AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 10 Febrero  2021

No son unas elecciones libres
Liberal Enfurruñada okdiario 10 Febrero 2021

Si es que finalmente se celebran las elecciones al Parlamento de Cataluña el próximo día 14 de febrero, como obstinadamente están intentando los socialistas Pedro Sánchez y su candidato Salvador Illa, no van a ser unas elecciones libres y ni siquiera se podrán considerar democráticas. Existen dos circunstancias que impiden que esta semana se puedan celebrar unas elecciones que reúnan los requisitos mínimos imprescindibles para que sus resultados puedan ser considerados como democráticos, y aún es posible que uno de ellos acabe impidiendo su celebración. Me refiero, por un lado, a la pandemia de COVID-19, ocasionada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 (SARS-CoV-2), que empezó a finales de 2019 en China y afecta ya al mundo entero. Y por otro a la pandemia del virus del odio, de la intolerancia, de la xenofobia y del extremismo violento y radical que afecta a Cataluña desde hace mucho más tiempo.

No son unas elecciones libres, en primer lugar, por el coronavirus, que es el impedimento que puede que finalmente provoque que las elecciones no se celebren este domingo. Las Juntas Electorales catalanas tendrán que decidir ese mismo día 14, pasada la hora de constitución de las mesas electorales, si se dan las circunstancias imprescindibles para que las elecciones puedan celebrarse con garantías. Y ello va a depender de que los ciudadanos designados por sorteo para ejercer de presidentes y vocales de dichas mesas se hayan presentado o no. La amenaza de multas y sanciones que pesa sobre los desafortunados catalanes a los que les ha tocado la papeleta de formar parte de una mesa electoral cuando está desatada la tercera ola de la pandemia, sabiendo que se van a presentar a votar infectados sintomáticos o asintomáticos, puede no ser suficiente para que muchos de ellos acepten poner en riesgo sus vidas y las de sus seres queridos. El 25% de los llamados ya han alegado para ser eximidos y es más que probable que muchos de los que no han alegado simplemente sean insumisos que prefieran pagar la multa a correr tan alto riesgo.

Pero no serán unas elecciones ni libres ni democráticas sobre todo por el odio que ahora incendia sus calles y que empezó a sembrarse en Cataluña en la Transición, cuando se decidió entregar a las comunidades autónomas unas competencias en educación que jamás debieron haberse descentralizado. Ese error fue haciéndose cada vez mayor porque los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP no tuvieron escrúpulos y cuando fueron necesitando los votos de los partidos nacionalistas, cada vez que no conseguían mayorías absolutas, a cambio de lograr su apoyo cada vez les cedieron mayores competencias. Hasta que, en 2012, en plena crisis financiera, Artur Mas se vio lo suficientemente fuerte como para exigirle a Mariano Rajoy un régimen fiscal similar al cupo vasco, amenazando con celebrar un referéndum de independencia si el Gobierno de España no cedía a su chantaje. Amenaza que se concretó con el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 que provocó que la ciudadanía siguiera el ejemplo de los delincuentes que dirigían las instituciones catalanas pervirtiendo y degenerando así al conjunto de su sociedad.

El odio, la intolerancia, la xenofobia y el extremismo violento y radical ha sido propagado por el sistema de educación catalán y por sus medios de comunicación subvencionados por una Generalidad golpista y delincuente. Han criado así a varias generaciones de radicales extremistas que se autodenominan antifascistas o separatistas, pero que, en realidad, no son más que marionetas sin cerebro manejadas por unas autoridades en rebeldía permanente contra la ley y el orden. Durante toda la campaña electoral VOX no ha podido organizar ningún acto en Cataluña que no fuera objeto de violentas agresiones consentidas por unos Mozos de Escuadra que obedecen las instrucciones de la Generalidad. No existe igualdad de condiciones con respecto al resto de partidos políticos que se presentan a dichos comicios, quienes han podido llevar a sus actos hasta al condenado por pertenencia a organización terrorista, Arnaldo Otegui, sin que nadie los molestara. En consecuencia, las del 14-F, si es que finalmente se celebran, no serán unas elecciones libres ni democráticas.

Perder derechos no es ganar libertad
Editorial ABC 10 Febrero 2021

La reforma penal del Gobierno es un arma de doble filo para un castigo ideológico a la derecha. Donde ahora hay delitos, mañana habrá impunidad. Y donde hay odio, habrá permisividad

La reforma penal anunciada por el Gobierno sobre los delitos relacionados con la libertad de expresión no tiene nada de irrelevante. Es una pieza más en el engranaje de ingeniería social con el que el Ejecutivo pretende ideologizar algunos delitos a su medida, desnaturalizándolos a conveniencia cuando afecten a iconos sociales de la izquierda, o reforzándolos cuando quienes los cometan provengan de la derecha. Con la excusa de adaptar nuestra normativa a la doctrina de los tribunales europeos, se va a prefabricar una justicia penal de autor para modificar nuestra estructura procesal a imagen y semejanza de las ideas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en lugar de establecer criterios -objetivos y subjetivos- que permitan fortalecer realmente la libertad de expresión como elemento nuclear de la democracia. La operación consiste en una parcelación dogmática del odio, de manera que unas expresiones puedan ser consentidas, y otras castigadas, según el modelo de revisionismo ideológico al que este Gobierno nos somete.

