AGLI Recortes de Prensa   Viernes 15  Enero  2021

La Unión Europea advierte por escrito de que sin reformas no liberará los fondos
Salvo el 13% que se podrá recibir como adelanto, Bruselas no desembolsará el dinero hasta que compruebe la ejecución de las reformas
Alejandra Olcese vozpopuli.es 15 Enero 2021

El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han firmado el reglamento del fondo de recuperación y resiliencia -del que España recibirá hasta 140.000 millones de euros- y han acordado que no se desembolsarán los fondos hasta que se compruebe la ejecución de las reformas.

Así lo han decido estas tres instituciones: el Parlamento -la cámara legislativa integrada por 705 eurodiputados-, el Consejo Europeo -compuesto por los 27 jefes de Estado o de Gobierno de los países y su presidente, Charles Michel- y la Comisión Europea -formada por 26 comisarios y encargada de elaborar las propuestas de nueva legislación, vigilar el cumplimiento de las normas comunitarias y fijar las prioridades de gasto de la UE-.

Su decisión ha sido exigir a todos los países que el plan que vayan a enviar para poder acceder a los fondos europeos contribuya a mejorar en las recomendaciones específicas que Bruselas ha hecho a cada país en el marco del Semestre Europeo y fije unas medidas concretas que se irán tomando para poder ir recibiendo el dinero.

Como ya contó Vozpópuli, en el caso de España esto supone abordar una reforma del mercado laboral y otra del sistema público de pensiones, fomentar la transición energética e inversión en I+D, la transición digital y el cambio climático, mejorar la gestión de las finanzas públicas y acometer una serie de retos sociales como reducir el abandono escolar o el porcentaje de personas en riesgo de pobreza, entre otras.

La laboral y la de pensiones pueden ser las dos reformas estructurales más problemáticas, ya que para sacarlas adelante el Gobierno necesita el apoyo de su socio, Unidas Podemos, quien ya ha manifestado que no dará su consentimiento.

El veto de Podemos complicaría la llegada de fondos
El partido de Pablo Iglesias ha anunciado que no apoyará la reforma de pensiones que promueve el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que consiste en alargar la edad real de jubilación y ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión pública, medidas que podrían generar un ahorro conjunto de unos 16.000 millones al Estado.

También podría resultar complicado que apoyaran una reforma que diera más flexibilidad al mercado laboral, ya que la facción morada del Gobierno precisamente quiere derogar lo que considera los "aspectos más lesivos" de la norma del año 2012.

Sin embargo, Bruselas ha dejado claro que hasta que no se vayan alcanzando los hitos pactados de esas y otras reformas, no se desembolsará el dinero.

"El desembolso de fondos está supeditado al satisfactorio cumplimiento de los hitos y los objetivos por parte de los Estados miembro, tal y como se haya establecido en los planes de recuperación y resiliencia aprobados por el Consejo", recalca el citado reglamento, a cuya versión definitiva ha tenido acceso Vozpópuli.

El Parlamento Europeo votará el texto probablemente en la sesión de febrero y tendrá que ser también aprobado formalmente en el Consejo, pero de facto ya está aprobado al haber sido pactado por el "trílogo" (el Parlamento, el Consejo y la Comisión) con el acuerdo -muy mayoritario- de conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes.

De hecho, según ha podido saber este periódico de fuentes europarlamentarias, Bruselas ya ha advertido a los países de que ese va a ser el texto formal dentro de un mes y de que deben basar sus planes en esas reglas.

Si hay incumplimiento se suspende la entrega de fondos
Antes de tomar la decisión de autorizar la liberación del dinero, la Comisión deberá consultar con el Comité Económico y Financiero para que dé su opinión en cuatro semanas sobre si ha habido un cumplimiento satisfactorio. Este Comité es un órgano consultivo de la Unión integrado por altos funcionarios de las administraciones nacionales y los bancos centrales, el Banco Central Europeo y la propia Comisión.

"Si de forma excepcional uno o más estados miembros consideran que hay serias desviaciones de un satisfactorio cumplimiento de los hitos y objetivos, podrá pedir al presidente del Consejo Europeo que lo aborde en la próxima reunión (...) En esas excepcionales circunstancias, se decidirá no hacer ningún desembolso hasta que el próximo Consejo Europeo discuta exhaustivamente sobre el asunto", explica el reglamento.

En un plazo máximo de tres meses tendrán que tomar una decisión definitiva respecto al país en cuestión.

Si deciden que ese país no ha tomado las medidas necesarias para cumplir ese hito y, en consecuencia, no autorizan el desembolso del dinero, la Comisión puede proponer al Consejo "suspender todo o parte de los compromisos o pagos".

También podrán suspender los pagos definitivamente si consideran que el país no está tomando las medidas recomendadas por Bruselas en dos ocasiones consecutivas o si no cumple con el programa de ajustes macroeconómicos o con las medidas que le pide el Consejo.

Para Bruselas, los hitos y objetivos se materializarán en "medidas de progreso hacia el logro de una reforma o una inversión", siendo los hitos avances cualitativos y los objetivos, metas cuantificables.

Madrid es un caos: Ayuso y Almeida deben despertar
Editorial. vozpopuli  15 Enero 2021

El temporal 'Filomena' y el proceso de vacunación contra la covid han puesto de manifiesto la incapacidad de las autoridades municipales y autonómicas para gestionar grandes desafíos

Hace ya seis días que terminó de nevar en Madrid y la ciudad sigue prácticamente colapsada. El hielo se acumula en buena parte de las calles y eso está impidiendo hacer una vida normal. No se han restablecido la mayoría de líneas de autobús, los colegios y universidades siguen cerrados y un gran número de supermercados están sufriendo el desabastecimiento de productos básicos como el pan, los huevos o la leche debido a que los camiones de reparto no tienen cómo acceder. Para colmo, es imposible sacar los vehículos privados de los laterales de las calzadas porque una montaña de hielo lo impide en aquellas calles donde se ha llegado a limpiar un carril central. Hasta el aeropuerto de Barajas sigue a medio gas.

Nadie pone en duda la dimensión histórica del temporal, con 30 horas seguidas de nevada que hubieran provocado el caos en cualquier ciudad poco habituada a lidiar con el frío. Sin embargo, después de casi una semana es urgente que alguien despierte y tome las medidas adecuadas para garantizar el normal desempeño de una de las principales urbes de Europa. Esperar tranquilamente a que el sol y las altas temperaturas resuelvan el problema no es una opción, pues abocaría a la ciudad a depender de los caprichos de la naturaleza. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha demostrado sobradamente ímpetu, talante y valentía, pero ahora debería poner todo su empeño en retirar de las calles las toneladas de hielo, y también de basura, que se acumulan por doquier.

Además, seguimos oyendo a los responsables políticos la excusa de que se han visto superados por acontecimientos excepcionales. Es cierto que ni Madrid es Moscú, ni las arcas autonómicas y municipales pueden permitirse el lujo de invertir incalculables recursos en medios que, muy probablemente, acabarían siendo infrautilizados. Pero lo que sí admite reproche es la falta de previsión, pues se sabía desde hace días que llegaba un temporal inusual y hasta se habían activado todas las alertas.

Un error que con indeseable frecuencia cometen los gestores de lo público es evitar ponerse en lo peor, por cuanto se trata de una decisión que suele comportar incomprensiones e incomodidades a un buen número de ciudadanos. En política, ponerse en lo peor es asumir el desgaste que acompaña a medidas preventivas extraordinarias. Y, por supuesto, ponerse en lo peor requiere dotes de liderazgo y el coraje necesario para decirles a los ciudadanos lo que no quieren oír.

Y ha sido justamente ese el principal error que han cometido las autoridades de Madrid: no activaron con la suficiente previsión medidas de restricción del tráfico que habrían evitado en buena parte el masivo bloqueo de vehículos y las subsiguientes situaciones de angustia vividas. Tampoco acertaron en materia de comunicación a la hora de poner en guardia a los madrileños y pedir su colaboración. Obviamente, parte de la responsabilidad de la imprevisión recae en el Gobierno central, pero la utilización excesiva del comodín exculpatorio de la ineptitud de los demás es un indicio de la propia incapacidad.

Las vacunas
Una situación parecida se está viviendo a cuenta de las vacunas contra la covid-19. Oficialmente, España está vacunando desde el 27 de diciembre y recibe cada semana 150.000 dosis de la marca Pfizer y desde este miércoles también algunas miles del laboratorio Moderna. En total, ya han llegado 1,1 millones de vacunas, pero nuestro país tan sólo ha conseguido administrar el 59%. Y Madrid, con un 41,6% de dosis inyectadas, ocupa junto al País Vasco el pelotón de cola de entre todas las comunidades autónomas.

Los datos demuestran por sí solos la terrible ineptitud de nuestros políticos para organizar de forma eficiente el proceso de vacunación. Todos soñábamos desde hace meses con las vacunas y, una vez que ya las tenemos, somos incapaces de colocarlas. Es verdad que nos ha pillado por medio la semana de Reyes y el temporal 'Filomena', pero los 80.000 muertos que nos contemplan deberían hacernos comprender que cada minuto que pasa es un minuto perdido y que los muertos de hoy se podrían estar evitando si hubiéramos puesto todas las vacunas que tenemos a nuestra disposición.

