AGLI Recortes de Prensa   Jueves 21  Enero  2021

El asesinato de España
Rafael Bardají. https://gaceta.es 21 Enero 2021

Normalmente se habla del suicidio de las naciones, pero en nuestro caso deberíamos más bien hablar del asesinato de España, porque es eso y no otra cosa lo que está haciendo un gobierno de minorías sin más proyecto que promocionar sus peculiares tribus.

Todos tenemos claro el asalto a la unidad nacional por parte de independentistas de pelaje diverso, desde los herederos de ETA a parte de la burguesía catalana. Su distinto origen, sus tácticas diversas y sus ideales incompatibles no resta importancia al hecho aglutinador: su coincidencia en no aceptar la soberanía de España.

Con menor intensidad se percibe el asalto a la identidad española por parte de una inmigración ilegal no sólo disparada en su creciente número sino con un coste económico y social absolutamente disparatado. Miles de millones de euros que se van al año en sostener inmigrantes que no trabajan y que no quieren integrarse y que en buena parte recurren a la intimidación, violencia y crimen como medio de vida.

La tercera puñalada mortal a España viene de la izquierda y su cultura del rechazo al esfuerzo, el sacrificio y el mérito como el único camino de perfeccionamiento y realización de la persona. La izquierda no quiere individuos autónomos, capaces de salir adelante en la vida gracias a su propio esfuerzo, sino sujetos pasivos, dependientes de los subsidios estatales y absolutamente rendidos a sus ideas. Quien prospera en el infierno comunista es el aparachitki y quien acepta hacer cualquier clase de favores a los poderosos. Los carnales parecen estar muy en boga. No puede haber prosperidad en una sociedad que criminaliza a los emprendedores. Pero tampoco puede haber futuro alguno si la sociedad no sabe que sólo a través del trabajo bien hecho se puede avanzar. No sólo de gamers y youtubers vive el hombre.

En Estados Unidos, el ascenso de Biden se ha debido no sólo a unas elecciones relativamente fraudulentas sino a la fuerza de unas compañías tecnológicas que deciden lo que es aceptable y lo que no, sin ningún rubor y sin someterse a ningún control democrático. También a una prensa absolutamente sesgada y que ha renunciado a presentar la verdad —o lo que pasa— para distribuir pura y dura ideología. Y, no lo olvidemos, con la complicidad de grandes compañías —aquí serían las del Ibex-35— que prefieren olvidarse de todo y todos mientras el gobierno regule más que generosamente para sus intereses y sectores.

Lo cual que me lleva a otro punto. ¿Cómo es factible cometer todo un asesinato de una nación como España, con una historia milenaria, en apenas un año? Hay dos factores que ayudan a entenderlo. El primero, la ausencia de una oposición real. El PP es un partido neo-newtoniano, cuya máxima estrategia es esperar que los gobiernos caigan, como la manzana, por su propio peso y la ley de la gravedad; Ciudadanos parece estar en un bigbang sin que se sepa cuál puede ser su futuro y Vox todavía tiene que desarrollarse como partido. Y aunque sigue acumulando seguidores a pesar de todas las dificultades del sistema, confiar su éxito en un crecimiento lineal es, simplemente, un error. Sería necesario un autentico salto cuántico, sólo imaginable con la implosión del Partido Popular.

Es una desgracia, pero recetas para pararle los pies a los asesinos de España existen y son sencillas de ver. Por ejemplo, si el Senado se hubiera desarrollado como los padres de la Constitución lo idearon, como una cámara de representación territorial, no tendría ningún sentido que los partidos regionalistas o que no tienen un ámbito nacional en sus planteamientos tuvieran representación en el Congreso de Diputados. Parar la inmigración ilegal no es mucho más complejo. ¿Pero quién tiene la voluntad de hacerlo? Por otro lado, falta sentido de urgencia en la oposición en general. Como si de verdad creyeran que el juego sigue siendo el mismo y que, tarde o temprano, llegarán unas elecciones generales libres y limpias en las que competir. Una ilusión letal cuando estamos viendo medios ministros de Sanidad en plena pandemia.

El segundo factor que permite el rápido asesinato de España es la política del miedo con la que se reacciona frente al coronavirus. Todos los gobernantes se han instalado cómodamente en los confinamientos y el control de la libertad de movimientos de los ciudadanos. No hace mucho, Pedro Sánchez se jactaba en su particular aló presidente de los sábados, que su gobierno había introducido las medidas de controlo más draconianas de todo el mundo. Pero el resultado está ahí para quien lo quiera mirar: los datos de España no son mejores. Al contrario, somos el top de fallecidos de covid con relación a la población y, lo que es aún peor, somos el país con mayor tasa de fallecidos por contagiados. Pero sólo se nos dice que nuevos confinamientos van a ser la solución. Ridículo si creyéramos que sus decisiones buscan garantizar nuestra salud, pero no, lo que buscan es afianzarse en el poder.

La única pregunta que me queda es saber si este asesinato está meditado y se produce con nocturnidad y alevosía o si es fruto de la irracionalidad. La ruina a la que nos lleva no puede dejar de tener un impacto en las prebendas que disfruta nuestra clase gobernante. O a lo mejor sí piensan que serán capaces de sostener un régimen de terror que paralice a los españoles. Con el tiempo lo sabremos.

'Okupas' y decretos de alarma: la agonía del estado de derecho
Guadalupe Sánchez. vozpopuli 21 Enero 2021

En nombre de la protección de la salud se ha iniciado un proceso de desmantelamiento y colonización institucional como jamás se había visto en democracia

La libertad es inherente al individuo, pero su reconocimiento y amparo no son congénitos a cualquier forma de gobierno. Ningún modelo político y legal ha alcanzado históricamente mayor y más efectivo reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales que los Estados liberales y democráticos de derecho contemporáneos. Parafraseando a Churchill, son el peor sistema diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás.

Su éxito radica, por un lado, en la fragmentación del poder estatal. La desconcentración de las potestades legislativa, ejecutiva y judicial, asignando cada una de ellas a instituciones independientes entre sí. Por otro lado, en la consagración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Porque reconocen una suerte de garantía preventiva para los ciudadanos frente a la discrecionalidad de los gobernantes, que tendrán que ajustar su actuación a la ley vigente. Los gobiernos no pueden hacer lo que quieran, como quieran ni cuando quieran, ni tan siquiera en nombre de las urnas. Porque el ordenamiento jurídico pretende también protegernos de nosotros mismos, de nuestra pulsión cíclica al mesianismo y al tribalismo totalitario.

Duración y prórrogas
Tradicionalmente, los mayores envites contra el Estado de derecho se han hecho en nombre de la voluntad popular y de la seguridad. La pandemia ha parido un pretexto nuevo, la salud, cuya efectividad para hacer sucumbir el sistema está sorprendiendo hasta a quienes decidieron usarla como ariete contra la legalidad. Gracias a ella, los ciudadanos han asumido con pasividad e indiferencia que quienes nos gobiernan desmantelen el Estado de derecho: “Algo hay que hacer y da igual cómo se haga”.

El estado de alarma supone una excepcionalidad constitucional para hacer frente a una crisis sanitaria, ya que pone patas arriba las salvaguardas del ordenamiento jurídico otorgando al gobierno facultades y poderes de los que normalmente no dispone. Por eso su duración inicial es limitada -15 días- y sus prórrogas deben contar con la aprobación del Congreso.

Al concederle al Ejecutivo de Sánchez la posibilidad de gobernar durante seis meses con las enormes prerrogativas que confiere la alarma, sin tener que someter al escrutinio del legislativo su actuación, el Estado de derecho inició su lenta agonía. En nombre de la protección de la salud se ha iniciado un proceso de desmantelamiento y colonización institucional como jamás se había visto en democracia. Los principios sobre los que se construye están volando por los aires: el Gobierno hace lo que le viene en gana, cuando le viene en gana y como le viene en gana (no sólo el de la Nación, que alguno autonómico también). Ignoran las formas, los requisitos y las garantías para su mayor comodidad, ante una sociedad que asiste narcotizada al espectáculo. Para muestra, lo ocurrido en las últimas horas.

