AGLI Recortes de Prensa   Jueves 4  Febrero  2021

PP: Crónica de un hundimiento anunciado
Rafael Bardají. https://gaceta.es/ 4 Febrero 2021

Que Vox salvara al gobierno absteniéndose en la votación sobre la gestión de los fondos europeos fue un error garrafal que debería abochornar en público —y no sólo avergonzar en privado— al responsable del grupo parlamentario. Explicaciones han corrido muchas, oficiales y oficiosas, ingenuas y conspiranoicas, aunque yo tiendo siempre a quedarme con la más simple: la bisoñez de alguno de sus parlamentarios.

Aclarado este punto, lo que no tiene ni pies ni cabeza es el elogio al PSOE realizado estos días por el máximo dirigente -que no líder- del PP, Pablo Casado. No sólo sus argumentos ponen de relieve que ha aprendido poco de la Historia de España en sus múltiples máster y estudios, sino que contradice la reacción de su partido a la famosa votación de Vox. Si abstenerse equivalía para ellos a servir de salvavidas de Sánchez, toda una exageración, ¿qué podría ser entonces reconocer “la grandeza del partido socialista” como ha hecho su presidente ante los micrófonos?

Pablo Casado y su exigua corte de Génova no sólo tienden a sobreactuar, sino que parecen movidos exclusivamente por su miedo a Vox. Su temor a dejar de ser el principal referente de la oposición, vamos, a dejar de ser la oposición institucional, les lleva una y otra vez a, primero, denostar de cuanto haga Vox, y, luego, a imitarlo burdamente. Una estrategia esquizofrénica de denuncia e imitación barata. Seguramente habrá algún ingenuo que quiera justificarlo como treta electoral ante los comicios catalanes de este 14F. Pero yo, sinceramente, voy más allá. Es más, como táctica electoralista no parece que les esté resultando muy positiva a tenor de unas encuestas donde el PP ni despega ni deja atrás a Vox.

El elogio del Casado al PSOE pone de relieve su incapacidad para aceptar la realidad, pues no es otra cosa que un canto al bipartidismo: Que el PSOE engulla a Podemos; que Vox desaparezca y todos felices y contentos. La derecha una, frente a una izquierda reconocible. Pero recuperar el tiempo y el espacio perdido no depende del PP. Menos cuando ha dejado de preguntarse por el por qué de esa fragmentación en lo que está a la derecha del socialismo español, europeo y universal. Casado ha realizado demasiados virajes desde que llegó a la cúspide de los populares y parece haber perdido el norte de mareado que está. Ni la derecha puede volver a ser lo que era, ni la izquierda volverá a ser pragmática, moderada y socialdemócrata.

El PP actual es como el Titanic, marchando inexorable hacia su iceberg. Y no veo la capacidad de reacción en un partido que por su historia y su poder territorial es todo esqueleto pero nada de chicha, todo aparato pero ninguna idea, y que pueda virar a tiempo y esquivar su destino. Una insurrección a bordo para desplazar al capitán al mando sería insuficiente a esta altura de su trayectoria. Feijóo podría ser un gran líder, pero no de la derecha sino de una oposición perpetua y limitada, atado como está a su pasado.

En todo naufragio siempre hay una orquesta que anima hacia la perdición, pero también sabemos que son los más quienes corren a saltar del barco que se hunde. En España hemos visto desaparecer grandes partidos como por arte de magia. No se debe excluir que al PP actual le suceda lo mismo. En la guerra, la victoria se alcanza cuando el enemigo se convence de que no puede ganar. En política, cuando un partido es más prometedor que el tuyo propio. ¿Qué promete el PP de hoy? El elogio del socialismo. No creo que haga falta decir mucho más. Por eso si Vox da el sorpasso al PP en Cataluña, el puente de mando del Titanic se revolverá. Pero si Vox no lo logra, da igual. Génova seguirá siendo el puente de mando de un buque que va derecho a su hundimiento. Es cuestión de tiempo.

La dictadura del multiculturalismo
Miguel Ángel Belloso okdiario

Con motivo de las elecciones catalanas Vox escribió un comentario en Twitter señalando que aún representando un 0,2 por ciento de la población los inmigrantes de origen magrebí en Cataluña son los responsables del 93 por ciento de las denuncias por actos violentos en la región. Naturalmente, estos datos no son inventados. Provienen del Instituto Nacional de Estadística y fueron también publicados en el diario ‘La Vanguardia’. A pesar de las evidencias, la red social decidió cancelar la cuenta del partido de Abascal con el pretexto de que esta clase de afirmaciones puede incitar al odio.

Nunca la libertad de expresión, que es uno de los pilares del estado de derecho y de la civilización occidental, había estado tanto en almoneda, había pasado por momentos tan extremos e inquietantes en la tierra donde ha germinado y se asienta la democracia liberal. Antes, Twitter, que junto con Facebook se han convertido en los nuevos amos del universo, han vetado otras cuentas, por supuesto la de Trump, entre ellas la de OKDIARIO donde escribo, y con igual argumento peregrino, que sencillamente esconde la determinación por ocultar y proscribir las ideas que no son del agrado de estos nuevos dictadores, la Inquisición contemporánea que declara qué es publicable y qué debe ser objeto de censura.

El caso es que el comentario de Vox hacía referencia a uno de los problemas más notables de España, que no es otro que la inmigración, una gran parte de ella ilegal, atraída por un fabuloso estado de bienestar, y en particular la de origen magrebí, cuyos referentes son radicalmente opuestos a los principios que informan nuestro modelo de convivencia desde tiempo inmemorial. Cuando los españoles emigraban durante el régimen de Franco a Alemania o a Francia en busca de mejores oportunidades de vida, iban todos, o casi todos, con un contrato de trabajo entre los dientes, pero siempre con la voluntad de integrarse en la nación de acogida a la que acabaron eternamente agradecidos y todavía adoran sinceramente. Ninguno de ellos tuvo la idea descabellada de resucitar la España triste y desarbolada de aquella época en los países que los recibían. Todos se comportaron de manera inmaculada, todos trataban a su manera de impulsar la economía del país y así conseguir los ahorros suficientes para enviar remesas a su destino de origen o para procurar en su nueva residencia una vida más alentadora para los suyos.

El mundo ha cambiado mucho desde entonces. El estado de bienestar de los países occidentales, con su barra libre generalizada, ejerce un poder fascinador para los que viven en su tierra en peores condiciones, a los que las mafias les han dicho que aquí todo es gratis, la vivienda, la escolarización y el alimento. De manera que arriesgan hasta la vida para escapar de aquel destino hostil y llegar a nuestras costas en busca de la felicidad. No habría nada que objetar al respecto si España fuera un país rico, capaz de permitirse estos lujos -algo muy lejos de la realidad- y, sobre todo, si los que llegan tuvieran la indeclinable voluntad de cumplir las leyes y de no crear problemas. Pero esto no sucede, como decía el tuit de Vox, y como la experiencia de los nativos, es decir de nosotros, acredita.

