AGLI Recortes de Prensa   Lunes 1 Marzo  2021

Lo que va de Vox y Ayuso a los besos de Casado con Sánchez
Miguel Ángel Belloso okdiario 1 Marzo 2021

Desde que está Sánchez en la Moncloa la política española se ha vuelto hortera y cursi, dando lugar a lemas conmovedores y memorables, importando el nauseabundo estilo chino. El primero fue el del presidente del Gobierno petulante con aquello de la “nueva normalidad”, la mentira de turno para saludar un tiempo libre ya de la pandemia cuyo rastro de víctimas, sin embargo, ha proseguido creciendo hasta rondar las 100.000. Ahora le ha tomado el relevo Casado, que desde que ha apostado por la moderación y el centrismo no hace más que cometer disparates. Persuadido por la legión de mediocres que le rodea, el presidente del PP piensa que la mansedumbre le proporcionará grandes réditos a largo plazo, pero se equivoca. Así se demostró en Cataluña en favor de Vox y así se verá en el conjunto del país en cuanto haya nuevas elecciones.

El señor Casado ha iniciado un nuevo clima de entendimiento con Sánchez, y a esto lo ha llamado pomposamente “el nuevo comienzo”. ¡Qué ridiculez!, cuando se podría decir vulgarmente hablando la “gran bajada de pantalones”. Como ya asistimos hace unos años a la desaparición de UPyD, como veremos pronto la muerte de Ciudadanos y, sobre todo, si no hubiéramos presenciado mucho antes la descomposición de la UCD de Adolfo Suárez esta disposición de Casado “a mancharse y colaborar con el Gobierno para afrontar juntos el plan de reconstrucción” tiene todos los ingredientes de una broma macabra o, lo que es peor, de un suicidio político en toda regla.

¿Cómo se puede pactar con un personaje fraudulento -que el día que lo defenestraron del PSOE quería tapar la urna con una cortina para malversar la votación-, que fraguó una moción de censura sobre la base de una sentencia judicial inducida por un ponente prevaricador, que ha engañado todos los días a lo largo de la pandemia, que ha hundido la economía más que el resto de los países europeos, que tiene el récord de muertes por el virus, que sigue escatimando las ayudas a las empresas durante la crisis, que tiene todas las televisiones compradas y a su servicio, así como a los sindicatos regados con dinero excepcional a pesar de la falta de recursos, y que ahora pretende monopolizar el único resorte de gobierno que le queda para poder ejercer el totalitarismo sin escrúpulos al que aspira, que es el poder judicial?

Pues a todo esto parece inclinado el PP de Casado, al pasteleo en la nueva televisión pública -que seguirá estando dominada por los ‘podemitas’-, y a la recomposición de un Consejo General del Poder Judicial donde por supuesto habrá presencia de acólitos del partido de Pablo Iglesias, que nunca ha creído en la separación de poderes y para el que todo este circo que tiene que ver con las instituciones es meramente instrumental a fin de ganar espacios de manipulación y de rentabilidad a largo plazo. El pactismo obsceno que esgrime ahora Casado es consecutivo a la ruptura con Vox en busca de una derecha honesta que cada vez está más y mejor representada por Santiago Abascal, que no quiere acuerdo alguno con terroristas intelectuales, que combate a diario el consenso socialdemócrata al que ha sucumbido el PP, que se opone al pensamiento políticamente correcto y que es el que más consistentemente defiende la igualdad ante la ley, denostando la ideología de género, el feminismo recalcitrante y todas las demás monsergas del progresismo militar.

Un par de días antes de la representación aciaga del señor Casado en el Congreso compareció en la casa de ABC la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y allí, con motivo de un evento circunstancial, se soltó el pelo, que es algo habitual en ella defendiendo lo que debería ser, a su juicio, el centro derecha, que hoy en día es lo contrario de lo que postula Casado. Lo que más me conmovió de su discurso fue esta frase majestuosa: “En Madrid somos el espejo que refleja el fracaso del socialismo”. Esta frase conmemora y reúne en apenas unas palabras la ruta política de todo aquel que aspire a ganar de nuevo el gobierno de la nación. En España, sólo la pronuncia cotidianamente Vox, lo cual resulta agradabilísimo, y la señora Ayuso cuando tiene alguna oportunidad.

Pero es una frase básica y nuclear. El adversario, el enemigo de la prosperidad ciudadana y del progreso económico es el socialismo, es el Estado que usurpa la responsabilidad individual en pos de una falsa solidaridad bajo la coacción y el decreto, del gasto público que aboca al déficit y a la deuda crecientes, de los impuestos confiscatorios, de la sociedad envilecida sobre la base de las ayudas indiscriminadas y de las subvenciones, de la inmigración sin freno ni contrapartida, de las empresas preteridas en favor de los sindicatos venales que trabajan contra los empleados en situación más precaria, de la propiedad privada puesta en almoneda, del derecho y de la ley arrasados por la arbitrariedad, de las virtudes personales socavadas por una educación sectaria.

En fin, de ese modo de vida entregado a la fatal arrogancia de unos burócratas falazmente comprometidos a promover un orden nuevo y un mundo mejor al que resultaría de los ciudadanos puestos a prueba, persiguiendo su bienestar, reaccionando espontáneamente a los estímulos de una sociedad libre de los designios del ogro filantrópico del que hablaba Octavio Paz, de la granja de Orwell en la que todos son iguales, pero unos más que otros. Vox y también Ayuso, cuando se suelta el pelo, nos proponen el verdadero edén, la contraposición luminosa al socialismo opaco, empobrecedor y gris.

En el foro de ABC, la señora Ayuso casi planteó un programa de gobierno. O para ser más exacto, practicó el derribo de la oposición, del socialismo. Cargó contra la subida de impuestos del Gobierno en mitad de la recesión más cruenta de la historia, arremetió contra la ley Celaá, cuyo único objetivo es estrangular cualquier opción educativa que no sea la controlada desde los poderes públicos y adoctrinar a nuestros hijos fuera del idioma común. Acuso al Ejecutivo por asumir poderes extraordinarios y evitar el control parlamentario durante nueve meses a cuenta del estado de alarma, debeló la ley de la eutanasia…¿Pero de dónde hemos sacado a esta señora tan correcta, mientras el presidente de su partido estaba pocos días después ofreciendo a Sánchez, el gran traidor, recorrer juntos el camino de la recuperación, dispuesto a mancharse las manos de sangre? Esta señora también debería estar en Vox.

Como bien dijo Abascal a Casado en el debate parlamentario “¡qué flaco favor se está haciendo usted, a su partido y a España diciendo que quiere pactar con Sánchez como si fuera algo distinto a pactar con Iglesias!” Juan Carlos Girauta ha escrito con razón que el PP es ese partido que, viendo desde la oposición cómo el Gobierno amenaza con demoler el sistema de 1978, concluye que es él el que se debe centrar. Mi modesta opinión es que la debacle a la que está abocada el PP con este giro radical del Casado con futuro que conocimos en la moción de censura será colosal. El enojo y la desafección hacia Sánchez instalado en la sociedad española no socialista, ni izquierdista, ni progresista ni arrodillada es de tal calibre que cualquier ejercicio de moderación y de pactismo con un tramposo sistémico y ontológico será rechazado de inmediato. Cada vez más. Todo eso es lo que ganará Vox, que cada día que pasa tiene un comportamiento más diáfano y ejemplar.

Para rematar la diferencia de pareceres entre los comunes, la señora Ayuso también dijo que la división del centro derecha no es una opción. Ella que gobierna gracias a Vox, y contra las zancadillas frecuentes del Ciudadanos del vicepresidente Aguado, lo sabe de muy buena tinta. Es una desgracia que Casado todavía no se haya dado por enterado.

El elefantiásico sector público de España: hay un organismo por cada 2.800 habitantes
Diego Barceló Larran Libertad Digital 1 Marzo 2021

En los últimos años, el único esfuerzo para reducir la estructura del sector público fue la CORA (Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas), que funcionó durante el gobierno de Rajoy. Se suprimieron cientos de organismos en todos los niveles de la Administración. Sin embargo, el tamaño actual del sector público evidencia que el trabajo de la CORA debió haber sido solo el comienzo de una tarea aún inconclusa.

La Intervención General de la Administración Pública (IGAE) tiene en su página web un archivo pdf llamado Inventario de entidades pertenecientes al sector de las Administraciones Públicas. Es decir, enumera todos los organismos de todos los niveles de gobierno. Un solo dato basta para darse cuenta de que el tamaño del sector público español es elefantiásico: dicho archivo pdf tiene… ¡¡199 páginas!!