Desahucio de okupas
El BOE de ayer hacía realidad uno de los sueños húmedos de los ministros chavistas del Gobierno: se publicaba el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, que codifica un ataque sin precedentes a la propiedad privada y a la tutela judicial efectiva. Faculta a los jueces a suspender sentencias penales que ordenen el desahucio de okupas mientras permanezca vigente el estado de alarma. Si usted, querido lector, no es jurista, debe saber que aunque la Constitución confiere al Ejecutivo la potestad de legislar al margen del Congreso en casos de extrema y urgente necesidad mediante Real decreto-ley (artículo 86), también proscribe que con éste se afecte a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.

Pues bien, este RDL determina una vulneración flagrante de dos de estos derechos: el de la tutela judicial efectiva plasmado en el art. 24 -que entre otras cosas consagra el derecho que los justiciables tienen a que las sentencias de los tribunales se hagan cumplir forzosamente cuando el condenado no lo haga voluntariamente- y el de la propiedad privada recogido en el art. 33. El Gobierno no sólo limita nuestros derechos fundamentales recurriendo a un instrumento expresamente prohibido para estos fines, sino que además traslada a los particulares la carga de soportar las consecuencias económicas de sus decisiones políticas. Porque la Constitución reconoce el derecho de los españoles a una vivienda digna, pero lo configura como un principio rector de la actuación de los poderes públicos, que no puede realizarse a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, salvo en casos determinados y siempre mediando indemnización. Y, desde luego, con el paraguas legal adecuado.

La excusa para acometer esta flagrante inconstitucionalidad vuelve a ser el estado de alarma actual y el combate contra la pandemia. Tal es así que se vincula a la duración de éste la vigencia de la suspensión de los desahucios de okupas. La covid utilizada como coartada de la extrema y urgente necesidad de instaurar medidas comunistas.

Desde luego que los de Sánchez y cía están comodísimos instalados en un estado de alarma que les permite gobernar a base de decretos pandémicos: han delegado la adopción de todas las medidas popularmente incómodas para reprimir la pandemia en las CCAA, mientras ellos se dedican sin prisa, pero sin pausa, a reventar el sistema desde el BOE, a colocar a amigos y parientes en puestos de responsabilidad e implementar reformas de calado institucional con las que se pretende asaltar el poder judicial. Entenderán que no están dispuestos a soltarlo por las buenas, por mucho que las CCAA les exijan medidas nuevas para combatir la pandemia. Y si hay que incurrir en una nueva inconstitucionalidad, sea.

Así se explican las declaraciones del ministro José Luis Ábalos asegurando que para modificar y ampliar las medidas limitativas de derechos contempladas en el RDL del estado de alarma no necesitan la autorización del Congreso: quieren hacerlo a base de decretos.

Argumentan quienes defienden esta posibilidad que la disposición final primera del RDL que aprobó el estado de alarma habilita al gobierno a dictar sucesivos decretos que modifiquen el contenido de éste. Si el Tribunal Constitucional confirió rango de ley a los Decretos de aprobación y prórroga del estado de alarma para que éstos cumpliesen las funciones que les asigna la ley que los regula ¿por qué no van a tenerlo los decretos modificativos? Pues porque estos últimos carecen de amparo legal o jurisprudencial alguno. La LO 4/81, reguladora del estado de alarma, da cobertura normativa a los decretos que lo aprueban y prorrogan, pero no contempla que se puedan dictar otros que lo modifiquen, menos aún si éstos van a afectar a derechos fundamentales. Aceptar lo que sugiere Ábalos equivaldría a asumir que la vía para sortear la prohibición constitucional de limitar derechos fundamentales a base de decretos gubernamentales es que el Ejecutivo dicte uno que le faculte a hacerlo. Tan absurdo como perverso. Para aumentar las restricciones e imponer confinamientos hay que declarar un nuevo estado de alarma. Pero me temo que no lo verán nuestros ojos.

Como colofón a la campaña de derribo y desprestigio institucional, se ha publicado el contenido del auto dictado por el juez de vigilancia penitenciaria que acuerda el tercer grado para el yerno del Rey emérito, Iñaki Urdangarín. El contenido de la resolución no tiene desperdicio, pues destapa los intentos de Interior para obstaculizar la semilibertad del preso sin el menor sustento legal. Urdangarín no sólo está pagando con su libertad por los delitos que cometió, sino que lo han convertido en un chivo expiatorio de su campaña de desprestigio contra la Corona como símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Atacar al Rey a través de su cuñado.

Y esto no ha hecho más que empezar. La tercera ola de la pandemia vendrá precedida de un tsunami económico y social, que ahogará a la gente en la miseria y el hambre. Puede suponer la estocada final para nuestro malherido Estado de derecho.

Más interesados en encerrar a la ciudadanía que en vacunarla
EDITORIAL Libertad Digital 21 Enero 2021

Mal está saltarse la cola de la vacunación, pero no debería ser menos escandaloso lo lenta que avanza, mientras Illa se dedica a otros menesteres.

Nada que objetar –todo lo contrario– a la decisión del consejero de Sanidad del Gobierno murciano, Manuel Villegas, de presentar su renuncia tras conocerse que se había vacunado –junto a otros 400 funcionarios y altos cargos no asistenciales de su conserjería– ignorando el orden del protocolo de la campaña de vacunación. Ahora bien, resulta escandaloso que este encomiable rigor a la hora de exigir y asumir responsabilidades a los cargos del PP no se aplique a los políticos de izquierdas. Qué doble rasero más indignante.

Así, y sin necesidad de remontarnos a los tiempos en que el Gobierno social-comunista minusvaloraba el riesgo de la pandemia para no malograr su manifestación del 8-M; en que, ya desatada la pandemia, el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguraba que no era necesario el uso extensivo de las mascarillas; en que sólo unos políticos privilegiados –como los miembros del Gobierno– podían acceder a las PCR para detectar el virus, resulta sorprendente que nadie pida dimisiones por el lentísimo ritmo de vacunación. ¿Y qué decir de las inexistentes peticiones de dimisión a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a pesar de haberse saltado las normas y restricciones para hacer frente a la pandemia que son de obligado cumplimiento para el común de los ciudadanos?

Tras haber sido el último gran país de la Unión Europea en hacer públicos los datos sobre la materia, se observa que el ritmo de vacunación en España sigue siendo vergonzosamente bajo si se quiere llegar al verano con una cierta inmunidad de rebaño, tal y como prometió el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y es que, lejos de las 400.000 vacunaciones diarias que serían necesarias, todavía no superamos –y esto, en el mejor de los casos– las 95.000. ¿Dónde están, sin embargo, las peticiones de dimisión contra Salvador Illa por este motivo, tanto más exigible desde que aceptó ser candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña?

Bien está que provoque escándalo que el consejero murciano se pusiera al principio de la fila para recibir la vacuna, pero no debería escandalizar menos el penoso avance de la vacunación general. Y a todo esto, se ha sabido que Illa no pisa el Ministerio desde hace semanas –consecuencia lógica de haber aceptado concurrir a las elecciones catalanas sin haber renunciado a la cartera–; pero tampoco eso parece suscitar escándalo alguno.

