AGLI Recortes de Prensa   Sábado 27  Febrero  2021

¿Quieren los jueces ser independientes?
Javier Somalo Libertad Digital 27 Febrero 2021

El consenso entre partidos, aunque sea a espaldas de la Constitución, hace sentirse a los políticos mucho más demócratas. Sin embargo, y salvo en la Transición que se quiere borrar, en España ese consenso suele alcanzarse sólo para perjudicar a la propia democracia. En el caso de la Justicia ya hemos dado un paso más y en el año 21 del siglo XXI España es un mercado persa, más bien un escandaloso zoco donde al regateo lo llaman “política de Estado”.

El caso del PSOE siempre ha estado claro. Fueron ellos, en 1985, los que esperaron a Montesquieu en un callejón mal alumbrado para darle una paliza de muerte y brindar por ello. El PP, señalando el crimen, ayudó a enterrar y esconder el cadáver porque en dos mayorías absolutas no hizo sino perfeccionar la grasienta máquina de la inmunidad, o sea, el privilegio de ser político. Los dos grandes partidos llevan la culpa a cuestas y parece que con agrado.

Indudablemente la irrupción de Podemos y Vox en la política española ha contribuido a crispar más los nervios de los pujantes. ¿Cómo siguen de progresistas y de conservadores los señores magistrados? Lo mismo hay puertas conocidas que han cambiado de pronto el santo y seña. Menudo chasco. Pero como la cosa se sigue jugando entre el bipartidismo tradicional, los demás tienen que esperar. Y en todo caso, siempre está la posibilidad de democratizarnos del todo y meter en el ajo a los independentistas, que también son criaturas de Dios y ayudan a la gobernabilidad. Todo el poder que no consiguen en las urnas lo buscan nuestros representantes en el mercado negro.

Nada más llegar a Génova 13, pronto solar en venta, el equipo de Pablo Casado dirigido por Teodoro García Egea trató de convencer a la prensa de que había que jugar este partido con estas reglas y que lo más inteligente era ganarlo con magistrados que se besaran el escudo de la gaviota en la toga. En lo que toca a Libertad Digital pinchó en hueso. Que los políticos pierdan los principios con el tiempo es algo a lo que estamos acostumbrados, pero venir de casa sin ellos es ya demasiado.

Tras mucho desaire y algo de seria reflexión —no era lo mismo Lasquetty que Hispán— el PP rescató el as de Montesquieu, el que arrojó al descarte Alberto Ruiz Gallardón después de hacer la mejor y más ilusionante defensa de la separación de poderes. Poco duraría la alegría, como entonces, casi tan poco como el parlamentarismo de Cayetana Álvarez de Toledo o el buen asesoramiento político e intelectual de Lasquetty. La presión del PSOE para “renovar las instituciones de la democracia”, o sea, para seguir pervirtiendo la Constitución, ya también contra los avisos de Europa, terminó por convencer al PP de Casado y Teodoro: lo propio de un partido de Estado es seguir siendo el moderado preferido de la prensa y de la izquierda.

O sea, que parece que se acerca la hora de irse pero… déjame cinco minutitos más y ya me levanto. Carpe diem. Es tan simple como triste y malo para España. Los genoveses errantes, con todo el respeto para los muchos que lo merecerían si hablaran en alto en vez de cuchichear, no tardarán en vendernos el consenso o el bloqueo, lo que sea, como un indiscutible triunfo del arte e ingenio de la política. Y todavía pretenderán salir airosos teniendo a Pablo Iglesias de vicepresidente del Gobierno. Además de indignos es que son tremendamente ingenuos.

El caso de Vox también merece seguimiento, pues sus últimos resultados electorales y el aire de las encuestas les coloca sin lugar a duda en la arena de las decisiones políticas y hay asuntos que les van a pillar con el paso cambiado. Dicen los de Santiago Abascal que quieren a toda costa la independencia judicial pero que, de seguir con las reglas amañadas, su peso parlamentario no podría ser ignorado porque el hemiciclo ya no es el mismo que cuando PP y PSOE se repartían el botín a solas. O sea, que dentro de la perversión también hay grados.

El argumento es correcto sólo desde el punto de vista aritmético, que en el caso de Vox tiene mucho de autodefensa ante el cordón sanitario que ya se ha tendido prácticamente de forma global. Pero si tienen que explicar que eso no significa que ellos quieran controlar la Justicia o entrar en la lonja, les pasará como con la abstención que benefició a Sánchez. Es mucho más fácil, en este caso, aplicar una receta conocida: “No es No”. Funcionaría perfectamente para oponerse al reparto o subasta de togas así como al aforamiento de los políticos, que sería el mejor paso para que no hagan falta influencias en instancias superiores a las que el justiciable normal sólo llega tras pasar por la justicia ordinaria. O se está por la división de poderes o se está en contra, pero estos juegos para “desbloquear” o para hacerse notar son una excusa que solo conseguirá eternizar un repugnante y antidemocrático privilegio. En su mano está.

¿Qué quieren los togados?
Si hay algo fuera de toda duda es que el reparto de jueces está íntimamente ligado a la corrupción de los políticos y a ese privilegio frente al resto de justiciables que es el fuero, algo que ya carece de todo sentido y que se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra democracia. El aforamiento de los políticos significa que sus posibles delitos no se verán en la justicia ordinaria sino en el Tribunal Supremo y por eso les urge tanto “democratizar” las vías de acceso. Dependiendo de la cotización de la toga en el mercado o del juego de vetos y trágalas, cuantos más escaños se tengan, más posibilidades hay de colocación de piezas favorables.

Decir esto sin más es suponer lo peor sobre los jueces y magistrados: que son siempre sobornables —prevaricadores en potencia, por tanto— y que todo se reduce a un comensalismo que reparte condenas y archivos a demanda, agilizando a cambio carreras y ascensos. Es injusto hacerlo, sí, pero el esquema que sufrimos se reduce a dicha perversión y sólo nos cabe confiar en la integridad de las honrosas excepciones, que las hay.

Sin embargo, y aquí podría estar el mejor punto de partida, los jueces y magistrados deberían contribuir al verdadero desbloqueo reclamando de una vez por todas su independencia, ejerciendo como lo que son o deberían ser, un Poder del Estado. ¿Quieren?

Quizá el asociacionismo, que por cierto no es mayoritario, complica mucho este necesario golpe de maza. En mi opinión, la adscripción política de jueces, fiscales y magistrados en forma de asociación contribuye poco o nada a la necesaria universalidad de la Justicia. Desde luego, para llegar a puestos de tanta trascendencia como la presidencia de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional o para ser presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, puede haber inevitables influencias de escuelas jurídicas pero no debería existir, como sucede, una cuota de asociaciones, reflejo aberrante pero pretendidamente democrático de los partidos o tendencias políticas.

El Poder Judicial ha de ser estanco y la magistratura debería ser la primera voz en reclamarlo. Muchas de las personas que dedican buena parte de su vida al estudio de la carrera judicial también merecen la oportunidad de llegar a lo más alto por méritos propios, sin deber un favor a interés político alguno. Sería bueno para ellos, para la Justicia, para todos.

Si seguimos como estamos, acabaremos por aceptar que los partidos incluyan como número dos en sus listas electorales al juez de cuerda en aras de la transparencia ante el ciudadano. De hecho, podrían incluir también en sus listas al llamado a ser Fiscal General del Estado. En este caso, el partido de Gobierno podría ahorrarse directamente la cartera de Justicia o declararla compatible con el ejercicio público de la acusación, que además impone jerarquía y da mucho juego. Pedro Sánchez y Dolores Delgado ya han demostrado que es posible.

No, la mayoría de nuestros políticos no quiere magistrados en el Supremo, ni vocales en el Consejo ni Fiscalías generales ni les importa un carajo la Justicia como pilar de la democracia. Todo se reduce a que sea su abogado defensor el que dicte sentencia cuando haga falta y encima le salga gratis. Prefiero que cobren más por dedicarse a lo público pero poder encontrármelos en la sala de espera de un Juzgado de Primera Instancia, con su abogado de verdad, su procurador, su tiempo y sus costas.

Poco cabe esperar de los políticos. Pero si los jueces y magistrados quieren ser independientes, que nos lo hagan saber y cuanto antes. No vaya a ser que estemos librando una batalla inútil.

No falta conciencia fiscal; sobra confiscación
José María Rotellar okdiario 27 Febrero 2021

Esta semana compareció en la comisión de Hacienda del Congreso el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, para explicar el plan de control tributario que la agencia pondrá en marcha. Es cierto que es indispensable luchar contra el fraude público, de manera que no puede haber nada que objetar a que se traten de mejorar los instrumentos de control.

Ahora bien, lo que deberían preguntarse, tanto Hacienda como el conjunto de administraciones públicas, es por qué se da el fraude. Es cierto que siempre habrá una parte de obligados contribuyentes que tratarán de defraudar al fisco, lo cual está mal, pues las normas, aunque estén equivocadas, hay que cumplirlas. Ahora bien, dicho esto, hay una gran parte de fraude que es directamente incentivado por el sector público debido al volumen cada vez más asfixiante de impuestos al que somete al contribuyente. Ya dijo Benjamin Franklin que no hay nada más seguro que la muerte y los impuestos.

Como digo, el fraude hay que perseguirlo, pero quizás se pudiese lograr una disminución mayor de dicho fraude fiscal si el Gobierno no impusiese una política en la que ahoga a los ciudadanos con impuestos de todo tipo, bien envuelto siempre en el eslogan falso de que es por nuestro bien.

Los profesores María Blanco, Carlos Rodríguez Braun y Luis Daniel Ávila explican claramente en su libro «Hacienda somos todos, cariño», que recomiendo, el saqueo al que el sector público somete a los contribuyentes en forma de crecientes impuestos, que venden como el ingrediente necesario para unos servicios públicos que el Estado afirma que necesitamos, dentro de esa fatal arrogancia, que diría Hayek, mediante la que considera que las autoridades públicas saben mejor que los ciudadanos lo que estos últimos necesitan y quieren.

Pues bien, hay que recordar que ese modo de propaganda del sector público, para hacernos ver que pagamos poco y que nos dan mucho a cambio, ya lo expuso a principios del siglo XX el profesor Puviani al formular su «Teoría de la ilusión financiera» (o de la ilusión fiscal). Hacienda ha conseguido que cale tan profundamente ese efecto en los contribuyentes que hay muchos que consideran que cuando en junio liquidan el impuesto sobre la renta y la liquidación es negativa o a devolver, Hacienda les está dando algo adicional a su salario, cuando simplemente se trata de que el sector público les ha arrebatado durante meses una cantidad superior a la que deben pagar conforme a la normativa tributaria, ya elevada de por sí. Es más, la propaganda tributaria del Estado ha llegado a tal extremo que los propios ciudadanos asumen que si una persona paga muchos impuestos es “porque ganará mucho”. Error: si una persona paga muchos impuestos no es porque gane ni mucho ni poco, sino porque el Estado le arrebata coercitivamente muchos ingresos de los que genera con el gran esfuerzo que el ciudadano realiza en forma de trabajo. No hay que dar gracias por pagar muchos impuestos, sino ser conscientes de lo mucho que el sector público se apropia de lo obtenido por los contribuyentes con su trabajo.

Del mismo modo, Adam Smith nos recordaba que si bien en los impuestos directos se percibe más claramente la merma que sufrimos por el fisco -aunque anestesiada al no analizar su nómina muchos ciudadanos- en los indirectos la percepción pasa a ser casi nula, al no fijarse en el desglose de lo pagado entre el precio base y el impuesto pagado.

En esa línea de fomento de la ilusión fiscal parece que ha profundizado Gascón al afirmar el otro día, en referencia a los recientes casos de los ‘youtubers’ que se están mudando de residencia fiscal hacia Andorra, que ningún Estado de la UE podrá aplicar jamás la política tributaria andorrana, porque no podría cubrir un mínimo de gasto como “Seguridad Social y demás”. Es obvio que el director de la Agencia Tributaria incide, así, en la necesidad que nos hace ver que tenemos de un gasto infinito, porque lo que él llama “mínimo gasto” no es más que un gasto crecientemente exponencial, que cada día drena más recursos para que los ciudadanos y empresas puedan decidir qué hacer con su dinero, si consumir, ahorrar o invertir, en definitiva, generar actividad económica y empleo. Para remachar su idea afirma que no podemos compararnos con un “microestado” como el andorrano.

