AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 20  Enero  2021

Sánchez lo sabía, no hizo nada y todavía sigue de perfil
OKDIARIO 20 Enero 2021

Era obvio que el Gobierno estaba al corriente del peligro que para la salud nacional suponían las nuevas cepas del coronavirus identificadas en Brasil y Sudáfrica, como sabía del peligro de la cepa anterior del Reino Unido. El departamento de Seguridad Nacional, adscrito al Gabinete de la Presidencia, avisó puntualmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez no sólo del peligro de estas nuevas variantes del virus, sino -y lo que es más importante- de que otros países estaban adoptando medidas para proteger a sus nacionales. Y, sin embargo, a día de hoy el Gobierno todavía se resiste a adoptar medidas como la de la suspensión de vuelos procedentes de esas naciones, como le ha solicitado la Comunidad de Madrid.

El pasado 11 de enero, Seguridad Nacional realizó un informe en el que de manera literal se afirma lo siguiente: «Las autoridades sanitarias de Japón han detectado una nueva cepa de la Covid-19 en personas que regresaron, a principios de mes al país, desde Brasil.(…). Ya antes, el 31 de diciembre, Seguridad Nacional se hacía eco de las investigaciones en la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las variantes del SARS-CoV-2 detectadas, entre otros países, en Reino Unido o Sudáfrica. «Los datos preliminares sugieren que la tasa de crecimiento y el número reproductivo efectivo son elevados en áreas del Reino Unido», describía el departamento. Y un mensaje de alerta: «En Sudáfrica, los datos genómicos destacaron que la variante 501Y.V2 desplazó rápidamente a otros linajes circulantes, y los estudios preliminares sugieren que la variante está asociada con una carga viral más alta, lo que puede sugerir un potencial de mayor transmisibilidad». Y hablaba claramente de las investigaciones enfocadas a la «solidez de la implementación de las medidas de control».

El párrafo más revelador es el que asegura que la mayor incidencia de casos que provocan estas cepas, «conduciría a un aumento en las hospitalizaciones y muertes por Covid-19», por lo que «pueden ser necesarias medidas de salud públicas más intensivas para controlar la transmisión de estas variantes».

¿Qué ha hecho Sánchez? Nada. Como el que oye llover. Lo de implementar medidas de salud más preventivas para controlar las nuevas variantes -recomendación de Seguridad Nacional- no va con él. Así que en esas estamos. De espaldas al mundo, dando alas a las nuevas cepas. Así nos va.

Crisis del coronavirus
La España de Sánchez ya es el peor país del mundo en contagios: 1.802 por cada millón de habitantes

Sánchez ha permitido 49 vuelos de Brasil desde la alerta sobre la cepa investigada por «sortear» la vacuna
Pelayo Barro okdiario 20 Enero 2021

España ya es líder mundial e indiscutible en cuanto a nuevos contagios diarios del coronavirus se refiere, según datos de la Universidad de Oxford. El número de casos detectados cada 24 horas ya supera los 1.800 por cada millón de habitantes, muy lejos de los 757 de Israel y prácticamente el triple de los 657 contagios diarios por cada millón que muestra en estos momentos Portugal, el segundo peor país de Europa en lo que se refiere a este indicador, seguido de Reino Unido. La tercera ola alcanza cifras de récord en España otra vez.

Los datos del Ministerio de Sanidad son demoledores: en el pasado fin de semana se diagnosticaron un total de 84.287 nuevos contagios de coronavirus en España. Un número nunca visto anteriormente y que coloca a España en una grave situación en esta tercera ola.

Para poner en contexto esa cifra, esos más de 84.000 contagios son los que alcanzó España desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de marzo, cuando el país ya llevaba dos semanas confinado totalmente. Pero, en este caso, los ha registrado en tan sólo 2 días del pasado fin de semana.

El aumento exponencial de los nuevos casos, que ha convertido la famosa curva en un muro de ascendente vertical, ya ha colocado a España como líder absoluto en expansión del virus en esta tercera ola. Así lo reflejan los mapas estadísticos de la Universidad de Oxford que publica diariamente su portal ‘Our World in Data’, en el que España figura en medio del mapamundi como un punto de un rojo tan oscuro que parece negro.

Esa ‘zona negra’ representa el ‘nivel 10’ de contagios, el más alto de toda la escala y que actualmente no tiene ningún país. Identifica a aquellos territorios donde el número de contagios diarios supera los 1.000 por cada millón de habitantes. Y actualmente se sitúa en 1.802.

Los únicos en ‘nivel 10’
De lejos, pero en una situación extremadamente preocupante, se sitúa Israel, con 757 casos diarios por cada millón de habitantes; seguido de Portugal, con 657; Reino Unido, con 554 y Botsuana con 537. Todos ellos se encuentran en el ‘nivel 9’, que representa a los países que se mueven en la horquilla de 500 a 1.000 casos diarios por cada millón.

