AGLI Recortes de Prensa   Martes 26  Enero  2021

Covid 19: Los 11 meses que llevaron a España al podio mundial de mortalidad
Cynthia Díaz Nobile okdiario 26 Enero 2021

Se cumplen once meses desde que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmara por primera vez que España estaba preparada para hacer frente al coronavirus. Once meses desde que el ex titular de Sanidad pidiera a la población «no caer en falsos alarmismos». Once meses después de estas palabras, España registra su peor fin de semana de toda la pandemia, con una tasa de 900 casos de media por 100.000 habitantes.

El 31 de enero de 2020, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, calculaba que en España se iban a diagnosticar «como mucho, uno o dos casos» de coronavirus. Un día más tarde, el 1 de febrero, España confirma un caso positivo de un turista alemán en La Gomera. Unos días más tarde, el 09 de febrero, Baleares registraba su primer paciente infectado por Covid 19.

Durante esa primera semana de febrero, se empezaron a anunciar las primeras cancelaciones del Barcelona Mobile World Congress. Las empresas temían por la salud de sus empleados y el ritmo con el que avanzaba el virus. Sin embargo, el Ejecutivo español minimizaba el impacto del Covid 19. En este caso era la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que tranquilizaba al tejido empresarial: «tenemos uno de los mejores sistemas de salud pública».

Pocos días después del congreso, Francia registra su primer muerto por este virus. Italia registra 111 casos, 4 muertes y adopta medidas restrictivas. El 24 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera «muy preocupante el repentino aumento de casos del coronavirus Covid-19 fuera de China».

Pese a ello, el mensaje del Gobierno es claro: España no es china, y las mascarilas son una exageración. El 26 de febrero, Fernando Simón sostiene que «no es necesario que la población use mascarillas» e incide en la importancia de cambiar «todas esas ideas de que esto es China”. Es más, ese mismo día, el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, afirma en un programa de televisión que el coronavirus «no es más que una gripe».

El 1 de marzo España ya registra 73 casos de coronavirus. La titular de Economía, Nadia Calviño, considera que las cuentas del país no se verán afectadas por el virus. Durante un desayuno informativo, Calviño aseguraba que «la epidemia del coronavirus tendrá impactos poco significativos y transitorios en España».

A tan sólo 4 días de la manifestación feminista del 8M, los casos siguen aumentando en España, pero parece que lo importante es mantener la agenda. En una entrevista, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, llama a la participación de las mujeres en la manifestación. «Les diría a las mujeres que vayan a la manifestación del 8M porque les va la vida en ello».

Tras una manifestación con la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la cabeza, el 09 de marzo España eleva de nivel de alerta de contención a contención reforzada por el avance del virus. Un gesto que no merma el optimismo del Gobierno. Carmen Calvo insiste en que «la economía va a seguir creciendo, como dicen todos los indicadores de los organismos nacionales, pero también de los organismos internacionales».

El 11 de marzo la OMS declara una pandemia mundial, la Comunidad de Madrid cierra los centros educativos y el Banco Central Europeo (BCE) advierte de que el coronavirus puede provocar una crisis semejante a la crisis financiera de 2008. No obstante, Fernando Simón lanza un mensaje esperanzador España podría acabar en dos meses con la transmisión del virus. El 12 de marzo, tras estar en primera línea del 8M, Irene Montero, da positivo. Su pareja y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, dice a través de redes sociales que se va a confinar.

El 14 de marzo, tras un consejo de ministros extraordinario, al que acude Iglesias- salándose la cuarentena-, España decreta el estado de alarma. La movilidad queda restringida y la actividad económica paralizada con el fin de evitar la propagación del virus. Las ruedas de prensa pasan a estar bajo el control del Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. A partir de este momento, toda pregunta que se quiera trasladar al Ejecutivo, pasará por su filtro.

El 20 de marzo Madrid levanta en 29 horas el hospital de campaña en Ifema. Un día más tarde, Sánchez anuncia la compra masiva de test rápidos. Unos 650.000 test rápidos defectuosos. Las pruebas no estaban homologados y cuenta con una fiabilidad del 30%.

A un mes del decreto de estado de alarma, el 14 de abril, el ministro de Sanidad sostiene que entre todos «estamos doblegando la curva, insisto, a un mes de estado de alarma, estamos doblegando la curva».

Ahora el objetivo parece ser controlar a los críticos. El 19 de abril, durante su comparencia en La Moncloa, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, reconoce que trabajan para minimizar «el clima contrario» al Gobierno por su gestión de la crisis generada ante la pandemia.

El 06 de mayo el Gobierno se niega a dar los nombres de las personas que componen el comité de expertos de la pandemia. Tras dos meses de estado de alarma y una gestión más que cuestionable, España empieza a protestar contra Sánchez. Tan sólo durante aquellas horas en las que el Ejecutivo permite a la población salir a la calle.

El 25 de mayo, cuando España llora 29.000 muertos por coronavirus, el Gobierno lanza la campaña Salimos más fuertes. El país empieza a ‘desconfinarse’ para permitir la entrada de turistas a nuestro país. El 18 de junio la Comunidad de Madrid pide hacer pruebas PCR a las personas procedentes de fuera de España a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. El Gobierno de Sánchez rechaza la petición de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Tras el verano, España se ve envuelta en la segunda ola de la pandemia. El 25 de octubre, Pedro Sánchez decreta por segunda vez el estado de alarma. En esta ocasión durará hasta mayo de 2021. El presidente anuncia que rendirá cuentas cada dos meses.

En diciembre, el líder del Ejecutivo se infecta de coronavirus. Todavía sin pruebas PCR en los aeropuertos españoles, llega la cepa británica a nuestro país.

Intervenir el mercado del alquiler es puro comunismo
OKDIARIO 26 Enero 2021

En su obsesión por confiscar el mercado de la vivienda, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no renuncia a mentir. Ahora asegura en Twitter que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución pidiendo que se regulara el precio del alquiler. Falso, el texto final suprimió precisamente un párrafo del punto 40 del borrador previo a la resolución que hacia alusión indirecta al control de los alquileres. Que nadie se engañe: fijar, como pretende Podemos, un precio máximo de alquiler representa una forma trasnochada de intervencionismo, pues alterar artificialmente la ley de la oferta y la demanda sólo conseguirá que los propietarios no saquen al mercado del alquiler sus inmuebles y, en consecuencia, los precios suban y aflore el dinero negro.

Alquilar en España se ha convertido gracias al Gobierno socialcomunista en un ejercicio de alto riesgo. Topar el precio máximo del alquiler o legalizar la okupación, aunque sea con carácter temporal, son métodos confiscatorios propios de regímenes comunistas. En definitiva, lo que está haciendo el Ejecutivo es atentar contra la propiedad privada de una manera que no tiene precedente en un Estado de Derecho, pues genera una descomunal inseguridad jurídica. Que Pablo Iglesias mienta no es ninguna novedad, pero que lo haga de forma tan grosera revela la catadura moral de un personaje que se ha subido a lomos de la hipocresía. La UE no secunda sus medidas confiscatorias en materia de vivienda, sino todo lo contrario.

El problema del acceso a la vivienda es una realidad incuestionable, pero la Constitución insta a los poderes públicos -o sea, a Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno- a resolver la situación de una manera radicalmente distinta a como pretende el líder podemita, respetando, faltaría más, la propiedad privada. Vivir en un chalet blindado por la Policía es un privilegio del que no gozan el resto de españoles, temerosos de que les entren en su casa. Pablo Iglesias e Irene Montero pueden dormir tranquilos: a ellos no les van a «okupar» el casoplón.

El corte de mangas a las Cortes
Francisco Marhuenda larazon 26 Enero 2021

Es curiosa la escasa predisposición que tiene el gobierno socialista-comunista al control parlamentario y que contrasta con lo que decían los integrantes de la coalición cuando estaban en la oposición. Es algo que nos diferencia, desgraciadamente, de los países de nuestro entorno. A pesar de la falta de memoria que muestran algunos políticos y periodistas frente a lo que decían en los tiempos que gobernaba el centro derecha, no todos necesitamos acudir a la hemeroteca para recordar sus palabras. Lo del «plasma» era una cantinela cansina que repetían hasta la saciedad, pero que en estos tiempos de la Nueva Política se ha visto eclipsado con una práctica donde la comunicación se ha visto sustituida, con indudable eficacia, por la propaganda gubernamental. Durante los meses del confinamiento, nos deleitaron con las homilías semanales del presidente y que pronto se vieron complementadas con el pintoresco sistema, aunque muy cómodo, de las preguntas seleccionadas. La Nueva Normalidad trajo, cuando se nos anunció la hercúlea victoria gubernamental sobre el «bicho», una Nueva Política en la que incomodaba a la izquierda política y mediática el control en el Congreso, porque la malvada oposición «crispaba» con sus preguntas y sus críticas.

El colofón del despropósito de la Nueva Política ha sido un estado de alarma, cuya ineficacia es clamorosa, donde se ha hurtado el control parlamentario y teníamos que darnos por satisfechos con las ruedas de prensa Illa o Simón. Como es una coalición de socialistas y comunistas, no hay que criticar cosas tan obvias como el compromiso presidencial de reformar el marco legal para hacerlo más eficaz en la lucha contra la pandemia. La lista de incumplimientos gubernamentales es tan grande que nos hemos acostumbrado a que se diga una cosa y se haga justo la contraria. No hay mejor coartada que la pandemia. Y ahora tenemos un ministro de Sanidad que abandona el cargo saliendo por la puerta de servicio, eso de atrás me parece excesivo, sin hacer un balance de su gestión. No hay duda de que es un gobierno ausente y eso sin entrar a valorar los ministros que se dedican al arte de la abstracción y el aburrimiento. Otros ocupan su tiempo en poner palos en las ruedas a sus compañeros de gabinete. Todo muy ejemplarizante. El Parlamento es la esencia de la democracia y mal vamos cuando se le ignora de una forma tan obscena. La incomparecencia del máximo responsable de la lucha contra la pandemia es, simplemente, un desprecio a las Cortes Generales. Es decir, un monumental corte de mangas.

Un Gobierno sin control
«La inactividad parlamentaria sitúa al Legislativo en la marginalidad política»
Editorial larazon 26 Enero 2021

Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma –se publicó en el BOE el 25 de octubre de 2020–, se incluía a su vez no rendir cuentas en el Congreso en el plazo de dos meses. Se aprobó precisamente aprovechando la situación provocada por el avance de la pandemia, pero Pedro Sánchez aprovechó la situación para hacer un uso en beneficio propio de la puesta en marcha de dicha legislación de excepción. No dudó en cumplirla, pero sólo en la parte que tenía que ver con el control que el Congreso debe ejercer sobre el Ejecutivo, que directamente cercenó, incluso en casos tan especiales como el que se está viviendo, mientras que asumió todos los poderes que le otorga la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio.