Hay en España un total de 16.851 organismos públicos. Eso equivale a un organismo cada 2.800 habitantes. De esos organismos, 317 corresponden a la Administración Central, 1.314 pertenecen a las autonomías, 15.191 son de la administración local y finalmente hay 29 fondos y mutuas dependientes de la Seguridad Social.

De los organismos autonómicos, un 42% se encuentra en Cataluña (226 entes), Andalucía (219 organismos) y País Vasco (104 entidades) que, por ese orden, son las tres comunidades con mayor número de ellos. La Rioja, con 21 entidades, es la que tiene menos.

Si analizamos en cada comunidad autónoma el número de entidades de con relación a su respectiva población, el panorama cambia bastante. Cantabria, con un organismo autonómico cada 14.900 habitantes, es la que tiene el sector público más grande. Le siguen La Rioja (una entidad cada 15.100 personas), Navarra (una cada 16.400 individuos) y Aragón (una cada 19.300 habitantes). En el otro extremo se destacan Castilla-La Mancha (un organismo público autonómico cada 81.700 habitantes) y la Comunidad de Madrid (uno cada 78.600 personas).

Las comparaciones son odiosas, pero merece la pena hacer algunas. ¿Por qué, si la Comunidad de Madrid puede servir a sus ciudadanos con una entidad cada 78.600 habitantes, Cataluña necesita una cada 33.900 personas? Si la relación entre entidades autonómicas y población fuera en Cataluña igual que en Madrid, a la Generalidad le bastaría con 98 organismos (sobrarían 128). ¿Por qué si a Canarias le basta con una entidad cada 39.400 habitantes, el País Vasco requiere una cada 21.100 personas? Para tener la misma relación que en Canarias, la comunidad vasca tendría que tener 56 entidades (habría un exceso de 48).

Es decir que, aun con la vara poco exigente de comparar unas autonomías con otras, parece evidente que hay mucho gasto innecesario. Si la comparación se hiciera respecto de algún patrón de eficiencia, es seguro que en todas las autonomías habría erogaciones que se podrían suprimir sin rebajar el nivel de los servicios que prestan.

Todo el despilfarro que hay en el conjunto de administraciones se financia con los impuestos que paga el sector privado. Si el gasto público fuera eficiente, se podrían rebajar los impuestos. Hoy el gobierno se apropia de una parte del fruto del trabajo de la gente para financiar ese despilfarro. “Justicia tributaria” sería esto: dejar de robar a la gente un dinero que el gobierno no necesita, y no, como creen los socialistas de todos los partidos, maximizar la presión tributaria sobre los “más ricos”.

Si el gobierno fuera austero, los impuestos serían más bajos, la gente tendría más dinero para consumir, ahorrar o invertir, florecería la actividad privada y se crearían nuevos empleos. Por eso, en el fondo, no hablamos solo de una cuestión financiera. Se trata de un tema de justicia (no quitar indebidamente a la gente lo que es suyo) y de libertad (tener más oportunidades de prosperar sobre la base del trabajo propio).

Sánchez humilla a Casado por enésima vez
EDITORIAL Libertad Digital 1 Marzo 2021

Las negociaciones entre el Gobierno y el PP para la renovación del Consejo de Administración de RTVE y del Consejo General del Poder Judicial son, en sí mismas, un escándalo que degrada nuestra democracia manteniendo esas dos instituciones al servicio de los dos principales partidos. Sánchez y Casado, como sus antecesores, juraron poner fin al pasteleo para repartirse los sillones de los principales órganos constitucionales, pero en cuanto han tenido ocasión han vuelto a intercambiar cromos en una negociación infame en la que el líder popular, como era de esperar, ha llevado la peor parte.

Casado ha sido humillado por Sánchez y su socio Iglesias, a pesar de lo cual parece dispuesto a seguir al servicio de esta pareja de fulleros de la política. Sánchez traicionó a Casado obligándolo a aceptar a dos consejeros podemitas en la cúpula de RTVE a cambio de dejar fuera del CGPJ a los candidatos de Iglesias. Sin embargo, consumado el recambio en el órgano de control de la radiotelevisión pública al gusto del Gobierno, Sánchez ha impuesto a Casado a dos jueces de extrema izquierda seleccionados por su socio chavista como requisito para sellar el acuerdo.

El resultado de este engaño a Casado es inmejorable para los intereses del Gobierno. Por un lado renueva el consejo de RTVE con mayoría izquierdista y, por otro, obliga a Casado a tragar con los candidatos ultraizquierdistas en el CGPJ. En todo caso, el fracaso de esta última negociación con los populares no supondrá ningún desgaste para el Ejecutivo, facultado en tal caso para renovar los miembros del Consejo en el Congreso sin necesidad de una mayoría cualificada.

Casado ha sido vapuleado por los hombres de Sánchez en el transcurso de una negociación en la que, una vez más, la cúpula popular ha hecho el ridículo. No es de extrañar que el equipo negociador del Gobierno se jacte de haber engañado a los dirigentes populares como a unos adolescentes, pero ni siquiera la constatación de que han sido timados les hace recapacitar y poner fin a esta nueva humillación. La prueba de que es que siguen manteniendo contactos con el Gobierno para tratar de colar a los suyos en la reforma de un órgano de los jueces que, de una manera o de otra, quedará más politizado que nunca.

Pablo Casado y Teodoro García se convierten así en los dos únicos españoles capaces de creer en la buena fe de Sánchez e Iglesias al entablar una negociación. La humillación que han recibido los populares es tan absolutamente merecida como injusta para los españoles que confiaron en sus promesas de despolitización de la Justicia y gestión independiente de RTVE como principales banderas de regeneración.

¿Qué hacer?
Pedro de Tena Libertad Digital 1 Marzo 2021

Así se titula uno de los más famosos y extensos folletos de Lenin, que trataba de desarrollar las ideas de otro titulado Por donde empezar, publicado en 1901. Según el propio autor, el objetivo de su reflexión era determinar el carácter y el contenido principal del bolchevismo naciente tras el fracaso de la unión de todos los socialdemócratas rusos y las tareas de organización interna y externa en toda Rusia para conseguir el triunfo del proyecto político comunista. Pero comenzó atizando a la libertad de crítica, con una diatriba contra una socialdemocracia “oportunista” (la que originó la europea de hoy) que asumía la democracia liberal y que renunciaba a la revolución y a la dictadura del proletariado, esto es, a la del partido comunista, de su comité central, de su cúpula y al fin, de su líder, como Trotsky resumió.

En España mucho de esto se vivió en la II República española pero los socialistas, con excepciones notables, en vez de separarse de las tesis comunistas se vistieron con ellas (recuérdese lo del “Lenin español” aplicado a Largo Caballero) y mezclados anduvieron hasta el final de la Guerra Civil. Lo de las independencias regionales no gustaba pero tácticamente podrían ayudar a la lucha final. Cuando se suicidó el régimen, ya muy liberalizado, de la dictadura de Franco, con unas izquierdas fragmentadas, las derechas y el comunismo decadente tuvieron muy claro qué hacer, aquéllas por convicción y éstos por necesidad estratégica ante un futuro incierto. Poco a poco se sumaron todos los actores a la transición a una democracia política al uso europeo.

El problema es que desde el principio se vio claro que había quienes no aceptarían nunca una democracia liberal en una España unida, unos por liberal y otros por unida. Desde la aprobación de la Constitución de 1978, se minó la España tranquila que quiso edificarse con el terrorismo, con reformas que reventaban el equilibrio de poderes y otros equilibrios y con una ofensiva cultural que descalificaba a cualquiera que se opusiera a aquel rumbo que nuevamente podría conducir a otra sacudida nacional.

Se comprobó, tras la refundación de una derecha moderada, que su victoria electoral no sólo no impedía el desarrollo del separatismo y del autoritarismo socialcomunista, sino que de alguna manera trataba de contemporizar con ellos. Ni sus reformas fueron profundas ni se desandaron caminos indeseables, ni en justicia ni en educación ni en cultura ni en corrupción. Por si fuera poco, ni siquiera fue capaz de prever la conquista del poder dentro del PSOE por una pandilla de iluminados con el espejo retrovisor señalando su nueva versión de la II República. Tras el hundimiento del primer intento por el hartazgo de una mayoría absolutísima de españoles, no se hizo nada cuando pudo hacerse casi todo. Es más, se deshizo el llamado centro político en tres facciones, la social liberal y antiseparatista de Ciudadanos, la ambigua y acomodaticia del PP y la nacional y no acomplejada de Vox.