En el fondo subyace el intento de desactivar el enaltecimiento del terrorismo, los tipos penales por ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias a instituciones como la Corona o los jueces, y el ultraje a la bandera y al himno nacional. Si a eso se añaden una despenalización de la ‘okupación’, la regulación de la apología del franquismo por la ley de memoria democrática, o la suavización expresa de la rebelión y la sedición para privilegiar al independentismo, el proceso revisionista casi se habrá completado. Y todo ello, en un contexto de sistemáticos intentos por controlar al poder judicial, que en cuestión de semanas tendrá vetado hacer nombramientos. Habrá, en definitiva, autorización legal y expresa para burlarse de las víctimas del terrorismo, y bula para quemar libremente la bandera española, para ofender al Rey, o para gozar de barra libre en actos ofensivos e insultantes contra la Iglesia católica. En realidad, buena parte de todo esto ya ocurre ahora por la pasividad de la Fiscalía y la tolerancia interpretativa de algunos jueces. Por ejemplo, a menudo se producen homenajes de enaltecimiento a etarras excarcelados y ni siquiera se tramitan porque la Fiscalía hace oídos sordos al sentir de las víctimas que lo denuncian. Y con frecuencia hay dirigentes que llaman fascistas a los jueces y no ocurre nada. A partir de ahora, además de consentido, todo esto será sacralizado, quedando en el olvido las antiguas palabras de Dolores Delgado, cuando sostenía siendo fiscal especial contra el yihadismo que regular duramente el enaltecimiento del terrorismo era imprescindible.

La cobertura jurídica para justificar una libertad de expresión netamente sectaria, en función de las ideas de quienes la ejerzan, se traducirá en la eliminación de la pena de cárcel. Pero también, en la supresión de cualquier sanción penal para todos aquellos excesos verbales cometidos en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales. Así, crecerá exponencialmente el margen subjetivo para interpretar que la exaltación de un delito terrorista como el que propició la condena del rapero Valtonyc es solo una manifestación artística. O que sus letras son un ejercicio intelectual. De igual manera, la concepción subjetiva de qué expresiones supondrán o no un riesgo para el orden público, o para provocar conductas violentas, abrirá un abanico de arbitrariedad ideológica inquietante. Donde ahora hay delitos, mañana habrá impunidad. Donde hoy hay odio, mañana habrá permisividad. Y donde hoy hay ofensas punibles, mañana habrá complacencia. Así España no gana en libertades. Pierde en derechos.

El Gobierno dispara un 86% la publicidad institucional con el mayor gasto desde 2010: 123 millones
OKDIARIO 10 Febrero 2021

El Gobierno ha aprobado ya el nuevo Plan de Publicidad y Comunicación Institucional para 2021, que en esta ocasión prevé una inversión de 123 millones de euros, un 86 % más que el año pasado. Ha justificado este sensible aumento argumentando que el inicio de la crisis sanitaria y el estado de alarma derivó en la retirada de partidas a ministerios para hacer frente a las circunstancias.

Sí que es cierto que esta cifra no es sólo muy superior a la del año pasado, sino que supone la mayor cantidad desde el año 2010, cuando gobernaba Zapatero, año en el que se destinaron 130,9 millones.

En la referencia del Consejo de Ministros, se indica que la inversión total para plan dicho crece este año en 57,3 millones de euros y que los 123 millones se destinarán a 168 campañas «para divulgar información de utilidad a la ciudadanía». Añade que el presupuesto de 2021 es casi la mitad de lo que se aprobó para el primer plan de comunicación y publicidad institucional, en 2007, que contó con 268 millones de euros.

«Se ha de tener en cuenta que, en el caso del plan de 2020, la situación de emergencia sanitaria derivó en la retirada de las partidas de algunos ministerios, como en el caso de Hacienda, que modificó su propuesta inicial de una campaña en el ámbito tributario a la vista de las prioridades comunicativas en el estado de alarma», argumenta en el escrito.

Promoción de derechos y deberes de los ciudadanos
Asegura el Ejecutivo que las principales prioridades de la administración del Estado en materia de publicidad y comunicación institucional serán la promoción sobre derechos y deberes de los ciudadanos (39,51 % del coste total previsto), así como hábitos seguros para la ciudadanía y el cuidado de su entorno (35,88 % del coste total de las previsiones presupuestarias).