A pesar de que el Gobierno descarta tomar medidas tan duras como las del confinamiento, quería disponer de una legislación que le protegiera en caso de que la situación empeorase, como es el caso, y que amparase esa excepcionalidad política de no ser sometido a control parlamentario. Después de que el 29 de diciembre el Congreso diera el visto bueno a la prórroga del estado de alarma –recuérdese que Sánchez abandonó la sesión, lo que se interpretó como un desprecio al control del Legislativo–, el presidente del Gobierno se veía obligado a comparecer cada dos meses a rendir cuentas ante la cámara, pero sin que se realice votación alguna, lo que ha cumplido escrupulosamente. La última vez fue el 16 de diciembre y la próxima será el próximo 19 de febrero, dos meses después, y una vez se hayan celebrado las elecciones catalanas del 16-F, si es que al final se mantiene la fecha.

Ni siquiera Sánchez deberá comparecer a los cuatro meses para reclamar –el 9 de marzo– la prórroga, si es que fuera necesario, algo que es inevitable según la evolución de la pandemia, sino que podrá hacerlo ante la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud. Es decir, que el presidente del Gobierno dispone de plenos poderes, y como muestra de que los va ejercer está que no ha atendido a las peticiones del PP, el primer partido de la oposición, para que un pleno extraordinario diera cuentas de asuntos como el reparto de los fondos europeos contra la pandemia, un tema que no es menor y que va a marcar un equilibrio territorial necesario –a no ser que quiera explotarlo–, el acuerdo entre el Reino Unido y España sobre Gibraltar una vez se ha formalizado el Brexit, o incluso el desastre causado por la borrasca Filomena, que le debe parecer un asunto prescindible o, como también con la pandemia, la responsabilidad acabe siendo de las autonomías. Con una agenda mínima por parte del Rey, bloqueado el Consejo General del Poder Judicial, sólo quedaba un poder legislativo neutralizado. El parlamento ha perdido el centro de la vida política y va camino de ser una institución más del Estado al servicio de Pedro Sánchez.

La destrucción de España sin lucha.
Nota del Editor 26 Enero 2021

El dr cum fraude, el comunista y todos sus cuates están trabajando seriamente en la destrucción de España. Hablar, en estos momentos, de control del gobierno  es apoyar el suicidio durante la eutanasia de España.

Pandemia fuera de control
Editorial ABC 26 Enero 2021

El ministro Salvador Illa se despide hoy de Sanidad para encabezar la lista del PSC a las elecciones catalanas con la pandemia descontrolada en España, sin haber comparecido en el Congreso desde que se reinstauró el estado de alarma, y con las autonomías desprotegidas e indefensas ante la inoperancia del Gobierno para resolver la creciente dificultad de recibir vacunas. Illa fue despedido del Congreso prácticamente a bastonazos por parte de todos los grupos parlamentarios, incluido Podemos, su socio de gobierno, por huir en pleno pico de contagios de la tercera ola, y cuando media docena de autonomías superan ya las dramáticas cifras de marzo o abril. Es una fuga por conveniencia electoral con la que Illa desprecia al Parlamento y retrata su falta de ética política en la gestión de una crisis de esta magnitud.

El panorama es muy desolador. Madrid ve imposible cumplir el calendario de vacunación por la sencilla razón de que el Gobierno es incapaz de explicar los retrasos y la disminución drástica de distribución de dosis. De hecho, en todas las comunidades queda el remanente justo para cumplir como mucho con la segunda dosis de aquellos ciudadanos vacunados dos semanas atrás. Pero nada más. A su vez, Galicia decretó el cierre de todos sus municipios con medidas extremas de restricción de movimientos, aislamiento social y controles hospitalarios. La Comunidad Valenciana admitió abiertamente que la pandemia está fuera de control, y contabilizó ya más muertes, más ingresos médicos, y más diagnósticos de positivos que en la primera fase de la enfermedad. Extremadura y Murcia rebasan ya con creces la tasa de mil contagios por cada 100.000 habitantes, superando hasta límites muy peligrosos los 200 que recomienda la OMS para decretar un confinamiento estricto. Y Andalucía se situó en 911, al límite de esos mil casos. Y todo ello, mientras la Unión Europea dibujaba en un mapa rojo la gravedad de la evolución de la epidemia en España: primero, recomendando confinamientos en aquellos lugares donde se produzcan más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, lo que afecta a todo el país excepto a Asturias, Canarias, País Vasco y Navarra; y segundo, estableciendo un cierre fáctico de fronteras para evitar más dispersión vírica.

Illa se va cuando de nuevo España se encuentra a ciegas, dejando tras de sí una gestión nefasta, sin admitir que ya han fallecido unas 80.000 personas, con un portavoz achicharrado como Fernando Simón, y abandonando a las autonomías a su suerte a cuenta de una «cogobernanza» fallida. Peor aún, el candidato socialista se despide acompañado de un continuado acto de propaganda electoralista de varios días. Comenzó el viernes, cuando Miquel Iceta anunció que Illa saldría hoy del Consejo de Ministros; continuó el sábado durante el Comité Federal del PSOE, convertido en un mitin triunfalista y no en un órgano de debate del partido; y siguió ayer con la demagógica visita de Illa junto a Pedro Sánchez y a su previsible sustituta, Carolina Darias, a la Agencia Española del Medicamento, precisamente el día en que se agotan las vacunas y crecen las críticas desde todas las autonomías. Con Illa de campaña -es el único candidato que tiene objetivamente en su mano aplazar los comicios catalanes-, y con Sánchez desaparecido ante la oposición y ante la prensa, ya no hay lugar para la fiscalización parlamentaria de su gestión. Ambos huyen como si permanecer bajo un estado de alarma, otra vez con más de 400 muertes diarias, fuese un indicativo de normalidad democrática. Y no lo es en absoluto.

La impunidad del inepto
Editorial https://gaceta.es/  26 Enero 2021

Con el Código Penal en la mano, poco se ha reflexionado en España sobre qué es más perjudicial para la sociedad, si un político inepto o un político corrupto. A falta de esa reflexión más profunda, lo que sí sabemos es que los mismos españoles que hoy deploran la corrupción económica y los mismos partidos ‘de Gobierno’ que se rasgan las vestiduras ante los casos de corrupción, son los mismos que siguen votando a los incompetentes que presentan esos mismos partidos en sus listas cerradas sin entender que la impunidad de los ineptos también es corrupción.

Si hasta ahora la prueba de esta corrupción era la propia pervivencia del PSOE como partido de Gobierno después de generar millones de parados en todas sus etapas al frente del Ejecutivo, este ejemplo ha quedado pequeño en comparación a lo que representa para la democracia española el caso de Salvador Illa.

El ministro de Sanidad cesa en su cargo para ser el cabeza de lista de los socialistas en una región como Cataluña, se marcha de su puesto al frente de la sanidad española con un balance de mentiras, falta de previsión y gestión ideologizada que ha colaborado necesariamente para la muerte de cerca de 85.000 españoles, por no hablar de la ruina de cientos de miles de pequeños empresarios y de un estado de desconfianza general en la sociedad española que costará décadas remontar.

Que Illa se marche de su puesto es una buena noticia. Que lo haga para liderar una región que malvive en una crisis social sin precedentes, es una mala noticia. Que lo haga sin rendir cuentas de su gestión es una mancha indeleble para el sistema democrático español. Con el Parlamento bloqueado por la mayoría socialcomunista y secesionista, y con la Fiscalía General del Estado bloqueando con desvergüenza querellas y demandas contra el Gobierno, Salvador Illa termina su funesto paso por el Ministerio de Sanidad sin tener que explicar ante nadie su terrible gestión, ni por lo político, ni por lo criminal.

Este acto de bloqueo de la posibilidad de que un incompetente —cuanto menos— rinda cuentas ante la sede de la soberanía nacional y ante los tribunales, es un acto despótico, propio de dictaduras corruptas y no de un Estado social y democrático de Derecho.

La única esperanza que queda es que no lo olvidemos.

Simón es un síntoma
Enrique García-Máiquez. https://gaceta.es 26 Enero 2021

Increíblemente me he equivocado bastante poco en mis predicciones políticas, aunque arriesgo lo mío y llevo dieciséis años haciéndolas casi a diario. Sin embargo, con Fernando Simón, sí, del todo, garrafalmente. En cuanto dijo que España no iba a tener como mucho más allá que algún caso diagnosticado y enseguida empezaron a morir personas por decenas de miles [sic], me pregunté en un artículo por qué el presidente del Gobierno no lo destituía de inmediato. Me marqué una columna respondiendo a esa pregunta.

Aventuré que no lo destituía ipso facto por puro maquiavelismo. La gripe seguiría y el pueblo español, espantado del horror, de la gestión y del daño a la economía, pediría responsables. En ese momento, Pedro Sánchez saldría como Salomé con la cabeza de Simón en una bandeja de plata. Por el mecanismo sacrificial, que tan bien nos ha explicado René Girard, eso aplacaría la fiera de la indignación y desviaría la responsabilidad de Sánchez. Sin aguantar a Fernando Simón hasta el momento justo se quedaría sin el burladero del chivo expiatorio.

Pero pasaron los meses y los muertos, y Fernando Simón siguió equivocándose. El director del Centro de Emergencias aseguró repetidamente que las mascarillas no servían para nada, aunque es lo único que sirve; se fue de vacaciones con una falta de empatía total a las víctimas; se fue a la tele; contó chistes; habló de comités de expertos, volvió a equivocarse de olas (no de las de surf en Portugal); y ahora el impacto marginal que aseguró de la cepa británica es ya la cepa dominante. Paralelamente a todo esto, buena parte de la sociedad española lo escogió de icono, y se hizo hasta camisetas con su rostro. A estas alturas, contra mi pronóstico girardiano, la gestión de Sánchez y la suya son solidarias y están fundidas.

Por supuesto, hay que rechazar cualquier tipo de solidaridad de Sánchez, que quizá sólo cambió de planes sobre la marcha. Si mantuvo a Simón y se ha abrazado a él es porque le interesa. ¿Y cómo puede ser?

