AGLI Recortes de Prensa   Domingo 17  Enero  2021

El gobierno de  las «diez plagas de España»
Francisco Marhuenda larazon 17 Enero 2021

Todos conocemos las famosas «diez plagas de Egipto» gracias a Los diez mandamientos, uno de los grandes clásicos del Séptimo Arte, la gran producción de Cecil B. de Mille de 1956 con los inolvidables Charlton Heston como Moisés y Yul Brynner como Ramsés. Es una película espectacular donde vimos asombrados como el mar se abría para devorar los carros del faraón. Fue la película más cara rodada hasta ese momento y una de las más taquilleras de la historia. Jehová castigó a Egipto, como explica la Biblia, que los historiadores hemos asumido su profunda base histórica en muchas cuestiones, con las «diez plagas»: conversión del agua en sangre, invasión de ranas, piojos, moscas, peste del ganado, úlceras, lluvia de fuego y granizo, langostas y saltamontes, tinieblas y muerte de los primogénitos de Egipto. Las urnas han hecho que tengamos un gobierno que acaba de cumplir su primer año y sufrimos unas modernas diez plagas que hacen reflexionar por qué merecemos un destino tan triste y aciago.

Las nuevas plagas se adaptan a estos tiempos, pero están provocando un daño enorme. La novedad no es un gobierno socialista, que en casos anteriores ha hecho cosas buenas y malas, como todos los que hemos tenido en democracia, sino el añadido de la desafortunada llegada del comunismo. En ese sentido tenemos que estar desolados, porque ni siquiera es el comunismo exquisito e intelectual que irrumpió en la Europa de la posguerra. No están los famosos «compañeros de viaje», que eran prestigiosos escritores, filósofos o catedráticos. Las urnas nos han entregado a jóvenes ambiciosos que no pudieron hacer carrera universitaria, como me decía uno de ellos, y encontraron en el activismo del 15-M una buena profesión. Los que gritaban airados «no nos representan» y se alzaban iracundos contra el sistema promoviendo escraches, ahora han abrazado el ascensor social de los ministerios, secretarías de Estado, direcciones generales, asesorías, alcaldías o concejalías. Miles de comunistas y antisistema ahora son el sistema en mayúsculas, aunque siguen instalados en la spanish revolution que nos conduzca a un «paraíso» similar al de Chávez y Maduro en Venezuela o los Castro en Cuba.

No hay que sorprenderse, porque los comunistas se aplicaron el mismo ascensor social tras la Revolución Rusa de 1917 o la China maoísta. Un gran número de ellos, como sucede también entre nosotros, eran vástagos de las clases acomodadas y dieron buen uso a las residencias de la nobleza y la burguesía. Ninguno viviría como un obrero o agricultor. Por supuesto, sus hijos y familiares se beneficiaron del sistema corrupto que establecieron. El comunismo no desapareció de Europa con la caída del muro de la vergüenza de Berlín, sino que se ha reciclado en este nuevo populismo antisistema. Ahora, con los ingresos que reciben como altos cargos pueden disfrutar de la vida regalada con la que nacieron. La primera plaga ha sido, sin lugar a duda, el regreso del comunismo al consejo de ministros y que tan triste recuerdo dejó durante la Guerra Civil.

Hemos sufrido la llegada de la pandemia, que, por supuesto, no es culpa del gobierno socialista-comunista, pero que se ha gestionado rematadamente mal. No llegó la Nueva Normalidad que se anunció con grandes alardes, sino que estamos en la tercera ola y con la noticia de que no llegarán las vacunas previstas. Nada es culpa del gobierno, pero cabe preguntarse por qué siempre estamos peor que nuestros vecinos de la UE. La tercera plaga es la debacle económica que nos afecta y que se está enmascarando con un brutal endeudamiento que no ha dado lugar a una crisis de deuda soberana gracias al BCE. Otra plaga es el paro que ha provocado y que los ERTE están escondiendo, también, pero que aflorará este año que será el peor de la crisis. Hay que incluir en esta relación la situación de tristeza que se ha ido instalando, tanto por la pandemia como por los problemas económicos que afectan a empresas y familias. Los que cobran del erario, como sucede con estos beneficiados por el ascensor social, pueden seguir instalados en su «juego de tronos» ajenos a la realidad catastrófica que vivimos.

Otra es la crispación política que ha provocado el comunismo, porque en los tiempos del bipartidismo nunca se llegó a los niveles actuales. La inclusión de este factor en la ecuación explica esta realidad. El nivel bronco, el uso de la mentira y la descalificación personal, utilizando las redes sociales o pseudo medios de comunicación, es algo que viene, precisamente, de los tiempos del 15-M. Ni socialistas ni populares habían hecho este tipo de cosas. Había unas líneas rojas que nunca se atravesaron. Ahora todo vale y el conocimiento histórico muestra que ha sido la estrategia de los totalitarismos. No hay más que recordar lo que hacían los estalinistas, maoístas, castristas, nazis o fascistas. Hay un incuestionable y trágico hilo conductor que une siempre a los autoritarismos de cualquier signo.

Las iniciativas que se están aprobando solo buscan el frentismo y la división de la sociedad por motivos estrictamente partidistas. No es exagerado calificar de plaga el peso que han adquirido los independentistas y los herederos de la ETA. Los que quieren destruir España ahora se sienten poderosos gracias a la debilidad del PSOE que los necesita para garantizar la gobernabilidad. Cuando parecía que la vacuna lo resolvería todo, hemos conocido su retraso, así como unas nevadas como no habíamos sufrido provocando un gran coste económico y humano. No entiendo que se pueda hacer un balance positivo y esperanzador con unos indicadores tan catastróficos y un panorama tan inquietante. Finalmente, España ha perdido peso y prestigio internacional como hemos visto con la chapuza de Gibraltar que debería provocar vergüenza e indignación. No somos ya un país atractivo para los inversores nacionales e internacionales. ¿Qué otras plagas nos esperan?

Maestros del desgobierno
Jorge Vilches  larazon 17 Enero 2021

Este gobierno socialcomunista se ha encontrado en tan solo un año con dos catástrofes de distinta magnitud que han puesto a prueba su capacidad ejecutiva. 80.000 muertos por la COVID-19 y medio país paralizado por la falta de previsión ante un temporal, el “Filomena”, del que avisó la AEMET, la Agencia Española de Meteorología. No es difícil imaginar qué pasó con los doce informes que la Dirección Nacional de Seguridad, adscrita a Presidencia, envió al Gobierno advirtiendo de la pandemia antes de marzo de 2020. Tampoco hay que ser un lince de la administración para sospechar que la AEMET envió su pronóstico al Gabinete de la ministra para la Transición Ecológica, hoy día desaparecida en combate, y que hicieron oídos sordos.

