AGLI Recortes de Prensa   Viernes 22  Enero  2021

El empleo público, un refugio para maquillar la crisis
Editorial ABC 22 Enero 2021

España, en el peor año económico en décadas y sin ver aún el fondo de la recesión, tiene ya más de 3.300.000 empleados públicos, tanto pertenecientes a la administración central como a las autonomías, entes locales y organismos públicos. El número supone un récord histórico y supera ya las desmesuradas cifras que alcanzó hace una década con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo mismo ocurre con el aumento de la inmensa cuota de interinos con contratos temporales, muchos de los cuales se basan en decisiones del Gobierno central. El peligro es evidente, y ya en la etapa de Zapatero fue un error solo útil para maquillar las cifras del paro. Si el dinero no se utiliza para fomentar la actividad empresarial, auténtica creadora de empleo, todo seguirá siendo un simple parche para abonar bolsas de voto cautivo y amiguismo, un endeudamiento desmesurado, y una falsa percepción de que todo funciona. El Estado sigue siendo elefantiásico, y no parece haber solución.

Pulso contra la mordaza judicial
Editorial ABC 22 Enero 2021

No tiene sentido que el Congreso impida, por orden de Moncloa, que el Consejo del Poder Judicial pueda siquiera opinar sobre una reforma que le ata de manos. Silenciarlo es un abuso

El pulso que mantuvo ayer una amplia mayoría del Consejo General del Poder Judicial contra el Congreso, para que acepte escuchar su criterio antes de que el Gobierno lo amordace y le impida hacer nombramientos, cobra todo el sentido porque la ofensiva contra la independencia de los Tribunales y la separación de poderes es contumaz. Hasta dieciséis consejeros de los veintiuno que conforman el CGPJ, de distinta adscripción ideológica, unieron su voz en un comunicado para exigir al Congreso que no conculque la lógica institucional, impida la tramitación urgente de esa reforma, y deje de vetar la opinión de los jueces contra una ley que afectará sustancialmente a sus funciones y a la libertad de los Tribunales. Lo llamativo es que una vez más hubo un acuerdo muy mayoritario entre los vocales, del que participaron incluso consejeros propuestos en su día por el PSOE, lo cual demuestra la división que existe en la izquierda a la hora de someterse a la disciplina ideológica que ha pretendido imponer La Moncloa con serias presiones. Esa es la magnitud del abuso, y ese es el cariz intervencionista con el que el Gobierno pretende manosear la justicia.

No tiene ningún sentido que una reforma que altera sustancialmente las funciones de un órgano constitucional como el CGPJ no pueda ser evaluada previamente por la propia carrera judicial. Es tanto como imponer de manera abrasiva el rodillo de un poder legislativo controlado férreamente por el ejecutivo para acallar al judicial. Y es tanto como retirarle funciones organizativas y decisorias muy relevantes para el funcionamiento ordinario de los Tribunales, con la coartada de «desideologizar» a la carrera judicial por el mero hecho de que la izquierda no consiente que mayoritariamente tenga un talante moderado y conservador.

La renovación del CGPJ es imperiosa, y PSOE y PP tienen la obligación legal de culminarla cuanto antes, porque no es admisible prolongar su estado de provisionalidad de manera indefinida. Sin embargo, esto mismo ha ocurrido en más ocasiones, cuando era el PSOE quien dificultaba su renovación, y nunca la izquierda puso el grito en el cielo. Pocos motivos hay que justifiquen una parálisis tan preocupante. Pero pretender, como está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, tomar atajos para imponer el control sobre la carrera al margen de los consensos constitucionales es una alcaldada de cuyos peligros viene advirtiendo incluso la Unión Europea.

Ayer se dieron dos buenas pruebas de que defender la independencia judicial es una obligación de decencia democrática. Frente al chantaje planteado una vez más por ERC, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se está manteniendo libre y firme en su decisión provisional de celebrar las elecciones el 14 de febrero, y no en mayo, que es la obsesión del independentismo para ganar tiempo. Y frente a las coacciones de Podemos, la Audiencia Provincial de Madrid ha comunicado al juez instructor que hay indicios penales suficientes para seguir investigando al partido de Pablo Iglesias por las irregularidades fiscales de su «tapadera» Neurona. Si por Gabriel Rufián o por Iglesias fuera, sus arbitrariedades ni siquiera podrían ser recurribles ante los Tribunales, porque su objetivo final no es otro que instaurar una dictadura. El poder judicial es el único contrapeso posible frente a cualquier merma de garantías que provoquen los otros dos poderes. Por eso silenciarlo es una prioridad para ellos. Acierta el CGPJ al defenderse y mantener el pulso al Congreso, que ha dejado de ser una cámara legislativa al uso para convertirse en el más sumiso encubridor de una mordaza judicial.

Presidente Sánchez, ¿ahora ya sí se puede gobernar con imputados?
Un partido de Gobierno señalado por delitos electorales y financiación ilegal, con su líder señalado también y varios cargos condenados, no puede seguir al frente del país.
ESdiario Editorial 22 Enero 2021

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la imputación de Podemos por delito electoral y financiación ilegal, desechando los recursos del partido que, pese a los contundentes indicios, ha presionado como nunca para dar carpetazo al asunto en los juzgados y en el Congreso, donde ha boicoteado de la mano del PSOE la Comisión de Investigación que reclaman sin duda los hechos.

El respaldo al juez Escalonilla es tan nítido como los ataques de Podemos a los jueces, coronados por un intento reiterado de asalto al Poder Judicial que se entiende mejor viendo los problemas del partido en los juzgados: con la excusa de renovar el CGPJ se pretende, en realidad, anular la independencia de los magistrados y anular las acciones judiciales que tramitan con la formación de Pablo Iglesias.

Que a su vez estaría ya imputado, personalmente, de no gozar de aforamiento, esa condición que hace nada presentaba como un privilegio y que ahora utiliza con desparpajo para demorar lo que sin embargo, parece inevitable: antes o después, el Tribunal Supremo encontrará la manera de procesar al presunto responsable del "Caso Dina", un bochorno con el que edificó su campaña electoral de denuncia de las "cloacas" cuando, en realidad, la cloaca era él.

