si añadiéramos las pérdidas potenciales,
tendríamos una destrucción de 2 millones.
El daño laboral, por tanto, ha sido muy intenso y se debe
esencialmente de la caída del PIB. Sin embargo, no deberíamos obviar
cómo la legislación de nuestro mercado de trabajo, que encarece la
creación de empleos, puede haber agravado innecesariamente la
pérdida de ocupaciones. Por ejemplo, la subida del SMI ha encarecido
la contratación justo en un momento en el que faltaban incentivos
para contratar. Tan es así que el Ejecutivo, de momento, ha optado
por congelar el SMI. Pero, ¿por qué congelarlo y no recortarlo si
las subidas de 2019 y 2020 se adoptaron en un contexto previo a la
pandemia que nada tiene que ver con el actual? El Ejecutivo, y sus
políticas ideologizadas, también son responsables de la falta de
dinamismo de un mercado laboral que necesitaría de mucha más
flexibilidad y de menores costes regulatorios para recuperarse.
Deuda
Las políticas presupuestarias dirigidas a compensar parcialmente el
impacto de la crisis han tenido una influencia presupuestaria
incuestionable. La deuda pública española habrá cerrado 2020 por
encima del 120% del PIB y nuestro déficit en el entorno del 10% del
PIB. Estamos, por tanto, en zona de peligro financiero. Aunque ahora
mismo los tipos de interés estén bajos, esta situación no tiene por
qué ser permanente, de modo que urge reconducir nuestra deuda
durante los próximos años. Para ello, habrá que adoptar políticas de
ajuste presupuestario que pasarán o por subidas de impuestos o por
recortes del gasto. El Gobierno PSOE-Podemos parece claramente
preferir la primera opción. No en vano, 2021 ha arrancado con
subidas en prácticamente todas las figuras tributarias (IRPF,
Sociedades, IVA, cotizaciones sociales, Patrimonio, creación de
nuevos impuestos...). Aumentar impuestos es un camino preferible a
avanzar inconscientemente hacia la quiebra, pero debemos darnos
cuenta de que nuestra capacidad de crecimiento futuro se verá muy
seriamente mermada por tales subidas fiscales. Los impuestos
impactan negativamente sobre la actividad económica y, por tanto,
subirlos considerablemente mermará nuestro crecimiento potencial.
Teniendo en cuenta los daños que ya ha padecido la economía en 2020,
no parece lo más aconsejable, pero la ideología de la coalición
gobernante es incompatible con recortes profundos del gasto estatal
que minimicen los daños a la actividad. Habrá, pues, más impuestos.
Conclusión
En definitiva, 2020 ha terminado con una destrucción de valor
cercana a los 120.000 millones de euros, con la pérdida de 1,5
millones de empleos y con la acumulación de unos 200.000 millones de
euros en deuda pública. Nos hemos vuelto más pobres y nos hemos
hipotecado de cara el futuro, una combinación que no augura nada
bueno, en especial si las políticas económicas que se aplican sólo
sirven para profundizar en las heridas abiertas. O dicho de otro
modo, si respondemos a uno de los mayores hundimientos de nuestra
historia con más regulaciones, más subsidios y más impuestos, será
muy complicado que levantemos pronto cabeza. Necesitamos un programa
de reconstrucción que pase por la liberalización de la economía y
por el ajuste del déficit desde el lado del gasto. La pandemia no ha
sido responsabilidad de este gobierno (aunque sí su mala gestión
sanitaria). Las políticas económicas que se apliquen durante la
post-pandemia, en cambio, sí lo serán y no parece que vayan a ser
las más adecuadas.
La gran nevada del empleo público
Jesús Cacho. vozpopuli 10 Enero 2021
Hay datos capaces de desenmascarar millones de discursos con la
abrumadora realidad de lo que representan. Alejandra Olcese,
responsable de la información macroeconómica en Vozpópuli, contaba
este miércoles, 6 de enero, que el empleo público –funcionarios y
personal laboral- creció en nuestro país un 6,2% durante 2020, hasta
un total de 159.680 personas, ello según los datos de afiliación a
la Seguridad Social divulgados el martes. Una cifra que contrasta de
forma brutal con los 519.785 puestos de trabajo que perdió el sector
privado en el cómputo del año, sin contar a las 755.000 personas que
están en ERTE, de lo que cabe concluir que el año de la pandemia fue
pésimo para el empleo privado (en espera de conocer la verdadera
dimensión de la catástrofe), pero muy bueno para el público. La gran
nevada del empleo público.
La mencionada cifra de nuevos afiliados a la Seguridad Social en las
Administraciones Públicas en 2020, escribía Olcese, “deja el número
total de empleados públicos dados de alta en 2.727.047 trabajadores.
Si a estos le sumamos los 984.867 mutualistas de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), los 360.050
titulares de Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y los
58.253 de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), el número total
de empleados públicos alcanza los 4 millones en España”.
Con la Comisión Europea (CE) y el propio BCE como grandes
abanderados, las políticas fiscales expansivas se han convertido en
un catecismo de casi obligado cumplimiento a la hora de combatir los
efectos de la covid-19 en las economías de la eurozona, con la vista
puesta en salvar el mayor número de empresas de la quiebra
conteniendo en lo posible el crecimiento del paro. Ello junto a
otras ayudas directas a familias en dificultades, en lo que
podríamos calificar de auténtica “socialización” de la deuda. Porque
la contrapartida de estas políticas de gasto forzadas por las
circunstancias es el crecimiento desmesurado de la deuda pública con
todo lo que ello implica. Por eso, como ha advertido con reiteración
el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, las
susodichas políticas deben tener un horizonte temporal muy estricto,
de forma que en cuanto el crecimiento vuelva a hacerse presente el
Gobierno de turno estará en la obligación de poner en marcha un
programa de consolidación fiscal que apunte a medio plazo al control
del déficit y de la propia deuda.
Utilizar esas políticas de gasto público destinadas a preservar el
empleo para contratar más empleados públicos es hacer un pan como
unas tortas. Es enviar un pésimo mensaje a los agentes económicos, a
los mercados de capitales y, en general, a la propia sociedad.