Porque Simón es un síntoma. Y un síntoma doble, además. Por un lado, es el efecto del profundo partidismo que divide a la sociedad española. Los votantes del PSOE y de Podemos son incapaces de criticar a un técnico que se ha equivocado tan ostentosamente y con tan graves consecuencias sencillamente porque lo sienten suyo. A partir de ahí, el sistema electoral hace de perfecto mecanismo de seguridad de la incompetencia. ¿Cómo? Pues como el voto está tan parcelado en nichos ideológicos, Sánchez no tiene que gobernar para todos ni siquiera en asuntos tan vitales como éste. Ha de concentrarse en contentar a sus votantes. Y éstos, cegados por el combate mediático, verían mal cualquier cesión a criterios ajenos a la política, aunque sean médicos y del bien común, si los defiende el contrario.

Decía que el síntoma simoníaco era doble. Ojalá fuese sólo partidismo. La simpatía que despierta el personaje no es a pesar de su torpeza y su falta de excelencia profesional, sino por ellas. Lo explica a la perfección el gran Olavo de Carvalho en su libro Todo lo que usted necesita saber para no ser un imbécil, citando las observaciones del psicoanalista Luiz Fernando Py.

Hay gente tan acomodada en su mediocridad que termina rindiendo homenajes sólo a quien sienten que no es mejor que ellos mismos, de modo que se desactiva la envidia y, sobre todo, la invitación al esfuerzo emulativo que conlleva el prestigio. La gente acaba «enalteciendo al que es estúpido o gris para no confesarse humillada ante el brillo, la gracia y el talento de nadie», detecta literalmente Carvalho.

La acción encadenada de ambos factores, el político-partidista y el psicológico-complaciente, hacen que tengamos a un responsable sanitario que, como mínimo, es un imprudente patológico, pues siempre hace predicciones aventuradas que los hechos le desmienten al poco tiempo. El problema de fondo es que ambos elementos no trabajan sólo en el caso de Simón. Son constantes estructurales que pueden hacernos tener a los peores políticos y técnicos en una progresión alarmante, porque todo irá a más.

Para salir del círculo vicioso hay que denunciarlo con claridad y exigir a todos que, a pesar de las legítimas simpatías políticas, seamos capaces de distinguir al incompetente patentado de la persona capaz. En los dos sentidos: denunciando al torpe de nuestra cuerda, si llega el caso; y alabando al profesional de la otra, si merece un reconocimiento.

En segundo lugar, tenemos que elevar el nivel de excelencia a nuestro alrededor para desactivar el chabacano recochineo en la chapuza que se ensancha como una mancha de aceite. Hacer las cosas bien, no reír las gracias a quien mete la pata y, finalmente, agradecer a los mejores que con su ejemplo nos exijan y aguijoneen la conciencia. Urge admirar a quienes de verdad lo merecen.

Una pandemia de la que la izquierda saca provecho, ¡Inmoral!
Y mientras tanto, aprovechando la vigencia del estado de alarma y manteniendo a los ciudadanos pendientes de la epidemia que asola nuestro país, ellos, de matute, van colando decretos ley para ir formando o tejiendo, como prefieran, su especial cordón sanitario entorno a la Constitución
Miguel Massanet diariosigloxxi 26 Enero 2021

Puede que no sea correcto ponerme como ejemplo, acaso es que, de alguna manera, siento que en este caso, en mis circunstancias particulares por razón de mi edad, 90 años, puedo sentirme más sensibilizado hacia este desbarajuste gubernamental, presidido por el ministro señor Illa en colaboración con este prodigio de la rectificación y vergüenza de los adivinos, este científico politizado, señor Fernando Simón, un personaje que si alguien en el actual Gobierno tuviera algo de vergüenza ya haría meses que se le hubiera enviado a surfear un tsunami en aguas del Pacífico, lejos de nuestra nación y de los supuestos y nunca conocidos miembros de este comité fantasma que el señor Sánchez mencionaba para justificar sus acciones descoordinadas y erróneas en lo que ha sido la peor gestión de la pandemia del Covid 19 en toda Europa.

Se supone que una persona de mi edad, que ya ha consumido lo que se podría calificar como la parte sustancial de su existencia o, si se prefiere, ya está gastando la gasolina de la reserva del depósito de la vida que, por añadidura, forma parte por derecho propio de esta parte de la ciudadanía que está expuesta, más directamente, a contagiarse del coronavirus aunque, por la gracia del Señor, puede seguir valiéndome por mi mismo y he evitado, con uñas y dientes, que se me planteara la sola posibilidad de recluirme en una de estas “casas de la muerte” en que se han convertido los asilos o “residencias de ancianos”, en los que la pandemia ha entrado a saco llevándose la vida de miles de los pobres internados que han sido las víctimas preferidas de este maldito virus que, pese a las predicciones del señor Simón, que estuvo hablando “de unos pocos casos aislados de poca importancia” y estamos viendo que está asolando España entera; creo que debería haber recibido alguna notificación; algún adelanto en cuanto a la fecha en la que estaba prevista la vacunación o, simplemente, una circular en la que se hablara de aquellos ancianos, no recluidos en casas de acogida, y del momento en el que se los iba a tener en cuenta.

Insisto en que nadie entienda que busque preferencia alguna, porque me considero un privilegiado por haber conseguido esquivar el contagio hasta ahora y tengo la capacidad de saber y poder cuidarme sin que precise la asistencia de nadie, miento, sí la preciso de quien tiene en sus manos el destino de cada uno de los mortales. Pero cuando nos enteramos de que se dice que todos vamos a ser vacunados y luego resulta que no llegan las vacunas suficientes; lo mismo de cuando un eufórico presidente, Pedro Sánchez, en los meses pasados, dijo solemnemente que se había superado la pandemia gracias a los buenos oficios de nuestros gobernantes y, luego, ha sido el mismo Covid 19 y sus nuevas cepas quienes se han encargado de desmentirlo y dejarlo en el más espantoso ridículo, aunque, de todos es sabido, que este personaje es del todo impermeable a cualquier tipo de vergüenza o sentido de lo grotesco o lo chusco porque es inmune a cualquier sentimiento que no esté relacionado con su ego.

Pero, así como no ha dado ocasión a que una comisión de entendidos, especialistas en economía, de independientes suficientemente capacitados y personas de reconocida solvencia en temas de crisis económicas, fueran los encargados de estudiar la situación, grave situación, en la que España y su economía nacional se encuentran, para que fueran ellos los que se encargaran de repartir, según un criterio científico y justo, dando preferencia a aquellos sectores más vitales y que han salido más perjudicados por la crisis del virus; cometiendo la ligereza, o hay quien lo calificaría de cacicada, de atribuirse, el mismo señor Sánchez, la función de repartir lo que recibamos de Bruselas directamente, lo que, nadie lo pone en duda, significará que, salvo que las autoridades comunitarias le pongan freno, el dinero que estaría destinado a poner en marcha nuestra recuperación económica y preservar el empleo, va a ser destinado a favorecer a quienes son los socios que están sosteniendo a este gobierno desde el Parlamento de la nación. Así pues, en el caso de cómo se distribuyen las vacunas y de la preferencia con la que deben aplicarse, es esencial determinar quienes deberían ser los primeros que deberían recibirlas y atenerse de forma rígida a las preferencias vigilando que no se cometan anomalías, trucos o martingalas en un tema tan importante y del que depende que tanta vidas puedan ser salvadas o por el contrario, por dejadez y falta de unos criterios claros y eficaces, por cuestiones de pequeñas venganzas políticas o por razones de tipo electoral, se prime de forma solapada a quienes se desee premiar o a quienes se pretenda comprar, para asegurarse, mediante semejante canallada que se los mantenga en el poder.

El que militares del JEMAD se hayan adelantado en vacunarse con anterioridad a que reciban sus dosis los militares de la UME que están directamente enfrentados, en su lucha contra la pandemia del coronavirus, a los peligros del contagio, nos parece algo intolerable, aunque probablemente ellos no son del todo culpables. Pero lo que sí indica es que la logística, la vigilancia, la gestión y la dirección que debiera haberla asumido directamente el Gobierno, a través de las facultades otorgadas por el estado de Alarma ( que es a quien se las otorga, no para que las vaya delegando a cada autonomía) lo que hubiera evitado que, como aquello de que “cada maestrillo tiene su librillo” cada una de las 17 autonomía que tenemos en España haya hecho de su capa un sayo y haya intentando hacer lo mejor, según su particular criterio, lo que, evidentemente, no quiere decir que hayan acertado en lo que hubiera sido lo mejor para todos. Pero, como siempre, nos volvemos a encontrar con un Gobierno de la nación que, por delante de todo, quiere evitar que se le puedan atribuir los fracasos y, para ello, delega a los distintos gobiernos autonómicos el que tomen las decisiones que les parezca, salvo, y vean ustedes las contradicciones de tipo totalitario en las que incurren quienes nos gobiernan, cuando a alguna de las autonomías en las que gobiernan partidos que no pertenezcan al grupo que apoya al gobierno filo-comunista, se le ocurre una idea como, por ejemplo, adelantar la hora de la cuarentena o atrasarla, en su caso. En esta tesitura, inmediatamente el departamento correspondiente del Ejecutivo pone en marcha a la Justicia por estimar que la autonomía de la que se trata no tiene competencia para poder hacerlo.

Aunque resulte odioso el tener que pensarlo, aunque cuesta imaginar que algún gobierno sea capaz de una manipulación semejante, o que existan personas con tragaderas para cometer este tipo de felonías, tenemos la impresión, y los hechos lo van confirmando, de que este gobierno de socialistas y comunistas se encuentra, en cierta forma, cómodo manejando esta pandemia. Es cierto que están quemando a personajes como Illa o el mismo Fernando Simón, pero al delegar la parte desagradable en las autonomías, el Gobierno ha logrado un cierto desahogo y de ello se ocupa la propaganda que se viene haciendo en los medios de comunicación adictos a la izquierda, que insisten, una y otra vez, en cargar las tintas en lo que para ellos, al menos es lo que les interesa, consideran “graves errores” de la comunidad Madrileña (gobernada por el PP) y dejan sin resaltar la grave situación que existe en Cataluña, donde el número de contagiados es uno de los más importantes de toda España.