Ignora el director de la Agencia Tributaria que el problema no es el tamaño geográfico del Estado, sino el tamaño elefantiásico del mismo en su intervención en la economía. Toda necesidad la están convirtiendo en una obligación que prestar, de manera que el sector público avanza hacia la insuficiencia de recursos no porque recaude poco, ni mucho menos porque el nivel de impuestos sea bajo -no ya la presión fiscal, sino el esfuerzo fiscal, que es el indicador más acertado para medir el nivel impositivo que sufrimos-, sino porque el nivel del gasto es elevadísimo e insostenible, incrementado en el mundo occidental desde el New Deal y, sobre todo, tras la II Guerra Mundial, con un intervencionismo agobiante y creciente, como bien reflejaron Milton y Rose Friedman en su libro ‘Libertad de elegir’, en su capítulo ‘De la cuna a la tumba’.

A continuación, y al hilo de la antes mencionada fuga fiscal de ‘youtubers’, el director de la Agencia Tributaria considera que en España falta “conciencia fiscal” desde el momento en el que una persona duda sobre qué haría si alcanzase ese nivel de ingresos y pudiese mudarse, y reclama una mayor educación cívico-tributaria. Es decir, que si el contribuyente piensa que el Estado impone un nivel de tributos casi -o sin el casi- confiscatorio, es que no tiene conciencia fiscal, y que para evitar que esos casos sean crecientes, hay que educar a los ciudadanos en el dogma oficial.

Se equivoca el director de la Agencia Tributaria: en España no hay un problema de conciencia fiscal, sino de elevada confiscación del fruto del esfuerzo y trabajo de ciudadanos y empresas, que trabajan de sol a sol y que ven cómo sus ingresos se recortan de manera escandalosa. Esa forma de pensar del director de la Agencia y de una gran parte de administraciones públicas lo único que consigue es hacer perder talento, oportunidades de inversión y contribuyentes, con lo que es sumamente perjudicial para el conjunto de la economía. De tanto querer apropiarse de un trozo de tarta mayor en cada oportunidad, llegará un momento en que no haya ni las migas de la tarta para arrebatar, porque, simplemente, no habrá tarta.

El nivel de los impuestos se acerca, por tanto, a lo confiscatorio en España, especialmente si sumamos todos los impuestos -directos e indirectos- que tenemos que pagar al conjunto de administraciones, que, además, devuelven unos servicios muy mejorables, no con más dinero, sino con más eficiencia. No se trata de que no haya una parte asistencial, que garantice que se ayude a las personas que estén pasando un mal momento, ni que no haya una sanidad universal y una educación obligatoria que provea el sector público, o unos gastos de defensa que garanticen la protección, no, eso por supuesto. De lo que se trata es de que no se pretenda financiar todo lo que no sea ese tipo de gasto esencial, cobrar impuestos por todo y empobrecernos a todos, que es lo que sucederá si persiste esta política cada vez más insoportable en la imposición de tributos desmedidos. Está muy bien que crucen setenta bases de datos para detectar si el cambio de residencia fiscal es real o no, y que si no es real, se sancione, pero lo que no pueden pretender es que si dicho cambio es tanto real como legal, haya que criticarlos porque se escapan de las garras confiscatorias. A lo mejor, si el gasto se limitase, fuese eficiente y se redujesen los impuestos, en lugar de perder contribuyentes por fomentar un efecto expulsión de los mismos por la elevada tributación, lograríamos atraerlos, que es lo que hacen otros, no sólo Andorra, como por ejemplo nuestro vecino Portugal.

Sánchez no presta oídos a González ni a Guerra
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 27 Febrero 2021

La «grandeza» del socialcomunismo consiste en un gran gobierno y un gran negocio, llamado España. Sus fines totalitarios no son otros que transformar a las personas en huchas recaudatorias, reduciendo la libertad de expresión a mínimos execrables mientras los amos de los sometidos manipulan el Estado a su capricho con decretos ley. Y quien se oponga a tal atraco será considerado un facha, aunque los ‘nazis 5 estrellas’ sean ellos, los social-comunistas. Sánchez no presta oídos a González ni a Guerra, dos políticos incomparablemente más cultos, inteligentes y sensatos que él. Mejor le iría hacerlo.

Felipe González da muy sabios consejos que el maniquí desatiende. «Si alguien promete cumplir y hacer cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico con lealtad al Rey, sólo le pido que cumpla su palabra». Alfonso Guerra, tampoco se corta: «Aquí se está jugando con trampa, veo un suicidio colectivo el acuerdo entre un partido constitucionalista , el PSOE, y otro que no lo es, Podemos. El abrazo entre Sánchez e Iglesias es un drama, que acabará en desastre». Pero Pedro Sánchez se hace el sordo. Prefiere atender el obsceno pataleo y exigencias de sus socios golpistas o terroristas, en fin, sacacuartos, a la sabiduría que brindan gratis los personajes expuestos.

Pablo Iglesias, títere oportunista reñido con las formas de un ser bien educado, no deja pasar una sola ocasión para hacer el ridículo. Usa su cargo con deshonor y evita aplaudir el discurso del Rey cuando él, un pelele de marca mayor, se aplaude a sí mismo ante la gentuza que le vitorea. Arenga a los zarrapastrosos a lanzar adoquines contra la Policía y suplica que su vivienda de nuevo rico esté vigilada 24 horas al día por la Guardia Civil. Así es Iglesias, peligroso y siempre incoherente. Ninguna vacuna del Covid sirve para aniquilar su pútrida ideología.

¿Qué pinta un tipo así en este Gobierno?, ¿por qué se le permite jurar, fuera de sí, que «en España no hay democracia ni libertad?» ¿O será que la hay? De quedarle algo de dignidad al presidente Sánchez debería mandarle de una patada a sus amados paraísos. Nos haría un favor. Este Gobierno de coalición es penoso, sólo da cuartel a los sacamantecas. (Agradezcamos a González y Guerra sus lúcidos consejos).

El obsceno espectáculo de Sánchez y Casado
Eduardo Inda larazon 27 Febrero 2021

Más allá de lo que resulte del cambalache de nombres entre el PSOE y el PP para conformar el gobierno de los jueces, una cosa está clara: el actual sistema, que no lo han inventado Sánchez ni Casado, y que se aplica a machamartillo desde hace 36 años, es una vergüenza antidemocrática.

La paternidad corresponde al primer Ejecutivo de Felipe González que en 1985, por boca del sardónico Alfonso Guerra, soltó con un par la celebérrima frase: «Montesquieu ha muerto». No sólo se cargaban la división de poderes que sacralizó el francés en El Espíritu de las Leyes hace doscientos y pico años, y que desde entonces es una figura inherente a toda democracia que se precie, sino que lo hacían ciscándose en la jeta de todos los españoles. Cornudos y, encima, apaleados.

Hasta el ecuador de la década de los 80 eran los jueces quienes designaban a la mayoría de los barandas de la carrera. La ley de leyes establece en el artículo 122 cómo se consumará el procedimiento de designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): «Doce entre jueces y magistrados, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado». La falta de claridad del epígrafe, vaya usted a saber si deliberada, permitió su prostitución por parte de ese felipismo de los 202 diputados que pensaba que España era suya. Claro que si se escudriña en profundidad está claro que el objetivo del constituyente es que 12 de los gerifaltes del CGPJ sean cooptados. Lo cual impide de facto que el Ejecutivo de turno meta sus zarpas en la carrera. Porque no hay nada que moleste más a un juez como Dios manda que el hecho de que venga un politicastro a ordenarle o sugerirle sus fallos.

De entonces en adelante se pasaron la Constitución por el forro de sus caprichos y los 20 integrantes del CGPJ los digitan los dos grandes partidos, básicamente, porque es precisa una mayoría reforzada de tres quintos del Parlamento. Eso garantiza el poder absoluto de PSOE y PP en el órgano que se encarga de las sanciones y de los ascensos. Esta anticonstitucional tradición supone que si un magistrado deviene en azote de los corruptos de una u otra formación tiene todos los boletos para no prosperar en el escalafón. Sensu contrario, los 20 componentes del CGPJ tienen claro quién les ha nombrado. Y el que nombra, normalmente manda. No hay un solo país de nuestro entorno con un modus operandi tan cantoso. Bueno, sí, Polonia, que ha recibido ya varios toques de la UE. Claro que allí se implementó para limpiar el sistema judicial de magistrados procedentes de la dictadura comunista.

En España los miembros del CGPJ son como la liga de fútbol pero en versión partidista: unos llevan la camiseta del PSOE, otros la del PP y un par de ellos o tres las de partidos tan poco apegados al imperio de la Constitución como el PNV, IU o antaño la Convergència del ultradelincuente Pujol. Gallardón describió, pero no cambió, esta diabólica costumbre: «Es el obsceno espectáculo de unos políticos eligiendo a los jueces que los pueden juzgar». ¿Se explican ahora por qué los popes de nuestra partitocracia se van siempre de rositas de todos los marrones? Ahí tienen el obsceno ejemplo de Pablo Iglesias. La gran pregunta es hasta cuándo seguirán incumpliendo la Constitución. Treinta y seis años se antojan demasiados.

Festival Internacional de Magia
Juan Manuel López Zafra vozpopuli.es 27 Febrero 2021

Lo anunció, como manda la tradición, a bombo y platillo, a la vista de todos, y empleando de nuevo ese magno escenario que tanto le gusta como tan poco visita
Festival Internacional de Magia

“Dame tu mano… ¡No! ¡Esa no! ¡La limpia!”. Juan Tamariz

Tenemos la suerte en Madrid de contar con uno de los referentes internacionales del espectáculo. Desde hace ya muchos años, al abrigo del Circo Price, algunos de los mejores magos del mundo se reúnen para hacernos partícipes de esa ilusión que nunca debemos perder. Dirigido por el gran Jorge Blass, hasta el 14 de marzo podremos disfrutar de grandes espectáculos con todas las medidas de higiene y con la ventilación adecuada. Funciones de magia de cerca, la Gala Internacional de Magia de Escena, e incluso conferencias de Historia de la Magia que vestirán Madrid de fantasía y nos permitirán escapar, siquiera por unos minutos, de todo el dolor que está produciendo la pandemia.

Algo que siempre es muy anhelado en este festival es el Concurso Nuevos Talentos de la Magia. En él, jóvenes artistas son aclamados por el público y reconocidos por la organización como merecedores de su confianza. Es una lástima que quien, en mi modesta opinión, más méritos ha reunido desde la edición anterior no esté ni siquiera nominado, pese a sorprendernos, una semana sí y otra también, con sus trucos y su capacidad de hacernos soñar. Quizá sea su edad lo que le lastra, pero no, desde luego, su valía. Con 48 años, la ha acumulado sobradamente para hacerse acreedor, no ya de un accésit, sino del primer premio, pues su capacidad para unir cartomagia, escapismo y hasta desapariciones es digna de mención.

Usó la palabra para citar informes que sólo él conocía, los mezcló a la vista de todos los asistentes y nos convenció a todos de haber salvado a 450.000 personas de una muerte segura

Con la boca abierta nos dejó a todos cuando combinó, en una misma actuación, la magia de escenario y una variante de la cartomagia, normalmente reservada para magia de cerca. En un local digno de honores, donde tantas jornadas de gloria para este arte se han vivido, usó la palabra para citar informes que sólo él conocía, los mezcló a la vista de todos los asistentes y nos convenció a todos de haber salvado a 450.000 personas de una muerte segura. Debemos valorar el riesgo que supone, para el ilusionista, la combinación de estas dos artes tan distintas en un mismo espectáculo, y destacar, asimismo, su capacidad oratoria, que le sitúan al nivel de los más grandes. Los aplausos de la mitad de los asistentes apagaron el escepticismo de la otra mitad, que no podían creer lo que estaban viendo y escuchando.

El truco de la curva
Tan seguro se muestra de sus habilidades que ha exhibido a las cámaras hasta en dos ocasiones el truco que ya se ha bautizado como “doblegar la curva.” En julio, nos invitó a todos los que le escuchamos a salir y consumir, lo que hicimos con especial dedicación durante los meses de verano, mientras escondía bajo la famosa capa de Simón (un complemento que, en manos de cualquier otro mago, sería inútil) más de 15.000 fallecidos. Este mismo mes lo ha vuelto a hacer, cuidándose, eso sí, de usar una capa ahora mayor, pues las nuevas incorporaciones no caben ya debajo de la anterior.