En los diez meses de pandemia -doce si te tiene en cuenta que el primer caso se registró el 1 de enero de 2020-, España sólo ha estado una vez en ese ‘nivel 10’: fue el pasado 2 de noviembre, en la fase más dura de la segunda ola, cuando alcanzó, según Oxford, los 1.176 casos por cada millón de habitantes.

Repartiendo responsabilidades
El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido testigo de cómo los contagios diarios se han multiplicado por cinco en poco menos de un mes, el que transcurre desde que el Ejecutivo y Sanidad comunicasen a las comunidades autónomas su plan para unas ‘navidades seguras’ y este mismo fin de semana. Se ha pasado de los poco menos de 8.000 casos diarios del 16 de diciembre a los más de 40.000 de media diarios registrados este fin de semana.

En cambio, el Gobierno de Sánchez se ha lanzado a repartir responsabilidades por este aumento sin precedentes de los contagios. Lo ha hecho a través de su experto y cara más visible durante la pandemia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Simón ha recibido críticas desde muchos sectores por apuntar directamente al comportamiento de los españoles durante las pasadas fiestas, que han estado marcadas por duras restricciones a los encuentros familiares -sólo se permitieron reuniones de 6 personas-, cierres de hostelería y toques de queda. Aún así, en palabras del experto del Gobierno: «Todos somos conscientes que en Navidades se recomendara lo que se recomendara, siento decirlo, lo pasamos mejor de lo que deberíamos haberlo pasado».

Fernando Simón
Ahora, el relato del Ejecutivo ha dado otro giro para apuntar directamente a la hostelería -a la que se le ha sometido a su enésimo revés estos días-, advirtiendo Simón que «lo que más reduce la transmisión es cerrar el interior de los bares».

«Sé que no es popular, pero la medida que ha tenido un mayor impacto en el control de la transmisión ha sido el cierre del interior de los bares, por lo que con medidas de este estilo, junto a otras, se pueden controlar los contagios», aseguró Simón.

Mientras, la amenaza de las nuevas cepas de coronavirus detectadas en Brasil o Sudáfrica, que ponen en cuestión la efectividad de la campaña de vacunación, comienza a convertirse en un problema.

Desde el pasado 23 de diciembre, cuando trascendió a la opinión pública una nueva mutación del virus, preocupante para los expertos, han llegado a España 49 vuelos procedentes de Brasil, donde ha surgido esa nueva cepa. En los últimos días se estudia una nueva mutación, que tendría su origen en la Amazonía brasileña. Ambas comparten un elemento preocupante: la mutación ‘E484K’, que podría ‘escapar’ a los efectos de la inmunización.

La coherencia del comunista
Emilio Campmany Libertad Digital 20 Enero 2021

De Podemos se dice que es una organización populista. También se dice que es una organización bolivariana. Es verdad, pero eso no significa que Pablo Iglesias, por ser el conducator de Podemos, sea un simple populista bolivariano. Si lo fuera, jamás habría comparado a Puigdemont con los exiliados del franquismo. A diferencia de un vulgar populista o de un descerebrado bolivariano, Iglesias suele decir más o menos lo que piensa. Y, en cualquier caso, cuando miente, no es por un simple patinazo o por no saber muy bien de lo que habla. La clave de su comparación, de su manera de ver en Puigdemont un exiliado parecido a los de la época de Franco, de su “se ha jodido (sic) la vida”, no está en quiénes fueron estos exiliados y quién es hoy el vecino de Waterloo, ni en lo que hicieron para tener que irse de España. La clave está en lo que fue el franquismo y en lo que hoy es el régimen español, que para Iglesias son básicamente lo mismo. Y, por ser lo mismo, parecidos son también los exiliados de uno y otro.

El del 78 es heredero del de Franco y, en consecuencia, no es una genuina democracia. Para empezar, es una monarquía, incompatible con la clase de democracia en la que él está pensando. Y, en segundo lugar, no ha conectado con la Segunda República, que debería haber sido la fuente y el origen de toda legitimidad política tras la muerte de Franco. Naturalmente, la Segunda República que añora Iglesias no es la del 14 de abril ni, mucho menos, la del bienio negro. Ni siquiera echa de menos la Segunda República del Frente Popular y de la revolución desencadenada por Largo Caballero, aunque los aceptaría como regímenes interinos. La república que Iglesias quiere para todos nosotros es la estalinizada de la guerra. Frente a ella, este régimen del 78, que a la mayoría nos parece, con todos sus defectos, uno de libertad, democracia e igualdad, a Iglesias se le figura un franquismo disfrazado donde en definitiva mandan los de siempre. Y, sobre todo, es un régimen que por su propia naturaleza y precisamente por ser una monarquía constitucional muy difícilmente puede degenerar en la república popular comunista que Iglesias quiere para su país.

