AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 3  Febrero  2021

Hacia los seis millones de parados
Editorial ABC 3 Febrero 2021

Maquillar los datos de desempleo es hacerse trampas al solitario y carece de sentido porque, antes o después, sostener en el tiempo todo el aparato de propaganda, como hace el Gobierno, se volverá en su contra. Es absurdo luchar contra la evidencia sin admitir que la estrategia de no conceder ayudas directas a las empresas es un error tan mayúsculo como seguir alentando en Europa una derogación de facto de la reforma laboral. Los datos de desempleo conocidos ayer demuestran que la senda emprendida por el Gobierno es errática e ineficaz porque, incluso en un contexto tan complejo y dramático como es la pandemia, ninguna decisión está realmente orientada a frenar la sangría del paro.

Enero inauguró el año con 76.216 parados más y con la destrucción de 218.953 empleos. Estas cifras elevan la cifra total de desempleados a 3.964.353, es decir, casi cuatro millones de parados registrados. Si a ello se suman los casi 739.000 españoles que siguen insertos en expedientes temporales de regulación de empleo, muchos de los cuales desembocarán inevitablemente en ERE definitivos; las 383.800 personas en «cese de actividad»; los 393.622 parados «con disposición limitada» que no se cuentan; y los 291.192 parados más que se encuentran realizando cursos formativos, y que tampoco se contabilizan, el total supera los 5.771.900 ciudadanos sin trabajo en condiciones normales. La cifra, muy próxima ya a los seis millones, es insostenible. Y no se trata de una situación coyuntural, sino de un drama con visos de permanencia porque, incluso cuando se haya superado el Covid, serán miles de empresas las arrasadas. De momento, 2020 cerró con 109.000 empresas clausuradas que ya difícilmente podrán reabrir cuando hayamos superado la fase de inmunización generalizada.

El Gobierno puede consolarse recordando que esa cifra próxima a los cuatro millones de desempleados registrados aún no supera el paro que hubo durante la crisis de 2008. Y también puede creer que el dinero de Europa para la reconstrucción de nuestro tejido empresarial permitirá revertir la situación. Sin duda, en algo contribuirán las ayudas al crecimiento del PIB y a una incipiente rehabilitación de nuestra economía. Sin embargo, los cálculos del Gobierno no se corresponden con los ritmos que prevén el Banco de España, la OCDE, el FMI y numerosos organismos nacionales e internacionales, mucho más pesimistas que ese tozudo triunfalismo del Gobierno.

El mercado no puede depender de una manipulación de la percepción de los ciudadanos sobre la crisis, sino de que el dinero llegue a donde debe llegar. La desconfianza en el Gobierno crece de modo ostensible porque la frialdad de los datos contrasta con su discurso repleto de medias verdades. La última de ellas, a costa de otro elemento clave de nuestra economía como son las pensiones. ABC avanza hoy que con la nueva fórmula de cálculo de estas partidas propuesta por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ningún pensionista volverá a ganar nunca poder adquisitivo. Es cierto que tampoco lo perderá, pero en el caso de que cualquier pensión se deba calcular un año sobre la base de un IPC negativo, su titular verá después descontada una parte. Esa diferencia será absorbida en el proceso de revalorización de la pensión que corresponda aplicar en los años posteriores en los que el resultado sea positivo. Es en definitiva un complejo rompecabezas que deja en evidencia el siempre buenista discurso del Gobierno, porque la sensación de congelación de las pensiones será evidente en un país que además camina hacia los seis millones de parados reales.

Esto es Europa, Pablo, no un país bananero

OKDIARIO  3 Febrero 2021

Le ha molestado mucho a Pablo Iglesias que OKDIARIO publicara una imagen en la que el vicepresidente segundo del Gobierno lucía un ‘fachaleco’ en la fotografía oficial del Consejo de Ministros. No tenemos nada en contra de esta prenda, todo lo contrario, pero sí el líder de Podemos, que trató burdamente de criticar a quienes lucían dicha indumentaria. Escocido por la publicación de la imagen, Iglesias recurrió a su perfil social en Twitter para escribir lo siguiente. «Hemos empezado por nacionalizar el fachaleco, pero vamos a expropiarles todo lo demás».