Y mientras tanto, aprovechando la vigencia del estado de alarma y manteniendo a los ciudadanos pendientes de la epidemia que asola nuestro país, ellos, de matute, van colando decretos ley para ir formando o tejiendo, como prefieran, su especial cordón sanitario entorno a la Constitución, de modo que, aparentemente, sin que ello se enfrente de una forma directa con nuestra Carta Magna, ellos van vaciándola de contenido de modo que, cuando nos queramos dar cuenta, estaremos completamente en sus manos, a medida que nuestros derechos como ciudadanos vayan despareciendo, de decreto en decreto, en las misteriosas profundidades de los sucesivos BOE que, para el vulgo, son algo inaccesible y fuera de su control.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos van colando, ante una ciudadanía embobada por las propagandas en contra del capitalismo; los placebos en forma de grandes promesas de mejoras sociales que, naturalmente, pronto se van a dar cuenta los que han creído en ellas, de que son imposibles de cumplir a causa de tener un coste privativo; las campañas comunistas dirigidas a abolir la propiedad privada e ir introduciendo cambios que limiten el ejercicio del ciudadano sobre aquellos bienes que siempre ha considerado como un bien exclusivo del que disponer libremente. La campaña en contra de la libertad de los jueces es una de las que peores consecuencias puede suponer para la vigencia de un verdadero Estado de derecho pero, si Europa no toma cartas en el asunto, lo mismo que respeto a las sucesivas limitaciones del derecho a la propiedad, no cabe duda de que, en un corto plazo, pronto vamos a tener un cambio de régimen político en nuestra nación y, cuando esto suceda, ya podemos despedirnos de nuestra vida como ciudadanos de una nación libre. Y una frase de don José Mª Pemán que viene a cuento con lo que nos depara el futuro en esta España ingresada en la UCI: “¡Conviene sentir también la amargura del fracaso!

La terrible verdad de los Brigadistas Internacionales que homenajea la Ley de Memoria Democrática
José Luis Orella Libertad Digital 26 Enero 2021

En España todavía se defiende una imagen idealizada de las Brigadas Internacionales. Se inició cuando en 1996, el presidente del Gobierno, José María Aznar, ofreció la nacionalidad española a los brigadistas. Del mismo modo el actual Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros la concesión de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales supervivientes. Sin embargo, estos homenajes hacen palidecer a los historiadores de los países que sufrieron la represión comunista durante décadas. Los miembros de las Brigadas Internacionales que ocuparon cargos de responsabilidad política, militar y policial fueron varios centenares, pero el recuerdo que trasmiten a sus compatriotas es de verdadero terror.

Las Brigadas Internacionales fueron una organización militar que fue gestionada desde la Internacional comunista, directamente desde Moscú, aunque fueron los partidos comunistas, esencialmente el francés, el que procedió a la recluta de sus 40.000 miembros, en su mayor parte vinculados con el comunismo, aunque también participaron combatientes procedentes de otras formaciones revolucionarias. Su lucha era contra el fascismo, aunque los nacionales no lo fuesen, pero tampoco ellos querían implantar la democracia, sino un régimen comunista. El armamento y sus cuadros dirigentes fueron estalinistas. El diputado francés Andre Marty, organizador de las brigadas, sería apodado el carnicero de Albacete por sus numerosos asesinatos. En su informe al Comité Central del Partido Comunista Francés, afirmaba su responsabilidad en el asesinato de quinientas personas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, aquellos combatientes fueron el elemento humano del cual se nutrieron los nuevos cuerpos de seguridad fundados por los soviéticos, tomando como modelo al NKVD (policía política soviética). El final del conflicto mundial trajo la partición de Europa, y su parte oriental fue organizada como repúblicas comunistas bajo la dirección de sus nuevos amos. El alumno más aventajado en la represión será la RDA, (República Democrática Alemana) donde los "españoles", aquellos comunistas estalinianos coparon los puestos de represión. Wilhelm Zaisser, quien ya trabajaba para los servicios de inteligencia de la Unión Soviética antes de la Guerra Civil, sirvió en las BBII como "General Gómez", estando al mando de la XIII Brigada Internacional. En 1950 formó parte del Politburó y el Comité Central del Partido, siendo elegido el primer ministro para la Seguridad del Estado (la Ministerium für Staatssicherheit), conocida como Stasi. Su adjunto fue el general Erich Mielke, quien había asesinado en 1931 a dos policías durante la época de la república de Weimar, participando en España como agente del NKVD. En 1957 tomará el mando de la Stasi hasta 1989, siendo el verdadero responsable de la creación del sistema más opresivo del bloque soviético. La Stasi llegará a tener a 85.000 agentes bajo su mando y el doble como colaboradores ocasionales, que espiaban a sus familiares y vecinos.

Otro brigadista germano fue Friedrich Dickel, quien será el ministro del Interior desde de 1963 hasta la caída del muro de Berlín, siendo corresponsable del asesinato de 192 personas que intentaron cruzarlo al oeste, y de la represión en el país. Otro importante mando será el general Karl-Heinz Hoffmann, quien sirvió como comisario político en la XI Brigada Internacional. En 1949 fue inspector general de la "Volkspolizei" (VP) y el fundador de las fuerzas armadas de la Alemania comunista, en 1960 se convertirá en ministro de Defensa de la RDA. Los tres ministerios responsables de la seguridad (Interior, Seguridad del Estado y Defensa) estuvieron a cargo de antiguos brigadistas, que celebraron el 18 de julio como día festivo dedicado a las Brigadas Internacionales.

En el país vecino, Polonia, también los veteranos de la XIII Brigada Dąbrowski se harán tristemente famosos. El más famoso fue Karol Świerczewski, conocido como general Walter en España, aunque siempre luchó como oficial soviético durante la Guerra Civil Rusa, la Guerra Polaco-Soviética, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1946 Świerczewski alcanzó el cargo de Ministro de Defensa de Polonia por orden de Josef Stalin. Durante su mandato como ministro fue responsable de la persecución contra la oposición anticomunista polaca y la nacionalista ucraniana. Perecerá en una emboscada de estos últimos en 1947.

Otro brigadista será el general Grzegorz Korczyński, quien fue viceministro de seguridad pública (1946-1948), para aquel momento había sido responsable de un progromo en el pueblo de Ludmiłówka, durante la Segunda Guerra Mundial, donde eliminó a un centenar de judíos fugitivos de los nazis, después fue el responsable de la represión contra la oposición anticomunista en la zona de Lublin, participando dos años después en la "operación Vístula" que dispersó a la minoría ucraniana y eliminó a sus grupos armados. Fue también jefe de la Segunda Dirección del Estado Mayor del Ejército Polaco (1956-1965), encargado de la Inteligencia Militar y de la Seguridad nacional, mandando en diciembre de 1970 las unidades del ejército polaco que dispararon contra los obreros que se manifestaban contra el régimen, provocando la muerte de unos cuarenta de ellos, lo que provocaría su traslado a la embajada de Argelia. Uno de sus subordinados será Wacław Komar, en realidad Mendel Kossoj, veterano brigadista y jefe del Servicio de Inteligencia Militar y comandante del Cuerpo de Seguridad Interna de Polonia (KBW) hasta 1967, cuando los judíos fueron relegados de sus cargos de responsabilidad por una campaña oficial contra el sionismo.

Hungría será otro país satélite donde los antiguos brigadistas pondrán el rostro más terrible de la represión. El más importante será Erno Gerö, la segunda figura del comunismo estaliniano magiar, después del temido lacayo de Stalin, Mátyás Rákosi. Erno Gerö, en realidad su nombre era Ernst Singer, fue conocido en España como Pedro Rodríguez Sanz, y fue asesor del Partido Socialista Unificado de Cataluña y responsable de la NKVD en Cataluña, donde se dedicó a la eliminación de Andreu Nin y los militantes del POUM, por su desviacionismo trotskista. Durante la Revolución Húngara de 1956 Gerö será el hombre de Moscú contra sus compatriotas. Su servilismo será tan claro, que tendrá que refugiarse en la URSS, siendo reemplazado por János Kádár como nuevo líder colaboracionista de los soviéticos en el país magiar.
Otro veterano será László Rajk, encargándose de la represión y asesinato de los opositores anticomunistas y religiosos, estimándose en unos 1.500 los asesinados bajo su responsabilidad

Otro brigadista húngaro será András Tömpe, quien fue el fundador del departamento de la policía política Húngara de la nueva República Popular. Sin embargo, entrará en conflicto con uno de los poderosos comunistas estalinianos Gábor Péter, quien le sustituirá como director de la recién fundada Államvédelmi Hatóság (ÁVH), la NKVD húngara. Tömpe ocupará cargos diplomáticos en Suramérica donde hizo una gran fortuna. Otro veterano será László Rajk, antiguo comisario político del Batallón Rakosi de la XIII Brigada Internacional, fue organizador a las órdenes de Péter de la Államvédelmi Hatóság (ÁVH), convirtiéndose en 1946 en ministro del Interior, encargándose de la represión y asesinato de los opositores anticomunistas y religiosos, estimándose en unos 1.500 los asesinados bajo su responsabilidad. Sin embargo, László Rajk será acusado de titismo por Mátyás Rákosi, quien temía que lo sustituyese en el poder. El temido ministro fue detenido y juzgado, siendo ejecutado el 15 de octubre de 1949. Entre los casos de represión más sonoros había procedido al arresto y tortura del cardenal József Mindszenty, primado de la Iglesia católica.

Entre los veteranos brigadistas con mayor trayectoria política en el país danubiano estará Ferenc Münnich, otro comisario político del Batallón Rakosi de la XIII Brigada Internacional y después comandante de la XI Brigada Internacional en 1938. Fue jefe de la policía de Budapest, de 1945 a 1949, llegando a ministro con el comunista disidente Imre Nagy, pero huyó al lado soviético, con el estallido de la revolución de 1956. Después de la invasión soviética, formó parte del equipo colaboracionista de János Kádár como ministro de la Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, siendo el responsable de la represión de los rebeldes de 1956. Bajo su mandato organizó las Munkásőrség, la fuerza paramilitar del Partido Comunista. Su labor será premiada con el cargo de primer ministro de Hungría de 1958 hasta 1961.

En otros países los veteranos brigadistas también ocuparán cargos de relevancia como el albanés Mehmet Shehu que fue presidente del Consejo de Ministros de la República Popular de 1954 a 1981. Antes de su máxima responsabilidad ejecutiva, fue ministro del Interior (1948-1954), y fundador de la Sigurimi (policía política). Se suicidó en 1981. Al otro lado de los Balcanes, destacará Karlo Lukanov como viceprimer ministro de Bulgaria, quien fue oficial de la XI Brigada internacional, estableciéndose en la URSS, de donde regresaría a su país como colaboracionista de los soviéticos, donde será ministro de Asuntos Exteriores de 1956 a 1962, después de ocupar la vicepresidencia del gobierno.

Con esta descripción del fuerte protagonismo que tuvieron los brigadistas en los aparatos represivos de los países socialistas, podemos entender por qué en esas naciones, recobrada la democracia, las calles que estaban denominadas con letreros acerca de las Brigadas Internacionales o sobre sus más destacados militantes, hayan sido eliminadas, al ser juzgadas como un ejército político que propiciaba el establecimiento de un Estado totalitario incompatible con la democracia.