Algo que, sin duda, ha pasado inadvertido para el jurado es la capacidad del mago de crear escuela. Y, más aún, cuando, en un arte en el que las mujeres no son mayoritarias, su alumno más aventajado lo es. Hay discusión a este respecto, no voy a evitar aquí la polémica, pues logró que otro de sus discípulos no sólo saliese indemne de un truco que tuvo trágicas consecuencias para decenas de miles de personas, sino que logró colocarlo al frente de la delegación noroeste; y eso no es moco de pavo, pues allí competían muchos otros, algunos de ellos alumnos aplicados de Carles, el maestro del escapismo residente ahora en Waterloo Circus (cierto que a la espera de destino, una vez que le han comunicado la rescisión de su contrato), otros de la escuela pujoliana (especializada en hacer desaparecer miles de millones de euros delante de nuestras narices, con un público totalmente entregado) y incluso de la junquerina, que toma su nombre del maestro escapista que logra estar simultáneamente, gracias al don de la ubicuidad judicial, dentro de una cárcel mientras celebra espectáculos masivos.

Pero, volviendo a la Maga Montero, que es de quien hablamos, es de destacar cómo ha logrado ilusionar a su audiencia de que no les cobraría nunca una entrada mayor que la que ya pagaban, para finalmente hacerlo, alcanzando un enorme éxito en la maniobra de distracción. Acompañada por su colega Mago Escrivá, ha anunciado una subida del 50% de la entrada a quienes acudan de forma autónoma; lo más increíble de este truco es que, si finalmente son capaces de ejecutarlo (y, dadas las habilidades transmitidas por su maestro, no debemos dudar de ello), la subida lo será por el mero hecho de intentar ingresar, aunque finalmente se queden fuera.

Esta misma semana, el mago Pedro nos ha vuelto a dejar boquiabiertos a todos con un fantástico truco. Cómo puede calificarse, si no, el transformar en ayudas directas a autónomos y pequeños empresarios las quitas de deuda que, por 11.000 millones de euros, la banca rechaza. Como bien señalan las crónicas de quienes presenciaron el magno evento, lo anunció, como manda la tradición, a bombo y platillo, a la vista de todos, y empleando de nuevo ese magno escenario que tanto le gusta como tan poco visita.

Quizá los honorables miembros del jurado no hayan apreciado estas virtudes. Pero no cabe duda de que, como tantas veces dicen los alumnos en la revisión de su suspenso, “Ud. me suspende, pero yo sé que estoy aprobado.” La historia, esa que dicen juez implacable, le colocará en el destacado lugar que merece en el arte del birlibirloque.

El neocentralismo de las autonomías
Emilio Campmany Libertad Digital 27 Febrero 2021

La Semana Santa se acerca, la pandemia campea, pero menos, y a los españoles que por ahora sobrevivimos a ella se nos está poniendo cuerpo de jota viajero. Ante esta perspectiva, muchas comunidades autónomas, con el facundo Revilla al frente, piden que todas adopten iguales medidas de restricción de la movilidad. Nadie quiere ser culpado de la posible cuarta ola que podría traer un excesivo relajo. Pero tampoco nadie quiere pasarse de duro y tener que soportar las recriminaciones de sus hosteleros mientras en otros sitios, manga ancha mediante, sus compañeros se van recuperando gracias a unas medidas menos rigurosas. Lo mejor para evitar una absurda carrera para ver quién es más permisivo o para descubrir quién es más incomprendido por su rigor es que las restricciones las imponga el Gobierno en toda España. Albricias, conversos, bienvenidos sean Revilla y quienes le sigan al bondadoso y alegre mundo del centralismo. Ya clamaron por el retorno del centralismo cuando Ayuso se negó a ser tan severa con los restaurantes como lo estaban siendo en otros sitios. La pusieron como chupa de dómine y ahora que sus cifras no son peores que las de las demás nadie ha pedido disculpas. Es más, las peores fueron con mucho las de Valencia, a pesar de haber sido su Gobierno nacional-social-comunista uno de los más duros, y nadie dijo nada.

Claro. Lo mejor sería que el Gobierno decidiera lo más conveniente para todos y sus medidas se aplicaran uniformemente a toda España, y se evitaría que unas comunidades compitieran con otras sin estar demostrado que las duras limitaciones que se toman en perjuicio de tantos sirvan para algo. Como también se evitaría que unas puedan atraer torticeramente turistas relajando las que otras mantienen “por salvar vidas”. Es lo mismo que pasa con la fiscalidad. Que a la mayoría les fastidia que Madrid recaude más con impuestos más bajos y exigen armonización en vez de preguntarse si no sería mejor bajarlos en su autonomía y ver si así se benefician de la misma prosperidad que Madrid. Tanto en el caso de la pandemia como en lo del Fisco, casi todas prefieren por prejuicios ideológicos seguir cercenando la libertad sin aval científico y lastrar la economía con impuestos altos. Y lo único que quieren es que el Gobierno armonice para que no se note su torpeza y su sectarismo.

El argumento vale para todo. Podría defenderse que, para evitar las desigualdades entre autonomías en educación, sanidad, comunicaciones, vivienda y servicios, el Gobierno lo armonizara todo. La Constitución lo permite. No se hace porque Cataluña se niega a ser armonizada en nada. Y porque, llevado el argumento a su última consecuencia, se haría evidente que lo que hay que hacer es acabar con las autonomías. Si los que las maldirigen en Cataluña, Cantabria o Valencia quieren que las demás no les pongan en evidencia, que exijan su desaparición y, de paso, la del rosario de inútiles cargos autonómicos gracias a los cuales vive sin dar golpe tanta gente. Mientras no lo hagan, que dejen al menos que las pocas que están bien gestionadas se beneficien del acierto que tuvieron sus electores cuando votaron a quienes hoy las gobiernan.

Hacienda, la Stasi de la España del siglo XXI (Parte 1)
Primer capítulo de un gran reportaje para repasar las prácticas más reprochables de Hacienda. Las que la convierten en un instrumento de terror.
Luis F. Quintero Libertad Digital 13 Febrero 2021

La ortodoxia legislativa señala que las leyes deben ser pocas, claras, justas y sencillas. Y en el caso de Hacienda, este mantra debería contemplar un nivel de exigencia aún mayor, ya que su actividad consiste básicamente en extraer de manera coactiva la riqueza de los ciudadanos. Pues bien, poco a poco y a lo largo de los años, Hacienda ha ido convirtiéndose en un instrumento cada vez más grande y todopoderoso, que lejos de ir reduciendo el número de normas, para que sean más claras, justas y sencillas, ha construido un colosal galimatías que, engrasado con precisión, somete con mano de hierro al indefenso contribuyente.

Esto no lo dice a capricho este redactor. Lo dice el Tribunal Supremo: fue en verano de 2017, cuando anuló las costas en los pleitos judiciales contra Hacienda. Un fallo en el que aprovechó para dar un tirón de orejas al fisco:

"El legislador buscar la claridad y no la confusión de la norma (…) el ciudadano sepa a qué atenerse".
(…)
"Es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incertidumbre social provocada, entre otros factores, por la imprecisión de las normas jurídicas. Lo que se manifiesta de manera muy significativa en el ámbito fiscal".

La ambigüedad de las normas fiscales "descubren una finalidad directamente dirigida a salvar obstáculos que harían inviable su aplicación" (…) "se presentan como impuestos lo que constituyen verdaderas tasas o viceversa" para jugar "con la imposición directa o indirecta, o con los tributos extrafiscales".
(…)
"La inmediata certidumbre en el desarrollo de las normas" no es un "desideratum, sino una exigencia jurídica conectada directamente con el principio de seguridad jurídica y cuyo incumplimiento debe acarrear las consecuencias jurídicas que el ordenamiento reserva a las quiebras constitucionales".

La literalidad de esta sentencia, así como otras muchas emitidas ya por el Supremo, como la reciente (octubre 2020) en la que el Alto Tribunal recordaba a los inspectores fiscales que no podían violar la intimidad del contribuyente en su propia casa o propiedad por meras "corazonadas", inspiran este reportaje en el que Libre Mercado se ha puesto en contacto con varios especialistas en el área fiscal para analizar con rigurosidad sólo algunas, siquiera las más evidentes, de las actuaciones que convierten al Fisco en una verdadera herramienta de terror al servicio del Gobierno de turno.

Este reportaje ha contado con el asesoramiento de profesionales en el área fiscal de algunos de los departamentos jurídicos más importantes de España.

A continuación se analizan algunas de las actuaciones habituales de la Agencia Tributaria que, si bien son de reprochable moralidad, cabría pensar que, pese a que los tribunales les han dado continuamente el plácet, no pasarían los fundamentales del derecho, como la presunción de inocencia, el respeto a la propiedad privada, a la intimidad o al honor.

Excesos de tributación
Son muchos los ejercicios que ya se han hecho para tratar de transmitir el carácter abusivo de la normativa fiscal. Conocidos son los ejemplos que ya ha empleado este mismo diario, Libre Mercado, para explicar cómo la administración tributaria recauda coactivamente más de la mitad de la riqueza de un mileurista. O vídeos como el que reproducimos a continuación, donde se explica de manera muy gráfica como pagamos impuestos no sólo desde que nacemos hasta que nos morimos y después de muertos, sino que estamos pagando impuestos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama y también mientras dormimos. Hacienda cobra casi con cada respiración.

El artículo 31 de la Constitución Española dice:
"Todos (los ciudadanos) contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley."

Por si la constitución no inspira demasiado, la Ley General Tributaria en su artículo 3 lo deja todavía más claro:
La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.

Respeto a los derechos y garantías de los contribuyentes; principios proporcionalidad, o respeto a la capacidad económica de las personas, son algunas de las obligaciones que tiene el Fisco y que chirrían demasiado cuando vemos casos como familias que tienen que renunciar a herencias por no poder satisfacer el impuesto sobre sucesiones y donaciones; cuando escuchamos las quejas de los autónomos que tienen que adelantar el pago de impuestos pese a no haber cobrado las facturas emitidas; o cuando vemos cómo los inspectores fiscales entran sin avisar en negocios (e incluso, en ocasiones, en casas particulares) dispuestos a precintar ordenadores y archivos.

Pero estos casos tendrán su epígrafe en este reportaje. Vayamos a algunos ejemplos de exceso de tributación, sólo con algunos ejemplos, a fin de no eternizarnos.

¿Cuántos impuestos paga una vivienda?
Es un ejemplo sencillo de entender y con el que estamos más o menos familiarizados todos. Una vivienda está reportando ingresos a Hacienda en cantidad y de manera ininterrumpida durante toda su vida útil. Desde antes incluso de existir, cuando todavía es un proyecto.

Sin ánimo de ser exhaustivo, una vivienda comienza pagando impuestos, tasas municipales y otros recargos desde el desarrollo del proyecto, la compra de los terrenos, la calificación de los mismos, la parte proporcional de las rentas de los obreros, arquitectos, fontaneros, electricistas y demás profesionales que participan en su construcción, hasta su bendición administrativa de habitabilidad y comercialización.

Pero vayamos a lo más evidente: Una vivienda paga impuestos la primera vez que se vende. El comprador paga en vivienda nueva un 10% en concepto de IVA, (un 6% cuando es de segunda mano en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y en la Comunidad de Madrid, porque en otras CCAA como Andalucía el TPO puede llegar al 10%). Por su parte, el vendedor tiene que satisfacer con Hacienda la plusvalía municipal y por IRPF la ganancia obtenida. Además, se satisface el impuesto indirecto de Actos Jurídicos Documentados.

Esto va a suceder de manera sistemática en las sucesivas ventas de la vivienda a lo largo de su vida. Además, una vivienda obliga a su propietario a satisfacer el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de manera anual. Por descontado, los consumos habituales de una casa, electricidad, abastecimiento de agua y, en su caso, gas o internet, pagan a su vez o bien IVA o bien impuestos especiales, o ambos.

La vivienda, además puede tributar, en función del contribuyente, por patrimonio (salvo en comunidades como Madrid donde está todavía bonificado) y, en caso de segundas viviendas, sólo por tenerla, tiene, de manera adicional a todos los demás impuestos señalados, una imputación por renta en el IRPF, ya que el Estado estima que por la mera consideración de tenerla a su disposición, el contribuyente debe tributar por ello, ya que, por ejemplo, si la ponen en alquiler, obtendrían rentas. En estos casos, lo que hace la Administración tributaria es presumir que se van a obtener rentas sólo por el mero hecho de tener en propiedad esa segunda vivienda. Por supuesto, haya sido la compra de esa casa una inversión o no, esa imputación de renta tributará en la base general (que puede llegar hasta aproximadamente el 50%) y no en la base del ahorro. Es decir, que tanto si está arrendada y generando rentas como si sólo está a disposición del contribuyente, tributa.