En los pueblos de la ribera de Navarra donde nací, la proporción de inmigración de origen magrebí hace tiempo que es alarmante. Son gente que no contribuye al desarrollo de la comunidad por varios motivos. Uno de ellos es que la mayor parte de los varones no trabaja y se pasa el día en el bar tomando café bombón y jugando a las cartas sin afán crematístico -que es otro grave defecto incompatible con los naipes-, o paseando por las calles sin entrar en conversación con nadie, y luego yendo por supuesto a la mezquita-garaje de turno. El segundo es que esta clase de inmigrante ni se integra ni tiene intención alguna de participar en la vida civil, ni tampoco de contribuir a su enriquecimiento.

Y bien, ¿por qué arriban a la Ribera de Navarra, entre otros lugares de España? Pues porque allí se vive muy bien. ¿Y de qué viven esos señores, por llamarles con un poco de honor, en lugar de vagos y caraduras, que es lo que son? Pues de la beneficencia pública habilitada en este caso por el Gobierno foral, de la generosidad de los ayuntamientos correspondientes, de la solidaridad de los vecinos, y de nada más. Bueno sí, de la presión fiscal asfixiante que soportan los ciudadanos españoles para pagar esta fiesta. ¿Qué proporcionan a cambio? Nada. O algo peor. Un ambiente cada vez más irrespirable en los lugares donde se hospedan, en los que hablan por supuesto su propio idioma, y por cuya supervivencia y progreso tienen un interés equivalente a cero.

La Fundación Disenso, promovida por el partido Vox, acaba de publicar un magnífico informe titulado ‘El fracaso del multiculturalismo’ que es un compendio de las atrocidades que puede generar esta teoría impulsada por el buenismo recalcitrante y por todos los progresistas del orbe, ya ni siquiera animados de las mejores intenciones. Allí se lee que la inmigración irregular no sólo erosiona la estructura social vigente, aumentando los niveles de desconfianza y de inquietud de los ciudadanos, sino que también contribuye al aumento de la criminalidad como denunciaba el tuit de Vox.

Esto es particularmente grave en el caso de la inmigración de origen y religión musulmana, que, aprovechándose de todos los derechos instaurados indiscriminadamente por los gobiernos occidentales, no creen en la ley ni en la república, que sólo obedecen a la sharía, la norma islámica, que están en contra de la separación de poderes, que son absolutamente antidemócratas y que finalmente albergan el recóndito deseo de, una vez colonizados, volver a derrotarnos. El hecho incontestable de que tengan una tasa de natalidad muy superior a la de los países de acogida, que en cualquier circunstancia sería siempre beneficioso para la humanidad, complica el problema, pues es evidente que estos niños serán educados en todas las ideas opuestas y contrarias a los principios de la civilización occidental donde han nacido gracias a sus dádivas y sinecuras.

En el estudio de Disenso se recuerda al célebre politólogo italiano Giovanni Sartori, inesperadamente premio Príncipe de Asturias, a pesar de su enorme incorrección política, y habitualmente debelador de las políticas migratorias de puertas abiertas como las que han puesto en marcha Francia y Alemania con resultados catastróficos. En el informe se citan las conclusiones a las que llegaron ya en 2010 y en 2011 tres animales políticos como el galo Nicolas Sarkozy, el británico David Cameron y Angela Merkel. Los tres fueron unánimes: el intento de crear una sociedad multicultural ha fracaso por completo. “Por completo”.

Nadie niega que la inmigración puede contribuir al bienestar de la comunidad receptora. Países como Australia y sobre todo Estados Unidos fueron construidos por inmigrantes, y quizá por eso mismo poseen las leyes más estrictas y duras para filtrar los flujos no sólo en cantidad sino en calidad. El multiculturalismo, la idea de que los gobiernos deben proteger, subvencionar y animar la identidad de gente que no sólo no piensa como nosotros sino que alberga el íntimo propósito de imponer poco a poco sus ideas, como la lluvia fina, al calor del cocido diario sólo puede tener consecuencias nocivas, aumentando la conflictividad, la desconfianza de los nativos en su propia nación, y eventualmente el crimen, como ya hemos tenido la oportunidad de comprobar con los diferentes atentados en Europa a manos de musulmanes radicales bien alimentados, particularmente en España, en Madrid y en Barcelona.

¿Es posible convivir con el Islam? ¿Es posible aceptar inmigración de naturaleza musulmana? Me parece que, como poco, no es fácil. Un amplio porcentaje de la población de estas comunidades rechaza nuestra forma de vida y nuestros valores poniendo contra las cuerdas el sistema de derechos y de libertades que tanto nos ha costado conseguir, y promoviendo de hecho que en algunos países como particularmente Francia estas comunidades vivan a espaldas del Estado. A finales de 2005, la policía gala tenía fichados a casi 5.000 musulmanes radicales. A finales de 2020, esta cifra supera ampliamente los 100.000. ¿Es esto una incitación al odio o la constatación de una verdad empírica? Yo lo tengo claro. ¿Y usted? A mi me parece que es la puta realidad. Una realidad que hay que afrontar con coraje y determinación, no como los padres de los alumnos que se han negado a que el colegio en el que fue asesinado el profesor Samuel Paty por mostrar caricaturas de Mahoma a los estudiantes llevara su nombre en un acto infame de cobardía. ¿Cuál fue el pretexto de estos padres benedictinos? “Así evitamos posibles problemas”, dijeron. Así nos va.

El informe de la Fundación Disenso es revelador de lo que nos sucede, de la desnaturalización cultural que padecemos en medio de una indiferencia general y cómplice. No se lo pierdan

«2017 nos obliga a tomar muy en serio la posibilidad de que las autonomías son parte del problema»
El historiador David Jimenez analiza el órdago secesionista de hace tres años en su libro “2017. La Crisis que cambió España”
A. Rojo larazon 4 Febrero 2021

¿Hay suficiente perspectiva para hacer un libro de historia sobre el 2017?
Precisamente ahora estamos en el momento de ver que podemos empezar a ver de manera objetiva que 2017 fue un punto de quiebra para la democracia española. Mucho de lo que ha ocurrido desde entonces se explica por lo que sucedió en 2017. Aquella crisis es el resultado de muchos procesos que se habían puesto en marcha mucho antes, incluso en los ochenta. 2017 ha marcado a muchas instituciones y a la percepción que tiene la ciudadanía de esas instituciones, desde el Monarca al Poder Judicial. En el libro utilizo la expresión «onda expansiva». 2017 es una año clave por la onda expansiva que está teniendo, también en nuestras ideas de qué es la democracia española y cuál es el mejor sistema de equilibrios y de administración del territorio que podemos tener.