La magnitud de la enfermedad requiere poner en marcha un despliegue sin precedentes para asegurar que, a la mayor brevedad, todos los españoles estén vacunados, porque sólo eso nos permitirá volver a la vida normal. Urge que nuestros políticos miren a países como el Reino Unido o Israel, donde ya llevan varios millones de personas vacunadas y donde se han puesto en marcha operaciones a la altura del desafío.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y principal azote del Gobierno de España, tenía en su mano una grandiosa oportunidad para demostrar su capacidad de gestión. Su Ejecutivo criticó al Ministerio de Sanidad con justicia por los criterios utilizados para repartir las vacunas y por beneficiar descaradamente a Cataluña. Sin embargo, los hechos dejan en muy mal lugar a Ayuso y a algunos otros como Íñigo Urkullu.

Madrid no es solo una ciudad. Es también, para lo bueno y para lo malo, el eje económico de España y el más importante centro de comunicaciones comerciales, terrestres y aéreas del sur de Europa. Debe ser objeto, por tanto, de una atención proporcional a su importancia como uno de los principales motores de bienestar de toda la nación. Pero también, de un nivel de autoexigencia por parte de los responsables políticos autonómicos y municipales muy superior al que están demostrando.

Las elecciones en España serán cuando diga Bruselas
Miguel Ángel Belloso okdiario 15 Enero 2021

Es una desgracia que la gente corriente, que pelea porque sus ingresos sean siempre superiores a sus gastos, o que, en caso contrario, se endeuda prudentemente en la expectativa de poder honrar en el futuro, lo más a corto plazo posible, el desfase patrimonial que acumula, preste tan poca importancia a la evolución del déficit público del Estado, que es la acumulación de todas las necesidades perentorias de la nación y que deviene en una deuda que tendremos que pagar todos comunitariamente. Pero así parece.

A la gente normal y sensata no parece preocuparle que el Gobierno de Sánchez haya pronosticado que el déficit público definitivo de 2020, que conoceremos a mediados de enero, pueda ser del 11,3% del PIB, una cota realmente histórica. Y menos que nadie se lo crea. Ya nadie cree a este Gobierno, fuera de sus acólitos y de sus votantes recalcitrantes, pero a la mayoría esto le trae sin cuidado. Todas las instituciones respetables del mundo, las domésticas y las del exterior, opinan que el desequilibrio presupuestario estará muy por encima, una circunstancia que tendrá consecuencias dramáticas. ¡Y qué más da!

Esto no es, en todo caso, lo peor. Es mucho peor la comparación de nuestra situación con la del resto de nuestros socios. Tendremos durante tiempo el baldón de liderar el pelotón de cola. Las últimas previsiones de la Comisión Europea indican que España será incapaz de corregir su falta de higiene fiscal incluso en 2022. El pronóstico es que el desequilibrio presupuestario alcance ese año el 8,6% del PIB, el nivel más alto de todos los países de la Unión. A la misma gente corriente de la que hablaba antes, estas cosas pueden parecerle irrelevantes. No lo son. Son de una gravedad difícil de exagerar. Todo déficit precisa de ser financiado para evitar la quiebra correspondiente, y el prestamista que está a tiro, que en este caso es el Banco Central Europeo, no va a estar disponible de por vida. No va a pasar mucho tiempo para que exija las condiciones ineludibles para ser acreedor de su generosidad sin límites.

Y no tanto directamente el Banco Central Europeo, una institución clave de la UE, sino la Comisión Europea, que es la responsable de vigilar el cumplimiento de las reglas fiscales que hicieron posible en su momento la unión monetaria. A causa de la pandemia, estas reglas han sido momentáneamente suspendidas, y habilitados los gobiernos a incurrir en los gastos que sean precisos para proteger el tejido económico y ayudar a los más perjudicados por la situación endiablada ocasionada por el coronavirus. Pero, aunque tarden en reactivarse, a medida que las vacunas en marcha despejen lo más pronto posible la recuperación económica, las exigencias de la unión monetaria regresarán y su eventual incumplimiento ya no tendrá excusa alguna.

Con esto quiero decir que no es sostenible que, en 2022, España sume un déficit público superior al 8% del PIB mientras la mayoría de los países de la Unión esté muy cerca del 3% establecido por los tratados comunitarios. La única explicación de que se vaya a producir esta discrepancia letal es que las autoridades comunitarias desconfían claramente de la eficiencia del Gobierno español, y que están persuadidas de que la financiación ilimitada ofrecida por el BCE está siendo aprovechada -y así parece que va a seguir- no solo para hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia, como la salud -el reforzamiento del sistema sanitario- , o los ‘Ertes’, o el incremento de los pagos por desempleo, o el apoyo a las empresas, sino que está siendo usada para elevar los gastos estructurales del sector público, ya sea aumentando sin freno las plantillas de las administraciones del Estado o consolidando sin justificación alguna la ganancia de poder adquisitivo de los funcionarios y de los pensionistas. Es decir, que España está gastando mal, y que no parece que haya intención alguna de corregir tal inmoralidad.

El pasado 4 de enero, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, declaró que para 2022 el Gobierno sigue pensando en un presupuesto expansivo, con más dispendio, a fin de llevar a cabo políticas anticíclicas, después de que este año haya entrado en vigor un plan que incluye, según dice el Ejecutivo, “el mayor gasto social de la democracia”. Son tontos, pero ya ven que están muy orgullosos de serlo. “Lo que no vamos a repetir son los errores de la anterior crisis, en la que una política de recortes indiscriminados produjo una desigualdad que se tradujo en sufrimiento y afectó a aquellos más vulnerables”, dice la ‘choni’ del Gobierno.

¡¡Pues sí bonita!! En 2022 tú y tu Gobierno os vais a encontrar en la misma situación que el inefable Rodríguez Zapatero en 2010, con un déficit público inmanejable y con la Comisión Europea exigiendo un plan de ajuste intenso. En 2010, Zapatero fue forzado por Bruselas a hacer el mayor recorte de gasto social de la democracia. Redujo un 5% el salario de los funcionarios, congeló las pensiones y planteó una reforma laboral modesta que finalmente llevó a cabo el PP de Rajoy. Ningún gobierno de izquierdas se había atrevido jamás a tanto, no por convencimiento, sino por obligación, conminado, maniatado, exigido, doblegado por el ‘establishment’ mundial -hasta Obama tomó cartas en el asunto-, pues la economía española estaba al borde del abismo y ponía en riesgo ni más ni menos que la propia unión monetaria.

La pregunta clave es si el país está ahora al borde del abismo como entonces. La respuesta es que está bastante más débil que en aquella época. Es verdad que una gran parte de nuestra fragilidad responde a factores exógenos como la pandemia, otra a la composición estructural del modelo, en el que tienen un gran peso el turismo, la restauración y la predominancia de las pymes, a veces microempresas, siempre más vulnerables a la caída de la demanda ordinaria; una última, un sistema normativo, en lo que respecta al mercado laboral, que va a dificultar un ajuste rápido, en cuanto acaben los ‘Ertes’, a las nuevas condiciones de la coyuntura.

¿Y por qué entonces el Gobierno está tan tranquilo, tan eufórico, tan arrebatado, tan seguro? ¿Por qué, estando peor que con Zapatero, no hemos arribado todavía al precipicio? La respuesta es sencilla, y ya está apuntada. Por la suspensión coyuntural de las obligaciones fiscales de la UE y por la financiación ilimitada del BCE. Pero todo este panorama dantesco y al tiempo irónicamente idílico en un país como España que va camino de una tasa cercana al 60% de paro juvenil, que tiene a más de 750.000 personas en ‘Ertes’, la mayoría de ellas destinada a engrosar las filas del desempleo, y que ha cerrado 2020 con 360.000 puestos de trabajo menos y 700.000 ciudadanos más registrados en el paro, estallará no muy tarde.

En cuanto las vacunas funcionen, en cuanto la actividad empiece a repuntar. Entonces ya no habrá excusas ni pretextos. Ese momento, quizá antes de final de año, será el momento de la verdad para los iletrados e irresponsables Sánchez e Iglesias. El momento en que la Comisión Europea empiece a reforzar su presión para que el presupuesto de 2022 incluya un severo plan de recorte de gasto y de reducción progresiva del déficit público. ¿Lo va a hacer este Gobierno? ¿Se va a inmolar como hizo Zapatero por exigencias ineluctables para evitar la intervención irremediable del país? ¿Está dispuesto Sánchez por una vez a hacer algo por el bien de España? ¿Puede haber algún momento propicio para que el vicepresidente y socio indispensable Iglesias acceda a violar su discurso sectario, populista y deletéreo?