La Fiscalía reclama los chats de Podemos e investiga trato de favor a Iglesias

En el "Caso Neurona", denunciando desde dentro por el anterior responsable de los servicios jurídicos de Podemos, parece evidente que el partido utilizó una empresa pantalla para desviar y gestionar fondos públicos con destino distinto al previsto por la ley. Y que lo hizo con opacidad y usando un "puente aéreo" contable entre España y Sudamérica que enlaza con todas las sospechas germinales sobre el origen de Podemos.

Podemos está inhabilitado para gobernar España. Y Sánchez queda retratado por pactar con un partido imputado

Nada de eso inculpa a Podemos, que ya acumula condenados tan ilustres como Pablo Echenique o Isa Serra, pero sí le señala. Y le invalida con arreglo a las normas que los dos partidos gobernantes han impuesto en España: la condición de Mariano Rajoy como mero testigo en un juicio menor de una de las piezas de la Gürtel fue suficiente para justificar una moción de censura. Y así se colocó un nivel de exigencia que ahora no se puede ignorar.

¿Cómo va a gobernar un país, en su momento más dramático, un partido que oscila entre la imputación, el acoso a la separación de poderes, el desafío a la Constitución y el delirio programático e ideológico? Si todo ello retrata a Iglesias, también define a Sánchez: quien dijo venir a la limpiar la vida pública acepta la suciedad más extrema si con ello sobrevive en el cargo.

El CGPJ no se pliega
EDITORIAL Libertad Digital 22 Enero 2021

Reducido el PSOE a la nada ética e intelectual y Podemos volcado en el cambio de régimen, el Poder está en manos de una banda que está dispuesta a todo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al Congreso que se piense mejor la forma de tramitar la reforma del mismo que PSOE y Podemos han planteado y que pretenden aprobar por una vía exprés y tremendamente irregular.

La petición del Consejo probablemente no surtirá efecto, dada la pulsión totalitaria del Gobierno y su falta de respeto por las instituciones, pero no deja de ser un gesto importante y muy significativo, sobre todo si se tiene en cuenta que se ha aprobado por una amplísima mayoría de 16 votos a 5, algo más que notable para una cuestión con semejante calado político. También lo es porque se trata de un organismo que no cuenta precisamente con un historial de independencia y valentía políticas extraordinario, más bien al contrario: el CGPJ y la Judicatura en general han soportado –y, ominosamente, disfrutado– la injerencia de los partidos sin inmutarse ni levantar la voz. Recuérdese, sin ir más lejos, que este mismo CGPJ informó favorablemente del nombramiento como fiscal general del Estado de Dolores Delgado, la persona menos adecuada para el cargo que imaginarse quepa.

De hecho, en buena medida ha sido la docilidad –cuando no el colaboracionismo– de los jueces lo que ha llevado a esta situación, en la que el Gobierno menos demócrata y más liberticida de la democracia está preparando un asalto definitivo a la ya muy maltrecha independencia judicial.

En cualquier caso, eso no es excusa para lo que están intentando hacer Sánchez, Iglesias y el gang garzoniano que controla el Ministerio de Injusticia. Con la seguridad de que hagan lo que hagan les saldrá gratis, se han lanzado a una carrera sin frenos para controlar todas aquellas instituciones que puedan hacer sombra a su poder u oponerse a sus planes.

Reducido el PSOE a la nada ética e intelectual y Podemos volcado en el cambio de régimen, el Poder está en manos de una banda que está dispuesta a todo. Una banda especialmente peligrosa que cuenta con un formidable brazo mediático para intoxicar y adormecer a unos ciudadanos a los que pretenden convertir en súbditos.

El CGPJ contesta al Gobierno: La tramitación urgente de la reforma judicial sin pedir informes es inconstitucional
Pide a la Mesa del Congreso que “reconsidere” su decisión por vulnerar la separación de poderes y el Derecho de la Unión Europea. Sólo cinco vocales se pronunciaron en contra
Francisco Velasco larazon 22 Enero 2021

El Pleno extraordinario del CGPJ hoy ha advertido que la decisión de la Mesa del Congreso, aprobada con los votos de los diputados de PSOE y Unidas Podemos, de tramitar de forma urgente y sin pedir ningún informe previo, la reforma que limita sus funciones cuando cuando ha vencido su mandato, como el no poder realizar nombramientos, no respeta las exigencias del principio de separación de poderes. Además, recuerda que la solicitud de esos a las partes concernidas por la modificación legislativa forma parte de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial y pide a la Mesa del Congreso que reconsidere su acuerdo. Junto a ello, el Pleno insta nuevamente a las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales a que acuerden a la mayor brevedad la renovación de la institución para dotarla de estabilidad.

La decisión ha sido adoptada por una amplia mayoría de 16 votos a favor y cinco en contra. En concreto, ha sido avalada por los diez vocales “conservadores” y cuatro “progresistas “, además del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; mientras que se opusieron Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en contra del acuerdo y han anunciado la formulación de un voto particular discrepante. Por tanto, ha contado con la misma mayoría que aprobó el acuerdo en diciembre en el que se pedía al Congreso que se le diese traslado, al igual que a la Comisión de Venecia -dependiente del Consejo de Europa- de la Proposición de Ley para que pudieran informar al respecto, al tratarse de una materia que afecta al núcleo de la Justicia.

En este sentido, el acuerdo adoptado hoy, el CGPJ la menta “profundamente que el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados haya hecho caso omiso de la solicitud que le dirigió” en diciembre para que la citada proposición se sometiera a los informes de este Consejo, de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia/Consejo de Europa) y diera audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta; en particular, a las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia.

Así, la desatención por la Mesa del Congreso de los Diputados, “sin ofrecer razón alguna”, provoca que se prive al debate la reforma promovida y, a la postre, a la ciudadanía, “del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial”, en referencia al CGPJ y a la Comisión de Venecia. Además, también se impide conocer la opinión de las asociaciones y entidades representativas del mundo judicial, así como de las instituciones que tienen competencias en materia de justicia, obviando, “como se ha dicho, cualquier explicación al respecto”.

Por estos motivos, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ve “en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones –eliminándola durante la situación de prórroga del mandato- que el artículo 122 CE le reserva con carácter exclusivo para garantizar la independencia de jueces y magistrados, al no ser la decisión adoptada el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes”.

