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El asesinato de España
Rafael Bardají. https://gaceta.es 21 Enero 2021
Normalmente se habla del suicidio de las naciones, pero en nuestro
caso deberíamos más bien hablar del asesinato de España, porque es
eso y no otra cosa lo que está haciendo un gobierno de minorías sin
más proyecto que promocionar sus peculiares tribus.
Todos tenemos claro el asalto a la unidad nacional por parte de
independentistas de pelaje diverso, desde los herederos de ETA a
parte de la burguesía catalana. Su distinto origen, sus tácticas
diversas y sus ideales incompatibles no resta importancia al hecho
aglutinador: su coincidencia en no aceptar la soberanía de España.
Con menor intensidad se percibe el asalto a la identidad española
por parte de una inmigración ilegal no sólo disparada en su
creciente número sino con un coste económico y social absolutamente
disparatado. Miles de millones de euros que se van al año en
sostener inmigrantes que no trabajan y que no quieren integrarse y
que en buena parte recurren a la intimidación, violencia y crimen
como medio de vida.
La tercera puñalada mortal a España viene de la izquierda y su
cultura del rechazo al esfuerzo, el sacrificio y el mérito como el
único camino de perfeccionamiento y realización de la persona. La
izquierda no quiere individuos autónomos, capaces de salir adelante
en la vida gracias a su propio esfuerzo, sino sujetos pasivos,
dependientes de los subsidios estatales y absolutamente rendidos a
sus ideas. Quien prospera en el infierno comunista es el aparachitki
y quien acepta hacer cualquier clase de favores a los poderosos. Los
carnales parecen estar muy en boga. No puede haber prosperidad en
una sociedad que criminaliza a los emprendedores. Pero tampoco puede
haber futuro alguno si la sociedad no sabe que sólo a través del
trabajo bien hecho se puede avanzar. No sólo de gamers y youtubers
vive el hombre.
En Estados Unidos, el ascenso de Biden se ha debido no sólo a unas
elecciones relativamente fraudulentas sino a la fuerza de unas
compañías tecnológicas que deciden lo que es aceptable y lo que no,
sin ningún rubor y sin someterse a ningún control democrático.
También a una prensa absolutamente sesgada y que ha renunciado a
presentar la verdad —o lo que pasa— para distribuir pura y dura
ideología. Y, no lo olvidemos, con la complicidad de grandes
compañías —aquí serían las del Ibex-35— que prefieren olvidarse de
todo y todos mientras el gobierno regule más que generosamente para
sus intereses y sectores.
Lo cual que me lleva a otro punto. ¿Cómo es factible cometer todo un
asesinato de una nación como España, con una historia milenaria, en
apenas un año? Hay dos factores que ayudan a entenderlo. El primero,
la ausencia de una oposición real. El PP es un partido
neo-newtoniano, cuya máxima estrategia es esperar que los gobiernos
caigan, como la manzana, por su propio peso y la ley de la gravedad;
Ciudadanos parece estar en un bigbang sin que se sepa cuál puede ser
su futuro y Vox todavía tiene que desarrollarse como partido. Y
aunque sigue acumulando seguidores a pesar de todas las dificultades
del sistema, confiar su éxito en un crecimiento lineal es,
simplemente, un error. Sería necesario un autentico salto cuántico,
sólo imaginable con la implosión del Partido Popular.
Es una desgracia, pero recetas para pararle los pies a los asesinos
de España existen y son sencillas de ver. Por ejemplo, si el Senado
se hubiera desarrollado como los padres de la Constitución lo
idearon, como una cámara de representación territorial, no tendría
ningún sentido que los partidos regionalistas o que no tienen un
ámbito nacional en sus planteamientos tuvieran representación en el
Congreso de Diputados. Parar la inmigración ilegal no es mucho más
complejo. ¿Pero quién tiene la voluntad de hacerlo? Por otro lado,
falta sentido de urgencia en la oposición en general. Como si de
verdad creyeran que el juego sigue siendo el mismo y que, tarde o
temprano, llegarán unas elecciones generales libres y limpias en las
que competir. Una ilusión letal cuando estamos viendo medios
ministros de Sanidad en plena pandemia.
El segundo factor que permite el rápido asesinato de España es la
política del miedo con la que se reacciona frente al coronavirus.
Todos los gobernantes se han instalado cómodamente en los
confinamientos y el control de la libertad de movimientos de los
ciudadanos. No hace mucho, Pedro Sánchez se jactaba en su particular
aló presidente de los sábados, que su gobierno había introducido las
medidas de controlo más draconianas de todo el mundo. Pero el
resultado está ahí para quien lo quiera mirar: los datos de España
no son mejores. Al contrario, somos el top de fallecidos de covid
con relación a la población y, lo que es aún peor, somos el país con
mayor tasa de fallecidos por contagiados. Pero sólo se nos dice que
nuevos confinamientos van a ser la solución. Ridículo si creyéramos
que sus decisiones buscan garantizar nuestra salud, pero no, lo que
buscan es afianzarse en el poder.
La única pregunta que me queda es saber si este asesinato está
meditado y se produce con nocturnidad y alevosía o si es fruto de la
irracionalidad. La ruina a la que nos lleva no puede dejar de tener
un impacto en las prebendas que disfruta nuestra clase gobernante. O
a lo mejor sí piensan que serán capaces de sostener un régimen de
terror que paralice a los españoles. Con el tiempo lo sabremos.
'Okupas' y decretos de alarma: la agonía
del estado de derecho
Guadalupe Sánchez. vozpopuli 21 Enero 2021
En nombre de la protección de la salud se ha iniciado un proceso de
desmantelamiento y colonización institucional como jamás se había
visto en democracia
La libertad es inherente al individuo, pero su reconocimiento y
amparo no son congénitos a cualquier forma de gobierno. Ningún
modelo político y legal ha alcanzado históricamente mayor y más
efectivo reconocimiento de los derechos humanos y libertades
fundamentales que los Estados liberales y democráticos de derecho
contemporáneos. Parafraseando a Churchill, son el peor sistema
diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás.
Su éxito radica, por un lado, en la fragmentación del poder estatal.
La desconcentración de las potestades legislativa, ejecutiva y
judicial, asignando cada una de ellas a instituciones independientes
entre sí. Por otro lado, en la consagración de los principios de
legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos. Porque reconocen una suerte de garantía
preventiva para los ciudadanos frente a la discrecionalidad de los
gobernantes, que tendrán que ajustar su actuación a la ley vigente.
Los gobiernos no pueden hacer lo que quieran, como quieran ni cuando
quieran, ni tan siquiera en nombre de las urnas. Porque el
ordenamiento jurídico pretende también protegernos de nosotros
mismos, de nuestra pulsión cíclica al mesianismo y al tribalismo
totalitario.
Duración y prórrogas
Tradicionalmente, los mayores envites contra el Estado de derecho se
han hecho en nombre de la voluntad popular y de la seguridad. La
pandemia ha parido un pretexto nuevo, la salud, cuya efectividad
para hacer sucumbir el sistema está sorprendiendo hasta a quienes
decidieron usarla como ariete contra la legalidad. Gracias a ella,
los ciudadanos han asumido con pasividad e indiferencia que quienes
nos gobiernan desmantelen el Estado de derecho: “Algo hay que hacer
y da igual cómo se haga”.
El estado de alarma supone una excepcionalidad constitucional para
hacer frente a una crisis sanitaria, ya que pone patas arriba las
salvaguardas del ordenamiento jurídico otorgando al gobierno
facultades y poderes de los que normalmente no dispone. Por eso su
duración inicial es limitada -15 días- y sus prórrogas deben contar
con la aprobación del Congreso.
Al concederle al Ejecutivo de Sánchez la posibilidad de gobernar
durante seis meses con las enormes prerrogativas que confiere la
alarma, sin tener que someter al escrutinio del legislativo su
actuación, el Estado de derecho inició su lenta agonía. En nombre de
la protección de la salud se ha iniciado un proceso de
desmantelamiento y colonización institucional como jamás se había
visto en democracia. Los principios sobre los que se construye están
volando por los aires: el Gobierno hace lo que le viene en gana,
cuando le viene en gana y como le viene en gana (no sólo el de la
Nación, que alguno autonómico también). Ignoran las formas, los
requisitos y las garantías para su mayor comodidad, ante una
sociedad que asiste narcotizada al espectáculo. Para muestra, lo
ocurrido en las últimas horas.