Por eso, desde ese punto de vista, la comparación del exilio de Puigdemont con el de los republicanos españoles durante la época de Franco es perfectamente pertinente. Iglesias no niega que Puigdemont quisiera destruir esta España y que su fracaso es lo que le ha obligado a huir al extranjero. Lo que dice es que este régimen merece ser destruido tanto como lo mereció el de Franco. Y todo aquel que se ve obligado a exiliarse por intentar esa demolición y no lograrla comparte con quienes tuvieron que irse de España por oponerse al franquismo el mismo tipo de heroísmo. No hay por tanto en Iglesias incoherencia alguna. Lo que es increíble es que semejante comunista, enemigo de la libertad y de la democracia, con vocación de dinamitero de nuestro régimen de libertades sea vicepresidente del Gobierno. Los verdaderamente incoherentes, si es que son algo más que simples estúpidos, son los socialistas que lo auparon.

Illa no debe esperar al 14-F ni al 30-M para dimitir
EDITORIAL Libertad Digital 20 Enero 2021

Es fácil de entender la euforia que ha provocado en los socialistas la decisión del TSJC de mantener cautelarmente la fecha del 14 de febrero para la celebración de las elecciones autonómicas catalanas, frente al intento de la Generalidad de retrasarlas hasta el 30 de mayo. Como ya se advirtió aquí, Salvador Illa y el PSC estaban maniobrando contra el aplazamiento por los buenos pronósticos que les auguraban los sondeos; pronósticos que bien podrían desvanecerse a medida que vaya calando entre la ciudadanía la pésima gestión del candidato socialista a la Presidencia de la Generalidad como ministro de Sanidad de uno de los países más devastados por la pandemia del coronavirus.

Lo que ya no sería tan fácil de entender es que el TSJC concluya dentro de tres días que las catalanas han de celebrarse inexorablemente dentro de menos de un mes, habida cuenta de que su convocatoria es competencia exclusiva de la Generalidad, de que ni siquiera el 30 de mayo se habrá agotado el plazo de cuatro años desde las últimas autonómicas (celebradas el 21 de diciembre de 2017) y de que existen antecedentes de aplazamientos electorales por razones sanitarias, tal y como sucedió justo el año pasado en el País Vasco y Galicia.

Como ni siquiera con el aplazamiento planteado por la Generalidad se traspasaría el plazo de cuatro años de la legislatura, resulta inexplicable el empecinamiento en que se celebren inmediatamente los comicios, cuando España en general y Cataluña en particular están registrando datos malísimos del impacto de la pandemia. Más aún cuando se tiene en cuenta que se están adoptando medidas tremendamente restrictivas de las libertades de los ciudadanos. En este sentido, por cierto, cabe elogiar la decisión de la Comunidad de Madrid de no perjudicar innecesariamente a los hosteleros, tanto como denunciar a los Gobiernos regionales de Valencia y Cataluña por sus draconianas medidas contra un sector vital de la economía.

Nada garantiza que la situación sanitaria sea en mayo peor que ahora; pero la cuestión es que ahora hay plena conciencia de la pésima situación presente, y margen para la postergación de los comicios sin que nadie pueda decir que se está utilizando la pandemia como excusa para sobrepasar el periodo de cuatro años que constitucional y estatutariamente tienen las legislaturas. No será Libertad Digital quien niegue los persistentes desafíos a la democracia y el ordenamiento jurídico vigente por parte de la Generalidad; pero, desde luego, tampoco caerá en el ridículo de incluir entre esos inaceptables pero tolerados desafíos al orden constitucional la sensata pretensión de retrasar unos meses la celebración de unas elecciones.

Sea como fuere, Salvador Illa no debería esperar ni al 14 de febrero ni al 30 de mayo para presentar su dimisión: el más elemental sentido de la responsabilidad y el respeto a las instituciones le deberían impedir ser a un tiempo candidato autonómico y ministro. Ya se le puede reprochar su irresponsable empecinamiento: confiemos en que el TSJC impida finalmente que se salga con la suya en su pretensión de que las catalanas se celebren el 14 de febrero, cuando como ministro de Sanidad debería ser el primero en solicitar su postergación.
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La República (bananera) de Cataluña
José García Domínguez Libertad Digital 20 Enero 2021

El Consejero o Consejera Primera, si lo hubiere, o el Consejero o Consejera que determine la ley suple y sustituye al Presidente o Presidenta de la Generalitat en los casos de ausencia, enfermedad, cese por causa de incapacidad y defunción. La suplencia y la sustitución no permiten ejercer las atribuciones del Presidente o Presidenta relativas al planteamiento de una cuestión de confianza, la designación y el cese de los Consejeros y la disolución anticipada del Parlamento.

Cualquiera lo puede entender a la primera, incluso un niño. El sustituto suplente de un presidente de la Generalitat inhabilitado judicialmente para el ejercicio de su cargo, tal como se dice en ese artículo 67 del Estatut que acabo de transcribir, no puede, y bajo ningún concepto, disolver el Parlamento de Cataluña. Por tanto, y en aplastante lógica cartesiana, el señor Pere Aragonès i García, que no es presidente de la Generalitat, honor que requeriría la elección de su persona por la mayoría de los diputados de la Cámara y un ulterior nombramiento solemne a cargo del Rey de España, no puede desconvocar unas elecciones que tampoco pudo convocar previamente, puesto que carece de atribuciones legales tanto para lo uno como para lo otro.