José Luis Orella es profesor titular de Hª Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU.

Celaá y los beneficios del analfabetismo
Domingo Domené. vozpopuli 26 Enero 2021

Tras la ley de Educación del actual Gobierno se atisba una voluntad de imponer ese "beneficio del analfabetismo" del que hablaba Theimer

En uno de los libros de los ya lejanos tiempos de mis estudios universitarios se lee: “Considera Hitler como una plaga la educación del pueblo; a los sometidos se les debía dejar el “beneficio del analfabetismo” (Historia de las ideas políticas. Walter Theimer, Madrid, 1960) Viene a ser lo mismo que alguien le dijo a Fernando VII: quitemos a la gente la funesta manía de pensar. Lo del “beneficio del analfabetismo” y “la funesta manía de pensar” son ideas, propósitos de todas las dictaduras -de derechas e izquierdas, se apelliden como les dé la gana- porque los analfabetos son más fáciles de manejar.

A finales de diciembre, vísperas de Nochebuena, el Senado aprobó una nueva Ley de Educación conocida vulgarmente como ley Celaá por ser esa ministra su promotora, que -aunque no lo diga expresamente- pretende extender a todos los estudiantes el “beneficio del analfabetismo” con su claro aire dictatorial, no sabemos si de carácter nazi o absolutista.

No es extraña esa aprobación, ya que el actual Gobierno social-comunista español es, por tendencia innata, totalitario aunque se vista de populista. Sus extraños y circunstanciales aliados los nacionalistas, esencialmente burgueses opuestos al socialismo, también son totalitarios por naturaleza, aunque lo disfracen con un tamiz de patrioterismo chusco.

Para conseguir el “beneficio del analfabetismo” la nueva ley les usurpa a los padres la capacidad de elegir la educación de sus hijos. Con esa decisión, el Gobierno no pretende educarlos, sino adoctrinarlos, liberarlos de la funesta manía de pensar. Por eso, porque la educación no es lo importante, la ministra Celaá viene a decir que aunque seas semianalfabeto puedes obtener el título de bachiller (¿también el de formación profesional y en el futuro el universitario?). Esto último puede que ya esté ocurriendo: a una señora sin ningún título universitario, esposa de un fake doctor, se le ha concedido un puesto docente en la universidad Complutense).

Todos somos políticos
Cabe preguntarse: ¿cómo es posible que alguien con dos títulos universitarios en humanidades y profesora de bachillerato como la ministra tenga tal ocurrencia? ¿Cuál será en el futuro la labor de los profesores: entretenedores, humoristas? Si para tener un perro potencialmente peligroso es necesario que su dueño supere un examen psicológico con el que se demuestre que no ni amo ni mascota son peligrosos, ¿por qué no se hace lo mismo con los politiqueros? (El sufijo -ero indica profesionalidad: zapatero, monedero, camionero, … Dado que, según Aristóteles, políticos somos todos, para evitar confusiones habrá que llamar politiquero a quien vive de la política).

Ítem más. Resulta insultante que el PSOE, único partido que se autodefine en sus siglas como español (lo que hoy es dudoso), no defienda el aprendizaje de la lengua oficial en los centros educativos públicos de las regiones bilingües. Como dice algún seguidor de Celaá, es cierto que todos los que se instruyan en esos centros hablarán español, se pongan como se pongan “los hunos y los hotros” (Unamuno); pero, también se puede afirmar que gran parte de ellos serán semianalfabetos, muchos ya lo son, en la lengua materna hablada en más países, incluido el Reino de España, que es el de su nacimiento y crianza.

Gran parte de los alumnos de colegios públicos, originarios de la clase media baja o de la puramente baja, disfrutarán -muchos ya disfrutan- del “beneficio del analfabetismo” y por eso serán, son, ciudadanos de inferior categoría profesional. Como serán inútiles para muchas cosas, puede que algunos se conviertan en rufianes (ver diccionario de la RAE). Los hijos de la burguesía y de los politiqueros irán a colegios trilingües y serán de otra cualidad.

Reinos de taifas
Parece ser que, además del “beneficio del analfabetismo”, la ministra de Educación, o el Gobierno del que forma parte, con su tendencia innata al adoctrinamiento de la ciudadanía, quiere imitar al franquismo y con base en una ley de título redundante, la Ley de Memoria Histórica intenta implantar una asignatura llamada Memoria Democrática. ¿Será similar a la Formación del Espíritu Nacional franquista, que bien podría conocerse oficiosamente como Formación del espíritu social-sanchista? Estará bajo el control de unos comisarios políticos nombrados, digitalmente, inspectores de Educación.

¿No se dará cuenta Sánchez que por su vanidad e inoperancia se le podrá comparar con su casi tocayo Sanchuelo, el hijo de Almanzor quien quiso hacer de califa bis al igual que hoy Sánchez se propone ser bis-rey con su proyecto de “hoja de ruta para la renovación de la Corona"? Aquel Sanchuelo puso los cimientos para que pocos años después el califato de Córdoba se rompiese en treinta y tantas autonomías llamadas reinos de taifas. Esa propuesta de Sánchez (¿el Sanchuelo actual?) de renovación de la Corona ¿no tendrá las mismas consecuencias?

Ante el “beneficio del analfabetismo” y el adoctrinamiento de la juventud, la pretensión de Sánchez de actuar como esa especie de bis-rey o rey-bis, favorecida por unas Cortes generales anestesiadas tras el decreto del estado de alarma derivado del virus chino, y puesto que la derecha se pasa (Vox), no llega (PP) o no sabe dónde va (Ciudadanos), si el Tribunal Constitucional sigue sesteando es posible que se imponga el régimen totalitario que pretende establecer el actual Gobierno y que el Reino de España pase a denominarse Iberia y se convierta en una confederal y asimétrica Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas.

Tras lo visto en este largo año, pandemia y Filomena incluidas, surge la pregunta final: ¿se cumple entre los politiqueros españoles -y en forma especial entre quien está maduro- el principio de Peter, que apunta que en una sociedad jerarquizada todos tienden a alcanzar su nivel de incompetencia y que cuando lo alcanzan todo va peor? Y, según ese principio, ¿la Presidencia del Gobierno tendrá para Sánchez el mismo valor (“el mayor sueño y la suprema ambición”) que para Sancho Panza tenía la ínsula Barataria?

Como Europa no nos libre, que al menos nos libre Dios.

Francesc Cambó, entre Bolívar y Bismarck
Jesús Laínz Libertad Digital 26 Enero 2021

En 1936 Cambó resumió la Guerra Civil como "una lucha entre la civilización y la barbarie comunista". Junto a personalidades catalanas como Dalí, d’Ors, Mompou, Pla, Calvet, Riquer, etc, encabezó el manifiesto para proclamar su apoyo a Franco.

–Debe usted escoger entre ser el Bolívar de Cataluña o el Bismarck de España, pero es imposible que quiera ser las dos cosas al mismo tiempo.

La certera estocada de Alcalá-Zamora entró hasta el fondo. Y Cambó, uno de los políticos más inteligentes de la España del siglo XX, la encajó con caballerosidad, lo que demostraría cuando algunos años después, al redactar sus memorias, confesara sin rubor que el que llegaría a ser presidente de la Segunda República “expresó una gran verdad”.

Desde la irrupción de la Lliga Regionalista como consecuencia de 1898, su estrategia se había basado en el doble frente: en Barcelona, Enric Prat de la Riba al mando de la Mancomunidad catalana, primer ensayo autonómico; y en Madrid, Francesc Cambó como mediador con los gobiernos españoles e incluso ministro en dos ocasiones. Pero el doble frente también fue ideológico, pues la Lliga osciló hábilmente entre la amenaza separatista y la ambición de gobernar España según el ejemplo de la próspera Cataluña. Por eso Bolívar y Bismarck eran difíciles de conciliar en la misma persona.

Cuando Alcalá-Zamora lanzó su dardo, terminaba 1918, año en el que habían rodado cuatro testas imperiales. Ante tan negros presagios, el rey pretendió calmar la Cataluña agitada por el anarquismo mediante un régimen autonómico que se ganara a la potente burguesía para la causa nacional y monárquica. Así que le encargó a Cambó que pusiera manos a la obra. Ante las expectativas abiertas en Europa por los catorce puntos de Wilson, Cambó creyó llegado el momento en el que sus reivindicaciones tendrían que ser escuchadas en Madrid. Pero ante la oposición de los demás partidos, el crecimiento de la derecha antiautonomista en Cataluña y, sobre todo, la amenaza de un estallido revolucionario por la huelga de La Canadiense –abastecedora de la electricidad, el gas y el agua de Barcelona–, Cambó frenó la cuestión autonómica y se centró en el más acuciante problema social, sobrevolado por el fantasma de la revolución rusa. La Lliga proclamó su apoyo al gobierno, dirigió el recién creado Somatén y Cambó cogió el fusil para dar ejemplo patrullando las calles de Barcelona. El conservador Cambó había vencido –¡y no sería ni la última vez ni la más sonada!– al autonomista Cambó.

Lo mismo sucedería tres años más tarde, cuando rogó al gobierno que sofocara el terrorismo anarquista que ensangrentaba Barcelona. El envío del resolutivo general Martínez Anido colmó de satisfacción a unos industriales que se enfadarían mucho cuando un año más tarde el gobierno le destituyó por extralimitarse en sus funciones. Y también fue Cambó, de nuevo al frente de la burguesía catalana, uno de los principales aplaudidores del golpe de Estado de Primo de Rivera, aunque no tardara en arrepentirse por las medidas represoras del uso público de la lengua catalana que tomó el Directorio militar.
Gobierno del 1936 (de izquierda a derecha): Franchy Roca, Marcelino Domingo, Largo Caballero, Lluís Companys, Barnés, Viñuales, Azaña, De los Ríos, Álvaro de Albornoz, Casares Quiroga e Indalecio Prieto

Pero lo gordo no llegaría hasta 1936, cuando los revolucionarios llamaron de nuevo a sus puertas, esta vez dispuestos a todo. Ya lo había advertido en 1931 a algunos que, como Ortega y Gasset, le invitaron a sumarse a la demolición de la monarquía y la instauración de la república: “Si a España llega la república, serán las izquierdas sociales las que la dominen y, probablemente, las que la deshagan”, fue su respuesta.