Mientras, la clase política –con contadísimas excepciones– parece más interesada en el cerrojazo a la economía y a las libertades que en combatir la pandemia mediante una mayor oferta sanitaria, mejores rastreos y, sobre todo, un mayor ritmo de vacunación. Cerrar la hostelería, restringir el horario de los comercios o ampliar los toques de queda son una empobrecedora y liberticida forma de huir del problema, no de solucionarlo, tal y como ya ha quedado acreditado: hasta ahora, con eso sólo se ha conseguido destruir la economía y desesperar a millones de españoles.

La cogobernanza era eso: palo y tentetieso
OKDIARIO 21 Enero 2021

El Gobierno socialcomunista nos estuvo dando la matraca durante meses con un palabro -cogobernanza- que, en teoría, significaba que el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las consejerías de Sanidad de las distintas autonomías, adoptaría de forma consensuada las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia de coronavirus. A las primeras de cambio se ha demostrado que eso de la cogobernanza era un camelo, un concepto diseñado en la factoría de propaganda y marketing de La Moncloa. Salvador Illa, la voz de su amo, se ha negado a aceptar que las autonomías puedan adelantar el toque de queda más allá de lo contemplado en el decreto del estado de alarma. Se puede discutir si ese adelanto es necesario o no, pero lo que no admite duda alguna es que este Gobierno se ha subido a lomos de la mentira y es de un totalitario que tira para atrás.

¿No habíamos quedado en que el Gobierno aceptaría las propuestas de las autonomías? ¿No había dicho Illa que la disposición de su ministerio era la de dar respuesta a los planes autonómicos si se producían de forma mayoritaria? Pues ya lo hemos visto: de lo prometido, no me acuerdo. Lo que le pasa a Pedro Sánchez es que tiene un miedo atroz a volver a ir al Parlamento a defender un nuevo estado de alarma que dé consistencia jurídica a las reivindicaciones autonómicas. Ya lo dijo OKDIARIO en su día: los seis meses de estado de alarma que el Parlamento le otorgó al jefe del Ejecutivo eran un inmerecido regalo, porque Pedro Sánchez es un tramposo y un tahúr, como ha quedado demostrado tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

Cuando le interesó, lo utilizó para cerrar Madrid decretando un estado de alarma contra Díaz Ayuso por puro interés partidista. Ahora, cuando el Consejo le lleva la contraria, lo manda a freír puñetas al grito de «aquí se hace lo que yo digo». Lo dicho: la cogobernanza era eso. Palo y tentetieso

¡Se va Merkel y se te acaba el chollo, Sánchez!
Miguel Ángel Belloso okdiario 21 Enero 2021

Que la gente normal y corriente acostumbrada durante décadas al insano estado de bienestar no repare en que nada es gratis en la vida se puede entender. Que las élites intelectuales de izquierdas no comprendan en qué consiste una unión monetaria como en la que participa España tiene delito. Pero este es un delito que cometen a diario. La semana pasada leí en El País -ese periódico sedicentemente global que sirve cocido por la mañana a toda la progresía de la nación- que las circunstancias económicas en las que nos encontramos exigen una presencia y una intervención vigorosa del Estado y del Gobierno para compensar los desequilibrios que está provocando la pandemia.

Y que es ineludible luchar contra la desigualdad, disolver el malestar comunitario, hacer sentir a esa parte desafecta y preocupada de la sociedad que no es víctima del cambio sino parte de él, que el Estado tiene una promesa para cada uno, una promesa de oportunidad, del ascensor social, del premio al esfuerzo, al mérito, a la honradez. ¿A que es realmente conmovedor que los que respaldan una ley de educación que promueve vagos y maleantes, y que instala en la conciencia colectiva el derecho a obtener un título sin haber demostrado antes las aptitudes oportunas sean ahora los padrinos de la moral colectiva?

Aún es más descorazonador que estos chicos parezcan ignorar los estándares políticos que comporta una unión monetaria, que obliga a que todos los países miembros tengan una situación fiscal, en términos de déficit público y de deuda, lo más similar posible, so pena de exigir un precio por la financiación inasequible para los incumplidores, abocándolos a una quiebra que sólo puede salvar en última instancia la intervención de Bruselas bajo unos protocolos de reformas y de ajustes de inexorable rendimiento. En estas estaremos más pronto que tarde.

Estos chicos tan optimistas, que son la voz de su amo, es decir, del señor Sánchez, están absolutamente persuadidos de que el fondo de reconstrucción europeo va a ser como el maná que nos hará más prósperos sin compromiso alguno. Están equivocados. Estos siervos de la heterodoxia económica y del keynesianismo infantil postulan un capitalismo decente, como si el capitalismo no fuera el sistema más éticamente robusto al que ha dado lugar la humanidad. Cuando sueltan estas inmundicias, cuando enseñan la patita del lobo que son, enarbolan el ogro filantrópico del que hablaba el insigne Octavio Paz, o sea, ese Estado que en pos de una cohesión social deletérea reparte subsidios por doquier, aprueba el ingreso mínimo vital, oxigena sin prudencia a las empresas ‘zombies’ o aparca en los ERTE a personas destinadas irremediablemente al paro sin hacer antes lo que la situación exige: flexibilizar el mercado laboral para que se ajuste y pueda recoger a algunas de ellas, o peor aún, aprobando un modelo educativo que las condena a la precariedad cuando no a la indigencia.

Todavía es más delincuencial que sostengan que en cuanto haya remitido la tormenta haya que reanudar la senda ascendente del salario mínimo, que conducirá al paro masivo a la parte más frágil de la fuerza laboral, o que habrá que elevar la presión fiscal para acercarla a la media de la UE, de la que tan lejos estamos en términos de renta per cápita -que es el indicador primordial de referencia- abocando a muchas empresas a la ruina y empeorando la capacidad de subsistencia de la mayoría de los españoles, que padece impuestos sobre su renta personal muy altos así como gravámenes indignos sobre sus escuálidos ahorros.

Toda esta chusma que, sabiendo de economía, ocupa su tiempo en engañar a los ciudadanos bien alimentados por el subsidio sigue sosteniendo que la salida de esta crisis debe ser muy diferente a la de 2011, en la que se instaló como estrategia lo que ellos llaman el ‘austericidio’. Pero continúan instalados en el error. Es verdad que las reglas fiscales de la UE están suspendidas, que el BCE proporciona hasta la fecha una liquidez ilimitada, pero esta estrategia plausible dada la crisis provocada por el virus tiene los días contados. Para ser exactos, estos fuegos artificiales acabarán en septiembre cuando en Alemania se celebren las elecciones para designar al nuevo canciller.

Como saben, Merkel se marcha entonces irremisiblemente. No se presenta. Dice adiós a la política. Merkel, nacida y criada en el régimen opresor de la Alemania del este, ha sido la verdadera hada madrina de los países del sur de Europa, entre ellos España, y su última regalía, la aprobación del fondo de ayuda para combatir los efectos venenosos de la pandemia, ha sido providencial para el sostén y la estabilidad del Gobierno de Sánchez y de Iglesias, el más sucio de largo de toda la Unión. Merkel ha demostrado una prodigalidad fuera de lo común, pero los que la van a reemplazar no pintan ser tan generosos. Y cabría decir que por fortuna. Es preciso que nos pongan las pilas, que le corten el moño a Iglesias y que detengan los aires de falsaria grandeza social de Sánchez.

A principios de año, el economista Óscar Fanjul sugería en un artículo que la historia del equipo que dirige los destinos de la nación es la de unas propuestas de redistribución y mejora social que olvidan las decisiones perentorias para mejorar el proceso de asignación de recursos, para elevar la productividad del trabajo y del capital y en definitiva para potenciar el crecimiento del país y de su renta per cápita. Pretender redistribuir sin haber creado antes prosperidad, menos aún en medio de la crisis económica más grave de las conocidas, es difícilmente sostenible en el tiempo, sobre todo si se hace a crédito, si los que pagan la fiesta vuelven a ser los llamados estados frugales -básicamente Alemania-, que han demostrado una legendaria preocupación por mantener sus cuentas públicas en orden.