Y mucho menos aún, huelga decir, puede el citado Aragonès i García determinar según dicte su libre albedrío la fecha que más le convenga a él para que se celebren esos comicios que no puede convocar ni desconvocar. Y es que, para convocar o desconvocar, previamente hay que estar en condiciones de disolver, eso que expresamente le está vedado a Aragonès i García en el Estatut. El asunto es de traca e ilustra en su insólita cutrez formal los niveles de república bananera en los que se mueven las instituciones catalanes tras la asonada de octubre. El lector no advertido se puede estar preguntando quién convocó entonces las elecciones del 14 de febrero próximo. En puridad, nadie. Esos comicios se fijaron de forma automática, siempre con arreglo a lo establecido en el Estatut, al no haber ningún candidato que aspirase a ocupar la silla del inhabilitado Torra. Y también se puede estar preguntando ese mismo lector quién estaría legitimado ahora mismo para desconvocarlas. Pues tampoco nadie, absolutamente nadie. Por tanto, el próximo 14 de febrero, sí o sí, los ciudadanos de Cataluña iremos a votar. Lo dicho, de república bananera.

Iglesias compara a Puigdemont con Clara Campoamor
Liberal Enfurruñada okdiario 20 Enero 2021

Casi medio millón de españoles se exiliaron entre 1936 y 1939, de ellos, menos de la mitad lograron volver en los años 40. Entre los exiliados había muchos ex combatientes del bando republicano, junto con cargos políticos y altos funcionarios, pero a estos los acompañaban millares de familiares incluidos muchísimos niños. El exilio también lo formaron numerosos intelectuales, personalidades de la cultura, artistas, científicos y docentes.

Huyeron sobre todo a Francia y desde allí muchos marcharon a México, Argentina, Cuba, la Unión Soviética, etc. Juan Ramón Jiménez, Clara Campoamor, Luis Buñuel, Jorge Semprún, Severo Ochoa… la lista es interminable. No habían cometido ningún delito, muchos ni siquiera habían participado en la guerra, la mayoría huyó ante la inminente victoria del bando nacional, pero también fueron bastantes los que se fueron por las tropelías de los republicanos. Y la inmensa mayoría tuvieron que salir corriendo con lo puesto y los pocos enseres que cabían en una maleta, perdiéndolo todo.

Puigdemont se escondió en el maletero del coche de su mujer para ocultarse de los agentes que custodiaban su casa de Gerona, y ésta lo llevó hasta un túnel en el que se cambió al maletero de otro coche conducido por un mozo de escuadra amigo que lo condujo hasta Francia. Desde Marsella tomó un vuelo hasta Bruselas, donde se alquiló una mansión que cuesta casi 5.000 euros al mes en un tranquilo barrio de millonarios. Cuenta con 550 metros cuadrados, seis habitaciones, tres baños, sauna, garaje para cuatro coches y una gran terraza de 100 metros cuadrados que da a un jardín de otros 1.000 metros cuadrados. El día antes de que saliera corriendo escondido en el maletero, había sido cesado como presidente de la Generalidad, en aplicación del Artículo 155 de la muy democrática Constitución de 1978.

Puigdemont tiene en vigor una orden de detención del Tribunal Supremo, imputado por los delitos de sedición y malversación por el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña, hechos por los que ya han sido condenados y permanecen en prisión su vicepresidente, Oriol Junqueras, cinco ex consejeros del Gobierno que encabezó el prófugo, la ex presidenta del Parlamento de Cataluña y los líderes de la ANC y de Òmnium. Mientras, Puigdemont acude a la ópera y a los más exquisitos restaurantes de lujo, y disfruta de las visitas de sus familiares y amigos sin que se sepa cómo financia tan lujoso tren de vida, al tiempo que se investigan extrañas transferencias de fondos públicos desde la Generalidad a Bruselas.

Le preguntó el periodista a Pablo Iglesias: “¿Lo considera realmente un exiliado, como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo, por ejemplo? ¿Los puede comparar?”, a lo que éste contestó: “Pues lo digo claramente: creo que sí”. Luego desde Podemos parecen haberse dado cuenta de la tremenda barbaridad que había dicho su líder único y absoluto y han pretendido engañar a los más bobos pretendiendo hacer creer que no dijo lo que dijo, que Pablo Iglesias no comparó a Puigdemont con los exiliados del franquismo, pero es que hay vídeo y todos podemos ver y oír que sí lo hizo.