El Gobierno explica en la referencia que habrá seis campañas que contarán «con una inversión igual o superior a los seis millones de euros» y destaca entre ellas la promoción de la vacunación contra la COVID-19 del Ministerio de Sanidad con 10,8 millones de euros. Le siguen, por cuantía, campañas de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico, sensibilización fiscal de la Agencia Tributaria, Transición Energética de IDAE o de la violencia contra las mujeres de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, entre otras.

La gran mayoría de las campañas, un 72 %, tendrá inserciones en internet, y le siguen prensa, radio, televisión, soportes exteriores y revistas.

Sánchez, maniatado ante un demagogo
Editorial larazon 10 Febrero 2021

Tal vez, ya no importen demasiado en el devenir de la roma política española, fértil, por otra parte, en debates agrios y perfectamente insustanciales, el significado de las palabras ni que una ciudadanía saturada de verbos inflamados y tosquedades dialécticas conceda ya el menor valor a las afirmaciones de quienes dirigen la vida pública, pero, allende nuestras fronteras, lo que se dice desde las instituciones todavía forma parte del contrato social implícito entre el poder y los ciudadanos. De ahí, que las aseveraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, negando a España su derecho a considerarse una democracia plena, hayan provocado, por un lado, la rápida reacción de la Unión Europea en defensa de la calidad democrática de uno de sus socios, que en caso contrario no sería tal, y, por otro, la irónica respuesta del veterano ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, preguntándose a cuál de los miembros del gobierno de España hay que dar credibilidad. Si al que denuncia las deficiencias de un Estado que permite la existencia de presos y exiliados políticos o a quien proclama la plenitud de su democracia, en referencia a la ministra González Laya.

Pregunta que puede dejar de parecernos retórica a tenor de lo sucedido ayer en el Consejo de Ministros o, al menos, a tenor de las explicaciones de la portavoz del Gabinete, María Jesús Montero, para quien el artero, por calculado, ataque de Pablo Iglesias a las propias instituciones de las que forma parte y cobra por ello, no deja de ser una cuestión banal, incursa en los avatares de la campaña electoral catalana. Ni un reproche ni una simple exigencia de disculpas, no ya de dimisión, para quien en aras de su propia conveniencia política y electoral ha sembrado, conscientemente, una mina de fondo contra el buen nombre de España y el interés general de sus ciudadanos. No cabe mayor deslealtad ni mayor incoherencia en quien se reconoce, paladinamente, miembro de un Gobierno que no garantizaría el libre ejercicio de la democracia. Y no cabe mayor humillación para quienes, desde el mismo Gabinete, dejan pasar tal hecho en silencio, esperando a que escampe.

Pero no. El vicepresidente segundo del Gobierno no sólo ha dado pábulo a quienes, desde las propias instituciones, hay que insistir en ello, pretenden la ruptura nacional, sino que ha validado la mendaz campaña contra España que los nacionalistas de toda laya llevan décadas librando en el exterior. Quizá, como apuntábamos al principio, la opinión pública española no se sienta aludida en lo más mínimo por las afirmaciones de un demagogo demasiado conocido, pero mucho nos tememos que sólo el daño para la imagen de nuestros tribunales de Justicia sea mayor.

El capote o Houdini
Nota del Editor 10 Febrero 2021

Menos mal que el dr cum fraude está maniatado, porque en caso contrario, ya habría aterrizado por aquí Maduro para hermanarnos con sus miserializados venezolanos. A ver si no olvidamos que la cabeza de la hidra es el dr cum fraude, así que menos ayudantes para maniatar y menos capotes para despistar.

El círculo de corrupción que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias impulsan en España
De Dolores Delgado a Iván Redondo; de Tezanos a Rosa María Mateo; el plan político de PSOE y Podemos es también corrupción, y más peligrosa que la económica.
Fernando de Rosa esdiario 10 Febrero 2021

Según la Real Academia de la lengua, una de las acepciones del término corrupción significa: “práctica consistente en la utilización de las funciones y medios en las organizaciones, especialmente en las públicas, en provecho económico o de otra índole de sus gestores”. Así pues también es un acto de corrupción la utilización para beneficio propio de las instituciones del Estado.

Todo acto corrupto debe de ser objeto de rechazo público y si entra en la esfera penal la correspondiente sentencia, no obstante es necesario que se persiga la corrupción cuando el provecho para una organización sea utilizar las instituciones democráticas para perseguir al contrario, envolviendo ese ataque en la lucha contra la corrupción.

La democracia española ha bajado seis puestos en calidad desde que gobierna Pedro Sánchez en España , según el informe que elabora anualmente la revista “The Economist”, bajando del puesto 16 al 22, la crisis democrática es una realidad en nuestro país sin que en muchas ocasiones los ciudadanos seamos conscientes del verdadero foco que corrompe nuestra sociedad.

