AGLI Recortes de Prensa   Viernes 19  Febrero  2021

No es solo Podemos, es Sánchez
Editorial ABC 19 Febrero 2021

La pregunta de cómo es posible que el PSOE mantenga la coalición de gobierno con un partido que, como Unidas Podemos, explícitamente apoya el vandalismo callejero contra la Policía, solo tiene respuesta en Pedro Sánchez. Únicamente la obsesiva fijación del presidente del Gobierno por el poder explica que los socialistas contemporicen con una formación que se ha situado directamente en la apología de la violencia, difundida impunemente desde la portavocía del grupo parlamentario. El mensaje lanzado por Pablo Echenique a favor de los grupos violentos que protestaban por el encarcelamiento de Pablo Hasel no es una anécdota. Es la manifestación pura y simple de una absoluta falta de ética democrática y de decencia política, propia de partidos de extrema izquierda que, en efecto, «asaltan» el cielo igual que escaparates, comisarías o edificios públicos y privados. Ayer mismo, Podemos impidió en la Asamblea de Madrid una declaración de condena de la violencia desatada por grupos de extrema izquierda en el centro de la capital, y después formalizó la petición para que su propio Gobierno indulte ya a Hasel.

Nunca tanto como en la actualidad los perfiles constitucionales del Gobierno se habían diluido en el partidismo y el sectarismo, hasta el extremo de que una parte del Consejo de Ministros se ha convertido en una plataforma de mensajes y eslóganes contra el propio sistema democrático. Lo que antes hacían grupos marginales, despreciados por formaciones políticas dignas de llamarse democráticas, ahora lo hacen un vicepresidente segundo y su portavoz parlamentario, que se ríen de Sánchez y de todos los socialistas porque el Gobierno depende de Podemos. Es un espectáculo entre dramático y bufo contemplar la sucesión de crisis internas en un Gobierno que aspira a gestionar con solvencia miles de millones de euros procedentes de Bruselas y cuya gestión económica hará que España dependa más que nunca de la confianza exterior.

Pero no hay que engañarse. La degradación del Gobierno de la nación como institución constitucional no es una consecuencia de acontecimientos inevitables o de un designio fatal de la democracia. La anormalidad política que vive España con antisistemas en el Gobierno es el resultado de la voluntad política inequívoca de Pedro Sánchez de aferrarse al poder, caiga quien caiga, empezando por el crédito de su equipo de gobierno. Todos los diputados socialistas y todos los ministros son responsables solidariamente de que España tenga en La Moncloa a un partido que incita a la violencia, que apoya la autodeterminación, que disculpa a ETA y que es desleal como socio de coalición. El activo político de Podemos es la ambición desmedida de Sánchez y la ausencia en el PSOE de autoestima suficiente para frenar a Iglesias con una ruptura de la coalición. El poder es muy importante para un partido político, pero no puede justificar la claudicación de los socialistas ante actitudes y discursos que son tóxicos para la democracia y contrarios a lo que alguna vez fue el ideario socialdemócrata del PSOE. No basta con que determinados ministros o barones socialistas despotriquen contra Iglesias y sus provocaciones, porque la falta de consecuencias los convierte en meros señuelos para salvar la cara a Pedro Sánchez. La anomalía constitucional es que la oposición forme parte del Gobierno y siga siendo oposición, sembrando confusión y pesimismo sobre el futuro político del país y el proyecto que los socialistas supuestamente lideran para sacar a España de la peor crisis desde, al menos, el comienzo de la democracia.

Si la Fiscalía no interviene contra Echenique y Mayoral será porque Sánchez no quiere
OKDIARIO 19 Febrero 2021

Después de que Pablo Echenique y Rafael Mayoral, portavoz y coportavoz de Podemos en el Congreso, hayan alentado los actos violentos protagonizados por grupos de extrema izquierda en las calles de Madrid y Barcelona, la Fiscalía del Estado tiene que intervenir con carácter de urgencia, porque sus manifestaciones constituyen un delito de incitación a la violencia y de odio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además del de enaltecimiento del terrorismo callejero. Los dos dirigentes de Podemos no han dudado en ponerse del lado de quienes arrasaron todo a su paso, causando destrozos en numerosos establecimientos, y se enfrentaron violentamente a la Policía en una actitud más propia de auténticas guerrillas urbanas.