Está claro que Iglesias ha acusado el golpe y se ha revuelto de la manera que tienen los totalitarios: hablando de expropiaciones. Algo ha aprendido de Hugo Chávez, que iba por las calles al grito de «¡exprópiese!». Aunque la pulsión intervencionista de Iglesias, al más puro estilo comunista, ha quedado de nuevo al descubierto, nos salva que España es Europa y no un país bananero (todavía). De modo que, aunque se esfuerce en expropiarnos -ganas, seguro, no le faltan-, va a tener que seguir aguantando que OKDIARIO denuncie su superlativa hipocresía. Si piensa que con amenazas en Twitter va a silenciarnos es que no nos conoce. Nosotros a él, sí. No hay más que verle, ataviado de la guisa que reprochaba a los «Cayetanos» de Núñez de Balboa, para quedar retratado: demonizaba a los ricos con chalet y terminó con un casoplón en Galapagar; estigmatizaba a quienes lucían «fachaleco» y ya posa con él en las escalinatas de La Moncloa. ¿Qué será lo próximo?

De un tiempo a esta parte, la palabra expropiación no se le cae de la boca al vicepresidente segundo. Y cuando se irrita, le sale. Digamos que la lleva dentro, madurando, y cuando se enoja la saca a pasear. Es un tic propio de quienes están reñidos con la libertad. Por cierto, el ‘fachaleco’ le queda como a un Cristo dos pistolas.

Cataluña: el 14-F y otros disparates temerarios
EDITORIAL Libertad Digital 3 Febrero 2021

La cuádruple enfermedad que padece Cataluña –institucional, política, económica y sanitaria- es el mejor reflejo de la crisis que padece España entera.

El empecinamiento del PSC–con su candidato y ex ministro de Sanidad, Fernando Illa, a la cabeza– en que las elecciones regionales catalanas se celebren el próximo 14 de febrero no hace más que recrudecer la anomalía política que padece una Cataluña inmersa en un ilegal proceso secesionista desde 2012.

Para empezar, el miedo ciudadano, completamente lógico, a contagiarse en unas elecciones que se van a celebrar en pleno pico de la tercera ola de la pandemia ha triplicado el voto por correo en Cataluña, mientras numerosos componentes de las mesas electorales, tras exigir el aplazamiento de los comicios, han amenazado con no presentarse en los centros de votación.

Además de reiterar que la celebración de estas elecciones en plena tercera ola constituye una imprudencia temeraria tan grave como la perpetrada por los socialistas al empeñarse el año pasado en celebrar las manifestaciones feministas del 8-M, se debe advertir del avance del impacto del virus secesionista, que acaba de lograr que el Gobierno social-comunista acepte la exigencia de ERC de reunirse para tratar la amnistía de los golpistas presos y la resolución de un “conflicto político” que sólo generan unas formaciones secesionistas que confunden política y delito.

Si el separatismo viene corroyendo las instituciones democráticas y el Estado de derecho en Cataluña, este virus no está deteriorando menos su salud económica: así, la fuga de empresas a Madrid cumple ya 40 meses consecutivos, en un éxodo sin precedentes en las estadísticas mercantiles; y el goteo no sólo no cesa, sino que sube un 8% con respecto a 2019. Según los datos de cierre de 2020 facilitados por la Comunidad de Madrid, las empresas catalanas instaladas en la CAM en 2020 fueron 477, por encima de las 440 que lo hicieron en 2019. Así las cosas, bien podrían los catalanes quejarse de lo que les roba el independentismo, pues esas fugas de empresas las ocasionan no solo la inseguridad jurídica que genera el separatismo sino el infierno fiscal que este impone en aras de su ilegal –y carísimo– proceso de ruptura.

Nadie se llame a engaño. Cataluña no es un miembro enfermo de un cuerpo sano. Su cuádruple enfermedad –institucional, política, económica y sanitaria– no es más que el mejor reflejo de la crisis que padece España, cuyos Gobiernos –bien por cobardía, indolencia o, como ahora es el caso, por necesidad de apoyos parlamentarios– han consentido que en Cataluña impere una independencia de facto muy similar a lo que se viviría en esa región si en el futuro se convirtiese de iure en un Estado independiente en forma de república.

Y lo peor es que, ante esta enfermedad que deteriora la vida nacional, institucional y democrática de España, todavía no se divisa una vacuna.

Casado en el limbo
EDITORIAL https://gaceta.es  3 Febrero 2021

Las declaraciones non petitae del líder del Partido Popular, Pablo Casado, en la cadena Ser en las que ensalza al PSOE como un gran partido, elogia su compromiso constitucional y lo lisonjea como coedificador del ‘Estado del Bienestar’ serían risibles… si estuviéramos para reírnos.

Si alguna vez lo fue, hace ya 17 largos años que el PSOE dejó de ser un gran partido. Con la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero tras la matanza del 11-M y aquella jornada de reflexión que a Pablo Casado ya se le ha olvidado, los españoles padecimos a un Partido Socialista que abandonó, si alguna vez lo tuvo, todo sentido de Estado y que nos gobernó con una visión mezquina, pequeña y desinformada del esfuerzo generoso de generaciones de españoles para encontrarse en la Transición a la democracia. Aquel Partido Socialista que gestionó tanta riqueza y la transformó en miseria, no fue grande ni de lejos, salvo que Pablo Casado entienda que hay grandeza en dividir a los españoles y helarnos la sangre.