Desahucio de okupas
El BOE de ayer hacía realidad uno de los sueños húmedos de los
ministros chavistas del Gobierno: se publicaba el Real Decreto-ley
1/2021, de 19 de enero, que codifica un ataque sin precedentes a la
propiedad privada y a la tutela judicial efectiva. Faculta a los
jueces a suspender sentencias penales que ordenen el desahucio de
okupas mientras permanezca vigente el estado de alarma. Si usted,
querido lector, no es jurista, debe saber que aunque la Constitución
confiere al Ejecutivo la potestad de legislar al margen del Congreso
en casos de extrema y urgente necesidad mediante Real decreto-ley
(artículo 86), también proscribe que con éste se afecte a los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el
Título I.
Pues bien, este RDL determina una vulneración flagrante de dos de
estos derechos: el de la tutela judicial efectiva plasmado en el
art. 24 -que entre otras cosas consagra el derecho que los
justiciables tienen a que las sentencias de los tribunales se hagan
cumplir forzosamente cuando el condenado no lo haga voluntariamente-
y el de la propiedad privada recogido en el art. 33. El Gobierno no
sólo limita nuestros derechos fundamentales recurriendo a un
instrumento expresamente prohibido para estos fines, sino que además
traslada a los particulares la carga de soportar las consecuencias
económicas de sus decisiones políticas. Porque la Constitución
reconoce el derecho de los españoles a una vivienda digna, pero lo
configura como un principio rector de la actuación de los poderes
públicos, que no puede realizarse a costa de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, salvo en casos determinados y
siempre mediando indemnización. Y, desde luego, con el paraguas
legal adecuado.
La excusa para acometer esta flagrante inconstitucionalidad vuelve a
ser el estado de alarma actual y el combate contra la pandemia. Tal
es así que se vincula a la duración de éste la vigencia de la
suspensión de los desahucios de okupas. La covid utilizada como
coartada de la extrema y urgente necesidad de instaurar medidas
comunistas.
Desde luego que los de Sánchez y cía están comodísimos instalados en
un estado de alarma que les permite gobernar a base de decretos
pandémicos: han delegado la adopción de todas las medidas
popularmente incómodas para reprimir la pandemia en las CCAA,
mientras ellos se dedican sin prisa, pero sin pausa, a reventar el
sistema desde el BOE, a colocar a amigos y parientes en puestos de
responsabilidad e implementar reformas de calado institucional con
las que se pretende asaltar el poder judicial. Entenderán que no
están dispuestos a soltarlo por las buenas, por mucho que las CCAA
les exijan medidas nuevas para combatir la pandemia. Y si hay que
incurrir en una nueva inconstitucionalidad, sea.
Así se explican las declaraciones del ministro José Luis Ábalos
asegurando que para modificar y ampliar las medidas limitativas de
derechos contempladas en el RDL del estado de alarma no necesitan la
autorización del Congreso: quieren hacerlo a base de decretos.
Argumentan quienes defienden esta posibilidad que la disposición
final primera del RDL que aprobó el estado de alarma habilita al
gobierno a dictar sucesivos decretos que modifiquen el contenido de
éste. Si el Tribunal Constitucional confirió rango de ley a los
Decretos de aprobación y prórroga del estado de alarma para que
éstos cumpliesen las funciones que les asigna la ley que los regula
¿por qué no van a tenerlo los decretos modificativos? Pues porque
estos últimos carecen de amparo legal o jurisprudencial alguno. La
LO 4/81, reguladora del estado de alarma, da cobertura normativa a
los decretos que lo aprueban y prorrogan, pero no contempla que se
puedan dictar otros que lo modifiquen, menos aún si éstos van a
afectar a derechos fundamentales. Aceptar lo que sugiere Ábalos
equivaldría a asumir que la vía para sortear la prohibición
constitucional de limitar derechos fundamentales a base de decretos
gubernamentales es que el Ejecutivo dicte uno que le faculte a
hacerlo. Tan absurdo como perverso. Para aumentar las restricciones
e imponer confinamientos hay que declarar un nuevo estado de alarma.
Pero me temo que no lo verán nuestros ojos.
Como colofón a la campaña de derribo y desprestigio institucional,
se ha publicado el contenido del auto dictado por el juez de
vigilancia penitenciaria que acuerda el tercer grado para el yerno
del Rey emérito, Iñaki Urdangarín. El contenido de la resolución no
tiene desperdicio, pues destapa los intentos de Interior para
obstaculizar la semilibertad del preso sin el menor sustento legal.
Urdangarín no sólo está pagando con su libertad por los delitos que
cometió, sino que lo han convertido en un chivo expiatorio de su
campaña de desprestigio contra la Corona como símbolo de la unidad y
permanencia del Estado. Atacar al Rey a través de su cuñado.
Y esto no ha hecho más que empezar. La tercera ola de la pandemia
vendrá precedida de un tsunami económico y social, que ahogará a la
gente en la miseria y el hambre. Puede suponer la estocada final
para nuestro malherido Estado de derecho.
Más interesados en encerrar a la ciudadanía
que en vacunarla
EDITORIAL Libertad Digital 21 Enero 2021
Mal está saltarse la cola de la vacunación, pero no debería ser
menos escandaloso lo lenta que avanza, mientras Illa se dedica a
otros menesteres.
Nada que objetar –todo lo contrario– a la decisión del consejero de
Sanidad del Gobierno murciano, Manuel Villegas, de presentar su
renuncia tras conocerse que se había vacunado –junto a otros 400
funcionarios y altos cargos no asistenciales de su conserjería–
ignorando el orden del protocolo de la campaña de vacunación. Ahora
bien, resulta escandaloso que este encomiable rigor a la hora de
exigir y asumir responsabilidades a los cargos del PP no se aplique
a los políticos de izquierdas. Qué doble rasero más indignante.
Así, y sin necesidad de remontarnos a los tiempos en que el Gobierno
social-comunista minusvaloraba el riesgo de la pandemia para no
malograr su manifestación del 8-M; en que, ya desatada la pandemia,
el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón,
aseguraba que no era necesario el uso extensivo de las mascarillas;
en que sólo unos políticos privilegiados –como los miembros del
Gobierno– podían acceder a las PCR para detectar el virus, resulta
sorprendente que nadie pida dimisiones por el lentísimo ritmo de
vacunación. ¿Y qué decir de las inexistentes peticiones de dimisión
a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a pesar de haberse saltado
las normas y restricciones para hacer frente a la pandemia que son
de obligado cumplimiento para el común de los ciudadanos?
Tras haber sido el último gran país de la Unión Europea en hacer
públicos los datos sobre la materia, se observa que el ritmo de
vacunación en España sigue siendo vergonzosamente bajo si se quiere
llegar al verano con una cierta inmunidad de rebaño, tal y como
prometió el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y es que, lejos de
las 400.000 vacunaciones diarias que serían necesarias, todavía no
superamos –y esto, en el mejor de los casos– las 95.000. ¿Dónde
están, sin embargo, las peticiones de dimisión contra Salvador Illa
por este motivo, tanto más exigible desde que aceptó ser candidato a
la presidencia de la Generalidad de Cataluña?
Bien está que provoque escándalo que el consejero murciano se
pusiera al principio de la fila para recibir la vacuna, pero no
debería escandalizar menos el penoso avance de la vacunación
general. Y a todo esto, se ha sabido que Illa no pisa el Ministerio
desde hace semanas –consecuencia lógica de haber aceptado concurrir
a las elecciones catalanas sin haber renunciado a la cartera–; pero
tampoco eso parece suscitar escándalo alguno.