La utilización del poder para fines partidistas es corrupción. Para eso se nombró a Rosa María Mateo en TVE, para eso se designó a Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado y para eso preside José Félix Tezanos el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Este tridente, coordinado desde Moncloa por Iván Redondo, está trabajando con dinero público en provecho electoral y por tanto económico tanto del PSOE como de PODEMOS, y eso es corrupción institucionalizada desde el poder.

Las mentiras
TVE se dedica a fabricar medias verdades y medias mentiras contra la oposición, caricaturizando la imagen fundamentalmente de Pablo Casado, para adoctrinar a un sector de la población que se conecta a la televisión pública , mezclando mensajes subliminales con imágenes distorsionadas en descrédito y menosprecio del contrario, según el momento y ocasión, todo vale para canalizar el mensaje creado desde Moncloa.

El CIS de Tezanos tiene como misión presentar a la opinión pública como dato estadístico, lo cocinado por Iván Redondo, para conseguir que la profecía pronosticada se convierta en realidad, después de ser repetida de forma constante desde los medios de comunicación serviles a la causa, así por ejemplo lo que está ocurriendo en la campaña electoral de Cataluña.

El CIS dice que el PSOE gana con el candidato Illa, inmediatamente se empieza a bombardear al elector catalán para conseguir el efecto de profecía autocumplida , es decir algo que no se iba a producir al final se consigue mediante la manipulación corrupta de un medio público y así materializar el asalto al poder.

Pero el tercer cuchillo del tridente es el peor y el más corrupto, así pues Sánchez e Iglesias encontraron la forma de cerrar el círculo de la corrupción democrática al nombrar a una diputada del PSOE Fiscal General del Estado, con la misión perseguir penalmente al oponente. Así si no se consigue su muerte mediática o sociológica, se utiliza la persecución judicial.

De Villarejo a Garzón
Encontraron en Dolores Delgado la persona perfecta, sectaria, ideológicamente servil y sin escrúpulos. Ya la oímos en estado puro cuando reía las gracias al comisario Villarejo o cuando se reunía en cenas conspiratorias junto al condenado Baltasar Garzón, para planificar la instrucción de causas penales al margen de los Juzgados, que son donde debe de perseguirse los delitos. Por eso se quiere asaltar el Poder Judicial para apartar a los profesionales independientes de la Justicia, y nombrar a los “Lola Delgado” judiciales.

Para una democracia la corrupción económica es despreciable, pero al final la Justicia actúa y alcanza a todos, estén donde estén y eso tranquiliza al ciudadano, pero la corrupción de la utilización del poder para destruir al que piensa distinto utilizando los resortes del Estado, conduce al autoritarismo y eso es letal democráticamente hablando.


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La víctimas del nacionalismo catalán: votar para existir
Irene González vozpopuli.es 10 Febrero 2021

La solución para acabar con el independentismo no puede ser permitir que triunfe. Hay que ir a votar, no por los partidos, sino por las víctimas

No sería posible contar las páginas que se han dedicado en los últimos cuarenta años al “problema catalán”. Vidas enteras incluso. Pero hay algo que no ha ocupado el centro de atención de los medios ni del debate, a pesar de ser lo importante y lo que clarifica la realidad y naturaleza del problema, las vidas destrozadas de las personas no nacionalistas en Cataluña. Esas historias no han ocupado reportajes en Salvados, ni testimonios en La Sexta, ni horas de Informe semanal o de cualquier productora en España. Teniendo en cuenta que no se han dedicado a las víctimas del terrorismo hasta hace poco, no sorprende esta situación.

La mejor forma de acercarse a un problema y conocer su realidad es hacerlo a través de sus víctimas, en caso de que las haya. Y el nacionalismo catalán las tiene. No me refiero sólo a las víctimas de los grupos terroristas de corte socialista e independentista de los primeros años de la democracia como EPOCA y Terra Lliure. Aunque los atentados cumplieron su función disparando a uno y callando a miles ante el proyecto de inmersión—como el que perpetraron contra Jiménez Losantos—no son los únicos que provocaron víctimas.

El nacionalismo es un líquido tóxico y espeso que todo lo impregna colándose en cada rincón de la vida cotidiana. Vidas de padres y alumnos destrozadas por la persecución social al haber pedido que sus hijos tuviesen una educación en español. Profesores, funcionarios que no acceden a mejores puestos y viven en una mezcla de desprecio, asco e indiferencia por no ser nacionalistas. ¿Cómo afecta el no poder tener un desarrollo libre de la conciencia política y social al estar en un mundo que te escupe y desprecia por tu existencia, por ser español? Esto no sucede en toda Cataluña, no todo es Vic, Gerona y Lérida, los territorios en los que el ambiente es más asfixiante, pero la TV3 se ve en todas partes, y el español y el Estado en casi ninguna. El hecho de no poder decir lo que piensas, ni siquiera hablar en tu propio idioma por miedo a ser acusado y condenado civilmente. ¿Cómo se desarrolla un joven en la universidad sin posibilidad de expresar su verdadera personalidad? Al menos existe la asociación de jóvenes constitucionalistas S´ha Acabat!, un refugio para respirar y existir.