Por ultimo, y olvidando tasas municipales que pueden afectar a determinados tipos de vivienda (como los chalets por la parte de acerado que ocupa, por ejemplo, el paso de coches al garaje), está el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (que en la Comunidad de Madrid todavía están bonificados en determinados grados de parentesco, como padres a hijos). Es decir que después de toda una vida pagando impuestos, el Estado todavía cobra un nuevo hecho imponible cuando una persona dona en vida una vivienda a un sucesor, o bien fallece y la deja en herencia a un hijo o a algún familiar.

Es evidente que cada hecho imponible se redacta de una manera distinta y la jurisprudencia no habla de dobles imposiciones, que están prohibidas por ley. Algunos cálculos señalan que una vivienda al final de su vida útil ha permitido al Fisco ingresar tanto como el valor medio que haya alcanzado a lo largo de los años. Pensemos todas las viviendas que se compran y venden en España (país de propietarios) a lo largo de los años.

Por último, los gastos de registro y notaría, no son considerados impuestos, pero no deja de ser un trámite administrativo necesario y tutelado por el Estado con precios marcados. En la constitución de hipotecas, además, se paga el impuesto de actos jurídicos documentados.

Para el ejemplo de una vivienda de 250.000 euros que mantiene su precio de merado intacto durante 20 años y que en ese tiempo se vende tres veces, calculando un IBI fijo durante ese tiempo y teniendo en cuenta únicamente los impuestos que paga en cada operación sólo el comprador, sin tener en cuenta los impuestos satisfechos durante su construcción, al cabo de esos 20 años esa vivienda ha pagado a Hacienda prácticamente la mitad de su valor, unos 110.000 euros.

En resumen, y obviando tasas municipales o impuestos que se pagan cuando la vivienda está en alquiler, una vivienda paga: IVA, plusvalía Municipal, IRPF (vendedor), Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, distintos especiales e indirectos en los consumos (electricidad, gas, seguros, reparaciones, reformas etc), Imputación por renta en el IRPF en el caso de segundas viviendas, IBI, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio. Como decimos, cada hecho imponible es diferente y desde el punto de vista técnico no se producen dobles imposiciones, pero dejamos a criterio del lector considerar si no es un caso sangrante de exceso de tributación.

Otros ejemplos y consideraciones
Dejemos el ejemplo de la vivienda y tomemos el ejemplo de un coche. Pensemos en el IVA que pagan los coches cuando son nuevos o de ocasión si lo compras a una empresa, el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales cuando se venden entre particulares; y durante la tenencia del vehículo el impuesto de circulación. Además, pagamos impuestos indirectos en la gasolina (donde la mitad de lo que pagamos por cada litro aproximadamente son impuestos), el IVA de los consumibles del coche, las reparaciones y la obligación de pasar ITV. Los cambios de neumáticos o los seguros asociados al vehículo también pagan impuestos (indirectos y especiales). Por supuesto, las tasas ambientales que ahora ponen los ayuntamientos. El Estado ingresa con cada kilómetro que recorren los vehículos en España.

¿Se produce una doble imposición en estos casos? Desde el punto de vista estrictamente técnico no, porque el legislador se preocupa mucho de tener creatividad suficiente como para que cada hecho imponible no coincida exactamente con otro, pero desde un punto de vista práctico, podríamos decir que esa creatividad sí tiene un objetivo confiscatorio y nada proporcionado y constituye siquiera un discutible exceso de tributación.

Pero no quedan aquí los excesos que comete la Administración Tributaria. Quedan otros muchos en el tintero, su papel como "gran hermano", la ausencia de responsabilidad de sus inspectores, el infierno al que someten a los investigados o el nulo respeto a la presunción de inocencia del contribuyente. Todos estos aspectos los trataremos en próximos episodios.

La Stasi fue el órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana. Un órgano de control y persecución de los ciudadanos de la Alemania del Este para someterlos al poder del Soviet y evitar cualquier intento de subversión o fuga. Salvando las distancias, en este reportaje, descubriremos cómo Hacienda se ha ido convirtiendo con los años en un órgano de inteligencia del Estado para controlar y perseguir a los ciudadanos con todos los recursos a su alcance, sin apenas responsabilidad y con poco margen de escapatoria para los contribuyentes.

Hacienda, la Stasi de la España del siglo XXI (Parte II): "El gran hermano"
Luis F. Quintero Libertad Digital 20 Febrero 2021

El mecanismo de recaudación de Hacienda se dota de herramientas todopoderosas para estar en todas partes y saber lo que hace todo el mundo.

Continuamos en Libre Mercado analizando esas prácticas habituales de la Administración Tributaria española que son moralmente reprochables y que bordean la legalidad, cuando no merecen el reproche de los más altos tribunales españoles.

La pasada semana iniciamos este especial precisamente en esos reproches y comenzamos el repaso a las conductas gravosas de Hacienda con los excesos de tributación. Excesos del que hemos conocido este mismo viernes un nuevo ejemplo con el mediático caso del famoso youtuber "El Rubius" y su traslado a Andorra, después de ser perseguido como un delincuente cada año por el mecanismo de recaudación coercitivo del Estado: Hacienda. El Rubius pagó cada año a Hacienda más de la mitad de lo que ganaba en impuestos.

Cualquiera podría pensar que si Hacienda te quita más del 50% de lo que ganas, estaría quebrantando la Constitución y la Ley General Tributaria al alcanzar el carácter confiscatorio que ambos textos prohíben. Pues no. Ahí Hacienda tiene manga ancha y hasta que no rebasa el 60% de la renta no se considera confiscatorio.

Hacienda como 'gran hermano'
Pero la actividad de Hacienda tiene otros muchos comportamientos que constituyen una auténtica herramienta de control y terror fiscal y el capítulo de hoy es una nueva prueba de ello: Hacienda se ha convertido en una suerte de 'gran hermano', de divinidad administrativa, que aglutina el don de la ubicuidad y con el de poder de ver y escuchar absolutamente todo lo que hacemos para tenernos controlados. ¿Y cómo lo hace? Dotándose de todo lo que la todopoderosa estructura estatal, financiada con los impuestos que ellos mismos recaudan, pone a su disposición.

En primer lugar, Hacienda traspasa sus propios deberes de vigilancia y recopilación de datos al contribuyente. Desde ese momento, Hacienda no sólo extrae rentas de manera cohercitiva sino que también recaba información, y de toda clase. Y ay de aquel que no la quiera proporcionar.

Para lograrlo, entre otras cosas, inventó algo llamado "declaraciones informativas", que no son otra cosa que la obligación anual de dar cuenta de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales. Nada menos que 44 declaraciones informativas contempla Hacienda:

Modelo 038. Declaración Informativa. Relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en Registros públicos.
Modelo 156. Declaración Informativa. Cotizaciones de afiliados y mutualidades a efectos de la deducción por maternidad. Resumen anual.
Modelo 159. Declaración Informativa. Declaración anual de consumo de energía eléctrica.
Modelo 165. Declaración Informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o reciente creación.
Modelo 170. Declaración Informativa. Declaración anual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito.
Modelo 171. Declaración Informativa. Declaración anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento.
Modelo 180. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen anual.
Modelo 181. Declaración Informativa. Préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles.
Modelo 182. Declaración Informativa. Donativos, donaciones y aportaciones recibidas.
Modelo 184. Entidades en régimen de atribución de rentas. Declaración informativa anual.
Modelo 185. Declaración informativa mensual de los órganos y entidades gestores de la Seguridad Social y Mutualidades.
Modelo 186. Suministro de información relativa a nacimientos y defunciones.
Modelo 187. Declaración Informativa. Acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, IS e IRNR en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones.
Modelo 188. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez. Resumen anual.
Modelo 189. Declaración Informativa. Valores, seguros y rentas. Declaración anual.
Modelo 190. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas. Resumen anual.
Modelo 192. Declaración Informativa. Operaciones con Letras del Tesoro. Declaración anual.
Modelo 193. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre determinados rendimientos del capital mobiliario. Retenciones e ingresos a cuenta del IS e IRNR (establecimientos permanentes) sobre determinadas rentas. Resumen anual.
Modelo 193 Simplificado. Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario. Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas. Resumen anual simplificado.
Modelo 194. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, IS e IRNR (establecimientos permanentes) sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. Resumen anual.
Modelo 195. Declaración Informativa. Declaración trimestral de cuentas u operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las Entidades de Crédito en el plazo establecido.
Modelo 196. Declaración Informativa. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras.
Modelo 198. Declaración Informativa. Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios.
Modelo 199. Declaración Informativa. Declaración anual de identificación de las operaciones con cheques de las Entidades de Crédito.
Modelo 231. Declaración Informativa. Declaración de información país por país (CBC/DAC4)
Modelo 232. Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales
Modelo 233. Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados
Modelo 270. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
Modelo 280. Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo.
Modelo 282. Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del REF de Canarias y otras ayudas de Estado, derivadas de la aplicación del derecho de la Unión Europea.
Modelo 289. Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua
Modelo 290. Declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses
Modelo 291. Declaración Informativa. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Cuentas de no residentes sin establecimiento permanente.
Modelo 294. Declaración Informativa. Relación individualizada de los clientes perceptores de beneficios distribuidos por Instituciones de Inversión Colectiva españolas, así como de aquellos por cuenta de los cuales la entidad comercializadora haya efectuado reembolsos o transmisiones de acciones o participaciones.
Modelo 295. Declaración Informativa. Relación anual individualizada de los clientes con la posición inversora en las Instituciones de Inversión Colectiva españolas, referida a fecha 31 de diciembre del ejercicio, en los supuestos de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva españolas.
Modelo 296. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente). Resumen anual.
Modelo 299. Declaración Informativa. Declaración anual de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea y en otros países y territorios con los que se haya establecido un intercambio de información.
Modelo 345. Declaración Informativa. Planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes y aportaciones.
Modelo 346. Declaración Informativa. Subvenciones e indemnizaciones satisfechas por Entidades Públicas/privadas a agricultores o ganaderos.
Modelo 347. Declaración anual operaciones con terceras personas.
Modelo 349. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
Modelo 390. Declaración resumen anual IVA.
Modelo 611. Declaración Informativa. Pagos en metálico del impuesto que grava los documentos negociados por Entidades Colaboradoras. Declaración Resumen Anual.
Modelo 616. Declaración Informativa. Pagos en metálico del impuesto que grava la emisión de documentos que lleven aparejada acción cambiaria o sean endosables a la orden. Declaración Resumen Anual.
Modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

Pero este abusivo traslado de obligaciones al contribuyente no constituye el único pilar que sostiene la estructura de vigilancia de la Agencia Tributaria, donde el I+D+i está a la última. Mientras los juzgados españoles languidecen esperando la digitalización, la Administración Tributaria goza de la más puntera tecnología para no dejar escapar ni un solo euro.

Recientemente el colaborador del CEF José Ramón Fernández de la Cigoña decía en El Español que "estamos cada vez más cerca de que nuestra Agencia Tributaria se convierta en una especia de gran hermano de manera que el contribuyente no tendrá que presentar las autoliquidaciones, las realizará la Agencia Tributaria directamente al tener toda la información precisa."

Es más. Los contribuyentes ya suelen tener un borrador a través de Renta Web según el cual, es la propia Hacienda quien nos propone nuestra declaración y sólo tenemos que firmarla.

Estas aplicaciones informáticas unidas a los superordenadores de los que se ha dotado Hacienda; unido a las cada vez mayores obligaciones de información con el Fisco que tenemos los contribuyentes; unido a los cruces de datos; a sus capacidad de rastreo de cadenas societarias u operaciones vinculadas, podemos afirmar que Hacienda a día de hoy está en todas partes y, como le gustaba decir al exministro Rubalcaba, lo ve y lo oye todo.

Algunos ejemplos recientes de modificaciones abordadas por la Agencia Tributaria están orientadas claramente en este sentido, como el borrador de la declaración de IVA para las empresas que anunció Montero. En el mismo sentido se prepara el envío de datos fiscales a las empresas para el Impuesto de Sociedades.

Además, desde 2017 es obligatorio el suministro inmediato de información (SII) para las grandes empresas, mientras que todavía sigue siendo voluntario para las pequeñas y medianas. Esto obliga a las compañías prácticamente a digitalizar sus registros, facturas y libros a través de la sede electrónica de la AEAT, para tener información en tiempo real de la contabilidad de las facturas y la realización efectiva de las operaciones. Más de 60.000 contribuyentes ya usan el SII.