Y es que, añade el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, el no solicitar esos informes previos a la tramitación de la Proposición de Ley, “no sólo desconoce el papel del Consejo General del Poder Judicial como garante de la independencia de jueces y magistrados, sino que también le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos de todo Estado de Derecho, basados en el principio de separación de poderes según se han definido en el Derecho de la Unión Europea y en los dictámenes de la Comisión de Venecia”.

El Consejo, por último, no tiene dudas de que esta reforma judicial no tiene más trasfondo la excesiva prolongación de la prórroga del mandato de este Consejo. Por ello, insta nuevamente a las Cortes para que acuerden su renovación a la mayor brevedad, y a que “antepongan el cumplimiento de ese deber constitucional, que a todas ellas concierne, a la apresurada aprobación de unas reformas legales que solo han de abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones”.

Esa es la única vía, concluye el acuerdo adoptado, para la formación y consolidación de un amplio consenso que libere a esta institución “de su constante cuestionamiento y le dote de una estabilidad que redunde en beneficio de la garantía efectiva y permanente de la independencia judicial”.

Respuesta de Europa
Ahora, una vez que el Consejo General del Poder Judicial ha puesto de relieve, en su opinión, el incumplimiento de la Mesa del Congreso, con el aval de los dos socios de Gobierno, del Derecho de la Unión Europea, está por ver si ésta decide emprender algún tipo de actuación. En la resolución del CGPJ no se alude en ningún momento a esta cuestión, pero distintos vocales del mismo no tienen dudas de que la UE estaría legitimada para hacer llegar al Congreso y/o al Gobierno su malestar por emprender la reforma sin solicitar informe alguno ni al Consejo ni a la Comisión de Venecia.

“La Comisión Europea podría ‘poner el grito en el cielo’ para que se tome en consideración sus recomendaciones -reiteradas el pasado mes de diciembre- o ir un paso más allá y presentar, como hizo con Polonia, un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”, para que sea éste quien obligue a España a acatar sus decisiones.

En la fase precontenciosa de este recurso, se daría la oportunidad a España de “rectificar”, escuchar las recomendaciones de la Unión Europea y, de esa forma, frenar que se tenga que pronunciar que el TJUE, el cual incluso puede adoptar medidas cautelares previas a su decisión final.

Biden comienza mal
EDITORIAL https://gaceta.es  22 Enero 2021

El primer discurso de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos nos muestra hasta qué punto el Partido Demócrata ha sido devorado por el monstruo de las políticas identitarias que ellos han alentado de manera irresponsable y peligrosa. Llamar a la unidad de los estadounidenses —como hizo hasta en ocho ocasiones— se contradice con el señalamiento de los Estados Unidos como una nación en la que, según él, impera un racismo sistémico y cuyos mayores enemigos, señalados por el nuevo presidente, son «el supremacismo blanco» y «el terrorismo interno». Anunciar al mundo que la sociedad que estructura la primera de las grandes democracias es racista, no solo alimenta los estereotipos raciales, sino que conduce a un fenómeno de segregación contrario al espíritu de unidad al que hipócritamente apeló Biden.

La primera víctima de esta política identitaria es la verdad. No hay una sola ley racista en los Estados Unidos desde 1964 y la Administración, en todos sus niveles, ofrece las suficientes garantías de igualdad formal como para abandonar teorías racistas y estudiar de manera académica, metódica y apartidista los retos que se presentan a las minorías, sobre todo los cambios que se han producido en sus paradigmas culturales.

La segunda víctima de la agenda socialista que se contempla en el discurso de Biden es el pensamiento libre y crítico. La concesión del nuevo presidente a la disensión —«siempre que no sea con métodos violentos»— se contradice con su silencio absoluto (o su aliento permanente), a los más de 7.000 actos violentos protagonizados el año pasado por movimientos identitarios como Black Lives Matter movilizados tras la muerte de un ciudadano negro a manos de la polícía de una ciudad demócrata en un Estado demócrata.

Biden, es evidente, no quiere la unidad, sino la uniformidad.

Disentir de la posición presidencial que asegura —sin pruebas, sólo con retórica— que hay “un grito de justicia racial desde hace 400 años”, va a exigir coraje. Coraje en el lugar de trabajo, en la comunidad y en los medios. Coraje para enfrentarse al adoctrinamiento en las universidades. Coraje más allá del deber ante la presencia en los medios de acosadores de izquierda dispuestos a etiquetar a una persona crítica como «racista». Coraje ante la división racial que esto va a traer a una sociedad ya polarizada. Y todo esto en un discurso en el que no hubo ni una sola apelación a la libertad de expresión. Se entiende por qué.

Ante este desatino presidencial, la respuesta sólo puede ser la ley. Allá donde el Gobierno alargue sus tentáculos para obligar a los ciudadanos a creer que viven en un sistema constitucional racista, allá deben estar los tribunales para demostrar que uno de los grandes principios rectores que desde hace ya más de 50 años gobierna los Estados Unidos es el de la ceguera al color de la piel. La Teoría critica de la Raza a la que se agarra la nueva política identitaria de esta izquierda demócrata es una construcción de los 80 desacreditada desde sus comienzos por su negativa a estudiar los datos y ofrecer solo relato y narrativa.

Pero es evidente que el papel lo soporta todo. Hasta el discurso inaugural de un presidente que hubiera hecho sonrojar al doctor King.

La presidencia Biden
Florentino Portero Libertad Digital  22 Enero 2021

Renuncio a ser original al tratar de analizar el arranque de la nueva Administración en Estados Unidos. No por falta de ganas, sino porque, después de los miles de artículos publicados a ambos lados del Atlántico, me queda poco que aportar. Humildemente, ¡qué remedio me queda!, me limitaré a señalar de manera ordenada algunas ideas claves que se han repetido en estos días y que sinceramente creo que van a ser determinantes para entender lo que puede ocurrir en los próximos años.

