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Ideología para la ruina
EDITORIAL https://gaceta.es 3 Marzo 2021
Después de un año de pandemia —de enfermedad, muerte, destrucción de
empleo, destrucción del tejido empresarial, incertidumbre, tedio,
depresión, crisis institucional y reputacional, desinversión y
muchos meses de estado de emergencia—, que ningún pequeño empresario
haya recibido ayudas directas sino trabas a su actividad, que los
autónomos hayan sufrido una subida de su ya de por sí abusiva cuota,
que no se haya aprovechado para reformar y agilizar la demencial
burocracia necesaria para crear una empresa, que se acose a la
hostelería, que todo el plan gubernamental pase por una subida de
impuestos y por el reparto discrecional y sin control de ayudas
europeas que todavía no han llegado, que se presenten proyectos
absurdos de quitas de deuda discriminatorias y que las emergencias
en tiempos de pandemia sigan siendo climáticas, feministas o
antifascistas… nos obligan a dudar de si estamos ante un Gobierno
inepto o un Gobierno siniestro.
Cuatro millones de parados, cerca de un millón de trabajadores en
Erte (una situación temporal y precaria que jamás fue pensada para
tiempos de emergencia sanitaria), y una caída en los salarios de los
trabajadores de la empresa privada como no se había padecido en
medio siglo, colocan a España en una situación de extraordinaria
debilidad ante nuestros socios europeos, que hacen bien en reclamar
una doble vigilancia sobre los fondos.
Es lamentable que la pandemia financiera —fruto de la
irresponsabilidad de tantos que a día de hoy siguen cobrando sus
abultadas nóminas con dinero de los sufridos contribuyentes— haya
golpeado España con un Gobierno socialcomunista en el que ninguno de
sus ministros, vicepresidentes o el propio doctor (?) en Economía
que lo preside sabe lo que es levantar una persiana al amanecer o
conoce el enorme esfuerzo que suponen los costes a fondo perdido
para la creación de una empresa, por no hablar de la lucha diaria
que millones de pequeños empresarios y autónomos llevan a cabo cada
trimestre para atender sus obligaciones.
Los remedios para tiempos de crisis están probados y funcionan.
Rebajas de impuestos, incentivos a la inversión empresarial,
eliminación de los obstáculos a la contratación, aplazamiento
general de las obligaciones tributarias, ayudas directas a los
sectores privados más afectados, control de las fronteras, control
de las subvenciones, refuerzo de la sanidad, adelgazamiento de la
masa salarial en la función pública adecuándola a la evolución de
los salarios de los sectores privados y, por supuesto, un plan claro
y desacomplejado para tratar de paliar a medio plazo el terrible
invierno demográfico y nuestras graves carencias educativas.
Si nada de todo esto ha sido puesto en marcha es porque Pedro
Sánchez, en compañía de otros y con el aval de los medios
subvencionados y públicos, está empeñado en poner su ideología muy
por delante del sentido común que reclama la España que madruga y
también la que le gustaría madrugar. Y eso es, en suma, la
definición perfecta de un Gobierno siniestro.
La
Mafia, el PSOE y 'El País'
Emilio Campmany LD 3 Marzo 2021
El periódico El País ha publicado un editorial titulado El
inquietante veto del PP al juez de Prada. En pocas palabras, el
diario de izquierdas rechaza la legitimidad del veto del PP porque,
en otro caso, ningún juez en el futuro redactará un fallo contra un
partido por temor a ser vetado en caso de ser propuesto por el otro.
El argumento no puede ser más fariseo. El editorialista se deshace
alabando las muchas virtudes que adornan al juez progresista, pero
olvida la esencial, la única verdaderamente relevante para hacerle
acreedor de un puesto en el órgano de gobierno de los jueces, la que
hace que el PSOE y Podemos no puedan de ninguna manera renunciar a
su nombramiento. Que es precisamente haber redactado aquellos
impertinentes párrafos en la sentencia de la Gürtel que permitieron
a Sánchez vestir de falsa legitimidad su moción de censura. Si hay
una persona a la que Sánchez le deba ser presidente del Gobierno es
precisamente a de Prada.
De modo que lo inquietante no es que el PP lo vete, sino que el PSOE
rompa las negociaciones por no retirar Casado su veto. En cualquier
sistema mafioso es esencial disponer de dos recursos fundamentales,
el palo y la zanahoria, lo que Pablo Escobar llamó plata o plomo.