Echenique y Mayoral han traspasado todas las líneas rojas; su actitud no es que sea irresponsable, sino que es sencillamente delictiva. Si la Fiscalía no interviene será porque Pedro Sánchez no quiere. El Ministerio Público no puede permanecer de canto ni un minuto más. Si quiere recuperar parte del prestigio perdido tiene que hacer valer su autonomía y proceder contra los diputados podemitas que han alentado los gravísimos incidentes registrados en Madrid y Barcelona. ¿Qué más pruebas necesita el Ministerio Público? ¿Qué más tienen que decir los portavoces podemitas para que el organismo que dirige Dolores Delgado abandone su escandalosa pasividad? ¿En qué país estamos que quien tiene que velar por el cumplimiento de la ley permanece cruzado de brazos?

Las declaraciones de Echenique y Mayoral, además de repugnantes desde un punto de vista moral, representan una incitación en toda regla a vulnerar las leyes. Si el Estado de Derecho permite que ambos diputados se vayan de rositas, la democracia española amenaza con precipitarse por el camino del descrédito. Cuando Iglesias dice que nuestra democracia no es plena tiene razón, pero no por lo que argumenta el líder podemita, sino porque permite que Iglesias y los suyos se salten las más elementales normas de la convivencia democrática al secundar la violenta actitud de una legión de delincuentes.

Violencia contra el «régimen del 78»
Editorial larazon 19 Febrero 2021

Los graves incidentes producidos en varias ciudades españolas, especialmente en Barcelona y Madrid, a cuenta de la entrada en prisión de Pablo Hasel por reincidir en enaltecimiento del terrorismo –no por injurias a la Corona–, ha abierto otra brecha en la coalición encabezada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Como en tantas otras, acabará diluida en el tóxico discurso de Podemos culpando a la calidad democrática de nuestro país, y la portavoz gubernamental dirá que todo es un mala interpretación –como así ha hecho María Jesús Montero– y que la estabilidad del Ejecutivo está fuera de toda duda.

Unidas Podemos no sólo no ha condenado estos actos de barbarie, sino que ha mostrado su comprensión con los manifestantes violentos y ha criticado la actuación policial. El dirigente y diputado de Podemos Pablo Echenique ha ido aún más lejos con un tuit en el que muestra «todo su apoyo a los jóvenes antifascistas». Sin entrar en la apropiación de un término que sólo adquiere sentido cuando es un rechazo democrático a todos los totalitarismos –de izquierda y de derecha–, algo que Podemos no asume porque es muy comprensivo con regímenes liberticidas como Venezuela y Cuba, que un partido que se sienta en el Consejo de Ministros acepte la violencia no deja de ser una anomalía. Como dice el propio Iglesias, una «anomalía democrática» que anida en el corazón de nuestro sistema político. Una aberración política y moral que el presidente del Gobierno debería corregir –aunque ha demostrado que no está entre sus prioridades– exigiendo una rectificación a su socio principal porque no puede haber ninguna complicidad con aquellos que quieren acabar con la legalidad. Lo escribió la filósofa alemana Hannah Arendt, «el poder y la violencia son opuestos» y allí donde aparece la violencia, «si se permite que siga su curso, lleva a la desaparición del poder». Si desde el Ejecutivo se acepta como legítimas expresiones de vandalismo como las que se han vivido estos días, Sánchez tienen un serio problema en su Gobierno que puede, por lo menos, afectar nuestra credibilidad internacional.

Sabíamos que Iglesias admiraba a ETA porque, dice, fueron los primeros en comprender que el Estado democrático era irreformable y había que dinamitarlo, que considera a Otegi un hombre de paz o que congenia con el independentismo más insurrecto y fanático, pero desde la vicepresidencia del Gobierno es exigible un comportamiento que no perjudique a España, a su prestigio internacional en un momento en que es urgente que la UE facilite las ayudas del Plan de Recuperación contra la pandemia cuanto antes –planes que requerirán reformas–, algo en lo que Iglesias no va a colaborar porque ya sabemos que su paso por el Gobierno es utilizar todo el poder que ostenta para acabar con el «régimen del 78». Ahora está claro que incendiar la calle rema en la misma dirección.