Biden ha inaugurado su mandato anunciando su voluntad de lograr una reconciliación nacional. No cabía esperar otro mensaje tras el brutal y obsceno asalto al Capitolio, un motín ejecutado por chusma fanática y alimentado por un presidente que se ha ganado a pulso el desprecio de todos aquellos que creen en la democracia. Por otro lado, el conjunto del sistema político y constitucional de Estados Unidos está dirigido a buscar acuerdos entre los distintos sectores que conforman su sociedad. La diversidad es algo natural, más aún en una nación tan poblada como aquella, de ahí la necesidad de forzar el entendimiento a través de normas e instituciones. Sin embargo, sería un error o una mentira culpar sólo a Trump de la quiebra social que vive ese país. Todo empezó con Obama, con su voluntad de transformar la sociedad en un sentido muy marcado, legislando contra buena parte de sus conciudadanos. Como ya he escrito con anterioridad, la aparición de Trump es más una consecuencia que un fenómeno aislado, más una reacción que una acción. Trump es el resultado lógico de los ocho años de Obama y de los primeros efectos de la Globalización, que provocaron una reconfiguración del espacio electoral, que este especulador inmobiliario supo ver y aprovechar. Si Biden quiere reconciliar a la sociedad estadounidense deberá tener esto muy presente, dejar de legislar contra parte de sus conciudadanos y controlar a su propio partido, hoy mucho más radical que hace cuatro años. Los primeros pasos van en esta dirección, pero ni su edad ni el peso del ala más izquierdista del Partido Demócrata permiten presagiar que se pueda consolidar esta política. EEUU, como el conjunto de Estados europeos, vive una fuerte tensión social, porque estamos viviendo un cambio de época que cuestiona los acuerdos e instituciones vigentes y nos priva de disponer de una visión compartida sobre el futuro al que aspiramos. Esta triste circunstancia no va a cambiar en los próximos años, con todo lo que ello implica.

Trump ha regalado argumentos para ser etiquetado como un peligro para la democracia. Sin embargo, de ahí a que Biden pueda proclamar que la democracia ha sido restablecida hay todavía un largo trecho. Los medios de comunicación han establecido una dictadura de la corrección política, obviamente del discurso progresista, intolerable. Que una plataforma digital vete al presidente de Estados Unidos, mientras permite a dictadores de distintos países difundir sus mensajes, es un grave atentado contra la democracia. Son muchos los ciudadanos que no están dispuestos a aceptar esa situación, lo que supone alimentar una tensión que de una u otra manera se canalizará. Hace unos días Karl Rove, una de las referencias en sociología electoral, advertía desde las páginas del Wall Street Journal de la posibilidad de que el trumpismo, con Trump o sin él, recuperara el poder en una espiral de radicalización.

El mayor activo de la diplomacia de EEUU desde hace décadas ha sido su modelo de convivencia, de ahí que nadie dudara en reconocer su condición de faro de la democracia. El orden liberal surgido de la II Guerra Mundial se basaba precisamente en la expansión de los valores y principios de la democracia. La aspiración a imponer ese orden ya es historia. Ante los retos de nuestro tiempo, resulta necesario establecer nuevos marcos de referencia. La diplomacia británica tuvo el acierto de proponer una Alianza de las Democracias como punto de partida. La idea gustó en Estados Unidos y Biden, al fin y al cabo un resto arqueológico de la Guerra Fría como quien redacta estas líneas, la hizo suya. Ya hablamos de un D-10, un directorio formado por las diez democracias más representativas del planeta, que avanzaría en el diseño de una estrategia conjunta para afrontar los retos de nuestro tiempo. ¿Alguien cree que Estados Unidos tiene hoy la autoridad democrática para liderar esa iniciativa? La suma de imágenes de manifestaciones violentas del Black Lives Matter, de trumpistas indignados y lo que está por llegar son actas notariales de una sociedad rota y enfrentada. A nadie le puede extrañar el uso y abuso que de estas imágenes se está haciendo en Estados como Rusia, Irán o China. No hace falta invertir grandes sumas en campañas de desinformación para dividir a una gran potencia cuando ella sola se basta y sobra para quebrarse, llevándose por delante el prestigio de una marca resultado de décadas de trabajo de su diplomacia pública.

Las autoridades europeas han dado la bienvenida a Biden. En este caso, no es sólo un acto de protocolo diplomático. Tras los años Trump, Europa agradece que llegue a la Casa Blanca alguien que cree en un orden internacional fundamentado en normas e instituciones multilaterales. Hay un generalizado optimismo sobre la posibilidad de llegar a acuerdos sobre comercio o clima. Sin embargo, han quedado ya atrás los días en que Europa agradecía el Protectorado norteamericano. La autonomía estratégica de la Unión Europea se percibe más como una necesidad que como un ideal europeísta. Ya no podemos confiar en Estados Unidos, aunque tampoco estemos en condiciones de ejercer esa autonomía.

La Administración Biden tiene ante sí una agenda tan amplia como intensa. El nuevo presidente tiene toda la razón cuando señala la reconciliación nacional como el primer objetivo. Lograrlo no va a ser tarea fácil, ni siquiera resulta evidente que disponga de los medios para ello.

Trump vs el dr cum fraude
Nota del Editor 22 Enero 2021

De Trump se puede opinar, criticar, valorar y está claro que los hechos positivos suman más que los negativos. Solo recordar que un empresario tiene que acertar más del 51% de sus apuestas para que la empresa siga adelante. Pero aquí estamos sufriendo, viendo como el dr cum fraude y sus quates destruyen España y como no venga alguien como Trump diciendo que vamos a hacer España (me conformo como antes del ZP y el dcfraude) otra vez, hasta los venezolanos se van a escapar.

Ministras que mienten en cascada
No se sorprendan porque Montero y Calviño empiezan a ser especialistas en mentir o, si lo prefieren, en tergiversar la verdad
Jesús Salamanca diariosigloxxi 22 Enero 2021

Mienten tanto o más que hablan. Ahora echan la culpa a Bruselas con el IVA de la factura de la luz y antes también lo hicieron, pero con el IVA de las mascarillas. Gobernar con la mentira como instrumento convierte a los gobernantes en miserables. Muchas veces, lo trágico surge de la acumulación de lo insignificante. “Las ingentes masas de gente crean más fácilmente víctimas de las grandes que de las pequeñas mentiras”, en palabras de Adolph Hitler. ¿Podemos suponer que María Jesús Montero es fiel admiradora de este personaje? Al fin y a la postre, el socialismo ‘alumbra’ a los dos: una, socialista a secas y, otro, nacionalsocialista.