Esto no es previsible. Esto no sucederá jamás. Jamás el Gobierno de Sánchez se prestará a repetir el ajuste de Zapatero -previo a su derrota- al que se va a ver obligado sin convocar antes elecciones para que los españoles desorientados elijan eventualmente entre una cierta esperanza o la consolidación de su destino fatal. Por eso digo y sostengo que las próximas elecciones en España no las decidirá autónomamente Sánchez. La fecha la dictará Bruselas, una vez que constate la incompetencia irremediable del Gobierno, su resistencia a corregir el rumbo de un país que ya está a la deriva; una vez que Sánchez constate que no hay más alternativa posible que llamar a las urnas y preparar la campaña propagandística oportuna para seguir engañando a los españoles ayunos de conocimientos económicos sobre las obligaciones que comporta pertenecer a una unión monetaria.

Sánchez y las cuentas del gran capitán
Juan Francisco Martín Seco. Republica.com 15 Enero 2021

¿Democracia orgánica o república bananera? En realidad, no sé a qué carta quedarme. Solo hay una sola cosa que sí parece ser cierta, que el sanchismo huye de los mecanismos clásicos de una democracia representativa. Todo en él es publicidad y propaganda, y habitualmente se basa en las más radicales mentiras, simulacros y teatro. Se ha convertido ya en rutina que, siguiendo las peores costumbres de las repúblicas bananeras, el jefe se dirija en largas sesiones al pueblo usando a su antojo los medios de comunicación a los que controla en su mayoría; en un escenario perfectamente montado, a veces hasta lo ridículo, con pianista incluido, al que se retribuye generosamente concediéndole la nacionalidad española en detrimento de los otros muchos miles de aspirantes que estaban antes que él en la cola.

Al final del 2020, Pedro Sánchez ha comparecido en una alocución de hora y media para decirnos que ha cumplido; al tiempo que presentaba un documento respaldado por unos palmeros a los que se ha llamado expertos. Todos ellos profesores de estudios superiores, de los miles y miles que hay en España, provenientes de los cientos y cientos de universidades que han surgido al abrigo de las Autonomías y de los negocios privados. Los profesores universitarios se han multiplicado como las setas. Hasta nuestro ínclito presidente lo ha sido, con doctorado incluido, eso sí, donado, de la misma forma que antes lo habían recibido gratuitamente los miembros que componían el tribunal que le calificó. Conozco a uno de ellos que recibió idéntico privilegio, solo que en este caso no tanto por la política como por la ayuda de su papá, importante en el mundo del deporte.

El informe que es ante todo un compendio de gráficos, cuadros, y porcentajes (da la impresión de que los cumplimientos se evalúan al peso) comienza, como es usual en todo lo que en estos tiempos sale de la Moncloa, en tono mitinero y supertriunfalista. Todo es histórico, único, a la cabeza de todos los demás. Hasta Filomena. “España se sitúa, de esta manera, a la vanguardia de la rendición de cuentas con un ejercicio singular y pionero… somos el primero de los países de nuestro entorno que no solo somete al escrutinio público el cumplimiento de su programa de gobierno, sino que también comienza a experimentar un sistema de verificación externo e independiente que confirma la calidad y la veracidad de la rendición de cuentas presentada ante los ciudadanos”.

Como se ve, nos movemos en un lenguaje épico y retorico. En transparencia, estamos a la vanguardia de todos los países. Hay que tener descaro e impostura. Un gobierno que se ha caracterizado por declarar secreto de Estado las cosas más nimias, con la intención de no tener que dar explicaciones prácticamente de nada; un gobierno que ha sufrido legión de requerimientos del Consejo de la Transparencia, sin que en general haya hecho el menor caso a ninguno de ellos.

Tan solo cuando este organismo le ha concedido un plazo perentorio de diez días (o de lo contrario recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa) para facilitar los nombres de los miembros de ese comité fantasma de expertos -tras el cual el ministro filósofo y candidato se ha escudado siempre para revestir de razones sanitarias lo que eran simple decisiones políticas-, se han dignado a decirnos quiénes eran los afortunados que lo componían, o, mejor dicho, que en realidad ese comité nunca existió y todo quedaba reducido al locuaz Simón, nombrado en su momento a dedo por ser familiar de un ministro del PP, y a los funcionarios de un departamento inexistente desde hacía muchos años.

Como ha insistido Calvo, funcionarios, expertos, cualificados, que tienen ese cargo, especialmente el doctor Simón, por razón de su “expertitud”. Ahí es nada, “expertitud”. Esta palabra debe de formar parte del lenguaje inclusivo. Y es esa misma expertitud la que ha servido para elegir a los palmeros que han puesto su firma en el informe de marras. “Verificación externa e independiente”. Tan independientes que han sido designados todos por el Gobierno. Yo me los guiso y yo me los como, como Juan Palomo. Todos pertenecen a la misma familia ideológica y con tanta expertitud que no han sentido vergüenza de echar su firma a un bodrio como ese.

“Ejercicio singular y pionero para conocer el cumplimiento de las promesas adquiridas por el Gobierno en la investidura”. Afirman que es un ejercicio de calidad democrática. No lo veo yo así. Ejercicio de calidad democrática sería contrastar el cumplimiento de las promesas realizadas en la campaña electoral, pero por supuesto que no se pretende nada de eso. Ya lo dijo claramente Calvo, al negar que el presidente del Gobierno hubiese manifestado que en Cataluña se había producido un delito de rebelión, porque cuando Sánchez dijo lo que dijo no era presidente del Gobierno. Una cosa eran las afirmaciones y promesas realizadas antes de las elecciones y otra lo dicho o hecho después. Que desde luego no casan en absoluto. Esa sería la verdadera rendición de cuentas que podría interesar al ciudadano.

Lo que han presentado no es una rendición de cuentas del Gobierno hacia el exterior, del Gobierno frente a la sociedad. Es una rendición de cuentas en el interior del Gobierno, del sanchismo frente a sus otros nueve socios, que le facilitaron la investidura. Pedro Sánchez ha pretendido decirles a todos que está cumpliendo sus acuerdos, acuerdos en su mayoría bastardos con organizaciones políticas casi todas ellas sectarias o egoístamente provinciales o regionales.

De ahí la importancia que Sánchez ha pretendido dar a los presupuestos. Ciertamente, había un elemento de representación, de imagen. Era una vergüenza que Sánchez gobernase casi tres años con unas cuentas que no eran los suyas, que él mismo se había negado a apoyar y que, además, había criticado duramente. Aunque en contra de lo que se cree y se dice con frecuencia, la elaboración de unos nuevos presupuestos no resultaba imprescindible para que Sánchez continuase en la Moncloa toda la legislatura, siempre que estuviese dispuesto -y no hay duda de que lo estaba- a seguir manejando con total alegría los decretos leyes. Con ellos se pueden modificar cuanto se quiera y sea preciso en los presupuestos. Solo hay que retribuir generosamente a quienes los apruebe. La constatación más evidente es que Sánchez ha ocupado la Moncloa durante casi tres años sin ninguna dificultad, a pesar de utilizar unas cuentas públicas prestadas.

Sánchez descartó de antemano elaborar unos presupuestos para 2020, que es lo que se esperaba de él una vez ganadas las elecciones, tal como Felipe González hizo para 1983, aprobándose incluso un presupuesto extraordinario. Entonces, el PSOE estaba virgen y los usos presupuestarios, no tan deteriorados. Sánchez, por el contrario, no ha tenido ninguna prisa en elaborar unas nuevas cuentas. Para él ha constituido un problema de imagen y, lo que le resultaba quizás más importante, un instrumento para consolidar el apoyo de sus nueve socios, conglomerado contra natura que conforma el gobierno Frankenstein. Sánchez, al englobar todas sus peticiones en el presupuesto, expresaba que estaba dispuesto a cumplir sus compromisos.

La mayor parte de la prensa, realizando, tal como nos tiene acostumbrados, una lectura de la situación bastante superficial y mecánica, ha interpretado la aprobación de los presupuestos como un gran triunfo de Sánchez, sin caer en la cuenta de que en realidad se trata del simple resultado de una confluencia de fuleros dispuestos a sacar tajada de esa situación de decepción política y de multiplicidad de partidos, aunque ello vaya en detrimento de los intereses de la mayoría. No hay nada de meritorio ni de exitoso en esos presupuestos, sino, por una parte, previsiones erróneas que van a servir para engañar al personal y presentar un panorama ilusorio y, por otra, muchos intereses bastardos que confluyen para distorsionar la justicia y equidad que deben regir las relaciones entre regiones.

La casi totalidad de los compromisos cuyos cumplimientos anuncia Sánchez no son nada convenientes para la mayoría de los españoles, porque en el mejor de los casos implican privilegios de unos determinados grupos o regiones frente a otros. Pero, con todo, lo peor y más preocupante son las promesas, principalmente las que corresponden al País Vasco y a Cataluña, que no se incluyen explícitamente en los presupuestos, pero que atacan gravemente a la ley, a la justicia y al armazón jurídico del Estado.