Del compromiso constitucional del PSOE elogiado por Casado hay serias dudas. Acercarse de vez en cuando a las bibliotecas, lo que viene siendo leer, es útil para entender el papel menor, oscuro en algunos puntos, del PSOE pecesbarbiano en la redacción de nuestra Carta Magna. Pero más allá de investigaciones históricas, haría bien el líder del PP en repasar la deslealtad constitucional que, entre otras muchas, supuso aquella apelación de Zapatero al Parlamento de Cataluña como sujeto de soberanía y que, ahora sin duda alguna, es cómplice de la deriva secesionista de un nacionalismo desbocado.

Y ya por último, ese elogio de Casado a la coautoría del Estado del Bienestar (una construcción socialdemócrata de manual) es una butade que no merece más explicación que susurrar la cifra de 85.000 muertos en una nación que va hacia la ruina económica por la falta de previsión, la desorganización y la desvergonzada gestión ideologizada socialcomunista de ese gran partido liderado por Pedro Sánchez y aliado de terroristas y golpistas que nos descogobierna.

Entendemos la apuesta de Pablo Casado y de la fracción dirigente de su partido por la centralidad rajoyista desprovista de convicciones, pero haría bien en recordar, por el bien de los españoles, que el centro político jamás ha sido un espacio geográfico.

En palabras sencillas: no hace falta arrimarse a los alacranes, sobre todo cuando debajo de la piedra hay una izquierda sectaria, corrupta y pequeña. Al PSOE de Zapatero y de su discípulo aventajado, el doctor (?) Sánchez, coautores (estos sí), de un manual para la destrucción de la nación española, se le puede y se le debe combatir también desde ese limbo centrista en el que pace el PP con mirada indiferente.

Aquel gran partido que una vez sí que lo fue. Hace ya mucho tiempo.

El control de la palabra: un paso más en la destrucción de la democracia a ambos lados del Atlántico
CUANDO LA CIUDADANÍA PIERDE CONFIANZA EN EL VOTO, LA DEMOCRACIA CORRE PELIGRO
Daniel Lara Farías. https://www.gaceta.es/ 3 Febrero 2021

Las palabras sí matan y los discursos sí acaban con naciones. Lo sabemos bien quienes hemos visto caer hoy nuestras democracias en manos de bandoleros y demagogos, tanto como lo supieron ayer quienes vieron emerger regímenes asesinos de sus propios connacionales.

Cientos de ejemplos. Desde las encendidas arengas previas a guerras civiles, hasta las pasiones desatadas desde el verbo hasta el asesinato, sea de un Calvo Sotelo en el Madrid de 1936 o de un Delgado Chalbaud en la Caracas de 1952. Ejemplo mayor tenemos en tantas Repúblicas, Monarquías, sistemas, regímenes y estado de cosas, que terminan cual castillo de naipes desparramados por el piso por una frase, por una palabra pronunciada o por el rumor nunca aclarado de una frase atribuida por error a la víctima del vox populi.

A la democracia venezolana, se le dispararon tantas palabras durante tanto tiempo, que es difícil explicar cómo fue que el fenómeno chavista tardó tanto en arrasar con la Nación. En mi niñez, recuerdo haber escuchado la palabra crisis estando aún en edad preescolar. La crisis de la democracia. Ad eternum, pues nunca nadie dijo “¡albricias, acabó la crisis!”. Ni hablar de los términos “democracia imperfecta” versus el de “democracia perfectible”. Malabares de términos que dentro del quehacer político venezolano, en los años ‘80 del siglo XX se hicieron comunes.

Pero luego empezó la bajeza. Cuando se hablaba de democracia, se hablaba de corrupción. Cuando se hablaba de políticos, se hablaba de ladrones. No importa de quién se tratara, pero se dejaba perfectamente establecido que si alguien era político o tenía que ver algo con la política, era indefectiblemente un corrupto. Sin apelación ni dudas.

“Venezuela es ingobernable. El Estado es inauditable. A este país no lo arregla nadie”.
El catastrofismo como escenario. De las palabras a los hechos, pocas cosas pasaron. Pero lo más importante se vivió cuando cayó uno de los primeros ladrillos: el poder del voto.