¿Es exagerado hablar de «golpismo» en relación a los sucesos de 2017?
El problema es que entramos en una discusión semántica acerca de que es golpe y que no lo es. El término que acuñó Daniel Gascón de «golpe posmoderno» caló mucho. Por un lado se ajusta a la definición de Kelsen y, al mismo tiempo hubo cosas ambíguas acerca de ese golpe u no tenía la estética que suele facilitarnos localizar un golpe: militares en el Congreso. Pero no necesitamos llegar a una conclusión fuerte sobre si fue golpismo para decir que fue un asalto al orden constitucional. En eso no hay ninguna duda, ni los propios líderes independentistas lo pondrían en duda. Fue un intento de crear una legitimidad paralela. Una serie de dirigentes autonómicos eligieron que leyes podían obedecer y cuales no.

¿Cree que hubo alguna vez lealtad real en el nacionalismo catalán y vasco o siempre vieron en el estado de las autonomías una concesión del Estado y paso intermedio hacia la independencia?
En el libro cito la declaración de Barcelona de 1998 que suscriben, Ciu, PNV y BNG en la que dejan nítido que para ellos el autonomismo no es un fin en sí mismo sino un medio para llegar a ejercer la autodeterminación. Esto no es después de la reforma del estatuto ni después de que Rajoy se cierre a un pacto fiscal que le exigía Artur Mas. Había una ambigüedad inherente en el estado autonómico. Líderes autonómicos han jugado con esa ambigüedad. Los nacionalistas siempre van a tener un horizonte de ejercer la autodeterminación. Pujol hablaba de «hacer país». Lo que no quedó claro en el proceso autonómico es donde estaba la línea. Esto explica que se llegara a 2017.

¿Hasta que punto se puede decir que el estado de las autonomías, más que una solución, ha sido una de las causas de la crisis de 2017?
2017 nos obliga a contemplar esa posibilidad que dice, a tomar muy en serio la idea de que el autonomismo no ha sido solución si no parte del problema. Esto no debería llevarnos a una cuestión de autonomías sí o autonomías no. Creo que la solución es estado autonómico en el que queden más delimitados los límites de las distintas partes. Es evidente que el autonomismo ha permitido a CiU y a las distintas coaliciones que han gobernado en Cataluña a tener un enorme poder en el territorio y crear una base de intereses y de acción política que les dio buena parte de la fuerza que utilizaron en 2017. 2017 nos obliga a replantearnos muchas cosas y una de ellas es precisamente a revisar el funcionamiento de las autonomías.

Defiende en el libro que el constitucionalismo ganó la guerra en 2017 pero perdió la paz, ¿qué más se tenía que haber hecho para ganar también la paz?
Las metáforas militares no terminan de aplicarse a este asunto, es un matiz que querría introducir. Creo que después de 2017 lo lógico es que el eje de la gobernabilidad de España pasara por vertebrar el eje constitucionalista a través de fórmulas de gran coalición o apoyos desde fuera entre PP y PSOE. La fórmula del bipartidismo imperfecto apoyado por los nacionalistas debería haberse quedado atrás. La manera de empujar a los nacionalistas a que abandonaran su radicalidad era dejarles claro que no serían parte de la ecuación para gobernar España mientras siguieran abonados al discurso de los presos políticos, el presunto exilio, etc. Esa oportunidad se ha ido perdiendo a lo largo de los pasados años. Y creo también que se ha estado rehabilitando desde los gobiernos de Pedro Sánchez aguno de los marcos que deberían haber colapsado en 2017, como por ejemplo todo era culpa del Partido Popular que era «una fábrica de independentistas» y que todo esto se resuelve con diálogo.

Con el PSOE endémicamente dependiente de los escaños votos independentistas parece que no hay una solución a corto plazo...
No la va a haber porque el PSOE esta empeñado en construir el mundo de ayer. Sánchez no ha hecho nada que Zapatero no podría haber firmado. Pero ese intento de reconstruir el pasado es imposible, y la historia lo va a ir demostrando. Las elecciones en Cataluña lo van a demostrar también. La política del ibuprofeno de Sánchez no ha cambiado nada. Al único que ha beneficiado es al propio Sánchez.

¿Muestra usted sorpresa por el hecho de que los nacionalistas son incapaces de aceptar la frustración de sus anhelos, algo que hacen todos los votantes que ven como su partido no gana las elecciones...
Da la sensación de que siempre hay que darles algo. Bueno,creo que hay bastantes ciudadanos que están frustrados con el estado de las autonomías. Sin embargo, nunca se dice que se deban satisfacer esos anhelos. Nunca se dice que porque haya esos millones de personas agraviados eso significa automática que su reivindicación sea legítima. En el caso de los nacionalistas creo que seguimos teniendo el problema de pensar que hay algo orgánico e inevitable en la insatisfacción nacionalista, como si surgiera de los ríos o de las piedras en vez de ser el resultado de mecanismos de oportunidad y estrategia política.

¿Si hay «sorpasso» de Vox a PP en Cataluña se estará más cerca de una solución o más lejos?
Es una excelente pregunta para la que no tengo respuesta. Sería paradójico que los mismos que dicen que si la gente vota a los independentistas «será por algo», si hay muchos catalanes votan a Vox igual también tienen agravios a los que habría que responder. Sería bastante simbólico que un partido que nade en buena medida debido a las consecuencias de 2017 luego acabe también desempeñando un papel en Cataluña.

Ya os suspenderá la vida
Xavier Pericay. vozpopuli 4 Febrero 2021

Uno de los grandes males de la enseñanza pública española es el abandono de que ha sido objeto por parte de quienes profesan, en el ámbito educativo y fuera de él, ideas liberales. O sea, por parte de quienes consideran que la enseñanza pública, para garantizar la igualdad de oportunidades, debería facilitar ante todo una formación humanística y científica solvente, libre de anteojeras ideológicas, de modo que cada uno de los futuros ciudadanos que por ella transiten pueda terminar encontrando, conforme al esfuerzo desplegado y al mérito contraído, un lugar en la sociedad. Debería facilitar, digo. Porque es evidente que hoy en día no es así.

Ese desistimiento liberal tiene, claro, su contrapunto: la colonización de que ha sido víctima en España la enseñanza pública, en todas sus etapas –desde la educación infantil hasta la universitaria–, por parte de la izquierda y el nacionalismo supremacista. Por si alguna persona de buena fe albergaba todavía alguna duda al respecto, la tramitación y posterior aprobación de la nueva ley educativa habrá acabado con ella. Si un gobierno de una democracia liberal como se supone que es la nuestra se atreve con una reforma de semejante calado ideológico es porque posee la certeza de que en la enseñanza primaria y secundaria de gestión y titularidad públicas todo está bajo control. Todo: profesores, estudiantes, sindicatos del ramo, asociaciones de padres, y hasta conserjes y bedeles. Y de existir alguna discrepancia, los poderosos tentáculos de la Administración, con sus castigos y sus favores, se bastan y se sobran para acallarla.