El caso es tan de manual que permite, citando al jurista Alejandro Nieto, deslindar lo que se entiende por desgobierno, mal gobierno y mala administración. Esto último es cuando la gestión es desacertada, pésima, pero estuvo bien planificada. Lo segundo, el mal gobierno, es cuando se fijan políticas públicas erróneas que llevan al desastre. Por ejemplo, subir salvajemente los impuestos y que esto paralice la economía, genere desempleo, congele el consumo y provoque una enorme crisis. Hay que reconocer que los socialistas de todos los países son expertos en esto, y que los sanchistas y sus aliados podemitas parecen resueltos a repetir el descalabro. Estas dos formas del mal tienen solución con unas elecciones que cambien el gobierno. El problema es cuando se trata de desgobierno; esto es, cuando existe la intención de que las cosas salgan mal a alguien o a todos. Esto es lo que ha pasado en España.

El Ejecutivo de Sánchez e Iglesias se desentendió de sus funciones, aparcó la coordinación con las autonomías, y prefirió que esas dos grandes calamidades -me refiero al virus y a la nieve-, corrieran su curso. Obviaron los avisos y entorpecieron la compra de material sanitario en marzo, lo que provocó un retraso que se pagó con vidas. Cuando el virus se desbocó, dejaron que fueran las autonomías quienes solucionaran cada una sus problemas. Eso sí; pusieron el acento negativo en aquellos territorios gobernados por el PP y Ciudadanos para lanzar la opinión pública contra ellos. La campaña de mentiras y abandonos conscientes fue dura. De hecho, Iglesias no pasó por ninguna residencia de ancianos a pesar de ser el vicepresidente de derechos sociales, ni Pedro Sánchez se atrevió a visitar un hospital madrileño, ni siquiera Ifema, hasta que Ayuso estuvo de visita en Cataluña.

El temporal “Filomena” ha encontrado al Gobierno de vacaciones, como hicieron en el verano de 2020 a pesar de que se avecinaba la segunda ola del virus. Grande-Marlaska, el ministro del Interior, tardó solo treinta minutos en decir a Almeida, el alcalde de Madrid, que no iba a recibir ayuda por zona catastrófica. Ábalos, ministro de Transportes y Movilidad, se rió de los particulares que habían cogido una pala para quitar la nieve de su calle y coche. Teresa Ribera, designada para la Transición Ecológica, no apareció, al igual que Pablo Iglesias, escondido tras la subida del precio de la electricidad. Además, luego nos enteramos de que únicamente se utilizó al 20% de la UME.

Este desgobierno se ha producido por la negativa del Ejecutivo a colaborar con otras administraciones en la previsión de la nevada, y en su día de la COVID-19, tanto como por su miedo a interferir en las competencias de las autonomías gobernadas por sus aliados nacionalistas. No obstante, este desastre no hace olvidar el mal gobierno y la mala administración de muchos pueblos, incluso grandes poblaciones, que casi una semana después de la nevada continúan con las calzadas y aceras congeladas.

La democracia, rehén de la pandemia
EDITORIAL https://gaceta.es  17 Enero 2021

El aplazamiento de las elecciones regionales en Cataluña, decidido de manera unilateral por el capitidisminuido Gobierno autonómico catalán, es una mala noticia objetiva porque certifica hasta qué punto los ciudadanos hemos cedido el control de nuestras vidas a unas administraciones y a unos partidos que, incapaces de garantizar nuestra seguridad, optan por el camino de cercenar la libertad.

Las razones sanitarias argüidas de manera vaga por los responsables autonómicos catalanes para aplazar el ejercicio del voto son fraudulentas. En todo el mundo se han ido celebrando durante estos meses procesos electorales, alguno de ellos mucho más complejo que unas elecciones regionales, y se ha aprendido con previsión, organización y gestión, se garantizan las condiciones para que la democracia siga su curso y los ciudadanos no seamos rehenes de decisiones autoritarias partidistas y electoralistas.

Es cierto que pedir previsión, organización y gestión a los partidos nacionalistas que han fracturado Cataluña y a la coalición socialcomunista que desgobierna y paraliza el conjunto de España, responsable (o incluso corresponsable) de la muerte de más de 80.000 personas y de la ruina de cientos de miles de familias, parece un ejercicio inútil, pero no debemos ceder ante el desánimo de pensar que lo que hay es lo único que podemos conseguir.

La prueba del nueve de todo lo que acabamos de escribir la encontramos en la oposición del Partido Socialista al aplazamiento de las elecciones. Que el mismo ministro de Sanidad que ha dado pruebas más que evidentes de su incapacidad y que ha logrado esquivar la investigación judicial gracias a la subordinación servil de la Fiscalía General del Estado, sea el cabeza de lista de los socialistas en esa elección para aprovechar su tirón político (?) es todo un déficit democrático en sí. Pero que Salvador Illa se oponga al aplazamiento de las elecciones catalanas nos habla de la desvergüenza del Gobierno de la Nación, de la complicidad de los medios de comunicación públicos y subvencionados que mantienen a los españoles paralizados por el miedo a la enfermedad y a la miseria, pero también nos habla de hasta que punto las decisiones de gestión en la pandémica y enlutada democracia española se han tomado y se siguen tomando por cálculos electoralistas.

El día que podamos volver a votar, no deberíamos olvidarlo.

Big Tech-Big Brother /1
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 17 Enero 2021

La conjura contra América y contra la libertad de expresión de la plutocracia izquierdista y el cártel de Silicon Valley.

Lo que está sucediendo tras las elecciones norteamericanas es mucho más importante que quién las ganó, los errores que cometió Trump o quién permitió que unos cientos de imbéciles, arengados, aunque no dirigidos por el presidente más votado en la historia de los USA, perpetraran el criminal disparate -que cuatro pagaron con su vida- de irrumpir en el Capitolio para hacerse selfies. Peor: que se convirtieran en símbolo de los 75 millones que votaron a Trump para que los defendiera de medios y partidos que pueden acabar con los Estados Unidos de América como “la tierra de los libres”.

Dejar a un lado el resultado electoral
Insisto en que seguir en la lucha sobre el resultado electoral es algo que el propio Trump ha arruinado al mezclar la reclamación legal, a mi juicio clamorosamente eludida en los tribunales, con una algarada violenta y a la vez zafiamente inofensiva. Los demócratas pasaron el año electoral alentando la violencia callejera de los Antifa y el BLM o justificando sus crímenes con genuflexiones grotescas como la de Nancy Pelosi a la que me refiero en mi libro La vuelta del comunismo. Pero que sean peores que los republicanos no los convierte a éstos en buenos ni en más inteligentes.

Los errores políticos nacidos de lo que Rodríguez Herrera llama “la repulsiva personalidad de Trump”, de un ego inmenso, inmensamente herido y reaccionando de forma irresponsable han servido en bandeja a sus enemigos y a los de toda esa América agrupada tras él a falta de otro mejor o con más capacidad de lucha contra el poder progre, en la perfecta excusa para la actuación de una piovra, pulpo o mafia digital, el cartel Big Tech, nacido y crecido a la sombra de la libertad de opinión y empresa, pero que ha utilizado los sucesos del Capitolio para actuar como una policía política al margen de la Ley, fiscal y juez de unos clientes sin derecho a abogado.