Votar ¿Para qué?
Cuando una democracia llega a esta pregunta, el final está más cerca de lo que se cree. En Venezuela, el planteamiento retórico se convirtió en praxis colectiva en esos años ’80 del rentismo petrolero agotado por un bipartidismo incapaz de reparar en la necesidad de cambios urgentes. Para 1978, veinte años después de instaurada la democracia, estábamos en un país que aún no creaba la figura del alcalde, que no elegía directamente a sus gobernadores y que, además, mantenía en manos del Presidente de la República las decisiones a todo nivel.

Pero ese año, llega al poder un outsider dentro del mismo sistema. Luis Herrera Campíns venía de ser un histórico dirigente socialcristiano con fama de disidente interno en su partido. Siendo así, y ganando de forma sorpresiva, tuvo la oportunidad de relanzar la democracia, con reformas puntuales que abrieran el camino a dos importantes reformas del sistema: la reforma política que conllevaba la descentralización del poder, con la elección directa de gobernadores y alcaldes, sumada a la reforma económica que derribara el estatismo y el intervencionismo enfermizo de una economía que hacía aguas frente a todos.

Pero los parches que permitía la inmensa renta petrolera daba para todo. Las reformas ni siquiera se plantearon de forma seria. El sistema político ensimismado en su reparto minúsculo de prebendas, donde una izquierda post guerrillera se conformaba con pelearse un universo de no más del 6% del electorado pero con el cual presionaba y recibía el control de feudos en universidades, sindicatos, instituciones culturales y medios públicos. Una derecha inexistente, pues era más fácil hacerse el tonto con un estado dispendioso. Y así, todos llegaron a la pequeña tragedia del Viernes Negro del 18 de febrero de 1983, momento en el cual el gobierno no tuvo más remedio que hacer despertar al país devaluando la moneda en su paridad frente al dólar. La histórica y ficticia tasa de 4,30 Bolívares por dólar se acababa y con ella acababa también un modelo de país.

Pero el país no se dio cuenta. No se dio cuenta de que se acababa ese modelo en el que todos eran felices, a la fuerza. Y allí, empezó el catastrofismo a convertirse en realidad antidemocrática:

– ¿Para qué voy a votar? Igual ganan los mismos
– Gane quien gane, seguirán los mismos. Esto no tiene arreglo.

En ese estado catatónico pasamos un lustro más. Mintiéndonos. Lanzando palabras y eslóganes como solución.

Nada cambió. El voto se convirtió en una mentira.
– ¿Para qué votar? Esto seguirá siendo así, siempre.

Paralelismos
Veamos a España o EEUU hoy. Si bien hacer paralelismos guarda sus peligros, obvios por las diferencias de historia, momentos y personajes, es menester traer al recuerdo algunas consecuencias de la muerte del voto en Venezuela.

La primera consecuencia fue la búsqueda fuera de la democracia de soluciones. Soluciones que eran, en efecto, de facto. En el caso de Venezuela, se invocó al árbitro militar, como siempre en su historia republicana. Ya para 1983, bullían los cuarteles con juramentos de logias y grupos conspirativos en todos los niveles de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Documentada está la juramentación de al menos 4 grupos distintos de militares golpistas, siendo el más famoso de estos el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 que encabezaba Hugo Chávez. Los demás que se conocen, como el grupo Alianza Revolucionaria de Militares Activos (ARMA) liderada por el oficial golpista William Izarra o el grupo previo Los Notables que encabezaba el militar felón Fernando Ochoa Antich, terminaron conjugándose en el movimiento golpista de febrero y noviembre de 1992, ambos con Chávez como cabeza.

¿Adónde llegamos entonces? A las soluciones de facto. En Venezuela se habla de forma fácil del golpe de estado y de la intervención de los militares porque forma parte de nuestra ADN histórico, de nuestro quehacer y devenir.

Pero cuando se tranca el juego y no avanza la fila, en España o EEUU se habla de guerra, más que de golpe. Y es allí donde se guarda el peligro.

El peligro se guarda en cada ciudadano que siente que el caos no lo deja vivir o avanzar. En ese ciudadano que siente que no es el voto lo que solucionará la situación. Y ese ciudadano, que antes podía solo expresarse en una “carta al director” o en las calles dirigido por un líder o por una organización, hoy tiene acceso a ser su propio organizador desde las redes sociales.

Así, aquel ciudadano que debía esperar por un líder ayer, es hoy quien motoriza acciones movidas por el descontento. Desde un hashtag y una convocatoria, puede terminar un sistema político entero siendo derribado.

Lo saben los chavistas que se han lanzado al control de las redes sociales, encarcelando inclusive a ciudadanos por lo que comparten en sus perfiles. Pero lo saben también en PSOE-Podemos, con sus aliados creadores -y ejecutores- de las políticas de fact-checking que no son otra cosa que una fórmula de censura aplicada a contenidos que no conviene a su régimen. Así, si una persona se queja de una obra pública mal hecha en su comunidad, que le afecta de forma directa, pues allí aparecerá un batallón de “fast-checkers” para desmentir a ese ciudadano, que terminará como un regador de fake news y merecedor de suspensión de su cuenta en cualquier red.