Cuando todo se ha dicho y escrito sobre la verdadera naturaleza del nacionalismo catalán, una dictadura etnolingüística, una ideología xenófoba y clasista —ERC es el único partido con dirigentes que son supremacistas blancos—, y aun así muchos creen que es una exageración, el cansancio no puede ser una opción. Es necesario que se inicien proyectos para dar a conocer las historias humanas, la realidad personal de millones de españoles en Cataluña.

La sensación de hastío es generalizada, también entre los secesionistas, frustrados porque no llega esa independencia prometida por sus mesías al estilo de una vulgar secta, que traerá ese mundo de color de rosa, o amarillo. En el bando constitucionalista, sin embargo, el cansancio es más complejo, pues se debe a la sensación de la derrota del vencedor.

Los no nacionalistas llevan perdiendo 40 años en Cataluña, pero en el momento crítico tras el golpe de Estado del 2017, se obtuvo una victoria electoral histórica. Eso no debe olvidarse aunque quien lideró aquella proeza la desperdició al no hacer nada con ella y optó por abandonar a los pocos meses lo conseguido, en vez de consolidar el proyecto constitucionalista fuerte que tanto había costado conseguir. Ahora habría una clara alternativa a un independentismo atomizado, encausado y débil.

Otra victoria de los demócratas fue detener el golpe del 2017, aunque se hizo tarde, mal y nunca, como suelen hacerse algunas cosas en la Administración. Fue una victoria sin ninguna duda del Estado de derecho. Aun así el proceso de independencia y el desvarío nacionalista prosigue su marcha, porque no se resolvió políticamente, sólo judicialmente y de aquella manera.

El terreno político
Es cierto que los delitos cometidos pertenecen al ámbito judicial, pero eso no exime de la solución política. Es una decisión política acabar con la financiación del entramado civil del secesionismo, medios de comunicación y organismos. Una mayor presencia del Estado para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y especialmente no pactar desde el Gobierno de España con quien tiene a su líder en prisión por haber atacado las instituciones en un intento de subvertir el orden constitucional y poner en peligro nuestra convivencia.

El partido socialista optó por el camino contrario. Al igual que apareció para dar oxígeno a una ETA derrotada policialmente con su vía de diálogo con Zapatero, el golpismo catalán vivía sus horas bajas al haber fracasado el golpe. Pero ahí estaba el PSOE de nuevo, como el salvador (Illa) para hablar de indultos y constituir mesas de diálogo. Eso sí, jamás con las víctimas, con la Cataluña constitucionalista, integrada mayoritariamente por los estratos menos favorecidos de una sociedad clasista que ha dificultado los ascensores sociales a los castellanohablantes.

Si la melancolía victimista del nacionalismo es una ficción creada como arma política que provoca la movilización de su electorado, esa misma emoción en el constitucionalismo, la melancolía, es devastadora. El constitucionalismo no puede permitirse ese lujo improductivo del lamento, eso es atributo de los nacionalistas, y a estas alturas no se puede caer en la deshonra de replicar su característica más ñoña e insoportable, el victimismo.

Ahora, con esa sensación de la derrota del vencedor y tras un año en la ruina por la pandemia y siendo Cataluña la comunidad más opaca en sus datos de fallecimientos, se celebran elecciones. Mucha gente no quiere ir a votar porque entiende que nada va a cambiar. Pero el nacionalismo sí va a acudir a las urnas, y aunque estas elecciones dejen lejos una victoria electoral, sí son las que van a sentar las bases de la necesaria reconstrucción y el cambio de paradigma. Votar al PSC es consolidar la derrota del constitucionalismo por la victoria no tan ralentizada del independentismo. La solución para acabar con el nacionalismo catalán no puede ser permitir que triunfe. Hay que ir a votar, no por los partidos, sino por las víctimas y el derecho a existir como no nacionalistas en Cataluña.

Pablo Iglesias sí es una anormalidad democrática
El líder de Podemos es un político antisistema que no puede representar a España desde su Gobierno: su discurso contra el Estado de Derecho hace insostenible su presencia.
Editorial ESdiario  10 Febrero 2021

Pablo Iglesias considera que España sufre "anormalidades democráticas", por la situación procesal de los líderes independentistas catalanas, uno condenado en firme por sedición y el otro fugado de la Justicia. Más allá de lo alocado de su opinión, no sería digna de atención alguna de no ser porque procede de quien ejerce, nada menos, la Vicepresidencia Segunda del Gobierno.

Desde una tertulia o una asamblea se puede decir casi de todo, con los únicos límites que impone la ley y sugiere la elemental educación, pero no desde el ejercicio de un cargo institucional que compromete al país en cuyo nombre se interviene siempre.