La violencia funciona
Cristina Losada Libertad Digital 19 Febrero 2021

Ahí estamos, otra vez. En el mismo sitio de siempre. Con el papel de fumar y la violencia o viceversa. A ver quién condena y quién no los disturbios. Porque hay quien no, como siempre. Una vez más, el gran temblor político ante la violencia en las calles. El gran escaqueo. O, directamente, la reivindicación de las conductas violentas. Por supuesto, todo depende del quién. No es la conducta, sino los conducidos. En la república francesa, si hay disturbios sale el ministro del Interior y apoya a las fuerzas del orden. Aquí no hay ministro que salga y el de Interior, menos. El presidente no está para estas minucias. El vicepresidente está a favor. El gran problema de la democracia española es éste. La actitud ante la violencia. En concreto, ante la violencia política. Más aún, ante la violencia política de izquierdas.

Décadas de terrorismo lo mostraron. Tal vez por eso hubo décadas de terrorismo. La violencia terrorista tenía apoyos, tenía quiénes la justificaban y tenía beneficiarios. Es tremendo cuánto tardó en forjarse una repulsa mayoritaria clara. Aun así, incompleta: ahí están los herederos, campantes y desafiantes. Como entonces, como en cada ocasión, los mismos lugares comunes sirven de refugio, bien al abrigo de la ambigüedad. ¿Qué es eso de condenar la violencia “venga de donde venga”, cuando viene de donde viene? Pues eso es no condenarla. Es echarle un cable. Es mantener el vínculo no ya con los que la ejercen, sino con aquellos, muchos más, que viendo el espectáculo de la violencia, creen ver, siempre a buen recaudo, el espectáculo de alguna especie de revolución.

La violencia política, según quién la ejerza, se justifica, se condona y funciona. De qué, si no, habría tanta. Funciona en muchos sentidos. Ahora mismo, por ejemplo, todo el mundo está pendiente de los vándalos. El Gobierno va a hacer lo que exigen. Nadie le dará la espalda por eso, salvo la gente de orden. Y esa ya le había dado la espalda u olvidará este episodio, uno de tantos. Ante este tipo de violencia, la actitud de muchos no es: que los detengan y paguen por lo que han hecho, y que paguen en las urnas quienes los defienden. La actitud de muchos es: dadles lo que piden para que paren. Ya lo hemos visto. En ocasiones más graves.

A quien seguro le funciona es a Podemos. Estos días de disturbios, Iglesias está ganando votos. No será el genio que cree que es, pero conoce a su base electoral. El problema de Podemos era desdibujarse en el Gobierno, pasar por un apoltronado más. Con lo de Hasel, se ha podido poner otra vez la careta antisistema. Sin esa careta no son nada. Se las prometía muy felices Sánchez después de las elecciones catalanas, y ahí lo tienen, fuera de onda. Le han cambiado el tablero delante de sus narices.

La libertad de expresión del bolchevique
Emilio Campmany Libertad Digital 19 Febrero 2021

Iglesias se queja de que en España los medios de comunicación son más poderosos que él, que es vicepresidente del Gobierno. No se puede ser más fariseo. El problema en España no es que los medios de comunicación sean libres para defender sus intereses ideológicos. El problema es que no lo son y, en consecuencia, sirven a los dictados del Gobierno. Rajoy exigió a La Sexta apoyar a Podemos para restar votos al PSOE, la pinza de la que habló Mauricio Casals. Si en España hubiera existido realmente libertad de prensa, es posible que Podemos hubiera sido capaz de reunir otros respaldos, pero no el de la empresa que edita La Razón o posee Onda Cero. Y sin embargo, lo tuvo. ¿Por qué? Porque al Gobierno de España de entonces le convino o, mejor dicho, creyó que le convino. Dicho de otra forma, Iglesias es vicepresidente del Gobierno precisamente gracias a que los medios de comunicación en España no son suficientemente libres y dependen del Gobierno.