Vemos allí que, sin duda alguna, las palabras cuentan. Las palabras tienen poder. Y por eso, desde el Poder ejercido desde la izquierda, se han fijado en los métodos para el control de la palabra.

Siendo así, queda por preguntarse ¿Qué estamos dispuestos a hacer para hacer valer nuestra palabra disidente? La respuesta urge, a ambos lados del Atlántico.

El Ministerio de Igualdad cuesta lo mismo que la vacuna: ya está bien de atracos
El agravio entre el sufrimiento de la población española y los privilegios y derroches de la industria política no se ha frenado ni con la ruinosa pandemia: urge cambiar ese abuso.
Editorial ESdiario  3 Febrero 2021

No habrá ni un español que se levante hoy pensando a ver si, con suerte, prospera la delirante "Ley Trans" que ultima el Ministerio de Igualdad, un despropósito que prevé la posibilidad de que niños de 16 años cambien de sexo sin participación de los padres ni tutela médica: les bastará con acudir al registro civil y tramitar su petición.

Sin embargo, millones de ciudadanos se despertarán con la inquietud de saber cuándo serán vacunados y en qué estado sanitario y económico llegarán a ese momento, plagado de incertidumbres por la falta de dosis: la única certeza es que en junio no estará inmunizado ese 70% de la población comprometido por Sánchez y que millones de españoles no lo estarán, probablemente, hasta 2022.

Pues bien, pese a ese abrumador contraste entre las necesidades de los españoles y la agenda de una parte del Gobierno, a lo que se han dedicado 500 millones de euros es a lo segundo, una cifra muy parecida a la invertida por el Reino Unido en crear su propia vacuna y proteger ya a más de diez millones de británicos.

Este contraste sangrante no solo es injusto, sino que además es insostenible y responde a un esquema de gasto público intolerable que ni la pandemia ha logrado frenar pero urge modificar: no es presentable el derroche público nunca, pero aún en un momento en el que cada euro cuenta en la guerra contra el virus.

Es insoportable que España no tenga dinero para lanar su propia vacuna pero sí para un Ministerio inútil y sectario

¿Cómo es posible que la vacuna española solo tenga un presupuesto de 700.000 euros en el mismo país que entrega 500 millones de euros a un Ministerio, el de Irene Montero, que en su mejor versión es inútil y en la peor y más habitual es contraproducente, sectario y delirante? ¿Cómo se van a regalar 50 millones a Íñigo Errejón para que estudie la reducción de la jornada laboral mientras tanta gente acaba en el INEM e imponen el cierre del pequeño comercio en tanto sitios sin ninguna ayuda?

El agravio es ostentoso con ejemplos así, pero hay muchos más cada día: solo en sobresueldos en la Administración del Estado, el Gobierno gastó más de 800 millones del erario público. Y mientras han cerrado 100.000 empresas y el paro afecta ya a cuatro millones de personas; no se conoce el cierre de ninguno de los miles de organismos superfluos, innecesarios y duplicados que pueblan el mapa de España.

La ruina y desprotección de buena parte de la población española no puede ir acompañada del despilfarro, los privilegios y el abuso de la industria política: en el mismo país no puede haber el Gobierno más amplio de Europa con las ayudas más pírricas a la hostelería o el pequeño comercio. Ni pueden acabar en el desempleo cuatro millones de ciudadanos mientras el Estado sube los salarios y aumenta las plantillas públicas.

Todo ello hunde la economía y deteriora los servicios públicos, pues nada los degrada más que empobrecer a la sociedad o apelar a ellos como mera excusa para colar una pandemia de derroche. No saber cuándo llegará la vacuna pero financiar a las creadoras de leyes tan ridículas como la de cambio de sexo en el DNI con solo pedirlo es, además de un sinsentido, un atraco legalizado a costa de necesidades básicas sin cubrir.

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Un gobierno inútil
Manuel Avilés Edición Alicante esdiario 3 Febrero 2021

No puedo evitar que vengan a mi memoria historias del abuelo Cebolleta. Durmiendo en el colchón a la entrada de mi casa expulsado del dormitorio –hasta me he buscado a un electricista que por doscientos pavos me ha colocado una antena para que pueda ver la tele- me dedico a ver programas deportivos, ori tertulias a la vez y a las ensoñaciones como Rousseau, pero acostado, sin pasear.