Los servicios prestados por de Prada han de ser necesariamente
pagados. No se trata de la obligación moral de remunerar lo que se
recibe ni la de ser agradecido. Sánchez ha demostrado sobradamente
que su conducta no conoce ningún límite moral. El objetivo, como en
la Mafia siciliana, en la Camorra napolitana, en la Ndrangheta
calabresa, en los cárteles colombianos o en las Cinco Familias de
Nueva York, es que todos vean que quien favorece a la organización
es convenientemente premiado. Y esto se hace para que en el futuro
quienes estén en posición de hacer algún favor se animen a hacerlo
con la seguridad de que serán retribuidos con la generosidad con la
que lo fue quien le antecedió. El premio al que aspira de Prada está
a la altura del servicio cuando introdujo en una sentencia frases
que carecían de relevancia jurídica y penal, pero que manchaban al
PP como partido político ante la opinión pública.
De manera que no. Lo inquietante no es que el PP lo vete. Lo
inquietante es que el PSOE se empeñe en premiarle. Y sobre todo que
El País, como medio de comunicación de masas que se dice serio y que
se atiene a los hechos frente a la proliferación de noticias falsas,
dedique un editorial a defender a un juez que actuó como lo hizo
para que sea premiado precisamente por lo que nunca debió hacer. Y
lo hace alegando otros méritos supuestamente fundamentales que en
realidad reúnen otros muchos jueces que no son de Prada y que nadie,
empezando por El País, propone para ser vocales del Consejo General
del Poder Judicial. ¿Por qué ha de ser necesariamente de Prada?
Todos sabemos por qué. Y El País también.
Desastre completo. Casado claudica ante
Sánchez sin conseguir sus objetivos
“El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por
los peores hombres” Platón
Miguel Massanet SX
3 Marzo 2021
Los políticos tienen la ineludible obligación de estar siempre en
sintonía con aquellos que los votaron. No basta que, durante una
campaña electoral, se ofrezcan unas determinadas políticas a los
votantes para conseguir sus votos, se les endulcen los oídos
mediante promesas u ofrecimientos que se sabe pueden encandilar a
determinados ciudadanos, ni que se toque la fibra sensible de los
sentimientos del pueblo para ganarse la confianza de los presuntos
seguidores que se quiere captar. No digo que todo ello no sea
necesario, pero mucho más importante, más eficaz y, por supuesto,
más útil y efectivo es que los elegidos, los que han conseguido
ganarse la confianza de los votantes y que, por tanto, han asumido
oficialmente la obligación, el compromiso y el deber ético y moral
de cumplir sus promesas, se preocupen de seguir pulsando la opinión
de sus valedores, se cuiden de si están o no satisfechos con sus
propias actuaciones y, si se percatan de que existe un descontento o
una tirantez inquietante entre los componentes de la base, esmerarse
sin tardanza en rectificar, bucear en las causas del desapego y
alinearse cuanto antes con la ortodoxia, ocupándose de que aquello,
que los que los comisionaron para representarles, consideren que se
aparta de los valores, los objetivos o las directrices del partido
en cuestión, cuanto antes se reforme, se modifique y, si fuere
preciso se anule si, con ello, se recupera la debida sintonía entre
electores y elegidos.
En Cataluña, los españoles que formamos parte de su ciudadanía, que
seguimos considerándonos, ante todo, españoles y que, no sabemos
todavía por qué motivo ni debido a que maldición, nos hemos
convertido en los juguetes indefensos y, evidentemente, gravemente
perjudicados por el hecho de que existe un Gobierno de una debilidad
que contrasta con su osadía y desvergüenza, que depende de dos
apoyos fundamentales para mantenerse en el poder: los separatistas
catalanes y vascos y los comunistas del señor Pablo Iglesias,
agrupados bajo las siglas de Unidas Podemos; personas que nos vemos
impotentes ante los avatares de la política catalana y que nos
sentimos desprotegidos, abandonados, aislados y fuera de toda
posibilidad de mantener nuestros derechos constitucionales en manos,
como nos encontramos, de comunistas y separatistas que son los que
se reparten el melón de la inopia voluntaria e interesada del
gobierno de España.