Esa colonización ideológica de la enseñanza primaria y secundaria se ha dado también, claro está, en la universidad pública. Con la particularidad de que en este caso se le ha añadido una figura singular, la llamada autonomía universitaria, que ha terminado convirtiéndose en una verdadera patente de corso. A propósito, les recomiendo que lean, si no lo hicieron ya en su momento, el valiente y muy instructivo ensayo biográfico de Clara Eugenia Núñez Universidad y Ciencia en España. Claves de un fracaso y vías de solución (Gadir, 2013). Comprobarán cómo se paga –en este caso con el cese en el cargo de la propia autora, por entonces directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid– el intento de reformar el sistema que los rectores del lugar, con el ínclito Ángel Gabilondo a la cabeza, tenían instaurado y cuyas principales características eran la endogamia, la falta de transparencia, la ausencia de rendición de cuentas y, en definitiva, la ineficiencia y la consiguiente dilapidación del talento y del dinero público.

Pero volvamos al presente. A lo largo de este mes de enero hemos asistido, para pasmo de muchos –si es que en la mente de los españoles queda todavía espacio para el pasmo–, a una justa de declaraciones encontradas entre el ministro del ramo, Manuel Castells, y la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, con la naturaleza de los exámenes, presenciales u online, como telón de fondo. Se trata de algo inédito. Nunca un ministro había osado enfrentarse, y encima públicamente, a un lobby de este tenor. Por no atreverse, ni siquiera se había atrevido ninguno a dar un paso de cierta trascendencia sin contar con el placet de la CRUE. Pero Castells, como nadie ignora, vive ya en otro mundo. Cuando afirmó en aquella comparecencia en el Congreso que este mundo se acaba, seguro que ninguno de esos rectores magníficos se tomó en serio sus palabras. Y ya ven. No bromeaba, no.

Castells afirma que comprende a los estudiantes cuando advierten del peligro que suponen en tiempos de pandemia las evaluaciones presenciales y abogan por hacerlas online, como al término del pasado curso académico. Los rectores, por su parte, sostienen que no existe peligro alguno de contagio, que los protocolos acordados con Sanidad funcionan, y que las pruebas del curso pasado fueron un paripé en el que los estudiantes copiaron a mansalva, por lo que resulta imprescindible que ahora se hagan de forma presencial. Y, por si no bastaba con esas razones, recuerdan que la autonomía universitaria les asiste. En suma, que el ministro no debería meterse donde no le llaman.

Castells será lo que quieran, pero no engaña. Ya manifestó hace meses que no le importa que los alumnos copien. Es más –apunten, rectores, por si además de magníficos se siguen considerando renovadores y progresistas–, que “la obsesión de que no copien es un reflejo de una vieja pedagogía autoritaria”. Castells es de los tiempos del aprobado general político o del aprobado particular, político o no. Del “ya te suspenderá la vida” (y, al paso que vamos, vaya si los suspenderá). Dicen que ha llegado a ministro porque Colau así lo quiso. Tal vez. Pero me da que al presidente Sánchez ese enfrentamiento de Castells con el lobby rectoral no le preocupa lo más mínimo. Y, si me apuran, hasta puede que le despierte cierta simpatía. ¿Cómo no va a compartir con su ministro ese desprecio por la limpieza en las evaluaciones un presidente que, aparte de haber copiado su tesis doctoral, no admite otra evaluación sobre su gestión de gobierno que la suya propia?

 

Elecciones Cataluña 2021
Illa da alas al separatismo: pide a Sánchez una Ley de Lenguas que fomente el catalán en toda España
Illa asume el lenguaje separatista en campaña: promete un plan «nacional» de Sanidad para Cataluña
Illa entra en campaña electoral diferenciando entre «los españoles y los catalanes»
Luz Sela okdiario 4 Febrero 2021

Salvador Illa da un impulso a las ambiciones de los independentistas, y de Podemos, para el fomento del catalán -y del resto de lenguas co-oficiales-en toda España. El candidato socialista a las elecciones en Cataluña del próximo 14 de febrero recoge en uno de los puntos de su programa la petición a Pedro Sánchez de una «Ley de lenguas» para «reconocer el plurilingüismo de España». La intención es que en todo el país se promueva ese «plurilingüismo», «haciendo valer la riqueza que aportan las diversas lenguas españolas, tanto en el ámbito cultural y creativo como en el fomento de la convivencia», explican los socialistas.

Illa asume además en su propuesta electoral una de las ambiciones de Miquel Iceta: el «federalismo lingüístico». El ahora ministro de Política Territorial incluyó esa fórmula en el 14 congreso del PSC, celebrado en 2019. Se trataba, como constó en los documentos consensuados entonces, de «promover en el ámbito estatal el reconocimiento y la preservación del plurilingüismo, articulando la defensa de todas las lenguas oficiales y el reconocimiento de la riqueza lingüística en toda España, garantizando el derecho de todos a hablar su lengua y la obligación de las administraciones de garantizar el derecho de los hablantes».

Igualmente se reclamaba «promover el conocimiento y el reconocimiento de la diversidad lingüística en todo el territorio».

La propuesta alimenta las pretensiones del separatismo, formaciones que, el pasado diciembre, apoyadas por Podemos, presentaron en el Congreso una proposición no de ley, aún pendiente de debate, en la que se insta a poner fin a la «imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal», de forma que se permita la utilización de las diferentes lenguas del país en instituciones nacionales, con independencia de su ubicación. Entre ellas, las Cortes Generales (Congreso y Senado), así como el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española. Asimismo, se obliga a los funcionarios a conocer la lengua propia y se solicita que se impulsen las reformas estatutarias necesarias para reconocer la oficialidad de las lenguas propias del país que aún no han obtenido esa condición, como es el caso de Asturias.

Los firmantes solicitan que el Estado garantice la capacitación de las lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la Justicia, y el uso generalizado en las páginas oficiales, así como el «reconocimiento internacional» de estas lenguas en «paridad con el castellano» con el objetivo, dicen, de poner fin a la «imposición legal exclusiva» del castellano en la normativa estatal, que afecta «de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado».

Tras la llegada al Gobierno, Sánchez ya expresó su intención de «potenciar el uso de las lenguas oficiales en la Administración General del Estado», impulsando su conocimiento por parte del funcionariado.

Ayudas al catalán
En su programa para el 14-F, Illa propone además derogar las infracciones previstas «en el Código de Consumo del artículo 331 apartados 4 y 6 y sus sanciones en relación con el uso del castellano», pero sustituyéndolas por «un plan de ayudas a la rotulación en catalán».

Sobre la enseñanza, pretende «reforzar el castellano o el catalán en función de las necesidades del alumnado, garantizando el pleno dominio de ambas lenguas al finalizar la escolarización». El programa dispone la autonomía de los centros para evaluar la capacitación lingüística de sus alumnos, de forma que se deberán establecer «medidas compensatorias» cuando se considere que «no han adquirido las competencias pertinentes de alguna de las dos lenguas». En el programa se señala explícitamente que el catalán está «en el centro de gravedad» del sistema educativo.