Era yo joven. No necesitaba tomarme diariamente la tensión, ni viagra, ni insulina, ni pastillas para dormir y para despertarme. No tenía jodida la próstata y leía las chuletas en los exámenes con letra minúscula y los papeles en el suelo sin necesidad de gafas de los chinos.

Era subdirector de gestión de la cárcel de Fontcalent y sustituía al director mientras estaba de vacaciones. Llega un día al despacho una instancia de un etarra que se llamaba Beloki Kortajerena –reconocía ser psicópata a voz en grito porque alguna vez le oí exclamar: tengo una mala hostia que no me aguanto ni yo-, signo evidente de psicopatía que los grandes psiquiatras Rivera y Doncel definían como “un tío con muy mala leche, que nadie sabe por qué es así y que no tiene cura”. En la instancia pedía que el demandadero le comprara, con cargo a su peculio, jamón de york. Lo que propició mi encontronazo fue el encabezamiento. Se definía como prisionero político vasco.

Contesté a la instancia, con una pluma con tinta roja que me ha acompañado treinta años y no sé quién me habrá mangado, diciéndole: “en este país no hay presos políticos, esto no es el Irán de Jomeini ni el Chile de Pinochet”. Y me quedé tan campante. A los pocos días me llamaron para que me presentara en Madrid. Creía que me iban a meter un puro por el peor de los sitios y fue cuando me ofrecieron la dirección de Nanclares de la Oca. Nunca debí haberla cogido y ahora tendría dos o tres hijos más, catorce centímetros más de perímetro abdominal y muchos quebraderos de cabeza menos.

Me equivoqué con Beloki Kortajerena. Sí hay presos políticos. No en el sentido de que haya delitos políticos sino en el sentido de tratar políticamente a los penados, o sea de distinta manera según sea su condición.

He estado unos cuantos años, en mi oficina, haciendo cuentas de cumplimiento de condenas. Sin calculadora ni programas informáticos, con la cuenta de la vieja, con lápiz y papel y borrando con la misma goma de los chiquillos en la escuela. Veo sorprendido, que después de varios intentos, los presos del llamado Procés –nada que objetar con las peticiones de independencia, que los catalanes llevan más siglos que los vascos dando la lata con la misma matraca-. El Procés, digo, en realidad fue según sentencia un delito de sedición y malversación, y los condenados ya andan pisando calle.

No tengo los expedientes en mi mano, solo faltaba, que hace algunos años me ofertaron dirigir la prisión de Ponent en Lleida y la señora Nuria de Gispert – mal encarada, radical e interesada- se negó rotundamente argumentando que había estado dedicado a asuntos etarras y no quería riesgos con esas historias. No tengo los expedientes, pero saben que leo prensa y me trago tertulias de todos los colores. Dudo que todos estos penados hayan cumplido la cuarta parte preceptiva y desde luego todos están muy lejos de haber cumplido la mitad de la pena – requisito que entró en el código penal en una de las reformas aznarianas para todas las condenas superiores a cinco años-. Su tercer grado solo es equiparable en velocidad al que la derecha –impulsada por la señora Aguirre- regaló a un tal Carromero – líder de Nuevas Generaciones- en la cárcel de Segovia. Cumplía un delito cometido en Cuba con ocasión de conducir un coche y en él hubo dos muertos. Nunca se vio un tercer grado a esa velocidad: 13 días en la cárcel y… a la calle. Eso sí, estudiado vertiginosamente por todo el equipo de tratamiento que no sé qué llamadas recibiría. Desde luego, nadie condenado a trece años sale tan rápido en tercer grado si no se llama Junqueras – del que me dicen mis funcionarios que lo han tratado que es un señor correctísimo y educadísimo-, ni sale, como he oído decir a Turull en un mitin que “lo hicimos y lo volveremos a hacer”. ¿Dónde está esa premisa del tratamiento de vivir respetando la ley penal? ¿Cuáles serán los argumentos del indulto que se rumorea dependiendo de las elecciones catalanas?

Hay presos políticos en España. Presos , mejor dicho penados para hablar con propiedad, que son tratados políticamente, con decisiones que no están basadas exclusivamente en el código penal, ni en el penitenciario, ni en el saber de la Criminología o la Psicología, sino en las decisiones de políticos – y en los marcajes estrechos que se llevan- que, sin saber nada de eso, las adoptan con otros criterios: la conveniencia, la repercusión en las urnas, el atender a las expectativas partidistas, o los pactos para requerir el voto en otras cuestiones parlamentarias.