Si hacia fuera se da una imagen perversa, distorsionada y desde luego falsa de España; necesitada como nunca de una imagen positiva y estable que compense mínimamente los estragos de la crisis; hacia dentro se lanza un mensaje destructivo al resto de poderes del Estado de Derecho y a la propia opinión pública.

Porque Iglesias está poniendo en duda la salud de la propia democracia, la actuación del poder judicial, el equilibrio de derechos y obligaciones y el respeto a las reglas de juego que regulan la convivencia y se sintetizan en la Constitución.

Iglesias no puede agredir a la democracia española y ser miembro del Gobierno de España. Solo Sánchez permite eso

Un vicepresidente puede defender la modificación de las normas, por los procedimientos regulados, pero no atacarlas con tanta irresponsabilidad sin respeto alguno a la misma arquitectura legal que a él, por ejemplo, le confiere su estatus.

La enésima salida radical de Iglesias, semejante a la que le lleva a atacar a la Jefatura del Estado; a asaltar el Poder Judicial; a perseguir a la prensa incómoda o a blanquear a Bildu; es incompatible con un liderazgo político de un partido occidental, sin duda.

Pero sobre todo lo es con la permanencia de un Gobierno que ha de ser una de los primeros garantes de la democracia, de sus leyes y de su protección, y no el principal ariete contra todo ello. Que Iglesias profiera barbaridades predemocráticas es una cosa.

Pero que el PSOE le acepte y sostenga como socio institucional y le confíe la gobernación de parte del país, es un despropósito y un exceso que hay que imputarle a Sánchez en su ya extenso debe.

Precisiones sobre la violencia en Cataluña
Pablo Planas Libertad Digital 10 Febrero 2021

Está muy extendida la idea de que el proceso separatista es historia, pero no hay más que contemplar lo ocurrido este fin de semana en la campaña electoral catalana para entender que quienes sostienen tal engaño son los golpistas, sus cómplices y los tontos útiles a izquierda y derecha más lerdos y bovinos. En Vich, por ejemplo, se ha podido constatar que el control del orden público está en manos de los mandos de los Mossos que con Trapero a la cabeza se distinguieron durante el golpe de 2017 por entorpecer la respuesta de la Guardia Civil y la Policía Nacional y encubrir a los organizadores de la asonada.

Este sábado los representantes de Vox tuvieron que abandonar la citada población perseguidos por una horda de mandriles en medio de escenas de violencia apocalíptica y ante la pavorosa inacción policial ordenada por los mandos de los Mossos. Sí, en el corazón de la ordenada, limpia y tolerante Cataluña de la gente cívica, pacífica y festiva del independentismo. Los agentes de la policía de Trapero, el amiguete de las paellas con Puigdemont en casa de Rahola, tenían órdenes de no hacer nada. Pudo morir gente, pero la instrucción era precisa: no cargar y no detener a nadie. Impresionante disciplina, impasible el ademán mientras las vanguardias de los Comités de Defensa de la República (CDR) apedreaban a simpatizantes y dirigentes del partido proscrito.

Es Junts per Catalunya (JxCat) el partido que controla la consejería de Interior y, por ende, a los Mossos. Y en plena campaña no se puede permitir que ERC les acuse de "brutalidad policial", que es lo que hacen los republicanos cada vez que un agente de la policía regional le da una colleja a un energúmeno con estelada.

Tras el levantamiento del efímero 155 y con la Generalidad de nuevo en manos de los partidos que dieron el golpe de Estado, Cataluña vuelve a estar bajo control de quienes pretenden montar una república identitaria en contra de más de la mitad de la ciudadanía. De ahí que, tras episodios como los de este fin de semana, en vez de detenciones haya habido unas vomitivas declaraciones del consejero de Interior, Miquel Sàmper, en las que culpa a Vox de la violencia contra Vox. Es que van provocando, ha dicho el tipo. Lo mismo que podría decir de una mujer violada que llevara unos pantalones ajustados o una minifalda.

Los violentos no han recibido ni una sola condena del nacionalismo porque son las fuerzas de choque del separatismo jaleadas por los partidos golpistas, que justifican los ataques porque según ellos Vox es un partido xenófobo y violento. Y lo sueltan así, sin pestañear, los que invitan a Otegi a sus programas o a sus mítines, los amigos de Racistorra, los discípulos de Pujol, los admiradores de Sabino Arana, los que califican el terrorismo de Terra Lliure de "independentismo armado", los mismos que llaman "gran reserva del independentismo" al asesino del empresario Bultó, al que le colocaron una bomba en el pecho. Toda esa peña infecta es la que aplaude los ataques contra Vox.