El candidato del PSC a las elecciones del 14-F entró en la pre-campaña distinguiendo entre «españoles y catalanes», en un vídeo en el que felicitaba a Joe Biden como nuevo presidente de EEUU.

La pasada semana, en una de sus primeras intervenciones, afirmó que uno de sus compromisos sería un plan «nacional» para «reconstruir» el sistema sanitario catalán. Una propuesta con la que Illa asumía el lenguaje separatista.

Frenopático
Nota del Editor 4 Febrero 2021

Para recibir tratamiento en el frenopático hay que pasar una entrevista, me temo que el ex ministro asesino (colaborador voluntario con 90.000 muertos aproximadamente) no podrá superarla porque sobrepasa la capacidad de cualquier frenopático en la tierra. Puede que en Marte lo admitan.

El yihadismo en Cataluña: una amenaza silenciosa pero real
EL NIVEL DE RADICALIZACIÓN DE LAS MEZQUITAS, CADA VEZ MAYOR
Rubén Pulido https://gaceta.es

El pasado viernes 8 de enero tenía lugar en Barcelona la detención de un comando de excombatientes yihadistas. Un operativo de la Policía Nacional hacía temblar una de las tramas yihadistas más peligrosas de las detenidas en los últimos años en Cataluña. Tres detenidos que tenían una enorme peligrosidad y formaban parte de un comando que había partido desde Siria y que, según arrojan fuentes policiales, habían logrado acceder a nuestro país en patera a través de las costas de Almería.

Los detenidos eran de origen libio y marroquí. Según revelan fuentes de la investigación, estos tres terroristas partieron desde Argelia y tras llegar a la provincia andaluza atravesaron toda la Península en coche hasta llegar a la Ciudad Condal. Por otro lado, existía un cuarto miembro que logró huir a Francia, aunque finalmente también fue detenido por las autoridades galas. Este operativo llevado a cabo por la Comisaría General de Información, evidenciaba una vez más, que Cataluña está siendo en estos últimos años uno de los destinos principales de un alto porcentaje de los terroristas que llegan a nuestro país con intenciones de atentar en Europa.

Según evidencian diversos informes del Ministerio del Interior, desde el año 2012 han tenido lugar un total de más de 200 operaciones (229) contra el terrorismo yihadista en España, de las cuales un total de 70 se han ejecutado en Cataluña. Incluyéndose el operativo a través del cual tuvo lugar la detención de los tres soldados de la yihad detenidos en Barcelona. Así, más del 30% de los operativos llevados a cabo en nuestro país se han desarrollado en suelo catalán.

Del total de 70 operativos, 50 se han producido en la provincia de Barcelona con un número de detenidos que se eleva hasta los 91. La Ciudad Condal acumula desde el año 2012 más de 30 detenciones (34), situándose como la capital española más amenazada por la presencia de musulmanes de alta radicalización islámica, donde según fuentes policiales, han tenido que ser expulsados más de una decena imanes desde el año 2019 por el alto nivel de radicalismo en sus prácticas oratorias. Solo las detenciones en Barcelona suponen más del 8% de todas las practicadas a nivel nacional.

En referencia a las detenciones, desde el 2012 se han detenido a un total de 411 terroristas relacionados con el yihadismo en España, según lo recogido en los balances de lucha contra el terrorismo del Ministerio de Interior. De las más de 400 detenciones, 118 se han llevado a cabo en Cataluña, lo que supone un 28,71% de todas las ejecutadas en nuestro país. Como ya he citado con anterioridad, la Ciudad Condal alberga más del 8% de todas las detenciones llevadas a cabo en España. Aunque si evaluamos los datos a nivel provincial, el número de detenciones (91) nos desvela que Barcelona acumula más del 20% de todas las practicadas en el territorio nacional.

Según recoge en uno de sus últimos informes el Real Instituto Elcano, en Cataluña ha residido una tercera parte de los yihadistas condenados o muertos en España entre 2004 y 2018, concretamente el 33,2%. Algo que, según el organismo, tiene una relación directa con la alta presencia de salafistas en suelo catalán con respecto al resto de España y Europa Occidental.

Acorde a estas fuentes consultadas, en el año 2016 un tercio de los 256 lugares de culto y centros islámicos registrados en Cataluña estaba controlado por salafistas, más del doble de los existentes en el año 2006.

Por su parte, el Observatorio del Pluralismo Religioso en España (que depende del Gobierno) cifró el pasado mes de octubre de 2019 en un total de 1.695 los lugares de culto musulmán en nuestro país. Este dato supone ya el 22,77% dentro del total de los lugares de culto de todas las religiones presentes en España. De esos 1.695, Cataluña alberga 321, lo cual supone un 19% del total a nivel nacional. Fuentes consultadas de las FCSE implicadas en la lucha contra el terrorismo calculan que al menos en un 6% se profesan mensajes radicales.

Aunque se trata de una minoría, los datos expuestos con anterioridad afectarían a algo más de 19 oratorios en Cataluña y, según afirman estos expertos en terrorismo yihadista, el nivel de radicalización cada vez es mayor y no solo se limitan a los actos de culto en los diferentes oratorios, sino que extienden sus mensajes en inmuebles particulares, locales, bajeras y garajes. Algo a lo que cada vez recurren más quienes profesan un tono “más elevado” dentro de la confesión islámica.

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Fondos europeos: inadmisible ocultación del dictamen del Consejo de Estado
EDITORIAL Libertad Digital 4 Febrero 2021

La celeridad en la recepción de ayudas no debe ser excusa para orillar algo no menos exigible como es la transparencia en el reparto de los fondos.

No les faltaba razón a los representantes del PP al afirmar que la recepción de los fondos europeos no se habría bloqueado en el caso de que el Congreso hubiera rechazado el jueves pasado el real decreto con el que se pretende –según el Ejecutivo– agilizar los tramites de recepción y gestión de esa ayuda comunitaria: tan sólo se hubiera retrasado el tiempo imprescindible que hubiera necesitado el propio Gobierno social-comunista para retomar las negociaciones con los separatistas de ERC y convencerlos de votar afirmativamente en la siguiente sesión en que fuera nuevamente sometido a votación.

Finalmente, esto último no va a ser necesario porque el Gobierno logró sacar adelante el decreto gracias a la abstención de Vox y a pesar de la negativa de los separatistas de Esquerra. Aun así, la exigencia de celeridad y agilización en la recepción de ayudas no debe ser excusa para orillar un requerimiento no menos exigible, como la transparencia en el reparto de los fondos y el absoluto respeto a las normas que regulan la distribución de los mismos. Y es que una cosa es acabar con los cuellos de botella en la gestión y otra, muy distinta, hacer caso omiso de las normas y procedimientos que tratan de erradicar la arbitrariedad y el clientelismo en el reparto de dinero público.