Idéntico caso es el de los etarras. La dispersión se ideó para luchar contra la banda terrorista, una banda que ya no existe por lo cual la dispersión carece de sentido. Sin embargo, se la cogen con papel de fumar para que estos delincuentes cumplan conforme a la ley penitenciaria para evitar que la derecha se les tire encima. Los mandan con cuentagotas y ahora, en marzo, darán las transferencias penitenciarias al Gobierno Vasco para que haga tabla rasa con el asunto, en pago por el apoyo a los presupuestos del PNV y Bildu. Es decir, se hace política con los presos. Yo no digo que sea bueno o malo, que se deba o no, simplemente digo que es así y que eso no pasa con los chorizos robaperas, con los tironeros ni con los atracadores vulgares que llevan tatuado “Amor de madre” en el antebrazo y “Kie 13” en el dorso de la mano.

Cuando Isidro Etxabe y Jon Urrutia criticaron en el año 91 que ETA atentara y matara al niño Fabio Moreno e hiriera gravísimamente a la niña Irene Villa, la banda los expulsó, los estigmatizó como traidores y ellos fueron – con riesgo personal evidente- quienes pusieron la primera piedra que luego han seguido otros: el fin de la organización y los presos saliendo al grito de ¡maricón el último! Pura política.

Dejo a los catalanes y a los vascos y empiezo con los valencianos. ¿Hay alguien en su gobierno que sepa escribir? Sueldos y gente colocada hay para parar un tren, secretarios autonómicos y directores generales de todo pero… ¿alguien ha estudiado la gramática aunque sea por encima?

El Diario Oficial de la Generalitat del 25 de enero, con motivo de la limitación reuniones familiares y de personas en espacios privados, normas motivadas por la pandemia – que no se cumplen, ya les hablaré algún día de la obligada ventilación en edificios- dice: “las personas que viven solas, que podrán formar parte de otra única unidad de convivencia formando una unidad de convivencia ampliada. Cada unidad de convivencia ampliada solo podrá integrar a una única persona que viva sola. Y la persona que viva sola podrá formar parte exclusivamente de una unidad de convivencia ampliada durante todo el periodo de vigencia de la medida”.

¿Han entendido algo? Yo tampoco. ¿Han contratado como redactor a Groucho Marx? ¿Ha dimitido alguien?

Si no me dan claras las normas de comportamiento, si no me vacunan pese a ser persona de riesgo, si llamo al centro de salud y no cogen el teléfono – puede haber y hay más patologías además del covid-, si andan pendientes de si el gobierno va a ser tripartito, bipartito o monopartito, todo el día pendientes de estrategias para mantenerse… si no solucionan los problemas de los ciudadanos y además nos mandan boletines que son jeroglíficos ¿para qué sirve el gobierno?

Vox ya no es la ultraderecha
José Antonio Vera. larazon 3 Febrero 2021

Claro que Vox ya no es Satán ni Belcebú ni la serpiente de las siete cabezas que devoraba a los niños por la noche. Lo ha sugerido, toda sonriente ella, la vicepresidenta Calvo, ministra de Cultura en los tiempos en los que decía, tan alegre, que «el dinero público no es de nadie». Y como no es de nadie, o sea, no es de los españoles que pagamos impuestos, sino del viento, entonces ellos lo pueden emplear como les dé la socialista gana, es decir, por-el-forro.

Para eso gobiernan y tienen aliados. Por ejemplo, el comunismo podemita, los proetarras de Bildu y los golpistas de la ERC. Últimamente, hasta los Ciudadanos de Arrimadas. Y ahora, para general sorpresa de la concurrencia, el mismísimo Vox, tan duro otrora con Sánchez e Iglesias, tan comprensivo hoy con la idea de que sea el Gobierno quien reparta a su antojo los 140.000 millones de euros que nos van a caer de Bruselas.

Y están en Moncloa que no caben en sí de tanto gozo. Vox ya no es la ultraderecha. Es gente amable. Abascal y Espinosa tienen barbas, parecen izquierdistas. Sólo hay que ponerles traje de pana. Hace apenas unos meses eran la ultra-ultra-ultra-derecha, en expresión solemne del vicepresidente-2 en el Congreso de los Diputados. Ahora resultan hasta simpáticos, oye. Con la abstención de Vox, este Gobierno va a poder distribuir como le plazca el dinero europeo caído del cielo. Porque en materia de manguerazos son maestros los socialistas. Han obtenido siempre cum-laude en el reparto de subsidios, subvenciones, el PER andaluz, los pesebres culturales, las mamandurrias sindicales.

Ahí los vimos, por ejemplo, con los ERE de Andalucía, el mayor escándalo de corrupción de la democracia: 680 millones de euros malversados, 18 altos cargos condenados, dos ex presidentes de la Junta noqueados, 68 años de prisión, 254 años en inhabilitaciones. Al socialismo le gusta hacerlo todo a lo grande. O sea, que-no-farte-de-ná. Y los 140.000 millones de Bruselas son gigantescos, dan para mucho. Gracias a Vox los van a poder repartir ellos a su antojo, sin mediar agencias de control, como en Francia y Alemania, sin luz ni taquígrafos, sin el requisito de tener que pasar previamente por las Cortes.