Aunque Puigdemont aún no ha podido ser juzgado, porque huyó escondido en el maletero, sus acciones sí lo han sido y puede afirmarse con rotundidad que los responsables del 1-O, a cuya cabeza se encontraba él, malversaron fondos públicos, causaron «indiscutibles episodios de violencia» para lograr la secesión y movilizaron a la ciudadanía «en un alzamiento público y tumultuario», cometiendo el delito de sedición. Igualito que Juan Ramón Jiménez y Clara Campoamor. Yo no creo que Iglesias haya perdido el juicio, como afirman algunos, creo que su odio contra España le lleva a abrazarse lo mismo a Otegui que a Puigdemont… está en su naturaleza.

La soledad del movimiento cívico constitucionalista
Isabel Fernández Alonso cronicaglobal 20 Enero 2021

Recuerdo una entrevista con una enviada especial francesa poco antes del 1 de octubre de 2017. Tras haber intentado sin éxito recabar en la calle durante toda una mañana opiniones de catalanes contrarios a la independencia, había contactado con Societat Civil Catalana y así llegó hasta mí. Estaba muy sorprendida por el miedo de muchos transeúntes a hablar. Solo había obtenido testimonios de separatistas. Conversamos mucho rato. Traté de explicarle que existía una Cataluña silenciada por un nacionalismo que había copado los medios de comunicación --tuve que mostrarle el editorial conjunto de 2009 porque no daba crédito-- y que controlaba nodos tan importantes en una sociedad como son los colegios profesionales, las cámaras de comercio, las universidades… ¡Todo el tejido asociativo! En definitiva, le hice ver que los secesionistas estaban muy movilizados mientras que los constitucionalistas apenas empezábamos a sacudirnos la presión ambiental a la que llevábamos tantos años sometidos. También le expliqué que esta situación obedecía a una cuidadosa operación de ingeniería social diseñada desde el poder y regada con millones de euros.

En estos tres años, lamentablemente, las cosas han cambiado poco, pese a la emergencia de algunas entidades cívicas que han logrado éxitos muy significativos, especialmente en el ámbito universitario, como son los casos de S’ha Acabat y Universitaris per la Convivència, y al fortalecimiento de otras como Impulso Ciudadano o la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Todo ello sin menoscabar, por supuesto, otras magníficas iniciativas entre las que destacaría a la histórica Asociación por la Tolerancia o al ingenioso movimiento articulado en torno a la idea de Tabarnia.

El problema es que se trata de colectivos de ciudadanos que trabajan en defensa de los valores constitucionales soportando un evidente ninguneo, cuando no una beligerancia explícita, del poder nacionalista, y con muy pocos socios para plantar cara al tremendo despliegue de las entidades independentistas, que sí cuentan con un claro apoyo institucional --financiación incluida-- y muchos militantes que pagan religiosamente sus cuotas y compran sus productos.

Así, nos encontramos, por ejemplo, con Òmnium Cultural promoviendo el manifiesto Dialogue for Catalonia, que ha sido difundido —como publicidad— en The Washington Post y The Guardian reclamando la amnistía para los presos del procés, mientras que Impulso Ciudadano apela a nuestro Ministro de Justicia, a la Comisaria de Justicia de la Unión Europea y a las fuerzas políticas del Parlamento Europeo para tratar de concienciarles sobre la gravedad del fracaso del mecanismo de la euroorden. Dicho de otro modo: una pequeña entidad constitucionalista, que no recibe ningún tipo de financiación pública, advierte a las autoridades españolas y europeas de los peligros que corre nuestro Estado de Derecho, mientras una organización independentista sigue tratando de minarlo, con la complicidad y más que generosa financiación de la Generalitat. En concreto, 525.000 euros —que se sepa— en los últimos presupuestos catalanes.

También nos encontramos a la Plataforma per la Llengua —que en estos mismos presupuestos percibió 135.000 euros— organizando campañas para “jugar en catalán” parar “la castellanización de TV3” y, en general, señalar obsesivamente a quien utilice la lengua española…, mientras la Asamblea por una Escuela Bilingüe se ocupa —sin que ni siquiera le den la palabra en el Parlament y soportando insultos las pocas veces que la invitan a la televisión pública— de reclamar una escuela respetuosa con los derechos lingüísticos de todos.

Recomiendo comparar, en los informes del CAC sobre la observancia del pluralismo político en radio y televisión a lo largo de 2019 --el último año analizado al completo--, el tiempo de palabra que han otorgado los medios públicos catalanes a las entidades sociales constitucionalistas. En el periodo enero-abril se aprecia que en TV3 es de un 3,4% y en Catalunya Ràdio, de un 2,1%. A título orientativo, Òmnium Cultural se llevó el 45,3% en TV3 y el 47,4% en Catalunya Ràdio. A la vez, en el periodo mayo-diciembre se observa que en TV3 el tiempo de palabra de las asociaciones constitucionalistas es del 8,1% y en Catalunya Ràdio, del 6,4%. Òmnium Cultural, en esta ocasión, copó, respectivamente, el 39,5% y el 36,2%.