Lo que sucede y, por desgracia desde hace demasiado tiempo, es que,
desde Madrid, por citar el lugar en donde está ubicada la sede del
Gobierno, nunca se ha tenido una información adecuada de lo que está
sucediendo realmente en esta comunidad del Este de España. Y no
solamente esta desinformación les afecta a los partidos que hoy
ocupan los despachos de la Moncloa, sino que, para mayor escarnio,
ocurre lo mismo en el mayor partido de la oposición, el PP, que
parece que sigue sin enterarse de los mensajes que los votantes
españoles de Cataluña le hemos estado enviando desde que el señor
Casado se hizo con la dirección del partido de Fraga. La última
ocasión en la que se ha hecho patente el descontento de los que
anteriormente eran fieles votantes del PP en la comunidad de
Cataluña, ha sido recientemente, en las votaciones catalanas para le
elección del Parlamento Catalán del 14 de febrero, en las que el PP
concurría, en un principio con posibilidades de conseguir un
resultado mejor pero que, finalmente, gracias a los errores del
señor Casado, constituyeron una de las mayores debacles de la
historia del partido.
En Cataluña el señor Casado intentó congraciarse con los
separatistas incurriendo en uno de los mayores absurdos que puede
cometer un político, declarando que no estuvo de acuerdo con la
actuación de la policía cuando los disturbios del 1º O del 1917,
contradiciendo la postura del PP al respecto. Pero todo ello había
venido precedido con una campaña en la que, en toda ocasión, se
apreció un servilismo hacia el separatismo catalán, en la que se
restó protagonismo al candidato del PP para enfocar el discurso del
señor presidente nacional del partido. Los españoles que residimos
en Cataluña que, no se olvide, seguimos siendo muchos, esperábamos
una campaña agresiva, claramente condenatoria de la situación
catalana, en defensa de los derechos y libertades de los que no
hemos pertenecido ni apoyado al grupo de los que organizaron y
fracasaron pretendiendo declarar unilateralmente la independencia de
la supuesta “nación catalana”, aunque sólo fuera por unos segundos.
No fue así y, como es natural los votos volaron hacia otros
destinos, no porque quienes dejaron de votar al PP hubieran cambiado
de opinión respeto a los valores, los principios morales y éticos o
las reglas fundamentales por las que se ha venido rigiendo durante
años el PP, sino porque ha sido la misma dirección del PP la que, en
los últimos meses y, especialmente, en la campaña que ha precedido a
las votaciones en Cataluña, la postura de los señores Casado y
Teodoro Egea han sido diametralmente opuestas a la que los catalanes
simpatizantes del partido esperaban que se llevaran a cabo.
Muchos votamos a VOX porque nos sentimos más identificados con sus
postulados, su valentía, sus posturas claras y diáfanas y su
posición antiseparatista y anticomunista. Fue un aviso claro de que
no estábamos de acuerdo con las nuevas tácticas utilizadas, en las
que se percibía claramente una evidente cesión hacia aquellos a los
que no se les debía dar ni el más mínimo respiro que contribuyera a
que se afianzaran más en sus objetivos independentistas. Las metidas
de pata han continuado siendo escandalosas, como ha sucedido con el
preacuerdo de renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial
en el que, las negociaciones de Teodoro, por poco acaban permitiendo
que jueces como Ricardo de la Prada, claramente vendidos a la
política del PSOE o la jueza Rossell, una comunista declarada,
hubieran entrado a formar parte de los elegidos para integrar el
órgano de gobierno de los jueces. Cada vez que el PP ha querido
pasarse de listo al final ha acabado cometiendo la torpeza de caer
en las trampas que le han preparado Sánchez e Iglesias, verdaderos
expertos en el arte de la zancadilla política.
Están equivocados muchos comentaristas que siguen empeñados en
pensar en que VOX no tenga futuro político respeto a futuras
confrontaciones electorales y, sin embargo, parece que piensan que
el batacazo de Cataluña de los populares no va a tener repercusión
en el resto de España y, no toman en cuenta que, en el País Vasco,
el PP tampoco consiguió levantar la cabeza. Resulta significativo
que aparezcan encuestas en las que se sigue percibiendo que VOX
mantiene su carrera de mejora del voto mientras, tanto socialistas
como el PP, siguen perdiendo escaños. Sí, ya se sabe que, si hay
quien se siga fiando de las encuestas del CIS, con su director
Tezanos a la cabeza, seguirá creyendo que el PSOE continuará
consiguiendo espectaculares mejoras, en cuyo caso podríamos
descartar las posibilidades electorales de VOX. Pero es que resulta
tan evidente el compinchamiento del CIS con el Gobierno, para
servirle de propagandista defensor de sus posibilidades electorales
que, sólo los incautos que no siguen las vicisitudes de la política,
se pueden dejar engañar por trucos de una candidez y desvergüenza
semejantes.
