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No son unas elecciones libres
Liberal Enfurruñada okdiario 10 Febrero 2021
Si es que finalmente se celebran las elecciones al Parlamento de
Cataluña el próximo día 14 de febrero, como obstinadamente están
intentando los socialistas Pedro Sánchez y su candidato Salvador
Illa, no van a ser unas elecciones libres y ni siquiera se podrán
considerar democráticas. Existen dos circunstancias que impiden que
esta semana se puedan celebrar unas elecciones que reúnan los
requisitos mínimos imprescindibles para que sus resultados puedan
ser considerados como democráticos, y aún es posible que uno de
ellos acabe impidiendo su celebración. Me refiero, por un lado, a la
pandemia de COVID-19, ocasionada por el coronavirus del síndrome
respiratorio agudo grave tipo 2 (SARS-CoV-2), que empezó a finales
de 2019 en China y afecta ya al mundo entero. Y por otro a la
pandemia del virus del odio, de la intolerancia, de la xenofobia y
del extremismo violento y radical que afecta a Cataluña desde hace
mucho más tiempo.
No son unas elecciones libres, en primer lugar, por el coronavirus,
que es el impedimento que puede que finalmente provoque que las
elecciones no se celebren este domingo. Las Juntas Electorales
catalanas tendrán que decidir ese mismo día 14, pasada la hora de
constitución de las mesas electorales, si se dan las circunstancias
imprescindibles para que las elecciones puedan celebrarse con
garantías. Y ello va a depender de que los ciudadanos designados por
sorteo para ejercer de presidentes y vocales de dichas mesas se
hayan presentado o no. La amenaza de multas y sanciones que pesa
sobre los desafortunados catalanes a los que les ha tocado la
papeleta de formar parte de una mesa electoral cuando está desatada
la tercera ola de la pandemia, sabiendo que se van a presentar a
votar infectados sintomáticos o asintomáticos, puede no ser
suficiente para que muchos de ellos acepten poner en riesgo sus
vidas y las de sus seres queridos. El 25% de los llamados ya han
alegado para ser eximidos y es más que probable que muchos de los
que no han alegado simplemente sean insumisos que prefieran pagar la
multa a correr tan alto riesgo.
Pero no serán unas elecciones ni libres ni democráticas sobre todo
por el odio que ahora incendia sus calles y que empezó a sembrarse
en Cataluña en la Transición, cuando se decidió entregar a las
comunidades autónomas unas competencias en educación que jamás
debieron haberse descentralizado. Ese error fue haciéndose cada vez
mayor porque los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP no tuvieron
escrúpulos y cuando fueron necesitando los votos de los partidos
nacionalistas, cada vez que no conseguían mayorías absolutas, a
cambio de lograr su apoyo cada vez les cedieron mayores
competencias. Hasta que, en 2012, en plena crisis financiera, Artur
Mas se vio lo suficientemente fuerte como para exigirle a Mariano
Rajoy un régimen fiscal similar al cupo vasco, amenazando con
celebrar un referéndum de independencia si el Gobierno de España no
cedía a su chantaje. Amenaza que se concretó con el golpe de Estado
del 1 de octubre de 2017 que provocó que la ciudadanía siguiera el
ejemplo de los delincuentes que dirigían las instituciones catalanas
pervirtiendo y degenerando así al conjunto de su sociedad.
El odio, la intolerancia, la xenofobia y el extremismo violento y
radical ha sido propagado por el sistema de educación catalán y por
sus medios de comunicación subvencionados por una Generalidad
golpista y delincuente. Han criado así a varias generaciones de
radicales extremistas que se autodenominan antifascistas o
separatistas, pero que, en realidad, no son más que marionetas sin
cerebro manejadas por unas autoridades en rebeldía permanente contra
la ley y el orden. Durante toda la campaña electoral VOX no ha
podido organizar ningún acto en Cataluña que no fuera objeto de
violentas agresiones consentidas por unos Mozos de Escuadra que
obedecen las instrucciones de la Generalidad. No existe igualdad de
condiciones con respecto al resto de partidos políticos que se
presentan a dichos comicios, quienes han podido llevar a sus actos
hasta al condenado por pertenencia a organización terrorista,
Arnaldo Otegui, sin que nadie los molestara. En consecuencia, las
del 14-F, si es que finalmente se celebran, no serán unas elecciones
libres ni democráticas.
Perder derechos no es ganar libertad
Editorial ABC 10 Febrero 2021
La reforma penal del Gobierno es un arma de doble filo para un
castigo ideológico a la derecha. Donde ahora hay delitos, mañana
habrá impunidad. Y donde hay odio, habrá permisividad
La reforma penal anunciada por el Gobierno sobre los delitos
relacionados con la libertad de expresión no tiene nada de
irrelevante. Es una pieza más en el engranaje de ingeniería social
con el que el Ejecutivo pretende ideologizar algunos delitos a su
medida, desnaturalizándolos a conveniencia cuando afecten a iconos
sociales de la izquierda, o reforzándolos cuando quienes los cometan
provengan de la derecha. Con la excusa de adaptar nuestra normativa
a la doctrina de los tribunales europeos, se va a prefabricar una
justicia penal de autor para modificar nuestra estructura procesal a
imagen y semejanza de las ideas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias,
en lugar de establecer criterios -objetivos y subjetivos- que
permitan fortalecer realmente la libertad de expresión como elemento
nuclear de la democracia. La operación consiste en una parcelación
dogmática del odio, de manera que unas expresiones puedan ser
consentidas, y otras castigadas, según el modelo de revisionismo
ideológico al que este Gobierno nos somete.