Contratar más funcionarios no evita la suspensión de pagos de
ninguna empresa ni protege el futuro de ningún pequeño negocio
familiar. Cumple el vademécum, sí, de todos los populismos de
izquierda que en el mundo han sido, empeñados en perfilar modelos de
sociedad estatistas y apesebradas reñidos con la iniciativa privada.
El aumento citado podría tener una justificación si se tratara de la
contratación de más personal sanitario, un déficit que la covid ha
puesto de relieve para descrédito del “mejor sistema sanitario del
mundo”, pero, dando por sentado que en parte haya sido así, resulta
imposible saber cuántos de esas más de 159.000 nuevas
incorporaciones son médicos, enfermeros y demás personal sanitario,
porque cada Comunidad tiene sus datos e intentar un cómputo global
es misión casi imposible.
Muy difícil también saber cuántos de los nuevos son funcionarios
“por oposición” o pertenecen al llamado personal “eventual y
laboral”, aunque presumiblemente se ubiquen en la segunda categoría
en su gran mayoría. El número de empleados públicos se ha duplicado
en España en los últimos 20 años. La crisis de 2008 impuso dos años
de recorte del empleo público, algo que fue apenas un paréntesis
puesto que a partir de 2012 se produjo un rápido repunte hasta
cifras similares a las de 2008. Y no se trata de un problema de
exceso de tamaño. Un informe del Instituto de Estudios Económicos
efectuado en 2018 aseguraba que “el número de empleados públicos se
sitúa en un lugar intermedio entre los países desarrollados, y por
debajo de la media de la OCDE”. Lo preocupante del caso español es
la tendencia fuertemente expansiva que se viene registrando en los
últimos años, particularmente evidente en el caso de unas
Comunidades Autónomas convertidas en la única gran “empresa” capaz
de crear empleo, público por supuesto, en su respectivo territorio.
Corrupción de baja intensidad
La exaltación del amiguismo y del enchufe, básicamente familiar. Una
corrupción de baja intensidad que, sin embargo, consume importantes
recursos públicos que podrían utilizarse de forma más ventajosa para
la colectividad. Y, de hecho, la mayor parte de las contrataciones
que han tenido lugar en este 2020 se han producido en la
administración autonómica, que ha incorporado a 141.512 personas,
con aumento del 9,34%, mientras la administración central ha sumado
8.196 nuevos empleados (2,34%), y la administración local otros
9.970 (1,42%). Una realidad que pone de nuevo en evidencia la
necesidad de un reseteo profundo de nuestro Estado autonómico, con
delimitación clara de competencias exclusivas del Estado central, en
aras de la eficiencia y la mejor utilización de recursos siempre
escasos. Una reforma, dicho sea de paso, que ahora mismo suena
totalmente ilusoria, pero que la realidad de las cuentas públicas,
básicamente la deuda, terminará por imponer de una u otra forma.
Ocurre que el empleo público, imprescindible por otro lado para el
funcionamiento de las administraciones, se sufraga con impuestos y/o
con deuda, y esa carrera disparada de nuevas incorporaciones (una
realidad que corroboran los Presupuestos Generales del Estado para
el año en curso, con su generosa Oferta Pública de Empleo) supone
una amenaza cierta para el bolsillo del contribuyente y para la
estabilidad de una deuda pública sometida a todas las tensiones por
culpa de la pandemia. Caminamos hacia un modelo de sociedad
subsidiada muy del gusto de gobiernos dispuestos a asegurarse el
voto cautivo de una parte importante de la población (los citados
Presupuestos para 2021 contemplan un aumento de la inversión del
10,3% hasta un total de 239.765 millones, récord absoluto, cifra
equivalente al 21,7% del PIB), que suben las pensiones que saben que
no pueden subir en la actual coyuntura y que suben también el sueldo
de los funcionarios aun con menor motivo, pero que a última hora
frenan la subida del SMI para caer en una más de las contradicciones
propias de un Ejecutivo técnicamente pobre e ideológicamente reñido
con el verdadero progreso.
Como ya han apuntado no pocas voces, sería necesaria la realización
de una auditoría integral del personal de las Administraciones
públicas, a realizar por autoridad independiente, con evaluación de
puestos y funciones para ajustar la retribución a la productividad
(tan difícil de medir, sí) de cada uno. ¿Realmente necesitan las
Comunidades Autónomas esas casi 160.000 nuevas incorporaciones
efectuadas en año tan dramático como el pasado? ¿Con qué criterios
de selección? ¿Qué necesidades cubren? Auditar para rediseñar un
sector público más eficiente y productivo, como haría cualquier
empresa privada. Y para acabar con no pocas incongruencias y
rigideces.
El bajo índice de cualificación relativa de los puestos de trabajo
del sector público, por ejemplo. Los puestos para los que no se
exige titulación superior en la AGE rondan el 70%, lo que no es
obstáculo para que España tenga uno de los porcentajes más elevados
de empleados públicos con titulación universitaria, un caso evidente
de desperdicio de talento. O que la retribución del segmento de
personal menos cualificado sea comparativamente superior a las
categorías de alta cualificación o los puestos de carácter
directivo, desequilibrio que se acentuó con los recortes llevados a
cabo durante la crisis. Urge, en fin, dotar a las Administraciones
de una ley de directivos públicos que garantice la profesionalidad e
idoneidad de los cargos de alta dirección y que evite la ocupación,
y consiguiente politización, por los partidos políticos, alejando la
provisión de estos cargos del ciclo electoral. Por desgracia, nada
se hará hasta que estemos con el agua al cuello. Mientras tanto,
seguiremos creando empleo público al gusto de este Gobierno inane.
España lidera el desempleo de la UE y el
30% de las empresas están al borde de la quiebra
Francisco Coll Morales es economista y coordinador del servicio de
estudios de la Fundación Civismo.