Es evidente que con tres partidos, sin una socialdemocracia militante de la democracia, con una educación abandonada, con una justicia ocupada, con una estructura mediática consolidada al servicio mayoritario de la calcinación española y, ahora, con una pandemia aprovechada para instalar una suerte de estado de sitio con desactivación general de los derechos y deberes, no va a ser fácil la recuperación de la esperanza en una democracia cabal y útil para los ciudadanos españoles de a pie y su convivencia. La partitocracia consagrada se lo guisa y se lo come todo y además juegan con las cosas de comer y juzgar. En unos casos conduce al separatismo, en otros a la corrupción y siempre a una España en que el carné de identidad vale mucho menos que los salvoconductos partidistas.

Hay, pues, que trazar un plan, preguntarse qué hacer antes que dejar hacer y dotarse de la organización y la estrategia global precisas que conduzca a una edición revisada y mejorada de la Constitución de 1978 y de su deseo de reconciliación y convivencia. Eso sí, teniendo en cuenta que ya está claro que hay quienes ni ahora ni nunca aceptarán ese futuro para España y quienes, como Lenin, no quieren ni oír hablar ni de la libertad de crítica ni de ninguna libertad.

Para que la España libre, plural pero no suicida y socialmente equilibrada, no uniformada, fructifique necesitamos una plataforma común de calado estratégico a la que muchos podamos contribuir. Pero tal proyecto parece ilusorio mientras otros aplican sus programas de destrucción de la España constitucional que, si no se neutralizan, conducirán de nuevo a la colisión nacional o, definitivamente, a la rendición de los demócratas ante el totalitarismo vencedor. Nosotros mismos.

Sánchez, Casado y el síndrome de Estocolmo
Álvaro Nieto vozpopuli.es 1 Marzo 2021

El acuerdo de cuatro partidos para repartirse el consejo de administración de RTVE enseña de nuevo la peor cara de España: la de la incompetencia y el enchufismo frente al mérito y la inteligencia

El pasado jueves a las ocho de la mañana, una ola de optimismo invadió las redacciones de los medios de comunicación de casi toda España. El Partido Socialista y el Partido Popular anunciaron en ese instante un acuerdo para renovar la cúpula de Radiotelevisión Española (RTVE), un pacto que presagiaba que durante esa jornada podrían llegar otros similares para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos, organismos todos ellos donde reina la interinidad desde hace meses.

“Al fin un pacto de Estado entre el PSOE y el PP”, anunciaron algunos aquella mañana, festejando la noticia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, se hubieran puesto de acuerdo en algo por primera vez en mucho tiempo. En momentos tan convulsos como los que estamos viviendo es fácil agarrarse a un clavo ardiendo, pero celebrar el enésimo secuestro de la televisión de todos los españoles por parte de los políticos es cuanto menos curioso.

Presentar como algo positivo un pacto entre PSOE y PP por el simple hecho de que no es lo habitual es un absurdo. Lo que hay que juzgar es el detalle del acuerdo. Si ambos pactasen robarnos a manos llenas, ¿también nos parecería una buena noticia? Lo de RTVE no se puede calificar de robo, pero en absoluto se trata de algo que vaya a mejorar la vida de los españoles. Y calificarlo con el pomposo nombre de "pacto de Estado" es una broma pesada. Pactos de Estado serían los de la Educación, la Sanidad, la Economía, las pensiones… pero no esto, que no es más que un burdo mangoneo de instituciones que deberían ser independientes y, por tanto, quedar libres de cualquier injerencia política (y lo mismo vale para RTVE que para el CGPJ o el TC).

Comisarios políticos en RTVE
Lo que han hecho los cuatro partidos que han participado en la componenda (PSOE, PP, Podemos y PNV) no es más que la toma por asalto de una empresa pública que tiene un presupuesto de mil millones de euros anuales y donde, en lugar de poner a gente competente, han decidido colocar a diez amigos para que actúen como comisarios políticos durante los próximos seis años.

Veamos cómo se ha producido este atropello. La ley que regula RTVE, que data de septiembre de 2017, establecía que la elección de los diez miembros del consejo de administración debía hacerse por concurso público. Así, un comité de expertos debía valorar los currículos y los proyectos de gestión de todos aquellos que quisieran aspirar a una plaza, y luego el Congreso de los Diputados debía elegir los diez nombres de entre los 20 mejor puntuados por esos expertos.

En el caso que nos ocupa, hubo 95 personas que se presentaron al concurso. El comité de expertos examinó sus proyectos y los ordenó según su puntuación. ¿Y saben qué pasó entonces? Que como sus amiguetes no se clasificaron entre los 20 primeros, los partidos decidieron en octubre de 2020 pasarse por el forro la criba de los expertos: elegirían a dedo a quienes les diera la gana de entre los 95 aspirantes iniciales. La excusa esgrimida por los políticos para cargarse el trabajo de los expertos tampoco tiene desperdicio: sólo había tres mujeres entre los 20 primeros y eso impedía elegir un consejo paritario. Pero conviene recordar dos pequeños detalles: los expertos evaluaron los proyectos sin conocer el nombre o el sexo de los candidatos… y de los diez finalmente elegidos por los partidos apenas hay cuatro mujeres.

Cinco pruebas del despropósito
Una vez roto el corsé de los expertos con la coartada de la igualdad de género, luego pasa lo que pasa, que acabas eligiendo a cualquiera:

1.- Solo uno de los diez nombres elegidos por los partidos estaba entre los diez primeros del concurso público. El único consuelo es que se trata del que será nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, que quedó en cuarta posición.

2.- Solo tres de los nombres elegidos por los partidos quedaron entre los 20 primeros de los expertos, es decir, los otros siete jamás hubieran podido conseguir el puesto de no haberse roto las reglas del juego.

3.- Pero no es que los elegidos estuvieran entre los puestos 20 y 30, por poner un ejemplo, y que se hubieran quedado a puntito de entrar. Nada más lejos de la realidad: una de las elegidas quedó en el puesto 86 (¡de 95!) y otros dos ocuparon las plazas 56 y 59.

4.- Para hacerse una idea del insulto a la inteligencia que nos acaban de perpetrar Sánchez y Casado, con la complicidad de Podemos y del PNV, basta echar un vistazo a la puntuación obtenida por los consejeros elegidos en el proyecto de gestión que tuvieron que presentar para aspirar al cargo. La puntuación máxima que otorgaban los expertos era de 30 puntos. ¿Saben ustedes cuántos de los diez elegidos consiguieron aprobar ese capítulo, es decir, lograr 15 o más puntos? Tres personas. Y de los otros siete elegidos quizás ustedes piensen que se quedaron al borde del aprobado… pero lamento decirles que uno obtuvo un 0, otro un 2, otra un 5,5 y otra un 6 (¡de 30 puntos posibles!).

5.- De hecho, una de las consejeras finalmente elegidas recibió el siguiente reproche por parte de los expertos: “Su proyecto está copiado de la Wikipedia”. Pero da igual, todo vale.

Los partidos han renunciado a elegir a los mejores para administrar una empresa que gestiona mil millones, pero el país está alborozado porque Sánchez y Casado se han puesto de acuerdo en algo

En definitiva, España en estado puro. Viva el enchufismo y la incompetencia y muera el mérito y la inteligencia. Los partidos renunciando a elegir a los mejores para administrar una empresa que gestiona mil millones de euros anuales… y medio país alborozado porque al fin Sánchez y Casado se han puesto de acuerdo en algo.

Casado se echó atrás con el resto de pactos el jueves por la tarde, y todavía no sabemos si es un movimiento táctico o algo definitivo. Lo que sí vimos el viernes es una comparecencia de Sánchez, la primera en dos meses, cuyo único propósito fue culpar al PP de no colaborar. “Necesitamos un acuerdo para reconstruir el país y luchar mejor contra la pandemia”, llegó a decir el presidente del Gobierno, sin aclarar en ningún momento por qué un reparto partidista de las butacas de órganos supuestamente independientes contribuiría al bienestar de España y a la lucha contra la covid. En Moncloa deben pensar que todos somos imbéciles.

¡Saquen las manos de la Justicia!
Rosa Díez okdiario 1 Marzo 2021

El actual sistema de nombramiento del CGPJ debilita la democracia, destruye la separación de poderes, contraviene el espíritu de la Constitución y compromete la independencia y autonomía del poder judicial. La Ley que lo regula fue declarada constitucional por la Sentencia 108/1986 del TC, si bien en la misma se introdujeron una serie de advertencias muy jugosas sobre los excesos que podrían producirse al aplicar la Ley 6/1985.