Por extraño que pueda parecer, en estos momentos en los que España
está al borde de una de las crisis mayores sanitarias, económicas,
sociales y, especialmente políticas, con el peligro de que, el
actual sistema monárquico parlamentario se vaya al garete para ser
sustituido por un régimen republicano de características semejantes
al que se instaló en España en el febrero de 1936, la república
llamada “del Frente Popular”, de marcado carácter soviético y
revolucionario.
El horizonte que se percibe, a medio y largo plazo, respecto a las
posibilidades de que España mejore en cuanto a la disminución de
nuestra Deuda Pública o por lo que se refiere a la reducción del
gasto público o la reducción del déficit fiscal, tanto del gobierno
como de las propias autonomías, no parece que tenga visos de
mejorar, antes bien, basta echar una mirada a nuestro alrededor y
vemos como los ERTES en lugar de ir disminuyendo parece que ya rozan
la barrera de los 900.000 desempleados integrados en ellos, unidos a
los 3.200.000 parados contabilizados por las oficinas de empleo, nos
da una cifra que supera los cuatro millones de personas que
requieren de los recursos estatales sin que se vean mejoras
apreciables en los próximos meses, en gran parte condicionados por
lo que sea la evolución delo Covid 19 y de sus varias cepas que nos
siguen amenazando y retrasando la erradicación de semejante
epidemia. El señor Casado y la señora Arrimadas, ambos grandes
perjudicados por los resultados de las últimas elecciones en
Cataluña, debieran de reconsiderar su postura de abierto rechazo
respecto a VOX y planearse una política de mutuo acercamiento, sin
el cual es evidente que sus posibilidades de vencer a la izquierda
son prácticamente nulas, al menos por lo que respeta a los últimos
tres años que aún les quedan a Sánchez y los suyos de esta
legislatura.
Chavismo a la española para expropiar pisos
en Baleares
No es una resolución pionera por su igualdad solidaria. Es
intervencionismo salvaje
Editorial ABC 3 Marzo 2021
La expropiación de 56 viviendas elegidas a dedo por el Gobierno
socialista de Baleares es un acto contra la libertad y contra el
derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución, por
mucho que el Ejecutivo de Francina Armengol lo quiera revestir de
‘pionero avance social’.
La mecánica es ya conocida en muchos países populistas de extrema
izquierda: primero, se aprueba una ley de vivienda con la idea de
que los ciudadanos con casas cerradas sean estigmatizados, y sus
propiedades puedan ser intervenidas para hacer crecer el ‘parque de
vivienda social’ para personas desfavorecidas. Después, y con la
excusa de luchar contra el mercado especulativo, se habilita el
instrumento para ‘sacar los pisos del mercado libre’. Y en tercer
lugar, se rebaja artificialmente su valor para que el propietario
deba conformarse con unas migajas injustas mientras el Gobierno los
alquila con una compensación ridícula.
Pero como se trata de una ley ideológica y dogmática para penalizar
a quien tiene más propiedades, todo vale. No es una resolución
pionera por su igualdad solidaria. Es intervencionismo salvaje. Es
un caso flagrante de vulneración de derechos y el ejemplo más claro
del incipiente chavismo a la española que empezamos a vivir.
Expropiar viviendas privadas equipara a
España con Venezuela
Mientras el Gobierno balear impulsa la expropiación de viviendas
privadas, el de España legaliza la "okupación". Entre ambos, atacan
y degradan a la propia democracia.
ESdiario Editorial 3 Marzo 2021
El Gobierno Balear, un tripartito del PSOE, Podemos y el
nacionalista Més, ha anunciado la expropiación de 56 viviendas de
los llamados “grandes propietarios” para cedérselas a familias
necesitadas con un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos.
Lo ha hecho en aplicación de la Ley de Vivienda 5/2018 de 19 junio,
de carácter autonómico exclusivamente, cuya constitucionalidad es
más que discutible por atacar uno de los derechos definitorios de un
Estado de Derecho: la propiedad privada.
Sorprende que un engendro así haya podido prosperar, y resulta
insólito que el Tribunal Constitucional no lo haya frenado a tiempo,
con dos años ya transcurridos desde la aprobación de una normativa
inaceptable que, sin duda, encontrará respuesta legal en Europa si
no lo hace antes la Justicia española.