Francisco Coll Morales okdiario 10 Enero 2021
La economía española, atendiendo a las últimas estadísticas que ha
hecho públicas la oficina estadística europea, Eurostat, acusa una
fuerte destrucción de capacidad productiva, en contraste con el
resto de los países miembros de la Unión Europea.
Así pues, la tasa de paro que presenta el país está en claro ascenso
y se sitúa por encima del 16%; muy por encima de la tasa de paro que
muestran otras economías como Alemania u Holanda.
Pese al menor acoplamiento en la destrucción de empleo y la caída
registrada en el PIB, el comportamiento procíclico que caracteriza a
nuestra economía nos lleva a, con casi 400.000 empleos destruidos,
registrar la mayor destrucción de empleo de todo el bloque
comunitario.
En estos momentos, y si hiciésemos la medición al estilo americano,
la tasa de paro que presentaría el país, teniendo en cuenta los
afectados por ERTE, así como por cese de actividad, sería del 21,5%.
Esta es la tasa de paro efectiva que, según Fedea, mostraría nuestro
país, de computarse todas las personas que en estos momentos no se
encuentran trabajando.
Como vemos, una tasa de paro muy resaltable, especialmente si
tenemos en cuenta que, incluso sin contabilizar a estos más de
700.000 trabajadores que se encuentran en ERTE, así como a los que
han solicitado el cese de actividad, y con un 16,4% de tasa de paro
registrada, España ya se posiciona a la cabeza como el país con la
tasa de paro más elevada de todo el bloque.
España tardará años en recuperar el 100% que se ha perdido por la
crisis del coronavirus. No hay que olvidar que el 30% de las
empresas nacionales se encuentra en situación de quiebra. Todo ello,
en adición a otros indicadores que, como los beneficios
empresariales, han caído cerca de un 70% en este ejercicio. Si
tenemos en cuenta que sin empresa no hay empleo, el dato de paro,
cuando la situación vuelva a la normalidad y atendiendo a las
principales previsiones que realiza el banco central, podría
elevarse hasta superar el 20%.
Eurostat también sitúa a la economía española a la cabeza en materia
de desempleo juvenil. Ni Grecia, siendo el país que encabezaba dicho
ranking en años pasados, presenta unos datos tan pesimistas como los
que muestra hoy el mercado laboral español en materia juvenil. Así
pues, hablamos de una tasa de paro juvenil que supera ya el 40%,
superando ampliamente las distintas tasas que, en su contraste,
presentan otras economías homólogas.
Como vemos, y al igual que ocurría en 2008, la factura que deja el
COVID a la economía española no es pequeña, precisamente. Ese peor
comportamiento que nos caracteriza, así como la menor capacidad para
aplicar políticas contracíclicas por ese diminuto fondo de maniobra,
producto del derroche que también nos ha caracterizado años atrás,
nos lleva a una situación en la que recuperar la economía se torna
más complicado que para otros países europeos.
A la factura del COVID, debemos sumarle que España entraba en esta
crisis con una tasa de paro estructural que ya se situaba en el 14%,
así como una tasa de paro juvenil que ascendía por encima del 30%;
todo ello, en adición a un tejido empresarial muy vulnerable y
zoombificado. Por esta razón, esta mayor destrucción no supone un
deterioro, sino un ensanchamiento de unas debilidades estructurales
de las que adolece nuestra economía.
Esto se debe, en parte, al vulnerable tejido empresarial con el que
cuenta nuestra economía, así como el hecho de que hablamos de un
país en el que el 99,9% de su tejido empresarial se compone de
pymes, así como empresas con mayor grado de vulnerabilidad ante una
posible situación de crisis. Si a esto le añadimos que el 99% de las
empresas destruidas por la crisis son pymes, así como el hecho de
que España, con un mayor número de pymes que otros países europeos,
presenta mucho más empleo ligado a esta tipología de empresa, ese
carácter procíclico que tanto caracteriza a nuestra economía, y que
nos lleva a destruir más empleo que otros países, encuentra una
parte de su explicación en este análisis.
Hablamos de un país que, en cada crisis que atraviesa, se deja un
gran número de empleos, así como un gran número de empresas. Esto,
como decíamos, no es más que el producto de contar con debilidades
estructurales que, por motivos políticos, no terminan de
solventarse. Por esta razón, de no aplicar esas conocidas reformas
que -como la flexibilidad que han supuesto los ERTEs para las
empresas– tanto precisa nuestra economía, el titular que hoy
encabeza este artículo se repetirá en cada crisis que,
independientemente del motivo, atraviese nuestra (debilitada)
economía.
Una coalición para someter a España
Editorial ABC 10 Enero 2021
Ni siquiera la magnitud sin precedentes de la crisis provocada por
el Covid-19, aún por determinar en daños personales y económicos, ha
podido evitar que el Gobierno lleve a la práctica el dogmatismo que
marcó su nacimiento, hace ahora un año. El sometimiento de los
poderes del Estado, la devaluación de las Cortes, los ataques y
desprecios a la Corona y los jueces, el adoctrinamiento en las
aulas, la imposición de la ideología de género, la primacía de la
propaganda y la ocultación y la cesión constante a los enemigos
declarados del Estado de Derecho han marcado los primeros doce meses
de un Ejecutivo cuya primera tarea ha sido incidir en la división de
la sociedad española, justo cuando más unida debía estar para
superar la crisis a la que se enfrenta. El primer año del Gobierno
de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, coaligados por puro interés
personal, no general, es el anticipo de un proyecto de
transformación y disgregación que no se detiene ante la peor crisis
del último siglo.
Donald Trump se convierte en un símbolo de
resistencia global frente al totalitarismo neocomunista
Raúl González Zorrilla. Director de La Tribuna del País Vasco 10 Enero 2021
Tras las elecciones presidenciales, Estados Unidos, como también lo
está haciendo el resto de Occidente, ha estallado en una gran guerra
cultural entre el consenso socialdemócrata y neocomunista global que
tan bien representan Joe Biden y Kamala Harris y la nueva derecha
identitaria y neoconservadora que tanto ha brillado de la mano de
Donald Trump.