El asalto a Parler
Es lo que venía haciendo Twitter, cada vez a mayor escala, y ante lo que nada hicieron conservadores y liberales en lo legal ni en lo empresarial. Sólo cuando Bezos, dueño de Amazon y del Washington Post y actuando como editor de ambos, cerró el acceso a Internet de Parler supuestamente para evitar una cuenta de Trump, líderes tan distintos como Merkel y López Obrador denunciaron un abuso que si se puede infligir al presidente de los USA puede infligirse a cualquier líder político, por ideología o por negocio. El asalto a Parler y al frágil universo digital de la derecha norteamericana por el gigantesco cártel llamado GAFAT (Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter) que denunció brillantemente en LD Rodríguez Herrera muestra no sólo el despotismo desatado de unas empresas que nacieron para que los humanos nos comunicáramos mejor y se han convertido en vigilantes de que sólo nos comuniquemos lo que ellas nos dejen, sino la indefensión de un amplio sector ideológico sin medios ni líderes capaces de defender sus valores. No quieren, pero, si quisieran, ni sabrían ni podrían.

El cierre de la cuenta de Trump en Twitter y los demás medios del Big Tech/ Big Brother ha sido sólo uno de los miles de atropellos en una supuesta lucha contra el “discurso de odio” de esa plutocracia izquierdista que presenta las juntas de accionistas al modo del Club de la Comedia. De lo más guay; pero luego no vacila en cerrar sin razones creíbles cuentas que denuncia esa misma izquierda que publica a diario millones de mensajes de odio al disidente, desde dictaduras comunistas como las de Cuba o China, con la que tienen grandes negocios, hasta teocracias antisemitas como la de Irán. Les preocupa el odio del que odian, no el odio del que les conviene.

Nunca tan pocos, con tan pocas empresas y tan pocos trabajadores tuvieron un poder tan monstruoso sobre miles de millones de habitantes del mundo. El cartel Big Tech es lo más parecido al Big Brother de Orwell y ha demostrado a la vez su enorme poder y su vocación totalitaria. Eso nos obliga a repensar muchas cosas a los liberales de todo el mundo, incluso a los académicos que viven en la nube del dogma de combatir toda Ley sin ver que legitimar un mundo sin Estado y sin Ley, es hacerlo con cualquier violencia desde el Poder contra el débil o el disconforme. Sin Ley no hay libertad. Y ante nosotros se ha abierto un inmenso agujero negro, el de la legislación inexistente sobre Internet y las prácticas contra la competencia de unas compañías con más poder económico que cualquier Estado de la ONU y más poder político que cualquier régimen totalitario comunista.

Trump, intolerable; Xi Jinping, buen socio
Lo terrible, que ya barruntó Tocqueville en La democracia en América, es que esta agresión masiva contra los derechos individuales, simbolizada en un chivo expiatorio perfecto como Trump, se hace con el acompañamiento y aplauso de buena parte de una población adoctrinada o encolerizada al típico estilo maoísta. En España, plumas tradicionalmente liberales, celebran que Trump sea privado de voz en nombre de la libertad de expresión, admitida para las peores dictaduras o los terroristas islámicos. Maduro, Putin, Xi Jinping, yihadistas y narcotraficantes, no sufren censura alguna por el odio que a diario predican. Se excusan y muchos les excusan con el argumento de que Twitter y Facebook son empresas privadas y se debe permitir que actúen como quieran. Pero eso no es verdad. Como dice Domingo Soriano, las empresas de Internet no nacieron en un ámbito sin ley, sino protegidas por un sistema legal determinado. Y nacieron como empresas de transporte de cualquier discurso no como editores de algunos. O son como Telefónica, que no espía a sus usuarios, o como Twitter, que los vigila y censura. Si son un medio de comunicación deben atenerse a las leyes al respecto. Empezando, claro está, por la libertad de expresión, que interpreta a su antojo sectario. Hoy, Twitter, en España, está por encima del Tribunal Supremo. Puede cerrar su cuenta e incomunicarlo como a Trump.

Las Big Tech pretenden ser apolíticas, pero deciden ya el destino político de buena parte de la humanidad. Y no es verdad que puedan ser como una casa o un bar que se reserva el derecho de admisión. En los USA un bar no puede impedir la entrada a negros o mujeres. Tampoco puede escudarse en que al entrar firmaron voluntariamente un contrato farragoso que admite la patada inmisericorde cuando el dueño quiera. Y eso se hace para utilizar una dirección y unos datos con fines comerciales o políticos, sabiendo que nadie los lee y, si los lee, no los entiende, porque remiten a su vez a miles de contratos diseminados en una lejana nube inabordable.

El antitrumpismo y la técnica estalinista
El antitrumpismo que esgrimen como argumento la izquierda y las Big Tech es como el antifascismo de Stalin: un modo de legitimar hacia fuera una política interior inconfesable. Biden, Kamala y Pelosi son poco más que gadgets desechables de Zuckerberg y todos esos ricos vestidos de pobre que tienen cantidades gigantescas de dinero y pretenden diseñar el futuro de la humanidad como un programa de software. Juntos han puesto en marcha un mecanismo de poder de duración ilimitada, que se basa en la fragmentación de la comunidad política y en convertirla en una serie de tribus unidas por la tecnología y custodiadas por unos dioses benéficos, que, naturalmente, son ellos: los simples empresarios y simples políticos que, después de estas elecciones norteamericanas, resultan indistinguibles.

Reconozcamos que esta situación nos ha pillado a los liberales sin las herramientas teóricas para entenderla y sin suficientes argumentos políticos para combatirla. Hemos desdeñado ciertas tesis por conspiranoicas y se nos ha olvidado que nos llamaban conspiranoicos los encubridores del 11M. Hemos teorizado casi todo lo referente al mercado y a las mercancías que entendemos, pero apenas entendemos otra clase de mercado y mercancías que nos resulta difícil desentrañar, abordar y transformar. En el artículo de Mario Noya de ayer se citan varios artículos sobre la tiranía de Big Tech/ Big Brother en el ámbito que, a mi juicio, resulta más urgente: el político, del que debe salir una reflexión de orden legal. No podemos obviar que los plutócratas progres de Silicon Valley han demostrado que están al margen y por encima de la Constitución de cualquier Estado soberano. Es urgente, pues, repensar los términos legales de un mercado, virtual y real, que marca la mente y determina el comportamiento antes de elegir comprar o vender.