De modo que si aquello fue un error alguien debería pedir perdón. Porque fue un error mayúsculo. Y no se entiende. Ya solo falta que en Madrid la señora Monasterio le empiece a complicar la vida a Ayuso.

La agenda de la desvergüenza: 158 terroristas de ETA ya están en su casa
Por justicia y dignidad, no se puede pasar por alto la hoja de ruta en marcha para agradar a Bildu a costa de ampliar el sufrimiento de las víctimas.
Fernando de Rosa esdiario 3 Febrero 2021

Acaba de empezar la campaña electoral catalana y la administración penitenciaria de dicha comunidad ha facilitado el primer acto electoral de los partidos independentistas, la salida de las cárceles de los políticos presos, sin que el candidato socialista Illa haya exigido que no se les aplique medida penitenciaria alguna.

Evidentemente el hecho de que Junqueras, los Jordis o Carmen Forcadell estén dando mítines electorales entra dentro de los pactos oscuros que desde las cloacas están urdiendo para cimentar el escenario postelectoral del 15 de febrero.

Nadie puede dudar que si los números lo permiten el gobierno de la futura Generalitat estará basado en la suma de los mismos partidos que sostienen el gobierno de España: PSC-Podemos-ERC, pero para ello los presos golpistas deben de estar en libertad para bendecir este pacto.

La jugada política es retorcida, ERC pone en libertad a los presos, Illa mira hacia otro lado y la Fiscal General del Estado retrasa lo máximo posible el recurso contra esta resolución.

La política penitenciaria de este gobierno, dirigida por Marlaska, se ha convertido en una pieza más para cimentar los pactos que permiten a Sánchez seguir en el poder. En marzo se entregará la competencia de prisiones al País Vasco, para que desde la futura administración penitenciaria vasca se haga política con los presos etarras.

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El Ministerio del Interior ya está haciendo que los presos terroristas estén en cárceles próximas al País vasco, actuando sin remordimiento alguno y sin tener en cuenta el dolor de las víctimas que solo exigen dignidad y Justicia.

Por decencia toda sociedad democrática debe de tener en cuenta el sufrimiento de las víctimas de todo delito, pero fundamentalmente de aquellas que han sufrido los zarpazos terroristas por defender la democracia frente al odio.

En estos días hemos conocido que el PSOE ha pactado con Bildu el traslado de 5 terroristas a la semana a cárceles próximas al País Vasco, por ahora se han realizado 158 acercamientos, iniciándose en el verano de 2018 con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

Entre los últimos acercados está Juan Ramón Carasatorre asesino de Gregorio Ordoñez que ha sido llevado a la prisión del Dueso en Cantabria o de José Javier Arizkuren alias “Kantauri” que fue dirigente de ETA y asesino que ordenó la ejecución de Miguel Ángel Blanco, y que ha sido trasladado a la cárcel de Pamplona, en este último caso la crueldad del Gobierno era mucho mayor puesto que inicialmente iba a ser trasladado a la cárcel de Logroño, donde se encuentran trabajando los funcionarios de prisiones que eran compañeros de Ortega Lara, secuestrado cuando él lideraba la banda terrorista.

En la relación de agraciados por la generosidad del Gobierno también se encuentra Luis Mariñelarena que participó en el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa, López de Lacalle alias “Mobutu” asesino de tres guardias civiles, Inciarte Gallardo asesino de un teniente , un cabo de la policía y de la mujer de este último que estaba embarazada, y de José Luis Barrios asesino del matrimonio Jiménez Becerril.

La agenda
Los 158 acercamientos de terroristas son 158 razones para no votar a quién está diseñando la agenda de la desvergüenza, y la primera ocasión es en las elecciones catalanas, ya que a la indignidad referida, se une el blanqueamiento de los políticos que defienden la violencia pasada presente o futura.
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Tan deleznable es escuchar como la portavoz socialista Adriana Lastra denomina a Otegi “hombre de estado”, como oír a Jordi Cuixart decir “lo volveremos a hacer” sin que el candidato socialista Salvador Illa condene expresamente esta frase que supone la amenaza de futuros delitos contra la democracia española.

Los ciudadanos solamente debemos aceptar el blanqueamiento de nuestras manos, como cuando salimos a llorar la muerte de Miguel Ángel blanco y juntos de nuevo debemos rechazar el blanqueamiento de delincuentes exigiendo dignidad y justicia. Podemos hacerlo y la primera oportunidad es el 14-F.
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