"Okupas", la plaga que padece el ciudadano mientras solo se protege
Galapagar
Conviene recalcar que no estamos ante un asunto económico ni
meramente jurídico, ni desde luego estrictamente social, el paraguas
al que se aferran los gobernantes sectarios e incompetentes para
cargar en el ámbito privado responsabilidades que son suyas y se
resuelven estimulando vivienda pública, no incautando de un modo u
otro la ajena.
Donde no se respeta la propiedad privada, no existe democracia.
España no puede avanzar ni un paso más en esa senda
Estamos ante un problema estructural, y decisivo, pues no existe
democracia en el mundo digna de tal nombre si no tiene en el respeto
y protección de la propiedad privada uno de sus pilares
innegociables: allá donde profana, simplemente no existe el Estado
de Derecho.
Doble okupación
La bochornosa decisión del Gobierno insular coincide con una
inquietante deriva general en España en los últimos meses, donde se
ha aprobado una “doble okupación”: el Gobierno, a instancias de
Podemos, la ha impulsado temporalmente si no va acompañada de
“violencia”. Y ahora Armengol Balear la ha legalizado y pretende
expropiar inmuebles durante siete años incluso.
A esta doble “okupación” se le puede añadir en breve una Ley del
Alquiler que regule sus precios en toda España, completando así una
política global de vivienda ineficaz e invasiva, tan perversa como
además contraproducente: romper la seguridad jurídica, de individuos
o de empresas, es la antesala siempre del empobrecimiento económico
y democrático.
No hay socialista sin sociedad instrumental
OKDIARIO 3 Marzo 2021
El que será en breve nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez
Tornero, es otro que ha constituido una sociedad instrumental para
eludir impuestos. Decía Pedro Sánchez que jamás consentiría que un
servidor público tuviera este tipo de sociedades para pagar menos al
fisco. Pues que se aplique el cuento, porque Tornero es el último de
una larga lista de personas designadas por el Gobierno
socialcomunista que recurren a esta práctica. A saber: Pedro Duque,
Nadia Calviño, Maxim Huerta o Rosa María Mateo han sido o son
servidores públicos que han constituido sociedades instrumentales
con el fin expreso de aliviar la carga fiscal. A este respecto,
Sánchez decía: «Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi
Ejecutiva».
Tornero tiene una sociedad instrumental en la que esconde un
patrimonio inmobiliario de 820.000 euros a nombre de Gamma Media
Studio SL, una empresa con tres pisos que es propiedad del futuro
presidente de RTVE, su mujer y sus dos hijas. Tal y como figura en
el Registro de la Propiedad, las tres casas están ubicadas en las
inmediaciones de la Plaza de España de Madrid, en. el municipio de
San Cugat del Vallés, en Barcelona, y en la Costa Brava, en Gerona.
De esta forma, Tornero se deduce gastos en el Impuesto de
Sociedades, de forma que el tributo empresarial se reduce de manera
notable, y, al tiempo, se ahorra el Impuesto de Sucesiones, ya que
así se puede traspasar la firma (con los inmuebles en su interior) a
través de la herencia de la sociedad, rebajando igualmente la
factura fiscal. Este último impuesto sólo están eximidos de pagarlo
si la sociedad tiene más del 50% de su actividad como empresarial,
como es el caso.
Según el Registro Mercantil, Gamma Media Studio SL fue constituida
por Tornero y Pilar Sanagustín Viu -su mujer- en marzo de 1999 con
un capital social de 3.060 euros, el mínimo establecido por ley.
Durante los primeros años de la sociedad, Tornero fue administrador
y apoderado al mismo tiempo. Años después se nombró presidente de la
compañía. La sociedad fue domiciliada en un chalet de la Avenida
Enlace de Barcelona. Posteriormente, en 2007 el futuro presidente de
RTVE nombró apoderadas de la empresa a sus dos hijas. Sin embargo,
actualmente la sociedad declara que tiene cero empleados trabajando.
En suma, Tornero ha usado una sociedad inicialmente destinada a la
facturación de trabajos profesionales del ámbito de la comunicación
para adquirir varias propiedades inmobiliarias con el único fin de
ahorrarse el pago de impuestos.