Se meten en nuestra vida
Gracias a estas herramientas y obligaciones, Hacienda puede conocer el plan de pensiones que hemos contratado, en qué financiera tenemos el coche que acabamos de comprarnos, o qué banco me ha concedido la hipoteca. También el tipo de interés al que la tengo contratada y los años que tardaré en pagarla. Por supuesto, también saben tu saldo en cuentas corrientes y los intereses que te han generado.

Hacienda puede conocer los comercios en los que compro habitualmente, o cuál es la gasolinera en la que suelo repostar mi vehículo. Por supuesto, también puede conocer los contratos de internet y telefonía, si he invertido en oro o si tengo una segunda vivienda en Benidorm. Todo. Hacienda lo sabe absolutamente todo sobre nosotros.

¿Dónde está el límite? Es difícil establecerlo. Igual que Hacienda considera que puede quitarte más de la mitad de lo que ganas sin considerarlo confiscatorio también establece una suerte de bula que le permite entrar en la vida de cualquiera. Y cuando decimos entrar, nos referimos a entrar.

Se meten en nuestras casas
Y es que Hacienda, empleando todo este mastodóntico y bien engrasado sistema de vigilancia a cada uno de los contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas, se arroga el derecho de presentarse por sorpresa en tu casa (habitualmente en el domicilio social de una empresa, aunque también se dan casos en viviendas particulares).
Especialistas en Derecho Tributario como la socia de DA Lawyers Paula Caro o la fiscalista senior del mismo despacho Leire Beltrán, repasarán con Libre Mercado algunos casos de este aparente abuso de poder por parte del Fisco.

Paula y Leire recuerdan a Libre Mercado algunos casos en los que han participado directamente como el de un profesional dedicado a la restauración que sufrió una inspección sorpresa en su bar. Se presentaron en la puerta inspectores de Hacienda, la Policía y un equipo informático. Pese a no tener orden judicial solicitaron al propietario el acceso al ordenador, a la que accedió intimidado sin saber que se podía haber negado, ya que los inspectores, repetimos, no tenían la necesaria autorización judicial. El problema es que el aterrado contribuyente no se plantea en ningún momento que los inspectores puedan estar excediéndose en sus competencias, aunque sucede.

Otro de los casos que se han encontrado estas dos especialistas es el de una compañía que sufrió una inspección sorpresa en el establecimiento. La inspección era sobre la persona jurídica, la empresa en cuestión, que era titular del establecimiento en el que entraron los inspectores. Sin embargo, el órgano inspector de Hacienda decidió tomar como medida cautelar el precinto de unas cajas de seguridad del banco que contenían efectivo, pero de las que era titular el administrador de la compañía y no la propia empresa, con lo que no podían hacerlo. Estas letradas recurrieron y terminaron ganando, pero durante el tiempo que duró el recurso, el dueño de las cajas quedó imposibilitado, injustamente, de acceder a las mismas. ¿Le sucedió algo a la inspección? No.

También ha habido casos famosos como el de Sergi Arola, a quien Hacienda precintó su restaurante. Y otros muchos. Lo más habitual es que este tipo de visitas sorpresa se hagan en negocios o establecimientos, no tanto en viviendas particulares, aunque esto segundo también sucede, según nos cuentan los expertos consultados.

Tirón de orejas
Tan escandaloso resulta este comportamiento abusivo por parte de Hacienda que la Justicia ya ha llamado la atención al Fisco en más de una ocasión. La última y más determinante, el Supremo por el caso de la entrada de la inspección "como la gestapo" en un negocio en Córdoba. Como decimos, el caso llegó al Supremo. Cuatro años después de la fatal inspección, el Alto Tribunal anulaba el auto judicial que autorizaba la entrada de funcionarios a propiedades privadas "para ver qué encuentran" y con la excusa de que el negocio en cuestión está tributando por debajo de la media de su sector (simple motivo por el que se ha entrado en multitud de negocios).

La sentencia, a la que tuvo acceso Libertad Digital, decía:
No cabe la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, para ver qué se encuentra, como aquí sucede, esto es, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin identificar con precisión qué concreta información se pretende obtener. No proceden las entradas para averiguar qué es lo que tiene el comprobado.

Sobre la famosa "tributación media del sector" a la que alude el Fisco para entrar en negocios sin previo aviso:
No pueden servir de base, para autorizar la entrada, los datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos o, en general, de la comparación de la situación supuesta del titular del domicilio con la de otros indeterminados contribuyentes o grupos de estos, o con la media de sectores de actividad en todo el territorio nacional, sin especificación o segmentación detallada alguna que avale la seriedad de tales fuentes.

El Alto Tribunal criticaba que no se sepa cuáles son los criterios que utiliza el fisco para realizar esas métricas que ponen al empresario como presunto defraudador.

Se desconoce en qué informes o documentos oficiales, con cita del organismo que los recopila o sistematiza, se ha basado el concepto indeterminado de media del sector

A Hacienda no le importa
Pese a este severo rapapolvo, María Jesús Montero quiere recuperar esta práctica ya que, según fuentes consultadas, la Inspección se ha llevado las manos a la cabeza (buena parte de sus inspecciones están basadas en este cuestionable principio) y señalan que si se avisa con antelación el investigado puede hacer desaparecer pruebas. Por ese motivo, los profesionales dedicados a la disciplina fiscal consideran más que posible que la Justicia termine buscando el modo de permitir a Hacienda continuar con estas prácticas.

Hasta esta sentencia, el negocio de restauración cordobés que tubo la audacia de recurrir aquella inspección, ha pasado 4 años de peregrinación en el desierto que Hacienda no va a compensar de ningún modo.

Hasta aquí el segundo capítulo de este especial de Libre Mercado sobre las prácticas de legalidad cuestionable y cuestionada de la Administración Tributaria, y que nos deparará nuevas actuaciones en futuros capítulos. Les esperamos.

Hacienda, la Stasi de la España del siglo XXI (Parte 3): inspectores todopoderosos
Un inspector de Hacienda no sufre ninguna consecuencia de abrir un procedimiento indebido contra un contribuyente, ni siquiera le bajan el variable.
Luis F. Quintero Libertad Digital 27 Febrero 2021

España presume de ser un estado de derecho en el que todos somos iguales ante la Ley, pero, en el caso de Hacienda, esta máxima no se cumple. Como escribió Orwell en 1985 "todos somos iguales aunque algunos somos más iguales que otros". Y para el caso que nos ocupa, el aparato de la Agencia Tributaria y su red de inspectores, esta máxima es sencillamente inexistente.

Cuando Hacienda inicia un procedimiento de revisión y sanción contra un contribuyente, éste parte en una desventaja abrumadora y el principal problema es la asimetría de recursos, incentivos y consecuencias. Si en la mayoría de los procedimientos el contribuyente accede a satisfacer el requerimiento y la sanción casi sin rechistar es por el gasto que supone sufragar el procedimiento judicial y el riesgo de que la Justicia termine dando la razón a la Agencia Tributaria. A esto hay que sumar el desgaste de tiempo y estigma social que supone. Ante la posibilidad de tener que pagar casi más en abogados y procuradores y adentrarnos en un largo proceso con final incierto, son muchos los contribuyentes que zanjan el asunto con el típico "paga lo que haga falta a ver si no vuelven a molestar".

En cambio, a la Agencia Tributaria no le cuesta nada. Sus inspectores no reciben ningún tipo de sanción disciplinaria y/o administrativa si los procedimientos que inician contra un contribuyente se terminan archivando o denegando. Sin embargo, para el investigado puede haberle supuesto un largo proceso judicial y una penalización económica (abogados y procuradores), en muchas ocasiones, más altas incluso que la propia cantidad requerida por Hacienda.

Pongamos un ejemplo práctico del que han sido víctimas muchos contribuyentes españoles que han decidido comprar una vivienda. En el proceso de compra y suscripción de una hipoteca para pagar la casa, los contribuyentes han tenido que pedir una o varias tasaciones. Son éstas, las tasaciones, las que determinan en cada caso el porcentaje sobre el valor de venta que otorga el banco y las tasadoras oficiales peritan las propiedades con el objetivo de encontrar el valor de garantía para el crédito hipotecario.

Pues bien. Una vez realizada la transacción en Notaría, se otorga escritura de compraventa, y se establece la parte que el contribuyente paga en concepto de "entrada" y la parte que se financia. Y sobre el total se pagan los impuestos, TPO o IVA y AJD.

Hasta aquí, todo correcto. Pero, oh sorpresa, ese propietario, pasados unos años (dos generalmente) reciben en casa un requerimiento de la Agencia Tributaria regional en la que argumentan que al existir una tasación de la vivienda por un valor mayor al importe de compraventa, estima que el TPO (Transmisiones Patrimoniales Onerosas) debería haber sido satisfecho sobre ese valor, mayor, con lo que solicita al contribuyente más dinero por la casa. Que el contribuyente haya pagado menos, que el contrato de compraventa se haya hecho sobre un valor menor es indiferente para Hacienda. ¿Acaso algún perito de la Agencia Tributaria fue en el momento de la compraventa a peritar el valor de la casa en el momento de la compra? No. Pero el requerimiento ya está en el buzón del contribuyente. Además, en sus comprobaciones, Hacienda dice buscar el precio de mercado. ¿Y qué mejor prueba del precio de mercado que el acuerdo alcanzado entre comprador y vendedor?

De nuevo, es el ciudadano de a pie quien tiene que decidir: ¿Pago o presento alegaciones? Las alegaciones son gratuitas, con lo que, alega. Pero si la Agencia Tributaria desestima, ¿qué alternativas tiene? Puede iniciar la senda de recursos en un proceso que puede prolongarse durante años, que ya cuesta más probablemente de lo que debe y que, de terminar perdiendo, le supondrá de nuevo tener que abonar lo que le reclamaron al principio.

Lo más lacerante de este ejemplo es que el propio Tribunal Supremo en 2018 puso en duda esta práctica, que la Agencia Tributaria inicia casi por sistema amparándose en una sentencia anterior del Supremo, fechada en 2011. En 2018 el alto tribunal señaló que tomar como referencia ese valor de tasación no tiene por qué habilitar a la Agencia Tributaria en todos los casos a reclamar más por el impuesto de AJD. Esta sentencia de 2018 ha servido a numerosos tribunales superiores de justicia autonómicos para quitar la razón a la Agencia Tirbutaria en estas reclamaciones y "en la mayoría de los casos están dando la razón al contribuyente", cuenta un experto consultado por Libre Mercado.

Tal y como recuerdan las especialistas en Derecho Tributario Paula Caro, socia de DA Lawyers y la fiscalista senior del mismo despacho Leire Beltrán, esta doctrina se ha visto reforzada, además, por una sentencia del Supremo de enero de este mismo año en el que repite que la Administración Tributaria no puede hacer estas comprobaciones de valores sin que sus peritos hayan comprobado el valor del inmueble.

Es decir, que pese a que dos sentencia del Supremo y numerosas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia consideran inapropiados estos requerimientos, la Agencia Tirbutaria continúa practicándolos, a sabiendas de que el indefenso contribuyente, preferirá pagar que a litigar.
Un problema de incentivos

Tal y como recordaba Domingo Soriano en Libertad Digital al hilo de la polémica con el youtuber conocido como El Rubius y su traslado de residencia a Andorra, los incentivos en el caso de la Hacienda Pública son perversos y los podemos agrupar en tres grandes reproches:

Leyes ambiguas, difíciles de entender, aderezadas por constantes cambios legislativos de alcance que se cuelan en disposiciones transitorias de leyes promulgadas por otros asuntos y rematado todo ello por los famosos cambios de criterio o interpretación, que serán objeto del útlimo capítulo de esta serie. Todo ello conduce a una inseguridad jurídica tan evidente que, como ya explicamos, ha sido denunciada por el propio Tribunal Supremo.

La impunidad de la inspección de Hacienda es otro de los problemas. El inspector de Hacienda cobra una parte en variable y por objetivos. Unos objetivos que no se tocan en caso de que algún tribunal haya tumbado alguno de sus procedimientos iniciados. Es decir, que la Agencia Tributaria puede iniciar acciones contra los contribuyentes sin miedo a que alguna de ellas termine siendo rechazada. La consecuencia del rechazo se limita a no cobrar lo requerido y, en algunos pocos casos, a pagar unas costas ridículas (sólo en instancias jurisdiccionales y únicamente cuando no les dan la razón ni siquiera parcialmente).