Esta vez la ministra de Hacienda tampoco ha sabido retener la lengua. La ministra “metralleta”, al decir de los afiliados del PSOE, fabrica mentiras en cascada y las utiliza como arma arrojadiza. Pero olvida que para mentir hay que ser inteligente. Por eso se dice que se pilla antes al mentiroso que al cojo. ¿En cuántas trafullas hemos pillado ya a esta señora? Por si alguien no conoce la expresión, hay que decir que este sustantivo femenino está en desuso: se refiere a una treta, trampa, fullería, engaño, picardía, trapacería… Referido a una persona es la que comete trampa en el juego o en un acuerdo. Por tanto, es una acertada adjetivación lo de “ministra fullera”.

La pobre María Jesús Montero debería estar asustada por tantas fullerías, engaños y trapacerías como hilvana, pero su espalda y cara dura le hacen inasequible al desaliento. Debería saber la ministra que, en palabras de Catón: “La primera virtud es frenar la lengua, y es casi un dios quien teniendo razón sabe callarse”. Evidentemente no es su caso, pues no tenía razón con el IVA de las mascarillas ni lo tiene con el mismo impuesto que afecta a la electricidad. ¡Qué facilidad tiene esta mujer para hacer el mal a la ciudadanía! Se suele decir que las probabilidades de hacer mal se encuentran cien veces al día, en tanto que la de hacer bien sólo una vez al año.

No es fácil extender entre la población esa verdad que condena al Gobierno; es decir, la mentira por la mentira. Lo mismo miente el ‘vicepandemias’ segundo que la ministra de Hacienda, el presidente del Gobierno o la mismísima Nadia Calviño. No se sorprendan porque Calviño empieza a ser especialista en mentir o, si lo prefieren, en tergiversar la verdad. Para eso tenemos los eufemismos; estos me recuerdan a aquel conocido que había trabajado como enterrador en varios cementerios, pero en su currículum ponía “Gestor de últimos recursos poblacionales”. A ver por dónde sale Calviño con sus mentiras sobre los proyectos enviados a Bruselas. Ursula Von Der Leyen parece que no los encuentra: ni la reforma laboral, ni la fiscal ni la del empleo. Algo no cuadra. El dinero puede retrasarse ‘sine die’, excepto un pequeño porcentaje.

El Gobierno vuelve a mentir. Bruselas empieza a estar hasta el pico de la boina. No es cierto que no se permita bajar el IVA de la factura de la luz. Se escudan también en que no pueden hacer nada con la subida del 27% de la factura de la luz en plena ola de frío. Resulta que este Gobierno no puede, pero achacaba al de Rajoy que subiera un 8% en pleno invierno. Hablamos de hipocresía, falsedad y mediocridad. Los datos objetivos vuelven a dejar a la ministra de Hacienda con las posaderas al aire y enseñando la suciedad que le rodea. No es secreto decir que España tiene uno de los IVA más altos de la Unión Europea: Alemania el 19%; Italia el 10%; Portugal el 6%; el 5% tiene el Reino Unido… ¿Alguien ha sancionado a estos países por ello? Sin duda, tenemos el Gobierno menos informado y con menos preparación, pero también el más hipócrita y desvergonzado.

El afán recaudatorio del Gobierno español es insaciable. Necesita ese dinero del IVA porque planifica mal y gasta peor. Destina el dinero a sectores improductivos que jamás han aportado nada a las arcas del Estado y, sin embargo, no facilita la vida y la convivencia de la ciudadanía. ¿Creen que era necesario el IMV existiendo, como existían, parecidas figuras en las Comunidades Autónomas? Bien, pues, ahora miles de familias se han quedado sin lo uno y sin lo otro. ¿Era ese el ‘escudo social’ de plastilina? Ahora que están de moda los ERTE, con el tiempo sabremos lo mal que se han gestionado y el daño infligido a miles de familias. “El culpable no sólo es un hombre malo, sino un mal calculador”, en palabras de Concepción Arenal.

La mentira para cobrar impuestos es un atentado social y una negligencia más del Gobierno desnortado de comunistas y ‘sociatas’. Hoy no hablaremos de la otra negligencia de los 70.000 muertos. El 41% de la factura de la luz es por consumo, el resto son impuestos. Se bajó el impuesto del cine que no es de primera necesidad y no se puede bajar el de la electricidad que sí es casi vital. Eso sí, no me salgan por lo de la Cañada Real porque nunca entenderé el abandono de Manuela Carmena y de Más Madrid. ¿Acaso ha surgido ahora el problema?

Con la factura de la luz pusieron el grito en el cielo y en el infierno cuando estaban en la oposición.

Hacían barato populismo e hipocresía parecida a lo que debe ser la política. La luz es primera necesidad. No es ético que el Gobierno se lucre con los impuestos mientras destruye empleo, arruina el país y silencia a los medios no afines. Después de lo escuchado, a ver qué va a defender ‘Hundidas’ Podemos cuando pase a la oposición, si llega a obtener escaños. La facción socialista del Gobierno seguirá siendo el hazmerreír en España y en Europa, igual que ya lo es a diario.

¿Vicepresidente del gobierno o troceador de España? Decídase señor Iglesias

​El señor Pablo Iglesias, en su entrevista en la Sexta, habló demasiado, quizá por sentirse en un ambiente que le resultaba cómodo
Miguel Massanet diariosigloxxi 22 Enero 2021

A los que saben que el dinero que se recibe prestado devenga intereses y, más pronto que tarde debe devolverse, no puede dejarles de preocupar que nuestro gobierno, para satisfacer sus megaproyectos de apoyo social, su falta de contención en cuanto al gasto público y su deficiente visión en cuanto hace referencia a sus expectativas recaudatorias debido a la crisis suscitadas por el Covid 19 y su influencia en cuanto a los aspectos económicos que la acompañan y que, según se desprende de los informes de todos los organismos internacionales que conocen de los ciclos económicos que afectan a la humanidad, va a motivar que, en unos meses, pueda producirse, junto al rebrote del coronavirus que ya estamos padeciendo, otro rebrote, igualmente importante y peligroso, de la crisis económica que por determinadas circunstancia no ha acabado de solucionarse cuando ya se pensaba que se estaba superando.