En el fondo subyace el intento de desactivar el enaltecimiento del
terrorismo, los tipos penales por ofensas a los sentimientos
religiosos, las injurias a instituciones como la Corona o los
jueces, y el ultraje a la bandera y al himno nacional. Si a eso se
añaden una despenalización de la ‘okupación’, la regulación de la
apología del franquismo por la ley de memoria democrática, o la
suavización expresa de la rebelión y la sedición para privilegiar al
independentismo, el proceso revisionista casi se habrá completado. Y
todo ello, en un contexto de sistemáticos intentos por controlar al
poder judicial, que en cuestión de semanas tendrá vetado hacer
nombramientos. Habrá, en definitiva, autorización legal y expresa
para burlarse de las víctimas del terrorismo, y bula para quemar
libremente la bandera española, para ofender al Rey, o para gozar de
barra libre en actos ofensivos e insultantes contra la Iglesia
católica. En realidad, buena parte de todo esto ya ocurre ahora por
la pasividad de la Fiscalía y la tolerancia interpretativa de
algunos jueces. Por ejemplo, a menudo se producen homenajes de
enaltecimiento a etarras excarcelados y ni siquiera se tramitan
porque la Fiscalía hace oídos sordos al sentir de las víctimas que
lo denuncian. Y con frecuencia hay dirigentes que llaman fascistas a
los jueces y no ocurre nada. A partir de ahora, además de
consentido, todo esto será sacralizado, quedando en el olvido las
antiguas palabras de Dolores Delgado, cuando sostenía siendo fiscal
especial contra el yihadismo que regular duramente el enaltecimiento
del terrorismo era imprescindible.
La cobertura jurídica para justificar una libertad de expresión
netamente sectaria, en función de las ideas de quienes la ejerzan,
se traducirá en la eliminación de la pena de cárcel. Pero también,
en la supresión de cualquier sanción penal para todos aquellos
excesos verbales cometidos en el contexto de manifestaciones
artísticas, culturales o intelectuales. Así, crecerá
exponencialmente el margen subjetivo para interpretar que la
exaltación de un delito terrorista como el que propició la condena
del rapero Valtonyc es solo una manifestación artística. O que sus
letras son un ejercicio intelectual. De igual manera, la concepción
subjetiva de qué expresiones supondrán o no un riesgo para el orden
público, o para provocar conductas violentas, abrirá un abanico de
arbitrariedad ideológica inquietante. Donde ahora hay delitos,
mañana habrá impunidad. Donde hoy hay odio, mañana habrá
permisividad. Y donde hoy hay ofensas punibles, mañana habrá
complacencia. Así España no gana en libertades. Pierde en derechos.
El Gobierno dispara un 86% la publicidad
institucional con el mayor gasto desde 2010: 123 millones
OKDIARIO 10 Febrero 2021
El Gobierno ha aprobado ya el nuevo Plan de Publicidad y
Comunicación Institucional para 2021, que en esta ocasión prevé una
inversión de 123 millones de euros, un 86 % más que el año pasado.
Ha justificado este sensible aumento argumentando que el inicio de
la crisis sanitaria y el estado de alarma derivó en la retirada de
partidas a ministerios para hacer frente a las circunstancias.
Sí que es cierto que esta cifra no es sólo muy superior a la del año
pasado, sino que supone la mayor cantidad desde el año 2010, cuando
gobernaba Zapatero, año en el que se destinaron 130,9 millones.
En la referencia del Consejo de Ministros, se indica que la
inversión total para plan dicho crece este año en 57,3 millones de
euros y que los 123 millones se destinarán a 168 campañas «para
divulgar información de utilidad a la ciudadanía». Añade que el
presupuesto de 2021 es casi la mitad de lo que se aprobó para el
primer plan de comunicación y publicidad institucional, en 2007, que
contó con 268 millones de euros.
«Se ha de tener en cuenta que, en el caso del plan de 2020, la
situación de emergencia sanitaria derivó en la retirada de las
partidas de algunos ministerios, como en el caso de Hacienda, que
modificó su propuesta inicial de una campaña en el ámbito tributario
a la vista de las prioridades comunicativas en el estado de alarma»,
argumenta en el escrito.
Promoción de derechos y deberes de los ciudadanos
Asegura el Ejecutivo que las principales prioridades de la
administración del Estado en materia de publicidad y comunicación
institucional serán la promoción sobre derechos y deberes de los
ciudadanos (39,51 % del coste total previsto), así como hábitos
seguros para la ciudadanía y el cuidado de su entorno (35,88 % del
coste total de las previsiones presupuestarias).