Este es el punto en el que más se nota el desequilibrio. Básicamente, Hacienda dispara y después pregunta. Mientras, el contribuyente que, pongamos de ejemplo, cree que ha hecho todo bien y termina recurriendo, tras seis o siete años, consigue que los tribuales le den la razón. Como decía Domingo en su artículo, el que gana, el contribuyente, se lleva varios años de preocupaciones, de no poder disponer de su dinero, de pérdida de tiempo, de más dinero y de asesores y, como mucho, que le devuelvan lo que pagó indebidamente. Mientras que el inspector, pese a haber actuado de forma indebida, sólo tiene que volver a abrir un nuevo procedimiento a ver si en esta ocasión el contribuyente termina pagando. Además, su variable por objetivos no se toca y tampoco recibe una sanción por parte de la administración tributaria.

En definitiva, Hacienda vuelve a ser un instrumento de terror porque al final es lo que transmite a los contribuyentes, a los pequeños empresarios, a los autónomos. Hacienda siempre gana. Hasta cuando pierde.

El Gobierno de la ruina unta a los sindicatos silentes
EDITORIAL Libertad Digital 27 Febrero 2021

El Gobierno ha sacado el talonario del contribuyente para dar un suculento premio a sus lacayos en el ámbito sindical. En mitad de la peor crisis económica en tiempos de paz, el socialista Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias han decidido cebar las subvenciones de UGT y CCOO, partidas que llevaban congeladas desde 2013. En efecto, en el Consejo de Ministros de esta semana se acordó disparar un 56% los ingresos estatales que recibe esta casta extractiva donde las haya, así que los 8.878.123 euros que se embolsó el pasado año pasarán a ser 13.883.890.

El Gobierno social-comunista ya ni se esfuerza en disimular su corrupto modus operandi. Le trae sin cuidado que España esté en un momento delicadísimo, por lo que la gestión de los fondos públicos debería ser especialmente escrupulosa. Pero su prioridad es seguir engordando sus redes clientelares.

Un año llevan UGT y CCOO sin atreverse a rechistar contra el Gobierno que está arruinando a millones de españoles. Si los cuatro millones de parados en las listas del SEPE, los 900.000 afectados por un ERTE y los cientos de miles de empresas cerradas no son motivo suficiente para que estos profesionales de la huelga y el piquete se movilicen, ¿qué es entonces lo que tiene que pasar?

Sin duda, que gobierne la derecha. Cuando eso pase, no tardarán en desempolvar sus pancartas y salir a la calle con cualquier excusa. Poco importa si el Gobierno ha incumplido su promesa de subir el SMI por encima de los 950 euros o si no ha movido un dedo –por suerte– para tumbar su detestada reforma laboral. Las tragaderas de este hatajo de sectarios bien untados son proverbiales.

Mientras, la afiliación sindical se ha desplomado hasta mínimos históricos. Cada vez son menos los trabajadores dispuestos a pagar por pertenecer a estas organizaciones caducas que, lejos de velar por ellos, sólo se preocupan de sí mismas y sus redes lacayunas. Según los últimos datos de la OCDE, sólo el 13,6% de los asalariados españoles está adscrito a alguna de ellas, el menor porcentaje en 30 años.

No hay mayor prueba de la inutilidad de los sindicatos que la de que no sean capaces de financiarse con el dinero de sus menguantes afiliados. Es inmoral obligar a los contribuyentes a mantener a organizaciones que repudian y que no los representan.

La Junta Electoral ve justificado que Twitter cerrara la cuenta a Vox, pero insta a regular a los gestores de redes
El origen de esta polémica es un tuit desde la cuenta oficial de Vox contra la supuesta «islamización» de la sociedad catalana
EP ABC 27 Febrero 2021

La Junta Electoral Central (JEC) considera justificado que Twitter cerrara la cuenta a Vox en la pasada campaña catalana por un mensaje contra la «islamización», pero cree que el Legislador debe aprobar alguna ley para regular los poderes de los gestores de las redes sociales. La decisión no ha sido unánime ya que uno de los vocales ha emitido un voto particular considerando desproporcionada la medida adoptada por Twitter.

El origen de esta polémica es un tuit desde la cuenta oficial de Vox contra la supuesta «islamización» de la sociedad catalana: «Suponen aproximadamente un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias. La mayoría son procedentes del Magreb. Es la Cataluña que están dejando la unánime indolencia y complicidad con la delincuencia importada. ¡Sólo queda VOX! StopIslamización».

Twitter interpretó que ese mensaje vulneraba la prohibición de «incitar al miedo o difundir estereotipos de temor sobre una categoría protegida» y decidió suspender la cuenta de Vox imposibilitando la publicación de mensajes durante ocho días, entre el 28 de enero y el 4 de febrero, lo que incluía parte de la campaña electoral en Cataluña. Por eso reclamó Vox ante la JEC, al considerarse perjudicado por la decisión de la compañía estadounidense.

En una resolución recogida por Europa Press, la JEC concluye que la actuación de Twitter estaba justificada en este caso concreto y «debe considerarse razonable y no discriminatoria», pero entiende que hay un vacío regular que exige regular el poder de los responsables de redes sociales.

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Del rodea el Congreso a la alerta antifascista: radiografía de una década de violencia ultraizquierdista
HOY ALENTADA POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
Javier Torres. https://gaceta.es/ 27 Febrero 2021

La noche del 2 de diciembre de 2018 Pablo Iglesias convoca la “alerta antifascista” contra VOX, que irrumpe en el parlamento andaluz con 12 diputados. La llegada del partido de Abascal es decisiva para desalojar al PSOE del poder tras cuatro décadas dirigiendo los destinos de Andalucía, un terremoto que sacude los pilares de un sistema que hace años emite síntomas de agotamiento. Acabar con 40 años de socialismo andaluz no le sale gratis a VOX, al que desde entonces se le combate en parlamentos, calles y platós usando una fórmula de lo más antigua: estigmatización, señalamiento y violencia.

De modo que al día siguiente miles de jóvenes recorren las ocho capitales andaluzas recogiendo el guante lanzado por el líder de Podemos para ganar en las calles lo que no pudieron en las urnas. En Cádiz, último bastión de la extrema izquierda andaluza, los más radicales queman contenedores y agreden a periodistas. Hay dos detenidos. En mitad del desconcierto el PSOE responde sumándose al juego extraparlamentario de Podemos y fleta autobuses para rodear el parlamento andaluz el día de la investidura del nuevo presidente Moreno Bonilla. Susana Díaz llama a los andaluces a la movilización: “Todos y todas debemos implicarnos al máximo en combatir a la derecha que ha blanqueado y dado protagonismo en las instituciones al franquismo político. La mayoría de progreso que hay en esta comunidad autónoma ha de estar movilizada contra la extrema derecha”.

En realidad la vía no institucional -o gimnasia revolucionaria como aún la llama Iglesias- es un recurso clásico de la extrema izquierda que en la última década ha practicado desde que logró someter al movimiento 15-M. Ese año, 2011, la crisis azota fuerte y España sufre una tasa de desempleo del 20,7%. Peor lo tienen los jóvenes con el 45,3% en paro, así que no debería sorprender que miles de ellos tomen la Puerta del Sol para protestar. Otra cosa es que el presidente Zapatero y el ministro del Interior Rubalcaba les dejan acampar durante más de un mes vulnerando la jornada de reflexión y el día de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. El balance de esta larguísima acampada se salda con 447 detenciones y casi mil sanciones administrativas.

Un año después se produce un intento de asaltar el Congreso. La izquierda es desalojada de la Moncloa en las elecciones del 20 de noviembre de 2011 y el PP gobierna con una mayoría absoluta de 186 diputados. 6.000 manifestantes convocados por la Coordinadora 25-S rodean la sede de la soberanía nacional con el resultado de 64 heridos (27 policías) y 35 detenidos. Es el 25 de septiembre de 2012 y hace mucho tiempo que los antidisturbios de la policía nacional no pasan tantos apuros para restablecer el orden en la calle. Un agente de la UIP es pateado en el suelo por varios radicales y la imagen abre telediarios. Lejos de suscitar la condena unánime de partidos y medios hay quienes justifican la violencia, entre ellos un desconocido profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense llamado Pablo Iglesias, que confiesa en televisión estar emocionado con la agresión al policía. Casi 10 años después, el 25 de febrero de 2021, la Fiscalía pide hasta 7 años de cárcel para los 21 acusados por el Rodea el Congreso. “Arremetieron violentamente […] tiraron vallas y objetos a los agentes, les pegaron patadas y puñetazos, e incluso trataron de impedir la salida de los diputados”, sostiene el ministerio público.

Ese otoño se prevé caliente y el 14 de noviembre de 2012 hay convocada una huelga general. Excelente escenario para practicar más gimnasia revolucionaria. Durante la madrugada un piquete de Comisiones Obreras recorre las calles del centro de Madrid ‘invitando’ a los comerciantes a cerrar sus negocios. Al pasar por la plaza de Santa Ana los huelguistas se detienen ante el teatro Español, donde un grupo de actores liderados por Willy Toledo se encierra en apoyo a la huelga. Toledo se asoma a un balcón y, puño en alto, grita “policía asesina” justo cuando un coche de los nacionales pasa por la plaza. La madrugada es larga y hay cortes de carretera en el paseo del Prado, barricadas ardiendo y taxis destrozados por las hordas que atacan al “esquirol”. La jornada deja en Madrid 29 heridos (9 policías) y 60 detenidos entre los que hay miembros de Bukaneros, el grupo ultraizquierdista del Rayo Vallecano, e Izquierda Castellana.

En primavera, el 25 de abril de 2013, la extrema izquierda vuelve a movilizarse. La plataforma ¡En Pie! convoca una marcha cuyo título no deja lugar a dudas: “Asedia el Congreso”. La movilización es menor que en septiembre pero hay 30 detenidos (15 en las horas previas) y 30 heridos (14 policías).

La universidad es otro de los lugares donde la extrema izquierda logra penetrar. El 20 de noviembre de 2013 más de un centenar de ultraizquierdistas del Bloque Antifascista Estudiantil irrumpe en el campus de la Complutense hasta llegar a la facultad de Derecho. Varias decenas de ultras acceden al interior y atacan a estudiantes del Foro Universitario Francisco de Vitoria con bates de béisbol, defensas extensibles y extintores. Cinco estudiantes acaban heridos y 19 ultras son detenidos.

Al mes siguiente, el 15 de diciembre, se produce el tercer “Rodea el Congreso” contra la llamada ‘Ley mordaza’. La movilización vuelve a ser menor que en la primera edición aunque deja 23 heridos y 7 detenidos. Mucho peor es lo que sucede el 22 de marzo de 2014 en las llamadas “Marchas de la dignidad” que parten desde Atocha a Colón. Los ultras vuelven a desatar la violencia extrema contra la policía. La noche de sábado acaba con 101 heridos, 67 son policías. Se viven imágenes de violencia extrema en el paseo de Recoletos donde un puñado de antidisturbios queda atrapado entre centenares de radicales sedientos de sangre. Dos policías casi pierden la vida apaleados en el suelo, a uno le arrancan el casco a patadas hasta perder el conocimiento. Muchos de los heridos son atendidos en una improvisada carpa que los servicios de emergencia montan en la misma plaza de Colón donde coinciden policías y agresores como si vinieran de la guerra. Hay 29 detenidos y 12 procesados por agredir a los agentes con adoquines, palos e incluso una señal de tráfico. Un año después, el 21 de marzo de 2015, se repiten estas “Marchas de la dignidad” que acaban con 17 detenidos, uno de ellos por el lanzamiento de cohetes contra agentes de la Policía Nacional.

La extrema izquierda avanza notablemente en las calles pero también en las instituciones, y si no pudo asaltar el Congreso por la fuerza sí que llega a través de las urnas: Podemos, el partido del profesor de Ciencias Políticas que tres años antes se emocionaba con palizas a policías, entra con 69 diputados en las elecciones de diciembre de 2015. Sánchez va a la investidura pero no logra la mayoría suficiente, de modo que hay repetición electoral en junio. Esta vez Podemos va en coalición con IU (Unidos Podemos) y suma 71. Rajoy toma la iniciativa presentándose a la investidura que saca adelante el 29 de octubre de 2016, no sin que el Congreso sea cercado ese mismo día. La “Coordinadora 25S” convoca una manifestación bajo el lema “Ante el Golpe de la Mafia, Democracia”. Se producen lanzamiento de objetos contra la diputada de CS Melisa Rodríguez y la portavoz en el ayuntamiento Begoña Villacís cuando abandonan el parlamento. Alberto Garzón, hoy ministro de consumo, sale a la calle a apoyar a los manifestantes.