Así las cosas, no puede sorprender, por ejemplo, que en los últimos meses de 2019 nuestros medios públicos no diesen voz --ni un segundo-- a Universitaris per la Convivència, al hilo de la llamativa sentencia que, resultado de una demanda interpuesta por este colectivo, condenó a la Universidad de Barcelona por vulneración de varios derechos fundamentales; ni a la Asamblea por una Escuela Bilingüe, al hilo del fortísimo debate suscitado en torno a la enmienda relativa a la lengua de la Ley Celaá o a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a implementar en todos nuestros centros educativos parte de las medidas que esta asociación lleva años reclamando.

Nos encontramos, por tanto, ante entidades que, sin apenas recursos y pese a todas las trabas --tratar de silenciarlas es la más sangrante--, trabajan mucho y bien en defensa de unas instituciones neutrales y de derechos fundamentales como la libertad ideológica o el derecho a la educación; que obtienen con frecuencia el amparo judicial; que elaboran informes rigurosos que nadie contesta y que elevan con frecuencia a organismos internacionales; que intervienen, siempre que tienen ocasión, en el debate público, combatiendo la tremenda espiral de silencio --el temor al aislamiento por discrepar-- que padecemos los constitucionalistas en Cataluña.

¿Cómo es posible, entonces, que el Gobierno de España no se haya planteado ni siquiera reunirse con estas entidades antes de diseñar un supuesto “diálogo con Cataluña”? ¿Cómo es posible tanta desconsideración hacia activistas que fueron esenciales para las grandes movilizaciones que pararon el golpe a la democracia de 2017?¿Cómo es posible que ni siquiera se les concedan entrevistas ante la aprobación de leyes tan claves para la convivencia como la de Educación?

Creo que la respuesta la sabemos todos y es desoladora.

La victoria de los derrotados
Jaime Ignacio del Burgo okdiario 20 Enero 2021

No hace mucho, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez presumió de que “fue un Gobierno socialista quien derrotó definitivamente a ETA”. Se trata de una gran mentira. Ni Zapatero ni Rubalcaba, su ministro de Interior, consiguieron derrotar a ETA. Lo que sí hicieron fue iniciar un proceso de claudicación ante la banda terrorista al poner en marcha una negociación en toda regla, que contenía graves concesiones políticas –entre ellas el reconocimiento de la existencia de Euskal Herria con inclusión de Navarra– y la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva a cambio del cese de la violencia.

Desde enero de 2005, y como fruto de numerosas conversaciones desde años anteriores, el socialista Eguiguren y el etarra Otegui prepararon el camino para un “final dialogado” de la violencia. Por su parte, la banda terrorista exigía garantías y Zapatero se las dio. El 17 de mayo de 2005, Rubalcaba, ministro de Interior, conseguía la autorización del Congreso –con los votos de los mismos socios separatistas que hoy sostienen a Pedro Sánchez– para poner en marcha el proceso de paz siempre que se produjera la renuncia expresa y definitiva de ETA a la violencia.

Durante casi un año el Gobierno demostró con gestos su buena voluntad y, por fin, después de llegar a un acuerdo sobre el método, ETA anunció el 22 de marzo de 2006 un alto el fuego permanente. Tres meses después el 29 de junio de 2006, Zapatero desde el zaguán del Congreso anunció a bombo y platillo la apertura de conversaciones para un final negociado de la violencia, introduciendo en su intervención determinadas frases previamente pactadas con ETA.

Se formaron dos mesas de negociación, una del Gobierno con la banda criminal, con presencia de observadores internacionales, para pactar la entrega de las armas y la impunidad para los presos y demás miembros de la banda (Ginebra y Oslo) y la otra, política, donde la voz cantante la llevarían Eguiguren y Otegui, cuyas reuniones se celebraron en la oscuridad de la casa de ejercicios de los jesuitas en Loyola, a las que asistieron también representantes del PNV como el actual lendakari vasco Iñigo Urkullu. Los socialistas estuvieron dispuestos a reconocer la “unidad territorial de Euskal Herria”, con inclusión de Navarra. Lejos quedaron las palabras de Rubalcaba en 1988: “Nunca nos sentaremos en una mesa en la que estén presentes gentes como Josu Ternera”. Eran del mismo que el 13 de marzo de 2004. en plena jornada de reflexión y a pocas horas de que se abrieran los colegios electorales en las elecciones trastocadas por el 11M, dijo aquella frase que tanto influyó en el triunfo por la mínima de Zapatero: “Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta, que les diga siempre la verdad”.

Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. El 29 de diciembre de 2006, Zapatero felicitó el año nuevo a los españoles: “Es de sentido común afirmar que se está mejor cuando hay un alto el fuego permanente que cuando había bombas como en las Navidades del año pasado”. Al día siguiente, ETA dinamitó sus ilusiones provocando la muerte de dos súbditos ecuatorianos al destruir la T4 de Barajas. Intentos posteriores fracasaron.