Que Donald Trump, por segunda vez consecutiva, haya conseguido
reunir en torno suyo a prácticamente la mitad de los votantes
estadounidenses revela que a pesar de lo que llevan repitiendo hasta
la maledicencia los grandes medios de comunicación del sistema,
repletos de periodistas, analistas, presentadores, editores y
empresarios idiotas convertidos en activistas fanáticos de la
extrema-izquierda, existe ahí fuera todo un mundo identitario y
conservador, firmemente comprometido en mantener los principios y
valores políticos, sociales y éticos tradicionales y que se opone
cada vez con más fuerza a los cambios radicales propuestos por el
nuevo comunismo globalista que, como pudo observarse ayer, está
incendiando el mundo con el entusiasmo de algunos, la satisfacción
de muchos y la indiferencia cómplice de casi todos.
Los millones de votos conseguidos por Donald Trump frente a todo y
contra todos, más los que posiblemente le han sido robados por el
entramado izquierdista a las órdenes del PCCh (Partido Comunista
chino), representan los estandartes erguidos de la familia
tradicional, de quienes se oponen al aborto, de los hombres y
mujeres que confían únicamente en su esfuerzo personal para
conquistar el futuro, de quienes defienden los valores tradicionales
que han conformado la gran civilización occidental que muchos desean
derribar, de los agricultores, de los millones de inmigrantes
orgullosos de sentirse norteamericanos, con todo lo que ello
representa; y sí, son también la bandera de la población negra, del
gran movimiento latino, de las fuertes minorías asiáticas, de
quienes aman la libertad y de quienes a pesar de todo aún creen en
el sentido común de nuestros ancestros, que hoy es el menos común de
los sentidos. Junto a Trump se arremolinan hombres y mujeres de
todas las creencias que reivindican que el derecho a la defensa y la
seguridad ha de seguir siendo un derecho fundamental, que defienden
el capitalismo clásico frente a la volátil especulación financiera
posmoderna, el Gobierno de Taiwan, los hombres y mujeres de Hong
Kong, las democracias latinoamericanas, la Policía norteamericana
tan vilipendiada en los últimos meses, los trabajadores autónomos y
las pequeñas empresas, la gente libre, la tan escasa prensa libre,
los creadores libres, los científicos independientes y no
adoctrinados, la nueva derecha global, quienes protegen la cultura y
no la cancelan, los que se parten la espalda para defender
orgullosos el mundo que crearon sus abuelos, quienes aún creen que
los hombres tienen pene y las niñas vagina, los políticamente
incorrectos y sí, la gente de la calle simplemente decente que
solamente desea llevar una vida digna, formar a sus hijos sin que
éstos sean aleccionados por el Estado, trabajar y poderse tomar un
café con la persona de su vida en un entorno seguro…
Es esta gente sencilla la que, efectivamente, tal y como se ha visto
está llamando a la resistencia porque ve con desconcierto, con pavor
y con incredulidad los inmensos nubarrones totalitarios que se
avecinan al otro lado de las trincheras, cubriendo los páramos
devastados por donde cabalgan amorosamente, en unánime y sospechoso
abrazo colectivo, el dúo Biden-Harris, los terroristas 'Antifa', los
Black Lives Matter, el MeeToo, el obtuso consenso socialdemócrata
europeo, George Soros y los Silicon Boys, los grandes medios de
desinformación del sistema a quienes ya nadie hace caso, las
celebrities más imbéciles que Hollywood y las universidades
ridículamente sumisas al ritmo políticamente correcto marcado por
los nuevos marxistas bolivarianos y el Islam político infiltrado en
nuestras instituciones y la extrema-izquierda camuflada de
terciopelo. Y el nihilismo burdo y global de las élites
empresariales y financieras para quienes no existen ciudadanos que
desean reconocer sus ciudades sin miedo, ni patrias que han de
defenderse con fronteras y ejércitos, ni un pasado que nos hace
grandes ni un espíritu y una ideas que nos han forjado como somos
sino solo consumidores apátridas e intercambiables cuyas vidas
únicamente valen lo que valen sus datos, sus tarjetas de crédito y
su capacidad infinita para pagar impuestos con los que se se
mantienen los caprichos multiculturales de los poderosos y de sus
bufones mediáticos.
Donald Trump no será nuevamente presidente de EE.UU, pero, a pesar
de lo que cacareen los portavoces neocomunistas de las élites, ha
pasado ya a convertirse en una bandera y en un símbolo: será el gran
comandante ideológico y cultural de quienes defienden un puñado de
certezas básicas e inamovibles: que los valores sobre los que se
levantó nuestra civilización occidental son superiores a
cualesquiera otros que nos quieran imponer; el convencimiento de que
libertad y seguridad no son caras diferentes de una misma moneda
sino condiciones previas sin las que todo lo demás no existe; la
reivindicación de la grandeza y de la historia de nuestras patrias;
la oposición radical a que se utilice política y económicamente a la
inmigración ilegal como caballo de Troya para alentar el reemplazo
de las poblaciones originales y de los valores morales y
espirituales de éstas; el convencimiento de que el gran proyecto
civilizatorio occidental no puede ser entendido sin dos milenios de
tradición cristiana; la oposición radical al totalitarismo comunista
y al totalitarismo islamista y, sobre todo, la creencia firme de que
América, y Occidente, deben ser grandes otra vez.
Apple Store, Google y Amazon impiden
descargar Parler, el «Twitter» de los simpatizantes de Trump
La plataforma se basa en la falta de moderación de los contenidos,
lo que ha llevado a que se utilice para difundir teorías de la
conspiración u otros fines como el asalto al Capitolio
EP ABC 10 Enero 2021
Parler, la red social que utilizan los simpatizantes de Trump, ha
sido borrada de la Apple Store este sábado, mientras que Amazon Web
Services (AWS) ha anunciado que dejará de alojar sus servidores a
partir del lunes.
Esta nueva plataforma se basa en la falta de moderación de los
contenidos, lo que ha llevado a que se utilice para difundir teorías
de la conspiración u otros fines como el asalto al Capitolio de
Estados Unidos del pasado miércoles.