Pedro Sánchez en el “Aló presidente” de fin de año ha querido dejar claro que está dispuesto a conceder los indultos a los golpistas catalanes. En realidad, ya había mandado a sus profetas por delante para preparar el camino. Ábalos, con la finalidad de justificar los indultos, había manifestado que el Gobierno tiene la obligación de buscar la reconciliación y Calvo criticó de forma rotunda el informe de la Fiscalía contrario al indulto. Paradójicamente, echaba en cara que las razones esgrimidas fueran políticas y no jurídicas.

Nada menos cierto. Cualquiera que lea el informe del Ministerio Fiscal puede comprobar que los argumentos que emplea se basan en que no se dan las condiciones para el indulto, principalmente el arrepentimiento y el propósito de no volver a intentarlo. Si cita la política es tan solo para señalar algo obvio, que el derecho de gracia no se puede ejercer por meros motivos políticos. Debió de ser esto último lo que molestó principalmente a la señora Calvo, porque de forma bronca terminaba su alocución afirmando que los informes no eran vinculantes, que la decisión era del Gobierno y poco más o menos que este iba a hacer lo que le diese la gana.

Pedro Sánchez, en su plática de fin de año, recogía el relevo de sus heraldos para lanzar el mismo mensaje: “Este es un gobierno que no ha escondido sus intenciones desde el principio. Es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña y de Cataluña con España”. Estaba bien especificado eso de gobierno, porque Sánchez sí que ha cambiado. No quizás de pensamiento, pero sí de discurso, pero ya se sabe que, como dice Calvo, una cosa es cuando se es presidente y otra antes de serlo. Este Gobierno sí ha apostado desde el principio, si no por la reconciliación, el recuentro y la convivencia, sí por los independentistas y por los golpistas como medio para poder subsistir. Es el plus que le permite a Sánchez ocupar el poder. Pero esto no tiene nada que ver con la convivencia en Cataluña y menos con el reencuentro con el resto de España, que los nacionalistas no desean.

La opción de gobernar con los nacionalistas y golpistas empuja a Sánchez al más radical cinismo, al afirmar que “cuando hablamos de Cataluña todos somos responsables”. Tanto descaro es difícil de creer. Fuera de los que se han sublevado y han dado un golpe de Estado, los únicos que pueden ser culpables son este Gobierno y las fuerzas políticas que han justificado la rebelión y que ponen las condiciones para que el golpe pueda repetirse. Desde luego, no se puede culpabilizar ni a esa más de la mitad de catalanes que están siendo marginados por sus ideas y condenados a ocupar un puesto secundario en Cataluña, y mucho menos al resto de españoles a los que se ha pretendido hurtar su soberanía y que contemplan con sorpresa cómo un gobierno y unas formaciones políticas estatales a las que quizás han votado se colocan del lado de los golpistas y los premian con privilegios.

Lo más extraño es que los líderes socialistas y de Podemos de los territorios perjudicados no hayan levantado la voz oponiéndose a la acción del Gobierno. Hasta ahora las críticas han sido muy escasas, por no decir nulas. Tan solo García-Page se ha posicionado frente al indulto recordando primero el exabrupto de Junqueras, “Que el indulto se lo metan por donde les quepa”, y añadiendo después algo muy razonable: ¿Cómo conceder el indulto a los que afirman que están dispuestos a repetirlo? García-Page con lógica se pregunta: “¿Qué responsabilidad asumiríamos si les indultásemos, y mañana volvieran por el mismo camino? ¿Qué ridículo histórico no cometeríamos?”. La verdad es que ya lo estamos cometiendo, porque jamás han abandonado la ruta.

www.martinseco.es

La catastrófica prima Filomena
El comunismo fue un desastre en la Segunda República y lo vuelve a ser ahora
Francisco Marhuenda larazon 15 Enero 2021

En 2012 irrumpió en nuestras vidas una prima muy desagradable que se llamaba de “Riesgo” y con la que nos acostumbramos a convivir. Era el termómetro que indicaba el desastre económico que sufría España con la crisis de deuda soberana que fue mal gestionada, como es habitual, por el PSOE. Es cierto que los españoles tenemos muy mala memoria y hemos vuelto a reincidir con otro gobierno socialista, pero que ahora es mucho peor porque además han regresado los comunistas como sucedió, desgraciadamente, en la Segunda República. Estos días corría un meme muy divertido: “Han tenido que llegar los comunistas para que Madrid se parezca a Moscú”. Y con la llegada de esta versión moderna de las plagas de Egipto nos hemos visto castigados por una nevada como nadie recordaba y que ha superado todas las previsiones. Un buen amigo insiste en que el gobierno socialista-comunista esta lleno de gafes y, aunque no soy supersticioso, debe tener algo de razón. Desde que el camarada Iglesias y los suyos se han subido al ascensor social de la política a ellos les va muy bien mientras que a España le va fatal. Hay que tener en cuenta que siempre les gusta igualar por abajo, para así controlar la sociedad y adoctrinar a lo que anden despistados con las bondades del populismo chavista.

Ahora tenemos a la prima Filomena que ha convertido Madrid en una zona catastrófica. Es algo sobre lo que no hay ninguna duda, salvo para aquellos miembros del gobierno que estén en sus cómodas casas construyendo su estrategia política viendo por enésima vez la serie “Juego de tronos”. No hay duda sobre la existencia de un componente ideológico al no querer adoptar las medidas que necesita no sólo la capital, sino toda la comunidad. El alcalde cifró ayer en 1.398 millones los daños que afectan a la ciudad y es fácil imaginar lo que representa el total. La cuestión de fondo es que los comunistas y una parte de los socialistas contemplan la Nueva Política como un secuela de “Juego de tronos” en versión bolivariana y para sentar las bases de la spanish revolution necesitan la “destrucción” de Madrid. Es decir, que la situación sea tan mala que los madrileños den la espalda al PP y se pueda presentar la soñada moción de censura para acabar con Ayuso. Al final se verán obligados a aprobar la medida, pero las plagas comunistas, me temo, seguirán llegando con monótona regularidad. El comunismo fue un desastre en la Segunda República y lo vuelve a ser ahora.

«Hemos vencido al virus» (Pedro Sánchez, 10 de junio de 2020)
OKDIARIO 15 Enero 2021

“Gracias a la unidad de las instituciones, los grupos parlamentarios y el conjunto de la sociedad española, hemos vencido al virus”. El que pronunció está frase el 10 de junio de 2020 no podía ser otro que Pedro Sánchez, el mismo que días después pronunció, el 4 de julio, otra frase para la posteridad: “Ahora, tras este esfuerzo titánico, hay que salir a la calle, no dejarse atenazar por el miedo y recuperar la economía”.

Está claro que los dotes proféticas del jefe del Ejecutivo dan para lo que dan. La supina irresponsabilidad de un presidente que hace siete meses proclamaba abiertamente la victoria sobre la pandemia ha tenido consecuencias: desde entonces, otras 25.000 personas han perdido la vida -el 10 de junio Sanidad confirmaba un total de 27.136 fallecidos por la pandemia (datos que, obviamente, no se correspondían con la realidad, porque eran muchos más) y hoy el Gobierno cifra en 52.878 el número oficial de muertos, aunque a esa cantidad hay que sumarle otros 30.000, según el INE. Desde que Sánchez dio por vencido al virus, el riesgo de contagio se ha multiplicado por 50.

No ha habido ningún dirigente en el mundo, excepción hecha de los negacionistas de la pandemia, que mostrara un grado de triunfalismo como el del que hizo gala Pedro Sánchez, que en aquella comparencia en junio en el Congreso se permitió la fechoría de asegurar que su Gobierno había salvado la vida a miles de personas. Una vez que el presidente dio por concluido el estado de alarma en España, dejó que fueran las comunidades quienes lidiaran en solitario contra el virus, pero, eso sí, decretó el cierre de Madrid en octubre por razones políticas aplicando un estado de alarma selectivo, dentro de la estrategia de acoso y derribo contra Isabel Díaz Ayuso.

Sólo con perspectiva histórica, cuando podamos hacer un balance con serenidad de lo ocurrido, los españoles serán conscientes del daño que ha causado la gestión del Gobierno socialcomunista, el único del mundo que con más de 80.000 muertos declaró hace hace siete meses la victoria sobre el virus. El grado de petulancia y soberbia de este presidente sólo es comparable a su nivel de incompetencia y mentira.

En el país de las maravillas
Rafael Bardají https://gaceta.es 15 Enero 2021

Creo que todos conocemos la increíble historia de Alicia en el País de las Maravillas. Las disparatadas aventuras de la niña que se cuela por un agujero sin fondo para caer en un universo de continuos sinsentidos y personajes grotescos. De lo que muchos no se han dado cuenta todavía es que los españoles llevaban unos cuantos años cayendo descontroladamente y que, desde hace ahora un año, hemos topado con el esperpento del gobierno de Sánchez/Iglesias y que estamos en el país de las maravillas. No en su sentido de admiración por lo extraordinario, sino en de asombro ante lo increíble.