No temen que el crecimiento electoral de ese partido ponga en duda la política migratoria del Gobierno. Para nada. A quienes censuran a Vox en los platós y en los púlpitos políticos lo que les preocupa no es el futuro de los que llegan en pateras sino el suyo, que Vox diga estar en contra del Estado de las Autonomías y de chiringuitos como TV3, una televisión al servicio del nacionalismo pagada con el dinero de quienes sufren el nacionalismo. Saben que, a mayor peso de Vox, más difícil tendrán mantener sus bicocas y regalías sufragadas con fondos públicos.

Y es la misma gente que adula a Otegi, como Marta Rovira, la secretaria general de ERC que se esconde en Suiza tras haber llamado al sacrificio de la ciudadanía en el golpe de Estado. "Nadie mejor que Otegi nos puede decir hoy como debemos continuar para llegar hasta el final", dijo esa siniestra individua vía telemática en el mitin que el jefe de los bildutarras y el golpista Junqueras dieron en Gerona este domingo. ¿Llegar hasta el final? De eso Otegi sabe un huevo. Es un as de llegar hasta el final, un txapeldun. Lo raro es que el mitin se celebrara en Gerona y no en Vich, donde unos compañeros de Otegi llegaron hasta el final en la casa cuartel de la Guardia Civil. Hubiera sido un gran homenaje a ese pedazo de "hombre de paz" que es Otegi según TV3.

Dice Pablo Iglesias que en España no hay "plenitud democrática" porque Junqueras está en la cárcel y Puigdemont en Bélgica. Mentira. Una más. En España no hay "plenitud democrática" porque una parte significativa del territorio depende de los subordinados de los líderes golpistas Puigdemont y Junqueras, que no está en la cárcel, por cierto, sino que duerme en una cárcel de la Generalidad de lunes a jueves.

Mandar sin matar o viceversa
Un presidente decente no puede convertir en socios preferentes a los compañeros de viaje de quienes asesinaron a 856 de nuestros compatriotas
Carlos de Urquijo ABC 10 Febrero 2021

El 17 de marzo de 2003 la Sala Especial del Tribunal Supremo, por unanimidad, decretó la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna por vulnerar la Ley Orgánica 6/2002 de partidos políticos. El alto Tribunal entendió que estas formaciones vulneraban el artículo 9 de dicha ley al complementar y apoyar las acciones de la banda terrorista ETA. Esta sentencia no hizo sino convertir en judicial la certeza moral que la mayoría de los españoles teníamos desde siempre con respecto a estos partidos, es decir, su absoluta subordinación a la estrategia terrorista.

Precisamente, un año después de esta sentencia, que a tantos nos hizo recobrar la confianza en la Justicia, llegó a La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero. Un político sin escrúpulos, henchido de vanidad que pretendía pasar a la historia como el hombre que logró el final de ETA. El problema es que para ello no dudó en utilizar las peores artes de la política: la traición y la mentira. Ambos calificativos son objetivos, está acreditado que mientras con una mano firmaba con el PP la ley de partidos, con la otra encargaba a Jesús Eguiguren que negociara con Otegi el final de la banda al margen del Estado de Derecho.

Y de aquellos polvos hemos llegado a los lodos de hoy. Primero fueron las trampas en las elecciones al Parlamento vasco permitiendo que Batasuna sorteará su ilegalización a través de sus marcas blancas, Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas y por último, la más grave, la vergonzosa sentencia política del Tribunal Constitucional que el 5 de mayo de 2011 legalizó a EH-Bildu para convertirlo en un partido al uso pese a haber confirmado tres días antes el Supremo, que era una nueva marca de las fuerzas ilegalizadas en 2003.

Fueron años de humillante negociación política con los monaguillos de la banda encabezados por Otegi, años para desactivar a los movimientos cívicos que se plantaron ante ETA, años para suavizar la acción de la Justicia y años para manipular a la opinión pública. En 2011 ya estaban de nuevo por tanto en todas las instituciones, sufragado otra vez el terror por quienes fueron sus objetivos y víctimas de siempre, todos los españoles, pero con una diferencia sustancial, ya no necesitaban matar. Habían rendido al Estado de Derecho y no era necesario la incomodidad de arriesgar la vida o su libertad. Desde el 20 de octubre de 2011 eligieron mandar sin matar y les ha ido muy bien porque de nuevo han tenido en frente a un discípulo aventajado de Zapatero. Un Sánchez que para seguir en la Moncloa no ha tenido inconveniente en pactar su presidencia y sus presupuestos con los testaferros de los asesinos de catorce de sus compañeros de partido.