Por fortuna la persecución de los crímenes etarras nunca se detuvo gracias a la labor infatigable e impagable de jueces, guardias civiles, policías y fiscales destinados a la lucha contra el terrorismo. Sin olvidar la decisiva colaboración en los últimos tiempos de la justicia y la gendarmería francesa. Llegó un momento en que la banda se sintió tan acorralada que buscó una salida airosa pactada con el PNV. El 10 de enero de 2011, ETA anunció un “alto el fuego, permanente, general y verificable”. Rubalcaba rechazó entonces la pretensión de reanudar las negociaciones de 2005-2007. Estábamos en un año electoral y la opinión pública no hubiera aceptado ninguna componenda. En noviembre de 2011 Zapatero y Rubalcaba se vieron obligados a hacer mutis por el foro.

El nuevo Gobierno del PP dejó bien claro que el único camino para ETA era su disolución. Ocho años después, la banda terrorista anunció su disolución y el 3 de mayo de 2019 escenificó una farsa de entrega de armas.

ETA había sido derrotada como organización criminal. Pero no mostró la menor contrición. Había llegado, dijeron, el momento de la política. Y el 5 de mayo, PNV y Bildu presentaron, juntos, en el Parlamento Vasco un proyecto de Bases para un nuevo Estatus. El objetivo a corto plazo es el establecimiento de una unión confederal entre el País Vasco y España. De tú a tú, de soberano a soberano. Se creó una comisión de expertos que no llegó a ningún acuerdo unánime. El coronavirus ha congelado el proyecto, que no archivado.

Pero la llegada al poder de Pedro Sánchez ha producido un efecto inesperado. Bildu es hoy socio privilegiado del poder. Por aprobar los presupuestos les han convertido en valientes demócratas y patriotas. Los que, durante cincuenta años, cuarenta de ellos en plena democracia, asesinaron, aterrorizaron, robaron y extorsionaron, sin mostrar piedad hacia sus víctimas ni el menor arrepentimiento, reciben ahora los aplausos de un sector del Congreso. No ocultan –lo han repetido en Pamplona este último sábado– que se proponen “demoler el propio régimen”, “romper la unidad indivisible del reino español” y avanzar “hacia una república vasca en Europa”.

Hace un par de meses ahorcaron al Rey Felipe VI y a Cristóbal Colón en efigie frente al Palacio de Navarra. Fue un acto justiciero según dijeron. El odio impregna todas sus actuaciones. Son los nuevos socios del Gobierno. También en Navarra. Han llegado de la mano de Podemos. Están convencidos de que con Sánchez pronto saborearán la victoria de los derrotados.

Otegi y la fuerza de las cárceles
Irene González. vozpopuli  20 Enero 2021

El cineasta Jon Viar recoge en su primer largometraje, Traidores, casi a modo de terapia personal, la historia de su familia y el trauma que le supuso averiguar que su padre, Iñaki Viar, un prestigioso psiquiatra de Bilbao y uno de los fundadores del Foro de Ermua, militó en la ETA de los años 60. Su padre participó en la colocación de un paquete bomba que nunca llegó a explotar en el edificio vacío de la Bolsa de Bilbao, por lo que fue condenado a 20 años de prisión. En 1977 salió con la Ley de Amnistía y comenzó una vida consciente y libre fuera del nacionalismo vasco, pero con el dolor de haber participado en la creación del monstruo.

La película es un relato magnético, conmovedor y lúcido sobre una clave del ecosistema xenófobo nacionalista, la familia. El padre cuenta, de forma inteligente y certera, incluso clínica, lo que lleva a alguien a simpatizar con el horror. Los relatos románticos, épicos y victimistas sobre el pueblo vasco transmitidos a modo de herencia sacra dentro del núcleo familiar provocan que se desarrolle una deuda moral con los ascendientes. Los deberes hacia una patria, una lengua y una raza diferenciada se confunden de modo inseparable con el deber de honrar a los tuyos. Estar en ETA era cosa de familia, tanto propia, como el caso de los Troitiño, como para desvincularte de una sin linaje euskaldun y ser aceptado en el entorno.

Tras un año de cárcel en Segovia y de compartir vida y rutina con presos de otras partes de España, incluidos presos políticos miembros del PCE, Iñaki Viar descubre que era con personas como él con quienes tenía más en común que con los etarras que llegaron a la cárcel años después con delitos de sangre. Entonces deja de entender la necesidad de independizarse de los iguales. Descubre que “la diferencia es el nombre elegante de la xenofobia”.

El integrismo tribal que supone el nacionalismo impide que se pueda mostrar ninguna lealtad a ideas distintas. Es un mundo binario, o conmigo o contra mí. Nada existe fuera de la tribu, sólo traidores. En eso se convirtió Iñaki, algo que le llena de orgullo.

La semana pasada, el diario El Mundo publicó que Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, había dirigido una carta a los presos etarras en la que más que animarles a que se afiliasen a Bildu, les llama a filas en lengua española y con lenguaje pegajoso.