Mientras, la clase política –con contadísimas excepciones– parece
más interesada en el cerrojazo a la economía y a las libertades que
en combatir la pandemia mediante una mayor oferta sanitaria, mejores
rastreos y, sobre todo, un mayor ritmo de vacunación. Cerrar la
hostelería, restringir el horario de los comercios o ampliar los
toques de queda son una empobrecedora y liberticida forma de huir
del problema, no de solucionarlo, tal y como ya ha quedado
acreditado: hasta ahora, con eso sólo se ha conseguido destruir la
economía y desesperar a millones de españoles.
La cogobernanza era eso: palo y tentetieso
OKDIARIO 21 Enero 2021
El Gobierno socialcomunista nos estuvo dando la matraca durante
meses con un palabro -cogobernanza- que, en teoría, significaba que
el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las consejerías de
Sanidad de las distintas autonomías, adoptaría de forma consensuada
las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia de
coronavirus. A las primeras de cambio se ha demostrado que eso de la
cogobernanza era un camelo, un concepto diseñado en la factoría de
propaganda y marketing de La Moncloa. Salvador Illa, la voz de su
amo, se ha negado a aceptar que las autonomías puedan adelantar el
toque de queda más allá de lo contemplado en el decreto del estado
de alarma. Se puede discutir si ese adelanto es necesario o no, pero
lo que no admite duda alguna es que este Gobierno se ha subido a
lomos de la mentira y es de un totalitario que tira para atrás.
¿No habíamos quedado en que el Gobierno aceptaría las propuestas de
las autonomías? ¿No había dicho Illa que la disposición de su
ministerio era la de dar respuesta a los planes autonómicos si se
producían de forma mayoritaria? Pues ya lo hemos visto: de lo
prometido, no me acuerdo. Lo que le pasa a Pedro Sánchez es que
tiene un miedo atroz a volver a ir al Parlamento a defender un nuevo
estado de alarma que dé consistencia jurídica a las reivindicaciones
autonómicas. Ya lo dijo OKDIARIO en su día: los seis meses de estado
de alarma que el Parlamento le otorgó al jefe del Ejecutivo eran un
inmerecido regalo, porque Pedro Sánchez es un tramposo y un tahúr,
como ha quedado demostrado tras la reunión del Consejo
Interterritorial de Salud.
Cuando le interesó, lo utilizó para cerrar Madrid decretando un
estado de alarma contra Díaz Ayuso por puro interés partidista.
Ahora, cuando el Consejo le lleva la contraria, lo manda a freír
puñetas al grito de «aquí se hace lo que yo digo». Lo dicho: la
cogobernanza era eso. Palo y tentetieso
¡Se va Merkel y se te acaba el chollo,
Sánchez!
Miguel Ángel Belloso okdiario 21 Enero 2021
Que la gente normal y corriente acostumbrada durante décadas al
insano estado de bienestar no repare en que nada es gratis en la
vida se puede entender. Que las élites intelectuales de izquierdas
no comprendan en qué consiste una unión monetaria como en la que
participa España tiene delito. Pero este es un delito que cometen a
diario. La semana pasada leí en El País -ese periódico
sedicentemente global que sirve cocido por la mañana a toda la
progresía de la nación- que las circunstancias económicas en las que
nos encontramos exigen una presencia y una intervención vigorosa del
Estado y del Gobierno para compensar los desequilibrios que está
provocando la pandemia.
Y que es ineludible luchar contra la desigualdad, disolver el
malestar comunitario, hacer sentir a esa parte desafecta y
preocupada de la sociedad que no es víctima del cambio sino parte de
él, que el Estado tiene una promesa para cada uno, una promesa de
oportunidad, del ascensor social, del premio al esfuerzo, al mérito,
a la honradez. ¿A que es realmente conmovedor que los que respaldan
una ley de educación que promueve vagos y maleantes, y que instala
en la conciencia colectiva el derecho a obtener un título sin haber
demostrado antes las aptitudes oportunas sean ahora los padrinos de
la moral colectiva?
Aún es más descorazonador que estos chicos parezcan ignorar los
estándares políticos que comporta una unión monetaria, que obliga a
que todos los países miembros tengan una situación fiscal, en
términos de déficit público y de deuda, lo más similar posible, so
pena de exigir un precio por la financiación inasequible para los
incumplidores, abocándolos a una quiebra que sólo puede salvar en
última instancia la intervención de Bruselas bajo unos protocolos de
reformas y de ajustes de inexorable rendimiento. En estas estaremos
más pronto que tarde.
Estos chicos tan optimistas, que son la voz de su amo, es decir, del
señor Sánchez, están absolutamente persuadidos de que el fondo de
reconstrucción europeo va a ser como el maná que nos hará más
prósperos sin compromiso alguno. Están equivocados. Estos siervos de
la heterodoxia económica y del keynesianismo infantil postulan un
capitalismo decente, como si el capitalismo no fuera el sistema más
éticamente robusto al que ha dado lugar la humanidad. Cuando sueltan
estas inmundicias, cuando enseñan la patita del lobo que son,
enarbolan el ogro filantrópico del que hablaba el insigne Octavio
Paz, o sea, ese Estado que en pos de una cohesión social deletérea
reparte subsidios por doquier, aprueba el ingreso mínimo vital,
oxigena sin prudencia a las empresas ‘zombies’ o aparca en los ERTE
a personas destinadas irremediablemente al paro sin hacer antes lo
que la situación exige: flexibilizar el mercado laboral para que se
ajuste y pueda recoger a algunas de ellas, o peor aún, aprobando un
modelo educativo que las condena a la precariedad cuando no a la
indigencia.
Todavía es más delincuencial que sostengan que en cuanto haya
remitido la tormenta haya que reanudar la senda ascendente del
salario mínimo, que conducirá al paro masivo a la parte más frágil
de la fuerza laboral, o que habrá que elevar la presión fiscal para
acercarla a la media de la UE, de la que tan lejos estamos en
términos de renta per cápita -que es el indicador primordial de
referencia- abocando a muchas empresas a la ruina y empeorando la
capacidad de subsistencia de la mayoría de los españoles, que padece
impuestos sobre su renta personal muy altos así como gravámenes
indignos sobre sus escuálidos ahorros.
Toda esta chusma que, sabiendo de economía, ocupa su tiempo en
engañar a los ciudadanos bien alimentados por el subsidio sigue
sosteniendo que la salida de esta crisis debe ser muy diferente a la
de 2011, en la que se instaló como estrategia lo que ellos llaman el
‘austericidio’. Pero continúan instalados en el error. Es verdad que
las reglas fiscales de la UE están suspendidas, que el BCE
proporciona hasta la fecha una liquidez ilimitada, pero esta
estrategia plausible dada la crisis provocada por el virus tiene los
días contados. Para ser exactos, estos fuegos artificiales acabarán
en septiembre cuando en Alemania se celebren las elecciones para
designar al nuevo canciller.
Como saben, Merkel se marcha entonces irremisiblemente. No se
presenta. Dice adiós a la política. Merkel, nacida y criada en el
régimen opresor de la Alemania del este, ha sido la verdadera hada
madrina de los países del sur de Europa, entre ellos España, y su
última regalía, la aprobación del fondo de ayuda para combatir los
efectos venenosos de la pandemia, ha sido providencial para el
sostén y la estabilidad del Gobierno de Sánchez y de Iglesias, el
más sucio de largo de toda la Unión. Merkel ha demostrado una
prodigalidad fuera de lo común, pero los que la van a reemplazar no
pintan ser tan generosos. Y cabría decir que por fortuna. Es preciso
que nos pongan las pilas, que le corten el moño a Iglesias y que
detengan los aires de falsaria grandeza social de Sánchez.
A principios de año, el economista Óscar Fanjul sugería en un
artículo que la historia del equipo que dirige los destinos de la
nación es la de unas propuestas de redistribución y mejora social
que olvidan las decisiones perentorias para mejorar el proceso de
asignación de recursos, para elevar la productividad del trabajo y
del capital y en definitiva para potenciar el crecimiento del país y
de su renta per cápita. Pretender redistribuir sin haber creado
antes prosperidad, menos aún en medio de la crisis económica más
grave de las conocidas, es difícilmente sostenible en el tiempo,
sobre todo si se hace a crédito, si los que pagan la fiesta vuelven
a ser los llamados estados frugales -básicamente Alemania-, que han
demostrado una legendaria preocupación por mantener sus cuentas
públicas en orden.