Conclusión: Sánchez dijo que no consentiría que un servidor público
utilizara este tipo de sociedades y se ha dedicado a nombrar
servidores públicos que eluden el pago de impuestos a través de
empresas creadas para ahorrarse el pago al fisco. Siempre cumpliendo
su palabra: ni un socialista sin sociedad instrumental.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
La
Generalidad reconoce que no garantiza el orden público
Liberal Enfurruñada okdiario 3 Marzo 2021
Lo dijo ayer lunes el consejero de Interior de la Generalidad de
Cataluña, Miquel Sàmper, en una entrevista en Onda Cero: “la
garantía del orden público, cuando existen manifestaciones de 10.000
personas, no existe cuerpo alguno que la pueda garantizar”, dijo. Y
hasta la fecha ni ha dimitido ni lo han echado por inútil y por
mentiroso. A la manifestación de este último sábado en Barcelona no
han asistido más de 4.000 personas según la Guardia Urbana, de las
cuales apenas llegan a 250 o 300 los que manifiestan actitudes
violentas, según explica la propia policía autonómica dirigida por
Sàmper quien, en otra entrevista en La Ser, atribuyó la
responsabilidad de los altercados a “un grupo de 200, 300, a veces
400 personas” pertenecientes sobre todo a las juventudes de las CUP,
pero también a una amalgama de colectivos que van desde lo que
denominó “comunismo combativo”, hasta “células anarquistas”, pasando
por “delincuentes comunes” que aprovechan las convocatorias para
saquear tiendas.
Para hacer frente a esos 200 o 300 terroristas callejeros Miquel
Sàmper cuenta con un cuerpo formado por más de 17.000 mozos de
escuadra de los que unos 400 pertenecen a su Brigada Móvil, o
antidisturbios, además de poder disponer de las unidades
especializadas de las diferentes policías locales catalanas, como
son los más de 100 agentes que forman la unidad de antidisturbios de
la Guardia Urbana de Barcelona. Y sin embargo las calles de
Barcelona siguen absolutamente fuera de control y pese a que el
consejero de Interior reconoce que no es capaz de garantizar el
orden público, tanto él como Ada Colau descartan pedir al Ministerio
de Interior el apoyo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del
Cuerpo Nacional de Policía.
Y detrás de todo este lío que están pagando los comerciantes y el
resto de ciudadanos de Cataluña se encuentran los resultados de las
elecciones que se celebraron el pasado 14 de febrero y las
negociaciones para formar Gobierno. Por un lado ERC está negociando
con las CUP un acuerdo para que la Brimo -los antidistrubios de los
Mozos- no vayan a los desahucios, una moratoria en el uso de las
balas de foam y que la Generalitat se retire de las acusaciones
contra sus “activistas”; a cambio de los votos de los antisistema en
la investidura de su candidato, Pere Aragonès. Y por su parte Ada
Colau, de la que dependen los antidisturbios de la Guardia Urbana de
Barcelona, observa como los dirigentes de Podemos en Madrid se
oponen a que el Congreso lea una declaración contra la violencia en
las protestas por el delincuente Hasél, mientras su portavoz, Pablo
Echenique, muestra públicamente su apoyo a los terroristas
callejeros.
Los gobiernos de España, de la Generalidad y del Ayuntamiento de
Barcelona están formados por partidos que, para condenar mínimamente
el intento de asesinato de un guardia urbano dentro de su furgón, el
asalto a una comisaría de los Mozos en Vich, el incendio de decenas
de contenedores y motocicletas y el destrozo de cientos de
comercios; tienen que esconder esa repulsa en una extensa
explicación de su respaldo al pretendido derecho de esos
manifestantes para salir a la calle un día tras otro con la mala
excusa de defender el derecho de un delincuente a escribir letras de
“canciones” y tuits en los que se amenaza de muerte y se ensalza el
terrorismo, que son solo algunos de los muchos delitos por los que
ha sido condenado Pablo Rivadulla Duró, alias Hasél. El pasado 14 de
febrero el 46% de los catalanes con derecho a voto decidieron no
ejercerlo, de forma que unos independentistas que apenas llegaron al
25% del censo, se hicieron con la mayoría de los escaños. Cuando les
quemen su motocicleta o su comercio, o asesinen a su hijo guardia
urbano, quizá se den cuenta de lo que han hecho.