Como es de esperar la extrema izquierda se desmoviliza en la calle al haber cumplido el primer objetivo de tener amplia representación en las instituciones. Este perfil bajo se mantiene hasta el 2 de diciembre de 2018, noche en la que VOX irrumpe en las elecciones andaluzas decisivamente para echar al PSOE del palacio de San Telmo. Desde ese momento los ataques contra la formación de Santiago Abascal se reproducen en toda España. Si Pablo Iglesias llama a la “alerta antifascista” en las calles, Echenique acusa a VOX de ser “cómplices de los violadores y los asesinos” y Teresa Rodríguez de “cómplice de los feminicidios”. Ambos reciben una querella del partido verde por calumnias, injurias y odio.

En este ambiente de estigmatización y señalamiento el 7 de noviembre de 2019 un grupo de batasunos agrede a la candidata de VOX al Congreso por Vizcaya, Nerea Alzola, que participa en una mesa informativa de VOX en Sestao. En muchos medios estas noticias pasan desapercibidas y en otros directamente se alimenta el odio a VOX. El 30 de enero de 2020 el periodista Jordi Évole incita a la violencia contra Santiago Abascal en el programa ‘El Hormiguero’ de Antena 3: “Un hostión le vendría bien”.

En una línea muy parecida Pablo Iglesias califica de “parásitos” a VOX desde la tribuna del Congreso el 29 de abril de 2020. “Como en el siglo pasado, el pueblo español hará desaparecer la inmundicia que ustedes representan”.

La siguiente convocatoria electoral son las elecciones vascas y gallegas y VOX vuelve a sufrir la violencia callejera de la mano del separatismo y la extrema izquierda. De nuevo Sestao es testigo de la violencia: el 26 de junio miles de radicales revientan el acto electoral de VOX en la plaza de San Pedro de la localidad vizcaína. Una pedrada a la diputada nacional Rocío de Meer le produce una brecha en la ceja. La mayoría de los partidos no condenan el ataque (ninguno se suma al manifiesto de VOX por unas elecciones libres y sin violencia) y el portavoz de Podemos acusa a de Meer de usar kétchup. Medios de comunicación como El Plural van en línea muy parecida: “Vox difunde la imagen ensangrentada de la diputada agredida en el mitin de Vox en Sestao”. El resto de los actos de campaña en Galicia y Vascongadas VOX necesita amplia presencia policial debido al constante acoso y lanzamiento de objetos por parte de separatistas y ultraizquierdistas.

Al año siguiente nuevas elecciones, esta vez en Cataluña, y la historia se repite en lugares como Vic, Sabadell, Salt, Gerona o Reus. El 6 de febrero de 2021 se desata una violencia extrema (“terrorismo callejero” lo llama Abascal) contra VOX en Vic, donde atacan las furgonetas que trasladan a Javier Ortega e Ignacio Garriga al acto y propinan una paliza a un simpatizante del partido. Gran parte de la prensa hace juego de malabares para no condenar el ataque sin paliativos. El País dice que “las agresiones son intolerables; pero los discursos que las alimentan, también”. Los hay que directamente señalan a VOX como culpable. Es el caso de El Periódico de Cataluña, que pide la ilegalización de VOX. Para El Diario.es “la violencia contra VOX oculta la violencia de VOX”. La lluvia de piedras es constante pero no tan intensa como la lluvia fina que practica gran parte de los medios. A pesar de la tormenta VOX e Ignacio Garriga llegan vivos al 14 de febrero, día en que los verdes entran en el parlamento catalán con 11 escaños quedando por delante de Podemos, la CUP, Ciudadanos y PP. VOX es la cuarta fuerza.

Pocos días después el rapero Pablo Hasel es detenido para ingresar en prisión condenado por enaltecimiento del terrorismo. La extrema izquierda se moviliza en las principales de España provocando disturbios, destrozo de mobiliario urbano y enfrentamientos con la policía. El resultado es de 19 detenidos y 55 heridos en Madrid (35 policías), 29 detenidos en Cataluña y 2 detenidos y 5 policías heridos en Sevilla. En Madrid una agente de policía nacional es agredida en el suelo y en Barcelona las turbas atacan la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en Vía Laietana. La novedad es que es el propio Gobierno (la parte podemita) quien alienta la violencia. Echenique lo justifica así: “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol”. Si algo ha demostrado Podemos (más que un partido, un movimiento) es que nadie se mueve mejor en aguas revueltas: la década que comenzó con la Puerta del Sol tomada y el Congreso rodeado finaliza con los instigadores rentabilizando la violencia desde el Gobierno. Lo que da lugar a otra reflexión que espanta al buenismo oficial: la violencia sí es rentable en política. Y si no, que le pregunten a Bildu.

Nuestros mercaderes de odio
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 27 Febrero 2021

Desde el campanario de mis 89 años, me atrevo a opinar que quienes atribuyen indiscriminadamente a “los jóvenes” la ola de vandalismo que aqueja a diversas ciudades de España –con Barcelona a la cabeza– cometen una injusticia flagrante. ¿Cuántos jóvenes participan en estos episodios de barbarie? La manifestación más numerosa reunió, según las crónicas periodísticas, a 6.000 personas de diversas edades. Las restantes no pasan de las 1.000 o 2.000. Pero los grupos que se desprenden de ellas para perpetrar gamberradas nunca superan los 300 encapuchados. Esta también es la cifra de los que okupan los locales universitarios cuando declaran huelgas intempestivas. Y son 50 –incluyendo jubilados– los radicales que cortan el tráfico todas las noches en la Avenida Meridiana de Barcelona.

Promesas de impunidad
¿Dónde están los jóvenes? Millones de jóvenes apechugan con todos los problemas inherentes a su edad y a la crisis sanitaria y económica: en casa de sus padres porque no les queda otra opción, en el trabajo cuando lo consiguen, en el aula cuando los piquetes coactivos no les cierran el paso, o disfrutando como pueden de sus horas de ocio.

Lo que no hace la inmensa mayoría de los jóvenes mentalmente sanos, cualquiera sea su ideología –incluida la independentista– es levantar barricadas; quemar contenedores; arrojar botellas, adoquines y bengalas a las fuerzas del orden; romper escaparates; saquear tiendas; apedrear vidrieras del Palau de la Música; asaltar comisarías comarcales; pintarrajear leyendas insultantes. Estos desmanes son la especialidad exclusiva de un hatajo minúsculo de infelices cortos de entendederas, a los que han inculcado psicopatías virulentas y les prometen impunidad, aunque para otorgarla haya que descafeinar las leyes penales y desmontar las fuerzas del orden. Es falaz generalizar acusando a “los jóvenes”.

Doblemente culpables
En todo caso, son doblemente culpables nuestros mercaderes del odio, los adultos secesionistas, comunistas y antisistema que explotan como carne de cañón a los grupúsculos de jóvenes poseídos por estas psicopatías virulentas y los embarcan en sus cruzadas bélicas. Cuando estos adultos utilizan como factor desencadenante de las algaradas al energúmeno Pablo Hasél, no puedo dejar de recordar que sus precursores hicieron lo mismo, con el mismo fin, valiéndose de otro desecho humano: Jon Manteca Cabañes, apodado el Cojo Manteca porque le habían amputado una pierna tras caer de un poste al que había trepado en su adolescencia.

El Cojo Manteca era un mendigo que al presenciar en Madrid una manifestación de estudiantes contra la subida de tasas académicas y contra la selectividad, durante el gobierno de Felipe González, en 1987, se sumó a ella y rompió con su muleta el cartel de la estación de metro de Banco de España, una cabina telefónica y varias farolas de alumbrado. Las cámaras grabaron la escena, la imagen circuló por todo el mundo hasta aparecer en la portada del Herald Tribune, y el tullido se convirtió en el ídolo de los antisistema de entonces. En su chupa de cuero lucía la leyenda “Mata curas, verás el cielo”, y en una de las múltiples entrevistas que concedió al periodismo complaciente confesó: “Paso de estudiantes, lo que me gusta es tirar piedras”. Si no hubiera muerto de sida a los 28 años, en 1996, hoy estaría practicando su deporte favorito en el Passeig de Gràcia.

Pureza de sangre
Hablemos de los adultos culpables de haber embarcado a los jóvenes en esta cruzada de odio. Pilar Rahola explica (“El odio”, LV, 19/2) que se sintió “derrotada” por “la imagen de una joven de dieciocho años [la nazi Isabel Medina Peralta] con el alma destruida por el odio y el cerebro carcomido por la peor ideología de la historia” . Y añade:

¿De dónde sale la fascinación por el mal, de qué pozo siniestro surge ese odio tan puro? Y, sobre todo, ¿cuántos responsables alimentan el repugnante huevo de la serpiente? Porque esa es la pregunta, ese es el dedo que señala la culpa.

Cataluña cultiva su propia “fascinación por el mal” y su “odio tan puro” afines a los de la joven nazi. Y el repugnante huevo de la serpiente lo alimentan los correligionarios supremacistas de la panfletista Pilar. Por ejemplo Quim Torra, que arengaba a sus cachorros para que apretaran, y les ponía como modelo a los asesinos hermanos Badia y a los jóvenes escamots fascistas de Esquerra Republicana de Catalunya. Ella misma se jactó de su pureza de sangre como lo habría hecho, en tiempos de Hitler, una fraulein orgullosa de su abolengo de raza aria (“Nos con nos”, LV, 10/8/2017):

El sentimiento de comunidad era tan fuerte [en Cadaqués] y se había tejido con tanta dureza, que todo lo que era externo era extraño. Como ejemplo, mi propia experiencia: mi madre siempre fue considerada “forastera” porque era de Barcelona, y yo, en cambio, al ser Rahola, era cadaquense, a pesar de no haber nacido allí. Ochocientos años de Raholes en Cadaqués me avalaban (…) Los foráneos eran vistos como un cuerpo tan ajeno, que incluso llegó a haber un espacio en el cementerio reservado para los que eran de fuera.

El foco de la subversión
Si España está al borde del desguace y si dentro de ella Cataluña padece la fractura social y la ruina económica, los culpables no son los jóvenes. Ni siquiera lo son los escasos centenares de depredadores ágrafos que descargan su rabia contra la convivencia, el Estado de Derecho y la Monarquía parlamentaria. Esta chusma es tan despreciable e inservible como el mamarracho fóbico cuya libertad reclama.

El foco de la subversión desde donde se irradia el odio está mucho más arriba y ya ni siquiera disimula sus intenciones. Lo componen los ayatolás adultos, no jóvenes. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias Turrión, es el cabecilla y el ideólogo del movimiento encaminado a implantar una república plurinacional comunista, tal como lo proclama sin el menor recato. Para reforzar su posición privilegiada estrecha vínculos con los capitostes sediciosos del supremacismo antiespañol y con los albaceas del paleoterrorismo etarra. Ah, y también le presta sus servicios un sedicente presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le importa un comino la suerte que corra su país con tal que el guion le permita representar el papel de patrón del circo mientras dure el espectáculo. Todos adultos.

Echarlos a patadas
Sorpresa. Es posible -y hasta probable- que las nuevas generaciones tomen conciencia de que una confabulación de caciques totalitarios las han elegido como instrumentos para poner en práctica un plan retrógrado de ingeniería social, en el que las discriminaciones racistas étnico-tribales se amalgaman con la aniquilación de la iniciativa privada y de las libertades individuales, tal como la practican todas las dictaduras comunistas.

Esa será la hora –esperemos que próxima– en que los jóvenes se sumarán a sus padres para echar a patadas desde las urnas a los mercaderes de odio y para restaurar la normalidad democrática en una España de ciudadanos libres e iguales, gobernada por patriotas fieles a los valores de nuestra Constitución, que son los de nuestra civilización.

Los etarras beneficiados por Sánchez desde que llegó a La Moncloa suman más de 160 víctimas
MARLASKA APRUEBA EL ACERCAMIENTO DE OTROS CUATRO
https://gaceta.es 27 Febrero 2021

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha aprobado este viernes otros cuatro acercamiento de presos de la banda terrorista ETA y ya son más de 150 los etarras que se han beneficiado de un traslado de centro penitenciario desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en junio de 2018, 68 de ellos con delitos de sangre.

Además, ha dispuesto el regreso al centro penitenciario de Ávila de la interna preventiva María Soledad Iparraguirre Guenechea, ‘Anboto’. En la actualidad se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid), a disposición de la Audiencia Nacional.

Según ha informado Prisiones -que supedita la ejecución de los traslados a las condiciones sanitarias por la Covid-19-, entre los acercados está Patxi Javier Macazaga Azurmendi, que deja la cárcel de A Lama (Pontevedra) para ir a El Dueso (Cantabria).