Las propuestas en cartera más emblemáticas del Gobierno de
coalición, entre las que se encuentra el aumento del gasto social,
la subida de los impuestos y otras quizá por venir -en las que tanto
insisten los comunistas- como el control de los alquileres o la
subida del salario mínimo -que incluso patrocinan las élites
izquierdistas- tienden todas a aumentar los costes de producción, lo
que no es una ayuda para competir globalmente, y sólo podrían ser
compensadas por incrementos de la productividad que están reñidos
con la estrategia que esgrime incluso la parte más presentable del
Gabinete representada por la vicepresidenta Calviño. Para conseguir
el objetivo discutible y poco aconsejable de mejorar la distribución
de la renta en un país en el que se ya se pagan muchos impuestos y
donde las transferencias del estado de bienestar son cuantiosas, la
prioridad sería adoptar medidas que favorezcan el crecimiento
económico o garantizar la capacidad de ascensor social del sistema
educativo que castra de manera criminal la ley Celaá.
Los medios de comunicación de izquierdas han respirado aliviados
después de que el partido de Merkel, la CDU, haya elegido sucesor a
Armin Laschet. Es un centrista, celebran alborozados. Lo que ignoran
es que, antes que un presunto centrista, es sobre todo un alemán, y
que la bonhomía y la generosidad demostradas por Merkel hacia el
pelotón de incumplidores que forman parte de la Unión Europea será
irrepetible. Hasta septiembre no conoceremos quién será el nuevo
canciller, pero es seguro que estará más cerca de la ortodoxia
económica y más lejos de la prodigalidad demostrada hasta la fecha.
Hay mucha presión en Alemania, en Holanda, en los llamados estados
contenidos y austeros para racionalizar, vigilar y exigir
contrapartidas por las transferencias monetarias a los países que
han sufrido más agudamente la pandemia, pero que ya venían
demostrando su incapacidad para hacer reformas y mantener la higiene
de sus cuentas públicas. Este aire más exigente que se va a imponer
progresivamente en Europa hará mucho más difícil la continuidad de
la barra libre del Banco Central Europeo, que debe atender a los
intereses comunes de la Unión y dejar de discriminar positivamente
de modo permanente a quien ofrece tan poco a cambio y reincide en el
dispendio.
Señor Iglesias, señor Sánchez: ustedes están vivos todavía gracias
al Banco Central Europeo, ese que según dice el del moño no elige
nadie, pero al que debe que siga siendo vicepresidente. Están
todavía vivos y coleando, esparciendo el mal por el conjunto de la
nación gracias a Angela Merkel, pero la canciller se va
ineluctablemente. A partir de septiembre se les acaba el chollo, de
manera que vayan atándose los machos.
El programa económico español encalla en
Europa
Primo González republica 21 Enero 2021
No está claro cuál será el contenido final de las propuestas que el
Gobierno español va a plantear a la Comisión Europea para llevar
adelante un programa auténticamente reformista y modernizador de la
economía española, pero algunos de los postulados de mayor interés
para el sector radical del Gobierno (Podemos) ofrecen el talante
menos amable delos que esperan los burócratas y los políticos de
Bruselas.
Hay un choque claro entre el sector radical del Gobierno español y
la tendencia dominante en los principales países de la Unión
Europea, en donde la socialdemocracia y el talante liberal
predominan de forma clara sobre los populismos que tratan de abrirse
paso en algunos países europeos, España como caso más destacado.
Está claro que el segmento político radical tiene muy poco
predicamento en la mayor parte de Europa.
No hay más que hacer un recuento de votos en el Parlamento Europeo
para comprender la débil posición de los representantes de la
izquierda populista, que apenas llegan a los 40 escaños sobre un
total de 751 escaños según los resultados de las elecciones del año
2019. La mayoría parlamentaria está en los 375 escaños. Populares y
socialistas suman entre los dos 336 escaños y la suma de otros
partidos más o menos afines le otorgarían una amplia mayoría. La
representación de la izquierda populista rondará el 12%.
En España, el peso es bastante similar, de forma que hay muy pocas
posibilidades de que un partido como Unidas Podemos pueda imponer
sus postulados. Si en estos momentos este grupo está logrando
imponer sus criterios en algunos aspectos (política social, reforma
del mercado de trabajo o regulación de las pensiones) es porque su
peculiar alianza con los socialistas les otorga un exceso de
representatividad tras dejar de lado al PP y a Ciudadanos.
Con un esquema representativo similar al europeo, en España el
Gobierno de Sánchez no tendría dificultades para elaborar un
programa económico, incluso en los aspectos más sociales como los
mencionados, que cumpliera puntualmente las demandas reformistas que
han planteado los dirigentes de la UE a España para que nuestro país
tenga acceso a los fondos financieros de la UE.
Resulta, por ello, bastante difícil de comprender el motivo por el
que el Gobierno español está poniendo en peligro la necesaria
cohesión con las políticas económicas de la Unión Europea, incluido
el acceso a los fondos financieros que está en condiciones de
asignarse a España para el cumplimiento de estos objetivos. La
posición de Podemos secuestrando la voluntad política mayoritaria de
los votantes y, a la postre, privando a la economía de los recursos
que tan bien servirían para que el país saliera de esta crisis
económica, tendría que ser objeto de un análisis más sensato y de un
gesto más enérgico por parte del Gobierno liderado por Pedro
Sánchez.
La avalancha migratoria se intensifica en
España ante la complicidad del Gobierno
Las Fuerzas de seguridad, desbordadas y desamparadas
Agustín Benito. https://gaceta.es/ 21 Enero 2021
Más de 600 inmigrantes ilegales han llegado a España en los últimos
dos días ante la desidia y la complicidad del Gobierno
socialcomunista. Más de 500 a las costas de Canarias, Almería,
Granada, Málaga y la Región de Murcia, y 90 a Melilla tras un nuevo
asalto a la valla fronteriza.
Rubén Pulido, analista político y experto en cuestiones migratorias,
desvela en declaraciones a La Gaceta de la Iberosfera que entre los
que han llegado en las últimas horas a Almería hay personas
procedentes de Egipto que traen en sus pasaportes viajes a zonas de
alta radicalización islámica y denuncia que a través de la
inmigración ilegal están entrando “potenciales terroristas” a
nuestro país y que las detenciones “no son aisladas”.
Se refiere a los tres terroristas islamistas -dos ciudadanos libios
y un marroquí- que fueron detenidos este mes de enero en Barcelona y
que tenían la intención de atentar. Llegaron en patera desde Argelia
a Almería y atravesaron el país en coche hasta la Ciudad Condal. Y
recuerda que uno de los terroristas más peligrosos del Daesh,
detenido el verano pasado también en Almería, accedió también en
patera, y que yihadistas arrestados en Canarias llegaron de manera
irregular.
“Es una realidad que los terroristas están aprovechando la
inmigración ilegal para llegar a nuestro país. Lo hacen en los
momentos de debilidad, (…) salen en masa, diez o veinte
embarcaciones concentradas en una misma franja horaria y no son
detectados”, señala, antes de asegurar que ya se ha demostrado que
“mafias instauradas en el territorio nacional facilitan la entrada
de esta inmigración ilegal”. Les esperan en un punto concreto, suben
a un furgón y no sabemos dónde va esa gente.
Por tanto, cree que en términos generales la situación es “mucho
peor que en los últimos dos años” y que “las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad no dan abasto y no pueden interceptar todas las llegadas”.
Están desbordadas. “El año 2018 fue nefasto, en 2019 se estabilizó
un poco la situación, pero ahora hemos vuelto a un estado de
virulencia en cuanto a la inmigración ilegal y las mafias están más
activas que nunca”.