Alguno quizá piense ¿Y no es mejor que manden si así no matan? incluso pueden afirmar ¿también les han votado no? Error. ¿Alguien considera legítimo el nazismo? ¿Acaso fue Hitler un canciller legítimo para Alemania? La respuesta es no, Hitler ganó de calle unas elecciones en 1933, pero los votos nunca son argumento suficiente para legitimar opciones inmorales ¿Sería acaso legítimo validar el resultado afirmativo de una consulta que defendiera la primacía de la raza blanca? No es legítimo gritar en una manifestación ¡ETA mátalos! No lo es nombrar hijo predilecto a un asesino o un secuestrador. Por eso no se puede pactar con ellos, un presidente decente no puede convertir en socios preferentes a los compañeros de viaje de quienes asesinaron a 856 de nuestros compatriotas y menos jactarse de ello.
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Carlos de Urquijo es director de proyectos de la Fundación Villacisneros

Islas Baleares
Dictadura lingüística en Palma: el alcalde socialista impone el catalán a los contratistas
Los Reyes Magos escriben en catalán a los niños de Palma porque «es la lengua propia de la comunidad»
Pelayo Barro okdiario 10 Febrero 2021

La imposición del catalán como lengua en Baleares ha quedado plasmada en un contrato municipal del Ayuntamiento de Palma. Los pliegos de una licitación para unas obras de reurbanización exigen a los contratistas el uso de la lengua catalana para la redacción del proyecto y todos los trabajos asociados, y abren la puerta al uso del castellano pero previa consulta y aprobación del equipo municipal.

Para utilizar el castellano a la hora de contratar con el Ayuntamiento de Palma, gobernado por el alcalde socialista José Hila, hace falta pedir antes permiso. Así cabe concluir de la documentación que acompaña a la licitación de un contrato. Lleva por objeto la «redacción de proyecto básico y de ejecución con proceso de participación ciudadana previo; y dirección de obras de reurbanización» en las calles Camp Redó y Cotlliure de la capital balear. Tiene un presupuesto de 62.190 euros.

El pliego de cláusulas administrativas incluye una serie de «condiciones especiales de ejecución del contrato». Y entre ellas se incluyen un extenso apartado de «criterios lingüísticos»: «La empresa contratista debe entregar toda la documentación técnica requerida para el cumplimiento del contrato y los trabajos que sean objeto de este al menos en lengua catalana», especifica.

El catalán, recuerda el documento, debe ser la lengua utilizada por la contratista -y en su caso, las subcontratistas- para los «rótulos, las publicaciones, los avisos y otros comunicaciones de carácter general que se deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato».

El contrato deja abierta la puerta al uso del castellano sólo bajo condiciones: «Si el Ayuntamiento lo considera oportuno, aplicando las previsiones del Reglamento municipal de normalización lingüística, hay que añadir el castellano u otras lenguas».

Pliegos del Ayuntamiento de Palma.
En caso de considerarlo «oportuno», el contratista deberá enviar los textos que vayan a utilizarse en castellano «para que la dirección técnica del servicio les dé su conformidad en cuanto a su contenido y al uso de una o varias lenguas».

El castellano queda así relegado a una lengua opcional y su posible uso debe ser aprobado de antemano, mientras que para considerarse válida cualquier propuesta remitida deberá estar redactada, sí o sí, en catalán.

Obligatorio también hablarlo
En otro punto, el Ayuntamiento explica que «la prestación de servicios, la ejecución de obras o la puesta a disposición de suministros, la empresa contratista debe utilizar al menos el catalán en las actuaciones y la documentación dirigidas a terceras personas, la rotulación, las comunicaciones por megafonía, las instrucciones y manuales de uso, el etiquetado y el embalaje de los productos o servicios que producen u ofrecen, y las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán, incluyendo las facturas y otros documentos de tráfico, según las determinaciones del pliego de prescripciones técnicas particulares»

Además, explican, «la empresa contratista asume la obligación de que el personal que deba relacionarse con el público tenga un conocimiento suficiente de catalán para llevar a cabo en esta lengua las tareas de atención, información y comunicación, y garantizar así el derecho de los usuarios a ser atendidos en esta lengua». Sin embargo, no especifica nada sobre el derecho de los usuarios a ser atendidos en castellano en caso de que así lo solicitasen.

Otras polémicas con el catalán
El avance del pancatalanismo lingüístico se deja notar fuertemente en Baleares desde hace años. Tanto ayuntamientos de las Islas como el propio Gobierno socialista de la comunidad autónoma, Francina Armengol, han protagonizado polémicas por primar el catalán sobre el castellano de manera habitual.

Por ejemplo, tal y como contó OKDIARIO el pasado mes de diciembre, los niños de Mallorca no pudieron asistir a actividades extraescolares debido al incremento de la incidencia de contagios por coronavirus. No obstante, la prohibición eximía a aquellas clases que estuviesen destinadas al aprendizaje de catalán.

Entre las restricciones señaladas para el nivel 4 de riesgo en que se encontraba Baleares se determinó que, a partir del 23 de diciembre, se suspendiesen todas las actividades complementarias y extraescolares, tanto las organizadas por los centros educativos como las organizadas por entidades externas a los centros. La excepción fueron aquellas que se realizasen con el mismo «grupo de convivencia» de la escuela, el programa de apoyo a alumnos con problemas en las clases y los talleres de lengua catalana para jóvenes recién llegados a las islas.
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