Dos lecturas imprescindibles
Hay, pues, que estudiar más. Acaba de publicarse en español La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, que pasa por ser el mejor análisis reciente sobre los retos que las nuevas tecnologías plantean en las sociedades que quieren ser libres. A mí me sorprende que parta de un término, capitalismo, tan impreciso como el de Marx en El Capital que he recordado en Memoria del Comunismo cuando lo compara con una silla que baila sobre sus patas y otras artes de magia abracadabrantes que apenas ocultan su incapacidad de entender el hecho que viene a condenar. Zuboff es una clásica progre de los 70 que necesita designar como capitalista algo que quiere criticar. Pero entonces lo hace a fondo. Y en esa resistencia a lo que ella llama capitalismo y yo veo como el comunismo de Deng Xiaoping y Xi Jinping, una tiranía con capital prestado o fruto del fraude y el atraco, una densidad y una intensidad que no hallo en muchos liberales modernos.

Caso distinto es el de Jaron Lanier, cuyo libro en español Contra el rebaño digital parte de una experiencia paradójica: la de los creadores de Internet que reniegan de su invento o del uso que de él se hace y se critica en el documental de Netflix El dilema de las redes o el film El círculo. Lanier es más liberal, en el sentido europeo del término, pero se mueve entre los “maoístas digitales”. Esos dictadores de la red y esos genios maléficos del GAFAT son sus amigos, pero los critica ferozmente. A los nacidos en un mundo digital les resultará fascinante como base de datos. Ahí están los que para este sabio crearon realmente el mundo de la Red. Yo confieso que me resulta difícil seguir sus reflexiones técnicas y teóricas, pero animo a los no analógicos a leerlo. Con un punto de vista distinto del de Zuboff, late en él el mismo afán humanista de no renunciar a la ciencia a cambio de la fe ni viceversa. Ese es el gran reto. No podemos ni debemos renunciar a un mundo de ordenadores conectados. No podemos ni debemos admitir que esos ordenadores nos digan qué pensar, qué decir y qué votar.

La libertad de expresión, un valor sagrado
Editorial El Mundo 17 Enero 2021

La violencia se combate con el Estado de derecho, no cercenando un derecho fundamental

El aumento exponencial de la violencia, no solo en países en conflicto, sino en las democracias occidentales constituye una grave amenaza. Tal como publicamos hoy en Papel, varios barómetros internacionales señalan la creciente inquietud por un fenómeno en el que se confunde el derecho de manifestación con un tipo de vandalismo que, en última instancia, deriva en violencia organizada. Hay razones de tipo social -como la pobreza o la desigualdad- y factores estructurales -como la exclusión o la tendencia a la concentración urbana- que influyen en este proceso. En todo caso, el asalto al Capitolio mostró en toda su crudeza los peligros a los que aboca el populismo, independientemente de la orientación ideológica que éste tenga. La democracia debe usar todos los instrumentos legales a su alcance para defenderse de estos riesgos. Lo que no es admisible es cercenar un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión.

A raíz del intento de la toma de la sede de la soberanía nacional en EEUU, y después de que el propio Donald Trump jaleara a sus bases más radicales, Twitter y Facebook decidieron suspender las cuentas y los perfiles del aún inquilino de la Casa Blanca. Esta clase de censura previa, al margen de la opinión que cada a uno le pueda merecer el dirigente estadounidense, resulta impropia de la primera potencia democrática del mundo. Estamos acostumbrados a observar cómo democracias iliberales, no digamos regímenes de corte autocrático o dictarorial, aprueban legislaciones ad hoc para amputar la libertad de expresión, controlar la información y perseguir a la disidencia. Es peligroso que compañías tecnológicas, cuyos consejos de administración solo deben responder ante sus accionistas, se erijan en árbitros para discernir quién puede o no emitir opiniones sin mediar ninguna resolución judicial. No hay que confundir la necesidad de regular la monitorización de contenidos digitales que pueden ser potencialmente lesivos para la democracia, bien porque inciten al odio o porque se traten de mera correa de transmisión de grupos violentos, con la erosión de la libertad de expresión. Ahora ha afectado a Trump, pero mañana puede extrapolarse a cualquiera. «No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo». La máxima de Voltaire sintetiza una exigencia democrática irrenunciable.

La generación más engañada
Benito Arruñada. vozpopuli  17 Enero 2021

El Gobierno ha promulgado una nueva Ley de Educación. Aumenta ésta las restricciones de los centros concertados, lo que contradice tanto la lógica económica, pues son menos costosos, como la opinión de los propios ciudadanos, que los prefieren masivamente a los públicos.

Es lo de menos. Lo peor es que, con el fin de esconder el abandono escolar, la Ley también opta por rebajar aún más los estándares de exigencia. Las consecuencias serán nefastas para los más humildes, sobre todo esos analfabetos funcionales a los que ahora regalaremos un título vacío de todo contenido. No obstante, se equivocan los padres de clase media si creen que esa menor exigencia no dañará la formación de sus hijos.

Cierto que los chicos de clase media son, en promedio, mejores estudiantes. Por algo se crían en un ambiente familiar más culto y cuentan con más recursos de todo tipo. Sobre todo, con la capacidad de sus familias para educarles, así como la gran ventaja de que sus padres pagan por buenos colegios públicos al comprar piso en los barrios caros de nuestras ciudades. Por eso es tan clasista el deterioro de la enseñanza al que nos condena el falso progresismo educativo: las familias humildes ni saben ni pueden combatirla. Sucede así sobre todo desde la LOGSE de 1990; pero no se dejen engañar: la tendencia se remonta, al menos, a la Ley General de Educación de 1970.

La menor exigencia para pasar de curso o aprobar se traslada enseguida entre colegios, y dentro de cada colegio y cada clase. Como lleva ocurriendo desde hace décadas, no serán los buenos estudiantes los que tiren de los malos hacia arriba, sino los malos los que arrastren a los buenos hacia abajo. Si al analfabeto se le aprueba y pasa de curso, al que aplica las cuatro reglas y escribe sin faltas de ortografía, se le considera un sabio. Si al que saca el bachiller de ciencias se le tiene poco menos que por un genio, el alumno excelente queda condenado a aprender muy por debajo de su potencial, y ello a pesar de que hace apenas veinte años hubiera sufrido para aprobar el COU, por no hablar del antiguo “Preu”.

La magia exculpatoria
Este derrumbe de los estándares de exigencia lleva a que muchos de los mejores estudiantes y sus padres se formen unas expectativas cada vez más infundadas acerca de la formación y la valía de los jóvenes. La realidad solo se impone si y cuando empiezan a trabajar, y ello en dura competencia con las excusas habituales que les proporciona la magia exculpatoria de designar a la generación más titulada como “la más preparada”.

Permítame ilustrarlo con una anécdota. Cada curso, en una de las mejores facultades de Economía y Administración de Empresas, de esas que presumen de dar muchas clases en inglés y de las altas “notas de corte” que alcanzan sus alumnos en la selectividad, un equipo de estudiantes de último curso elabora un proyecto de consultoría sobre desarrollo profesional. Tras familiarizarse con la literatura científica en el asunto, deben aplicar sus conocimientos para identificar deficiencias y definir pautas y metas de desarrollo personal para los jóvenes graduados de su propia promoción.