Esa doble exigencia de celeridad y transparencia ha sido una constante en Vox, partido poco sospechoso de confiar en la probidad del Ejecutivo social-comunista, hasta el punto de ser el único que le ha presentado una moción de censura. Así las cosas, no es de extrañar que, pese a su abstención y el duro enfrentamiento con el PP de la semana pasada, los de Abascal se hayan sumado este miércoles a la formación de Casado y a Ciudadanos a la hora de exigir que el Gobierno haga público el dictamen que sobre el mencionado decreto ha redactado el Consejo de Estado. Este ha sido, de hecho, el asunto que ha protagonizado la airada primera sesión de control al Gobierno del año, en la que éste no ha hecho más que responder con evasivas.

Por mucho que los dictámenes del Consejo de Estado no sean preceptivos a la hora de aprobar reales decretos, no es de recibo que el Gobierno no haga público lo que este órgano consultivo tiene que decir al respecto. Y es que ¿qué transparencia en la gestión de los fondos europeos cabe esperar de un Gobierno que lo primero que hace es ocultar el dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto que supuestamente agiliza su recepción?

Ojalá esta común exigencia de transparencia sirva para acabar con el lamentable espectáculo de enfrentamiento que están protagonizado los partidos ubicados a la derecha del PSOE. Mientras Sánchez siga siendo presidente del Gobierno, habrá momentos en que la oposición tenga que favorecer lo menos malo para evitar lo peor. Habrá que entender, así mismo, aquello de que la política es el arte de lo posible; pero a ser posible sin que la oposición se autodestruya.

Ninguneo al Consejo de Estado
Editorial ABC 4 Febrero 2021

Si Moncloa cree que la oposición exagera con la contundencia del dictamen del Consejo de Estado contra la gestión de los fondos europeos, tiene fácil demostrarlo: que no oculte ese informe

Al Gobierno de Pedro Sánchez le salen tics propios de Nicolás Maduro. Se cree que por negarse a divulgar el dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos va a mantener indefinidamente oculto ese informe. Es no saber en qué consiste una democracia y un Estado de Derecho. Con razón preguntó Patxi López a Pedro Sánchez si sabía qué era una nación. Hoy habría que preguntarle también si sabe qué es una democracia parlamentaria. Por lo pronto, Sánchez ya tiene encima una polémica más en su largo expediente de ocultismo y opacidad. Gobierna entre tinieblas. Su imagen en Europa se está asociando a las peores prácticas del autoritarismo: acabar con la independencia judicial, vigilar a los críticos en las redes sociales y, ahora, hurtar a la oposición la opinión del máximo órgano consultivo del Estado sobre una de las normas más importantes de los últimos tiempos. Si el Partido Popular exagera cuando critica al Gobierno por no entregarle el dictamen, Moncloa tiene bien al alcance la prueba: muestre el informe de una vez. Pero si continúa ocultándolo, solo va a alimentar la sospecha de que el Consejo de Estado emitió un juicio muy negativo sobre la norma que regirá la administración de los fondos europeos. Antes o después se conocerá ese dictamen porque es una exigencia de rigor democrático y transparencia conocer la valoración de una institución creada específicamente para asesorar en los proyectos normativos y proponer mejoras a su contenido.

No se trata de un debate de técnica jurídica, aunque sea importante determinar si el Gobierno está o no obligado legalmente a entregar el dictamen al Parlamento. Cualquiera que sea la respuesta a esta duda, lo relevante es que Sánchez no se siente vinculado a ninguna convención de buena práctica democrática y ejerce su poder como una fuga permanente del sistema de contrapesos propio de la democracia parlamentaria. Esta es una descripción preocupante tratándose del Gobierno de una nación sometido a la vigilancia de instituciones europeas que velan por la independencia judicial y la separación de poderes. Ser conscientes del Ejecutivo que tiene España actualmente obliga a preocuparse por el futuro de la democracia en nuestro país. Sánchez debe rectificar porque no es su futuro político lo que peligra, sino el reconocimiento de España como una democracia sólida que poco a poco va experimentando una desfiguración progresiva por la acción desleal del Gobierno con valores y principios esenciales. No es admisible que el Congreso no pueda conocer el parecer del Consejo de Estado sobre los fondos europeos. Es una situación homologable con las formas más populistas de ejercer el poder, como las que se basan en el desprecio constante a la oposición y a las instituciones.


El Zendal saboteado como síntoma
Hermann Tertsch. https://gaceta.es

Se han perpetrado sabotajes en un hospital en España lleno de enfermos del coronavirus. Se han roto tuberías, cortado cables, fracturado distribuidores, bloqueado desagües. Hasta ahora ninguno de estas canalladas ha tenido consecuencias que pudieran haber puesto en peligro la vida de pacientes. Porque no ha habido de momento complicaciones graves. La fortuna ha evitado fatalidades nunca descartables. Ha sido en el hospital Isabel Zendal construido por la Comunidad de Madrid. Los sabotajes en este hospital para dañar el funcionamiento de una instalaciones cuyo único fin es salvar vidas no son la acción de un loco. Son una “acción política” ahí donde lo ven. Hecha por gente con objetivos, planes, recursos y jefes. Acción, ekintza en vascuence, es como llama ETA a sus atentados. El verbo presente es pertinente, no porque ahora haya atentados de ETA, que no los hay porque ETA no los necesita. Sino porque ETA/Bildu, la banda terrorista, socia del gobierno de España, sigue hablando de sus atentados como sus ekintzas. Y sabe valorar muy bien el inmenso rendimiento que sacó a sus asesinatos.

Los sabotajes en el Isabel Zendal son actos de terrorismo. Cierto que, de momento, menor. Como lo son las permanentes agresiones que sufren los dirigentes y miembros de VOX en sus campañas electorales, ahora en Cataluña. Siempre pueden ir a más. Algunos se pueden animar a envenenar el agua de hospitales de la Comunidad de Madrid para demostrar que no tiene controles necesarios. Al igual que los agresores de la campaña electoral de Vox pueden convertirse en asesinos cualquier día cuando la piedra que tiren sea algo más grande o algo más certera en la cabeza de alguien. O cuando agredan a un autobús de militantes y provoquen una tragedia. Y lo pueden hacer porque quieren subir un grado su terrorismo o porque se les va la mano accidentalmente. Cuando se está tan obsesionado con hacer daño, no siempre se calcula bien el que se inflige. Y la obsesión la generan los medios de comunicación, pieza clave de todo este entramado totalitario en marcha para el desmantelamiento de las instituciones del Estado y la ruptura de la continuidad nacional de España. El frente mediático que es el generador e inspirados del activismo comunista y separatista que ha derivado en ese terrorismo light cuyo potencial criminal nadie debería infravalorar por muy dependiente que sea del gobierno.