Veamos. Hace un año el recién formado gobierno declaraba la “emergencia climática nacional”. Doce meses más tarde, el mismo gobierno se ha quedado congelado y paralizado para paliar una emergencia climática real, la producida por la tormenta de invierno Filomena. Puede que el frío extremo no entrara en sus planes, obsesiona dos como están por traernos el infierno a la Tierra.

Donde el gobierno no parece querer cambiar es en su imprevisión sanitaria. Del aquel de Simón “en España sólo habrá uno o dos casos (de covid-19) como mucho”, el afamado “experto” sigue diciendo ahora que “de tener algún impacto en España, la cepa británica será marginal”. Justo cuando los números empiezan a dispararse en consonancia con la transmisibilidad de esta mutación del virus y justo cuando los países que siguen la evolución genética del coronavirus advierten de más mutaciones locales, de Sudáfrica a Estados Unidos.

Se suele decir que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Incluso cuando los sufren. De ser así, cabe preguntarse qué somos los españoles. Por lo que hemos visto en el último año, bastante crédulos, la verdad. Por ejemplo, nos habíamos creído el discurso de que contábamos con la mejor sanidad del mundo. Pero nos hemos dado de bruces con una realidad antipática: no sólo el coronavirus desbordó todas las capacidad normales y extraordinarias, sino que la atención a los enfermos de Covid-19 ha mermado las prestaciones que debían darse al resto de enfermos, graves o menos graves. Es más, con un gasto sanitario que representa algo más del 6% del PIB, esto es, más de seis veces el presupuesto de Defensa, por ejemplo, el gobierno fue incapaz de garantizar un stock mínimo de equipos con los que proteger al personal sanitario. La consecuencia: España abandera el ránking mundial de sanitarios contagiados por covid y, aún peor, el peor en transparencia para saber a dónde han ido a parar cientos de millones de euros en compras más que dudosas y por canales desconocidos.

También nos creímos aquello de que a finales de año todo estaría resuelto porque la vacuna todo lo cambiaría a mejor. Pero ahora sabemos que acceder a la vacunación es más difícil que hacerse ingeniero aeroespacial y que, de no acelerarse exponencialmente el ritmo de vacunación, seguiremos instalados en la anormalidad unos cuantos años más.

A una buena cantidad de españoles les gusta el Estado. Y les sigue, sorprendentemente, gustando a pesar de que nos ha fallado una y otra vez. Picos y palas se han agotado en las tiendas porque frente a la inutilidad de las autoridades para sacarnos de la nieve, nos hemos puesto a limpiar nuestras calles para poder movernos. Y encima no nos desgravan el IVA de unos instrumentos que están aliviando las responsabilidades del Estado. Al contrario, el gobierno se muestra cada día más voraz e irresponsable. Ya lo dijo Ronald Reagan con su socarronería habitual: “El Estado es como un gran bebé: con un canal alimenticio insaciable en un extremo y totalmente descontrolado en el otro”.

Si Lewis Carrol volviera a nacer y se planteara de nuevo escribir las aventuras de Alicia, no tendría que recurrir ni al gato invisible, la reina de Corazones o el conejo loco para armar su delirante historia. Le bastaría con fijarse un poquito en esta nuestra España actual. Desgraciadamente lo que está pasando aquí no tiene ninguna gracia. No nos lo creemos porque somos unos crédulos de todo lo que dice el poder, pero ya lo adelanto yo: bajo toda la retórica antifascista, modernizadora y progresista, lo que se está produciendo -que no gestando- es un golpe de Estado a cámara relativamente lenta. Paso a paso, pero claramente. Que no lo veamos, como el truco de los magos, no significa que no sea real.

De momento, bienvenidos a Siberia.

Trampas europeas para mayor gloria de China
Hermann Tertsch https://gaceta.es 15 Enero 2021

Les voy a contar una historia de amor y terror en la que estamos implicados todos los ciudadanos del llamado “Mundo Libre“. En caso de que este siga existiendo, porque es evidente que este mundo nuestro privilegiado es mucho menos libre hoy que hace tan solo unos lustros. Que cada día que pasa lo es menos por una causa u otra y lo peor está en lo fuertes que se han hecho las corrientes que demandan una renuncia a libertades en aras de supuestas seguridades. Nos hemos metido en los peores senderos del cambio que son los que se emprenden por miedo.

Una prueba de este creciente desapego a lo que El Quijote llama “uno de los más preciosos dones” por los que “se puede y debe aventurar la vida” es lo aceptables e incluso loables que nos resultan políticas que desprecian dicha libertad, la excluyen y vetan incluso del imaginario colectivo. Últimamente no hay nada más evidente en este sentido que la apología de la “eficacia” de la política de China que se hace en televisiones españolas o en general europeas, en todos los medios de izquierdas occidentales que entretanto son casi todos. La eficacia china contra el virus que no debemos llamar chino porque es ofensivo hacerlo. A los chinos no puede ofendérseles. A los británicos con su cepa británica en cambio, sí. La apología ya constante en medios de las democracias de la dictadura más brutal del globo tiene sus precedentes, por supuesto, porque el camino para pervertir los criterios hasta los niveles actuales es largo. Hoy se elogian sin complejos ni pudor unas políticas que también la izquierda tachaba de abominables hace unas décadas y hoy vuelven a gozar de una aceptación que no tenían desde sus orígenes en el primer tercio del siglo pasado, desde antes de que se conocieran sus bárbaras actuaciones, su trayectoria asesina y su monstruoso balance criminal y genocida.

Ahí están los llamativos agravios. Recuerden el boicot y la sagrada ira que recorría las democracias europeas por cualquier acción de la dictadura del general Pinochet. Compárenlo con la bonhomía, comprensión y cordialidad con que esas mismas democracias tratan a la dictadura cubana, mucho más asesina, brutal, totalitaria y longeva. Recuerden lo férreos que eran los principios contra el Apartheid de Sudáfrica, ya que todos sabían que no podía tolerarse una segregación racial. Y piensen en lo poco que parece importar que China hoy trate a los uighures mucho peor que el Apartheid a los negros.

China, por ahí es por donde irrumpe en nuestra historia la dura actualidad europea. Hace dos semanas, el 30 de diciembre, en pleno corazón de la Navidad, cuando nadie tiene la cabeza en otra cosa que las fiestas, los regalos y las dificultades de las reuniones familiares en pandemia por el virus llegado de Oriente, salta la noticia y no precisamente en Las Gaunas. En Bruselas se anuncia que la UE y China han concluido con éxito las negociaciones para un Acuerdo General sobre Inversiones (AGI) inmensamente beneficioso para ambas partes. Ahora comienza el proceso de deliberación y aprobación en la UE. En China ya saben que eso no hace falta.

Fue grande la sorpresa entre muchos que ignoraban la propia existencia de estas negociaciones y general la estupefacción por las prisas. ¿A qué venía en esas fechas anunciar ese acuerdo sin avisar a nadie, con tamaña precipitación y sin ton ni son? Había ton y son. Había que amarrar ese acuerdo en la presidencia semestral de Alemania en el Consejo. Porque Pekín podría haberse enfadado con Berlín si no cumple y haber reforzado sus medidas coercitivas permanentes sobre sus plantas de Volkswagen y Daimler AG, que venden en China más coches que en ningún lugar del mundo.

El insólito procedimiento se zanjó con una videoconferencia entre el presidente chino Xi Jinping, la presidente de la Comisión Úrsula von der Leyen, el inverosímil presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la canciller Angela Merkel -por la Presidencia alemana del Consejo- y el presidente francés, Emmanuel Macron. ¿Por qué Macron? Porque él lo vale, porque Merkel quiere y porque forma parte decisiva en este peligroso juego de Paris y Berlín de coquetear con la independencia estratégica europea respecto a EEUU, favorecida por el odio patológico e inagotable a Donald Trump. Que Merkel no tiene la firmeza de principios anticomunistas de Helmut Kohl se explica por sus orígenes. Macron no entiende más que de conveniencia.

Así, hemos entrado en otro nuevo gran idilio entre la Unión Europea y China. Ahora. En plena crisis mundial por un virus chino aun no explicado. Virus que Pekín ocultó hasta que había penetrado ya en todo el mundo occidental, con médicos desaparecidos por denunciar la criminal actuación de las autoridades. Con amenazas abiertas de guerra a Taiwán, que denunció la existencia del virus ante la OMS semanas antes y fue ignorado por orden de Pekín. Con masivo terror en Hong-Kong donde son detenidos a diario estudiantes, intelectuales o profesionales sospechosos de demócratas. En pleno auge de la bestial represión de los uighures, pueblo entero al trabajo forzoso, con los niños de corta edad obligados a recoger el algodón en régimen de esclavitud. Con masiva represión y presión ideológica en el Tibet. Con plena actividad de los hospitales, se habla de hasta 600 de trasplantes de órganos extraídos forzosamente a presos y miembros de Falun Gong, etc.