Las propuestas en cartera más emblemáticas del Gobierno de coalición, entre las que se encuentra el aumento del gasto social, la subida de los impuestos y otras quizá por venir -en las que tanto insisten los comunistas- como el control de los alquileres o la subida del salario mínimo -que incluso patrocinan las élites izquierdistas- tienden todas a aumentar los costes de producción, lo que no es una ayuda para competir globalmente, y sólo podrían ser compensadas por incrementos de la productividad que están reñidos con la estrategia que esgrime incluso la parte más presentable del Gabinete representada por la vicepresidenta Calviño. Para conseguir el objetivo discutible y poco aconsejable de mejorar la distribución de la renta en un país en el que se ya se pagan muchos impuestos y donde las transferencias del estado de bienestar son cuantiosas, la prioridad sería adoptar medidas que favorezcan el crecimiento económico o garantizar la capacidad de ascensor social del sistema educativo que castra de manera criminal la ley Celaá.

Los medios de comunicación de izquierdas han respirado aliviados después de que el partido de Merkel, la CDU, haya elegido sucesor a Armin Laschet. Es un centrista, celebran alborozados. Lo que ignoran es que, antes que un presunto centrista, es sobre todo un alemán, y que la bonhomía y la generosidad demostradas por Merkel hacia el pelotón de incumplidores que forman parte de la Unión Europea será irrepetible. Hasta septiembre no conoceremos quién será el nuevo canciller, pero es seguro que estará más cerca de la ortodoxia económica y más lejos de la prodigalidad demostrada hasta la fecha.

Hay mucha presión en Alemania, en Holanda, en los llamados estados contenidos y austeros para racionalizar, vigilar y exigir contrapartidas por las transferencias monetarias a los países que han sufrido más agudamente la pandemia, pero que ya venían demostrando su incapacidad para hacer reformas y mantener la higiene de sus cuentas públicas. Este aire más exigente que se va a imponer progresivamente en Europa hará mucho más difícil la continuidad de la barra libre del Banco Central Europeo, que debe atender a los intereses comunes de la Unión y dejar de discriminar positivamente de modo permanente a quien ofrece tan poco a cambio y reincide en el dispendio.

Señor Iglesias, señor Sánchez: ustedes están vivos todavía gracias al Banco Central Europeo, ese que según dice el del moño no elige nadie, pero al que debe que siga siendo vicepresidente. Están todavía vivos y coleando, esparciendo el mal por el conjunto de la nación gracias a Angela Merkel, pero la canciller se va ineluctablemente. A partir de septiembre se les acaba el chollo, de manera que vayan atándose los machos.

El programa económico español encalla en Europa
Primo González republica 21 Enero 2021

No está claro cuál será el contenido final de las propuestas que el Gobierno español va a plantear a la Comisión Europea para llevar adelante un programa auténticamente reformista y modernizador de la economía española, pero algunos de los postulados de mayor interés para el sector radical del Gobierno (Podemos) ofrecen el talante menos amable delos que esperan los burócratas y los políticos de Bruselas.

Hay un choque claro entre el sector radical del Gobierno español y la tendencia dominante en los principales países de la Unión Europea, en donde la socialdemocracia y el talante liberal predominan de forma clara sobre los populismos que tratan de abrirse paso en algunos países europeos, España como caso más destacado. Está claro que el segmento político radical tiene muy poco predicamento en la mayor parte de Europa.

No hay más que hacer un recuento de votos en el Parlamento Europeo para comprender la débil posición de los representantes de la izquierda populista, que apenas llegan a los 40 escaños sobre un total de 751 escaños según los resultados de las elecciones del año 2019. La mayoría parlamentaria está en los 375 escaños. Populares y socialistas suman entre los dos 336 escaños y la suma de otros partidos más o menos afines le otorgarían una amplia mayoría. La representación de la izquierda populista rondará el 12%.

En España, el peso es bastante similar, de forma que hay muy pocas posibilidades de que un partido como Unidas Podemos pueda imponer sus postulados. Si en estos momentos este grupo está logrando imponer sus criterios en algunos aspectos (política social, reforma del mercado de trabajo o regulación de las pensiones) es porque su peculiar alianza con los socialistas les otorga un exceso de representatividad tras dejar de lado al PP y a Ciudadanos.

Con un esquema representativo similar al europeo, en España el Gobierno de Sánchez no tendría dificultades para elaborar un programa económico, incluso en los aspectos más sociales como los mencionados, que cumpliera puntualmente las demandas reformistas que han planteado los dirigentes de la UE a España para que nuestro país tenga acceso a los fondos financieros de la UE.

Resulta, por ello, bastante difícil de comprender el motivo por el que el Gobierno español está poniendo en peligro la necesaria cohesión con las políticas económicas de la Unión Europea, incluido el acceso a los fondos financieros que está en condiciones de asignarse a España para el cumplimiento de estos objetivos. La posición de Podemos secuestrando la voluntad política mayoritaria de los votantes y, a la postre, privando a la economía de los recursos que tan bien servirían para que el país saliera de esta crisis económica, tendría que ser objeto de un análisis más sensato y de un gesto más enérgico por parte del Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

La avalancha migratoria se intensifica en España ante la complicidad del Gobierno
Las Fuerzas de seguridad, desbordadas y desamparadas
Agustín Benito. https://gaceta.es/ 21 Enero 2021

Más de 600 inmigrantes ilegales han llegado a España en los últimos dos días ante la desidia y la complicidad del Gobierno socialcomunista. Más de 500 a las costas de Canarias, Almería, Granada, Málaga y la Región de Murcia, y 90 a Melilla tras un nuevo asalto a la valla fronteriza.

Rubén Pulido, analista político y experto en cuestiones migratorias, desvela en declaraciones a La Gaceta de la Iberosfera que entre los que han llegado en las últimas horas a Almería hay personas procedentes de Egipto que traen en sus pasaportes viajes a zonas de alta radicalización islámica y denuncia que a través de la inmigración ilegal están entrando “potenciales terroristas” a nuestro país y que las detenciones “no son aisladas”.

Se refiere a los tres terroristas islamistas -dos ciudadanos libios y un marroquí- que fueron detenidos este mes de enero en Barcelona y que tenían la intención de atentar. Llegaron en patera desde Argelia a Almería y atravesaron el país en coche hasta la Ciudad Condal. Y recuerda que uno de los terroristas más peligrosos del Daesh, detenido el verano pasado también en Almería, accedió también en patera, y que yihadistas arrestados en Canarias llegaron de manera irregular.

“Es una realidad que los terroristas están aprovechando la inmigración ilegal para llegar a nuestro país. Lo hacen en los momentos de debilidad, (…) salen en masa, diez o veinte embarcaciones concentradas en una misma franja horaria y no son detectados”, señala, antes de asegurar que ya se ha demostrado que “mafias instauradas en el territorio nacional facilitan la entrada de esta inmigración ilegal”. Les esperan en un punto concreto, suben a un furgón y no sabemos dónde va esa gente.

Por tanto, cree que en términos generales la situación es “mucho peor que en los últimos dos años” y que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no dan abasto y no pueden interceptar todas las llegadas”. Están desbordadas. “El año 2018 fue nefasto, en 2019 se estabilizó un poco la situación, pero ahora hemos vuelto a un estado de virulencia en cuanto a la inmigración ilegal y las mafias están más activas que nunca”.

Considera Pulido que desde la crisis de los cayucos de 2006 jamás ha habido tantas rutas migratorias activas y revela que están partiendo inmigrantes ilegales desde la zona de bahía de Alhucemas, desde cabo Espartel, desde suelo argelino y desde todas las rutas del Sahel (Mauritania, Senegal, Gambia, cabo Bojador, etc). La zona que se dirige al archipiélago canario está activa. Las mafias están activas en todas las rutas migratorias de entrada a nuestro país, incluso podríamos decir -subraya- que hay rutas que no estaban activas entonces.