El hecho incontestable de que la burbuja de nuestra Deuda Pública haya sumado, en el pasado noviembre, 6.562 millones de euros, alcanzando con ello el máximo histórico de los 1,31 billones de euros (para los que continuamos pensando en pesetas la cifra alcance la escalofriante cantidad de 166.386 billones de la antigua moneda española) puede que para una gran mayoría de los españoles no signifique nada, que todos aquellos que, como me ocurre a mí, estas cifras escalofriantes ya me superan, no alcance a preocuparles ya que ellos se mueven en otros niveles, generalmente reducido a sus gastos y sus ingresos y, eso sí, en lo que pudieran afectarles de los posibles aumentos de los impuestos en el caso de que, como suele ocurrir casi siempre, se tiene la idea y el convencimiento de que, por mucho que el Gobierno pretenda dorar la píldora afirmando que sólo afectará a las clases pudientes, existe la conciencia generalizada entre la ciudadanía de que, al final, quien paga la parte del león de la tarta que ingresa Hacienda, es la que aporta la siempre descalabrada clase media.

Y cuando una nación se encuentra con situaciones tan alarmantes como pudieran ser que el comercio y la hostelería perdieron del orden de 500.000 empleos en el 2020 (el 71% del total); que el paro subió ( con cifras de diciembre) en dicho año en 724.532 personas; que la DP, a la que ya nos hemos referido, en 2020 acumula 124.606 millones de euros adicionales (el BCE nos compró el pasado año 120.000 millones) ¿qué pasará cuando el banco europeo se canse de sacarnos las castañas del fuego? Y, como colofón, para no extendernos más, resulta ser que las empresas, las principales víctimas del Covid 19, tras el paso de la pandemia se estima que van a necesitar un mínimo de 155.000 millones de euros para poder capitalizarse y salir de la crisis, con el añadido de que, la mitad de ellas en España, cerrarán el pasado año con pérdidas y falta de liquidez ¿Qué nos dirá la señora Calviño, tan optimista respecto a la soñada recuperación para finales del 2021 y a la recaudación de impuestos?

Y ante este estado de cosas, con un Gobierno al que le falta iniciativa, preparación, patriotismo, sentido de la proporción y la responsabilidad, de pronto nos aparece este personaje atrabiliario, este bufón de inteligencia supervalorada, niñato mimado de la izquierda comunista y sirviente fiel de Nicolás Maduro, el gran dictador totalitario de Venezuela, el señor Pablo Iglesias y, haciendo honor a su habitual enemistad con la verdad, ejerciendo de manipulador de la realidad y con su histriónica forma de intentar llamar la atención para evitar que, los malos resultados de su partido, Podemos, en las elecciones pasadas y el contubernio de su alianza con un Sánchez dispuesto a vender a quien fuera con tal de alcanzar el poder, circunstancias que le permitieron ocupar, de carambola, un puesto de vicepresidente del gobierno y varios ministerios para sus secuaces, no quedaran resaltados con su fracaso en la gestión del coronavirus en la que su ministerio de asuntos sociales ha quedado relegado mientras él se dedicaba a hacer el trabajo sucio que le encarga Sánchez y a atacar el sistema monárquico, por cierto con escaso éxito si debemos hacer caso de la encuesta en la que se refleja que pese a las campañas y a las acusaciones contra el rey emérito, son mayoría los españoles que prefieren el régimen de monarquía parlamentaria.

Este señor, que sigue empeñado en llevar a España a otra confrontación entre españoles, se ha olvidado que ya no es un alborotador callejero más, un activista del comunismo bolchevique, un universitario de medio pelo que sólo ha destacado en desbarrar contra la derecha, mentir con desparpajo, ignorar la reciente historia de España y no saber sacar las conclusiones de lo que fueron ellos, los comunistas y de la responsabilidad que tuvieron en que la Guerra Civil se prolongara más de lo preciso, con el reguero de víctimas para ambos bandos que ello supuso, sólo esperando que la guerra, que ya se mascaba que iba a producirse en Europa, permitiera a los franceses invadir España.

Como no le importa un rábano apoyar hasta lo más absurdo ahora se ha erigido, para congraciarse con el separatismo catalán, en defensor de la causa de Puigdemón, al que compara con los exiliados de la guerra española. ¡Tiene la cara dura de comparar a este cobarde, que huyó de España dejando en la estacada a sus compañeros revolucionarios, qué vive como un marajá en su palacete de Waterloo, que su oficio se ha convertido en ser un intrigante que, cada vez que puede, insulta a España y a los españoles pretendiendo que se le tome en cuenta, con poco éxito, en las cancillerías europeas.

El señor Pablo Iglesias, en su entrevista en la Sexta, habló demasiado, quizá por sentirse en un ambiente que le resultaba cómodo. Y es que a nosotros, los que estamos en las antípodas idealistas de este señor, nos pasa como a Don Quijote con la verborrea de su escudero Sancho Panza, porque cada vez que Iglesias abre la boca nos dan, como al manchego, «tragos de tormento». En efecto, lo primero que hizo Iglesias fue decir que el caso de Puigdemont, su situación, era similar a la del prófugo Carles Puigdemont. Hasta el socialista Chimo Puig explotó ante semejante superchería, diciendo que no había equiparación posible entre ambos casos. No obstante, el líder comunista no se cortó un ápice y, sin tener en cuenta la situación de déficit en la que encuentra nuestro país, se lanzó al abismo de la insensatez proponiendo la creación de “una compañía energética estatal”, ampliando lo público. Para este señor el hecho de que, según él, España esté a la cola de Europa en cuanto a nacionalizaciones le parece un absurdo. Seguramente sería un defensor del INI de tiempos del franquismo. No parece que sea un estudioso de la economía cuando se olvida de que, la administración de un país en manos del Estado y no de la iniciativa privada y el libre mercado, siempre ha fracasado cuando se ha intentado. La burocratización y el abortar la figura del emprendedor que invierte su peculio en una empresa para intentar sacar provecho de ella, nunca se puede sustituir utilizando funcionarios que saben que su sueldo no depende de los resultados de su obra. Sin competitividad no se crea riqueza ni se regulan los precios, siempre bajo las leyes de la oferta y la demanda.