El 18 de julio pilló a Cambó veraneando a bordo de su yate en el Adriático. Bolívar se apresuró a soplarle en el oído, así que escribió a su correligionario Joan Ventosa que era conveniente que el gobierno frentepopulista se mantuviera en el poder para consolidar los estatutos de autonomía en toda España. Pero aquel día también se desató la caza del liguista al igual que la de los demás derechistas. Cientos de liguistas murieron asesinados –junto con 2.500 eclesiásticos– y muchos miles más consiguieron ponerse a salvo en Francia e Italia. Dada la situación, aunque consciente de que entre los alzados no habría de encontrar mucha simpatía hacia el catalanismo por muy conservador que fuera –lo que lamentaría con creciente amargura durante la guerra y en años posteriores–, Cambó maniobró con contundencia: puso su fortuna a disposición de Franco, movilizó a la Lliga en su apoyo y patrocinó un sinfín de acciones en el extranjero, como Ràdio Veritat, la emisora franquista en lengua catalana instalada en la Génova fascista, y la Oficina de Propaganda y Prensa de París, también llamada Oficina Catalana de París, dedicada a organizar la propaganda exterior de los sublevados.

En una carta dirigida a su estrecho colaborador Joan Estelrich, Cambó le explicó que la personalidad colectiva catalana estaba más amenazada por el bando republicano que por el nacional, idea que repitiría a menudo:

“Tiene que haber vencedores y vencidos, y todos debemos desear que venzan los militares a pesar de las molestias que nos puedan causar, pues con ellos, quizá contra su voluntad, se salvará Cataluña y se nos ofrecerán mil ocasiones para ir restaurando los estragos de este periodo de demagogia roja. Si triunfase ésta, se consolidaría la vergüenza que ya pasamos hoy al ver que una Cataluña autónoma, con pretensiones de semiindependencia, significa la imposición de los murcianos y la proscripción de la lengua catalana”.

Cambó encargó a sus colaboradores recoger información sobre los crímenes antirreligiosos para desvelar ante el mundo la propaganda de un gobierno republicano que se decía defensor de la democracia y la libertad. Estelrich escribió con ese material La persecución religiosa en España, traducido a varias lenguas, y también fue el encargado de dirigir la revista franco-española Occident. En ella escribió Cambó en octubre de 1937:

Cambó
“Enemigos convencidos de todas las formas de revolución destructora, y sobre todo de la más reciente y diabólica: el bolchevismo tártaro; partidarios de los eternos Renacimientos contra el fuego cruzado de la decadencia y la anarquía, afirmamos los derechos de la nación, del principio nacional como garantía de solidaridad social y de continuidad histórica (…) España posee hoy, conduciendo el destino de la nación, un hombre, el general Franco, que restituye a su patria su sentido histórico, su ideal nacional y todo el contenido de su propia y auténtica tradición”.

Escribió textos de gran importancia propagandística, como dos largos artículos para el londinense Daily Telegraph (28 y 29 de diciembre de 1936) en los que resumió la guerra recién estallada como una lucha entre la civilización y la barbarie comunista. En el primero de ellos explicó que ni el gobierno republicano era legítimo y nacido del sufragio, ni los alzados eran unos militares deseosos de dominio y privilegios:

“Ni es cierto que el Frente Popular haya alcanzado el poder a base de una formidable corriente de opinión que le diera un rotundo triunfo electoral, ni es exacto que la España donde aún domina esté regida por un gobierno constitucional y parlamentario, sino que lo está por la más bárbara y feroz dictadura de clase (…) El programa del Frente Popular fue de una violencia inaudita: dejando de lado lo que pueda haber de constructivo en el socialismo y aun en el comunismo, se consagraba a excitar los malos instintos de la plebe, a fomentar todos los rencores y a prometer las más absurdas realizaciones sociales basadas siempre en la destrucción y en el aniquilamiento de sus adversarios”.

A continuación, describió las maniobras de los partidos izquierdistas para alterar el resultado de unas elecciones, las de febrero de 1936, que habían perdido: desmanes de las turbas, pasividad de la fuerza pública, autoridades escondidas para no contrariar a las masas, falsificación de escrutinios, anulación de elecciones en algunas provincias en las que había perdido el Frente Popular, clima de anarquía y levantamiento, etc:

“¿Acaso el gobierno del Frente Popular logró, o lo intentó siquiera, borrar el turbio origen de su ascensión al poder y ganarse la confianza o al menos el respeto de los ciudadanos españoles? ¡Todo lo contrario! (…) Y así, contra la Constitución, fue otorgada una amnistía general que sólo puede otorgarse por ley, y se ordenó a los patronos a readmitir a los obreros despedidos, aunque lo hubieran sido por causa legítima, aunque lo hubieran decidido los tribunales, aunque lo hubiese impuesto el gobierno. Se impuso el desorden. Con la aplicación de ambos decretos se destruyó toda disciplina en el trabajo y se produjeron infinidad de casos monstruosos. Me limitaré a citar uno solo: un obrero que pocos meses antes había asesinado a un patrono, debía ser readmitido por los hijos de la víctima en el mismo puesto de trabajo. Y como premio, debían abonarle los salarios desde el día en que cometió el crimen. Estas primeras claudicaciones del poder público significaron una considerable agravación en el proceso de descomposición social en el que vivía España desde el 17 de febrero. Los agitadores averiguaron que ante su voluntad cedía el gobierno, se torcía la ley y se burlaba la Constitución. Las masas extremistas se apercibieron de que sus directores estaban dispuestos a sostener y amparar todas las violencias y todos los crímenes. Y así empezó la guerra civil española: con invasión de fincas, asesinatos de patronos, incendios de iglesias… y persecución de fascistas”.

En el segundo artículo londinense, titulado “España bajo la tiranía anarquista”, Cambó continuó describiendo la situación de España en los meses previos al 18 de julio:

“El proceso de descomposición interna de España se acentuó de día en día. El gobierno actuaba al dictado de comunistas, anarquistas y socialistas bolchevizantes. Los crímenes políticos y sociales estaban a la orden del día. Por las carreteras no se podía circular sin pagar tributo a unas bandas que, con el nombre de Socorro Rojo, desvalijaban a los transeúntes ante los agentes de la autoridad obligados a permanecer como meros espectadores de todos los delitos cometidos en nombre de una ideología revolucionaria. Bastaba una bandera roja o un puño en alto para poder robar, incendiar y asesinar impunemente”.

Prosiguió denunciando a Casares Quiroga por declarar en el Parlamento, ante las peticiones desesperadas de la oposición para que hiciese cumplir la ley, que el gobierno no se sentía juez en la lucha, sino beligerante; y por negarse a protestar por el asesinato de Calvo Sotelo y a castigar a los asesinos. Y concluyó prestando especial atención a lo que sucedía en Cataluña, donde “el terror rojo” perseguía por igual a los de derechas que a los de “izquierdas burguesas” y había establecido tribunales populares que no aplicaban las normas legales, sino “los dictados de su conciencia revolucionaria”:

“Las iglesias han sido quemadas; la mayoría de las viviendas, saquedas y expoliadas; todas las propiedades, tanto de españoles como de extranjeros, han sido incautadas; se han violado las cajas de los bancos y los comités anarquistas disponen a su antojo de sus bienes y de los depósitos particulares. Todos los periódicos han sido incautados, no por el Gobierno, sino por miembros de las distintas organizaciones revolucionarias y, a costa de sus antiguos propietarios, si tienen bienes en España, defienden la política de los incautadores. Sólo en la Hungría de Bela Kun puede encontrarse algo semejante al régimen que impera en Cataluña. Y el régimen de Cataluña es el que impera en todas las provincias gobernadas por el Frente Popular, el régimen que imperaría en toda España si no se hubiera producido el alzamiento militar (…) Yo les invito a que piensen cuál sería su actitud en su país si un gobierno llegase a someterse a las órdenes de comités anarquistas y comunistas, que se le impusieran, y que las aceptara, toda suerte de claudicaciones: gobernar contra la Constitución; infringir las leyes; prostituir la Justicia; amparar el crimen impidiendo que la fuerza pública se oponga a los robos, incendios y asesinatos que se cometen ante su presencia y separando de sus cargos a los que no muestren su satisfacción por cooperar en esta obra de descomposición nacional; organizar, valiéndose de los agentes de orden público, vestidos de uniforme, el asesinato de los adversarios políticos; preparar la destrucción del ejército para que no pueda impedir que la más espantosa anarquía se apodere del país. Ya sé que me dirán que esto no es posible. Y yo les digo que esto es lo que ha pasado en España y que no habrá un representante diplomático o consular que pueda negar mis afirmaciones. Y cuando tengan que aceptar la realidad de aquellos hechos, tendrán que admitir que se había producido en España aquella situación en que la insurrección contra el poder público no sólo era un derecho, sino un deber de patriotismo y ciudadanía”.

En un tercer artículo (“La cruzada española”), esta vez para el bonaerense La Nación, sostuvo que la guerra entablada en suelo español tenía un valor universal por tratarse de un enfrentamiento mortal contra el comunismo que debía interesar a todas las naciones del mundo: “La victoria de la España nacional es exactamente lo contrario de la victoria del bolcheviquismo en 1917”.

También encabezó el manifiesto que secundaron multitud de personalidades catalanas de la política, la empresa y la cultura (Dalí, d’Ors, Mompou, Pla, Calvet, Riquer, etc.) para proclamar su apoyo a Franco y pedir a los jóvenes catalanes que empuñaran las armas contra el gobierno republicano y contra Companys:

“Los que suscribimos esta declaración somos hombres de diferentes ideologías y procedencias. Somos catalanes, y con esta sola característica común, unimos nuestras firmas para protestar contra la actuación y el lenguaje de los hombres que hoy detentan el gobierno de la Generalidad y que pretenden identificar los sentimientos y la voluntad de Cataluña con la tiranía de los anarquistas y marxistas que han asesinado y asesinan con refinamiento de la más bárbara crueldad; que han destruido tesoros de arte que nos habían legado las generaciones pasadas como patrimonio espiritual de nuestra tierra; que arruinan nuestra economía con groseras experiencias en todas partes desacreditadas, y deshonran a nuestro pueblo con locuras y crímenes sin precedentes en la historia. Como catalanes, afirmamos que nuestra tierra quiere seguir unida a los otros pueblos de España por el amor fraternal y por el sentimiento de la comunidad de destino, que nos obliga a todos a contribuir con el máximo sacrificio a la obra común de liberación de la tiranía roja y de reparación de la grandeza futura de España. Como catalanes, saludamos a nuestros hermanos que, a millares, venciendo los obstáculos que opone la situación de Cataluña, luchan en las filas del ejército libertador y exhortando a todos los catalanes a que, tan pronto como materialmente les sea posible se unan a ellos ofrendando sus vidas para el triunfo de la causa de la civilización en lucha contra la barbarie anarquista y comunista. El caso de Cataluña no es distinto del de Madrid, Valencia, Málaga y otras ciudades y regiones de España, oprimidas todas por un poder despótico del que desean fervientemente verse liberadas. Son en gran mayoría los catalanes que por estar sometidos a una opresión que no tienen aún hoy medio de sacudir, no pueden expresar su indignada protesta. Nosotros que podemos hacerlo, seguros de expresar sus sentimientos, queremos hacerla llegar a todos nuestros hermanos de España”.