Considera Pulido que desde la crisis de los cayucos de 2006 jamás ha
habido tantas rutas migratorias activas y revela que están partiendo
inmigrantes ilegales desde la zona de bahía de Alhucemas, desde cabo
Espartel, desde suelo argelino y desde todas las rutas del Sahel
(Mauritania, Senegal, Gambia, cabo Bojador, etc). La zona que se
dirige al archipiélago canario está activa. Las mafias están activas
en todas las rutas migratorias de entrada a nuestro país, incluso
podríamos decir -subraya- que hay rutas que no estaban activas
entonces.
En este sentido, acusa al Gobierno socialcomunista de “naturalizar
la inmigración ilegal como forma de acceder a España” y actuar con
una “indolencia cómplice” porque “lejos de hacer algo para atajar a
esta problemática está poniendo en marcha una serie de prebendas que
traspasan nuestras fronteras”. “Todos esos alojamientos en hoteles
con pensión completa, todas esas ayudas económicas que hacen las ONG
para que afronten el día a día personas que han entrado ilegalmente
en España provocan el efecto llamada. Están llegando al Magreb… leo
prensa marroquí, argelina y de países subsaharianos que transmiten
esa información, allí lo están entendiendo como algo muy beneficioso
para ellos”.
Pulido denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está llamando a un
tipo de inmigración que además de masiva e ilegal “no se integra,
tiene una cultura opuesta a la nuestra y cuenta con ciertos patrones
de conducta que aquí son delictivos”. “Tanto que la izquierda coge
la bandera feminista y de los LGTB… estos inmigrantes ilegales
denigran a estos colectivos”, subraya.
Y manifiesta que la solución es la deportación, no solo de los
delincuentes como el gambiano detenido este lunes en la localidad de
Tamarite de Litera (Huesca) por violar a una mujer de 94, sino de
todos los que llegan a nuestro país de forma ilegal. Por eso cree
que “no nos tiene que valer que nos establezca un cupo Marruecos o
Argelia, sino que hay que llegar a acuerdos de forma urgente para
que estos países admitan a estas personas que están entrando de
manera ilegal”.
En esta línea, denuncia que España está “regando Marruecos con
autenticas millonadas de euros para que ellos controlen la
inmigración ilegal, pero la situación vuelve a estar igual” y revela
que el Ejecutivo “se ha rendido al chantaje argelino haciendo
adquisiciones de hidrocarburo para tratar de que relaje esa
inmigración ilegal, aunque ahora estamos viendo en las costas
almerienses que esta ruta migratoria se ha activado”.
Las Fuerzas de seguridad, desbordadas y desamparadas
El Gobierno mantiene en una situación de desprotección total a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hacen frente a la
inmigración ilegal. Según denuncian sindicatos policiales como
JUPOL, se encuentran “desbordados” y con unos recursos
“absolutamente insuficientes”.
“Lo que estamos padeciendo sobre todo en Canarias es una falta de
medios tanto materiales como humanos, los compañeros están haciendo
allí jornadas muy extensas, superando las diez y doce horas de
servicio”, afirma Pablo Pérez, secretario de comunicación de JUPOL,
a La Gaceta de la Iberosfera, al tiempo que recuerda que el personal
de Policía científica, el que toma las reseñas de los inmigrantes y
las graba en las bases de datos de las comisarías, es “mínimo”. “El
trabajo que tienen acumulado ahora mismo les podría llevar hasta año
y medio con los compañeros que son actualmente”.
El portavoz del sindicato denuncia la falta de medios técnicos
necesarios y que muchos agentes están sin EPIs para protegerse de
los inmigrantes que en algunos casos llegan contagiados de covid-19,
y que no se hacen pruebas PCR ni de antígenos a los policías después
del servicio. “Los compañeros se van a sus casas con la angustia de
no saber si están o no contagiados, de si pueden contagiar a sus
familias”.
Desde JUPOL afirman que el Ministerio del Interior ha dejado una vez
más “desamparada” a la Policía “reaccionando muy tarde” ante la
avalancha migratoria” y no ha solucionado el problema. “En Canarias,
simplemente han cambiado el problema de sitio, anteriormente estaban
en Arguineguín a la vista de todo el mundo y ahora han trasladado a
todos esos inmigrantes a Barranco Seco, más ocultos, pero sin dar
una solución real”.
Así, reclaman al ministro Fernando Grande-Marlaska el refuerzo
urgente de las plantillas en Canarias a nivel de seguridad,
extranjería y policía científica, la dotación de todos los medios
apropiados y que se realicen pruebas PCR a todos los policías que
están en contacto con los inmigrantes ilegales. Y piden “un repaso
importante a la Ley de Extranjería” porque “no soluciona el problema
de inmigración que tenemos actualmente en España”.
Según el propio Ministerio, en la primera quincena de 2021 se
registró la llegada de 1.069 inmigrantes ilegales a Canarias, una
cifra que supone un aumento del 234,1% con respecto al mismo periodo
de 2020 -fueron 320-. Llegaron al archipiélago en 28 embarcaciones,
17 más que las que se contabilizaron un año antes, unas cifras, a
juicio de JUPOL, “altamente preocupantes”.
Robo de posesión
Zoé Valdés Libertad Digital 21 Enero 2021
Es un día luctuoso, marca el fin de la libertad.
No vi el “robo de posesión” (título que tomo prestado a Yosdani
Valenti) que se perpetró en Washington DC y que fue transmitido en
directo –cómo no– también en Times Square por órdenes del alcalde
izquierdoso de Nueva York, no me apetecía contemplar el robo de
Norteamérica por parte de unos traidores y fraudulentos que no sólo
destruirán ese país, expandirán su plaga miserable por el resto del
planeta, porque se trata de la peor secuela de la plandemia del PCCh
con la entrega del poder, no a un viejo manoseador y corrupto, sino
a China y su desmadre totalitario, con la complicidad de todos,
incluida hasta el momento en que escribo la del Ejército
norteamericano.
Es un día luctuoso, marca el fin de la libertad; en este momento
puedo entender más que nunca lo que sintieron mis padres y mis
abuelos el primero de enero de 1959 en Cuba: tristeza e ira, asombro
y al mismo tiempo la confirmación de una certeza más que de una duda
que me rondaba e invadía desde hacía décadas, la semilla del
comunismo estaba nutriendo frutos en Estados Unidos.
Debo añadir que si este nauseabundo fraude electoral que se le ha
hecho a ese gran país y al mundo entristece profundamente, mucho más
enerva y prende sentimientos perturbadores en los amantes de la
libertad, sabiendo que un puñado de cubanos y de venezolanos votaron
por esta indecorosa e indecente vía, la peor de todas. Y que lo
hicieron por cobardes, por ignorantes, por traidores y memos.
Reitero que contra todos ellos va mi más profundo desprecio, como
también estoy empezando a considerar dedicar parte de ese desprecio
a todos aquellos que contribuyeron a demonizar a un hombre, al
presidente Donald Trump, que trabajó para el bien de su país, que no
condujo a Estados Unidos a ninguna guerra, que supo llevar su cargo
con una dignidad y un patriotismo envidiables; sí, mi desprecio a
todos esos que lo llamaron nazi y de mil modos insultantes, cuando
el verdadero nazi es el viejo verde al que están sentado en la silla
del poder, Joe Biden, al que se le ha fraguado un robo de posesión
típico del nazismo en 1937 (sólo comparen el decorado). Pues, bien,
subrayo: mi más honda repulsa contra todos sus colaboradores.
Es precisamente este amigo, Yosdani Valenti, quien desde el camión
que conducía por las calles de Nueva York y a través de su móvil me
fue contando que vio ciudadanos portando banderas rojas con la hoz y
el martillo, a otros, cuya manera de diversión es la misma que
cuando perdieron en 2016, concentrados en la destrucción y la quema.
No supieron perder y no saben ganar, porque son conscientes de que
no ganaron, que robaron, que hicieron trampas, que no se gana
hurtando de manera fraudulenta.
¿Han visto ustedes algún espectáculo de trumpistas arrancándose los
pelos, gritando con la jaiba a todo lo que da, ofreciendo los
ridículos espectáculos aquellos que dieron los clintonianos
demócratas en el 2016? No lo han visto ni lo verán.