Vox, las CUP y el disparate catalán
Francisco Marhuenda larazon 3 Marzo 2021
La normalización de las CUP, un grupo variopinto de anticapitalistas
que quiere destruir España, acabar con la Constitución y la
democracia, es un síntoma inquietante del esperpento en que se ha
convertido la política catalana. Esta situación, sin parangón en el
resto de Europa, contrasta con el despropósito de estigmatizar a Vox
y colocar un «cordón sanitario» a un partido, se coincida o no con
sus posiciones, defensor de la legalidad y respetuoso con el
ordenamiento constitucional. Es la misma estrategia que utiliza la
izquierda política y mediática en el resto de España para
deslegitimar cualquier pacto del PP con esta formación e incidir en
los absurdos complejos de Ciudadanos.
En primer lugar se les llama despectivamente ultraderechistas,
fascistas o franquistas con una impunidad que es la expresión de la
ignorancia de quienes utilizan estos términos. En unos casos es
ignorancia mientras que en otros es malicia partidista. Por
supuesto, hay periodistas, intelectuales y políticos del
centroderecha que caen ingenuamente en esa trampa mientras aceptan
que los comunistas y los anticapitalistas formen parte del gobierno
de España. No puede ser una situación más absurda. Es parte del
complejo de los acomplejados que necesitan una palmadita en la
espalda.
Es una anomalía democrática que se normalice a Podemos, las CUP, los
bilduetarras y los independentistas que coinciden en su deseo de
acabar con España y la Constitución. Y la otra cara de la moneda es
que Vox representa todos los males del infierno. El objetivo es
movilizar a los votantes de izquierda a la vez que situar al
centroderecha en una situación que imposibilite la normalización de
los pactos con un partido que sí es democrático.
No hay más que comprobar que hace y dicen las CUP mientras ERC está
dispuesta a todo tipo de cesiones con tal de conseguir la formación
de otro gobierno independentista. Es verdad que obtienen una
representación que no se puede desdeñar dentro de los sectores más
radicales y antisistema de la sociedad catalana, pero otra cosa muy
distinta es que se eleve a categoría de normal aquello que es una
anormalidad.
El nivel de sus representantes es muy preocupante, pero la
responsabilidad es de aquellos que los consideran unos
interlocutores preferentes, porque aportan sus votos en la
confluencia hacia una autodeterminación que nunca conseguirán. No
hay que hacer cordones sanitarios, ni siquiera con estos grupos
antidemocráticos, pero un demócrata nunca debería ir de la mano de
los anticapitalistas.
Solución ‘indepe’ al terrorismo callejero:
blindar las comisarías
OKDIARIO 3 Marzo 2021
Curiosa manera la de hacer frente a la violencia callejera de los
terroristas urbanos que están sembrando el caos en Cataluña y
especialmente Barcelona: blindar las comisarías de los Mossos d’
Esquadra, objetivo de los vándalos de ultraizquierda. El argumento:
que hay que adaptarlas a la nueva «realidad social». Si no fuera
porque la situación es de extrema gravedad, el parche de la
Generalitat provocaría risa. O sea, en lugar de dotar de medios
humanos y de seguridad a los mossos y de permitirles hacer frente a
los violentos se ponen cristales blindados en la comisaría. Todo un
acicate para que las guerrillas urbanas prueben la calidad de la
cristalería.
El asunto está sobre la mesa de la Consejería de Interior, que ya
valora un refuerzo sustancial de la seguridad en los centros e
instalaciones policiales de toda Cataluña, tras convertirse estos en
objetivo preferente de las guerrillas urbanas que campan en las
últimas semanas por la región. Dice el comisario portavoz de los
Mossos y mano derecha del jefe policial José Luis Trapero que «no
estamos hablando, ni mucho menos, de ‘bunkerizar’ las comisarías ,
pero sí que evidentemente el formato con el que se diseñaron en su
momento lo tendremos que revisar». Fantástico: nada de que los
mossos intervengan y detengan a los asaltantes, sino de defenderse
blindándose en el interior de las sedes policiales. O sea, resistir.
La situación de la Policía autonómica catalana es de total
indefensión: víctima de los ataques los terroristas callejeros y de
la pasividad de los partidos políticos independentistas que parecen
estar más cerca de los vándalos que siembran el caos que de quienes
tienen que garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes.
En estas circunstancias, lo único que queda es esperar a que la CUP
tuerza definitivamente el brazo a ERC para que la consejería de
Interior la dirijan los CDR. Es lo que resta para que Barcelona se
convierta definitivamente en el paraíso de los violentos del mundo.
Todo se andará.
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