Bismarck había vencido de nuevo, y esta vez de forma definitiva, a Bolívar.

www.jesuslainz.es

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Frankenstein 2

José García Domínguez Libertad Digital 26 Enero 2021

Illa vuelve a Cataluña a cerrar con siete candados la puerta aún entreabierta del 'procés'.

El súbito ataque de pánico escénico que se apoderó de los dos partidos que capitanearon la sedición tras conocer que tendrían que enfrentarse a Illa en febrero indica que ambos, tanto la Esquerra como los de Puigdemont, supieron leer de inmediato la intención última que se esconde tras ese movimiento inesperado del PSC. Porque Illa no va a Barcelona a ganar, misión completamente imposible ahora mismo, pero tampoco para vegetar en el gris ostracismo propio de la vida pública en esa Segunda División B que conforman las autonomías. Para tales menesteres ya estaba Iceta. Si Illa va a Barcelona es para otra cosa. Y esa otra cosa solo puede ser cerrar con siete candados la puerta aún entreabierta del procés. Una operación difícil, pero no imposible. Y de ahí la conmoción del todavía Gobierno de la Generalitat, que se ha visto forzado a improvisar a toda prisa la excusa del covid para intentar pararlo como sea.

Porque lo que más temen a estas horas tanto Aragonès como Puigdemont no es tanto un gran éxito electoral del PSC, que incluso puede convertirse en la minoría mayoritaria en el hemiciclo de la Ciudadela, como el riesgo cierto de que en Cataluña se repita eso que la prensa madrileña de derechas bautizó en su día como Frankenstein. Recuérdese, Sánchez llegó a la Moncloa en primera instancia no porque tuviese suficientes apoyos propios, sino porque Rajoy sumaba muchísimos más detractores. Y en Cataluña, se huelen los dirigentes separatistas, podría ocurrir lo mismo. Será insisto, muy difícil, porque habrá que conseguir que Vox y la Colau voten lo mismo, juntos y revueltos. Pero cosas más raras se han visto. Una investidura de Illa avalada por el compromiso tácito de otra ulterior llamada a las urnas dentro de un año y pico, ya habiendo desposeído del control de TV3 y de la Administración autonómica a los socios actuales, tendría todo el sentido del mundo como operación de Estado en Cataluña. Tanto que a un PP todopoderoso en Madrid pero completamente irrelevante en Cataluña le resultaría en extremo difícil justificar su eventual rechazo a un movimiento de ese tipo. Y tampoco a Vox le saldría gratis converger con los separatistas a fin de evitarlo. Sí, lo que viene es Frankenstein 2.

La oligofrenia y Bildu
Vicente Torres Periodista Digital 26 Enero 2021

Arzalluz era malvado -él mismo reconoció que pasaría a la historia como tal-, pero su inteligencia era tanta como su maldad.

Los de Bildu: Otegui: «quizá hicimos más daño del que teníamos derecho a hacer». Iriarte: «El daño hecho por ETA está reconocido; que fuese o no injusto depende de cada relato». La oligofrenia es patente en ambos casos.

Sorprende que con este nivel intelectual ETA fuera capaz de hacer tanto mal y durara tanto -de los dos citados, al menos Otegui es etarra-. De hecho, todavía está, aunque en modo latente. Había sido derrotada, pero a algunos traidores les convino mantenerla viva.

Las declaraciones de los demás etarras y la actitud que suelen adoptar todos cuando los juzgan también inducen a pensar en la oligofrenia. No valen más que para varear el árbol con el fin de que otros recojan las nueces. ‘Tipos duros’ sólo capaces de matar a traición y de jactarse luego de sus ‘hazañas’ y de dejarse homenajear por gentes tan envilecidas como ellos. Cómplices morales de sus atentados.

La cuestión es la siguiente: tuvo que haber un cerebro poderoso organizándolo todo. Alguien que sabía cómo envenenar las mentes de estos oligofrénicos y utilizarlos luego como marionetas para conseguir sus fines.

En la actualidad, la maquinaria ya está montada y los engranajes ajustado0s. Funciona por inercia. Pero al principio no era así. Si se hubieran juntado dos personas inteligentes dispuestas a organizar todo ese entramado criminal y hubieran escuchado a esos habrían dicho, o pensado: con estos bueyes hemos de arar. Pero es que no les convenía otra cosa. Gente con criterio y capaz de pensar por sí misma no les interesaba en absoluto, porque se habrían dado cuenta de que estaban siendo utilizados en beneficio de unos pocos.

Son juguetes, pero siempre hay tipos egoístas que les encuentran alguna utilidad.

El camarote de los hermanos 'indepes'

Rosa Cullell cronicaglobal 26 Enero 2021

Era una sesión doble de tarde en el cine del barrio. La primera película que echaban se llamaba Una noche en la Ópera y era de los Hermanos Marx. “Ufff” --pensamos los niños de entonces-- “otro viejo tostón en blanco y negro”. Sin embargo, cuando Harpo Marx puso su bota en la bandeja de la camarera, porque en el caótico camarote del barco ya no cabía ni el puro de Groucho, el cine estalló en una carcajada colectiva. Perdidos en medio del Atlántico, los pasajeros se peleaban por entrar y los comandantes daban órdenes que nadie cumplía. El Govern de Cataluña se ha convertido en el camarote de los hermanos “indepes”. Pero su desgobierno ya no divierte a nadie.

Los que se sientan juntos en la mesa del capitán del barco catalán, los socios, se critican y molestan, no saben cómo convivir, pero parecen condenados a dormir juntos. Lamentablemente, el desorden y la falta de dirección ha contagiado a un Parlament fragmentado, prácticamente inoperante. Los ciudadanos asisten asombrados a las diversas ocurrencias e intentan mantener la cordura en medio de la pandemia y la crisis. Abren sus negocios --incluso se aprenden los variantes y absurdos horarios--, curan a sus pacientes, van a la oficina, enseñan en los colegios, teletrabajan y renegocian sus Erte.

Hace tiempo que el Parlament de Cataluña ha dejado de tener peso legislativo. Y tres años, desde 2017, que no hay Govern ni proyecto de gobierno. Sólo tácticas para ir tirando o seguir mandando sin tener en cuenta a la mitad del pasaje, a los electores que no comulgan con la independencia y, menos aún, con la unilateralidad de las decisiones.

El decreto para anular la convocatoria del 14F, y pasarla a mayo o a cuando les vaya mejor, parece una propuesta del propio Groucho Marx. Es un decreto para contrarrestar el exagerado “efecto Illa” e impedir que les saquen del camarote, que les obliguen a mezclarse con el resto del pasaje.

El resultado es una chapuza jurídica. ¿Fondo argumental? Tan profundo como el de aquel contrato de Groucho que decía: “La parte contratante de la primera parte, será considerada como la parte contratante de la primera parte”. El Tribunal ha decidido que, provisionalmente, sigue adelante la convocatoria.

Fracasado el primer intento, el Govern argumenta que no tiene tiempo de organizar las elecciones con suficientes garantías sanitarias. ¿Tiempo? Olvidan que las anunciaron hace un año. “Ningún Gobierno puede funcionar sin unidad entre los socios”, advirtió el ex presidente Quim Torra el 29 de enero de 2020, añadiendo que la legislatura “no tiene más recorrido”. ¿Qué han estado haciendo desde entonces?

EEUU y Portugal, acaban de realizar sus Presidenciales, con todas las medidas de seguridad necesarias. El primer ministro luso, Antonio Costa, dijo el pasado domingo: “Estamos en un momento gravísimo de la pandemia, pero se ha hecho todo para que la gente pueda ejercer su derecho de voto”. Han reelegido por mayoría absoluta, con su endémica alta abstención, al presidente Marcelo Rebelo de Sousa. En EEUU fue a votar más gente que en ninguna cita anterior.

¿Cuánto tardamos en votar con mascarilla y manteniendo las distancias? Entre veinte minutos y media hora de un solo día de febrero. Menos si una parte de la población vota por correo y se establecen turnos en los múltiples colegios y mesas. Estamos más expuestos al virus mientras compramos en el hiper o viajamos en un vagón de metro o autobús.

El miedo cerval a que el socialista Salvador Illa gane en los comicios, quitándoles votos a otros partidos, ha contagiado a gran parte del Parlament. ¿Desde cuándo las encuestas dictan el momento en que podemos/debemos votar? Se vota cuando se cumple el plazo electoral o cuando el Gobierno no tiene capacidad de seguir gobernando.

No deja de ser absurda la importancia dada a las últimas encuestas. Los datos reflejan el deseo creciente de votar a alguien como Salvador Illa, un socialdemócrata que ni insulta ni excluye; pero seamos realistas, los datos del CIS muestran un 40% de indecisos. Son muchos. Y los pactos, tras tantos años de descalificaciones, no van a ser sencillos. Hasta se ha demonizado una de las bases de la democracia parlamentaria: la negociación y el diálogo entre diferentes.

Los independentistas o nacionalistas convencidos seguirán eligiendo a los suyos. Mientras, los catalanes hartos y desilusionados se quedarán en casa o se decantarán por los extremos. Otros (no sabemos cuántos) escogerán vaciar esos pequeños camarotes viciados de puros enmohecidos. Votarán para que se deje de dividir Cataluña, acabe el clientelismo, vuelvan las empresas y se instauren políticas sociales efectivas. Para que corra el aire en el barco.

Dan miedo
Alejandro Tercero cronicaglobal 26 Enero 2021

“Damos miedo por lo que haremos”. Así de arrogante se mostró este domingo el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, durante un acto electoral de su partido.

Es evidente que, en su caso, los poco más de tres años de prisión que ha cumplido --de los nueve a los que fue condenado por sedición-- no han tenido el efecto pedagógico suficiente. Un argumento de peso para no concederle el indulto.

Pero más allá de eso, a Sànchez no le falta razón. Dan miedo. No solo por lo que prometen hacer, sino por lo que hicieron. Recordemos que este tipo es el que, junto al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, alentó a las hordas independentistas a asediar y amenazar durante horas a una comitiva judicial en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. No deberíamos olvidar su imagen sobre un coche patrulla de la Guardia Civil destrozado. Una actuación que se puede calificar de cualquier forma menos pacífica, y que asegura que "volverá a hacer".