El objetivo es instarles a reflexionar sobre su carrera profesional. Sin embargo, año tras año, sin fallo alguno desde 2007, los estudiantes intentan esquivar esa demanda. Pretenden, en cambio, centrar el proyecto en cómo deben modificar las empresas sus puestos de trabajo para satisfacer las demandas de sus nuevos empleados. En el fondo, pretenden enseñar a sus futuros empleadores cómo deben adaptarse a las demandas de los propios jóvenes. Unas demandas que ellos consideran fijas o que, al menos, no están en principio dispuestos a alterar. Por el contrario, el encargo que reciben es muy claro, al considerar fijos los puestos de trabajo y pedir que analicen qué pasos deben dar ellos para adaptarse y tener éxito en su inminente vida laboral.

Algunos padres están orgullosos de que sus retoños exijan este cambio a las empresas, quizá porque es lo que ellos mismos han estado concediéndoles durante años. O quizá porque imaginan que en las empresas tales cambios son gratuitos, que es posible o incluso fácil diseñar trabajos más cómodos o menos exigentes produciendo y cobrando lo mismo. No es cierto. Nada es gratis, y, además, quien mejor sabe cómo hacer productiva una actividad no son ni los jóvenes ni ese especial tipo de padres.

Aun así, podría pensarse que ambas perspectivas son igual de válidas, y que simplemente se requiere una adecuación, ya sea de la oferta de los jóvenes o de la demanda de las empresas. Si ahí radicase todo el problema, el ajuste sería sencillo; si los jóvenes en verdad prefieren puestos menos exigentes, las empresas pueden adaptarse fácilmente pagándoles un salario inferior, acorde con la menor productividad derivada de esa menor exigencia. Pueden también mover sus actividades fuera del país o importar titulados de otros países. De hecho, es esto último lo que empezaron a hacer las firmas auditoras cuando, en medio de la burbuja de crecimiento económico que vivimos en la primera década del siglo, sus empleos eran despreciados por los graduados nativos.

Por tanto, debemos preguntarnos si es o no cierto que los nuevos titulados prefieren puestos de trabajo de baja exigencia a cambio de un salario menor. La explicación optimista es la de que han cambiado las preferencias de los jóvenes, y que simplemente desean trabajar menos y conciliar más la profesión con una vida personal de mayor calidad. Era este un argumento muy socorrido durante la burbuja. Se decía entonces que los jóvenes se estaban adaptando racionalmente a una situación económica que les era muy favorable, así como al bienestar económico general y a la mayor riqueza de sus familias.

Ciertamente, caben pocas dudas de que el bienestar modifica las actitudes y valores hacia el trabajo. Sin embargo, las crisis posteriores han venido a desmentir esa explicación optimista porque, si bien, primero, la crisis de 2008, y, ahora, la crisis de la pandemia nos han hecho mucho más pobres, las actitudes hacia el trabajo siguen siendo muy parecidas. Aunque a otro nivel o con manifestaciones distintas, seguimos observando similares desajustes a los anteriores a la primera crisis.

Adaptación a la realidad
Por ello, me inclino a pensar que, más bien, lo que quieren nuestros jóvenes más titulados es un trabajo llevadero pero con buen sueldo. Muchos de ellos son víctimas de un espejismo que los lleva a tener unas expectativas muy infladas de su propia cualificación y productividad. Sospecho que la adaptación de estos jóvenes a la realidad es incompleta, que sus decisiones no están bien informadas y que no son, por tanto, plenamente conscientes de las consecuencias que esas decisiones entrañan. Temo, en especial, que muchos de ellos sobrevaloran su valía y su potencial de ingresos, a la vez que infravaloran el coste de satisfacer sus necesidades, tanto actuales como futuras.

Me reafirman en esta creencia los resultados que obtiene, en esa misma facultad y asignatura, otro equipo de estudiantes que recibe el encargo de estimar qué ingresos necesitan lograr los jóvenes graduados para financiar el nivel de vida que esperan disfrutar. Es notable que, en cuanto se paran a pensarlo, saben bastante bien lo que quieren: cuántos hijos quieren tener y en qué colegios desean educarles, en qué barrio y en qué vivienda quieren vivir, qué coches aspiran a conducir y dónde quieren pasar las vacaciones, etcétera. Su desconocimiento es, sin embargo, total en cuanto a los precios; y su sorpresa mayúscula cuando atisban que, incluso tras varios años de experiencia laboral, los ingresos medios de un profesional solo alcanzan para cubrir entre un tercio y la mitad de los costes de su nivel esperado de vida.

Tengo la impresión de que estos jóvenes han sido doblemente engañados, en su casa y en la escuela. En casa, les han educado en una lógica de consumo que va mucho más allá del mero consumismo de mercancías. La consecuencia más grave de que los padres contemplen a sus hijos como bienes de consumo (recuerden el inmoral dicho de “yo quiero disfrutar de mi hijo”) es que su prioridad resida más en hacer que el hijo se sienta feliz —cuidándose para ello de eliminar de su camino todos los obstáculos (como los “padres quitanieves” de Estados Unidos) y de que sufran las mínimas frustraciones— que en lograr su desarrollo personal como adulto capaz e independiente. Muchos jóvenes acaban así aspirando a consumir puestos de trabajo; pero no a cambio de precio, sino en el régimen de “gratis total” que han venido disfrutando.

Los empollones del doble grado
Por otro lado, en la escuela, el instituto y la universidad hemos valorado su rendimiento con estándares muy relajados, premiándoles de forma exagerada por rendimientos mediocres (de nuevo, el fenómeno no es exclusivo de España: también en Estados Unidos preocupa la inflación de “trofeos” infantiles). De ahí que este problema de expectativas infundadas afecte más a los jóvenes con más años de estudios y que, entre ellos, afecte aún más a los que parecen ser “mejores” estudiantes, aquellos que nunca han recibido una señal negativa, pese a que en otro sistema más exigente hubieran recibido muchas. Los empollones de los dobles grados son quizá el caso más grave, debido al tipo de docencia que se administran, consistente en digerir una dosis doble de “apuntes”. Son los mismos que se derrumban incrédulos cuando su primer jefe les señala los defectos de su primera tarea profesional, defectos que todos sus profesores han omitido corregir.

Curiosamente, se da así el caso de que en nuestro desquiciado sistema de enseñanza los estudiantes que reciben una información más veraz de su (ciertamente escasa) formación quizá sean los que abandonan los estudios. Esos que nuestra flamante Ley de Educación pretende ahora engañar con el simple expediente de pasarles de curso y regalarles un título falaz e inútil. Dejarán así de ser una excepción.