Está condenado por varios atentados, tal y como señala la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que recuerda que el Gobierno de Sánchez “ya ha realizado 68 traslados de etarras con delitos de sangre, que acumulan a sus espaldas la friolera de 163 víctimas mortales en 124 atentados”.

Prisiones ha informado de que Macazaga Azurmendi, progresado al segundo grado, cumplirá las tres cuartas partes de la pena en febrero de 2024 y “acepta la legalidad penitenciaria, rechaza la violencia y reconoce el daño causado”.

Macazaga Azurmendi cumple condena, según la AVT, por matar a Juan María Jáuregui Apalategui y Ramón Díaz García, así como el atentado contra José Ángel Santos Laranga y Josu Leonet Azkune. También cumple condena por el asesinato de Mikel María Uribe Aurkia, José María Korta Uranga e Iñaki Totorika Vega, así como el que le costó la vida a Santiago Oleaga Elejabarrieta y Manuel Indiano Azaustre.

La presa de ETA Ana Belén Egües Gurruchaga es otra de las trasladadas, en su caso desde Córdoba a Asturias. Está condenada por el asesinato de Luis Ortiz de la Rosa, Justo Oreja Pedraza y Pedro Antonio Blanco García.

Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en abril de 2024, según Prisiones, que señala que “acepta la legalidad penitenciaria y ha presentado escrito en el que rechaza la violencia, reconoce el sufrimiento de las víctimas y el daño causado por su actitud”.

Eneko Gogeaskoetxea Arronategui irá también a El Dueso (Cantabria) desde A Lama (Pontevedra). Fue condenado por la muerte del ertzaina José María Aguirre Larraona durante el intento de asesinato al Rey emérito durante la inauguración del museo Guggenheim de Bilbao en 1997, según recuerda la AVT. Tras ser progresado al segundo grado, Interior ha recordado de este preso que cumplirá las tres cuartas partes de la condena en diciembre de 2033.

Ainhoa Barbarín Yurrebaso es la última para la que se aprueba un traslado, de Valencia a la cárcel de Álava. Fue condenada por la colocación de un coche bomba en el Aeropuerto de Málaga en 2001 que fue desactivado por los TEDAX, así como por un coche-bomba en la localidad tarraconense de Salou cuya explosión en agosto de 2001 provocó 18 heridos, entre ellos tres guardias civiles y varios niños. Cumplirá las tres cuartas partes de la pena en diciembre de 2024.

TS condena a TV3 por vulnerar la neutralidad informativa y el pluralismo en la campaña de 2019
Redacción https://rebelionenlagranja.com 27 Febrero 2021

El Tribunal Supremo ha confirmado dos acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) que apreciaron vulneración de neutralidad informativa y de respeto al pluralismo político y la igualdad de TV3, la televisión autonómica en manos de la Generalitat, en la campaña electoral de las generales del 28 abril de 2019.

la sentencia se refiere en concreto a dos informativos: la cobertura de una manifestación en Madrid el 16 de marzo de aquel año y de la emisión, el 9 de abril, del documental «Un procés dins el procés’.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) contra los dos acuerdos de la Junta Electoral.

El Supremo recuerda que la Corporación es un ente público perteneciente a la Generalitat, por lo que en el proceso electoral ha de cumplir con sus cometidos respetando los principios de neutralidad informativa y de respeto al pluralismo político y a la igualdad como exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En relación a la cobertura de la manifestación en Madrid, convocada por las entidades soberanistas Òmnium Cultural y ANC, el tribunal señala que el objeto de la misma, los derechos que querían reivindicar los convocantes y quienes se adhirieron o participaron en ella eran claramente los mismos reivindicados por formaciones concurrentes a las elecciones, esto es, el derecho a decidir.

Además, se transmitió en su totalidad, durante más de dos horas, con un importante despliegue de medios, durante las que tuvieron ocasión de aparecer dirigentes de esas formaciones.

«No es preciso una medición cuantitativa del impacto de la cobertura dada por los medios de la CCMA a la manifestación en la opinión pública para apreciar su incidencia electoral: basta con comprobar que ofreció una difusión cualificada -por el tiempo y por la forma de la emisión y por el cauce- de mensajes político-electorales defendidos por algunas candidaturas a la que no tuvieron acceso las demás», explica el Alto Tribunal.

Y añade que «tal proceder no puede ser conforme con la neutralidad informativa ni con el respeto al pluralismo político y crea desigualdad entre los concurrentes a las elecciones por la ventaja que aporta a los que se benefician de ese tratamiento».

Al respecto, los magistrados quieren dejar claro que «la libertad de comunicar información veraz no justifica que se vaya más allá y se incurra en la pérdida de la obligada neutralidad».

En cuanto al documental «Un procés dins el procés»,el Supremo destaca que tenía interés informativo y también incidencia electoral, por lo que su emisión estaba sujeta a los principios de neutralidad y de respeto al pluralismo político.

La Sala considera que la Corporació no ha explicado «qué razón le exigía» emitir el documental precisamente dentro del período electoral, y «desde luego no podía ser el interés informativo porque la situación de la que se hace eco existía antes de la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y prosiguió después de celebradas, como es notorio».

Asimismo, subraya que el documental proyectaba una imagen que favorecía a líderes independentistas en prisión y a las ideas que defienden, «lo cual no tendría la trascendencia que aquí se considera si no fueran esencialmente las mismas que propugnan determinadas fuerzas políticas concurrentes a las elecciones que se celebrarían pocas semanas después de emitirse este documental».

Acercamientos de ETA
Sánchez ha acercado al País Vasco al 60% de los presos de ETA: sólo quedan 75 a más de 200 km
Pelayo Barro okdiario 27 Febrero 2021

En rondas de unos cinco presos de ETA semanales, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha acercado al País Vasco o Navarra, o a cárceles a menos de 200 kilómetros de sus domicilios, a más de un 60% de los terroristas que aún cumplen condena. De 195 convictos, sólo 75 permanecen a más de 3 horas por carretera de sus familias, cumpliendo así las exigencias que lleva planteando EH Bildu a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo parlamentario.

El preso de ETA lejos del País Vasco empieza a ser una ‘rara avis’, una especie cada vez más en extinción gracias a la política penitenciaria puesta en marcha por el Gobierno desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Al ritmo actual de acercamientos, cuando finalice la legislatura no quedará ningún preso etarra a más de unas horas en coche de su familia.

Los acercamientos de Sánchez a presos de ETA, cuyas estadísticas exactas no ofrece el Ministerio del Interior más allá de sus comunicados cada viernes informando de la nueva hornada de traslados, ya superan los 130 en total.

Sin embargo, no todos ellos han sido llevados a la ‘burbuja’ próxima al País Vasco: las cárceles de León, Burgos, Palencia, La Rioja, Zaragoza o las tres que hay en territorio vasco. Penitenciarias que están entre 200 y 300 kilómetros de distancia máxima de las localidades de origen de la mayoría de estos etarras. De los 195 presos totales de la banda que cumplen condena en España, 123 ya se encuentran en alguna de esas cárceles próximas al País Vasco. Suponen más del 60% de los población reclusa de ETA.

Un 10% acercados al mes
Cada viernes esa cifra aumenta, a una media de esos 5 nuevos traslados. Sobre ese total de 195 reclusos, cada mes se procede al acercamiento de un 10%. Un 2,5% semanal. Un goteo incesante que aplaude tanto EH Bildu como las plataformas que representan a las familias de presos, como Etxerat.

Entre los trasladados más recientes se encuentran Fernando García Jordá, asesino del ex ministro socialista Ernest Lluch, y también Gurutz Aguirresarobe Pagola, asesino del militante del PSE y fundador de ‘Basta Ya’ Joseba Pagazaurtundua.

Cárceles para Urkullu
Mientras tanto, el País Vasco se prepara para asumir las competencias sobre las cárceles. Todo apunta a que el próximo mes de marzo el Gobierno del País Vasco tomará el control de las cárceles que hay en su territorio. Sin embargo, la opacidad del procedimiento es sorprendente, tanto que se ha registrado una pregunta parlamentaria para que se haga público un borrador con esos detalles.

OKDIARIO ha constatado que, pese a la restricción de traslados de presos entre cárceles que se aplican por culpa de la crisis del Covid, en los últimos meses se ha disparado la salida de multitud de internos del País Vasco a otras provincias.

El País Vasco está a punto de convertirse en la segunda comunidad autónoma, después de Cataluña, que pase a tener el control sobre las cárceles que hay en su territorio. A partir de ese momento el Ejecutivo de Urkullu controlará no sólo los recursos materiales y humanos de sus tres prisiones, sino que además será su Departamento de Interior quien tome todas las decisiones que afecten a los presos en el País Vasco desde el punto de vista regimental.

Prisiones ‘límpias’ para acercamientos
A partir de ese momento, además, será también responsabilidad del mismo Ejecutivo vasco gestionar y administrar los fondos económicos para el mantenimiento de las prisiones de Basauri, Nanclares de Oca y Martutene.

Aproximadamente 2.300 presos serán de los que se tenga que ocupar ahora el Gobierno Vasco, y según las últimas cuentas eso supone un gasto anual estimado de más de 50 millones de euros. Sin embargo, ese gasto tiene una variable importante: no todos los reclusos tienen la misma carga económica sobre el sistema. Por ejemplo, si un recluso está recibiendo tratamiento médico o formación académica, sus gastos repercuten sobre las áreas de Interior, por estar preso, y sobre los departamentos autonómicos de Salud y Educación. También encarecen y mucho su mantenimiento los presos más conflictivos porque requieren de instalaciones y personal carcelarios específicos.

De esta manera, las cárceles vascas van a quitarse de encima a presos ‘caros’ y van a hacer sitio para esa llegada paulatina de presos de ETA, que pasarán a estar bajo la tutela del Gobierno de Iñigo Urkullu.

Ciudadanos lleva a Bruselas la discriminación a los parados que no hablan catalán
Antonio Rodríguez vozpopuli.es 27 Febrero 2021

El eurodiputado Jordi Cañas insta a la Comisión Europea a garantizar el acceso en igualdad de condiciones de los desempleados a los programas de formación

Ciudadanos ha llevado a la Comisión Europea la discriminación que sufren, a juicio de la formación naranja, las personas desempleadas en Cataluña en el acceso a programas de formación del Servicio de Empleo catalán por motivos lingüísticos.

El eurodiputado Jordi Cañas ha registrado una pregunta ante la CE, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que subraya que la Generalitat "viola los derechos de los ciudadanos castellanoparlantes" que están amparados en la Constitución, el Estatuto de autonomía y los artículos 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

En opinión del eurodiputado de Ciudadanos, el Govern "impide" a estas personas desempleadas el acceso a los cursos de formación financiados por el Servicio Catalán de Empleo (SOC) por una "cuestión de lengua". Para ello, expone a Bruselas una contradicción detectada en la ley que regula la creación y funcionamiento de esta entidad pública.

Por un lado, se establece como principio rector "la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, sin discriminación por razón de sexo, etnia, edad, estado civil, adscripción política, afiliación sindical, religión, origen, opinión, lengua".

Ciudadanos defiende el bilingüismo
Sin embargo, el artículo 5.8 de la orden catalana TSF/170/2018 estipula que deberá “utilizarse normalmente el catalán como lengua vehicular y los materiales didácticos elaborados por las entidades beneficiarias debe[rán] estar redactados al menos en catalán”.

El citado artículo es "una medida que atenta contra numerosas resoluciones judiciales que niegan la condición de vehicular al catalán y exigen el respeto al bilingüismo a las instituciones públicas, y que crea una barrera de acceso a la formación a los castellanoparlantes", apunta el representante de la formación naranja.

Por ello, Cañas pregunta a la Comisión Europea si va a garantizar ante el Govern catalán el acceso "en igualdad de condiciones" de las personas desempleadas a programas de formación "sin discriminación por razones lingüísticas".

Precedentes
El diputado de Ciudadanos ya denunció hace semanas la "persecución" que, a su juicio, la Cooperativa Abacus, dedicada al mundo de la cultura y que regenta varias librerías, había iniciado. La firma habría lanzado una investigación para saber cuáles de sus empleados habían utilizado el castellano en el trato con un cliente. Esa "discriminación" llevó al partido de Inés Arrimadas a poner los hechos en conocimiento también de la Comisión en Bruselas.

En una pregunta escrita dirigida al ejecutivo comunitario, Cañas preguntaba a la Comisión si apreciaba discriminación en las actuaciones de dicha cooperativa y si apremiaría a las autoridades españolas a cumplir la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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