Aquí, los grandes medios no se preocupan de proporcionar a sus lectores información veraz a cambio de su suscripción en contante o de soportar la publicidad que contraten. Se preocupan tan sólo de satisfacer al Gobierno porque la mayoría de sus ingresos dependen de él. A veces se trata de groseras subvenciones, pero muchas otras la compra de voluntades se disfraza de publicidad institucional o de la que procede de empresas cuyos beneficios dependen de decisiones del Gobierno, ya sean imperios de telecomunicación, de suministro de energía, de servicios financieros o de tantos otros mercados intervenidos.

Esta antidemocrática sumisión no le parece bastante al bolchevique. Quiere que sea una dependencia orgánica, que no haya más medios que los públicos y así no tener que leer ni una palabra que ridiculice las muchas tonterías que alumbra su parienta –ministra uxoris causa–, ponga en evidencia las enormes sandeces que producen los dirigentes de Podemos o exponga a escarnio público las ocurrencias de sus ministros. Finge creer que las trapisondas fiscales de Monedero con Neurona han salido a la luz porque los medios españoles son excesivamente libres. Sabe perfectamente que no. Esta es la enésima operación política interesada de la Agencia Tributaria. Si nos enteramos de algo es gracias a las peleas de los políticos, muy especialmente aquellas en las que se enzarzan los dos partidos del Gobierno. Son los políticos los que filtran, los que movilizan a la Fiscalía, los que inducen a la mayoría de los jueces y, por supuesto, los que empujan al grueso de los periodistas. La única ventaja para la libertad, por ahora, es que, habiendo varios partidos con diferentes cuotas de poder, su encarnizada lucha y las puñaladas traperas que se asestan unos a otros permite que los ciudadanos lleguemos a enterarnos de algo de la mucha podredumbre que les rodea.

Lo que Iglesias quiere en realidad es que haya un partido único, el suyo, que domine a los medios. No le incomoda la libertad de expresión, que en realidad no existe, sino la mera apariencia de ella.

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Sánchez, máximo responsable de esta nueva ola de violencia ultra
EDITORIAL Libertad Digital 19 Febrero 2021

La entrada en prisión de un delincuente reincidente que sólo sabe vomitar odio e incitar a la violencia terrorista ha sido el pretexto utilizado por la extrema izquierda para desatar una ola de disturbios que han tenido especial gravedad en Madrid y Barcelona.

Una vez más, la izquierda radical ha vandalizado las calles, arrasado comercios, destruido mobiliario urbano y vehículos particulares, aterrorizado a la ciudadanía, atacado a las fuerzas del orden. Lo que es ya un espectáculo habitual en los predios de la tóxica Ada Colau se ha vivido también en Madrid, donde numerosos indeseables trataron de convertir la Puerta del Sol en escenario de una batalla campal al más puro estilo batasuno.

Como era de prever, la izquierda podemarra ha jaleado a los vándalos y puesto en la mira a las fuerzas de seguridad asegurando son su habitual vileza que estamos ante un episodio de rebelión cívica por la libertad de expresión.

Esta izquierda criminógena y liberticida hasta las heces jamás ha defendido la libertad de expresión, sino una ley del embudo que le confiera impunidad y coarte a quienes le hacen frente. El delincuente bocazas al que quieren ver libre es un ser execrable que está en prisión después de haber sido condenado en repetidas ocasiones por amenazas, desacato, allanamiento y agresiones, no por berrear letras infames propias de un psicópata.

Por descontado, el problema no es ese tipejo que, por otra parte, desprecia a los politicastros que lo defienden por pretendidamente tibios y vendidos. Lo realmente grave es que la violencia callejera esté siendo azuzada por un partido que forma parte del Gobierno.

Iglesias y su banda tienen cada vez menos apoyo popular y son cada vez más despreciados, por eso han decidido incendiar literalmente las calles. La izquierda podemarra quiere batasunizar España y Pedro Sánchez y sus lacayos –empezando por el infame Marlaska– no hacen nada. Pedro Sánchez es de hecho el principal responsable de esta deriva extremadamente peligrosa, que puede tener consecuencias trágicas.