Naturalmente que estos párrafos de la sentencia son eludidos sistemáticamente por los partidos que se reparten el botín. Pero aquí estamos para poner las cosas claras y denunciar el atropello. La referida sentencia SOSTIENE que la obligación constitucional de elegir a doce vocales entre jueces y magistrados tiene como principal finalidad que un número mayoritario de Vocales del Consejo tengan CRITERIO PROPIO por EXPERIENCIA DIRECTA sobre los problemas que los titulares de los órganos judiciales afrontan en su quehacer diario:

Considerando 8.
“La Constitución obliga, ciertamente, a que doce de sus Vocales sean elegidos «entre» Jueces y Magistrados de todas las categorías, mas esta condición tiene como principal finalidad que un número mayoritario de Vocales del Consejo tengan criterio propio por experiencia directa sobre los problemas que los titulares de los órganos judiciales afrontan en su quehacer diario…”

La referida sentencia DECLARA que esa finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir doce de los miembros del CGPJ.

Considerando 13.
“Que esa finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir doce de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece pocas dudas”.

La sentencia RECONOCE igualmente el riesgo de frustrar la finalidad constitucional si en el CGPJ se constituye un mini parlamento, “distribuyendo los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”.

“Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”.

E insiste en el mismo sentido en el siguiente párrafo al expresar que ese riesgo “parece aconsejar su sustitución”:

“La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar su sustitución…”.

Pese a todo el TC consideró que todos estos argumentos no eran fundamento suficiente para declarar la invalidez de la ley 6/1985, porque el texto no impide que se aplique haciendo una interpretación adecuada de la Constitución. Es decir, el TC fió la bondad del sistema al benéfico uso que de él hicieran los partidos, pecando de una ingenuidad angelical y obviando que en los debates parlamentarios que precedieron a la aprobación de la ley se puso de manifiesto que precisamente ese, meter la mano en la Justicia para repartirse el botín entre partidos, era el objeto de la nueva Ley.

A pesar de esa increíble “candidez” el Tribunal Constitucional fue muy claro al condicionar la validez del sistema de nombramiento de la totalidad de los integrantes del CGPJ por las Cámaras a que dicha designación no se realizara según un sistema de reparto de cuotas partidistas, pues ello supondría “frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional”.

Los motivos por los que un reparto y designación estrictamente partidista de los miembros del CGPJ supondrían una vulneración de la Constitución y un peligro para la independencia de la Justicia y, por ende, para la propia Democracia se indican en la referida Sentencia un poco antes, en el Considerando 7 de los referidos Fundamentos Jurídicos, cuando se indica lo siguiente:

«Así, las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado. Es, desde luego, una solución posible en un Estado de Derecho, aunque, conviene recordarlo frente a ciertas afirmaciones de los recurrentes, no es su consecuencia necesaria ni se encuentra, al menos con relevancia constitucional, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos actuales»

Como queda reflejado en párrafos anteriores, el TC señala una posible vulneración de la norma “si las Cámaras, atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”.

Tomen nota del reparto de los vocales del CGPJ acordado en 2013:

Grupo Popular: 185 Diputados, 53% de la Cámara,10 Vocales, 50% del CGPJ
Grupo PSOE: 110 Diputados, 31% de la Cámara, 7 Vocales, 35% del CGPJ
Grupo CIU: 16 Diputados, 5% de la Cámara, 1 Vocal, 5% del CGPJ
Grupo IU: 11 Diputados, 3% de la Cámara, 1 Vocal, 5% del CGPJ
Grupo PNV: 5 Diputados, 1,4 de la Cámara, 1 Vocal, 5% del CGPJ

Queda acreditado que desde el momento de la aprobación de la Ley del 6/1985 los vocales del CGPJ han sido votados por los Diputados tras un previo acuerdo fundado en un calculado reparto de cuotas partidistas; un sistema de reparto sobre el que alerta el TC y que supondría la invalidez de la Ley pues ello supondría “frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional”. Reparto entre partidos que alcanza no solo a los veinte vocales del referido órgano de gobierno de los jueces sino también al nombramiento del Presidente del CGPJ, acordado igualmente con carácter previo a la elección de los vocales, que en la práctica, y por más que se empeñen en negarlo, han venido actuando en dicha designación como meros delegados o comisionados de los partidos que los han promocionado.

Ese reparto partidista por cuotas de los integrantes del CGPJ supone una extralimitación de las funciones asignadas a los partidos políticos en nuestra Constitución (art. 66.2 CE), conculca el principio de la independencia de la Justicia y convierte el examen de los candidatos por las Cámaras en una farsa carente de contenido real.

Y díganme si no se está produciendo un claro supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida por el uso que los partidos políticos están haciendo de la ley, que en su aplicación está adquiriendo un nuevo significado que resulta no ser constitucional. ¿No habrá nadie dispuesto a plantear ante el Supremo una cuestión de inconstitucionalidad para obligar a los partidos políticos a sacar la mano de la justicia?

Cuando el PP tuvo un Gobierno reformista
Editorial larazon 1 Marzo 2021

La situación política española está marcada por un hecho que afecta tanto al PSOE como al PP, los dos grandes partidos que, hasta ahora, han gobernado en España: ninguno de los dos puede gobernar en solitario, lo que, en un principio, no debería ser negativo, sino que no tiene una mayoría solvente para asegurar un Ejecutivo estable. Esta dependencia es aún mayor en el caso de la derecha, cuyo voto ha sido dividido por la irrupción de Cs y Vox. Esta compartimentación del electorado tiene el efecto de impedir a medio plazo construir una alternativa ante la izquierda, populistas e independentistas: sumando más votos, no tiene la mayoría de escaños.

Existe una radicalización política que determina tanto al Gobierno como a la oposición, un problema de difícil solución porque es imposible retroceder y corregir errores anteriores. Mariano Rajoy no supo entender la verdadera raíz del desafío independentista cuando ya estaba convocado el primer referéndum del 9-N y actuó tarde y sin proyecto que articulase el constitucionalismo en Cataluña cuando habían decido dar el golpe final a la legalidad; tampoco comprendió, siendo ministro de Administración Territorial en el primer gobierno de Aznar, que las cesiones al nacionalismo sin compromisos claros y el ensueño de la «pax catalana» sirven de poco, como luego se ha podido comprobar. Saber mantener los diferentes tonos, sensibilidades e inspiración política de las familias dentro del partido hubiera evitado que el PP se desgajara, creándose primero Cs y, más tarde, Vox.

La historia sirve para no repetir los errores o aprender de los aciertos. Cuando Aznar llegó a presidencia del PP en 1990 tenía entre sus objetivos mantener unido al centroderecha, pero para eso hacían falta dos cualidades: liderazgo y tener una estrategia clara. Aznar tuvo las dos y consiguió ganar a Felipe González que, pese a estar ahogado por la corrupción, parecía imbatible. El 3 de marzo de 1996 salió al balcón de la sede de la calle Génova –hoy en venta– y con 156 escaños formó gobierno con el apoyo del CiU y PNV. Obtuvo 9,7 millones de votos, techo que hoy resulta una ensoñación, a derecha e izquierda. En las elecciones de noviembre de 2019, el PP de Pablo Casado obtuvo 5,04 millones de votos, una cifra que hipoteca su futuro porque Vox les arrebato 3,6 millones, cifra con la que hubiese superado al actual PSOE gobernante.

La gota china
Nota del Editor 1 Marzo 2021

Siguen con la matraca, no quieren que España deje de ser destruída, no quieren que Vox pueda arreglar algo. Ver el artículo de cabecera de ayer (de FJL).

España
Montesquieu no era un facha
Jorge Vilches larazon 1 Marzo 2021

Negociar la composición del CGPJ con autoritarios y sus aliados rupturistas, y olvidar que el 19 de octubre de 2020 se registró una proposición para devolver la independencia al poder judicial y su despolitización, es sencillamente un error de bulto. No se puede hacer un discurso sobre el riesgo que corre la democracia liberal en manos de los socialcomunistas y a renglón seguido no defender con uñas y dientes sus principios básicos. A estas alturas no se trata de los nombres de los miembros del CGPJ sino de sostener el espíritu de la separación de poderes. ¿Qué más da que no sean jueces «podemitas» si se mantiene la injerencia en el Judicial de un Ejecutivo ávido de poder? Ceder a esa forma de selección es permitir que los socialistas sigan con la acomodación del sistema político a su gusto.