En este sentido, acusa al Gobierno socialcomunista de “naturalizar la inmigración ilegal como forma de acceder a España” y actuar con una “indolencia cómplice” porque “lejos de hacer algo para atajar a esta problemática está poniendo en marcha una serie de prebendas que traspasan nuestras fronteras”. “Todos esos alojamientos en hoteles con pensión completa, todas esas ayudas económicas que hacen las ONG para que afronten el día a día personas que han entrado ilegalmente en España provocan el efecto llamada. Están llegando al Magreb… leo prensa marroquí, argelina y de países subsaharianos que transmiten esa información, allí lo están entendiendo como algo muy beneficioso para ellos”.

Pulido denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está llamando a un tipo de inmigración que además de masiva e ilegal “no se integra, tiene una cultura opuesta a la nuestra y cuenta con ciertos patrones de conducta que aquí son delictivos”. “Tanto que la izquierda coge la bandera feminista y de los LGTB… estos inmigrantes ilegales denigran a estos colectivos”, subraya.

Y manifiesta que la solución es la deportación, no solo de los delincuentes como el gambiano detenido este lunes en la localidad de Tamarite de Litera (Huesca) por violar a una mujer de 94, sino de todos los que llegan a nuestro país de forma ilegal. Por eso cree que “no nos tiene que valer que nos establezca un cupo Marruecos o Argelia, sino que hay que llegar a acuerdos de forma urgente para que estos países admitan a estas personas que están entrando de manera ilegal”.

En esta línea, denuncia que España está “regando Marruecos con autenticas millonadas de euros para que ellos controlen la inmigración ilegal, pero la situación vuelve a estar igual” y revela que el Ejecutivo “se ha rendido al chantaje argelino haciendo adquisiciones de hidrocarburo para tratar de que relaje esa inmigración ilegal, aunque ahora estamos viendo en las costas almerienses que esta ruta migratoria se ha activado”.

Las Fuerzas de seguridad, desbordadas y desamparadas
El Gobierno mantiene en una situación de desprotección total a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hacen frente a la inmigración ilegal. Según denuncian sindicatos policiales como JUPOL, se encuentran “desbordados” y con unos recursos “absolutamente insuficientes”.

“Lo que estamos padeciendo sobre todo en Canarias es una falta de medios tanto materiales como humanos, los compañeros están haciendo allí jornadas muy extensas, superando las diez y doce horas de servicio”, afirma Pablo Pérez, secretario de comunicación de JUPOL, a La Gaceta de la Iberosfera, al tiempo que recuerda que el personal de Policía científica, el que toma las reseñas de los inmigrantes y las graba en las bases de datos de las comisarías, es “mínimo”. “El trabajo que tienen acumulado ahora mismo les podría llevar hasta año y medio con los compañeros que son actualmente”.

El portavoz del sindicato denuncia la falta de medios técnicos necesarios y que muchos agentes están sin EPIs para protegerse de los inmigrantes que en algunos casos llegan contagiados de covid-19, y que no se hacen pruebas PCR ni de antígenos a los policías después del servicio. “Los compañeros se van a sus casas con la angustia de no saber si están o no contagiados, de si pueden contagiar a sus familias”.

Desde JUPOL afirman que el Ministerio del Interior ha dejado una vez más “desamparada” a la Policía “reaccionando muy tarde” ante la avalancha migratoria” y no ha solucionado el problema. “En Canarias, simplemente han cambiado el problema de sitio, anteriormente estaban en Arguineguín a la vista de todo el mundo y ahora han trasladado a todos esos inmigrantes a Barranco Seco, más ocultos, pero sin dar una solución real”.

Así, reclaman al ministro Fernando Grande-Marlaska el refuerzo urgente de las plantillas en Canarias a nivel de seguridad, extranjería y policía científica, la dotación de todos los medios apropiados y que se realicen pruebas PCR a todos los policías que están en contacto con los inmigrantes ilegales. Y piden “un repaso importante a la Ley de Extranjería” porque “no soluciona el problema de inmigración que tenemos actualmente en España”.

Según el propio Ministerio, en la primera quincena de 2021 se registró la llegada de 1.069 inmigrantes ilegales a Canarias, una cifra que supone un aumento del 234,1% con respecto al mismo periodo de 2020 -fueron 320-. Llegaron al archipiélago en 28 embarcaciones, 17 más que las que se contabilizaron un año antes, unas cifras, a juicio de JUPOL, “altamente preocupantes”.

Robo de posesión
Zoé Valdés Libertad Digital 21 Enero 2021

Es un día luctuoso, marca el fin de la libertad.

No vi el “robo de posesión” (título que tomo prestado a Yosdani Valenti) que se perpetró en Washington DC y que fue transmitido en directo –cómo no– también en Times Square por órdenes del alcalde izquierdoso de Nueva York, no me apetecía contemplar el robo de Norteamérica por parte de unos traidores y fraudulentos que no sólo destruirán ese país, expandirán su plaga miserable por el resto del planeta, porque se trata de la peor secuela de la plandemia del PCCh con la entrega del poder, no a un viejo manoseador y corrupto, sino a China y su desmadre totalitario, con la complicidad de todos, incluida hasta el momento en que escribo la del Ejército norteamericano.

Es un día luctuoso, marca el fin de la libertad; en este momento puedo entender más que nunca lo que sintieron mis padres y mis abuelos el primero de enero de 1959 en Cuba: tristeza e ira, asombro y al mismo tiempo la confirmación de una certeza más que de una duda que me rondaba e invadía desde hacía décadas, la semilla del comunismo estaba nutriendo frutos en Estados Unidos.

Debo añadir que si este nauseabundo fraude electoral que se le ha hecho a ese gran país y al mundo entristece profundamente, mucho más enerva y prende sentimientos perturbadores en los amantes de la libertad, sabiendo que un puñado de cubanos y de venezolanos votaron por esta indecorosa e indecente vía, la peor de todas. Y que lo hicieron por cobardes, por ignorantes, por traidores y memos.

Reitero que contra todos ellos va mi más profundo desprecio, como también estoy empezando a considerar dedicar parte de ese desprecio a todos aquellos que contribuyeron a demonizar a un hombre, al presidente Donald Trump, que trabajó para el bien de su país, que no condujo a Estados Unidos a ninguna guerra, que supo llevar su cargo con una dignidad y un patriotismo envidiables; sí, mi desprecio a todos esos que lo llamaron nazi y de mil modos insultantes, cuando el verdadero nazi es el viejo verde al que están sentado en la silla del poder, Joe Biden, al que se le ha fraguado un robo de posesión típico del nazismo en 1937 (sólo comparen el decorado). Pues, bien, subrayo: mi más honda repulsa contra todos sus colaboradores.

Es precisamente este amigo, Yosdani Valenti, quien desde el camión que conducía por las calles de Nueva York y a través de su móvil me fue contando que vio ciudadanos portando banderas rojas con la hoz y el martillo, a otros, cuya manera de diversión es la misma que cuando perdieron en 2016, concentrados en la destrucción y la quema.

No supieron perder y no saben ganar, porque son conscientes de que no ganaron, que robaron, que hicieron trampas, que no se gana hurtando de manera fraudulenta.

¿Han visto ustedes algún espectáculo de trumpistas arrancándose los pelos, gritando con la jaiba a todo lo que da, ofreciendo los ridículos espectáculos aquellos que dieron los clintonianos demócratas en el 2016? No lo han visto ni lo verán.