El Gobierno explica en la referencia que habrá seis campañas que
contarán «con una inversión igual o superior a los seis millones de
euros» y destaca entre ellas la promoción de la vacunación contra la
COVID-19 del Ministerio de Sanidad con 10,8 millones de euros. Le
siguen, por cuantía, campañas de seguridad vial de la Dirección
General de Tráfico, sensibilización fiscal de la Agencia Tributaria,
Transición Energética de IDAE o de la violencia contra las mujeres
de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, entre
otras.
La gran mayoría de las campañas, un 72 %, tendrá inserciones en
internet, y le siguen prensa, radio, televisión, soportes exteriores
y revistas.
Sánchez, maniatado ante un demagogo
Editorial larazon 10 Febrero 2021
Tal vez, ya no importen demasiado en el devenir de la roma política
española, fértil, por otra parte, en debates agrios y perfectamente
insustanciales, el significado de las palabras ni que una ciudadanía
saturada de verbos inflamados y tosquedades dialécticas conceda ya
el menor valor a las afirmaciones de quienes dirigen la vida
pública, pero, allende nuestras fronteras, lo que se dice desde las
instituciones todavía forma parte del contrato social implícito
entre el poder y los ciudadanos. De ahí, que las aseveraciones del
vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, negando a
España su derecho a considerarse una democracia plena, hayan
provocado, por un lado, la rápida reacción de la Unión Europea en
defensa de la calidad democrática de uno de sus socios, que en caso
contrario no sería tal, y, por otro, la irónica respuesta del
veterano ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov,
preguntándose a cuál de los miembros del gobierno de España hay que
dar credibilidad. Si al que denuncia las deficiencias de un Estado
que permite la existencia de presos y exiliados políticos o a quien
proclama la plenitud de su democracia, en referencia a la ministra
González Laya.
Pregunta que puede dejar de parecernos retórica a tenor de lo
sucedido ayer en el Consejo de Ministros o, al menos, a tenor de las
explicaciones de la portavoz del Gabinete, María Jesús Montero, para
quien el artero, por calculado, ataque de Pablo Iglesias a las
propias instituciones de las que forma parte y cobra por ello, no
deja de ser una cuestión banal, incursa en los avatares de la
campaña electoral catalana. Ni un reproche ni una simple exigencia
de disculpas, no ya de dimisión, para quien en aras de su propia
conveniencia política y electoral ha sembrado, conscientemente, una
mina de fondo contra el buen nombre de España y el interés general
de sus ciudadanos. No cabe mayor deslealtad ni mayor incoherencia en
quien se reconoce, paladinamente, miembro de un Gobierno que no
garantizaría el libre ejercicio de la democracia. Y no cabe mayor
humillación para quienes, desde el mismo Gabinete, dejan pasar tal
hecho en silencio, esperando a que escampe.
Pero no. El vicepresidente segundo del Gobierno no sólo ha dado
pábulo a quienes, desde las propias instituciones, hay que insistir
en ello, pretenden la ruptura nacional, sino que ha validado la
mendaz campaña contra España que los nacionalistas de toda laya
llevan décadas librando en el exterior. Quizá, como apuntábamos al
principio, la opinión pública española no se sienta aludida en lo
más mínimo por las afirmaciones de un demagogo demasiado conocido,
pero mucho nos tememos que sólo el daño para la imagen de nuestros
tribunales de Justicia sea mayor.
El capote o Houdini
Nota del Editor 10 Febrero 2021
Menos mal que el dr cum fraude está maniatado, porque en caso
contrario, ya habría aterrizado por aquí Maduro para hermanarnos con
sus miserializados venezolanos. A ver si no olvidamos que la cabeza
de la hidra es el dr cum fraude, así que menos ayudantes para
maniatar y menos capotes para despistar.
El círculo de corrupción que Pedro Sánchez
y Pablo Iglesias impulsan en España
De Dolores Delgado a Iván Redondo; de Tezanos a Rosa María Mateo; el
plan político de PSOE y Podemos es también corrupción, y más
peligrosa que la económica.
Fernando de Rosa esdiario 10 Febrero 2021
Según la Real Academia de la lengua, una de las acepciones del
término corrupción significa: “práctica consistente en la
utilización de las funciones y medios en las organizaciones,
especialmente en las públicas, en provecho económico o de otra
índole de sus gestores”. Así pues también es un acto de corrupción
la utilización para beneficio propio de las instituciones del
Estado.
Todo acto corrupto debe de ser objeto de rechazo público y si entra
en la esfera penal la correspondiente sentencia, no obstante es
necesario que se persiga la corrupción cuando el provecho para una
organización sea utilizar las instituciones democráticas para
perseguir al contrario, envolviendo ese ataque en la lucha contra la
corrupción.
La democracia española ha bajado seis puestos en calidad desde que
gobierna Pedro Sánchez en España , según el informe que elabora
anualmente la revista “The Economist”, bajando del puesto 16 al 22,
la crisis democrática es una realidad en nuestro país sin que en
muchas ocasiones los ciudadanos seamos conscientes del verdadero
foco que corrompe nuestra sociedad.