Este viernes, Google fue la primera gran plataforma en quitar la
aplicación de su tienda por la falta de una política de moderación
en las publicaciones, lo que incumplía sus términos de servicio, ya
que demasiados mensajes incitaban «al odio y la violencia» según
«The New York Times».
Por los mismos motivos, Apple dio 24 horas a la plataforma para
realizar cambios en su política antes de suspenderla.
La última en unirse a esta serie de reveses ha sido AWS, el servicio
de alojamiento web de la compañía de Jeff Bezos, que ha anunciado
que dejará de alojar los servidores de la red social cuando pase la
media noche de este domingo. Amazon ha subrayado que ha enviado 98
ejemplos de contenidos que incitaban a la violencia y no habían sido
borrados a la red soceial.
Ahora, Parler deberá encontrar otro servicio de alojamiento web en
ese lapso de tiempo o la aplicación dejará de funcionar.
Acusaciones de doble criterio
El presidente ejecutivo de la compañía, John Matze, ha acusado a las
grandes tecnologías de «querer matar a la competición» y ha
asegurado que tiene «mucho trabajo para asegurarse que los datos de
todo el mundo no son borrados de Internet en las próximas 24 horas».
«Parece un doble criterio injusto ya que todas las otras redes
sociales tienen los mismos problemas, incluso probablemente a una
escala mayor», se ha quejado Matze.
El borrado de las principales tiendas de aplicaciones de Parler es
el último de una serie de acciones que las grandes tecnológicas han
realizado para eliminar los mensajes y cuentas cercanas al
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que inciten a la
violencia.
El viernes, Reddit y Discord borraron varias comunidades de este
tipo, mientras que Twitter suspendió de manera definitiva la cuenta
del presidente y la de su campaña en un movimiento que ha reavivado
el debate sobre el poder de las plataformas sobre el debate público.
La red social de moda: los referentes de la
derecha emigran a Parler por la censura de Twitter
M.A. Ruiz Coll okdiario 10 Enero 2021
La batalla cultural se libra en las redes sociales. La decisión de
Twitter de censurar y finalmente eliminar el perfil de Donald Trump
ha provocado un auténtico boom de Parler, la red social de moda en
la que muchos desengañados buscan libertad.
Las grandes plataformas de Internet como Twitter, Facebook, Youtube
e Instagram eliminaron el jueves la cuenta oficial de Donald Trump,
por considerarle el principal instigador de los graves disturbios
que culminaron con el asalto al Capitolio, cuando se celebraba la
sesión conjunta del Congreso y el Senado para certificar la victoria
electoral de su rival, el demócrata Joe Biden.
Aunque hacía ya varias semanas que casi todos los mensajes de Trump
aparecían identificados como «potencialmente engañosos» en Twitter,
una red social que censura de forma discrecional miles de cuentas en
función de sus posicionamientos ideológicos.
Junto a otros referentes del Partido Republicano, como el senador
por el Estado de Texas Ted Cruz y el ex alcalde de Nueva York Rudy
Giuliani, Trump ha anunciado que seguirá siendo activo en otras
redes sociales como Parler («hablar», en francés) y Gab, cuyas
normas de moderación son mucho menos estrictas.
Y tras ellos, lo hacen ahora numerosos referentes de la derecha
española como el ex portavoz de Ciudadanos (Cs) Juan Carlos Girauta,
el líder de Cs en la Comunidad Valenciana Toni Cantó o la diputada
del PP por el País Vasco Bea Fanjul, hartos de la censura en
Twitter.
También el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha invitado a sus
seguidores a trasladarse a Parler en busca de un ambiente más
respirable. Este éxodo ya tiene nombre: el Twexit, que describe la
fuga de usuarios de Twitter emulando el Brexit.
La red de microbbloging Parler fue creada en agosto de 2018 por los
alumnos de Informática de la Universidad de Denver John Matze y
Jared Thomson. Aunque con un diseño más rudimentario, su estética y
funcionamiento es muy similar al de Twitter: en lugar de retuitear
se hace «echo» («eco», en inglés) y se vota a los mensajes
favoritos, en vez de darle «me gusta».
La plataforma también incluye una función de mensajería directa para
que sus usuarios puedan comunicarse en privado. El usuario de Parler
puede conocer además cuántas personas han leído cada uno de sus
mensajes. Cualquier usuario puede verificar su cuenta, que a partir
de ese momento aparecerá identificada con una insignia roja,
mientras que las personalidades públicas se reconocen mediante una
insignia dorada. Las cuentas parodia aparecen identificadas con una
insignia morada.
Las normas de moderación de Parler se basan en los criterios de la
Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos: sólo
censura los mensajes que incluyen pornografía o hacen apología del
consumo de drogas o del terrorismo, entre otros supuestos.
Ocho millones de usuarios
Desde su nacimiento, Parler ha experimentado un crecimiento
exponencial: en dos años y medio, ya supera los ocho millones de
usuarios, si bien se encuentra aún muy lejos de los 175 millones de
usuarios activos de Twitter y los más de 2.400 millones de Facebook.
Aunque presume de ser un oasis de libertad, tampoco Parler se libra
de la censura. En las últimas horas, tanto Google Play como Apple
han anunciado que retirarán de su tienda virtual la aplicación de
Parler si no revise sus criterios de moderación de los mensajes,
para evitar consignas de índole racista o que alimentan el discurso
del odio. No obstante, es posible abrirse una cuenta de usuario
desde la propia web de la compañía, Parler.com.
Algunos medios han presentado a Parler como «la red social de la
extrema derecha», ya que no sólo se ha convertido en el refugio de
los seguidores de Trump y Bolsonaro, sino también en la red favorita
de los aficionados a todo tipo de teorías conspiranoicas. Y aquí se
enfrenta a una de sus principales debilidades: perderá el atractivo
del debate y la discusión, si se reduce la pluralidad de sus
usuarios.