Los trumpistas no golpean a nadie por llevar una gorra –aunque debieran hacerlo, sólo sea por vengarse, que es un derecho muy humano–. Los trumpistas no queman ciudades ni perpetran amenazas que luego cumplen con nocturnidad y alevosía. Los trumpistas no se hacen pasar por lo que no son, ni allanan el Congreso, como está probado que sí hicieron los bidenistas demócratas, los miembros de Black Lives Matter y Antifa, que, pago mediante, asaltaron el Capitolio para que los medios de comunicación contaran luego que habían sido los rednecks trumpistas. Bullshit!

En cualquier caso, no olviden esas frases del que ha sido el más reciente discurso de Donald Trump, y no el último: “Esto no hace más que comenzar. Lo mejor está por venir”.

Espero sinceramente que así sea, que caigan las máscaras, y que los corruptos y pedófilos también caigan, así como los asesinos. Ansío que a las Lady Gagas y las JLo, y los Ricky Martin, que ninguna moral tienen como para imponerle enseñanzas de nada a nadie, porque no son más que faranduleros y bufones al servicio del comunismo (más de cien millones de víctimas), los pongan de una vez en el sitio que les corresponde.

Le zumba usar vientres de alquiler de pobres mujeres, que deben alquilar sus vientres a poderosos ricachones del espectáculo para traer niños al mundo y convertirlos en padres, cosa que habría que saber si verdaderamente merecen luego de verlos retratar a esos niños frente a una bandera churrosa de Black Lives Matter, siendo además blancos y bien remunerados con sus complejos de blancos y de bien pagados, y además traidores de la propia vida de sus hijos y de su futuro.

Las iniciativas de Biden para que no vuelva a haber un presidente republicano jamás
Carlos Esteban https://gaceta.es 21 Enero 2021

El gran error ideológico de nuestro tiempo es pretender que los incentivos no funcionan. ‘Pretender’ es aquí la palabra operativa, porque quienes predican lo contrario saben perfectamente que el palo y la zanahoria son para siempre. Así que mientras imponen dogmas como la inexistencia del ‘efecto llamada’ o las denuncias falsas de violencia de género, usan palos y zanahorias como cada hijo de vecino.

En el caso de los demócratas que han llegado al poder en Estados Unidos con todas las trampas del libro, ahora el objetivo es doble: borrar la herencia de Trump hasta la última coma, como contábamos ayer, y luego asegurarse de que se mantienen en el poder para siempre jamás.

El presidente electo, Joe Biden, ya anunció con entusiasmo la reversión de todas las políticas de Trump, entre ellas el control de fronteras, y a nueve mil hondureños les ha faltado tiempo para tomarle la palabra y ponerse en marcha hacia el ‘sueño americano’.

Los súbitos migrantes, coordinados por una asociación llamada Pueblo Sin Fronteras, se han referido explícitamente al compromiso contraído por Biden de aplicar una “nueva estrategia” de acogida de extranjeros. Si esto sucede cuando todavía no ha jurado el cargo, pueden imaginar fácilmente lo que van a ser los próximos años.

Para la Administración demócrata, el cálculo es sencillo: están importando votantes. Porque a la política de puertas abiertas le acompaña otra de lo que allí llaman ‘amnistía’, es decir, regularización de ilegales ya en el país -once millones, dicen, pero la cifra real podría fácilmente ser el doble- y un proceso de nacionalización acelerado. Como en el poema de Brecht, el gobierno está muy decepcionado con el pueblo y ha decidido cambiar de pueblo.

Todo el mundo que importa gana con esto. Los demócratas aumentan de golpe su masa de fieles votantes, porque los recién llegados se saben grupo protegido y privilegiado y porque todas las estrategias aplicadas por Bush para atraer el voto inmigrante se han saldado con rotundos fracasos. Trump redujo la brecha más que ningún otro candidato republicano en décadas, pero ni de lejos acabó con ella.

Otra maniobra para que nunca vuelva a haber un presidente republicano es el plan para aceptar como estados de pleno derecho al Distrito de Columbia (Washington), Puerto Rico y Guam, demócratas hasta la médula.

Sobre la mesa también está la idea de abolir el Colegio Electoral y pasar al voto directo, al estilo del que rige en casi todas las democracias occidentales.

El sistema americano confunde a menudo al observador europeo, que no entiende que la Constitución no solo dotó al país de mecanismos democráticos, sino también de medios para controlar la democracia. Así, se supone que son los estados los que eligen al presidente, no directamente los ciudadanos. Los ciudadanos de cada estado se ocupan de que sus electores favorezcan al partido que ellos prefieren mayoritariamente, pero, con dos excepciones, esos electores votan todos, y no proporcionalmente, a la opción mayoritaria. Eso hace posible, e incluso relativamente habitual, que un presidente gane la mayoría del voto de los electores pese a perder la mayoría del voto popular, como pasó (supuestamente) con Trump en 2016.

Pero quizá la iniciativa más importante sea la que busca controlar el Tribunal Supremo, que allá es el único intérprete autorizado de la Constitución. Como la Carta Magna es literalmente idolatrada en Estados Unidos, el órgano que decida unilateralmente lo que significan sus artículos y enmiendas se convierte en el árbitro último de la vida política, y de hecho los nueve miembros del Supremo han sido los responsables de los cambios sociales más importantes de las últimas décadas, como la consideración del aborto como derecho inalienable o el matrimonio de personas del mismo sexo. Y por eso la contribución más importante que puede hacer un presidente es colocar jueces ‘de los suyos’ en el Supremo.

Problema: el cargo es vitalicio, y hay que esperar a que algún juez muera o decida retirarse (lo que no sucede jamás), además de superar una espantosa ordalía en su confirmación por el Senado. Trump logró meter a tres de los suyos -aunque les salieron rana en el asunto del fraude electoral-, volcando la mayoría en el tribunal hacia una posición conservadora. Así que los demócratas tendrían ese freno en sus intentos revolucionarios.

La solución ya se planteó durante la campaña electoral: “stacking the court”, la expresión que describe el remedio más sencillo: aumentar el número de jueces en el tribunal, ya que la Constitución no especifica un número concreto. Así que es más que probable que en la Administración Biden pasen de nueve a doce o quince, el número necesario para volver a una mayoría progresista.

Estados Unidos y la muerte del progresismo (y II)
Luis Riestra. vozpopuli  21 Enero 2021

En una ocasión anterior vimos que, como consecuencia de la lucha de poder entre globalistas y americanistas, Estados Unidos había entrado en una crisis existencial al cuestionarse la libertad política de sus ciudadanos, que es aquella que les permite elegir o quitar a su Gobierno, ya sea directamente o a través de representantes. Recordemos que la eliminación de la libertad política es precisamente uno de los objetivos del progresismo y del globalismo y que, de momento, han conseguido despachar, de mala manera, al outsiderDonald Trump, pero la lucha sigue.

Progresión de errores
También decíamos que el grupo hegemónico, los globalistas, producto de su degeneración secular, seguirían cometiendo erroresque agudizarían dicha crisis. Así ha sido: no han auditado el fraude de las elecciones, han manipulado el "golpe" más cutre que se recuerde, endosándoselo a Trump, y una especie de cártel de monopolios (algo inédito) ha mantenido incomunicado al presidente, al tiempo que hacían una especie de purga de sus seguidores, censurando en redes sociales (un ejemplo) y tirando abajo una de las únicas y liliputienses plataformas alternativas disponibles, mientras los grandes medios de comunicación culminaban sus cuatro años de parcialidad, mala educación y deshonestidad informativa (un ejemplo de muchos) con otro chaparrón de desinformación.

No contentos con eso, algunas empresas, entre las que destaca ese banco cuyo valor nominal de las acciones se ha dividido casi entre 13 desde 2009, el Deutsche Bank, se apunta al bombardeo contra Trump, asestándole una segunda ronda del boicot que sufre de sus negocios desde que ganó las elecciones. Ante todo lo anterior, Trump responde con un muy buen discurso de despedida.