La oposición no debería repetir con el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, el enjuague en la elección del consejo de RTVE, en la que han colocado a un socialista al frente, y han metido a podemitas y a un nacionalista vasco. Es evidente que Sánchez prefiere a Iglesias antes que a los constitucionalistas porque es el puente con los independentistas que aseguran la mayoría Frankenstein.

Este Gobierno ha hecho lo posible para oscurecer a la oposición, deslegitimarla con insultos y desprecios, y acallarla aprobando casi toda la legislación a través de decretos-leyes. Ese sistema de legislar impide que los opositores presenten a la opinión pública su proyecto particular o sus diferencias parciales con el Gobierno. De esta manera, parece que solo existe el programa gubernamental, y que la oposición no tiene ideas ni identidad. Si se quiere construir una alternativa basada en la defensa de la Constitución y de lo que representa, el proyecto común basado en la libertad, es hora de aferrarse a los principios de la democracia liberal, como la separación de poderes. Solo así se generará esperanza y empatía con los electores que ven con preocupación el deterioro del sistema de libertades y el avance del totalitarismo.

Es posible defender con coherencia el mal menor; es decir, si la mayoría parlamentaria, en manos de Podemos y los rupturistas, amenaza con hacerse con todo el poder judicial es lícito pactar nombres de jueces moderados. Ahora bien, si esta vía es imposible porque Iglesias y Sánchez se empeñan en personas, como De Prada o Victoria Rosell, más inclinados a la política que a la justicia, es obligado que el PP sostenga con vigor la proposición de ley para devolver la independencia al Judicial. No estaría de más que el partido de Casado se uniera a Vox y a Ciudadanos en esa iniciativa, en lo que sería un primer y necesario acercamiento a la colaboración del centro-derecha, y convencerse de que Montesquieu no era un facha.

Tras el fracaso en la negociación del CGPJ, volverán los ataques gubernamentales y de sus aliados a la oposición. Esto se evita tomando la iniciativa con esa proposición. Debería estar claro que la democracia no es someterse al dictado de un gobierno porque tiene una mayoría circunstancial, sino sostener los principios democráticos. En esa circunstancia tiene que notarse la diferencia entre quienes quieren convertir España en una escombrera sobre la que levantar su régimen propio, y los que defienden el proyecto común de la Constitución de 1978.

La oposición debería explicar a los españoles que ser demócrata no es obedecer automáticamente al Gobierno, sino defender el sistema que hace posible la democracia. Ya escribió Edmund Fawcett que para conservar las instituciones liberal-democráticas se requiere una minoría vigorosa y una mayoría confiada. Con esto sería suficiente. El problema es que si no hay vigor ni coherencia no hay confianza.

Macarena Olona: «Vox no dejará caer a la Junta de Andalucía, hemos puesto fin a 40 años de tiranía roja»
Borja Jiménez. okdiario 1 Marzo 2021

Macarena Olona, portavoz de Vox en el Congreso y secretara general del Grupo Parlamentario en el Congreso, ha dejado claro que no serán ellos quienes dejen caer a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, toda vez que ha sido precisamente Vox quien han puesto fin a «40 años de tiranía roja» gracias a su apoyo al Gobierno autonómico de PP y Cs.

En este sentido, Macarena Olona ha querido recordar, en una entrevista concedida en Sevilla a OKDIARIO Andalucía, que «la pelota está en el tejado» de la Junta, liderada por PP y Cs, que sólo tiene que «cumplir los acuerdos» pactados con Vox para que no se tambaleen los cimientos de un apoyo que permite al Ejecutivo de Juanma Moreno seguir haciendo olvidar a los andaluces los 37 años de corrupción del PSOE-A.

Vox Andalucía, recuerden, ha advertido al Gobierno autonómico andaluz de que, si no se implanta el ‘pin parental’, tal y como acordaron, no apoyará ninguna de sus propuesta en el Parlamento. Macarena Olona, sin embargo, se ha mostrado confiada en que los de Juanma Moreno cumplirán, y sólo queda expectante «para ver en qué términos, en qué condiciones y si nos resulta satisfactorio».

OKDIARIO: ¿Por qué ha venido Vox a Sevilla a reivindicar la autonomía el Día de Andalucía?
Macarena Olona: Venimos a reivindicar el amor a Andalucía, y por eso bajo ningún concepto permitiremos que nadie nos llame negacionistas, que diga que estamos en contra de Andalucía. Nosotros estamos en contra de un estado de las autonomías que ha supuesto un claro beneficio exclusivamente para los políticos, pero que después de 40 a lo que ha dado lugar es a una inmensa desigualdad en España para todos los españoles.

Consideramos que el 28 de febrero no es una efeméride digna de conmemoración, porque lo que recuerda es que hace 41 años, un 28 de febrero de 1980, los andaluces fueron sometidos a referéndum para el inicio de un proceso autonómico que ha desembocado en la situación actual.

El ejemplo más claro para cualquier español está en que, ante una crisis sanitaria, un virus, una pandemia que no conoce de fronteras, y nos encontramos con que 17 reinos de Taifas han dado lugar a un absoluto Estado caótico, y a una absoluta desigualdad de los españoles, que según donde residan encuentran que su bienestar es mayor o menor, que pueden trabajar o que se les prohíbe.

¿Qué es Andalucía? Andalucía es vida, Andalucía es trabajo, Andalucía es amor, Andalucía es alegría. Por supuesto que la identidad de Andalucía tiene que prevalecer, porque es un signo cultural que es merecedor de protección.

OKDIARIO: Vox ha dicho que no apoyará al Gobierno de Juanma Moreno hasta que no implante el pin parental. ¿Peligra la Junta de Andalucía de PP y Cs?
Macarena Olona: Es que puestos a señalar días conmemorativos para Andalucía yo mencionaría el 2 de enero, por la Toma del Reino de Granada por parte de los Reyes Católicos. Mi Granada. O el 2 de diciembre de 2019, cuando por fin Andalucía votó por el cambio y tuvimos como resultado doce extraordinarios parlamentarios de Vox que irrumpieron en el Parlamento andaluz.

Nosotros bajo ningún concepto hemos dicho que vayamos a dejar caer al Gobierno de PP y Cs, que como bien sabéis están en el Gobierno gracias al apoyo de Vox, que no entró en el Gobierno.

Lo que sí que decimos alto y claro es que los acuerdos están para cumplirse, por lo tanto, se está incumpliendo un claro acuerdo que es obligatorio para todas las partes y que pasa por devolver a los padres el derecho que tienen reconocido en la Constitución, por cuya virtud es necesaria la autorización de los padres para que los hijos reciban cualquier actividad complementaria escolar.

A partir de aquí, la pelota queda en el tejado del señor Juanma Moreno, quien ya ha dicho que efectivamente va a cumplir ese acuerdo. Estamos expectantes por ver en qué términos, en qué condiciones y si nos resulta satisfactorio. Lo que tenemos muy claro es que no será Vox quien deje caer al Gobierno de Andalucía, ha sido gracias a Vox quien ha permitido que acaben 40 años de tiranía roja y de corrupción en Andalucía.

Si el PP y Cs no cumplen con los acuerdos comprometidos con Vox tenemos muy claro que la respuesta la tendrán en las urnas en diciembre de 2022, como fecha límite.

El chavismo catalán y sus estrategias de destrucción
LA HISTORIA SE REPITE
Daniel Lara Farías https://gaceta.es 1 Marzo 2021

Empezando por el principio, la tropa destructora que acompañó a Chávez a la toma del poder en Venezuela, no provenía de un solo sitio. Era un diverso zoológico que agrupaba a sus cómplices militares de los dos golpes de estado que encabezó contra la democracia venezolana en 1992, a intelectuales de izquierda mantenidos por el presupuesto a instituciones culturales y universitarias y por una amplia gama de personalidades de todo signo ideológico, que se montaron al carruaje chavista unidos en su odio a las instituciones que le habían sido esquivas por cuarenta años de democracia.

Ahí estaban los ex guerrilleros de los años sesenta y setenta del siglo veinte y estaban los nostálgicos del régimen predemocrático. Sumaban a sindicalistas de la más recalcitrante izquierda comunista y sumaban a banqueros y empresarios de raigambre plutocrática, resentidos por formar parte de los equipos perdedores en las contiendas por la obtención de contrataciones públicas y migajas de las rentas petroleras que se deslizaban desde el poder.