Todos los observatorios de DDHH y las embajadas occidentales coinciden en que la represión en China que siempre ha sido dura, alcanza ahora con Xi Jinping niveles de brutalidad, crueldad e intensidad desconocidos en décadas. Los mayores recordarán aquellos sueños alimentados por Occidente después del viaje del presidente Richard Nixon a Pekín en 1972 de una China que a través del capitalismo, el comercio y el contacto con el exterior relajaría los rigores ideológicos del estalinismo de Mao Tse Tung. Por el contrario, medio siglo más tarde y más de tres décadas después de Tiananmen, China es más dictadura totalitaria que nunca. Con un régimen dirigido férrea y verticalmente por el Partido Comunista en pleno control de todo el capitalismo público y privado, desde los consejos de administración al último portero de la más remota fábrica. Con un estalinismo armado con las nuevas tecnologías hasta crear una sociedad controlada, militarizada y aterrorizada sin fisuras. Con un ejército en permanente crecimiento y vertiginoso desarrollo y capacidad armamentista. Con un expansionismo declarado en todos los continentes y con todos los recursos, desde el incentivo con masivas compras de voluntades a todos los niveles en todos los sectores, desde los gobiernos a los medios o compañías públicas y privadas hasta la coacción directa o indirecta sobre fuerzas desafectas u organizaciones críticas. Con todas sus compañías tecnológicas -con Huawei a la cabeza- para la permanente cosecha de información y la conquista de control, obediencia y dependencia de los sectores estratégicos y la información en la mayor cantidad de países en todos los continentes.

Pues dice la presidente de la Comisión Europea, Von der Leyen, que es “un hito importante en nuestra relación con China y para nuestra AGENDA COMERCIAL BASADA EN VALORES”. El cinismo de esta afirmación es difícilmente superable por los chinos mismos. La señora Von der Leyen, nombrada como representante del PPE, el partido más votado, ha comenzado su mandato con un discurso radical de intervencionismo ecologista y militancia al asumir todas las líneas de ataque ideológico de la izquierda. Es ya todo un símbolo de la entrega todas de la derechita europea al discurso ideológico socialdemócrata muy radicalizado. Y por lo tanto, participa ya plenamente con la izquierda en esa doble vara que se ha instalado en todo lo que antes, casi con melancolía, denominaba el “mundo libre”. Los derechos humanos en Cuba o Venezuela no merecen apenas un comentario. Y hasta estas monstruosidades, masivas, sistemáticas, documentadas que se perpetran en China a diario, con todas las alarmas sonando, apenas merecen una subordinada de lamento. Eso sí, Von Der Leyen siempre está dispuesta a encocorarse y espantarse en permanente sobreactuación ante cualquier medida de una política conservadora dentro de la UE como es el caso de Polonia y Hungría.

El acuerdo responde directamente a intereses ante todo de Alemania, después Alemania y otra vez Alemania. Finalmente algo de Francia. Y por supuesto de China. Viene, como siempre los acuerdos con Pekín, jalonado de apartados de buenas intenciones y concesiones y repleto de promesas de buena conducta, transparencia e igualdad de condiciones que en el pasado siempre fueron cuentos chinos, un puro sarcasmo ante el ventajismo, el matonismo, el engaño y el robo de propiedad intelectual sistemático y cuasi garantizado.

El AGI va a debatirse ahora y Merkel y Xi Jinping, que al fin y al cabo son quienes lo cocinan y lo degustan, quieren tenerlo listo para que entre en vigor durante la presidencia francesa de la UE en el primer semestre de 2022. Para que Macron pueda degustarlo y utilizarlo para su campaña de reelección en las presidenciales de abril del 2022. Como ven, todos los cocineros catan. Con la salida de Merkel de la escena, Macron no solo cuenta con la reelección sino con hacerse con el liderazgo europeo que ella mantiene desde hace tres lustros. Y dirigir esa ambición, mentirosa pero existente, de una Europa estratégicamente independiente de las dos grandes potencias, en búsqueda de una equidistancia respecto a China y EEUU, disparate para el cual Merkel no es lo suficientemente insensata pero Macron lo puede ser sin duda.

El acuerdo que nos quieren imponer por sorpresa a todos los europeos tiene un resultado ya seguro: a cambio de ventajas comerciales y económicas para Alemania, políticas para Francia y personales para Macron, se permite a China intensificar su control sobre las economías del mundo libre. La pandemia del virus, que ha sido el mayor éxito exportador de China en su historia, ha paralizado todas las economías mundiales salvo la China y ha dejado claro que Occidente necesita repatriar mucha de la industria deslocalizada en China y oriente en general por motivos estratégicos de seguridad. Muchos medicamentos y artículos de primera necesidad de Occidente se producen hoy en su práctica totalidad en aquella dictadura que, nadie lo olvide nunca, utiliza todos sus recursos para su fin último que es el poder sobre los demás para imponer un sistema ideológico bien conocido, el comunista, en su forma más absoluta, implacable y blindada tecnológicamente.

Toda la situación de seguridad por la pandemia y evolución de la China de Xi Jinping muestra con máxima insistencia la necesidad de sacar de China producciones y traerlas para la creación de industria estratégica propia. Todo recomienda la repatriación y producciones europeas y nacionales para un futuro previsible de mucha inseguridad y serias amenazas estratégicas continuas ya como nunca hemos vistos.

Pues cuando hemos constatado esas necesidades para la seguridad occidental, este acuerdo de la UE para mayor gloria de unos pocos intenta neutralizar precisamente esa incipiente percepción del riesgo e induce a Europa a hacerse aun más dependiente de un sistema enemigo que solo espera poder para limitar primero y acabar después con las libertades y derechos que forman el núcleo y la base de las democracias y la idea europea. Ahí está el respeto a las libertades y a la soberanía de las naciones que se puede esperar de una Unión Europea con Von Der Leyen y los dos grandes estados volcados a crear un megaestado en el que al final no habría otras naciones que las dos suyas.

Incapacidad para gestionar

José T. Raga Libertad Digital 15 Enero 2021

Es un secreto a voces que avergüenza a España y a los españoles. No sólo el mercado y la economía se han globalizado, sino que los medios de comunicación han globalizado las noticias, publicitando los trapos sucios que antes lavábamos en casa.

Tenemos un Gobierno que ha mostrado más que sobradamente su manifiesta incapacidad para gestionar los asuntos públicos y su capacidad sin límites para destruir los intereses privados.

Resultado de ello es un daño para todos, porque esos todos son los que sostienen la actividad económica, la generación de rentas y el bienestar de la nación, que se volatiliza entre los dedos.

¿Alguien recuerda alguna decisión relevante de los Gobiernos de Sánchez con efecto positivo alguno? ¿Puede aceptarse el desastre permanente? La economía está destrozada y el PIB nos lo confirma; el paro en sus máximos –superando los cuatro millones–, contando los de los ERTE como ocupados, que vaya farsa; y ¿han pensado quién pagará la astronómica deuda en que nos están metiendo?

La culpa no está, como dicen algunos, en la pandemia primero y ahora, además, en la nieve, sino en la incapacidad de gestionar ambas circunstancias. El modelo único de gestión gubernamental consiste en quedarse en casa. Pese a eso, algunos ministros capitalizan los informativos, para no decir nada. Proferir palabras sin nada que decir es tarea propia de loros, pero un Gobierno, en casos semejantes, mejor estaría callado.

Si por nieve y por pandemia tuviera que estar la economía parada –en casa–, la Europa rica y la opulenta América del Norte pronto engrosarían el grupo de países pobres. La diferencia está en la gestión, no en las adversidades, pero en nuestro Gobierno, por mucho que busco, no encuentro a quienes hayan gestionado en condiciones competitivas, asuntos propios o ajenos.

¿Alguien ha pensado lo que aporta una hora de trabajo productivo a la economía y al propio trabajador? Quedarse en casa coactivamente no aporta nada, ni a la una ni al otro.

Baste para terminar, contemplar el caos de la vacunación contra la gripe, que sin duda parece se repetirá en la covid-19. Cada año, desde hace mucho tiempo, los españoles nos hemos vacunado contra la gripe sin necesidad de parafernalia publicitaria; simplemente, con el concurso de médico y farmacia.

¿Por qué tanta burocracia y tanta ineficacia en los dos casos recientes? Ansia nacionalizadora, confiscadora de medicamentos y, en definitiva, de la libertad; es la única respuesta que se me ocurre.

Hace apenas 48 horas, hablando con un colega, me comunica, seguramente pensando complacerme, que la televisión moscovita se había hecho eco, avalado por abundancia de imágenes, del caos producido por la nieve en Madrid; incomprensible, para quien ve nieve con frecuencia. Europa ya nos conoce, no se sorprende, pero Rusia…

¡Qué vergüenza! ¡Maldita globalización! Aunque si los aeropuertos de Helsinki, Rovaniemi, Estocolmo, Reikiavik, Anchorage, Chicago, Montreal… se cerraran por lo mismo que Barajas, apenas llegarían a abrir.

La catastrófica marlaskada
Ignacio Ruiz-Jarabo. vozpopuli 15 Enero 2021

Con motivo de la catástrofe que ha supuesto Filomena hemos asistido a la última de las nefastas intervenciones del ministro del Interior. De forma atolondrada y con verbo confuso, se precipitó a negar que Madrid y los madrileños pudiéramos acceder a las medidas previstas en la Ley 17/2015 para paliar los efectos de una catástrofe natural de extraordinaria dimensión.