Conspiración progresista
Por si fuera poco, cuando intentas analizar los hechos y las relaciones causa-efecto, siempre aparece alguno acusándote de conspiranoico, trampa que aprovecho para aclarar semejante infundio. Yo no sigo la Teoría Conspirativa de la Historia, entre otras cosas porque la conozco bastante bien, lo cual no quita que sea entretenida y útil para detectar a dos tipos de individuos: los que la conocen y la utilizan parcialmente para fomentar la animadversión contra ciertos grupos, y el otro, el de los tontos útiles marionetas de los primeros.

Por supuesto que las conspiraciones existen (las hay delictivas) y cada uno es muy libre de creer, o no, que Oswald mató en solitario a Kennedy con una escopeta de feria o las conclusiones de la "Comisión Warren", o que el Estado Profundo no existe, que el establishment es un invento, que es normal (o no) que todos los jefes de las Big Tech sean progres y que no hace falta una Carta de Derechos Digitales porque no son monopolio al no tener el 100% del mercado y que la manipulación algorítmica no existe. Lo que ocurre es que, con o sin conspiración, mi explicación de la crisis existencial de Estados Unidos la encuentro en la Teoría Generacional y en la Teoría Pura de la Democracia, principalmente. Veámosla.

Cambio de orden
La Teoría Generacional nos dice que cada cien años, más o menos, la propia existencia de la nación está en peligro por un orden y un pensamiento dominantes que se vuelven disfuncionales y un establishment que cree que puede controlarlos. Ha habido cambios de orden fallidos, como el fascismo italiano o el nazismo alemán, que ocurrieron gracias a un sistema electoral de listas como el nuestro, o la Segunda República española que usó listas de otro tipo; luego hay casos de éxito como la Rusia actual, lo vimos, o el neo-otomanismo de Erdogán, que también vimos.

El orden actual en Estados Unidos es socialdemócrata y el pensamiento dominante (no necesariamente mayoritario), o zeitgeist, es progresista, y fue implantado por F.D. Roosevelt tras el crack de 1929, expandiéndolo al resto del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. El anterior, a nivel global, era un orden imperial y el zeitgeist era liberal; ambos, orden y zeitgeist, fueron liderados por Gran Bretaña tras las Guerras Napoleónicas y cayeron con la primera guerra mundial. Francia y Reino Unido se resistieron al cambio, poniendo las cosas peor, hasta que un patadón nazi echara abajo todo un parapeto disfuncional.

Por supuesto que el liberalismo e imperialismo no eran iguales en todas partes, pero lo cierto es que, como acertadamente apunta Dalmacio Negro, una verdadera aristocracia (gobierno de los mejores, noblesse oblige) británica, tras la Revolución Americana y Revolución Francesa, entendió que la libertad política producía la mejor gestión de la res publica. El objetivo final era que, mediante la educación, se llegara al sufragio universal, cosa que horrorizaba a los conservadores (del Antiguo Régimen), y, mediante el libre comercio y su potencia económica, alcanzar el equilibrio de imperios. Gran Bretaña fomentó el liberalismo y el imperialismo en el mundo, como haría la Pax Americana con la socialdemocracia y el progresismo.

Pensamiento "progresista"
El motor principal de este credo viene de la Sociedad Fabiana, donde el progresismo no viene de progreso, sino de ir progresivamente al Socialismo, momento en que gobernará una aristocracia socialista y en que los votos no cuenten (Annie Besantdixit) En aquella sociedad, cuyo estandarte fue un lobo con piel de cordero (lo quitaron recientemente), se dieron cita desde videntes e iluminados, que contactaban espíritus y arcontes celestes, hasta intelectuales de gran talla, como Bernard Shaw o H.G. Wells, e incluso fundaron la London School of Economics, el Partido Laborista y de gran influencia en la Escuela de Frankfurt. Hoy los talentos huyen del progresismo.

Nacida en un tiempo en que el evolucionismo y el maltusianismo dominaban parte importante del debate, se creía que un mundo superpoblado y sin recursos estaba condenado a guerras de exterminio, pero la sociedad evolucionaría hacia el socialismo, la eugenesia y la educación progre (no para la libertad política) traería la paz y la felicidad. Imagina-imagine que no hay cielo ni infierno, ni posesiones, ni hambre, ni guerras, ni países y el mundo será uno solo; no tendrás nada pero serás feliz. ¡Que viva Davos y el tecno-feudalismo!

De Roosevelt a Greta
Los progresistas tuvieron su oportunidad tras los horrores de la Primera Guerra Mundial y de inmediato se colocaron como solucionadores de problemas, que para eso se habían trabajado el tema con el padre del credo geopolítico actual, Halford MacKinder (lo vimos en "El Progresismo y sus trampantojos"), un político conservador británico que veía a la democracia como irrealista y proponía sustituirla por "organizadores" (los tecnócratas y partitócratas actuales). "Dame pan y llámame tonto".

En Estados Unidos fue diferente y el orden liberal se cayó con el crack del 29 y la subsiguiente Gran Depresión, aunque tuvo la oportunidad de reformarse con el Partido Progresista (este sí, de progreso) de Teddy Roosevelt, si no lo hubiera laminado el establishment de entonces. El "reset" lo aprovechó F.D. Roosevelt, que vino con progresistas como el espiritista Wallace, quien llegó a vicepresidente y lo sacaron por su maridaje con la URSS. Impulsaron un plan copiado de las reformas liberales británicas, en legislación sobre salud y paro y sobre pensiones, de Asquith, Lloyd George, Churchill, etc., que aumentó el peso presupuestario de las cotizaciones sociales como nunca antes (área morada, siguiente gráfica)

Posteriormente, por las políticas progresistas y de estímulo y el esfuerzo de guerra, se sube el impuesto federal sobre la renta y saquean a los pobres (cargas sociales aparte); así, uno que cobrara 20.000$ al año, en poder adquisitivo de 2011, pasó de pagar el 5% en 1932 (línea azul, siguiente gráfica) al 21% en 1946 (línea roja) en impuestos federales, luego hay otros; dicha evolución la vimos en detalle en "Impuestos y ciclo largo".

A esas enormes apropiaciones ha de añadirse el masivo endeudamiento federal (casi 100% del PIB) para construir un gigantesco Estado Federal, el Complejo Militar Industrial (también lo vimos), el Estado Profundo actual y, con el 40% del PIB mundial, la Pax Americana, colocando a agentes del progresismo y del orden actual, una hidra llena ya de flipados que se ha vuelto un fin en sí mismo y que, con su ejército de parásitos y dinastías de inútiles que viven del cuento, está destruyendo a las naciones, empezando por la estadounidense. Con decirles que en el Distrito de Columbia, donde está la capital, el Gobierno y muchas de sus incontables (casi literalmente) agencias (ver lista), Trump solo obtuvo el 5,45% de los votos y Biden el 93%; en Washington no pasa nada sin consentimiento del progresismo.

Herida abierta
En Estados Unidos, todo descubrimiento o avance tecnológico de agencias federales y similares (ver lista) que no afecte a la seguridad nacional, debe ponerse a disposición del público. Cosa que está bien pero, ¿por qué todos los jefazos de las Big Tech son progres? Casualidad no es y, en la expansión del ciclo largo económico, del "Orden Mundial, la Pax Americana y del comercio internacional", mediante toda forma de clientelismos, la socialdemocracia y el progresismo buscan perpetuarse a sí mismos, por encima de naciones e individuos depredando lo que haga falta.