Y también dan miedo por quiénes son.

Ayer dimitió uno de sus candidatos a las elecciones del 14F, Josep Sort. El angelito había prometido hacer “limpieza de los españoles” y les había amenazado con que “sufrirán”, había propuesto reorientar los CIE como “centro de internamiento de españoles”, había celebrado la muerte del periodista Antoni Traveria --por “sociata”-- y había tildado a Ada Colau de “puta histérica española”.

Lo grave no son sus amenazas e insultos. Lo grave es que los ha lanzado pública e impunemente durante años. Todos los conocíamos, pero eso no le impidió acceder a un puesto destacado en las listas de JxCat. Solo después de la repercusión que tuvo la denuncia de Colau, los dirigentes de la formación nacionalista tomaron medidas. Hasta entonces Puigdemont y compañía estaban bien cómodos con Sort. De hecho, en el mitin del domingo se enorgullecían de él, hasta el punto de mostrar una imagen suya en la pantalla gigante que presidía el acto.

Sin embargo, Sort no es el único ultra, xenófobo, racista, supremacista o hispanófobo que se esconde en las candidaturas de JxCat.

En las listas de Puigdemont encontramos al alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, quien en las redes sociales ha asegurado que los españoles “llevan la violencia en los genes”.

El director teatral Joan Lluís Bozzo (Dagoll Dagom) es otro de los elegidos. En los últimos tiempos ha protagonizado varias polémicas por su hispanofobia y su aversión al español. Puso a parir a un camarero y al vigilante de un parking de playa por dirigirse a él en castellano.

La alcaldesa de Vic, Anna Erra, también es una de las aspirantes de JxCat. En 2018, instaló unos altavoces en la plaza mayor desde los que, a diario, se lanzaba una suerte de fatwa independentista: “No normalicemos la situación de excepcionalidad y emergencia nacional. Recordemos cada día que hay presos políticos y exiliados, no nos desviemos de nuestro objetivo: la independencia de Cataluña”. Hace un año, en el Parlament, hizo un llamamiento a “acabar” con el “gran defecto de muchos catalanohablantes” o “catalanes autóctonos” de cambiar al castellano al hablar con “cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana”.

La dibujante Pilarín Bayés forma parte del cartel de JxCat. La ilustradora es una incansable promotora del secesionismo entre los niños (la estelada es un leitmotiv de sus cómics). En octubre de 2019 animó a los más pequeños a tomar las calles para rechazar la sentencia del procés. Los disturbios en Barcelona dejaron decenas de policías heridos, algunos de gravedad.

Otro de los candidatos de JxCat es el mosso de esquadra Albert Donaire. El policía autonómico ha protagonizado innumerables polémicas en las redes sociales, siempre en la línea de vomitar un odio inaudito hacia todo aquel que se oponga a la secesión. Destaca su campaña de acoso a la mossa constitucionalista Imma Alcolea y, últimamente, su propensión a vincular a los castellanohablantes con la delincuencia.

Con ellos está Josep Costa, vicepresidente primero del Parlament. Costa --que saltó a la fama en septiembre de 2017 al presentar su renuncia como miembro de la Sindicatura Electoral del 1-O pocas horas después de que el Tribunal Constitucional le impusiera una multa diaria de entre 6.000 y 12.000 euros si esta no se disolvía-- es conocido por compadrear con partidos de la ultraderecha nacionalista como el Front Nacional de Catalunya y Força Catalunya.

Salvador Vergés también es candidato de JxCat. “¡Que tiemble el enemigo!”, señalaba en referencia a “España” durante las primarias. En las redes sociales difundió una fotografía suya embozado con una estelada, marcándose una peineta y con un fusil de juguete.

Y así podríamos seguir con los Joan Canadell, Jordi Pesarrodona, Eduardo Reyes, Gerard Figueras, Aurora Madaula, Antoni Castellà y tantos otros.

Sí, señor Sànchez. Dan ustedes miedo. Mucho miedo.

Los SS del nacionalismo catalán

Pablo Planas Libertad Digital 26 Enero 2021

El odio viene de lejos, está en las raíces del catalanismo. ¿Hasta cuándo habrá que aguantarlo?

En España ya no está bien vista la homofobia. Ni el odio contra las personas transexuales. Tampoco se considera de recibo menospreciar ni mucho menos maltratar a las mujeres. O discriminar a la gente por su raza, nacionalidad u origen. Ocurre, se dan casos, muchos casos, pero esa clase de comportamientos ya no suele salir gratis. Las personas tienen derechos que no pueden ser menoscabados a causa de sus preferencias sexuales, por su género, el color de su piel, por la religión que profesen o por haber nacido en tal o cual país.

Cualquier personaje público, sea político, cantante o futbolista, sabe que un comentario desafortunado relacionado con la homosexualidad, la religión o la raza le puede costar la carrera. No se admiten peros y las rectificaciones no sirven de nada. Hay líneas rojas que no se pueden pasar. Nunca, jamás, no.

Claro que hay excepciones. Por ejemplo, los insultos a los católicos. Eso está perfecto. Se considera progre, guay y moderno vejar a los que profesan la religión católica, ciscarse en sus símbolos y hasta tirarlos a la basura. Acaba de ocurrir en la población cordobesa de Aguilar de la Frontera, donde la Cruz de las Descalzas ha acabado en un vertedero por orden de la alcaldesa, Carmen Flores. Y sin consecuencias. ¿Qué le podría ocurrir a esta señora en caso de tirar a la basura un ejemplar del Corán? Más vale no pensarlo.

Tampoco está del todo mal visto el odio contra España y los españoles. Sobre todo en Cataluña, aunque más que odio habría que llamarlo autoodio. Es muy común entre los independentistas, que llaman a sus compatriotas "ñordos" o "españolarros" entre otros apelativos no precisamente cariñosos. Este lunes ha causado baja de las listas de JxCat un tal Josep Sort. El tipo llevaba años insultando a los españoles en las redes sociales, prometiendo "hacer limpieza" y despotricando contra todo lo hispánico sin que Twitter le hubiera apercibido ni una sola vez.

En abril del año pasado llamó "puta histérica española" a la alcaldesa Ada Colau, quien ha refrescado el tuit a las puertas de la campaña electoral. Esa combinación, alcaldesa y elecciones, ha sido letal para Sort, presidente además del partido Reagrupament, una escisión de ERC. En su día se avino a retirar lo de "puta" porque dijo que las putas no tenían ninguna culpa. Ahora se ha tenido que retirar él, pero no por la hispanofobia, sino por lo de “puta” e “histérica”. De hecho, fue la hispanofobia la que le procuró un puesto en la candidatura de Puigdemont.

El nacionalismo está plagado de personajes que comulgan con Sort en el fondo y hasta en las formas si son contra España y los catalanes no independentistas. Son los SS del catalanismo, los supremacistas separatistas. El último presidente de la Generalidad, Quim Torra, dio muestras sobradas por escrito. Llegó a calificar a las personas que hablan español en Cataluña como "bestias con forma humana". El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña apreció indicios de delito en ese texto, pero prefirió entender que había prescrito.

La número dos de la candidatura de JxCat, Laura Borràs, es una consumada odiadora que considera que "los españoles llevan en el ADN todo lo que sea prohibir, impugnar y suspender". También es una fiel seguidora del mantra "España nos roba", en cuya difusión tuvo mucho que ver Pere Aragonès, candidato de ERC y discípulo aventajado de Oriol Junqueras, quien en 2008 escribió un artículo en el que aseguraba que

los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles; más con los italianos que con los portugueses, y un poco con los suizos. Mientras que los españoles presentan más proximidad con los portugueses que con los catalanes y muy poca con los franceses. Curioso...

Joan Canadell, el número tres de la lista de JxCat, es otro fenómeno de la hispanofobia, un tipo que considera que "España es paro y muerto; Cataluña, vida y futuro" y que los "colonos" (sinónimo de españoles en Cataluña) no están preparados para los empleos de alta cualificación que más se requieren. Otro amigo de sus compatriotas es Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalidad, quien en 2012, al comienzo del proceso, tuiteaba que

un intelectual español hablando de federalismo es como un marido alcohólico maltratador gritando "cambiaré" el día que la mujer está haciendo las maletas.

El odio viene de lejos, está en las raíces del catalanismo, continuó con Heribert Barrera y Pujol, que consideraba al hombre andaluz como un ser inferior, y se renueva con los Torra, Junqueras, Borràs y Canadell. ¿Hasta cuándo habrá que aguantarlo?

La AVT denuncia al Gobierno por los traslados etarras: Los quieren libres
Redacción https://rebelionenlagranja.com 26 Enero 2021

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha criticado duramente en el Senado al Gobierno por los acercamientos al País Vasco de presos etarras a través de una «estrategia» que, a cambio de «supuestas cartas de arrepentimiento», busca facilitar estos traslados para lograr su libertad.

«Primero el traslado, y después su libertad. Porque no nos equivoquemos: no los quieren cerca, los quieren libres», ha denunciado Araluce durante el acto de entrega del IX Premio y Cruces a la Dignidad de la AVT celebrado en el Senado para quienes han luchado por la defensa de un final del terrorismo con Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia.

Entre ellos, el Premio ha sido concedido a la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid y a la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa (UME), mientras que han recibido las cruces de la AVT el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado; el fiscal de la Audiencia Nacional, Manuel Azcárraga; el jefe de Información de la Guardia Civil, Valentín Díaz, o la periodista de la Cadena Ser, Ana Terradillos.

Durante su intervención, la presidenta de la AVT ha lamentado, cuando están a punto de cumplir 40 años desde su nacimiento, que la asociación está luchando «prácticamente en solitario» contra todos aquellos que quieren cambiar el relato del terrorismo, «tratando de propagar la idea de que las víctimas somos cosa del pasado y lo único que buscamos es venganza».

Araluce ha advertido de que esta tergiversación de la realidad se está produciendo mientras se produce «la derogación total de la política de dispersión», pues los presos están siendo acercados «fingiendo un supuesto arrepentimiento» que para algunos de los dirigentes políticos es «merecedor de una humanidad que los terroristas jamás han mostrado». Los hechos, ha denunciado, desmienten que estos traslados no obedezcan a una estrategia, pues son ya 136 los reclusos de la banda acercados desde septiembre de 2018, 29 de ellos a prisiones del País Vasco y Navarra y otros 108 a cárceles limítrofes con esas comunidades.

Unos acercamientos que aunque legales «faltaría más», se autorizan a cambio de «unas supuestas cartas de arrepentimiento y empatía con las víctimas» para facilitar su traslado y después su libertad.


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