Cuando así se manifestaba Marlaska, era ya evidente que la nevada del siglo había interrumpido sustancialmente el funcionamiento de la capital de España y del área geográfica circundante, así como que había provocado e iba a provocar en los días siguientes gran cantidad de daños materiales y personales.

Concurría de ese modo la definición legal de catástrofe incluida en la Ley reseñada, habilitándose la posible declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” ("zona catastrófica" en el lenguaje consuetudinario), justificándose así el posterior acceso a las diversas medidas de remediación para los afectados. Por ello, resultó de todo punto improcedente la actuación del ministro Grande. Se comportó como aquel personaje de Los novios de la Torre Eiffel (Jean Cocteau) cuyo epitafio fue: “No se rindió nunca ante nadie ni ante nada, ni siquiera ante la evidencia”

La dimensión de la última marlaskada requirió que, saliendo al quite, José Luis Ábalos tuviera que rectificar el disparate vomitado por el ministro Grande. La imagen reflejaba al padre que ayuda al niño, al maestro que corrige al alumno, al torero que socorre al novillero, al veterano que enseña al novel…

Sucede que el niño, alumno, novillero o novel, carga ya en su mochila con una extensa batería de disparates. Recordemos que mientras veíamos en televisión las imágenes de una Barcelona en llamas, incendiada por las cerillas de los indepes, Marlaska declaraba que la ciudad estaba en orden y en ella reinaba la normalidad. Que nos vendió el cese de Pérez de los Cobos como parte de una remodelación largamente planificada y… tardó varias semanas en sustituirlo. Que supimos por un oficial de la Guardia Civil que había dado instrucciones de rastrear las redes sociales para eliminar los mensajes y comentarios contrarios al Gobierno… A todas ellas se ha unido la marlaskada del domingo 10 de enero.

Un Gobierno débil
Hasta ahora, cada vez que una zona de España (comunidad, provincia, municipio, área) se ha visto afectada por una catástrofe natural -fuera inundación, incendio forestal o movimiento sísmico-, la reacción del Gobierno español -cualquiera que éste fuera- había sido de inmediata empatía, mostrando la máxima disposición a la adopción de las medidas necesarias para remediar los perjuicios ocasionados. Sin embargo, la astrakanada de Grande-Marlaska, negando la existencia de perjuicios privados o públicos habidos supuso un cambio de diapasón en la costumbre instaurada.

Sin duda, en esta nefasta actuación, como en las anteriores que he reseñado, ha pesado la ya aludida bisoñez política del ministro del Interior (¡qué contraste con la veteranía mostrada por el de Fomento!). Pero es más que probable que en esta última haya influido también el deseo de fortalecer su posición dentro del Gobierno, claramente débil por la carencia de apoyo político entre los partidos que lo integran.

Grande-Marlaska debió pensar que, en el escenario de conflicto entre Gobierno central y gobiernos de Madrid (autonómico y municipal), su enfrentamiento con los gobernantes madrileños le reportaría dividendos entre sus filas y se lanzó sin protección a una piscina sin agua. Se dio un tortazo de los que hacen época. Como ya he reseñado, el ministro de Fomento tuvo que proporcionarle los primeros auxilios.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Bildu, ETA y el Gobierno
EDITORIAL Libertad Digital 15 Enero 2021

Hay que reconocer que Bildu nunca ha ocultado su condición de partido proetarra: muchos de sus líderes estuvieron en un momento o en otro en la banda terrorista, nunca han condenado la violencia o los atentados y siempre han participado en los indecentes homenajes a los terroristas que abandonan las cárceles.

Por tanto, las cartas que Otegi ha mandado a los etarras que aún siguen encarcelados no pueden sorprender a nadie que no estuviera autoengañándose con todas su fuerzas. Sin embargo, no dejan de tener importancia, por al menos dos razones.

La primera es que con ellas cae una de las caretas con la que la propia Bildu tendía a camuflarse, que además era fundamental para el blanqueamiento del partido-banda que tan eficaz como inmoralmente han emprendido sus socios: ahora está más claro que nunca que, para Bildu, ETA no es algo del pasado sino del presente y del futuro.

El terrorista condenado Otegi pide "la experiencia y la fuerza de las celdas" y, según él, sin la "opinión, el voto y las propuestas" de los condenados por crímenes terribles son "imprescindibles" para "conformar la izquierda independentista que Euskal Herria necesita". No se esconden: Bildu cree que el futuro del País Vasco debe construirse con las propuestas de los que apretaban el gatillo y colocaban las bombas y deja claro que no sólo es que su relación con ETA sea intensa, sino que quieren que lo sea aún más.

La segunda razón es que, sin pretenderlo pero también sin hacer ningún esfuerzo por evitarlo, Otegi ha dejado en muy mal lugar a los miembros del Gobierno y del PSOE –y a sus innumerables e indecentes acólitos en los medios– que llevan meses empeñándose en diferenciar a Bildu y a ETA y en hablar de la banda terrorista como un episodio del pasado. Pues no: Bildu quiere contar con los asesinos, los quiere en su futuro y lo ha puesto negro sobre blanco en cartas cuyo contenido ya está en los medios de comunicación.

No es una novedad, pero en pocos días ha quedado tan en evidencia como hoy la inmoralidad de un Gobierno y de un PSOE que no sólo no tienen ningún problema en apoyarse en Bildu para mantenerse en el poder, sino que además lo hace aupándose en mentiras que ya ni ellos mismos pueden creerse.

Lo peor de todo es que a cambio de que Sánchez siga en Moncloa "la opinión, el voto y las propuestas" de los asesinos de ETA no sólo van a ser "imprescindibles" en el País Vasco, sino que también lo serán en el resto de España, un país que en unos de los peores momentos de su historia reciente se encuentra en las peores manos; y las más sucias.

Jugar a capricho con las urnas
Editorial ABC 15 Enero 2021

El nuevo desafío de la Generalitat al Supremo favoreciendo la semilibertad de los presos por sedición es arbitrario y contrario a la ley, y además aventura el retraso electoral en Cataluña

Si alguien pensaba que el independentismo catalán había entrado en una nueva fase e iba a cejar en su empeño de desafiar al Estado de derecho, estaba equivocado. Las terminales penitenciarias de la Generalitat ya se encargaron de difundir ayer que las prisiones en las que están recluidos nueve de los condenados por sedición son favorables a concederles la semilibertad, contradiciendo así las recientes resoluciones del Tribunal Supremo. Sacarlos de la cárcel es arbitrario y contrario a la legalidad, pero nadie duda de que el Gobierno catalán tramitará, y autorizará, la concesión de terceros grados mucho antes de que finalice el plazo de dos meses de que dispone, forzando así de nuevo las costuras de la Justicia y provocando el enésimo enfrentamiento institucional.

El apresurado anuncio de las cárceles es además indiciario de que en las próximas horas la Generalitat puede retrasar las elecciones del 14 de febrero hasta finales de mayo, con la coartada de que el agravamiento de la pandemia no garantiza un proceso de votación seguro. Sin embargo, la única realidad es que ERC está actuando por pura conveniencia porque cree que aplazando los comicios, su resultado le será más favorable. Tendrá tiempo de desactivar el supuesto «tirón» del socialista Salvador Illa y habrá agrandado la brecha en sus rivales del PDECat. Pero salvo catástrofe, las elecciones deberían celebrarse en tiempo y forma el 14 de febrero. El Gobierno de Pedro Sánchez tendría toda la razón cuando alega que celebrar las elecciones ahora es una «obligación legal» si no fuera porque el PSOE solo defiende las cuestiones de legalidad cuando le interesa. Cuando no es así, las pisotea, como hace con el poder judicial. Pero esta doble vara de medir la legalidad ya sorprende poco con Sánchez.

El retraso de los comicios no es conveniente porque el poder orgánico de Cataluña está en funciones desde que se negó a designar un nuevo presidente tras la inhabilitación de Joaquim Torra. Un hipotético retraso de las urnas no podría justificarse con el mismo argumento con el que se aplazaron el año pasado las de Galicia y el País Vasco. Cataluña está en una anómala situación de interinidad, y además en aquellos casos hubo unanimidad de todos los partidos dada la gravedad de la pandemia. En cambio, ahora el PSC de Illa se opone y solo cedería retrasarlas hasta marzo. También por oportunismo, claro, porque las contradicciones de Illa respecto al virus son elocuentes en su doble papel de ministro de Sanidad y candidato. Y si se aplazaran los comicios y el PSC impugnara la decisión, ese bochorno político generaría además un serio conflicto jurídico.