En las próximas semanas intentaré explicar quién ha engañado a los jóvenes y qué pueden y podemos hacer para revertir esa penosa situación.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El Gobierno de los ricos
EDUARDO INDA okdiario 17 Enero 2021

Cuando este Gobierno “progresista” asumió el poder en enero de hace un año sólo le faltó cantar La Internacional, que comienza con la celebérrima letra:

—Arriba, parias de la tierra,
en pie, famélica legión,
atruena la razón en marcha,
es el fin de la opresión;

Del pasado hay que hacer añicos,
legión esclava en pie va a vencer,
el mundo va a cambiar de base,
los nada de hoy todo han de ser—.

Juraron, más bien perjuraron, que serían el Gobierno de los más necesitados, “de los que menos tienen” y de aquéllos que están “en riesgo de pobreza”. Cada vez que hablaban Sánchez y muy especialmente el multimillonario Iglesias o sus matoncillos parecía que España era y es una nación pobre, del Tercer Mundo, Haití, mismamente. Se les llenaban sus sucios buches asegurando que uno de cada tres españoles está en riesgo de pobreza. Se sacaron de la manga esos palabros repugnantes que, como hemos comprobado a posteriori, escondían y esconden un millón de mentiras: “Pobreza energética”, “vulnerabilidad”, “escudo social” y un tan largo como empalagoso etcétera.

Prometieron meter en vereda a los ricos y acabar con “la brutal desigualdad” en la que nos había sumido Mariano Rajoy. Un Mariano Rajoy que metió nuestra economía en un crecimiento del 3% cuando huyó en 2018, porcentaje que contrasta con el 12% de desplome en el que como mínimo cerramos 2020 gracias a la gestión de estos cantamañanas —me da miedo pensar en el día en que se hagan oficiales los datos de PIB—. Cuando había crisis tradicionales como las de los 70, los 90 y los dosmiles, los que más salían perjudicados siempre eran los ciudadanos con menos recursos, que en el mejor de los casos quedaban fuera de juego en el mercado laboral y en el peor acababan pidiendo en la calle o hurgando en los contenedores de basura en busca de algo que llevarse a la boca o que poder vender para comer. Como certificamos día a día, la vida sigue igual. No quiero ni pensar el panorama devastador que quedará cuando se gripe el grifo de los ERTE.

Este Ejecutivo también ponía el grito en el cielo cada vez que subía la factura de la luz. La culpa era del malo-malísimo de Rajoy y de las eléctricas, que eran y son en su cínico imaginario colectivo aún peores que el ex presidente popular, que ya es decir. El vicedelincuente Iglesias escribió un tuit en enero de 2017:

—Disparar la factura de la luz un día como hoy sólo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice—.

En aquel entonces el precio de la luz se disparó un 27% en las tres primeras semanas del año. Ahora con un 38% de estirón, el vicepresidente primero sigue escondido en su casoplón, calentito, eso sí, sin decir ni mu. Calla como un puto. Ahora los vulnerables le tocan un pie. Consiguió vivir en un chalet de 280 metros cuadrados en Galapagar, una solución habitacional como otra cualquiera, y ya no le importan los que están tiritando de frío en sus casas porque no les da para satisfacer el recibo eléctrico o de gas.

Otro que tal baila es Pedro Sánchez, que en diciembre de 2013 se ponía flamenco con una subida del 11% en la factura. Hablaba de “ataque del Gobierno a las familias”. Ahora también se esconde tras las paredes de Palacio, que en Moncloa se vive a cuerpo de rey, que es en el fondo lo que a él le gustaría ser o tal vez lo que él pretende ser. Solventar este encarecimiento de la electricidad lo tienen muy fácil teniendo en cuenta que más de la mitad del recibo corresponde a impuestos, el 57% para más señas. El resto, es decir, un 43%, es lo que realmente abonamos a las eléctricas. Vamos, que no son las culpables de que tengamos que apoquinar lo que apoquinamos en concepto de energía en nuestros hogares. El grueso de la bofetada a nuestros bolsillos es el IVA, un 21%, el resto es el Impuesto sobre la Electricidad —como ven, una doble imposición—, las primas a las renovables de Zapatero, las ayudas al carbón y la solidaridad interterritorial. Manda narices.

Sin que sirva de precedente, Pablo Iglesias, el que ahora en lugar de hablar del facturazo de la luz se dedica a comentar temas del grupo heavy Barricada, tenía razón cuando en 2015 declaró en El Hormiguero del gran Pablo Motos que “no es lógico que se pague el mismo IVA por la luz que por [la compra de] un yate”. Ha tenido un año para reducirlo pero el IVA eléctrico continúa en el mismo nivel que productos de lujo como un yate, un Rolex o un Ferrari. Qué chusma hipócrita. Por no hablar del desfase que tenemos con la mayor parte de Europa: nuestro IVA de la electricidad y del gas está 2 puntos por encima de la media. El cabreo es sideral si reparamos en el nada insignificante hecho de que en Grecia asciende al 6%, en Italia se sitúa en el 10%, en Irlanda en un 14%, en Alemania y Francia en un 19%.

¡Sí se puede! En fin, que hay margen para bajarlo, claro que lo hay, el problema es cómo pagamos luego nuestros cientos de miles de coches oficiales, los cientos de miles de enchufados en la Administración, los Falcon, esos cargos de confianza que toda la vida de Dios hemos llamado “pelotas”, esos ministerios o departamentos artificiales como el de Igualdad, las ayudas a las falsas ONGs de izquierdas, los óbolos multimillonarios a proetarras, golpistas catalanes y nacionalistas varios, el pastizal que otorgan a los medios amigos, las comilonas, los viajes oficiales y ese sinfín de mamandurrias que las pagamos usted y yo, querido lector.

Otra que tal baila es Irena Montera, cuyo tuit de hace dos años es sencillamente glorioso, amén de un monumento a la idiocia:
—Lo reconoce todo el mundo: sólo nosotros podemos hacer que baje la factura de la luz o que la banca devuelva lo que nos debe, por algo sencillo: no somos perfectos pero a nosotros no nos compran—.

Que no es perfecta, no hace falta que lo diga. Y que no han bajado la factura de la luz, tampoco. La autora de estas palabras no ha salido estos días a pedir perdón a los españoles por sus trolas elefantiásicas. Más al contrario, continúa bunkerizada en su mansión galapagueña. Cuando entran en tu casa 150.000 pavos al año en A y tienes resuelta la vida, duermes calentito, cuentas con chófer, escoltas a gogó, nanny para los niños y dos doncellas, los pobres energéticos pasan a segundo, tercer o nonagésimo plano. Vamos, que te la traen al pairo.