Pero el chavismo de quien requería era de las inmensas mayorías de calle, movilizadas casi de forma permanente y muchas veces con espontaneidad y sin mayor organización, en apoyo del golpista aspirante a la presidencia. Los que hicimos oposición desde el primer momento, éramos testigos de la inmensa convocatoria de calle que lograba el personaje, con pocos recursos disponibles al principio para sus arengas. Y fue allí donde subieron las acciones de los viejos liderazgos de izquierda, los agitadores de calle, los héroes de calle, vociferantes de parlante, convocantes populares.

La calle. El chavismo se apoderó de las calles y para eso requería de los experimentados manifestantes de oficio que salían un día a la semana en las universidades públicas a encabezar desórdenes sorpresa y relámpago contra la propiedad privada, a “combatir” a la policía y a luchar, encapuchados, contra el orden establecido.

Lo lograron. Llegaron al poder. Y al llegar, llegaba entonces la gran interrogante: “Ahora que somos gobierno ¿Qué hacemos con nuestra enemiga principal, la Policía que nos combatió, encarceló y mantuvo a raya nuestros desmanes durante cuarenta años?”.

Destruirlas fue el objetivo. Y a ello se dedicaron de forma lenta, pero eficaz. Primero desde el verbo, convirtiendo a los cuerpos de seguridad en “cuerpos opresores”, “represores profesionales” y “esbirros”.

La alteración del orden interno policial fue el siguiente paso. Saltarse los méritos para colocar a la cabeza a jefes desleales a la institución pero afiliados al chavismo. Politizar la función policial, al punto de que el chavismo en el poder decidió seguir en las calles, a pesar de ser gobierno, protestando por cualquier cosa que se supone debían resolver desde el poder que detentaban.

Así, el chavismo convocaba manifestaciones por el derecho de los pensionados. Muy bien. Pero en vez de dirigirse a las instituciones que se suponía que ellos controlaban, las dirigían a la central patronal, Fedecámaras. Allí, con el discurso encendido de activistas enemigos de la empresa desde siempre, terminaban arremetiendo contra las vidrieras de la sede, contra los periodistas que cubrían sus desmanes y contra la policía que, después de pasar mucho rato observando la situación sin recibir “órdenes de arriba” para actuar, terminaban interviniendo en la reyerta.

Y así, un elemento importante: cada vez que esto ocurría, con Fedecámaras, con una alcaldía o gobernación en manos de un opositor al chavismo o con un medio de comunicación crítico o demasiado independiente para el gusto oficial, el relato al día siguiente en los medios afiliados al chavismo daba cuenta de “los excesos policiales”. De la “incapacidad de la policía para detener a infiltrados violentos de la derecha”. Y, por supuesto, de “acciones de desestabilización organizadas por la CIA” que se aplicaban en Venezuela “como hicieron con Allende en Chile”.

Así fue. No me lo contaron: lo viví. Por eso, cuando me entero de la acción terrorista que padecieron antimotines de la Guardia Urbana Municipal, a los cuales ¡nada más y nada menos! les incendiaron una patrulla con agentes policiales dentro que milagrosamente lograron escapar a la arremetida, me invaden recuerdos del chavismo.

Sobre todo cuando revisando las redes al respecto, encuentro a la gradería chavista-catalana azuzando con algarabía la “hazaña” al grito de “¡hijo de puta, sal corriendo, cabrón!”, derramando además la relativización de la violencia que tanto le gusta a la izquierda cuando delinquen los suyos.

Entiéndase, además, que toda esta muestra de violencia, es para pedir la liberación del rapero Hazél, acusado, precisamente, de azuzar la violencia con sus canciones de letras delictivas. Flaco favor le hacen: incendiando la ciudad e intentando quemar vivos a los policías, solo le dan la razón a los que asumimos que las letras de Hazél son órdenes a las huestes que le siguen.

Así lo hicieron en Venezuela y así van en Cataluña

Como he narrado, empezaron en el discurso: la Policía de los ricos, la Policía contra el pueblo. La Policía contra revolucionaria, etc. Eso desde la calle y desde la agitación.

Pero desde el poder constituido, desde las instituciones en manos del chavismo, el discurso apuntaba también a la Policía: “represión excesiva”, “organismos represivos”, “debe ponerse coto a los abusos”, “la Policía debe proteger al ciudadano, no encarcelarlo” (¿?) y otras lindezas. Repetidas las declaraciones oficiales con los titulares de la prensa oficial, la Policía terminó en el bando de “los malos”.

¿La solución planteada? Las policías regionales o autonómicas, municipales etc, formaban parte del “viejo modelo policial a superar”. Eso nos decían ante cada supuesto “exceso”. Se quejaba Chávez de que gente pobre fuese presa, porque, al fin y al cabo, “si yo tuviese hambre, también robaría”, exclamó desde su púlpito en cadena nacional. Y lo hizo frente a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a la que se atrevió además a preguntarle: “¿No lo haría usted también, doctora?”.

Ese era el discurso oficial. Siempre contra el orden y contra la policía.

Pero obviamente, todo tiene un momento, un punto de inflexión en la historia. Y este nos llegó en abril de 2002, cuando una inmensa manifestación de calle, cifrada en mas de un millón de ciudadanos, se dirigió al palacio de Miraflores en Caracas a exigirle a su inquilino Hugo Chávez que renunciara. Ante dicho movimiento popular, absolutamente genuino y –de paso– desarmado, al padre de la desgracia no se le ocurrió mejor idea que la represión a tiros. Para ello, echó mano de los elementos más fieles de la Guardia Nacional que rodeó el Palacio, francotiradores hasta el día de hoy impunes y los famosos “Círculos Bolivarianos”, hoy constituidos en “Colectivos” de la Revolución.

Una imagen resume todo: un grupo de pistoleros civiles, que entraban y salían de Miraflores y edificios oficiales aledaños. Disparaban desde el Puente Llaguno hacia blancos que, se adivinaban, eran humanos. De esas balas hay víctimas civiles. Y quienes ejecutaban dicho ataque, se excusaron ante los tribunales chavistas dicendo que ellos no le disparaban a la gente. Fueron absueltos.

“No disparábamos al pueblo, sino a la policía golpista del Alcalde Mayor de Caracas, Alfredo Peña”.

Esa es su versión de los hechos. Y esa confesión, que era lo suficientemente grave como para condenarlos, fue el elemento usado para declararlos inocentes, por obra y gracia del abogado de los pistoleros, el hoy presidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno.

¿Por qué se les absuelve? Porque la policía a la que dicen que le disparaban, ese día estaba haciendo lo que debía: proteger a los manifestantes pacíficos y repeliendo a quienes disparaban contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestar. Lo normal en un Estado de Derecho es que el ciudadano desarmado y pacífico esté en la calle y el pistolero asesino en la cárcel.

En el chavismo, no.

No puedo dejar pasar la ocasión para recordar o informar a quien no lo sabe, que el líder de la pandilla de pistoleros vive hoy en España: Richard Peñalver, quien se declara “perseguido”. Seguramente, por fantasmas de sus propias víctimas. Pero ya eso es otra cosa.

La fórmula chavista en Cataluña
Debo confesarme sorprendido por la velocidad que lleva el chavismo en España. En Cataluña es casi un chavismo con esteroides. Un chavismo engordado con hormonas de crecimiento que empuja escenarios horribles.

Un caso, relatado por el reportero del ABC Salvador Sortres, da cuenta de la insólita situación que le tocó vivir a una gerente de hotel, que acudió a auxiliar a una chica manifestante herida por sus propios compañeros. La señora, al regresar de dejar a la herida en la ambulancia, se encontró con la turba rodeándole para entrar a destrozar el hotel al grito de “a por los pijos”.

El relato me llevó a la Caracas de 2002. A esa Caracas donde el chavismo resumió todo el problema en una lucha entre “los pata en el suelo” (descamisados, pobres) del Oeste caraqueño y “los sifrinos” (pijos) del este capitalino. Todo valía en la batalla, pues, al decir de Hugo Chávez “ser rico es malo”.

Eso fue todo. Ese fue el grito de guerra con el cual se justificaba toda violencia. Destruirle la vidriera al rico, porque el pobre tiene rabia y por tanto tiene derecho. ¿Y la policía? Pues depende.

Después del sangriento abril de 2002, el chavismo enfiló contra la Policía Metropolitana acusándola de ser agente de la represión y ejecutora de órdenes de la CIA. Intervino sus mandos y se los arrebató a la Alcaldía Mayor de Caracas. Los jefes de la Policía y algunos de sus agentes que actuaron en defensa de la constitución aquellos días, aún están presos en Caracas. Son los presos políticos del chavismo con más tiempo tras las rejas.

Y con la excusa de que “no volviera a pasar”, se les retiró la competencia a los gobernadores regionales sobre sus propias policías. Toda policía regional era dirigida desde el gobierno central. Al tiempo, lo mismo pasaría con las policías municipales.