Ante ese expolio, cerraron en falso el debate sobre fraude electoral, a pesar de que el 47% de los estadounidenses cree que lo hubo, según una encuesta de Rasmussen Reports, agencia que, en mi experiencia, mejor ha estimado los resultados electorales en los últimos veinte años. No contentos con eso, Biden promete papeles de forma inmediata para 11 millones de ilegales, que es otra especie de fraude electoral, que ha destrozado estados como California y muy usada por el progresismo en la UE. Además quieren hacer un impeachment inconstitucional para inhabilitar a Trump como candidato, cuando mantiene casi inalterado su apoyo, un outsider que intentaba un cambio pacífico, aunque ruidoso. ¿Qué quieren, una guerra civil?

El cuarto giro
Que es como se denomina al proceso de cambio de ciclo generacional y donde mueren el orden y pensamiento dominantes, hoy socialdemocracia y progresismo. Lamentablemente, al manipular el establishment la libertad política, se ha cerrado la puerta a un cambio civilizado, agudizando la crisis existencial de Estados Unidos quienes, centrados en su crisis, no podrán ocuparse de resolver problemas externos, dejando a la UE, hija de la Pax Americana, en muy mala situación; se adelanta pues lo que vimos en "El interés de España y la Nueva Pax Americana".

Biden, que se presenta en plan F.D. Roosevelt pero está más cerca de ZP, viene con un plan progresista radical, verde para ponerse morado, como aquí, con mucho bombo globalista y un paquete de estímulo (¿a quién?) próximo al 10% del PIB. Tiene garantizadas por dos años, hasta las próximas "elecciones" de mitad de mandato, las mayorías necesarias para hacer casi lo que quiera, pero dado el desquiciamiento y las ansias de enriquecimiento del progresismo, el cambio ya no será tranquilo. Señores, con Biden, el Cuarto Giro ha comenzado de verdad y no lo podrán parar con su tecno-gulag. "Amen and a woman"

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Violencia, la pandemia invisible
Agustín Valladolid. vozpopuli 21 Enero 2021

Disimulada por las urgencias, avanza imparable una violencia estructural de alto riesgo que unos no se toman en serio y otros alientan, como Pablo Iglesias cuando compara a los exiliados de la Guerra Civil con Puigdemont

“Unos 60 jóvenes increpan y agreden a la policía en Pallejà (Barcelona)”; “La Ertzaintza recibida con lanzamiento de botellas y vasos cuando se disponía a disolver un botellón en San Sebastián”; “Un grupo de jóvenes acorrala y agrede a la policía en Torredembarra”; “Cinco jóvenes agreden a policías al descubrirles de fiesta en un piso de Carabanchel”. Rara es la semana que no encontramos titulares como estos en algún periódico. Fatiga pandémica, dicen. Y puede que haya algo de eso, no digo que no, pero la tesis exclusiva de la violencia usada como válvula de escape se desmorona al constatar que una gran parte de esos titulares se concentran allá donde hace tiempo que semejantes pautas de comportamiento pasaron a formar parte del paisaje.

En Cataluña y el País Vasco existe una violencia estructural cuyos ejecutores asocian sistemáticamente a teóricas frustraciones de índole política. Ejecutores que, por lo general, suelen contar con la comprensión, si no el apoyo -si no la previa complicidad-, de quienes en su momento decidieron que el único camino para imponer algún día sus ideas debía de pasar necesariamente por provocar un brutal deterioro de la convivencia. Pirómanos de la tolerancia que ven convalidada su vocación incendiaria cuando todo un vicepresidente del Gobierno de España, que se dice de izquierdas, compara a los exiliados de la Guerra Civil, víctimas del franquismo, con Carles Puigdemont.

Fatiga pandémica, dicen. Puede que haya algo de eso. Y también de vulgar gamberrismo. Pero no solo. Se legitima el uso de la violencia cuando se banaliza de modo infame el fascismo, como acaba de hacer Pablo Iglesias; cuando se hace como que no se ven los homenajes a etarras excarcelados; cuando una televisión pública contrata por 440.000 euros a la productora de Jaume Roures para que cuente el procés según la óptica de los golpistas; cuando se permite que se traicione la verdad en los libros de Historia; cuando de las dos versiones existentes sobre el papel de Arnaldo Otegi, hay quien desde el poder se inclina públicamente por la de “hombre de paz”.

También se revalida de algún modo la violencia como expresión legítima de rebeldía frente al sistema, en Barcelona, Donosti o Carabanchel, cuando se justifica cualquier okupación y se criminaliza sin matices el desahucio. Cuando las leyes educativas desacreditan el mérito, socializan el aprobado y rebajan de forma insoportable los niveles de exigencia. Cuando el civismo retrocede imparable, como señala Javier Marías al referirse a la desaparición de la asignatura de Ética en la ley Celaá. Cuando se encumbran series producidas para mayor gloria de director y actores de moda, y cuya indiscutible calidad fílmica y excelente tensión dramática no compensan de ningún modo la falta de respeto a la realidad de los hechos.

Me refiero en concreto a la que acaba de recibir uno de los Premios Forqué, Antidisturbios, una “ficción”, nunca mejor dicho, en la que no hay un solo policía destinado a tal unidad que no sufra alguna anomalía psíquica de mediana gravedad, improbable argumento muy en consonancia con la consigna de esa izquierda totalitaria que suele presentar la respuesta a los actos violentos de una minoría, casi siempre proporcional a la agresión, como “la consumación de la criminalización de la protesta ciudadana” (oído en el Congreso de los Diputados).

¿Y Marlaska qué opina?
La proliferación de hechos violentos, que en muchos casos quedan impunes, nada tiene que ver con el eterno debate acerca del binomio libertad-seguridad, sino con el miedo de muchos responsables políticos a ser tachados de fachas si osan reclamar respeto a la legalidad; con la abdicación de las autoridades de la función pedagógica que tienen asignada. Cuando los gobiernos, todos, el nacional y los autonómicos, aparcan el Derecho por conveniencia política o directamente eluden su obligación de hacer cumplir la ley; cuando se dice, incluso desde sectores moderados, que en esto (aplazamiento de las elecciones en Cataluña) no pintan nada los jueces, como si a sus señorías se les hubiera dado la opción del silencio, o como si en una democracia pudieran existir zonas muertas en las que no rige el imperio de la ley; cuando pasa todo eso y desde las propias instituciones se propone la elusión de la norma, mayor es la potencia de fuego de ese imprevisible monstruo que es la contestación violenta.

No va a ser 2021 ese año de recuperación feliz que algunos siguen pintando. Tampoco los siguientes. Cierto que la crisis económica y de empleo parece, todavía hoy, un mal sueño, falsa sensación provocada por la compra masiva de cuotas de paz social. Pero lo vamos a pasar mal. Bastante mal. Y será entonces cuando comprobemos en toda su crudeza la ausencia de esa pedagogía a la que antes me refería que involucre en la protección de las libertades de la mayoría a toda la sociedad.

Hay asuntos urgentes, como el virus o la gestión de la gran nevada, y otros que no lo son simplemente porque hay quien no está interesado en que lo sean. A pesar de su aparatosidad, incluso dramatismo, el uso normalizado de la violencia como respuesta política, o natural expresión generacional reivindicativa de presuntos derechos adquiridos, no es un asunto incorporado a la agenda gubernamental de prioridades (omisión que deja en evidencia al titular de Interior, Grande-Marlaska, más percibido hoy como ministro de partido que como ministro de Estado). Hoy, la violencia se invisibiliza. Desplazada por lo urgente, su tratamiento en los medios es similar al de las cotizaciones bursátiles. Y nulo es el espacio que ocupa en las discusiones del Consejo de Ministros, no fuera a ser que alguien llegue a molestarse. Hoy, la violencia se asemeja a una epidemia silenciosa. Mañana, si nadie se toma su creciente banalización en serio, puede convertirse en una pandemia incontrolable.
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