La utilización del poder para fines partidistas es corrupción. Para
eso se nombró a Rosa María Mateo en TVE, para eso se designó a
Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado y para eso preside
José Félix Tezanos el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Este tridente, coordinado desde Moncloa por Iván Redondo, está
trabajando con dinero público en provecho electoral y por tanto
económico tanto del PSOE como de PODEMOS, y eso es corrupción
institucionalizada desde el poder.
Las mentiras
TVE se dedica a fabricar medias verdades y medias mentiras contra la
oposición, caricaturizando la imagen fundamentalmente de Pablo
Casado, para adoctrinar a un sector de la población que se conecta a
la televisión pública , mezclando mensajes subliminales con imágenes
distorsionadas en descrédito y menosprecio del contrario, según el
momento y ocasión, todo vale para canalizar el mensaje creado desde
Moncloa.
El CIS de Tezanos tiene como misión presentar a la opinión pública
como dato estadístico, lo cocinado por Iván Redondo, para conseguir
que la profecía pronosticada se convierta en realidad, después de
ser repetida de forma constante desde los medios de comunicación
serviles a la causa, así por ejemplo lo que está ocurriendo en la
campaña electoral de Cataluña.
El CIS dice que el PSOE gana con el candidato Illa, inmediatamente
se empieza a bombardear al elector catalán para conseguir el efecto
de profecía autocumplida , es decir algo que no se iba a producir al
final se consigue mediante la manipulación corrupta de un medio
público y así materializar el asalto al poder.
Pero el tercer cuchillo del tridente es el peor y el más corrupto,
así pues Sánchez e Iglesias encontraron la forma de cerrar el
círculo de la corrupción democrática al nombrar a una diputada del
PSOE Fiscal General del Estado, con la misión perseguir penalmente
al oponente. Así si no se consigue su muerte mediática o
sociológica, se utiliza la persecución judicial.
De Villarejo a Garzón
Encontraron en Dolores Delgado la persona perfecta, sectaria,
ideológicamente servil y sin escrúpulos. Ya la oímos en estado puro
cuando reía las gracias al comisario Villarejo o cuando se reunía en
cenas conspiratorias junto al condenado Baltasar Garzón, para
planificar la instrucción de causas penales al margen de los
Juzgados, que son donde debe de perseguirse los delitos. Por eso se
quiere asaltar el Poder Judicial para apartar a los profesionales
independientes de la Justicia, y nombrar a los “Lola Delgado”
judiciales.
Para una democracia la corrupción económica es despreciable, pero al
final la Justicia actúa y alcanza a todos, estén donde estén y eso
tranquiliza al ciudadano, pero la corrupción de la utilización del
poder para destruir al que piensa distinto utilizando los resortes
del Estado, conduce al autoritarismo y eso es letal democráticamente
hablando.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
La víctimas del nacionalismo catalán: votar
para existir
Irene González vozpopuli.es 10 Febrero 2021
La solución para acabar con el independentismo no puede ser permitir
que triunfe. Hay que ir a votar, no por los partidos, sino por las
víctimas
No sería posible contar las páginas que se han dedicado en los
últimos cuarenta años al “problema catalán”. Vidas enteras incluso.
Pero hay algo que no ha ocupado el centro de atención de los medios
ni del debate, a pesar de ser lo importante y lo que clarifica la
realidad y naturaleza del problema, las vidas destrozadas de las
personas no nacionalistas en Cataluña. Esas historias no han ocupado
reportajes en Salvados, ni testimonios en La Sexta, ni horas de
Informe semanal o de cualquier productora en España. Teniendo en
cuenta que no se han dedicado a las víctimas del terrorismo hasta
hace poco, no sorprende esta situación.
La mejor forma de acercarse a un problema y conocer su realidad es
hacerlo a través de sus víctimas, en caso de que las haya. Y el
nacionalismo catalán las tiene. No me refiero sólo a las víctimas de
los grupos terroristas de corte socialista e independentista de los
primeros años de la democracia como EPOCA y Terra Lliure. Aunque los
atentados cumplieron su función disparando a uno y callando a miles
ante el proyecto de inmersión—como el que perpetraron contra Jiménez
Losantos—no son los únicos que provocaron víctimas.
El nacionalismo es un líquido tóxico y espeso que todo lo impregna
colándose en cada rincón de la vida cotidiana. Vidas de padres y
alumnos destrozadas por la persecución social al haber pedido que
sus hijos tuviesen una educación en español. Profesores,
funcionarios que no acceden a mejores puestos y viven en una mezcla
de desprecio, asco e indiferencia por no ser nacionalistas. ¿Cómo
afecta el no poder tener un desarrollo libre de la conciencia
política y social al estar en un mundo que te escupe y desprecia por
tu existencia, por ser español? Esto no sucede en toda Cataluña, no
todo es Vic, Gerona y Lérida, los territorios en los que el ambiente
es más asfixiante, pero la TV3 se ve en todas partes, y el español y
el Estado en casi ninguna. El hecho de no poder decir lo que
piensas, ni siquiera hablar en tu propio idioma por miedo a ser
acusado y condenado civilmente. ¿Cómo se desarrolla un joven en la
universidad sin posibilidad de expresar su verdadera personalidad?