El chavismo crearía entonces la Policía Nacional, completamente politizada en su actuar, hasta el punto de que los jefes de los “colectivos” son en su mayoría agentes de este cuerpo. Y dentro de ese cuerpo maligno, un tumor pestilente: la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) encargada de acciones selectivas contra blancos civiles, acusada de ejecuciones, represión ilegal, tortura, desapariciones, detenciones ilegales y de cuanto delito se encuentre lleno el código penal venezolano.

Al final, acabó el “viejo orden” de la Policía que perseguía al delincuente y protegía al ciudadano y se instauró la Policía como facción armada del partido, de la revolución, del proyecto. Con lealtad al líder, no a la constitución. Con inmunidad para reprimir al disidente. Con la orden de proteger a quienes con el puño en alto de la revolución proletaria, revienten la vidriera del capitalismo.

Allá fue Venezuela. Para allá va caminando España.

Y me sentí en el deber de hacer un alerta. A quien pueda interesar.

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Digamos terrorismo urbano

En España no hace falta cambiar el ‘modelo policial’ catalán, salvo para garantizar su lealtad constitucional. Solo hace falta llamar a las cosas por su nombre y aplicar la ley
Editorial ABC 1 Marzo 2021

Más que de un salto cualitativo dado por los violentos, el intento de quemar una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona es un paso perfectamente previsible en la progresión que está tomando el acoso de la extrema izquierda violenta en Cataluña. Con dos guardias en el interior del vehículo, lo que sucedió fue un intento de asesinato, perfectamente calificable como terrorista y como tal debería ser perseguido y enjuiciado. Menos condenas vacías y más respuestas eficaces. En Cataluña se ha pasado de la violencia callejera al terrorismo urbano, con todas las consecuencias que este cambio de denominación implica. Lo que sucede noche tras noche en las calles de Barcelona busca «alterar gravemente la paz pública», finalidad por sí sola suficiente, como dice el Código Penal, para que los hechos puedan ser tratados como terrorismo urbano. Si, además, según los servicios de información de los Mossos d’Esquadra, los ataques que reciben las fuerzas de seguridad están perfectamente planificados y ejecutados por grupos coordinados, ya no podemos hablar de jóvenes violentos, sino de grupos criminales, lo que añade más evidencia a la finalidad terrorista del vandalismo de extrema izquierda.

Quien tiene que dar un salto cualitativo es el Estado para que realmente se imponga el imperio de la ley. Hay un discurso corrosivo que tiende a banalizar cuanto de ilegal y delictivo sucede en Cataluña, desde el asalto sedicioso del 1-O, hasta la violencia sistemática contra su policía autonómica. Todo cuenta siempre con coartadas oportunistas basadas en el ejercicio de derechos y libertades, pero a la luz de la ley no pueden esconder su realidad criminal. Se trata de poner el foco de la ley en cuanto está ocurriendo en Cataluña. Mientras no se haga, esta comunidad seguirá presa de la ceguera voluntaria de su clase política dirigente, cuya conclusión después de más de una semana de vandalismo en Barcelona, con decenas de policías heridos y cientos de miles de euros en bienes destruidos, es que ‘hay que cambiar el modelo policial’. La senda abierta por el separatismo en Cataluña y por Unidas Podemos en el Gobierno lleva a la implosión del Estado de Derecho, salvo que el Estado de Derecho reaccione. Pero eso exige cambiar muchas cosas que, ahora mismo, forman parte del estatu quo que legitima la violencia desde las instituciones, porque hay una parte de las instituciones que está tomada por políticos que alientan la violencia o la justifican.

Una verdadera condena de los actos vandálicos cometidos por la extrema izquierda en Cataluña tiene que ir acompañada por cambios visibles. Si el PSOE condena esa violencia, no puede ser socio de Unidas Podemos en el Gobierno central. Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena esa violencia, debe cesar a los ministros de Unidas Podemos. Y si Salvador Illa condena la violencia, debe zanjar con un no rotundo cualquier opción de pacto con Esquerra Republicana y los comunes. Claro que la buena relación del PSOE con Bildu es un contrapunto a la esperanza de que los socialistas actúen como exigen las prioridades básicas de la democracia.

De la ‘kale borroka’ de ETA hemos pasado a la ‘kale borroka’ de la extrema izquierda. De los discursos legitimadores de Otegui hemos pasado a los discursos legitimadores de los socios de Sánchez, es decir, Unidas Podemos y ERC. No hace falta modificar el régimen penal de los delitos de odio o de enaltecimiento del terrorismo, ni cambiar el ‘modelo policial’ catalán, salvo para garantizar su lealtad constitucional. Solo hace falta llamar a las cosas por su nombre y aplicar la ley. Digamos, por eso, terrorismo urbano y que empiece a funcionar la Audiencia Nacional.

Quo vadis, Hispania?
Ignacio Ruiz-Jarabo vozpopuli.es 1 Marzo 2021

Ante la triple amenaza presente: Pandemia sanitaria, crisis económica y riesgo podemita, Sánchez y Casado están obligados a entenderse

Recién constituidas las actuales Cortes Generales pudo verse de inmediato que, descartada una nueva convocatoria electoral y desechado por PSOE y por PP un gran acuerdo entre ambos, la única alternativa posible era que Pedro Sánchez pactara su investidura con Unidas Podemos y con otras fuerzas.

Así, investido un presidente del Gobierno español con los votos de tres formaciones políticas (Esquerra Republicana, Bildu y Bloque Nacional Gallego) que propugnan abiertamente la salida de España de sus respectivos territorios, se dio paso a un gobierno de coalición que incluyó a varios ministros podemitas. Para muchos, la presencia morada en el gobierno levantó augurios poco venturosos.

Desde entonces, España ha sufrido el cruel azote de la pandemia planetaria y la devastadora crisis económica mundial subsiguiente. Por si fuera poco, la conducta de los violáceos -dentro y fuera del Consejo de Ministros- viene dando la razón a los que la vieron con pesimismo y a buena pocos de los demás.

Apoyo a los bárbaros de Barcelona
Así, los amoratados han expresado su comprensión y apoyo a los bárbaros que han incendiado las calles de Barcelona iluminando agresiones a policías, robos a establecimientos mercantiles y destrozos callejeros. Encima, han argumentado que las revueltas estarían justificadas por el encarcelamiento de un rapero por causa de lo que ha dicho, circunstancia que consideran un síntoma de la falta de libertad de expresión.

Pero el argumento de los cárdenos se basa en una falsedad. Aunque el delincuente encarcelado haya escupido por boca y pluma varias y variadas manifestaciones deleznables, entre otras su cruel mofa por la muerte de un joven torero cuando ejercía su profesión, su entrada en prisión se origina básicamente por diversos hechos delictivos: agresión física con daños personales, ocupación ilegal de bienes inmuebles…

Además, el alegato de los purpúreos rebosa incongruencia. Mientras reclaman el derecho del reseñado delincuente a vomitar atrocidades, postulan el control político de los medios de comunicación para amordazar a los periodistas poco afines.

No son menos inquietantes las recetas económicas que propugnan. Sus propuestas de nacionalizar la industria farmacéutica y las compañías eléctricas, desprivatizar la parte de la Sanidad que no es pública, crear un gran banco estatal que cuasi monopolice el sector, intervenir el mercado privado de alquiler de viviendas, ahogar y condicionar el funcionamiento de los centros educativos no estatales…, evidencian que el modelo económico de los malvas constituye una burda reproducción de la añeja doctrina de la Tercera Internacional.

Añádase el modo de gestionar su propio partido, con sucesivas purgas y depuraciones que finalizan con la expulsión de aquellos que no practican el si señorear a su líder. En esto, los violetas aplican los usos y costumbres del padrecito Stalin.

Por último, a juzgar por el curso de la investigación judicial en marcha, pareciera que las neuronas del partido lila han dispuesto de los fondos procedentes de las subvenciones electorales con una praxis no ajustada ni a la ética ni a la legalidad. De ser lo que parece, estarían traicionando hasta lo que constituyó una de las señas de identidad que vendieron al nacer.

Pese al bagaje que atesoran: Arcaísmo de sus ideas y propuestas; control interno cuasi policial; corrupción -por confirmarse- del dinero público, siguen siendo parte del Gobierno de España y existen pocas y poco probables opciones para que dejen de serlo.