Los trumpistas no golpean a nadie por llevar una gorra –aunque
debieran hacerlo, sólo sea por vengarse, que es un derecho muy
humano–. Los trumpistas no queman ciudades ni perpetran amenazas que
luego cumplen con nocturnidad y alevosía. Los trumpistas no se hacen
pasar por lo que no son, ni allanan el Congreso, como está probado
que sí hicieron los bidenistas demócratas, los miembros de Black
Lives Matter y Antifa, que, pago mediante, asaltaron el Capitolio
para que los medios de comunicación contaran luego que habían sido
los rednecks trumpistas. Bullshit!
En cualquier caso, no olviden esas frases del que ha sido el más
reciente discurso de Donald Trump, y no el último: “Esto no hace más
que comenzar. Lo mejor está por venir”.
Espero sinceramente que así sea, que caigan las máscaras, y que los
corruptos y pedófilos también caigan, así como los asesinos. Ansío
que a las Lady Gagas y las JLo, y los Ricky Martin, que ninguna
moral tienen como para imponerle enseñanzas de nada a nadie, porque
no son más que faranduleros y bufones al servicio del comunismo (más
de cien millones de víctimas), los pongan de una vez en el sitio que
les corresponde.
Le zumba usar vientres de alquiler de pobres mujeres, que deben
alquilar sus vientres a poderosos ricachones del espectáculo para
traer niños al mundo y convertirlos en padres, cosa que habría que
saber si verdaderamente merecen luego de verlos retratar a esos
niños frente a una bandera churrosa de Black Lives Matter, siendo
además blancos y bien remunerados con sus complejos de blancos y de
bien pagados, y además traidores de la propia vida de sus hijos y de
su futuro.
Las iniciativas de Biden para que no vuelva
a haber un presidente republicano jamás
Carlos Esteban https://gaceta.es 21 Enero 2021
El gran error ideológico de nuestro tiempo es pretender que los
incentivos no funcionan. ‘Pretender’ es aquí la palabra operativa,
porque quienes predican lo contrario saben perfectamente que el palo
y la zanahoria son para siempre. Así que mientras imponen dogmas
como la inexistencia del ‘efecto llamada’ o las denuncias falsas de
violencia de género, usan palos y zanahorias como cada hijo de
vecino.
En el caso de los demócratas que han llegado al poder en Estados
Unidos con todas las trampas del libro, ahora el objetivo es doble:
borrar la herencia de Trump hasta la última coma, como contábamos
ayer, y luego asegurarse de que se mantienen en el poder para
siempre jamás.
El presidente electo, Joe Biden, ya anunció con entusiasmo la
reversión de todas las políticas de Trump, entre ellas el control de
fronteras, y a nueve mil hondureños les ha faltado tiempo para
tomarle la palabra y ponerse en marcha hacia el ‘sueño americano’.
Los súbitos migrantes, coordinados por una asociación llamada Pueblo
Sin Fronteras, se han referido explícitamente al compromiso
contraído por Biden de aplicar una “nueva estrategia” de acogida de
extranjeros. Si esto sucede cuando todavía no ha jurado el cargo,
pueden imaginar fácilmente lo que van a ser los próximos años.
Para la Administración demócrata, el cálculo es sencillo: están
importando votantes. Porque a la política de puertas abiertas le
acompaña otra de lo que allí llaman ‘amnistía’, es decir,
regularización de ilegales ya en el país -once millones, dicen, pero
la cifra real podría fácilmente ser el doble- y un proceso de
nacionalización acelerado. Como en el poema de Brecht, el gobierno
está muy decepcionado con el pueblo y ha decidido cambiar de pueblo.
Todo el mundo que importa gana con esto. Los demócratas aumentan de
golpe su masa de fieles votantes, porque los recién llegados se
saben grupo protegido y privilegiado y porque todas las estrategias
aplicadas por Bush para atraer el voto inmigrante se han saldado con
rotundos fracasos. Trump redujo la brecha más que ningún otro
candidato republicano en décadas, pero ni de lejos acabó con ella.
Otra maniobra para que nunca vuelva a haber un presidente
republicano es el plan para aceptar como estados de pleno derecho al
Distrito de Columbia (Washington), Puerto Rico y Guam, demócratas
hasta la médula.
Sobre la mesa también está la idea de abolir el Colegio Electoral y
pasar al voto directo, al estilo del que rige en casi todas las
democracias occidentales.
El sistema americano confunde a menudo al observador europeo, que no
entiende que la Constitución no solo dotó al país de mecanismos
democráticos, sino también de medios para controlar la democracia.
Así, se supone que son los estados los que eligen al presidente, no
directamente los ciudadanos. Los ciudadanos de cada estado se ocupan
de que sus electores favorezcan al partido que ellos prefieren
mayoritariamente, pero, con dos excepciones, esos electores votan
todos, y no proporcionalmente, a la opción mayoritaria. Eso hace
posible, e incluso relativamente habitual, que un presidente gane la
mayoría del voto de los electores pese a perder la mayoría del voto
popular, como pasó (supuestamente) con Trump en 2016.
Pero quizá la iniciativa más importante sea la que busca controlar
el Tribunal Supremo, que allá es el único intérprete autorizado de
la Constitución. Como la Carta Magna es literalmente idolatrada en
Estados Unidos, el órgano que decida unilateralmente lo que
significan sus artículos y enmiendas se convierte en el árbitro
último de la vida política, y de hecho los nueve miembros del
Supremo han sido los responsables de los cambios sociales más
importantes de las últimas décadas, como la consideración del aborto
como derecho inalienable o el matrimonio de personas del mismo sexo.
Y por eso la contribución más importante que puede hacer un
presidente es colocar jueces ‘de los suyos’ en el Supremo.
Problema: el cargo es vitalicio, y hay que esperar a que algún juez
muera o decida retirarse (lo que no sucede jamás), además de superar
una espantosa ordalía en su confirmación por el Senado. Trump logró
meter a tres de los suyos -aunque les salieron rana en el asunto del
fraude electoral-, volcando la mayoría en el tribunal hacia una
posición conservadora. Así que los demócratas tendrían ese freno en
sus intentos revolucionarios.
La solución ya se planteó durante la campaña electoral: “stacking
the court”, la expresión que describe el remedio más sencillo:
aumentar el número de jueces en el tribunal, ya que la Constitución
no especifica un número concreto. Así que es más que probable que en
la Administración Biden pasen de nueve a doce o quince, el número
necesario para volver a una mayoría progresista.
Estados Unidos y la muerte del progresismo
(y II)
Luis Riestra. vozpopuli
21 Enero 2021
En una ocasión anterior vimos que, como consecuencia de la lucha de
poder entre globalistas y americanistas, Estados Unidos había
entrado en una crisis existencial al cuestionarse la libertad
política de sus ciudadanos, que es aquella que les permite elegir o
quitar a su Gobierno, ya sea directamente o a través de
representantes. Recordemos que la eliminación de la libertad
política es precisamente uno de los objetivos del progresismo y del
globalismo y que, de momento, han conseguido despachar, de mala
manera, al outsiderDonald Trump, pero la lucha sigue.
Progresión de errores
También decíamos que el grupo hegemónico, los globalistas, producto
de su degeneración secular, seguirían cometiendo erroresque
agudizarían dicha crisis. Así ha sido: no han auditado el fraude de
las elecciones, han manipulado el "golpe" más cutre que se recuerde,
endosándoselo a Trump, y una especie de cártel de monopolios (algo
inédito) ha mantenido incomunicado al presidente, al tiempo que
hacían una especie de purga de sus seguidores, censurando en redes
sociales (un ejemplo) y tirando abajo una de las únicas y
liliputienses plataformas alternativas disponibles, mientras los
grandes medios de comunicación culminaban sus cuatro años de
parcialidad, mala educación y deshonestidad informativa (un ejemplo
de muchos) con otro chaparrón de desinformación.
No contentos con eso, algunas empresas, entre las que destaca ese
banco cuyo valor nominal de las acciones se ha dividido casi entre
13 desde 2009, el Deutsche Bank, se apunta al bombardeo contra
Trump, asestándole una segunda ronda del boicot que sufre de sus
negocios desde que ganó las elecciones. Ante todo lo anterior, Trump
responde con un muy buen discurso de despedida.