La expulsión de la tribu
No es una tarea ajena para el exportavoz de Herri Batasuna. La formación era quien llevaba a cabo un control férreo de la disciplina de los terroristas presos en las cárceles. Se aseguraban de que ninguno de ellos abandonase la organización, la tribu, la familia. Se trataba de evitar que empezasen a pensar por sí mismos, como hizo Iñaki Viar. En ocasiones acudían familiares del asesino a ordenarle que no podía arrepentirse de nada, a pesar de que habrían logrado beneficios penitenciarios. Hacerlo no sólo suponía que la familia perdiese el estatus social que había adquirido por su pertenencia a la banda terrorista, motivo por el que muchas personas se involucraban, para ser alguien en la tribu. No obedecer implicaba la expulsión del entorno, la ruptura con la familia, ser un traidor.

En esta ocasión, Otegi pretende reavivar aquella disciplina que proporcionaba uniformidad y unidad de acción en la familia de los independentistas de izquierdas, como él la llama. Así evita posibles pérdidas de apoyos del sector más duro, al que nunca ha sido ajeno. En segundo lugar está buscando la legitimidad que le llevaría a ser lehendakari. “EH Bildu necesita la experiencia y la fuerza de las celdas para que su proyecto político crezca y situarlo en el lugar que se merece”—afirma en la carta.

'La fuerza de las celdas' pretende utilizar el relato victimista propio del verdugo para ganar legitimidad dentro del mundo nacionalista vasco, representando un mayor sacrificio -entiéndase aquí respecto al PNV- por el proyecto independentista. Pero sobre todo, esa fuerza de las cárceles representa una reivindicación de la violencia y el crimen político como legitimadores para sustentar su república socialista vasca. Ellos hicieron el camino. Es la violencia que cambió radicalmente el mapa político del País Vasco y, en último término, de España a través del asesinato selectivo, una especie de genocidio de no nacionalistas, de españoles. Esto fue lo que llevó a unos a prisión y a otros a los escaños.

Esos presos cuya experiencia y fuerza reclama Otegi, son asesinos como Kantauri, Bienzobas -quien segó la vida de Tomás y Valiente-, Garcia Gaztelu (Txapote) y el peor de la sanguinaria lista, Henri Parot. En su misiva, Otegi les promete la amnistía en dos fases. La primera, el acercamiento a cárceles del País Vasco. Hasta ahora la mayoría de los realizados desde el Ministerio del Interior han sido a prisiones próximas, pero fuera de la Comunidad Autónoma, a la espera de que el Gobierno vasco asuma las competencias penitenciarias.

Rabia y nerviosismo
Pero lo verdaderamente importante de la carta de Otegi, que es un documento de estrategia política siniestra, no es la amnistía prometida, sino la gran batalla que pretende dar, la del relato y la memoria. Quiere imponer una memoria única, la suya, sobre lo ocurrido. Muestra su rabia y nerviosismo ante la proliferación de proyectos audiovisuales que por fin muestran la realidad de las víctimas de la banda terrorista ETA, como lo es Traidores, Bajo el silencio, El desafío: ETA y alguna más.

Otegi aparece en Traidores junto a Josu Ternera llamando “patriotas y compañeros” a cuatro terroristas del comando Vizcaya que murieron en la explosión accidental de una bomba que transportaban. No quiere Otegi que esto forme parte de la historia, ni de la memoria. “No podemos responder mirando hacia otro lado ante los intentos evidentes de imponer un único relato sobre lo sucedido”—afirma.

La cadena de televisión autonómica vasca EiTB, la más cara por habitante de toda Europa con un presupuesto de 160 millones de euros, de los cuales 142,6 son transferencia directa del Gobierno vasco, ha financiado la serie en euskera Altsasu. Insiste en la mentira de la pelea de bar de Alsasua ocultando la paliza a los guardias civiles y sus parejas e ignorando el ámbito de odio en el que aquel episodio se produjo. En 2021 la cadena destinará 28,4 millones para producciones de este tipo.

Sin embargo Traidores no ha recibido financiación y sí alguna negativa de la red de instituciones culturales y audiovisuales públicas, salvo unas imágenes de archivo cedidas por TVE, algo que indica lo necesaria que es. No tiene financiación para poder ser distribuida al menos en Festivales. Por otro lado, los valores abertzales que refleja la serie Altsasu la han hecho merecedora de ser emitida en otra cadena autonómica hermana, TV3, con un presupuesto de 253 millones, 240 de los cuales son transferencia directa del Gobierno catalán.

Necesitan difundir mentiras como las que recoge la serie sobre Alsasua para que el odio se colectivice y se perpetúe. En Traidores también aparece Jon Juaristi y recoge uno de sus poemas que refleja la clave de la memoria y el relato nacionalista. “¿Por qué matamos? porque nuestros padres nos mintieron”.


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