La decisión de Twitter y Facebook de eliminar la cuenta de Donald
Trump ha abierto el debate sobre la conveniencia de que las grandes
plataformas privadas de internet puedan censurar incluso al propio
presidente de Estados Unidos, que ha mantenido siempre una difícil
relación con estas redes sociales por sus explosivos mensajes.
Twitter nunca ha censurado, en cambio, las cuentas de dictadores
como el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, o el de Cuba, Nicolás
Maduro. Parler ha aprovechado la polémica para presentarse como un
paraíso de libertad.
«Somos una plaza comunitaria, una plaza abierta, sin censura… Si
puedes decirlo en la calle de Nueva York, puedes decirlo en Parler»,
ha presumido el director ejecutivo de Parler, John Matze. Muchos
desencantados con las redes sociales tradicionales comienzan a
explorar ahora este camino. Entre otras novedades, la compañía se
planeta ahora incluir publicidad y contenidos patrocinados en la
plataforma, para ampliar sus vías de financiación.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Un Gobierno contra la mitad de España
Editorial larazon 10 Enero 2021
Si algo ha caracterizado al Gobierno que preside desde hace un año
Pedro Sánchez es su propio origen, los partidos que lo forman y la
alianza que lo sostiene: todos y cada uno de ellos comparten el
objetivo de liquidar la Constitución de 1978. Esta es la anomalía,
aunque este Gobierno lo presente como la «primera coalición de
izquierdas desde la República», como si fuera un valor en sí mismo.
Visto el resultado, no es una garantía ni de eficacia en la
administración de los asuntos públicos, ni, sobre todo, en situar a
España en la centralidad política, lo que supone ser el Gobierno de
todos los españoles. Muy al contrario, la vida política se ha
radicalizado, polarizada por la irrupción en un primer plano de los
partidos políticos que abiertamente han querido destruir la
legalidad democrática, con EH Bildu y ERC con un insidioso papel
estelar, y rotos los grandes pactos nacionales.
En torno al PSOE se formó una alianza que consiguió sacar adelante
una moción de censura en la que pocos creían porque nadie se
imaginaba que Sánchez pudiese llegar a apoyarse en enemigos
declarados de la unidad territorial, la Monarquía parlamentaria y
los consensos básicos que han permitido el desarrollo de una
democracia liberal plena. Sánchez recibió el encargo de formar
Gobierno ante la dejadez política de partidos como Cs y del mismo
socialismo español, que deberían haber forzado otra solución y, en
todo caso, impedir que el Rey hubiese sobrepasado sus atribuciones
constitucionales.
Este es el marco político construido y el propio Ejecutivo es un
reflejo claro: un total de 23 ministros para dar cabida a las cuotas
acordadas con Pablo Iglesias, que han resultado ser ministerios que
han desdoblado sus funciones. Todo ha quedado aparcado por la crisis
abierta por la pandemia del coronavirus, un mal sobrevenido del que,
de entrada, no se puede responsabilizar al Gobierno, pero sí la
manera de afrontarlo, con más de 50.000 muertos oficiales y unos
80.000 –según el INE –, y pese a ello una desmedida preocupación por
el marketing político.
Leyes tan ideológicas como la de Educación y la de Eutanasia han
salido sin un debate serio, en contra de una parte de los
ciudadanos. La ayudas europeas que permitirán relanzar la economía
con proyectos, se supone, estratégicos a largo plazo, han quedado
encapsuladas por La Moncloa, sin la posibilidad de sellar un gran
acuerdo nacional en el que el primer partido de la oposición ocupe
un lugar destacado. No es el mejor gobierno para un momento tan
complicado, pero Sánchez ha optado con mantener a su vicepresidente
segundo, a pesar de que su mayor preocupación no ha sido la salud
pública ni afrontar la crisis económica en la que estamos entrando,
sino desestabilizar el «régimen del 78». Su gran logro político es
indultar a los que, condenados por sedición, intentaron acabar con
la Constitución, hecho que ahondará aún más la división en la
sociedad española.
La pasmosa estrategia del PP después de
Trump
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 10 Enero 2021
Con pocas horas de diferencia, el representante del PP vasco Borja
Corominas y la diputada comunista de Madrid Isabel Serra, condenada
por agredir a una policía, coincidieron en identificar a Abascal con
los grotescos seguidores de Trump que han brindado a la izquierda
norteamericana el mejor regalo imaginable: invadir el Capitolio
dejando varios muertos y convirtiendo la indignación de 75 millones
de norteamericanos que piensan que el establishment político,
mediático y judicial ha robado las elecciones, en un esperpento
resumido en dos imágenes: un idiota pintarrajeado con cuernos y un
imbécil robando el atril de Nancy Pelosi. Caricatura perfecta.
Todos los defectos de Trump se conjugaron para enmascarar todas las
trampas de Biden. Cometió la criminal estupidez de sacar a la calle
a una multitud sin saber para qué. Y no para asaltar las
instituciones, como dicen los progres y los comunistas, sino para
regalárselas a sus enemigos. Desacreditó una causa noble, convirtió
a los defensores de la democracia que pedían unas elecciones limpias
en sus aparentes verdugos, destrozó la lucha ideológica contra el
consenso izquierdista y dejó a sus seguidores a la altura de un
ególatra que no sabe perder en vez de alguien que defiende el
derecho de la ciudadanía a no pensar y votar lo que diga Mark
Zuckerberg. Por cierto, un tirano de nuevo cuño al que Trump ha
permitido retratarse.
¿Quiere Casado romper con Vox?
Pero Trump ya es pasado. El PP y Vox son presente. Por eso tiene
importancia la identificación de Vox y Podemos con el cadáver de
Trump. Si no conociéramos la obediencia perruna del político
profesional, hija del hambre canina del que cae en desgracia ante el
aparato del partido y no entra en ninguna lista, cabría pensar que
el incógnito vascongado critica la política de pactos de Casado con
Vox, gracias a la que gobierna las dos instituciones que más apetece
la Izquierda: la comunidad de Madrid y la de Andalucía, amén de
muchas alcaldías de importancia. Pero como este Borja nunca ha sido
nada y su partido apenas existe en su región, parece un alarde de
apoyo a la línea oficial más que una posición independiente, como la
del jefe de las juventudes del PSOE vasco, que critica los pactos
con Bildu.