Al menos existe la asociación de jóvenes constitucionalistas S´ha
Acabat!, un refugio para respirar y existir.
Cuando todo se ha dicho y escrito sobre la verdadera naturaleza del
nacionalismo catalán, una dictadura etnolingüística, una ideología
xenófoba y clasista —ERC es el único partido con dirigentes que son
supremacistas blancos—, y aun así muchos creen que es una
exageración, el cansancio no puede ser una opción. Es necesario que
se inicien proyectos para dar a conocer las historias humanas, la
realidad personal de millones de españoles en Cataluña.
La sensación de hastío es generalizada, también entre los
secesionistas, frustrados porque no llega esa independencia
prometida por sus mesías al estilo de una vulgar secta, que traerá
ese mundo de color de rosa, o amarillo. En el bando
constitucionalista, sin embargo, el cansancio es más complejo, pues
se debe a la sensación de la derrota del vencedor.
Los no nacionalistas llevan perdiendo 40 años en Cataluña, pero en
el momento crítico tras el golpe de Estado del 2017, se obtuvo una
victoria electoral histórica. Eso no debe olvidarse aunque quien
lideró aquella proeza la desperdició al no hacer nada con ella y
optó por abandonar a los pocos meses lo conseguido, en vez de
consolidar el proyecto constitucionalista fuerte que tanto había
costado conseguir. Ahora habría una clara alternativa a un
independentismo atomizado, encausado y débil.
Otra victoria de los demócratas fue detener el golpe del 2017,
aunque se hizo tarde, mal y nunca, como suelen hacerse algunas cosas
en la Administración. Fue una victoria sin ninguna duda del Estado
de derecho. Aun así el proceso de independencia y el desvarío
nacionalista prosigue su marcha, porque no se resolvió
políticamente, sólo judicialmente y de aquella manera.
El terreno político
Es cierto que los delitos cometidos pertenecen al ámbito judicial,
pero eso no exime de la solución política. Es una decisión política
acabar con la financiación del entramado civil del secesionismo,
medios de comunicación y organismos. Una mayor presencia del Estado
para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y
especialmente no pactar desde el Gobierno de España con quien tiene
a su líder en prisión por haber atacado las instituciones en un
intento de subvertir el orden constitucional y poner en peligro
nuestra convivencia.
El partido socialista optó por el camino contrario. Al igual que
apareció para dar oxígeno a una ETA derrotada policialmente con su
vía de diálogo con Zapatero, el golpismo catalán vivía sus horas
bajas al haber fracasado el golpe. Pero ahí estaba el PSOE de nuevo,
como el salvador (Illa) para hablar de indultos y constituir mesas
de diálogo. Eso sí, jamás con las víctimas, con la Cataluña
constitucionalista, integrada mayoritariamente por los estratos
menos favorecidos de una sociedad clasista que ha dificultado los
ascensores sociales a los castellanohablantes.
Si la melancolía victimista del nacionalismo es una ficción creada
como arma política que provoca la movilización de su electorado, esa
misma emoción en el constitucionalismo, la melancolía, es
devastadora. El constitucionalismo no puede permitirse ese lujo
improductivo del lamento, eso es atributo de los nacionalistas, y a
estas alturas no se puede caer en la deshonra de replicar su
característica más ñoña e insoportable, el victimismo.
Ahora, con esa sensación de la derrota del vencedor y tras un año en
la ruina por la pandemia y siendo Cataluña la comunidad más opaca en
sus datos de fallecimientos, se celebran elecciones. Mucha gente no
quiere ir a votar porque entiende que nada va a cambiar. Pero el
nacionalismo sí va a acudir a las urnas, y aunque estas elecciones
dejen lejos una victoria electoral, sí son las que van a sentar las
bases de la necesaria reconstrucción y el cambio de paradigma. Votar
al PSC es consolidar la derrota del constitucionalismo por la
victoria no tan ralentizada del independentismo. La solución para
acabar con el nacionalismo catalán no puede ser permitir que
triunfe. Hay que ir a votar, no por los partidos, sino por las
víctimas y el derecho a existir como no nacionalistas en Cataluña.
Pablo Iglesias sí es una anormalidad
democrática
El líder de Podemos es un político antisistema que no puede
representar a España desde su Gobierno: su discurso contra el Estado
de Derecho hace insostenible su presencia.
Editorial ESdiario
10 Febrero 2021
Pablo Iglesias considera que España sufre "anormalidades
democráticas", por la situación procesal de los líderes
independentistas catalanas, uno condenado en firme por sedición y el
otro fugado de la Justicia. Más allá de lo alocado de su opinión, no
sería digna de atención alguna de no ser porque procede de quien
ejerce, nada menos, la Vicepresidencia Segunda del Gobierno.
Desde una tertulia o una asamblea se puede decir casi de todo, con
los únicos límites que impone la ley y sugiere la elemental
educación, pero no desde el ejercicio de un cargo institucional que
compromete al país en cuyo nombre se interviene siempre.