Pero cuando ya se pierden los papeles, se cae en la chabacanería, se recurre a insultos y se generaliza hasta llegar al absurdo, es cuando el señor Iglesias, pierde la compostura, deja que broten de su interior sus peores instintos y sin contención alguna, a la pregunta del periodista: “Son los ricos y los poderosos tan malos como pensaba?, no duda un momento en responder: “ Son peores(…”Ningún rico ni ningún poderoso está dispuesto a aceptar cualquier decisión, por muy democrática que sea, si afecta a su poder. Sé que es duro, pero es la puñetera verdad” Por supuesto, señor Iglesias, su puñetera verdad. En primer lugar una curiosidad. Las izquierdas utilizan el mismo lenguaje que los separatistas catalanes y vascos: “democracia”, pero aplicada de un forma particular que normalmente se refiera a que lo que es democrático es lo que les conviene a sus objetivos y todo lo que suponga contradecirlos, oponerse a ellos o luchar contra su aplicación para ellos siempre es una actitud antidemocrática. El señor Sánchez y su equipo gubernamental continuamente reprochan al PP que no les apoye en sus propuestas parlamentarias cuando, precisamente, la misión de la oposición es evitar que el gobierno, amparándose en su mayoría, pueda llevar a cabo acciones o promulgar leyes que, a criterio de quienes tienen la obligación de defender a sus votantes, pudieran resultar perjudiciales para los españoles o para la misma nación. Esto es precisamente la democracia y no es el camino para mantenerla, señor Iglesias, maquinar para acaparar el poder intentando hacerse con el legislativo, el ejecutivo y el judicial, como está procurando que suceda, con un descaro verdaderamente exasperante, el actual gobierno del que forma parte. La contradicción que supone que el señor Pablo Iglesias actúe como un nuevo Mr. Hyde Mr. Herkill, según hable desde el estrado del Parlamento o desde su calidad de ministro (en ocasiones es muy difícil saber desde cual de dichos personajes, que se acumulan en su persona, lo hace) o, incluso, cuando actúa como agitador profesional y como representante del comunismo más radical, puro y duro.

O así es como, señores, desde la óptica de un simple ciudadano de a pie, que se siente humillado porque un personaje como Pablo Iglesias, un rico o nuevo rico que reside en uno de los barrios más selectos y exclusivos de la comunidad madrileña ( el barrio de Galapagar) con escolta de la guardia civil, insulte a personas, empresarios o no, por ser ricos, por haber trabajado toda su vida, por haberse esforzado en estudiar, aprender, mejorar, crear riqueza, proporcionar trabajo a miles y millones de trabajadores, que gozan de sus derechos sociales y están defendidos por las leyes del Estado, sin que sea preciso que un señor como Vd. un don nadie que nunca a dado un palo al agua, un individuo que, seguramente, con sus fobias empresariales y demagogia, ha enviado a más personas al paro de los que cualquier empresario, siempre a desgana y para intentar salvar la empresa y el trabajo para el resto de sus empleados; porque los comunistas y estos sindicatos que se quejan de la poca influencia porque se les quitó la potestad de intervenir en convenios - lo que, a diferencia de lo que se pudiera pensar, ha mejorado las posibilidades de acuerdo entre empresarios y trabajadores que son los que, en definitiva, saben lo que quieren y lo que les conviene – en definitiva lo que intentan en crear el descontento en la clase trabajadora porque del caos siempre sacan beneficio. La frase de hoy corresponde a un republicano, don Manuel Azaña :”Os permito, tolero, admito, que no os importe la República, pero no que no os importe España. El sentido de la Patria no es un mito”.

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Los separatistas odian a Cataluña

Sergio Fidalgo okdiario 22 Enero 2021

Los separatistas se llenan la boca sobre su presunto amor a Cataluña, como aman “su” tierra, “su” lengua, “sus” instituciones, “su” cultura. Pero no es verdad, en realidad la odian, porque sienten un rencor infinito hacia millones de conciudadanos que no comparten sus ideas, pero que son tan catalanes como ellos. No aman a Cataluña, sólo la visión de Cataluña que ellos tienen, una tierra empequeñecida y uniforme, en la que no cabe la discrepancia, en la que sólo se habla un idioma, se milita en una ideología concreta y en la que hay un gran enemigo exterior: España.

Por eso odian a Albert Boadella, a Joan Manel Serrat o a Isabel Coixet. Porque como no son independentistas, y son tres ejemplos brillantes de la cultura que se crea en Cataluña, les han de negar la condición de catalanes, les han de reducir a la condición de enemigos del “pueblo”, de agentes colaboradores con una dictadura siniestra, la encarnada en el “Estado español”. Los separatistas mandan así un mensaje muy claro: nos atrevemos con cualquiera que nos lleve la contraria por muy prestigioso que sea, así que mejor que os quedéis calladitos, porque si a ellos les linchamos, a vosotros os vamos a destrozar. Los viejos métodos de la mafia aplicados a la política catalana. A fin de cuentas, Oriol Junqueras siempre se sintió más cercano a Italia que a España.

Por la misma razón no paran de premiarse mutuamente: separatistas galardonan a separatistas con la Cruz de Sant Jordi, los premios cinematográficos Gaudí, el premio de honor de las Letras Catalanas y una larga lista de ‘honores’ que sirven para escoger a los gurús de la tribu y así todo el clan separatista sepa a quién seguir y adorar. De ahí que también estén tan obsesionados con contarse, y las entidades separatistas no paren de crear listados y aplicaciones digitales con las empresas ‘patrióticas’ o los comercios ‘patrióticos’, o los docentes pregunten a los niños y jóvenes en clase o en los exámenes las preferencias políticas y la lengua que hablan fuera del centro escolar. Buscan “señalar” para sembrar el miedo y así conseguir que muchos ciudadanos callen para confundirse con el medio ambiente secesionista.