Las golfas contradicciones de este Gobierno de los parias de la tierra quedan definitivamente claras cuando contemplamos los impuestazos que, aunque no nos hayamos enterado, subieron el 1 de enero. El primero es el que se aplica a las bebidas azucaradas, la Coca Cola por ejemplo, que pasa de soportar un IVA del 10%, el reducido, a estar gravadas con un 21%, ¡¡¡el de los artículos de lujo!!! Otra puñalada a los parias de la tierra. A una Botín, a un Entrenacanales, a un Del Pino, a Juan Roig y no digamos ya a Amancio Ortega estos 11 puntos más se la refanfinflan porque tienen miles de millones y porque más que bebidas azucaradas, consumen vinos franceses de 1.000 euros o champanes de 3.000.

La matriculación de vehículos supone a partir del 1 de enero 1.000 euros más de media. Mil euros que, no lo olvidemos, es el Salario Mínimo Interprofesional. Un pastizal para cualquiera de nosotros, una nimiedad para Botín, Entrecanales, Del Pino, Roig o Amancio Ortega. Los parias de la tierra también astillarán dos puntos más —pasan del 6% al 8%— por el seguro de su coche o por el de su hogar. Nuevamente, Botín, Entrecanales, Del Pino, Roig o Amancio Ortega no se enterarán, entre otras múltiples razones porque sus Mercedes, sus A8 o sus BMW son coches de empresa. Y porque, si no lo son, dos puntos más en la póliza del coche o en la de su vivienda es para ellos el 0,000000000000000000000000001% de su fortuna. Y seguro que me quedo corto en ceros.

Los planes de pensiones y los seguros individuales pierden también deducciones. Nuevamente, los paganos son la clase media y las más bajas, no las altas. ¡Viva el Gobierno de progreso! Y menos mal que sus socios peneuvistas les pararon los pies en otra de sus ideas para favorecer a los parias de la tierra: subir el impuesto a los diésel, el combustible por antonomasia en España, lo usan 13 millones de vehículos que se dice pronto. Un tributazo que, antes o después, esta gentuza nos lo endilgará. Nuevamente los ricos ni se enterarán: un Porsche o un Ferrari tienen normalmente motores de gasolina.

Los parias de la tierra iban a vivir en el paraíso cuando el fascista de Rajoy se fuera de La Moncloa. Los ricos pagarían infinitamente más, el recibo de la luz se desplomaría y los impuestos más usuales se reducirían o, como mínimo, no se tocarían. Jamás pensamos que la electricidad o el gas nos costase un 38% más, que tomarnos una Coca Cola se encarecería un 11%, que comprarnos un utilitario sería hasta 1.000 euros más oneroso, que nos tocarían esos planes de pensiones que son para vivir un poco más holgadamente de lo que permiten las jubilaciones públicas o que el seguro del hogar o de nuestro modesto automóvil nos saldría por un congo. Gracias, Pedro, gracias, vicedelincuente. Tomamos nota. Vosotros vinisteis para gobernar para los más pobres pero habéis acabado siendo el Gobierno de los ricos. Dais asco.

Es la libertad, idiota
Carmen Álvarez Vela. https://gaceta.es 17 Enero 2021

Desde hace tiempo se percibe una especie de toxicidad en el ambiente que lo impregna todo. Lo que antes era natural e íntimo -principios, creencias, relaciones o costumbres-, ahora tiene un tinte ideológico del cual no nos habíamos percatado en nuestra vida. Nos quieren reeducar y, que quieren que les diga, yo estoy muy mayor para que me digan lo que tengo que hacer, pensar o decir. Estos adanistas inquisidores de vía estrecha que se creen que han inventado la rueda, nos quieren imponer cómo vivir nuestro patriotismo, nuestras relaciones, nuestra intimidad familiar, nuestra vida sexual o la educación de nuestros hijos.

Todo aquello que no entra en el estrechísimo cajón -el ojo de la aguja- de la corrección política implica la inmediata exclusión del discrepante del foro en cuestión. El problema ya no es tanto lo que está prohibido de forma expresa, aunque en muy poco tiempo llegará a serlo, sino que han logrado silenciar a una parte importantísima de la ciudadanía por la vía de la censura social. La gente calla porque esto o aquello está mal visto. Los que no lo hacemos somos fascistas. Empezaron excluyéndonos de los grandes medios y ahora nos cierran las cuentas en las redes sociales.

Ahora bien, a todos los que se llevan las manos a la cabeza por el ataque brutal a la libertad en todos los ámbitos -no sólo de expresión-, es necesario recordarles que esto en España no es nuevo. Que le pregunten a los vascos y catalanes no nacionalistas si en estos últimos 40 años -que se dice pronto-, han sido libres de expresar sus ideas políticas sin consecuencias negativas o si han gozado de las mismas oportunidades que los que han sido afectos al régimen. A unos los mataban y a los otros no les dejan vivir.

En román paladino: la maravillosa democracia española, de la que tanto hemos presumido durante décadas, tiene un déficit de calidad de tres pares de narices —valórese mi contención, por favor—. En dos regiones de España, dos, no ha existido libertad plena de expresión ni de lejos.

¿Acaso no se sabía que el nacionalismo es una apisonadora de la disidencia? ¿A cuántos importó que miles de vascos dejaran su tierra para huir de la amenaza etarra? ¿Valoramos el grado de asfixia social en el que vive un catalán no secesionista? El que no sabe, es porque no quiere saber; la ignorancia es muy cómoda. Nos contentamos con que ETA dejara de matar y ahora no interesan demasiado los muchos Alsasuas que hay en el interior de las Vascongadas y en Navarra. Tampoco nos perturba la batasunización de buena parte de la sociedad catalana. Pero este repugnante chapapote se extiende por toda España y pronto salpicará a todos. ¿Reaccionaremos entonces?

El que crea que es ajeno a esta guerra porque no le interesa la política, se confunde. Esto va de libertad. Libertad para vivir como uno quiere sin otro límite que la ley; libertad para expresarse como le dé la gana sobre el asunto que le parezca y también de manifestarse en términos políticos si le apetece. Nunca ha sido otra cosa. Es posible que ahora no le molesten, pero ya le tocará. Si algo aborrece la izquierda española que opera en perfecta conjunción con el filoterrorismo y los nacionalismos fragmentarios, es la libertad. No conciben que en democracia existan distintas opciones; para ellos la democracia perfecta es aquella en la cual la oposición no existe. Así de simple.

Para lograrlo nos perseguirán allá donde vayamos. Nos fuimos a las redes sociales para hablar en libertad y empezaron a cerrarnos las cuentas; nos fuimos a Youtube y todos los días apagan algún canal desafecto al régimen. Me temo que nos infravaloramos y quizá somos más efectivos de lo que nosotros mismos creemos. Ladran, luego cabalgamos. Si esto es así, seamos tercos. A una cuenta cerrada, que le siga otra cuenta abierta. No insulten, no falten al respeto, todo se puede decir sin dar munición al adversario.