Si hacia fuera se da una imagen perversa, distorsionada y desde
luego falsa de España; necesitada como nunca de una imagen positiva
y estable que compense mínimamente los estragos de la crisis; hacia
dentro se lanza un mensaje destructivo al resto de poderes del
Estado de Derecho y a la propia opinión pública.
Porque Iglesias está poniendo en duda la salud de la propia
democracia, la actuación del poder judicial, el equilibrio de
derechos y obligaciones y el respeto a las reglas de juego que
regulan la convivencia y se sintetizan en la Constitución.
Iglesias no puede agredir a la democracia española y ser miembro del
Gobierno de España. Solo Sánchez permite eso
Un vicepresidente puede defender la modificación de las normas, por
los procedimientos regulados, pero no atacarlas con tanta
irresponsabilidad sin respeto alguno a la misma arquitectura legal
que a él, por ejemplo, le confiere su estatus.
La enésima salida radical de Iglesias, semejante a la que le lleva a
atacar a la Jefatura del Estado; a asaltar el Poder Judicial; a
perseguir a la prensa incómoda o a blanquear a Bildu; es
incompatible con un liderazgo político de un partido occidental, sin
duda.
Pero sobre todo lo es con la permanencia de un Gobierno que ha de
ser una de los primeros garantes de la democracia, de sus leyes y de
su protección, y no el principal ariete contra todo ello. Que
Iglesias profiera barbaridades predemocráticas es una cosa.
Pero que el PSOE le acepte y sostenga como socio institucional y le
confíe la gobernación de parte del país, es un despropósito y un
exceso que hay que imputarle a Sánchez en su ya extenso debe.
Precisiones sobre la violencia en Cataluña
Pablo Planas Libertad Digital 10 Febrero 2021
Está muy extendida la idea de que el proceso separatista es
historia, pero no hay más que contemplar lo ocurrido este fin de
semana en la campaña electoral catalana para entender que quienes
sostienen tal engaño son los golpistas, sus cómplices y los tontos
útiles a izquierda y derecha más lerdos y bovinos. En Vich, por
ejemplo, se ha podido constatar que el control del orden público
está en manos de los mandos de los Mossos que con Trapero a la
cabeza se distinguieron durante el golpe de 2017 por entorpecer la
respuesta de la Guardia Civil y la Policía Nacional y encubrir a los
organizadores de la asonada.
Este sábado los representantes de Vox tuvieron que abandonar la
citada población perseguidos por una horda de mandriles en medio de
escenas de violencia apocalíptica y ante la pavorosa inacción
policial ordenada por los mandos de los Mossos. Sí, en el corazón de
la ordenada, limpia y tolerante Cataluña de la gente cívica,
pacífica y festiva del independentismo. Los agentes de la policía de
Trapero, el amiguete de las paellas con Puigdemont en casa de
Rahola, tenían órdenes de no hacer nada. Pudo morir gente, pero la
instrucción era precisa: no cargar y no detener a nadie.
Impresionante disciplina, impasible el ademán mientras las
vanguardias de los Comités de Defensa de la República (CDR)
apedreaban a simpatizantes y dirigentes del partido proscrito.
Es Junts per Catalunya (JxCat) el partido que controla la consejería
de Interior y, por ende, a los Mossos. Y en plena campaña no se
puede permitir que ERC les acuse de "brutalidad policial", que es lo
que hacen los republicanos cada vez que un agente de la policía
regional le da una colleja a un energúmeno con estelada.
Tras el levantamiento del efímero 155 y con la Generalidad de nuevo
en manos de los partidos que dieron el golpe de Estado, Cataluña
vuelve a estar bajo control de quienes pretenden montar una
república identitaria en contra de más de la mitad de la ciudadanía.
De ahí que, tras episodios como los de este fin de semana, en vez de
detenciones haya habido unas vomitivas declaraciones del consejero
de Interior, Miquel Sàmper, en las que culpa a Vox de la violencia
contra Vox. Es que van provocando, ha dicho el tipo. Lo mismo que
podría decir de una mujer violada que llevara unos pantalones
ajustados o una minifalda.
Los violentos no han recibido ni una sola condena del nacionalismo
porque son las fuerzas de choque del separatismo jaleadas por los
partidos golpistas, que justifican los ataques porque según ellos
Vox es un partido xenófobo y violento. Y lo sueltan así, sin
pestañear, los que invitan a Otegi a sus programas o a sus mítines,
los amigos de Racistorra, los discípulos de Pujol, los admiradores
de Sabino Arana, los que califican el terrorismo de Terra Lliure de
"independentismo armado", los mismos que llaman "gran reserva del
independentismo" al asesino del empresario Bultó, al que le
colocaron una bomba en el pecho. Toda esa peña infecta es la que
aplaude los ataques contra Vox.
No temen que el crecimiento electoral de ese partido ponga en duda
la política migratoria del Gobierno. Para nada. A quienes censuran a
Vox en los platós y en los púlpitos políticos lo que les preocupa no
es el futuro de los que llegan en pateras sino el suyo, que Vox diga
estar en contra del Estado de las Autonomías y de chiringuitos como
TV3, una televisión al servicio del nacionalismo pagada con el
dinero de quienes sufren el nacionalismo. Saben que, a mayor peso de
Vox, más difícil tendrán mantener sus bicocas y regalías sufragadas
con fondos públicos.