Dentro de esta forma de actuar TV3 es una herramienta clave: en sus programas salen los “buenos”, los que merecen ser escuchados y queridos, y algunos “malos” muy “malos”, tertulianos no independentistas que defienden a lo que la elite separatista define como un país “paleto” y “franquista”, España. Cuando el Govern se gasta casi trescientos millones de euros en unos medios de comunicación públicos que cada día, y a todas horas, insultan a millones de catalanes lo hacen porque desprecian a los ofendidos. De hecho, la Generalitat da por buena la inversión, porque considera que los no secesionistas no son dignos de ser llamados ciudadanos. De ahí que no les importe intentar privarles de sus derechos cívicos y políticos. Por eso llenan de lazos amarillos y pancartas pro “presos políticos” ambulatorios, universidades y ayuntamientos. Esta es nuestra tierra y si no te gusta, ya sabes dónde tienes la puerta.

Cada “charnego” que coge la maleta vale doble: un voto menos para “España” y uno más para la “República”. A los separatistas lo que les gustaría es que no hubiera elecciones, sino plebiscitos, pero mientras sus golpes de Estado no triunfen y sigan formando parte de nuestro país, y por lo tanto tengan que aceptar las normas democráticas que establece nuestro sistema constitucional, seguirán haciendo la vida imposible a los que no piensen como ellos para crear artificialmente una mayoría electoral. Como la ingeniería social vía adoctrinamiento escolar y mediático durante cuarenta años no les ha sido suficiente, recurren a la muerte civil para acallar la disidencia. Cada vez que escuchen a un político separatista hablar de lo mucho que quiere a Cataluña recuerde que lo que en realidad quiere decir es que está locamente enamorado del sistema dictatorial que quiere implantar a los sones de un himno compuesto por Lluís Llach.

Junqueras acaba con el cuento de la lechera de Sánchez en Cataluña
OKDIARIO 22 Enero 2021

ERC ya le ha mandado un aviso a Pedro Sánchez: por mucho que el CIS cocine encuestas que elevan a Salvador Illa a lo más alto del podio en las elecciones catalanas, la realidad es que los golpistas catalanes siguen teniendo a Pedro Sánchez cogido por salva sea la parte. El mensaje es muy clarito: indulto a Oriol Junqueras y, nada más salir de prisión, derechito a la Presidencia de la Generalitat. Así que el cuento de la lechera relatado por el Centro de Investigaciones Sociológicas de José Félix Tezanos, al servicio del señorito de La Moncloa, se da de bruces contra la cruda realidad. Al fin y al cabo, son los golpistas catalanes quienes tienen en sus manos la permanencia de Sánchez en la Presidencia del Gobierno.

Hay que reconocer que la candidatura de Illa a las elecciones catalanas ha venido acompañada por una portentosa estrategia de propaganda, porque con dinero ajeno la factoría de ideas de La Moncloa hace virguerías, pero a la hora de la verdad el independentismo impone su ley: de modo que por mucho que el socialismo venda la posibilidad de un triunfo electoral de su candidato en los comicios catalanes, las posibilidades reales de que el PSC se haga con la Presidencia de la Generalitat son muy remotas.

Entre otras cosas, porque ERC no acepta otra cosa que no pase por convertir a su jefe en prisión en «molt honorable». Por mucho que desde La Moncloa presuman de haber dado un golpe de efecto con el nombramiento como candidato del actual ministro de Sanidad, lo cierto es que ERC juega con una baza a su favor: sus votos pueden descabalgar a Sánchez del poder. Ahora estamos en mitad del fuego pirotécnico desatado por el socialismo, eufórico por el «efecto Illa», pero lo cierto es que Pedro Sánchez depende del golpista Oriol Junqueras. Nada ha cambiado.

El inmoral electoralismo de Illa
Editorial larazon 22 Enero 2021

La pregunta que sobrevuela en el irracional debate político español, pero que no acaba de aterrizar y formularse con claridad, puede que por la consecuencias sobre la moralidad pública que conllevaría, sería ¿cómo es posible que el ministro de Sanidad de uno de los países con más muertos y contagios del mundo –el decimotercero– sea presentado como candidato a las elecciones catalanas? Es decir, como ejemplo de gestión, eficacia y honestidad.

Las respuestas son varias y ellas mismas nos ofrecen un ejemplo demoledor de lo que es la concepción política de Pedro Sánchez, su particular y poco edificante manera de entender el servicio público. En una lógica política clásica, lo normal sería que Salvador Illa hubiese presentado su dimisión al ser elegido candidato para encabezar las listas del PSC para la Generalitat. Pero la estrategia socialista se basa precisamente en el aprovechamiento que le ofrece su condición de ministro del departamento más público que por desgracia existe ahora. El uso es tan descaradamente electoralista que conculca las condiciones de igualdad con las que todos los partidos pueden participar en las elecciones. Este abuso de poder, del que ni él ni La Moncloa se dan por aludidos, tiene además efectos nefastos en la gestión sanitaria del coronavirus, no sólo por la dedicación exclusiva y escrupulosamente apartidista que se le exige, sino porque todas las sospechas se centran hacia un ministro que de manera intencionada busca el enfrentamiento con las comunidades autónomas que no están gestionadas por su partido. Es más, queda claro que el choque que el Gobierno provocó con la Comunidad de Madrid a raíz del confinamiento en la primera ola se revela ahora como una estrategia para dar forma a su perfil de candidato. Es incomprensible que siendo en exclusiva la función de Illa coordinar la acción de los comunidades en materia sanitaria, sea incapaz de encontrar el consenso, ya no sólo en lo que se refiere a la gestión de la vacuna –y sobre todo su compra y distribución–, sino ni siquiera en pactar una misma hora de toque de queda. Por ejemplo, no hay ninguna razón para negar que el toque de queda en Andalucía sea a las ocho de la tarde como propone la Junta, o aplicar confinamientos selectivos porque, argumenta Sanidad, debe valerse de las herramientas que ofrece el actual estado de alarma.

Todavía es más llamativo que ayer el CIS –cuya credibilidad es ya nula– hiciera público unos resultados de las elecciones autonómicas catalanas y, cómo no, diera ganador Illa. Una estrategia perfecta de La Moncloa en la que pone al servicio del PSOE todos las herramientas del Estado, apurando hasta donde pueda presentar al ministro de Sanidad –el de los 80.000 muertos, según el INE– como el mejor candidato. Es decir, el uso de la pandemia con fines electorales es un operación indigna.
 

 


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