En el corto plazo no se adivina -y tampoco parece conveniente- la disolución anticipada de las Cortes. Y si Pedro Sánchez se atreviera a sustituir la actual coalición gubernamental configurando un gobierno monocolor, se encontraría con serias dificultades para sacar adelante en el Congreso sus proyectos legislativos.

Así las cosas, es hora de pensar que ante la triple amenaza presente: Pandemia sanitaria; crisis económica; riesgo podemita, Pedro Sánchez y Pablo Casado están obligados a entenderse para acordar la solución que necesita España. ¿Serán capaces?

Despedida
Nota del Editor 1 Marzo 2021

Ya falta menos para que España se libere del dr cum fraude y del ms cum fraude, obligados ambos a desaparecer a causa de las tropelías causadas a España. previo levantamiento de alfombras y devoluciòn de lo afanado y que no se olviden de apagar las luces en Ferraz y Génova.

Cataluña se les va de las manos
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 1 Marzo 2021

Mientras los empresarios y comerciantes de Barcelona alertan del riesgo de que el país se les vaya de las manos a las autoridades políticas, Illa, el del «efecto» que iba a traer la convivencia a Cataluaña e iba a reunir a todos los catalanes en torno a un proyecto de concordia, reconoce que existe un riesgo cierto de haber perdido el control de la calle, del orden y de la convivencia. Sí; Cataluña se les ha ido de las manos.

El asalto a las comisarías por los vándalos de Hasel supone un salto cualitativo, inédito en Europa.

«¿Qué pasa, allí no están preocupados?, ¿no tienen crisis por la pandemia?, ¿no están hartos de la situación», se ha preguntado Sans, quien ha calificado Barcelona como «una ciudad asediada y devastada«, y hacerla antes de que «el país de vaya de las manos». El empresariado catalán pidió el pasado domingo, tras otra noche de graves disturbios en Barcelona, que los políticos, especialmente quienes están al frente de la Generalitat y el Ayuntamiento, condenasen claramente la violencia y apoyasen explícitamente a los Mossos. Denuncian «una ambigüedad calculada» que «da más oxígeno a los incendiarios». «Hemos tenido demasiados complejos durante demasiado tiempo», se lamenta Sans.

El Gremio de Hoteles de Barcelona, por su parte, ha condenado en un comunicado los incidentes de anoche en la capital catalana, durante los que un grupo de violentos causó graves daños en el hotel NH ubicado en la Rambla de Cataluña.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe con «firmeza» para frenar a los «grupos organizados terroristas y anarquistas» que están «sembrando el terror» en Barcelona.

«Esta forma de terror callejero no debe representar a las calles de España, y lo que tiene que hacer el Estado es estar en todo el territorio para procurar la libertad y la paz de sus vecinos».

Catorce personas fueron detenidas en Barcelona en los graves disturbios registrados anoche al término de la manifestación a favor del rapero Pablo Hasel, con tiendas saqueadas, oficinas bancarias vandalizadas e incluso un ataque a una comisaria de la Guardia Urbana, donde fue quemada una furgoneta del cuerpo con un agente en su interior, que pudo salir.«Es intolerable que, después de tantos días… estén los comerciantes y las familias secuestrados en sus casas, viendo cómo destrozan sus comercios», ha dicho Ayuso, quien ha trasladado «todo su apoyo» a los barceloneses y sus fuerzas de seguridad.

Por su parte, el presidente del grupo de Ciudadanos (C’s) en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusado al Govern en funciones de actuar con «pasividad» ante la violencia que se está viendo estos días en las calles de Barcelona y otras poblaciones catalanas, y ha anunciado que se plantea pedir responsabilidades penales por ello.

«Ya basta de esta violencia en las calles y de la pasividad inducida desde el Govern. Queremos saber quién ha dado las órdenes».
Carrizosa ha alertado sobre la «batasunación de la política catalana» y ha instado al conseller de Interior, Miquel Sàmper, a actuar «con un poco menos de hipocresía». «A él no le corresponde condenar, sino actuar y protegernos a todos».

Olona, sobre Marlaska: «Ha traicionado todos sus principios con tal de subirse al coche oficial»
Borja Jiménez. okdiario 1 Marzo 2021

Macarena Olona, portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso, ha lamentado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya olvidado sus tiempos luchando contra ETA desde la Audiencia Nacional. «No le queda ni la sombra de la toga», ha opinado Olona, que cree que Marlaska «ha traicionado todos sus principios con tal de subirse al coche oficial».

En una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía, Macarena Olona, que ha acudido a Sevilla el Día de Andalucía para reivindicar el fin del Estado de las autonomías, ha lamentado el constante acercamiento de presos de ETA a prisiones vascas, muchos de ellos desde cárceles andaluzas.

En este sentido, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su vicepresidente, Pablo Iglesias, han celebrado el día de todos los andaluces mientras pactan con los quienes protegen a los asesinos de muchos de ellos, como sucedió precisamente en la capital hispalense, en la que se ha desarrollado esta entrevista, con el asesinato a sangre fría del concejal del PP, Alberto Jiménez-Becerril, y su esposa, Ascensión García.

OKDIARIO: ¿Se puede celebrar el Día de Andalucía mientras pactas con proetarras que no condenan los asesinatos de andaluces como Ascensión García y Jiménez-Becerril?

Macarena Olona: La mayor traición que está cometiendo este Gobierno socialcomunista en relación con las víctimas de terrorismo es que han rendido la memoria, han rendido la batalla del relato, y lo que hoy tenemos, gracias a que lo hizo público el partido extorsionador vasco, es un acuerdo del Gobierno de la Nación con Bildu, por cuya virtud cada viernes proceden al acercamiento de cinco etarras, algunos de ellos con delitos de sangre, a cárceles próximas al País Vasco.

Vox denunció lo que ahora se evidencia y queda cierto: Presupuestos por presos. Hay líneas rojas. Hay límites que, en Democracia, porque se los debemos a esas casi 1.000 víctimas que dieron su vida para que tú y yo podamos disfrutar de la libertad que tenemos. Esas líneas rojas se han transgredido una y otra vez por parte de este Gobierno, y por eso Marlaska siempre tendrá en frente al Grupo Parlamentario Vox que dirá alto y claro que es el peor ministro de Interior de toda la historia Democracia española y desde luego, de ese magistrado que estuvo luchando en la Audiencia Nacional contra el terrorismo de la ETA, paradójicamente, no queda ni la sombra de la toga. Ha traicionado todos sus principios con tal de subirse al coche oficial.

Cataluña, ciudad sin ley. Quien vientos siembra recoge tempestades. La herencia del procés.
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 1 Marzo 2021

Dígase lo que se diga lo cierto es que las principales ciudades de Cataluña llevan sumidas en la violencia y el caos del terrorismo callejero desde el ingreso en prisión de un personaje de quinta, probablemente desequilibrado, con una propensión al matonismo clara y que no deja de ser el cojo manteca en versión indepe y quizás modernilla. Un tío cutre, que se ha dedicado a insultar y a amenazar a medio país, que ha sido condenado por enaltecimiento del terrorismo (es decir, del crimen) y que echa espumarajos de odio cada vez que abre la boca. Tiene la mirada del poseído por el mismísimo diablo y además canta fatal.
¿Por que un tipo de esas hechuras ciudadanas y morales ha montado este caos? ¿Como es posible que le sigan cientos de jóvenes?
No nos engañemos. Le siguen porque son como él. ¿Y por que son como él? Porque en Cataluña llevan mucho tiempo sembrando el odio: odio contra España, odio contra la lengua española, odio contra los españoles que fueron a trabajar allí, odio contra los catalanes que quieren seguir siendo españoles, odio contra la historia, odio, odio y más odio.

Los dirigentes nacionalistas han alumbrado a jóvenes educados en el rencor, en el resentimiento, en la frustración. Les han dibujado un falso paraíso al que no pueden llegar por culpa de seres que además -se les dice, se les educa en ello- son inferiores. Estos vándalos son una pijos supremacistas que no tienen dos dedos de frente.
Apelan a la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión no consiste en decir -recuerda Savater en frase de Víctor Pradera- «abran fuego».

En Cataluña el procès ha creado el perfecto caldo de cultivo para la violencia. Ahí los tienen. Manadas de odiadores guiados por los profesionales de la kale borroka. Los mismos de Chile, de Colombia, de BLM, los líderes del movimiento antifa, los iconoclastas de pacotilla que derribaban las estatuas de Junípero Serra, los nuevos talibanes.

Durante muchos años sembraron estos vientos. Ahora, a ver quien detiene la tempestad que además -imbéciles- está manejada desde fuera. Cataluña no se hace independiente. Se hace salvaje.

 


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