El hospital Isabel Zendal es un gran éxito de la Comunidad de Madrid como lo fue el Centro del IFEMA. Eso no lo perdona la izquierda que no construye hospitales y que si monta uno de campaña en Valencia, se lo lleva el viento. Ya cuando aparecieron unos guisantes mohosos ante las cámaras se vio la voluntad mediática de convertir cualquier anécdota por ridícula que fuera en categoría para destruir la reputación de un hospital antes de que pudiera echar a andar. En este hospital se ha concentrado con inmensa virulencia la furia descalificadora de toda la izquierda contra la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como principal maniobra de distracción de la criminal negligencia, monstruosa conducta amoral y profunda corrupción de los miembros del Gobierno durante la pandemia, con responsabilidad en decenas de miles de muertos y en centenares de contratos que en cualquier país civilizado en tiempos de paz llevarían a todos a la cárcel como responsables solidarios.

La izquierda ha convertido a Díaz Ayuso en el símbolo de todo lo más terrible y despreciable. La demonización al tiempo de la radicalización es permanente y delirante. Ya lo hicieron socialistas y comunistas en su día con Esperanza Aguirre, otra que obligaba a la izquierda a manifestarse contra los hospitales públicos, un fenómeno desconocido en el mundo. Hay más coincidencias. Como Aguirre, Díaz Ayuso destaca en su partido por tener un discurso mucho más firme y resuelto que los pusilánimes de la dirección. Tiene Díaz Ayuso una disposición y falta de temor al conflicto absolutamente impropio de su partido. En su valentía y en su posicionamiento ideológico es evidente que está más cerca de VOX que del grupito de apaciguadores de mala conciencia, cinismo y ganas de apaño que componen la dirección de su partido.

Eso sí, los tiempos actuales son más violentos que los de Aguirre. Y aunque a esta le dijeran barbaridades y siempre pudiera temer por su seguridad, la izquierda ha avanzado mucho en el proceso de encanallamiento. La disposición a la violencia que despertó en su seno con el revanchismo guerracivilista de Zapatero y la llegada del chavismo con Podemos ha convertido ya a la izquierda española en la más radical y bárbara de toda Europa. Y todos debemos ser conscientes de que esta disposición a la violencia de la izquierda llegará en sus miembros más adoctrinados y fanáticos a sus viejos niveles de la necesidad de matar. Especialmente cuando su previsible fracaso en todos los ámbitos de gobierno y el empobrecimiento vertiginoso haga peligrar su poder. Quienes conozcan sus expresiones sobre sus enemigos y sepan del alborozo con que celebran muchos los bárbaros crímenes de sus socios y correligionarios de ahora y del pasado, saben que su desprecio a la vida humana es exactamente el mismo que tenía la banda asesinos de Jose Ternera.

Claro que el terrorismo de baja intensidad que sufre España actualmente cuando conviene a golpistas o al propio gobierno no es de ETA ni parecido al de ETA. Los etarras ya están en los despachos y en el aparato y distribuyen presupuesto gracias a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a mil muertos y a Mariano Rajoy. Los sabotajes en el hospital Isabel Zendal han sido perpetrados por una nueva ola de terroristas en España que es la difusa nube del activismo odiador creado por la educación socialista y la manipulación comunista. No son ninguna de las generaciones de viejos asesinos ni sus diversas renovaciones. Son la segunda y tercera de los terroristas urbanos con su mensaje radical de izquierdas, surgidos con el “No a la Guerra” y el 15M secuestrado por el proyecto chavista leninista zapateril de Podemos. Ninguno de ellos ha matado a nadie. Todavía. Aun se dedican a hacer ruido y daño, a meter miedo y generar precariedad, asustar y no solo a las viejas. Mientras sus amos hoy en el gobierno puedan presentarse como la versión institucional del progresismo pero siempre con Iglesias de vicepresidente y cabecilla antisistema a un tiempo.

Tienen la particularidad de que no son terroristas contra el poder sino sus chicos para todo. Como los colectivos venezolanos que sin duda tienen en mente nuestros gobernantes. No se consideran terroristas, por supuesto, sino meros activistas que han pasado a la primera línea de acción, es decir, de la ekintza. Y ahora han pasado de la propaganda a la acción. Ya no se limitan a mentir sobre un hospital vestidos o no de enfermero ante las cámaras de televisión. Ahora cortan la electricidad para dar la razón a unas televisiones que han decidido y ordenado que el hospital sea un desastre, sin saber si esos cables alimentan los respiradores u otra maquinaria vital del hospital. Sus amenazas y sus agresiones van dirigidas contra quienes se oponen al Gobierno, quienes lo critican por una cosa u otra, quienes denuncian sus abusos y delitos. Son jóvenes y ya no tan jóvenes movilizados por el odio mediático que se convirtió en mensaje oficial hace más de tres lustros con la llegada al poder de Zapatero, cabalgando trenes que dejaban un largo rastro de 192 muertos y heridos.

Ese mensaje de ocio y mentira hoy ya es razón de Estado. Está en todos los libros de texto, en todas las teles y en el vademécum de casi todos los periodistas. Pero ya estaba también en las series televisivas hechas por guionistas comunistas aquí, en Argentina o Cuba, da igual. Todos han aprendido de los mismos. Todos tienen los mismos objetivos y mandos. Sus vidas se nutren de los lemas de esas series en las que todas las tramas e incidencias se entrelazan con sentencias políticas, mensajes ideológicos y trucos psicológicos que generan eterna afinidad con sus correligionarios del pasado, comprensión hacia la violencia correcta, es decir la propia, devoción por los fines y los hitos del movimiento comunista. Y bloquean toda capacidad de empatía hacia ideas y conductas conservadoras, patrióticas o simplemente tradicionales u honorables, hacia ideas distintas que todas son retrógradas, antiguas o fascistas.

Son los jenízaros de la extrema izquierda formados en el zapaterismo y el separatismo, ya juntos en su campaña contra la España constitucional. Entrenados en la brega de la manifestación, la intimidación y el tumulto durante el rajoyismo fueron ya oficializados como las fuerzas de choque del nuevo régimen con el sanchismo. Son un híbrido de SA y Spartakus, una tropa de choque sin uniformes ni desfiles ni estructuras fijas bajo un gobierno sanchista que maneja la espita de la violencia como hacen quienes están asesorados por viejos criminales expertos. Han cooptado la kale borroka etarra y todas las bolsas de mugre ideológica creadas por movimientos ultras en Cataluña y las sectas violentas de Madrid y otras ciudades.