Si hoy se desconvocan las elecciones catalanas, Sánchez tendrá un problema de envergadura. Por eso el ministro de Justicia fue tan vehemente ayer al sostener que la Generalitat «suspendería la democracia». De nuevo el doble rasero. Ya la «suspendieron» de verdad al declarar unilateralmente la independencia, pero hoy la réplica de Sánchez es insinuar que les indultará porque «estamos en otra fase» y los condenados «no tienen toda la culpa». ¿La tiene entonces el Estado de derecho? Sánchez es comprensivo con la sedición, pero no con el aplazamiento electoral… Lo cierto es que retrasar los comicios cambiaría el paso a Sánchez. Illa quedaría «colgado» durante meses en un ministerio en el que está de salida, y Moncloa vería alterado su hipotético calendario de indultos y de desactivación del delito de sedición, porque el gran beneficiado sería ERC. No es la lucha contra el virus lo que les preocupa. Es la pugna que mantienen dos partidos, el PSOE y ERC, cuyas prioridades no parecen coincidir con las de los catalanes. Cataluña no es su laboratorio.

El gobierno desprecia lo privado y yerra en lo público
La independencia pierde fuelle en Cataluña
Miguel Massanet diariosigloxxi 15 Enero 2021

Bien, señores, las izquierdas siguen empeñadas en que se está fomentando lo que se ha dado en llamar “el discurso del odio” por parte de los partidos de la oposición y, como no podía ser de otra manera, el que se lleva el castañazo mayor de parte de todo el rojerío que se ha hecho dueño del gobierno y las instituciones, ha sido el partido del señor Abascal, Vox. Claro que esta gente, esta amalgama de enchufismo, progresismo, seudo representantes de la cultura, antirreligiosos, terroristas callejeros, políticos de tertulia de café y demás personajes de esta ralea, que no suelen leer más que la prensa deportiva, pero que se ven con fuerzas para opinar sobre lo divino y lo humano con la misma temeridad y desparpajo con que lo haría cualquiera de estos advenedizos a los que se les da un micrófono para que opinen y empiezan a desbarrar en su minuto de gloria hasta que un alma caritativa les arrebata el ingenio para que se callen y dejen de hacer el ridículo.

Y lo especialmente llamativo es que, quienes más hablan del odio; de la intolerancia de los partidos de la oposición; de la falta de colaboración de las derechas (para ellos todos lo que no secundan sus propuestas, contradicen sus ideas o se oponen a sus métodos deberían ser eliminados de la política), de la incompetencia de quienes dirigen comunidades que no están controladas por ellos y alaban y disculpan cualquier decisión del Gobierno o de aquellas instituciones o regiones en las que ellos disponen de todo el control; son precisamente los que se llevan la palma en cuanto a mantener rencores sobre sucesos de los que han transcurrido más de ochenta años; que reviven como si se tratara de hechos sucedidos ayer, viejos enfrentamiento entre españoles que tuvieron lugar en tiempos de la II República o de la Guerra Civil (¿Hasta cuándo los que la perdieron harán uso en su discurso rencoroso sobre lo ocurrido en aquella contienda?).

Y es que, en su cortedad o su intento de tergiversar los hechos, confunden con suma facilidad lo que es tener opiniones distintas, conceptos dispares sobre ideologías, juicios y criterios diferentes sobre ética o moralidad, incluso discrepancias sobre creencias religiosas o sistemas económicos etc. con intolerancia, totalitarismo, intentos de oprimir a la clase obrera, fascismo, nazismo y cualquier otro tipo de apelativos que hagan que el concepto que la ciudadanía se pueda hacer de la oposición se base en premisas absolutamente amañadas y deformadas sobre lo que es, en realidad, una nación y un tipo de gobierno basado en las libertades, la actividad privada, la competencia, la iniciativa y el emprendimiento, la propiedad, el orden, la verdadera democracia y, por supuesto, el respeto por las libertades fundamentales de cualquier ciudadano, para poder actuar con plena independencia respetando las libertades del resto de sus semejantes.

Y, hete aquí que nos encontramos ante una crisis brutal basada en la pandemia del Covid 19, con un Gobierno que decretó un “estado de alarma” (una situación que está específicamente limitada por ser algo extraordinario) que tiene que durar hasta el mes de mayo, supuestamente para que fuera el ejecutivo quien tomara el mando de todas las operaciones encargadas de dar una respuesta unificada a la epidemia en todas las autonomías españolas, fueran quienes fueran quienes las dirigieran. Pero, en realidad, haciendo un uso sectario de esta situación excepcional, lo que ha pretendido el señor Sánchez y su camarilla de colaboradores, ha sido que sean las propias comunidades, cada una de ellas según le plugiere, las que se las ingeniasen en aplicar aquellas medidas que, a cada uno de sus 17 gobiernos, les parecieran más adecuadas. Resultado: desconcierto total.

Pero, y aquí está el truco en lo que este Gobierno es verdadero maestro: con el sistema de delegar las responsabilidades en cada comunidad mientras el Gobierno se limita a criticar lo que sus dirigentes han decidido hacer ( naturalmente sólo en el caso de comunidades que no están gobernadas por separatistas o miembros de los partidos representados en el Gobierno) y bajo la óptica de poner la mira en todo aquello que más pueda perjudicar políticamente al gobernante del partido adversario, con el espurio objetivo de conseguir el mayor fruto político que, el Gobierno, pudiera sacar de ello; es obvio que siempre salva la cara porque nunca es culpable él de los fallos que puedan haber ya que siempre la culpable es la comunidad y su gobierno quienes se han equivocado.

Es tanta la inquina que, quienes dirigen la nación, le tienen a cualquier cosa que huela a privado que, solamente porque lo solicitaron algunas comunidades de derechas y para reforzar la idea de que sólo la sanidad pública es la fiable, el ministerio de Sanidad, con el señor Illa a la cabeza, se ha negado a aceptar la ayuda que le ofrecieron los hospitales privados de toda España para colaborar en la vacuna contra el coronavirus con el objeto de adelantar las vacunaciones y descargar a los hospitales y centros públicos, dónde se vacuna, de la enorme carga de vacunar a tantos millones de españoles ( hay que hacer constar que la medicina privada tiene en España más de 420 hospitales que podrían poner vacunas para adelantar el proceso). Lo mismo se podría argumentar en cuanto a las farmacias que llevan tiempo ofreciéndose, sin que el Gobierno se haya dignado tomarlo en consideración.

Y una noticia que por haber aparecido en el periódico catalán, del grupo Godó, de marcado carácter catalanista y evidente defensor del tema separatistas, La Vanguardia, se puede considerar que tiene un doble valor: “el apoyo a la independencia cae al 43% frente a casi el 50% que votaría en contra”. Según un encuesta del 20 de septiembre del 2020, a la pregunta “En un referéndum sobre la independencia de Cataluña, ¿qué votaría?” la respuesta sorprendente fue que votaron al “sí” un 42’6% y al “no” un 48’9%. No me puedo imaginar la reacción de personajes como la señora Rahola, que lleva años viviendo de defender al separatismo catalán y que está convencida de que una mayoría de catalanes lo prefiere, cuando se haya enterado de que en el mismo periódico en el que escribe sus catilinarias columnas en contra de España y de los españoles, se haya publicado que nada de lo dicho, que el “seny” se está imponiendo en Cataluña y que el pragmatismo y el sentido común de muchos catalanes sabe que esto de la independencia, aparte de ser imposible por pertenecer a España, es uno de los peores negocios en los que podrían embarcarse los catalanes desde el punto de vista económico, financiero y social. Una noticia que, para muchos españoles que vivimos en estas tierras catalanas, ha constituido un soplo de esperanza el que algún día podamos recuperar la libertad de mostrarnos como españoles en un lugar en el que, decirlo, significa poco menos que pronunciar una blasfemia. ¡Pobre Rahola, lo que estará sufriendo en estos momentos!

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos escuchar a la señora ministra de Defensa, señora Margarita Robles hablar de que, a partir de ahora, se va a poner un programa en el Ejercito de enseñanza de los valores constitucionales a la tropa. A mí se me ocurre que, antes de que se despilfarre el dinero público en enseñar a quienes probablemente saben más del tema, lo primero que debería hacer nuestro Gobierno es empezar por hacer un curso intensivo de lo que dice nuestra Carta Magna para los políticos parlamentarios de la izquierda y los separatistas, que tan necesitados están de ser instruidos sobre lo que manda nuestra Constitución y, en todo caso, recordarle al Ejército lo que dice el artículo 8º de la Constitución para los casos en que, como está sucediendo ahora en España, el peligro de involución y desmembración del país está más cerca que nunca en toda la historia de la democracia en nuestra nación. La señora Robles, que es una jurista avezada, debería saber que tiene mucha suerte el actual ejecutivo de que la cúpula militar esté al servicio del Gobierno, porque si estuviera más atenta al mandato constitucional, como debería ser, seguramente el actual Gobierno no actuaría de la forma temeraria, dictatorial y absolutista como lo está haciendo ahora. Y una frase, en este caso, de don Miguel Echegaray: “La gratitud es crimen cuando ataja el camino a la justicia.” Que tomen ejemplo los paniaguados que se aseguran los cargos apoyando a un gobierno que es una verdadera lacra para España y los españoles.


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