Conspiración progresista
Por si fuera poco, cuando intentas analizar los hechos y las
relaciones causa-efecto, siempre aparece alguno acusándote de
conspiranoico, trampa que aprovecho para aclarar semejante infundio.
Yo no sigo la Teoría Conspirativa de la Historia, entre otras cosas
porque la conozco bastante bien, lo cual no quita que sea
entretenida y útil para detectar a dos tipos de individuos: los que
la conocen y la utilizan parcialmente para fomentar la animadversión
contra ciertos grupos, y el otro, el de los tontos útiles marionetas
de los primeros.
Por supuesto que las conspiraciones existen (las hay delictivas) y
cada uno es muy libre de creer, o no, que Oswald mató en solitario a
Kennedy con una escopeta de feria o las conclusiones de la "Comisión
Warren", o que el Estado Profundo no existe, que el establishment es
un invento, que es normal (o no) que todos los jefes de las Big Tech
sean progres y que no hace falta una Carta de Derechos Digitales
porque no son monopolio al no tener el 100% del mercado y que la
manipulación algorítmica no existe. Lo que ocurre es que, con o sin
conspiración, mi explicación de la crisis existencial de Estados
Unidos la encuentro en la Teoría Generacional y en la Teoría Pura de
la Democracia, principalmente. Veámosla.
Cambio de orden
La Teoría Generacional nos dice que cada cien años, más o menos, la
propia existencia de la nación está en peligro por un orden y un
pensamiento dominantes que se vuelven disfuncionales y un
establishment que cree que puede controlarlos. Ha habido cambios de
orden fallidos, como el fascismo italiano o el nazismo alemán, que
ocurrieron gracias a un sistema electoral de listas como el nuestro,
o la Segunda República española que usó listas de otro tipo; luego
hay casos de éxito como la Rusia actual, lo vimos, o el
neo-otomanismo de Erdogán, que también vimos.
El orden actual en Estados Unidos es socialdemócrata y el
pensamiento dominante (no necesariamente mayoritario), o zeitgeist,
es progresista, y fue implantado por F.D. Roosevelt tras el crack de
1929, expandiéndolo al resto del mundo tras la Segunda Guerra
Mundial. El anterior, a nivel global, era un orden imperial y el
zeitgeist era liberal; ambos, orden y zeitgeist, fueron liderados
por Gran Bretaña tras las Guerras Napoleónicas y cayeron con la
primera guerra mundial. Francia y Reino Unido se resistieron al
cambio, poniendo las cosas peor, hasta que un patadón nazi echara
abajo todo un parapeto disfuncional.
Por supuesto que el liberalismo e imperialismo no eran iguales en
todas partes, pero lo cierto es que, como acertadamente apunta
Dalmacio Negro, una verdadera aristocracia (gobierno de los mejores,
noblesse oblige) británica, tras la Revolución Americana y
Revolución Francesa, entendió que la libertad política producía la
mejor gestión de la res publica. El objetivo final era que, mediante
la educación, se llegara al sufragio universal, cosa que horrorizaba
a los conservadores (del Antiguo Régimen), y, mediante el libre
comercio y su potencia económica, alcanzar el equilibrio de
imperios. Gran Bretaña fomentó el liberalismo y el imperialismo en
el mundo, como haría la Pax Americana con la socialdemocracia y el
progresismo.
Pensamiento "progresista"
El motor principal de este credo viene de la Sociedad Fabiana, donde
el progresismo no viene de progreso, sino de ir progresivamente al
Socialismo, momento en que gobernará una aristocracia socialista y
en que los votos no cuenten (Annie Besantdixit) En aquella sociedad,
cuyo estandarte fue un lobo con piel de cordero (lo quitaron
recientemente), se dieron cita desde videntes e iluminados, que
contactaban espíritus y arcontes celestes, hasta intelectuales de
gran talla, como Bernard Shaw o H.G. Wells, e incluso fundaron la
London School of Economics, el Partido Laborista y de gran
influencia en la Escuela de Frankfurt. Hoy los talentos huyen del
progresismo.
Nacida en un tiempo en que el evolucionismo y el maltusianismo
dominaban parte importante del debate, se creía que un mundo
superpoblado y sin recursos estaba condenado a guerras de
exterminio, pero la sociedad evolucionaría hacia el socialismo, la
eugenesia y la educación progre (no para la libertad política)
traería la paz y la felicidad. Imagina-imagine que no hay cielo ni
infierno, ni posesiones, ni hambre, ni guerras, ni países y el mundo
será uno solo; no tendrás nada pero serás feliz. ¡Que viva Davos y
el tecno-feudalismo!
De Roosevelt a Greta
Los progresistas tuvieron su oportunidad tras los horrores de la
Primera Guerra Mundial y de inmediato se colocaron como
solucionadores de problemas, que para eso se habían trabajado el
tema con el padre del credo geopolítico actual, Halford MacKinder
(lo vimos en "El Progresismo y sus trampantojos"), un político
conservador británico que veía a la democracia como irrealista y
proponía sustituirla por "organizadores" (los tecnócratas y
partitócratas actuales). "Dame pan y llámame tonto".
En Estados Unidos fue diferente y el orden liberal se cayó con el
crack del 29 y la subsiguiente Gran Depresión, aunque tuvo la
oportunidad de reformarse con el Partido Progresista (este sí, de
progreso) de Teddy Roosevelt, si no lo hubiera laminado el
establishment de entonces. El "reset" lo aprovechó F.D. Roosevelt,
que vino con progresistas como el espiritista Wallace, quien llegó a
vicepresidente y lo sacaron por su maridaje con la URSS. Impulsaron
un plan copiado de las reformas liberales británicas, en legislación
sobre salud y paro y sobre pensiones, de Asquith, Lloyd George,
Churchill, etc., que aumentó el peso presupuestario de las
cotizaciones sociales como nunca antes (área morada, siguiente
gráfica)
Posteriormente, por las políticas progresistas y de estímulo y el
esfuerzo de guerra, se sube el impuesto federal sobre la renta y
saquean a los pobres (cargas sociales aparte); así, uno que cobrara
20.000$ al año, en poder adquisitivo de 2011, pasó de pagar el 5% en
1932 (línea azul, siguiente gráfica) al 21% en 1946 (línea roja) en
impuestos federales, luego hay otros; dicha evolución la vimos en
detalle en "Impuestos y ciclo largo".
A esas enormes apropiaciones ha de añadirse el masivo endeudamiento
federal (casi 100% del PIB) para construir un gigantesco Estado
Federal, el Complejo Militar Industrial (también lo vimos), el
Estado Profundo actual y, con el 40% del PIB mundial, la Pax
Americana, colocando a agentes del progresismo y del orden actual,
una hidra llena ya de flipados que se ha vuelto un fin en sí mismo y
que, con su ejército de parásitos y dinastías de inútiles que viven
del cuento, está destruyendo a las naciones, empezando por la
estadounidense. Con decirles que en el Distrito de Columbia, donde
está la capital, el Gobierno y muchas de sus incontables (casi
literalmente) agencias (ver lista), Trump solo obtuvo el 5,45% de
los votos y Biden el 93%; en Washington no pasa nada sin
consentimiento del progresismo.
Herida abierta
En Estados Unidos, todo descubrimiento o avance tecnológico de
agencias federales y similares (ver lista) que no afecte a la
seguridad nacional, debe ponerse a disposición del público. Cosa que
está bien pero, ¿por qué todos los jefazos de las Big Tech son
progres? Casualidad no es y, en la expansión del ciclo largo
económico, del "Orden Mundial, la Pax Americana y del comercio
internacional", mediante toda forma de clientelismos, la
socialdemocracia y el progresismo buscan perpetuarse a sí mismos,
por encima de naciones e individuos depredando lo que haga falta.