Si Corominas no aspirase a Corimonas, léase corifeo de Génova 13,
debería pedir la ruptura de todos los gobiernos del PP con el apoyo
de Vox, porque gobernar con “la mierda” no es higiénico ni ético.
Pero Corimonas o Corominas no aparece, como recordaba ayer Javier
Somalo, en el vídeo en que el joven Abascal, junto a Carlos Urquijo,
defiende valerosamente la causa de España y la Libertad frente a la
jauría etarra en Llodio, cuando el que ahora lo insulta era un
zigoto entusiasta o una inconcreción genética. Se le ve tan joven,
ignorante o desmemoriado, que muy probablemente desconoce que el
término “la misma mierda” es un americanismo que usó por primera vez
Felipe González contra Aznar y Julio Anguita en los años de la
“pinza” PP-IU contra la corrupción socialista y los crímenes del
GAL. La unidad de pensamiento resumida en un tuit no permite mucha
sabiduría ni matices. Pero la corimonada es tan fiel a la línea del
PP contra Vox que nos obliga a pensar en el sentido y los fines de
esta estrategia en el futuro de la derecha, que es el de la
resistencia frente al proyecto socialcomunista.
Las encuestas engañosas
Uno de los periódicos que más ha aplaudido la estrategia de Casado
de atacar a Vox, aunque condenara por mendaz e innecesario su ataque
personal a Abascal, publicaba esta semana una encuesta en la que,
según titulaba, los votantes del PP aplaudían la ruptura y la
respaldaban. Cuando uno se acercaba a los números resultaba que “los
votantes del PP” eran poco más de la mitad, el 54% por ciento. Más
de un tercio estaba en contra y con los que no sabían o no
contestaban, el saldo era que casi la mitad no estaba de acuerdo.
Peor aún: Casado tenía el menor apoyo en los votantes del PP de
todos los líderes entre los de sus partidos: poco más de la mitad.
Otra encuesta de otro medio con pareja inclinación daba otro dato
interesante. La fluctuación del voto seguía produciéndose dentro de
los dos bloques PP-Vox-Cs o PSOE-UP. Pero mientras el voto de Vox
migraba al PP en torno al 2%, el voto del PP que se iba a Vox estaba
en torno al 10%. Luego, si Casado tiene menos apoyo que antes entre
los votantes del PP y, si no se produce una migración del voto de
Abascal al PP, sino al revés, no veo por ninguna parte el éxito de
la estrategia del aparato pepero. Tendrán muchos medios favorables,
pero pierden votos y no gana prestigio el líder.
Las tenebrosas elecciones catalanas
Pero lo que más retrata el oportunismo casadista o teodorino de esta
táctica anti-Vox y lo que más deja en evidencia a los corimonas y
marotos que la jalean es que el PP está repitiendo con Ciudadanos la
misma táctica de tierra quemada que ha emprendido contra Vox. Y lo
ha hecho ante unas elecciones, las catalanas, en las que la causa de
la Nación y la Constitución aparecen con una pavorosa debilidad, por
el hundimiento del partido que fue de Rivera y cuyas ruinas gestiona
ahora, como puede, Inés Arrimadas.
Es decir, que Casado no insultó a Abascal y anunció la muerte de su
partido por razones ideológicas, ya que ahora está haciendo con Cs,
que se sitúa a su izquierda, lo mismo que con Vox, que se sitúa a su
derecha. Esto coloca aquel irrintzi centrista que entusiasma a los
jóvenes corimonas a un nivel ajeno a cualquier razón ética y cuya
única justificación sería el éxito.
¿Y es previsible que tenga éxito la destrucción anunciada contra Vox
y la absorción promovida contra Cs? ¿Puede salir de la destrucción
de esos dos partidos, a izquierda y derecha del PP, un reforzamiento
de la Derecha? ¿Es más creíble y más cercana una alternativa al
proyecto social-comunista y separatista, que avanza a toda
velocidad? ¿Anuncian las encuestas una migración masiva de los votos
de Vox y Cs al partido de Casado? Porque, insisto, sólo eso
blanquearía, por la elocuencia del resultado, una estrategia que a
muchos nos pareció innoble y que depreciaba el liderazgo de Casado.
Y hasta ahora no hay una sola señal, aparte del apoyo de periodistas
que no votan ni apoyan a la Derecha, de que la supuesta agrupación
del voto “a la derecha de la izquierda”, que Casado decía buscar,
antes de dejarse barba, se esté produciendo en torno a su partido o
a su persona. Vox se mantiene, más o menos al alza, y Cs sigue
igual, más o menos a la baja. Ni sube el voto del bloque de Derecha
ni el gran enemigo de Casado, que desde hace algunos meses es
Abascal, muestra síntomas de debilidad.
Es lógico: Vox tiene un voto que no ha sido nunca del PP -gracias a
eso se logró una mayoría inédita en Andalucía- o que no volverá al
PP, sobre todo por los ataques diarios de sus gerifaltes y
corimonas, hasta el insulto peor: compararlos con Podemos. En cuanto
a Ciudadanos, está por ver hacia dónde migrará su voto, pero las
encuestas catalanas predicen que iría más al zurrón de Vox que al
del PP. Si Vox no tenía ningún escaño y ahora se acerca al PP,
parece claro que de las ruinas del voto constitucional saca más
Abascal que Casado, pese a que éste tenga el mejor candidato.
Los grandes fichajes del PP
Lo terrible es que parte del voto que fue naranja vuelve a ser rojo
y separatista, porque así ha presentado Illa la campaña del PSC:
defensor de la “nación catalana” y de liquidar la Constitución
española para que nos hagan el honor de no abandonarnos, de momento.