Y es la misma gente que adula a Otegi, como Marta Rovira, la
secretaria general de ERC que se esconde en Suiza tras haber llamado
al sacrificio de la ciudadanía en el golpe de Estado. "Nadie mejor
que Otegi nos puede decir hoy como debemos continuar para llegar
hasta el final", dijo esa siniestra individua vía telemática en el
mitin que el jefe de los bildutarras y el golpista Junqueras dieron
en Gerona este domingo. ¿Llegar hasta el final? De eso Otegi sabe un
huevo. Es un as de llegar hasta el final, un txapeldun. Lo raro es
que el mitin se celebrara en Gerona y no en Vich, donde unos
compañeros de Otegi llegaron hasta el final en la casa cuartel de la
Guardia Civil. Hubiera sido un gran homenaje a ese pedazo de "hombre
de paz" que es Otegi según TV3.
Dice Pablo Iglesias que en España no hay "plenitud democrática"
porque Junqueras está en la cárcel y Puigdemont en Bélgica. Mentira.
Una más. En España no hay "plenitud democrática" porque una parte
significativa del territorio depende de los subordinados de los
líderes golpistas Puigdemont y Junqueras, que no está en la cárcel,
por cierto, sino que duerme en una cárcel de la Generalidad de lunes
a jueves.
Mandar sin matar o viceversa
Un presidente decente no puede convertir en socios preferentes a los
compañeros de viaje de quienes asesinaron a 856 de nuestros
compatriotas
Carlos de Urquijo ABC 10 Febrero 2021
El 17 de marzo de 2003 la Sala Especial del Tribunal Supremo, por
unanimidad, decretó la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal
Herritarrok y Batasuna por vulnerar la Ley Orgánica 6/2002 de
partidos políticos. El alto Tribunal entendió que estas formaciones
vulneraban el artículo 9 de dicha ley al complementar y apoyar las
acciones de la banda terrorista ETA. Esta sentencia no hizo sino
convertir en judicial la certeza moral que la mayoría de los
españoles teníamos desde siempre con respecto a estos partidos, es
decir, su absoluta subordinación a la estrategia terrorista.
Precisamente, un año después de esta sentencia, que a tantos nos
hizo recobrar la confianza en la Justicia, llegó a La Moncloa José
Luis Rodríguez Zapatero. Un político sin escrúpulos, henchido de
vanidad que pretendía pasar a la historia como el hombre que logró
el final de ETA. El problema es que para ello no dudó en utilizar
las peores artes de la política: la traición y la mentira. Ambos
calificativos son objetivos, está acreditado que mientras con una
mano firmaba con el PP la ley de partidos, con la otra encargaba a
Jesús Eguiguren que negociara con Otegi el final de la banda al
margen del Estado de Derecho.
Y de aquellos polvos hemos llegado a los lodos de hoy. Primero
fueron las trampas en las elecciones al Parlamento vasco permitiendo
que Batasuna sorteará su ilegalización a través de sus marcas
blancas, Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las
Tierras Vascas y por último, la más grave, la vergonzosa sentencia
política del Tribunal Constitucional que el 5 de mayo de 2011
legalizó a EH-Bildu para convertirlo en un partido al uso pese a
haber confirmado tres días antes el Supremo, que era una nueva marca
de las fuerzas ilegalizadas en 2003.
Fueron años de humillante negociación política con los monaguillos
de la banda encabezados por Otegi, años para desactivar a los
movimientos cívicos que se plantaron ante ETA, años para suavizar la
acción de la Justicia y años para manipular a la opinión pública. En
2011 ya estaban de nuevo por tanto en todas las instituciones,
sufragado otra vez el terror por quienes fueron sus objetivos y
víctimas de siempre, todos los españoles, pero con una diferencia
sustancial, ya no necesitaban matar. Habían rendido al Estado de
Derecho y no era necesario la incomodidad de arriesgar la vida o su
libertad. Desde el 20 de octubre de 2011 eligieron mandar sin matar
y les ha ido muy bien porque de nuevo han tenido en frente a un
discípulo aventajado de Zapatero. Un Sánchez que para seguir en la
Moncloa no ha tenido inconveniente en pactar su presidencia y sus
presupuestos con los testaferros de los asesinos de catorce de sus
compañeros de partido.
Alguno quizá piense ¿Y no es mejor que manden si así no matan?
incluso pueden afirmar ¿también les han votado no? Error. ¿Alguien
considera legítimo el nazismo? ¿Acaso fue Hitler un canciller
legítimo para Alemania? La respuesta es no, Hitler ganó de calle
unas elecciones en 1933, pero los votos nunca son argumento
suficiente para legitimar opciones inmorales ¿Sería acaso legítimo
validar el resultado afirmativo de una consulta que defendiera la
primacía de la raza blanca? No es legítimo gritar en una
manifestación ¡ETA mátalos! No lo es nombrar hijo predilecto a un
asesino o un secuestrador. Por eso no se puede pactar con ellos, un
presidente decente no puede convertir en socios preferentes a los
compañeros de viaje de quienes asesinaron a 856 de nuestros
compatriotas y menos jactarse de ello.