Ante ese expolio, cerraron en falso el debate sobre fraude
electoral, a pesar de que el 47% de los estadounidenses cree que lo
hubo, según una encuesta de Rasmussen Reports, agencia que, en mi
experiencia, mejor ha estimado los resultados electorales en los
últimos veinte años. No contentos con eso, Biden promete papeles de
forma inmediata para 11 millones de ilegales, que es otra especie de
fraude electoral, que ha destrozado estados como California y muy
usada por el progresismo en la UE. Además quieren hacer un
impeachment inconstitucional para inhabilitar a Trump como
candidato, cuando mantiene casi inalterado su apoyo, un outsider que
intentaba un cambio pacífico, aunque ruidoso. ¿Qué quieren, una
guerra civil?
El cuarto giro
Que es como se denomina al proceso de cambio de ciclo generacional y
donde mueren el orden y pensamiento dominantes, hoy socialdemocracia
y progresismo. Lamentablemente, al manipular el establishment la
libertad política, se ha cerrado la puerta a un cambio civilizado,
agudizando la crisis existencial de Estados Unidos quienes,
centrados en su crisis, no podrán ocuparse de resolver problemas
externos, dejando a la UE, hija de la Pax Americana, en muy mala
situación; se adelanta pues lo que vimos en "El interés de España y
la Nueva Pax Americana".
Biden, que se presenta en plan F.D. Roosevelt pero está más cerca de
ZP, viene con un plan progresista radical, verde para ponerse
morado, como aquí, con mucho bombo globalista y un paquete de
estímulo (¿a quién?) próximo al 10% del PIB. Tiene garantizadas por
dos años, hasta las próximas "elecciones" de mitad de mandato, las
mayorías necesarias para hacer casi lo que quiera, pero dado el
desquiciamiento y las ansias de enriquecimiento del progresismo, el
cambio ya no será tranquilo. Señores, con Biden, el Cuarto Giro ha
comenzado de verdad y no lo podrán parar con su tecno-gulag. "Amen
and a woman"
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Violencia, la pandemia invisible
Agustín Valladolid. vozpopuli 21 Enero 2021
Disimulada por las urgencias, avanza imparable una violencia
estructural de alto riesgo que unos no se toman en serio y otros
alientan, como Pablo Iglesias cuando compara a los exiliados de la
Guerra Civil con Puigdemont
“Unos 60 jóvenes increpan y agreden a la policía en Pallejà
(Barcelona)”; “La Ertzaintza recibida con lanzamiento de botellas y
vasos cuando se disponía a disolver un botellón en San Sebastián”;
“Un grupo de jóvenes acorrala y agrede a la policía en
Torredembarra”; “Cinco jóvenes agreden a policías al descubrirles de
fiesta en un piso de Carabanchel”. Rara es la semana que no
encontramos titulares como estos en algún periódico. Fatiga
pandémica, dicen. Y puede que haya algo de eso, no digo que no, pero
la tesis exclusiva de la violencia usada como válvula de escape se
desmorona al constatar que una gran parte de esos titulares se
concentran allá donde hace tiempo que semejantes pautas de
comportamiento pasaron a formar parte del paisaje.
En Cataluña y el País Vasco existe una violencia estructural cuyos
ejecutores asocian sistemáticamente a teóricas frustraciones de
índole política. Ejecutores que, por lo general, suelen contar con
la comprensión, si no el apoyo -si no la previa complicidad-, de
quienes en su momento decidieron que el único camino para imponer
algún día sus ideas debía de pasar necesariamente por provocar un
brutal deterioro de la convivencia. Pirómanos de la tolerancia que
ven convalidada su vocación incendiaria cuando todo un
vicepresidente del Gobierno de España, que se dice de izquierdas,
compara a los exiliados de la Guerra Civil, víctimas del franquismo,
con Carles Puigdemont.
Fatiga pandémica, dicen. Puede que haya algo de eso. Y también de
vulgar gamberrismo. Pero no solo. Se legitima el uso de la violencia
cuando se banaliza de modo infame el fascismo, como acaba de hacer
Pablo Iglesias; cuando se hace como que no se ven los homenajes a
etarras excarcelados; cuando una televisión pública contrata por
440.000 euros a la productora de Jaume Roures para que cuente el
procés según la óptica de los golpistas; cuando se permite que se
traicione la verdad en los libros de Historia; cuando de las dos
versiones existentes sobre el papel de Arnaldo Otegi, hay quien
desde el poder se inclina públicamente por la de “hombre de paz”.
También se revalida de algún modo la violencia como expresión
legítima de rebeldía frente al sistema, en Barcelona, Donosti o
Carabanchel, cuando se justifica cualquier okupación y se
criminaliza sin matices el desahucio. Cuando las leyes educativas
desacreditan el mérito, socializan el aprobado y rebajan de forma
insoportable los niveles de exigencia. Cuando el civismo retrocede
imparable, como señala Javier Marías al referirse a la desaparición
de la asignatura de Ética en la ley Celaá. Cuando se encumbran
series producidas para mayor gloria de director y actores de moda, y
cuya indiscutible calidad fílmica y excelente tensión dramática no
compensan de ningún modo la falta de respeto a la realidad de los
hechos.
Me refiero en concreto a la que acaba de recibir uno de los Premios
Forqué, Antidisturbios, una “ficción”, nunca mejor dicho, en la que
no hay un solo policía destinado a tal unidad que no sufra alguna
anomalía psíquica de mediana gravedad, improbable argumento muy en
consonancia con la consigna de esa izquierda totalitaria que suele
presentar la respuesta a los actos violentos de una minoría, casi
siempre proporcional a la agresión, como “la consumación de la
criminalización de la protesta ciudadana” (oído en el Congreso de
los Diputados).
¿Y Marlaska qué opina?
La proliferación de hechos violentos, que en muchos casos quedan
impunes, nada tiene que ver con el eterno debate acerca del binomio
libertad-seguridad, sino con el miedo de muchos responsables
políticos a ser tachados de fachas si osan reclamar respeto a la
legalidad; con la abdicación de las autoridades de la función
pedagógica que tienen asignada. Cuando los gobiernos, todos, el
nacional y los autonómicos, aparcan el Derecho por conveniencia
política o directamente eluden su obligación de hacer cumplir la
ley; cuando se dice, incluso desde sectores moderados, que en esto
(aplazamiento de las elecciones en Cataluña) no pintan nada los
jueces, como si a sus señorías se les hubiera dado la opción del
silencio, o como si en una democracia pudieran existir zonas muertas
en las que no rige el imperio de la ley; cuando pasa todo eso y
desde las propias instituciones se propone la elusión de la norma,
mayor es la potencia de fuego de ese imprevisible monstruo que es la
contestación violenta.
No va a ser 2021 ese año de recuperación feliz que algunos siguen
pintando. Tampoco los siguientes. Cierto que la crisis económica y
de empleo parece, todavía hoy, un mal sueño, falsa sensación
provocada por la compra masiva de cuotas de paz social. Pero lo
vamos a pasar mal. Bastante mal. Y será entonces cuando comprobemos
en toda su crudeza la ausencia de esa pedagogía a la que antes me
refería que involucre en la protección de las libertades de la
mayoría a toda la sociedad.
Hay asuntos urgentes, como el virus o la gestión de la gran nevada,
y otros que no lo son simplemente porque hay quien no está
interesado en que lo sean. A pesar de su aparatosidad, incluso
dramatismo, el uso normalizado de la violencia como respuesta
política, o natural expresión generacional reivindicativa de
presuntos derechos adquiridos, no es un asunto incorporado a la
agenda gubernamental de prioridades (omisión que deja en evidencia
al titular de Interior, Grande-Marlaska, más percibido hoy como
ministro de partido que como ministro de Estado). Hoy, la violencia
se invisibiliza. Desplazada por lo urgente, su tratamiento en los
medios es similar al de las cotizaciones bursátiles. Y nulo es el
espacio que ocupa en las discusiones del Consejo de Ministros, no
fuera a ser que alguien llegue a molestarse. Hoy, la violencia se
asemeja a una epidemia silenciosa. Mañana, si nadie se toma su
creciente banalización en serio, puede convertirse en una pandemia
incontrolable.
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