Es imprescindible que haya nuevas plataformas, pero marcharnos para hablar entre afines es lo mismo que rendirse. Quédense en Twitter o donde les dé la gana estar, abran nuevas cuentas en otros sitios, pero no cedan más espacio. No renuncien a un milímetro de libertad. En España ya tenemos experiencia de lo que acarrea el silencio, ahora ya no podemos mirar para otro lado.

Qué fue de las víctimas de ETA
Editorial ABC 17 Enero 2021

El goteo de acercamientos y excarcelaciones de presos etarras es incesante y se ha normalizado en la información diaria sobre las decisiones del Gobierno. La brutalidad de la pandemia de Covid-19 pone sordina a este injusto devenir de lo que debería haber sido una derrota sin paliativos de ETA y empieza a ser una especie de victoria diferida de los terroristas. Que el otrora aclamado juez Grande-Marlaska sea la mano pagadora del precio que cuesta el pacto del PSOE con Bildu no hace más que añadir evidencias a la pérdida de escrúpulos y de memoria de la izquierda gobernante. No hay que engañarse. Puede, y así hay que aceptarlo, que algunas excarcelaciones sean conformes a la legalidad penitenciaria y otras respondan a razones médicas justificadas. El Estado de Derecho siempre es de Derecho y las primeras en defenderlo han sido las víctimas de ETA. Lo cierto es que, al margen de estas decisiones amparadas por la ley, o a lomos de ellas, discurre el gran plan político de agrupación de la izquierda, desde el PSOE a EH Bildu, pasando por Podemos y ERC.

Los socialistas siempre buscan ser juzgados por lo que dicen, pero no por lo que hacen, porque lo que están haciendo con los actuales líderes del proyecto de ETA cumple aquello que pronosticó la madre de Joseba Pagazaurtundúa: harán cosas que helarán la sangre. El descaro de Otegui cuando pide a los presos de ETA que militen en EH Bildu o anuncia que pactan con el PSOE para «democratizar el Estado» es una repulsiva consecuencia de la legitimación de los proetarras por el Gobierno de Sánchez. Aquí no hay PSOE ni ministros moderados. Todos tragan lo que haga falta para conservar un poder que el PSOE lo hace descansar en la unificación de todas las izquierdas, sean dignas o indignas como viene sucediendo desde que, en 2003, cuando, animado Zapatero, Pascual Maragall creó el frente soberanista de izquierda con ERC, el llamado «pacto del Tinell». Acercar y excarcelar presos de ETA es una pieza de esta estrategia más amplia del PSOE con Bildu. Una estrategia que irá a más, desmintiendo a los ingenuos que creyeron que el PSOE giraría al centro una vez que tuviera aprobados los Presupuestos para 2021. El desmantelamiento de la política penitenciaria que tan eficaz fue en la lucha contra ETA está ignorando la existencia de cientos de víctimas, por supuesto, pero también el deber de todo gobierno de España de hacer valer la derrota de ETA. Si el Gobierno no fuera promotor de ese pacto con Bildu, si no sintiera una obscena satisfacción por el apoyo de Otegui, mantendría a las víctimas de ETA como prioridad de su agenda política, instaría a la Fiscalía General -esa que, según Sánchez, depende del Gobierno- a recurrir las excarcelaciones judiciales, cuidaría de mitigar el dolor que causa a viudas, huérfanos, padres y hermanos las salidas a la calle de asesinos no arrepentidos, ni colaboradores de la Justicia. Es tan escandaloso como que el PSOE ha aceptado los votos de Bildu sin exigir a Otegui, terrorista reincidente, y a los suyos que pidan perdón por los crímenes de ETA.

Las víctimas de ETA sienten que han perdido la última esperanza que les quedaba: la de sumir en la indignidad y la marginación a los presos de ETA. En esto tendría que haber consistido el relato histórico de la derrota de la banda, no en su transición a una formación política homologable para «la dirección del Estado». Hay mucho foco puesto en la responsabilidad de Iglesias como lobista de los proetarras ante La Moncloa, pero la decisión de aceptar los votos de Bildu es de Sánchez. Y Bildu no representa a ETA. Es ETA.

Balance del primer año de PSOE y Podemos en La Moncloa
Vox sostiene que es el «peor Gobierno en el peor momento»
Los de Santiago Abascal califican al Ejecutivo de «ilegítimo y criminal»
Paloma Cervilla ABC 17 Enero 2021

El PP solo salva a Margarita Robles del suspenso al «peor Gobierno de la democracia»

Vox ha ejercido una oposición frontal contra el «Gobierno socialcomunista» de Sánchez e Iglesias y ha sostenido que es «ilegítimo», aunque «legal», porque «engañó» a los españoles, según Abascal. Una acusación que argumenta recordando que Sánchez insistió en que nunca pactaría con Podemos ni aceptaría el apoyo de Bildu y de los separatistas. Sobre este «fraude» siempre ha subrayado que se ha cimentado un Ejecutivo que ha «llevado a la ruina» a los españoles, después de la gestión «negligente y criminal» de la crisis del Covid. Además, ha acusado a Pedro Sánchez de estar «más preocupado de su agenda ideológica que por los españoles».

«Es tristemente sencillo hacer un balance del primer año de Gobierno», asegura a ABC el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Su análisis es que «llegaron al poder mintiendo y, un año después, lo único que han hecho es mentir a los españoles». A su juicio, «es el peor Gobierno posible en el peor momento posible. Es el Gobierno que pone su agenda política por delante de la salud, la seguridad y la prosperidad de los españoles».

Espinosa de los Monteros señala que «mintieron ante las manifestaciones del 8 de marzo, ocultando a miles de mujeres la información que ya tenían sobre el peligro del coronavirus».

Uno de los grandes caballos de batalla de Vox contra Sánchez ha sido la inmigración, por permitir la entrada de ilegales. En este sentido, Espinosa de los Monteros afirma que han «protagonizado una terrible dejación de funciones en la crisis migratoria». «Hoy sabemos que el CNI maneja desde hace meses informes que alertan del riesgo de infiltración terrorista en la oleada de pateras».

«Llegaron al poder mintiendo y, un año después, lo único que han hecho es mentir a los españoles»

En el capítulo económico están en contra de la subida de impuestos, «asfixiando todavía más a la clase media y trabajadora, tras haber asegurado hasta en cuatro ocasiones que no los aumentarían».

Igualmente, denuncia que «alcanzan acuerdos con los enemigos de España a espalda de los españoles: indultos, beneficios carcelarios a etarras condenados por delitos de sangre». Finalmente, critican el «brutal ataque a las libertades» en las redes sociales, a la oposición y el «control de los contrapoderes del Estado».
El pasado 14 de enero se cumplió un año del primer Consejo de Ministros de la coalición del PSOE y Unidas Podemos, tras el acuerdo sellado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La oposición evalúa con un suspenso general al Gobierno, por su fracaso a la hora de hacer frente las dos grandes crisis: la sanitaria y la económica.

Al Gobierno, a Sánchez e Iglesias les da el portavoz un «cero absoluto en su conjunto».

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