Hay una gran labor detrás de esta coordinación de personajes y tribus dispares para ponerlos al servicio de un proyecto político. Y esto se hizo bajo Zapatero y Rajoy. El primero ayudó, financió y promovió, el segundo toleró, permitió y otorgó impunidad por su indolencia y desprecio a los intereses y la seguridad de la patria que había jurado defender. Y así se instalaron en España más anchos, cómodos y activos que nunca los expertos en demolición institucional del legendario G2 cubano. No hacían falta muchos. Ya se habían llevado a los mileuristas de la Complu para que vieran mundo y tomaran nota. Pero el G2 de compañía. Como lo está en Chile, en Ecuador o Perú, lo está en Colombia con las FARC, lo está en todos los grandes cárteles de cocaína, en los cuarteles y en las cárceles de tortura y guerra psicológica en Venezuela. En todas partes están los cubanos, que vienen a ser los comerciales de la dictadura que exportan subversión, crimen, desestabilización y veneno odiador. Mientras la Unión Europea financia los caprichos de los criminales de la cúpula con un acuerdo lleno de promesas de apertura y transparencia.

Nuestros terroristas han sido formados con las series, la Sexta y las redes. Desde pequeños les han enseñado a odiar a los ricos siempre que no sean comunistas, a los empresarios siempre, a los cristianos en cualquiera de sus formas, a los judíos y a su estado de Israel y a todo lo que suponga el pasado con sus jerarquías e instituciones. Todo lo que vale es el presente que ellos definen. Todo lo que pudiera despertar un criterio independiente es fascista, franquista, elitista o clasista. Así, cierto que ya no tenemos una banda terrorista que mata porque ha sido elevada a tareas más limpias en el poder y a los salones por sus socios y cómplices. Pero tenemos un inmenso caudal de activistas dispuestos a ejercer el terrorismo de las pedradas, los incendios, los sabotajes a las vías del AVE o del hospital, los ataques a militantes y sedes de VOX o de cualquier que se oponga a su tiranía.

El terrorismo se desliza según las necesidades. El FRAP usó los cuchillos y los punzones para matar a su primer policía el 1 de mayo de 1973 pero ya uso pistola para otros. En EEUU, los angelitos de Biden y Harris que responden por Black Lives Matter no dieron importancia a las vidas de bastantes negros que mataron en su campaña de meses de incendios, saqueos, brutales palizas y acosos en el secuestro de ciudades como preparación para la confusas elecciones y el cuestionado triunfo del voto por correo.

Podemos dar por hecho que si fracasa este golpe de Estado a cámara lenta que nos está dando la siniestra pareja de Sánchez e Iglesias la frustración de todos estos no tendrá siempre una expresión pacífica. Cuando llegue al gobierno de España una fuerza nacional, será una tarea ingente desprogramar a estos activistas encanallados por el odio que les han inoculado desde pequeños. Algunos recurrirán a esta violencia y quizás a mucha más para intentar impedir un retorno a la normalidad democrática, a la recuperación de derechos en igualdad de todos los españoles, la libertad de expresión y un fortalecimiento de la nación. Pero tranquilos, de momento no estamos ahí. De momento, los violentos trabajan para el golpe de Estado que sigue en plena marcha, si no se impide, hacia el gran desastre nacional.

De cagadas y otras elegancias
Teresa Giménez Barbat okdiario 4 Febrero 2021

Los socialistas están de campaña haciendo actos de contrición. Salvador Illa se ha comprometido a eliminar la propaganda independentista de las oficinas del Govern en el exterior. Que una cosa es tener presencia internacional y otra llevar la buena nueva del independentismo a todo el Orbe. Es de las primeras medidas que llevará a cabo si es designado presidente tras las elecciones del 14 de febrero. Por su parte, el flamante nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se ha dado algunos golpes en el pecho desde la tribuna del Congreso de los Diputados asegurando que fue un error manifestarse a favor del derecho a decidir. Lo ha dicho frente al portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, que hurgaba sobre un posible giro del Gobierno respecto del conflicto en Cataluña.

Unos tipos tan sinceros… Sociedad Civil Catalana (SCC) ha colocado unas lonas en las principales entradas de Barcelona y vallas publicitarias y carteles en toda Cataluña que describen el proceso separatista como una «gran cagada». Me imagino a Illa e Iceta asintiendo al pasar por delante: Uff, sí, quina cagada va ser.

Muchos catalanes, en los que no me incluyo, tienen una tirada irresistible hacia todo lo escatológico. Por puro respeto a la tradición local. El «caganer», esa figura tradicional de nuestro pesebre navideño que representa a un pastor defecando. O el mismo “tió”, tronquito surrealista con una carita pintada y barretina que depone regalos para los niños la víspera de Navidad. Ambos, costumbres profusamente promovidas por los distintos gobiernos nacionalistas durante 40 años. SCC ha elegido este guiño “nostrat” para expresar el descontento de la ciudadanía por todo lo que significó el “procés”.

Pero, ¿es el inocente “caganer” realmente representativo de ese golpe continuado a las instituciones y a los derechos y libertades de los ciudadanos no nacionalistas en Cataluña? A mí me parece un guiño cómplice para relajar los esfínteres del inconmensurable agravio perpetrado durante años a la mitad d la ciudadanía catalana. Una “cagada”, utilizado el término en este sentido, es un “error”, una equivocación. Un pastorcito al que inmortalizan en un apretón. Una “cagada” es algo puntual. Tú vas algo empanado, calculas mal las consecuencias de un acto en concreto y montas un follón. Siempre implica falta de malicia. Y el “proces” estuvo cargado de malas intenciones durante años y años.

Es oportuno para SCC utilizar emblemas de la tribu como el “caganer”. Ya sabemos que ser unionista, constitucionalista o españolista en Cataluña es tener que demostrar continuamente que no has dejado de ser catalán, como te acusan ellos. La campaña de SCC es encomiable porque todo es bueno para dar fuerza a las víctimas del golpe político de los separatistas. Paro quizá hubiera sido deseable algo menos complaciente y más “moderno”. Menos asqueroso. Ni siquiera estamos ya en Navidades.

Además, caer en la escatología para guiñar el ojo tampoco servirá para seducir al nacionalista cerril que puebla los vecindarios. No le tocará el corazón a los del lacito amarillo. Están todos hechos un brazo de mar porque sus amados golpistas van a estar estos días en la calle, apoyando la campaña de los suyos. Y comprando en el “mercado de futuros”. ¿Alguien dijo arrepentimiento? Jordi Cuixart se ha interrogado en una entrevista en estos términos: “¿Estamos dispuestos a luchar hasta el punto de que nuestros hijos vayan a la cárcel, si es necesario? Si la respuesta es ‘sí’, hemos dado un paso de gigante. Debemos utilizar la cárcel como respuesta a su régimen totalitario”.

Este hombre si la cagó fue por minusvalorar la fuerza del estado de derecho de un país que, por andar tan sobrados, habían despreciado demasiado. Por eso fue a la cárcel. Pero el “procés” no fue una “cagada”. Fue un proyecto deliberado dirigido a arrebatarles sus derechos de ciudadanía a la mayoría de sus conciudadanos. Pastorcitos amarillos: a aliviarse a la cárcel.


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