La Cataluña de Weimar
Sergio Fidalgo okdiario 19 Febrero 2021

La gran diferencia entre la Alemania de Weimar y la Cataluña actual es que los totalitarios no están a las puertas del poder, sino que lo ejercen de manera despótica desde hace años, señalando y despreciando a la mayoría de población que no es secesionista. La sensación de caos social, crisis económica, deterioro institucional y falta de respeto al Estado de derecho se ha impuesto gracias a la acción de unos partidos (ERC, Junts per Catalunya y CUP) que han optado por la deslegitimación del sistema democrático vigente en España como herramienta para conseguir sus objetivos políticos.

En Cataluña todo es posible porque la ley no existe. Cuando “desobediencia” es la palabra mágica en boca de los que gobiernan la comunidad autónoma y la ciudad de Barcelona, no puede extrañar que periódicamente se provoquen altercados y graves disturbios. No importa que la excusa sea la condena de los líderes golpistas o que se detenga a un rapero de dudoso gusto musical. Mañana será un mal arbitraje al Barça o la subida del precio del kilo de ‘calçots’. Cuando se instala en una sociedad el convencimiento de que no hay que cumplir las normas que no nos gustan o no nos convienen, como predican Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Ada Colau, el recurso a lanzar piedras a la policía o quemar cajeros automáticos es el siguiente paso.

El martes vimos como una turba de radicales, con la excusa de ‘solidarizarse’ con Pablo Hasél, intentó tomar y arrasó la comisaría de los Mossos d’Esquadra en la localidad barcelonesa de Vic. Los violentos separatistas ya no se conforman con quemar contenedores y destrozar entidades bancarias, ‘hazañas’ a las que no renuncian ya que cerca de una cuarentena de establecimientos fueran arrasados en varios puntos de Cataluña tras las protestas por la detención del rapero. Ahora buscan directamente amedrentar a las fuerzas de seguridad, amparados por una fuerza política, la CUP, que será decisiva en la formación del futuro gobierno autonómico.

De hecho, ser policía autonómico en Cataluña es una profesión de doble riesgo: los violentos separatistas te pueden abrir la cabeza a pedradas, y si se te ocurre cargar contra ellos para defenderte y para que no destrocen la ciudad entonces te pueden expedientar por ser demasiado eficaz ‘molestando’ a los socios de los que gobiernan Cataluña. Tras la barbaridad de Vic, con una comisaría destruida, el máximo interés del consejero de Interior en funciones, Miquel Sàmper, fue pedir “cambios” en el código penal que castiga los llamados delitos de opinión. Unos veinticinco ‘mossos’ heridos, una comisaría arrasada, y al ‘conseller’ solo le faltó pedir que soltaran a Hasél. Claro está que venimos de un presidente de la Generalitat, Quim Torra, que era un CDR más y que pedía la cabeza de los responsables policiales cada vez que osaban cargar contra los chicos de la gasolina.

Me imagino lo que debían pensar los ‘mossos’ que fueron asediados en la comisaría de Vic mientras estaban parapetados bajo las mesas, mientras sus compañeros de las unidades de seguridad ciudadana habían salido de las instalaciones policiales para sumarse al operativo contra los violentos que estaban destrozando el centro de la ciudad. En esos momentos, viendo como los cachorros antisistema, anticapitalistas y antiEspaña estaban a punto de lincharles, no creo que pensaran ni en el “mandato del 1 de octubre” ni en la “revolución de las sonrisas”. Si a los agentes autonómicos, por mucho que el separatismo se haya infiltrado en sus filas, les dejaran actuar sin cortapisas contra los vándalos, el problema se solucionaría en un par de horas.

Pero cuando en Cataluña la ley la hacen los violentos, porque son los violentos los que deciden la mayoría que gobierna en la Generalitat, y porque los ‘happy flower’ de la desobediencia dictan qué normas se cumplen y cuáles no, que se quemen oficinas bancarias es casi un hecho menor. Antes de que nos demos cuenta veremos a radicales entrando en los hospitales en los que estén ingresados policías heridos para acabar de rematarles. O directamente veremos a médicos afectos a la ‘causa’ que ejercerán la objeción de conciencia y se negarán a atender a los agentes lesionados. Todo vale en la Cataluña de Weimar, en la que el caos es la ley y los totalitarios campan a sus anchas.

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