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Carlos de Urquijo es director de proyectos de la Fundación
Villacisneros
Islas Baleares
Dictadura lingüística en Palma: el alcalde
socialista impone el catalán a los contratistas
Los Reyes Magos escriben en catalán a los niños de Palma porque «es
la lengua propia de la comunidad»
Pelayo Barro okdiario 10 Febrero 2021
La imposición del catalán como lengua en Baleares ha quedado
plasmada en un contrato municipal del Ayuntamiento de Palma. Los
pliegos de una licitación para unas obras de reurbanización exigen a
los contratistas el uso de la lengua catalana para la redacción del
proyecto y todos los trabajos asociados, y abren la puerta al uso
del castellano pero previa consulta y aprobación del equipo
municipal.
Para utilizar el castellano a la hora de contratar con el
Ayuntamiento de Palma, gobernado por el alcalde socialista José
Hila, hace falta pedir antes permiso. Así cabe concluir de la
documentación que acompaña a la licitación de un contrato. Lleva por
objeto la «redacción de proyecto básico y de ejecución con proceso
de participación ciudadana previo; y dirección de obras de
reurbanización» en las calles Camp Redó y Cotlliure de la capital
balear. Tiene un presupuesto de 62.190 euros.
El pliego de cláusulas administrativas incluye una serie de
«condiciones especiales de ejecución del contrato». Y entre ellas se
incluyen un extenso apartado de «criterios lingüísticos»: «La
empresa contratista debe entregar toda la documentación técnica
requerida para el cumplimiento del contrato y los trabajos que sean
objeto de este al menos en lengua catalana», especifica.
El catalán, recuerda el documento, debe ser la lengua utilizada por
la contratista -y en su caso, las subcontratistas- para los
«rótulos, las publicaciones, los avisos y otros comunicaciones de
carácter general que se deriven de la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato».
El contrato deja abierta la puerta al uso del castellano sólo bajo
condiciones: «Si el Ayuntamiento lo considera oportuno, aplicando
las previsiones del Reglamento municipal de normalización
lingüística, hay que añadir el castellano u otras lenguas».
Pliegos del Ayuntamiento de Palma.
En caso de considerarlo «oportuno», el contratista deberá enviar los
textos que vayan a utilizarse en castellano «para que la dirección
técnica del servicio les dé su conformidad en cuanto a su contenido
y al uso de una o varias lenguas».
El castellano queda así relegado a una lengua opcional y su posible
uso debe ser aprobado de antemano, mientras que para considerarse
válida cualquier propuesta remitida deberá estar redactada, sí o sí,
en catalán.
Obligatorio también hablarlo
En otro punto, el Ayuntamiento explica que «la prestación de
servicios, la ejecución de obras o la puesta a disposición de
suministros, la empresa contratista debe utilizar al menos el
catalán en las actuaciones y la documentación dirigidas a terceras
personas, la rotulación, las comunicaciones por megafonía, las
instrucciones y manuales de uso, el etiquetado y el embalaje de los
productos o servicios que producen u ofrecen, y las comunicaciones y
las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas
residentes en el ámbito lingüístico catalán, incluyendo las facturas
y otros documentos de tráfico, según las determinaciones del pliego
de prescripciones técnicas particulares»
Además, explican, «la empresa contratista asume la obligación de que
el personal que deba relacionarse con el público tenga un
conocimiento suficiente de catalán para llevar a cabo en esta lengua
las tareas de atención, información y comunicación, y garantizar así
el derecho de los usuarios a ser atendidos en esta lengua». Sin
embargo, no especifica nada sobre el derecho de los usuarios a ser
atendidos en castellano en caso de que así lo solicitasen.
Otras polémicas con el catalán
El avance del pancatalanismo lingüístico se deja notar fuertemente
en Baleares desde hace años. Tanto ayuntamientos de las Islas como
el propio Gobierno socialista de la comunidad autónoma, Francina
Armengol, han protagonizado polémicas por primar el catalán sobre el
castellano de manera habitual.
Por ejemplo, tal y como contó OKDIARIO el pasado mes de diciembre,
los niños de Mallorca no pudieron asistir a actividades
extraescolares debido al incremento de la incidencia de contagios
por coronavirus. No obstante, la prohibición eximía a aquellas
clases que estuviesen destinadas al aprendizaje de catalán.
Entre las restricciones señaladas para el nivel 4 de riesgo en que
se encontraba Baleares se determinó que, a partir del 23 de
diciembre, se suspendiesen todas las actividades complementarias y
extraescolares, tanto las organizadas por los centros educativos
como las organizadas por entidades externas a los centros. La
excepción fueron aquellas que se realizasen con el mismo «grupo de
convivencia» de la escuela, el programa de apoyo a alumnos con
problemas en las clases y los talleres de lengua catalana para
jóvenes recién llegados a las islas.
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