No por mucho tiempo: Iceta dijo hace cuatro años que harían falta
diez para cambiar la mentalidad de los españoles. Faltan seis. En
esta desesperada situación, no sabemos a quién votarán los catalanes
defensores de España, pero no será sólo al PP, que además, llevando
al extremo el tacticismo y el juego sucio contra sus socios, ha
fichado a la número dos de Ciudadanos, Lorena Roldán, y a una señora
llamada Parera, que militó en UDC, el partido separatista y corrupto
de Durán i Lleida, donde defendió el referéndum de independencia
para Cataluña, obviamente sólo para votantes catalanes, pero que
tras la ruina de migró a Manuel Valls, el que iba a salvar a España,
a Cataluña y a París.
Esas dos razones, junto al desconocimiento casi absoluto de Parera,
hacen ininteligible su fichaje como número tres de la lista del PP.
No sabe uno qué es más decepcionante en el PPC: ser votante o
heroico militante, que a la hora de repartir cargos se ve preterido
por nulidades que no tienen otro mérito que el de no haber sido del
PP. A eso le llaman “ampliar la base” o “candidatura transversal”.
Yo lo veo como un oportunismo suicida.
Ojalá me equivocara, y la charraná de Casado a Abascal tuviera más
fruto que el de la primacía como jefe de una Oposición eunuca que
sólo se opone al lento pasar de las hojas del calendario, esperando
que el tiempo y el desgaste de la Izquierda le lleven cómodamente al
Poder, como a Rajoy. Pero no. 2021 ha empezado como el mefítico
2020, y el apocalipsis se le da mejor a la Izquierda que a la
derecha. Sobre todo, cuando se llama centro, que es como proclamarse
expósito o hijo natural de Doña Maricomplejines.
Maduro tiene Twitter, pero Donald Trump no
Jorge Mestre okdiario 10 Enero 2021
El tirano caraqueño Nicolás Maduro tiene cuenta oficial en Twitter.
También en Facebook. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel también
está presente en ambas redes sociales. No sólo ellos. Raúl Castro,
hermano del dictador, tres cuartos de lo mismo. El canal de noticias
de Kim Jong Un, el dictador norcoreano, dedicado a vomitar
propaganda y, por qué no decir, odio hacia EEUU mantiene activa su
cuenta tuitera con más de 350.000 seguidores. Y así podríamos
continuar para exponer otros ejemplos de incitadores del odio, la
división y el enfrentamiento que conservan cuentas oficiales en las
redes sociales.
Son los casos de Arnaldo Otegi, Carles Puigdemont o cualquiera de
los golpistas catalanes de 2017 o filoetarras que a día de hoy
siguen sin condenar ninguno del millar de asesinatos de ETA. Ellos
son sólo una muestra de la excrecencia ideológica y totalitaria que
habita en las redes sociales que, aunque uno no comparta con ellos
ni siquiera una letra de su programa ideológico, su derecho a la
libertad ideológica y de expresión les ampara.
Pero la libertad de expresión parece ser que es sólo para algunos. A
Donald Trump, el presidente de los EEUU, le han vetado en Twitter; y
en Facebook sine die. Se le considera un peligro público por incitar
al odio e instigar a la violencia, sobre todo desde el asalto al
Capitolio del pasado 6 de enero. Ese fue el desencadenante último,
pero hacía ya tiempo que las dos grandes corporaciones tecnológicas
iban detrás del líder republicano. A Trump se le vetó hace tiempo
por llamar “terroristas” a los marxistas de Antifa y Black Lives
Matter. Biden hizo lo propio esta semana y llamó “terroristas” a los
asaltantes de Capitolio, pero su tuit no fue censurado. YouTube
advirtió también hace un mes que aquellos creadores de contenido que
subieran videos para hablar de las supuestas irregularidades en las
elecciones del pasado 3 de noviembre en EEUU podrían correr el
riesgo de ver sus cuentas cerradas. En el caso de Trump todos sus
tuits relacionados con los resultados electorales del 3 de noviembre
venían con la coletilla de la red social que restaba credibilidad a
sus palabras.
No es necesario que abiertamente uno tenga que decir lo que piensa
del asalto al Capitolio porque el respeto constitucional es un
supuesto tatuado en la concepción política de las relaciones
humanas. Pero me hubiera gustado ver que todos aquellos que han
vomitado odio hacia la torpeza de las palabras de Trump del pasado
día 6 de enero, hubieran estado a la misma altura para abordar el
golpismo catalán de Puigdemont y sus matones. No lo digo por los
sectarios de la caverna de la izquierda que no lo hicieron, sino por
las redes sociales que como Twitter y Facebook alentaron la farsa
del ‘procés’ y no bloquearon a Puigdemont por un segundo. Al
presidente de los EEUU no se le pasó por la cabeza celebrar unas
elecciones paralelas fraudulentas, al estilo de las del 1-O y
presentarse como el gran líder espiritual de los estadounidenses,
como sí que hicieron Junqueras, Puigdemont y otros muchos.
El asalto al Capitolio fue una realidad porque, entre otros
factores, los manifestantes encontraron grandes facilidades para
penetrar en él. Una vez dentro no sabían qué hacer. Sólo hubo
momentos para los selfies, el gamberrismo y el grotesco reality-show
que todos presenciamos en directo. Cualquiera podría imaginar que
ocurriría si los radicales de izquierda que quieren demoler nuestro
sistema constitucional, encontrasen una puerta abierta para penetrar
físicamente en nuestras instituciones. La diferencia entre España y
EEUU es que nuestro país es un país tan acostumbrado desde hace dos
siglos a los pronunciamientos y levantamientos que suele haber más
antidisturbios que manifestantes en muchas concentraciones.
La actual situación que las redes sociales han provocado es
preocupante. Se han erigido como los grandes árbitros y jueces de
nuestro derecho a la libertad de expresión en un momento donde buena
parte de la conversación política transcurre en Internet. El
horizonte no es menos alarmante porque desde la izquierda política
se quieren imponer más limitaciones a los derechos de los individuos
en Internet, como es el Ministerio de la Verdad de Sánchez e
Iglesias. El cinismo de las redes sociales aterroriza: combaten a
quienes dicen que pisotean la democracia empleando las armas más
antidemocráticas que existen, la censura y la prohibición.
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